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La indefensión del consumidor

En un comentario anterior se explicaba someramente las características y la evolución de una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad: el dinero. A lo largo de los tiempos, habían ido emergiendo de entre otras mercancías aquellas que eran capaces de mantener el valor en el espacio y el tiempo. Poco después de que los avances tecnológicos lo hicieran posible, el oro acaparó toda la atención de los individuos y ya no sólo se empleó como medio espacial, sino también para conservar el valor entre diferentes periodos de tiempo. De este modo, el oro, como patrón, comenzó su seguro periplo.

Pero algunos no lo vieron así. Lo que era un exitoso instrumento fruto de una larga evolución e inventiva por parte de nuestros antecesores, se vio como un impedimento para llevar a cabo un tipo de trabajo muy abundante en nuestra actualidad, el de los intervencionistas e ingenieros sociales.

Así, muchos políticos e ideólogos contrarios a la libertad tildaron al metal dorado de tirano, de monarca absolutista, de bárbara reliquia y otras muchas lindezas que por falta de espacio no vamos a reproducir. Pero todas ellas omitían la verdadera naturaleza voluntaria y subjetiva de este bien, caricaturizándolo como una tenaza externa que impedía la plena realización y crecimiento que la sociedad podía conseguir. Como dijo Paul A. Volcker, ex responsable de la maquinaria estatal norteamericana en materia monetaria, el dinero fue tolerado mientras actuó como monarca constitucional pero, en cuanto se convirtió en un rey absolutista, fue destronado.

Sin embargo, la realidad fue un tanto diferente. Una andadura con paso firme y seguro no iba a interrumpirse por unos pocos hombres. La pretendida desmonetización del oro que los gobiernos fueron intentando desde principios de siglo XX se estrelló contra la evidencia. Las diferentes fórmulas que los gobernantes idearon cuyo para desligar cada vez más del oro las monedas estatales (cuya dinerabilidad dependía, precisamente, de la mercancía de la que querían alejarse), tuvieron éxito, perpetrando así una de las mayores perturbaciones al sistema monetario occidental junto a la fijación por su parte del tipo de interés.

A partir de entonces, el papel estatal –el dólar, ahora el euro, el yen, en su día el marco, etc.– ha ido perdiendo valor año tras año de manera escandalosa, llegando incluso a suponer en la actualidad tan solo un 10% del valor que representaba ocho décadas atrás. La soberanía del consumidor, basada en la no depreciación –o la menor deprecación comparada con las demás mercancías–, es decir, un spread o utilidad marginal que decrece más lentamente que en las demás mercancías, fue sustituida por la indefensión del consumidor, que ahora, con el dinero gubernamental, está obligado a consumir cuanto antes mejor, pues el bien que usa y que le respaldaba en sus decisiones de consumir o de posponer el consumo cuanto quiera, ejerciendo su libre disposición, se ve amenazado por la crónica inflación o pérdida de liquidez de la moneda.

 

Una vez más, por tanto, el gobierno, partiendo de una institución nacida en el mercado, imprescindible para las relaciones sociales libres y pacíficas de los ciudadanos, impuso su propia criatura que, como las demás, lleva como sello distintivo la pérdida de valor.

Represión y colaboracionismo

El otro día leí en una página web algo bastante gracioso: “el capitalismo crea egoísmo.” Para este tipo de pensadores de domingo el egoísmo es un fenómeno relativamente nuevo, a saber, poco más de 200 años. Es decir, ¡en el siglo XV el egoísmo no existía, el mundo vivía en una especie de Jardín del Edén!

También nos hace cuestionar la vocación de algunos autores anteriores a la era capitalista. Según la versión de este tipo de izquierdistas, Santo Tomás de Aquino no sería un filósofo, ni un teólogo, sino un escritor de ciencia ficción que supo adelantarse 500 años al nacimiento de un sentimiento o comportamiento como el egoísmo. Pero más mérito tendría la figura de Aristóteles, otro escritor de ciencia ficción que se adelantó más de 2000 años.

Es muy común entre algunas personas confundir conceptos. Uno de ellos es egoísmo y utilidad. Incluso la Real Academia de la Lengua define egoísmo como el “inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás.” Una definición muy descuidada ya que ¿qué significa “inmoderado” y “excesivo”? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué significa “atender desmedidamente al propio interés”? Es que si me pongo un abrigo porque tengo frió ¿estoy actuando de forma egoísta, o se puede decir que estoy atendiendo desmedidamente mi propio interés?

Los actos económicos nacen de la utilidad (marginal) de cada persona, y ésta es subjetiva. Usted adquiere algo porque le gusta, y el vendedor se lo vende porque prefiere su dinero, y luego, éste se lo gastará en otra cosa que él valora más. Esto no es egoísmo, sino la satisfacción de nuestras necesidades. Da igual cuales sean porque estamos obrando de forma pacífica y voluntaria con los demás. Las transacciones comerciales voluntarias son todas legítimas, da igual que compremos agua, pan, tabaco, alcohol o sustancias que el estado haya prohibido unilateralmente. No estamos haciendo daño a nadie. Quien intenta impedírnoslo por la fuerza está asesinando nuestra libertad, y es, de facto, un tirano.

