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Periodismo disperso en Gran Bretaña

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Scott Burgess disecciona habitualmente en su bitácora Daily Ablution la prensa británica de izquierdas; desde el prestigioso The Independent a The Guardian, órgano de agitación de la izquierda albionita. Un día lee un artículo de correctísima observancia progre, ya que reprendía a los lectores que se hubieran sorprendido por los bombardeos de Londres, ya que esa actitud “sugeriría que… ocurrieron sin ninguna responsabilidad por nuestra parte”. Las víctimas son culpables del crimen si pertenecen a Occidente, como manda la letanía izquierdista. Lo habitual. Los islamistas que, como los terroristas de Londres, llevan varias generaciones en Inglaterra, son de acuerdo con el autor, Dilpazier Aslam, “sassy” (impertinentes, descarados) con sus opiniones. Y pese a haber nacido en Inglaterra, su verdadera patria es el islam, a quien deben obediencia.

La indignación de Burgess por el descaro del Guardian le llevó a investigar algo más sobre el joven articulista, y le encontró en Hitz Ut Tahrir, una secta islámica que se ha dedicado a prodigar el odio hacia los judíos, o a amenazar de muerte a líderes políticos, como el laborista George Galloway, acusándole de “falso profeta” y “apóstata”. Dilpazier Aslam apoya la creación de un Estado islámico mundial y justifica el uso de la violencia. The Guardian había contratado un miembro de una organización sectaria y que odia a los judíos como bandera, para volcar su ominosa visión del mundo, sirviéndole de portavoz. Pero, ¿sabía el diario de dónde procedía su joven promesa? Eso mismo le preguntó, sin respuesta, Scott Burgess.

Es un caso más, el último, en el que se pone de manifiesto que los medios de comunicación están vigilados por miles de personas que pueden poner en negro sobre blanco. El poder de los medios no es ya el de antes. Pero como en otros casos, lo descubierto por Burgess no ha adquirido relevancia hasta que es otro medio de comunicación, The Independent en este caso, quien recoge el hecho.

Los medios de comunicación no están todavía hechos a las servidumbres de convivir con un periodismo disperso, al cargo de muchos escritores y lectores, que ha convertido a la noticia en una conversación con múltiples voces. El propio Guardian siguió publicando sus artículos, mientras otros bloggers seguían el caso, aportando nuevos datos, o simplemente contando los detalles del caso. El asunto salta a los medios de comunicación y la situación de Dilpazier Aslam se ha hecho insostenible, hasta que ha sido despedido por el periódico. Scott Burgess adelantó que el editor de información del periódico, Albert Scardino, había dimitido por el asunto. El periódico ha reaccionado echando pestes de los bloggers, pero debería preguntarse cómo un grupo islamista radical ha podido colocarle un portavoz. Debería plantearse qué tiene su visión del mundo y de la corriente de la información para que pueda multiplicar la voz de un órgano de odio a los judíos y a Occidente.

El caso de Dilpazier Aslam es solo la última constatación de que el periodismo disperso ha diluido el poder de los medios. Pero hasta el momento a lo único que llega es a corregirles, no a acompañarles como fuente original de información. Quizás no sea esa su función, pero es posible que el periodismo disperso esté solo descubriendo a tientas su verdadero papel.

Arde el Estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Juan Francisco Martín Seco escribió esta semana un artículo titulado “Arde el Estado”. En el artículo se quejaba que el estado ya no es lo que era. Venia a decir que éste se ha convertido en un organismo simbólico e ineficiente. La culpa de la ineficiencia, ¿sabe usted a quien se la atribuía? Exacto, a la “ideología liberal” (sic).

Efectivamente, el estado es un órgano ineficiente, pero no desde ahora sino desde siempre. Es por eso que los países con menos estado son los que más prosperidad tienen. Por otra parte, sorprende mucho lo que afirma Martín Seco al decir que el “gobierno central apenas tiene ya competencias” cuando su gasto ronda el 40% del PIB español.