Lo que sí es rebuscado y perverso es intentar eliminar la libertad con lemas morales absurdos con el único fin de imponer su moral aplicando la coacción y la fuerza (leyes, impuestos, eslóganes de salubridad…) contra personas que no están cometiendo ningún acto criminal.

Y es que por desgracia todos los bienes son escasos, y de alguna forma hemos de conseguirlos, procesarlos y conseguir un determinado nivel de vida. Si todos los bienes fuesen ilimitados viviríamos en el País de Jauja y los economistas, empresarios, estado… no harían falta (aunque bien analizado, el estado nunca es necesario). Todos tendríamos aquello que quisiéramos sólo con pensarlo. Pero ese momento aún no ha llegado, y por lo tanto, hemos de trabajar y esforzarnos para conseguir lo que pretendemos porque nadie nos lo regalará. Y si realmente hay alguien que nos lo ofrece sistemáticamente gratis, como podría ser el estado, eso significaría que hay otro grupo de personas que son esclavos y nosotros estamos viviendo a costa de su producción. Este sistema negaría la libertad y proclamaría abiertamente la esclavitud.

Esto fue lo que pretendieron los antiguos países comunistas, y esto es lo que está haciendo el actual estado del bienestar. Esclaviza a una mayoría para repartirlo arbitrariamente entre una minoría. Este sistema no sólo vulnera la ética (y ésta, a diferencia de la moral, sí es objetiva), sino que además es un sistema que tiende a la pobreza generalizada; crea ciclos económicos; inflación ya sea haciendo inflar el precio de la mantequilla como el de la vivienda; y dependencia hacia el tirano con subsidios y derechos forzosos.

Egoísmo y capitalismo son dos conceptos que no tienen nada que ver. El capitalismo es el sistema que ha logrado prolongar nuestra vida, que ha logrado que tengamos educación (mala educación si la gestiona el estado), podamos vestir cada día, e incluso que nos podamos permitir lujos como televisores, viajar, coches…

Cuando le digan que el Capitalismo crea egoísmo, responda quién es realmente el egoísta, el que defiende un sistema en el que la sociedad se enriquece de forma voluntaria y pacífica (capitalismo), o el que impone a punta de pistola la moral arbitraria de un sistema ineficaz, obsoleto y ruinoso (estado del bienestar y socialismo).

Un sistema a eliminar para siempre

Como le sucede a todo régimen o partido comunista, al gobierno chino le sienta la libre expresión de ideas contrarias a las oficiales como a un gremlin comer después de medianoche. Esa bondadosa y generosa preocupación por el género humano que dicen que es el comunismo se ha tornado siempre en gulag y lao gai, campos de concentración para el pensamiento libre. Pero eso es algo conocido, aunque Europa se niegue a ver sus consecuencias lógicas y prohíba organizaciones nazis mientras permite a las comunistas presentarse a las elecciones. Lo que no es, o no debería, ser considerado como normal es la colaboración de empresas occidentales en el esfuerzo de la represión. Y menos aún cuando se trata de empresas cuyo modo de vida depende tanto de dicha libertad, y que han logrado crecer y enriquecerse gracias a su existencia.

Los tres grandes de Internet tienen alguna restricción en sus operaciones en China. Es sabido que los bloggers que empleen la herramienta de Microsoft MSN Spaces no podrán escribir nada que contenga palabras como libertad o democracia, esas que tantos salpullidos provocan al comunismo gobernante. Yahoo firmó un acuerdo en 2002 en el que se comprometía a ejercer la autodisciplina. Google News excluye en China aquellas fuentes que el gobierno de Pekín ha decidido censurar. Mientras el líder de los buscadores justifica sus acciones por el hecho de que resultaría incluso incómodo mostrar noticias que luego los internautas chinos no podrían leer por los controles impuestos por el Estado –aunque no menciona nada del saludable efecto de poder ver titulares no censurados–, los dos primeros se justifican en el cumplimiento de la ley. Y es que tras décadas de intentar sustituir la moral por la ley, empieza a resultar difícil encontrar empresarios que se restrinjan más allá de la letra de la misma.

El recientemente fallecido Rafael Termes recordaba que las organizaciones podían seguir tres tipos de comportamiento ético: guiarse por el qué dirán, por la ley o por la calidad humana de las personas que la componen. En el caso del periodista condenado a diez años por difundir “secretos de estado”, que supone un salto cualitativo notable en la historia de colaboracionismo con Pekín, Yahoo no tenía demasiadas opciones, especialmente si es cierto que no se le comunicó la razón por la que se le pedían datos del disidente. Podía cooperar, exigir derechos de veto en la cooperación con la policía en materia de derechos básicos, negarse en redondo a colaborar o renunciar a tener negocios en China. Es probable que, en la práctica, dichas opciones se reduzcan a la primera o la última. ¿Deben las compañías extranjeras negarse a trabajar en países donde puedan verse obligadas a colaborar en la violación de los derechos humanos? Se puede aducir que su presencia, aún colaborando con el régimen, evita que el país se cierre a toda influencia exterior. Pero es difícil sostener una argumentación utilitarista cuando de derechos humanos se trata.

Sin embargo, por más que sea éticamente reprobable el comportamiento de las empresas de Internet en China, no se debe olvidar jamás que la responsabilidad real de la condena recae en el régimen comunista. Son los dirigentes chinos los que dictan las leyes, ordenan la persecución de la disidencia y mandan a la policía a buscar los datos incriminatorios. Pero estaría bien que las grandes multinacionales de Internet dieran una lección negándose a colaborar con las autoridades, aunque parece difícil que eso se produzca una vez ya han invertido en ese país. Es probable que la censura finalmente se muestra inútil para impedir que las ideas de libertad lleguen a los chinos, y que la disidencia sobreviva a la colaboración de empresas occidentales contra ella. Pero los directivos, trabajadores y usuarios de Yahoo podrían entonces mirarse al espejo sabiendo que nunca colaboraron.

El caso Charleroi

Hace un par de años la pequeña localidad de Charleroi, cercana a Bruselas, se hizo famosa en toda Europa. Desafortunadamente el motivo de esta súbita notoriedad fue la supuesta concesión de subvenciones por parte del gobierno local a Ryanair, la compañía de vuelos de bajo coste que va camino de jubilar a varias aerolíneas del viejo continente. Bruselas exigió a Ryanair, acusada de deslealtad competitiva de altos vuelos, que pagase 4 millones de euros. El caso y la lectura que la Comisión hizo del mismo pusieron en entredicho la veracidad de la proclamada defensa que la compañía irlandesa ha venido haciendo de la libertad económica.

De repente el mundo se volvió del revés. La intervencionista Comisión, con Loyola de Palacio a la cabeza, se nos presentaba como defensora de la libre competencia y la libertad económica mientras que la empresa innovadora y en plena expansión resultaba ser una buscadora de rentas ajenas. La propaganda euroestatalista nos contaba que gracias a la Comisión –la misma que autorizó cientos de millones de euros en ayudas públicas a las compañías de bandera– la libre competencia quedaba restituida.

La verdad es bien distinta. Lo que la Comisión calificó como subvención no era tal. Ryanair no recibió solicitó ni un duro y nadie ha probado jamás que haya recibido dinero público. Las famosas subvenciones resultaron ser tasas de aeropuerto más bajas que la media. Es decir, Ryanair pagó por las tasas de aeropuerto de Charleroi menos de lo que otras compañías suelen pagar por usar instalaciones aeroportuarias. Las grandes compañías, que veían cómo la irlandesa les comía el terreno, clamaron al cielo y se agarraron al clavo ardiente de las bajas tasas. Fue entonces cuando la Comisión decidió poner freno al “escándalo” que suponía que una compañía no aceptara un coste como algo dado. Y es que en eso consistía el pecado de Ryanair: no aceptar los costes en los que alegremente incurría la competencia y negociarlos a la baja gracias al comodín que suponen los millones de pasajeros que la compañía aérea puede hacer pasar por un pequeño aeropuerto. Una vez que la aerolínea de bajo coste fue considerada culpable de recibir subvenciones por Loyola y compañía, Ryanair hizo públicos los precios que paga en otros aeropuertos similares, tanto públicos como privados, en un intento desesperado por demostrar que ellos negocian el precio a la baja de manera implacable con independencia del tipo de propiedad del aeródromo del que se trate.

Pero aquella prueba de nada les sirvió. Competir tratando de bajar los costes es considerado un pecado de suma arrogancia por parte de los políticos de Bruselas. Y si encima se trata de una empresa de la cual su presidente dice que no es convencional porque al contrario que las compañías tradicionales ganan dinero y no piden a ningún gobierno que les pague nunca nada o afirma que el negocio de la aviación comercial se ha basado hasta ahora “en el monopolio de los gobiernos estafando a los consumidores”, la sentencia de fusilamiento político queda dictada.

El caso Charleroi nos muestra una vez más cómo la Comisión Europea y sus departamentos antimonopolio se dedican a torpedear sistemáticamente a las empresas que revolucionan los mercados y reciben el apoyo masivo de los consumidores al tiempo que nos intenta encadenar a las empresas que no queremos seguir contratando. Si hay que hacer juegos de malabares o trucos de prestidigitación lingüística para que una buena negociación sea vista como una subvención criminal, se hacen y punto. Después de todo, es el dominio de lo político sobre económico lo que está en juego.