Probablemente, señor Martín Seco, a usted le encante decir que el libre mercado es la “ley de la jungla”, o que crea un darwinismo social que hace ganar sólo al más fuerte, y que bajo el capitalismo todos estamos explotados. Pero precisamente el libre mercado es todo lo contrario. En la jungla sobrevive el más fuerte a expensas del más débil, en cambio en un sistema puramente capitalista todos se benefician de todos, y aquel que triunfa no es por su brutalidad contra el resto, sino por su pericia y habilidad para servir a los demás. Así pues, en un sistema capitalista destaca el que mejor sirve al resto.

En el libre mercado todas las acciones son contractuales, libres y voluntarias. Cuando usted compra algo es porque quiere, sino no lo hace. Si usted entra a trabajar en una empresa es porque quiere, se puede ir cuando quiera a otra, o incluso, puede montar su propia comuna socialista viviendo de espaldas al resto de la sociedad; nadie le pedirá cuentas. En cambio en un sistema socialista basado en la supremacía del estado, haga lo que haga, usted siempre tendrá que rendir cuentas, acatar las órdenes y hacer engordar a los políticos y gobernantes.

Más bien la “ley de la jungla”, o sistema donde una minoría vive a expensa de la mayoría, es el sistema al que usted aspira. Usted propone la existencia de un aparato represor dominado por un jerarca social y económico que imponga a punta de pistola al resto de la sociedad cómo comportarse, qué costumbres ha de seguir, con quién ha de negociar y cómo hacerlo. Pero eso ya lo tiene, se llama estado del bienestar. ¿Y además pretende robarnos más mediante impuestos y multas para mantener su inútil sistema de extorsión y favores? Por favor. ¿O es que acaso cree que la gente paga impuestos por la elevada finalidad que tienen (a saber, enriquecer al político)? No, los particulares y empresas pagan impuestos por miedo a las represalias del estado. En el libre mercado esta situación jamás se puede producir, una vez más: en un sistema totalmente capitalista usted es libre de hacer lo que quiera sin rendir cuentas a nadie.

Más estado, más leyes, más prohibiciones y menos capitalismo no significan ni mucho menos más igualdad ni riqueza. El estatismo es la mayor de las barbaries. Es todo lo contrario a la civilización y a la paz. Son los estados quienes crean regulaciones que no sirven de nada, es el estado y sindicatos quienes crean desempleo, son los estados quienes aumentan los ejércitos y entran en guerras matando inocentes no las personas civilizadas que prefieren intercambiar bienes y servicios voluntariamente para ganar algo a cambio.

Señor Martín Seco, si este país aún le parece poco represivo, siempre puede irse a Cuba, Venezuela o Corea. No se preocupe, ahí el estado le dirá todo lo que ha de hacer. Pero cuidado al escribir libros o artículos oponiéndose a ellos, porque las consecuencias podrían ser catastróficas para usted.

Misión condón

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La teoría del desarrollo es una de las más desgraciadas ramas del empeño por entender la economía humana. Ha albergado un gran número de tonterías y lo que es más importante, de un calado ciertamente notable. Una de las corrientes más desmentidas por el desarrollo humano, pero más permanentes, sitúa la solución para los países más pobres en el control de la población.

Paul Ehrlich, uno de los intelectuales más influyentes del último tercio del siglo XX, publicó en 1968 The Population Bomb, reviviendo el terror maltusiano, al que adorna con nuevos y espantosos escenarios de poblaciones diezmadas por la inanición después de haberse multiplicado insensatamente. Simplemente no hay recursos para todos y nos abocamos al desastre si no seguimos la guía de Malthus y su profeta.

El libro de Ehrlich sirvió de prólogo para una de las revoluciones científico-económicas más notables del citado siglo; la llamada segunda revolución verde, que multiplicó la productividad agrícola por cifras sorprendentes. Hoy continuamos con esa notable mejora.

Me fijaré, no obstante, en un aspecto de esta corriente, y es en su propuesta de control de población. Los países pobres están condenados porque las familias crecen tanto que es pastel no da más que para migajas, para cada uno de ellos. Atrapados en el consumo más básico de lo que hay, no cabe el ahorro y el desarrollo. Solución: ayudémosles a controlar la población. Llevémosles condones para poder hacerlo.