Economic Liberty, de Harold Cox

Para mí uno de los mayores placeres consiste en pasearme por Charing Cross Road y visitar sus librerías de viejo. Uno no sabe qué puede encontrar, pero siempre tiene la sensación de que hay una joya esperándole. Aquel día se trataba de Economic Liberty de Harold Cox, Longmans, Londres, 1920. Nada sé del autor, aparte de que es autor de este libro.

El segundo capítulo lo dedica a la ética de la propiedad privada, que es ciertamente notable. Comienza reconociendo que el origen de la institución está en la escasez: “Téngase en cuenta que nadie quiere nunca reclamar la propiedad de cosas que existen en más que holgada existencia”. Continúa explicando que “en esencia, la institución de la propiedad es un instrumento que permite al hombre disfrutar de los frutos de su propio trabajo”, lo que a la vez es la razón de su poder creador.

Explica cómo se adquiere la propiedad sobre la res nullius con el trabajo. Luego se puede transmitir por herencia o intercambio. Puesto que “la gente solo puede intercambiar las cosas que posee” y “sin comercio el hombre hubiera seguido siendo por siempre un salvaje desnudo, alimentándose como una bestia”, en consecuencia “sin propiedad el progreso de la humanidad de la salvajería a la civilización hubiera sido imposible”. Por el contrario, es la institución de la propiedad la que ha permitido “la conversión de los cenagales y bosques de nuestra pequeña isla en una tierra de rica agricultura” además de traer “los grandes desarrollos industriales de los últimos tiempos”. Esta relación de la propiedad con el progreso opera por la otra cara de la institución: la libertad. Cox señala que “el progreso implica cambio y a no ser que el individuo tenga libertad de acción, no puede hacer ningún cambio en el estado actual de las cosas y el progreso deviene imposible”.

No solo es el fundamento de la prosperidad y la civilización, sino que está íntimamente unida a virtudes morales: “Habría que añadir que entre las libertades más importantes que asegura la institución de la propiedad es la de ayudar al vecino”.

El objetivo del socialismo, según lo ve Harold Cox, es “la condena de la propiedad sobre el capital”. Pero “es imposible trazar una línea entre el capital y el no-capital”, pues “innúmeros artículos habitualmente en manos de individuos privados por su propio uso, también pueden ser utilizados para la obtención de beneficios y por tanto caer en la condena del capital de los socialistas”. Por eso el destino del socialismo es la condena de toda propiedad, si ha de ser coherente.

Ello tiene una clara consecuencia: “La única alternativa a una sociedad en que se reconoce la propiedad es una sociedad organizada sobre guías comunales”. Esa vida puede ser adecuada para determinadas bestias. Pero choca frontalmente con la naturaleza del hombre, porque él, “es humano y no meramente animal, ha de tener, entre amplios márgenes, la libertad de hacer lo mejor de sí mismos a su propio modo, incluso si en ocasiones abusa de ello”.

Aunque el libro está contiene varios juicios interesantes, uno de los más destacaría es un juicio que hace sobre la democracia moderna: “Las democracias son siempre impacientes. Están influidas por las pasiones del momento y en rara ocasión son conscientes de los hechos del pasado o están alerta de los peligros del futuro”. En consecuencia “hay un constante peligro de que los parlamentos modernos puedan en cualquier momento, en obediencia a una pasajera ola de la opinión pública, eliminar libertades que nuestros ancestros ganaron tras una dura lucha”.

Narbona, azótanos

A pesar del pequeño escándalo mediático que provocó el asunto, a mi me pareció muy bien que Doña Cristina abrigara sus glúteos con una marta cibelina, pues su trasero, en tanto que Ministra del Reino de España, es un bien público que conviene preservar de los rigores otoñales y más en los aledaños de la sierra madrileña, conocida por sus corrientes traicioneras. Además, sensible al sufrimiento de las especies amenazadas por la industria peletera, tuvo la delicadeza de interpretar un coqueto escorzo de forma que su egregia retaguardia sólo descansara tangencialmente en la prenda, para que luego los ecolojetas la acusen de crueldad con los bichos.

Una vez al timón del ministerio, Narbona se ha dedicado principalmente a reñir a los españoles, que es lo que uno espera de las personas a las que paga el sueldo con sus impuestos. A los gallegos les ha acusado de permitir la ola de incendios desatada este verano por no practicar la sana virtud de la delación, de honda raíz socialista. En Cuba, los vecinos se espían entre sí y se denuncian mutuamente al guardián de la revolución responsable de su manzana, fórmula que convendría importar por su probado éxito: en los frondosos bosques caducifolios de La Habana jamás se ha producido un incendio.

Esta semana la ministra ha tenido la deferencia de visitar nuestra región, a pesar del riesgo que suponen para su delicada pituitaria las nutritivas aguas fecales con las que, según ella y sus técnicos, los murcianos solemos rociar cada mañana nuestros bancales de lechugas.

Pero aunque intente moderarse, a la ex-pareja del actual presidente de la logia parlamentaria europea le puede el espíritu de "dómina" que toda ministra de cuota lleva dentro. Esta vez ha estado hasta amable con nosotros, pero en actitud forzada que no logra ocultar la severidad que caracteriza a nuestra broncínea sargenta. Yo creo que en su próxima visita a nuestros pagos, el PSOE murciano debería montar un patíbulo para que Doña Cristina, con fusta y antifaz de cuero, azote públicamente a los que la Confederación Hidrosocialista haya sorprendido "desperdiciando" el agua que su gobierno nos niega. Propietarios de piscinas, plantadores de brócoli y demás delincuentes, vuestra hora se aproxima.

El derecho a la autodefensa

Quizá la defensa ante una agresión es uno de los derechos que los ciudadanos tenemos más regulados y por regulado debe entenderse más restringido. La violencia independientemente de quién la ejerza y en qué condiciones, está mal vista y tanto la educación pública como los medios de comunicación se encargan de mostrárnosla como uno de los peores males que aquejan el mundo, como uno de los jinetes apocalípticos. No es necesario profundizar demasiado para comprender que tras la violencia y las armas se encuentran personas, que son quienes la ejercen. La pistola no se dispara si no hay alguien que apriete el gatillo. Defenderse ante esta situación es un derecho que no debería transferirse a nadie.

El Estado monopoliza, en última instancia, la capacidad de defensa tanto interna como externa. Solo los miembros de los cuerpos de seguridad del estado y de las fuerzas armadas están capacitados para poseer armas sin necesidad de permisos y regulaciones especiales. Sin embargo, un ciudadano debe hacerse con uno de carácter oficial que indique porqué y para qué se va a poseer un arma. Y sin embargo, el mismo Estado que debe cuidar con esmero y eficiencia que tal normativa se cumpla, es incapaz de impedir no sólo que muchos poseedores de armas no cumplan las condiciones mínimas (físicas y psicológicas) que impone, sino que un número nada despreciables de delincuentes puedan poseer un arma ilegal que hacen más dura la vida de algunos. El ciudadano se encuentra indefenso ante este colectivo y la regulación llega hasta el absurdo de que si al defenderse el agredido ocasiona algún daño al agresor, la víctima termine en no pocos casos como agresor y el agresor como víctima ya que el Estado puede estimar de manera un tanto arbitraria que la fuerza usada no es la adecuada.

Si la agresión es externa el asunto se complica. Aunque es difícil que un país europeo y occidental pueda ser invadido por otro hostil, esta situación en la periferia no es descartable. Israel ha vivido muchas veces la invasión de sus ‘vecinos’ musulmanes y algunos de sus habitantes vieron como se convertían en la primera línea de frente. Si no hubieran tenido armas, la situación hubiera sido mucho peor de lo que fue. Es difícil saber cuándo los estados occidentales, europeos principalmente, decidieron que sus habitantes no tendrían la posibilidad de poder defenderse salvo a través de sus fuerzas armadas. Lo que sí está más o menos claro es que un Estado intervencionista teme a una sociedad armada a la vez que ajena a la corrección política.

Las convenciones de La Haya de finales del siglo XIX y principios del XX pretendían establecer una quimera, las leyes por las que se deberían regir los conflictos armados entre países. Los representantes habían reconocido el derecho de los pueblos invadidos a presentar resistencia pero sólo si se constituían en cuerpos organizados identificados como beligerantes. De esta manera, la autodefensa del individuo era eliminada de golpe. En 1899, el representante belga se dirigió a sus colegas en estos términos:

Si la guerra está reservada exclusivamente a los estados y si los ciudadanos son meros espectadores, ¿no quedan así mermadas las fuerzas de la resistencia, no se priva así al patriotismo de su efectividad? ¿Acaso la defensa de la patria no es el primer deber del ciudadano?

No es extraño que los alemanes, que serían tristes protagonistas de los siguientes cincuenta años, se negaran a esta interpretación. Es difícil creer que en esa época se vislumbrara la magnitud del conflicto que se convertiría en la Primera Guerra Mundial pero se empezaron a dar los pasos que conducirían a tal masacre. Los alemanes adujeron que el sistema propuesto por sus colegas belgas derivaría en un reconocimiento internacional de la leva masiva y de la guerra de guerrillas y que destruiría los límites de la guerra, lo que llevaría a la barbarie. Con el tiempo, las tesis belgas perdiendo fuerza y los grandes ejércitos, en manos de gobiernos totalitarios como los alemanes y rusos, generaron algunos de los terrores más horribles que han existido en nuestro planeta.

Lección de Rafael Termes para profesionales

Si tuviera que elegir una útil enseñanza de entre la obra de Rafael Termes para despejar la incertidumbre de mañana mismo, optaría sin duda por su honda interpretación de la ética profesional y empresarial. Dejo atrás, ya sé, su teoría del riesgo creador, el curso sobre inversión y riesgo de capital o sus fecundos ensayos acerca de las raíces filosóficas del liberalismo, pero este comentario debe ser breve y prefiero hoy distinguir la ética que me vale – nos vale- para la inmediatez de cada día.

Termes señaló en “Antropología del capitalismo” tres tipos de éticas en las organizaciones: una ética de las consecuencias (“No hagas esto por el que dirán”), una ética de las advertencias (“No hagas aquello porque lo prohíbe el código”) y una preferible ética de las calidades o competencias que con afán superador demuestra la estrechez de miras de las dos anteriores. Termes no apreció demasiado la exigencia de leyes de buen gobierno corporativo y el siguiente párrafo refleja la quintaesencia de su pensamiento al respecto:

Este enfoque…tiene el inconveniente de dejar en el hombre la sensación de que a fuerza de abstenerse de todo lo que no se puede hacer, está sacrificando su excelencia profesional en aras de una mínima honradez humana. La verdadera solución para salir de esta reductiva interpretación de la ética, consiste en entender que no hay contradicción alguna entre calidad profesional y calidad humana. Es más, que no puede haber calidad humana sin calidad profesional. Es decir, la excelencia profesional exige como condición necesaria, aunque no suficiente, el desarrollo de todas las virtudes humanas, vividas, precisamente, en el ejercicio de la propia profesión. Es un error pensar que las exigencias éticas son algo ajeno a la profesión, es decir, que afecta a las personas en cuanto personas con independencia de cuál sea su profesión La verdad es que las virtudes- que, efectivamente, todo hombre debe vivir- se concretan y especifican en la profesión.

Me ha entristecido su repentino fallecimiento porque no hace mucho, en un acto público, le vi resuelto y con genio; la única ocasión que tuve de cruzar dos palabras con él. Siempre parece que los sabios viejos del lugar nunca se desvanecen, que han de permanecer junto a nosotros en cada ocasión que nos apetezca, pero en realidad nunca aprenderemos a despedirnos bien de ellos.

A mí me da igual a qué institución religiosa pertenecía Rafael Termes, porque lo que queda finalmente de este emprendedor – su legado iusnaturalista – creo que seguirá resultando estimulante. Desconozco si sus escritos vinculando al Vaticano con los fulgores de la economía de mercado fueron siempre acertados o no, y supongo que en una dilatada trayectoria como la suya aparecieron, por qué no, momentos para la controversia. Pero de lo que no cabe duda es de su honestidad intelectual, manifestada incluso en su ultimísimo artículo en torno a la unión entre personas del mismo sexo. En Termes nunca parecieron darse las condiciones de prudente adaptación a los tiempos, que su admirado Josef Pieper definió así: prudente es el que sabe cuidarse de no pasar por el apurado trance de tener que ser valiente.

Considero que los liberales de variada condición acabamos de perder un maestro, y que cada uno lo entienda en su oportuna y personal medida. Observo que el solar hispano no anda sobrado de maestros del liberalismo. Debemos cuidarlos. Y que cuiden a sus seguidores, claro. O sea, que no nos defrauden. Rafael Termes nunca lo hizo.

La cruzada socialista contra el vicio

Los individuos no son más que engranajes o herramientas de esta vasta maquinaria social. No pueden desviarse del camino trazado, pues ello dificultaría la consecución del fin colectivo. Imaginen que un engranaje dejara de girar en la dirección prevista: todos los planes se vendrían abajo.

En cambio, el liberalismo no busca imponer ningún fin social: los individuos deben ser libres para elegir los fines que les harán felices. Si acaso, el único objetivo común al que aspira el liberalismo es, precisamente, que las personas sean libres para marcarse y conseguir sus metas sin extorsionar al prójimo. Los individuos se juntan libre y voluntariamente con quienes consideran más adecuados, en un proceso de cooperación social. Ya no hay engranajes predeterminados: cada cual se inserta en el sistema que considera pertinente.

Por ello la izquierda, a diferencia de la derecha liberal, siempre ha sido inquisitorial (incluyo también en izquierda lo que tradicionalmente se ha conocido como "derecha no liberal", esto es, todo lo que Hayek denominaría "constructivistas", los socialistas de todos los partidos). A través del Estado, clasifican a ciertos grupos sociales como "viciosos", "desviados", "antisociales" o "insolidarios". El fumador es una lacra porque empeora las estadísticas de salud de los políticos; aquel al que le gusta la cerveza es un peligroso paria que encarece la sanidad pública por sus dolencias de cirrosis; el liberal que se opone a los impuestos es un salvaje ácrata que quiere acabar con la sociedad.

Los liberales, por el contrario, pueden despreciar ciertas prácticas de sus congéneres, pero no las reprimirá mediante la fuerza. Los que sean "viciosos", "desviados" o "antisociales" a los ojos de un liberal no corren peligro de ser enviados a campos de reeducación. Mientras no inicien la violencia contra otro ser humano, pueden estar tranquilos de poder continuar con sus actividades.

Y es que entre la izquierda y la derecha liberal aparece una diferencia esencial a la hora de tratar los problemas. Mientras que la izquierda es partidaria de reprimir aquellas conductas individuales indeseables, la derecha liberal recurrirá a la persuasión, la conversación y los lazos sociales para solucionar los comportamientos que le disgustan.

Por ejemplo, un socialista perseguirá al fumador de todas las formas posibles: imponiendo esquelas en los paquetes de tabaco, prohibiendo fumar en los lugares de trabajo, marginándolos en los bares, incrementando el precio de los paquetes o incluso llegando a prohibir el tabaco. Todo ello supone el ejercicio de la fuerza y de la violencia sobre un grupo de individuos.

El liberal al que le moleste que un amigo fume intentará convencerlo para que abandone tal práctica. No lo arrestará y lo recluirá en un centro de desintoxicación; su arma será la palabra insistente. El liberal no reniega de sus juicios morales, simplemente rechaza utilizar la fuerza para imponer su modo de vida.

Hecha esta pequeña digresión, comprenderemos perfectamente que Zapatero es de izquierdas. La subida de impuestos sobre el tabaco y el alcohol se enmarca en un contexto "remoralizador" de la sociedad a través del poder del Estado. La jugada neoinquisitorial es perfecta: anatematizamos a un grupo social, lo agredimos con más impuestos y justificamos esta violencia diciendo que redunda en beneficio de la sociedad y ¡de los propios individuos!

Dice Zapatero que "disuadir del consumo de alcohol y tabaco es de izquierdas". El fin social que nuestro presidente quiere implantar en España es la de una sociedad sana, deportiva, pura y sin vicios. No importa que muchos españoles se sientan felices fumando de vez en cuando un cigarro o bebiendo cerveza en las comidas. La felicidad de cada individuo es irrelevante para el político; sólo su cosmovisión social le resulta relevante.

Eso sí, confundiendo los términos y jugando a la demagogia, nuestro puritano presidente añade: "Lo que el Gobierno ofrece es más financiación, más recursos, y, por tanto, todo el mundo debe entender que debe ser fácil que haya entendimiento y acuerdo".

¿De qué entendimiento habla Zapatero? ¿Acaso tiene pensado preguntar a cada fumador si está dispuesto a pagar más impuestos para financiar la sanidad? Más bien parece que ZP se esté refiriendo a un diálogo con las distintas administraciones autonómicas; pero ¿qué clase de diálogo es ése? Los damnificados por la subida de impuestos no son los políticos autonómicos, sino los ciudadanos de a pie. Como hemos dicho, la izquierda no cree en el diálogo, sino en el uso de la fuerza. A ZP poco le importa que un individuo no quiera pagar más impuestos; no existe diálogo posible: como todo impuesto, será "impuesto" por la fuerza.

Y aquí entra en juego la táctica preferida por los neoinquisidores. El liberal nunca puede defender la imposición y la coacción sobre otros individuos, sin embargo la izquierda se ve "forzada" a hacerlo, ya que la represión se realiza por el bien del individuo. Fumadores y bebedores no saben lo que hacen, son prisioneros de sus instintos y de su adicción; necesitan un empujoncito del poder público para dejar de fumar.

Los fumadores, pues, tendrán que pagar más caro el tabaco que deciden fumar… por su propio bien. Ya se sabe, todos prefieren pagar precios más elevados. Lo que no entiendo es por qué el PSOE no coloca un impuesto sobre las películas de cine español para financiar la sanidad. Al fin y al cabo, los potenciales espectadores también estarán encantados de cubrir ese sobreprecio.

Pero, además, la subida de impuestos encubre una criminalización de los "viciosos". En el fondo, el argumento es: dado que los fumadores padecen más cáncer de pulmón y los bebedores un mayor número de cirrosis, hagámosles pagar más impuestos.

El razonamiento no es descabellado si no fuera porque transmite la idea de que fumadores y bebedores se aprovechan de algo que no es suyo. En realidad, el problema es que el Estado confisca el dinero de todos los españoles para financiar una deficiente y deficitaria sanidad pública. En caso de que el sistema fuera privado, aquellas personas que usaran con mayor frecuencia el sistema sanitario pagarían más.

Claro, la simplista generalización de que "todos" los fumadores usan más la sanidad pública no se mantiene por ningún lado. Los problemas de la sanidad española los ha causado la izquierda al sostener ideológicamente su provisión pública. Siendo ello así, la sobreexplotación del sistema será la consecuencia lógica. Si desligo totalmente el pago de la prestación, nada evitará que agote el sistema. Imaginen que el dueño de un supermercado les quita el 20% de su renta y, a cambio, les ofrece la posibilidad de coger tantos productos como ustedes quieran de los estantes del supermercado. A las pocas horas todos los bienes habrán desaparecido. Si, en cambio, ese canje la realizara un masajista, las colas a su consulta empezarían a multiplicarse.

Combinando estos dos efectos llegamos a la consecuencia natural de nuestra sanidad pública, incapaz de reducir costes y de proporcionar una consulta sin largas esperas.

Los problemas de este modelo de gestionar la sanidad no se resuelven atacando a un grupo de individuos cuyo pecado mortal consiste en no someterse a los parámetros estéticos de la izquierda gobernante, sino devolviendo la responsabilidad a los individuos mediante la privatización del sistema.

Pero ZP ha preferido seguir su política neoinquisitorial de represión a la disidencia para tapar las deficiencias de su ideología socialista. No ha optado por dar mayor libertad a los individuos evitando la subida fiscal y privatizando la sanidad. El fin común sigue siendo la conservación y ampliación del poder, explotando a unos para acallar a otros. En este caso las víctimas han sido los "viciosos" y los "depravados"; mañana puede ser cualquier otro que se oponga a la gran planificación socialista. Usted puede estar entre ellos.

¿Gradualismo o abolicionismo?

¿Hay que desmantelar el Estado intervencionista paso a paso o de golpe?¿Con qué presteza habría que recorrer el camino hacia la libertad? Es obvio que una respuesta formulada desde el liberalismo no puede entrar en contradicción con sus mismos principios. No cabe, en la defensa de la libertad, abogar por una subida de impuestos o por un endurecimiento de la guerra contra las drogas. Pero no basta con virar el rumbo y enfilar en la dirección contraria para estar en armonía con los derechos naturales. Es preciso atender también a la intensidad con la que éstos se persiguen.

Si el liberalismo, por ejemplo, tiene por injusta la esclavitud, no puede proponer en un plano abstracto que ésta se extinga paulatinamente en un determinado intervalo de tiempo, pues sería tanto como decir que durante el lapso en el que perdura no es injusta y condenable. Así, por lo mismo que está en conflicto con la ética de la libertad reivindicar medidas que invaden los derechos individuales, también está en conflicto suscribir la prolongación de medidas que violentan esos derechos. Los liberales en este sentido, pues, deben ser filosóficamente abolicionistas: si la esclavitud es injusta debiera extinguirse por completo de inmediato. Distinta cuestión es que, en efecto, vaya a suceder tal cosa. En palabras de Lloyd Garrison, “nunca hemos dicho que la esclavitud será destruida de golpe; lo que siempre hemos asegurado es que así debería ser”. No hay lugar para compromisos en la teoría que no socaven la propia causa. Idealmente no es inconcebible que la libertad plena impere ipso facto puesto que, como indicó Rothbard, las injusticias son acciones de unos hombres contra otros y de su voluntad depende el que sigan produciéndose. Si repentinamente todos convinieran en que la libertad es el valor más preciado la agresión desaparecería al instante. Pero qué duda cabe de que no es sensato esperar que esto suceda, aun cuando idealmente sea posible. Entonces, si al abolicionista le está vedada la consecución inmediata de su objetivo, ¿debe renunciar a todo progreso parcial?¿Debe oponerse el abolicionista al gradualismo en la práctica?

A lo que debe oponerse el abolicionista es al gradualismo en la teoría, no al gradualismo en la práctica. Allí donde no pueda avanzarse de un salto o a zancadas no es reprobable sino exigible avanzar a pasos pequeños. En un contexto en el que no es factible acabar con la esclavitud el abolicionista no puede menos que demandar la liberación de tantos esclavos como sea posible aunque eso signifique salvar sólo a unos pocos. No suscribe prolongación alguna de la esclavitud, pues si de él dependiera la suprimiría entera. No ha renunciado a nada, pues aquello que no puede conseguir simplemente no está en su mano.

Dos requisitos, siguiendo a Rothbard, son necesarios tener en cuenta cuando se procede gradualmente: primero, no perder nunca de vista el objetivo último, la libertad plena, resaltando asimismo que se avanza sólo un poco porque no puede avanzarse más, no porque sea bueno dar un paso pero no dos. Segundo, no retroceder jamás, ni aun por un lado para conseguir algo por otro, ni emplear medios que estén en conflicto con aquello que se pretende alcanzar.

El gradualismo en la teoría, advirtió Lloyd Garrison, es la perpetuidad en la práctica. Por ello en defensa de la libertad hay que ser abolicionistas en la teoría y en todo caso gradualistas en la práctica. Se trata, en suma, de ser en la práctica tan abolicionistas como la realidad lo permita. Dando pasos cortos en la dirección correcta donde no puedan darse más largos, siempre con la vista fija en el horizonte.