Un condón es un bien muy barato. Tener un hijo es muy caro, también en esas latitudes. Resulta extraño plantearse que si tienen hijos sin parar es porque no pueden permitirse condones. Si se cree que el mercado no está interesado en llevarlos a los lugares más pobres, que sigan el destino de miles de camiones de Coca-cola. La cuestión es que simplemente desean tener más hijos. William Easterly, en su imprescindible The Elusive Quest for Growth, recoge un estudio realizado en numerosos países que concluye que el 90% de la fertilidad está explicada por el deseo de las madres de tener hijos. El mito izquierdista de que los salvajes no saben lo que se hacen y que ellos han venido al mundo para llevarles por el camino correcto se viene abajo.

Y es una decisión lógica. Las familias pobres tienen menos ingresos por hora de trabajo y pierden menos por el tiempo que dedican a una descendencia numerosa. Una prole creciente supone mayores ingresos futuros y una mayor seguridad, pese al coste inicial. Los incentivos son diferentes en una sociedad rica y por tanto muy productiva, en la que conviene concentrarse no en el número de hijos sino en aumentar las posibilidades de éxito de los que se tengan. Es una estrategia intensiva y no extensiva la que se favorece. De modo que, como dice el economista antes citado, “el mejor anticonceptivo es el desarrollo”, que viene acompañado de una transición demográfica, muy conocida.

La campaña de llevar condones a África resultó en un descomunal fracaso, con antecedentes en otros fracasos derivados de llevar a cabo otras teorías del desarrollo hermanas y primas de la maltusiana. Quizás la experiencia o la desconfianza en esa política fuera la que llevara a muchos como Gunnar Myrdal o Garret Harding a proponer esterilizaciones involuntarias masivas, que finalmente se llevaron a cabo. La enorme distancia de confianza en que uno mismo puede resolver los problemas ajenos y la que le inspira la capacidad de los concernidos en su propio juicio lleva a extremos como este.

Agua privada, individuos libres

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Agua privada, individuos libres

A mediados de julio, un policía de Nueva York llamado Edward Polstein fue despedido del departamento. Llevaba ya desde octubre jubilado prematuramente. La razón principal es que mantenía un sitio web en el que tanto él como otros policías rajaban contra el departamento, sus jefes y el alcalde de forma anónima. Creado en 1999 tras considerarse relegado en varios ascensos, era lo suficientemente popular como para recibir una media de 60.000 páginas vistas diariamente, aunque tras el cese ha bajado a un tercio de lo que fue, presumiblemente debido a un cierto temor laboral de los agentes demasiado protestones.

Esta noticia vuelve a traer a la actualidad la espinosa relación entre el uso de la libertad de expresión en Internet y el empleo de quienes pretenden ejercerla. El debate surgió con fuerza cuando una azafata fue despedida por publicar en su bitácora personal unas fotos en las que aparecía con el uniforme de su empresa. Aunque no era la primera vez que algo así sucedía, lo absurdo de la razón del despido convirtió por primera vez la relación de los bloggers con su trabajo en un debate popular en Internet.

Parece que, después de un cierto número de despidos, se puede establecer que las principales razones por las que lo que escribas en Internet puede procurarte una patada en el trasero son dos: criticar a la empresa o revelar algún secreto de la misma. Ninguna de ellas resulta demasiado sorprendente. Al fin y al cabo, si decías que la compañía donde trabajas era una porquería delante de tu jefe o le contabas a la competencia (o a un periodista amiguete) algún secreto comercial, la calle era tu destino más probable; con o sin Internet, con o sin bitácoras. La única diferencia es, quizá, que en este último caso el despido va a ser más público y sus causas también, por lo que los directivos deberían pensarse más dar ese paso para que la imagen de la empresa no caiga a lo más profundo del vertedero en la red, donde todo se sabe.

Sin embargo, el despido de Edward Polstein debería abrir un debate distinto. Las empresas han de ser libres de despedir a quien quieran, por las razones que mejor le parezcan. Un contrato de trabajo es un acuerdo libre entre dos, y si uno de los dos decide terminarlo por las razones que sean, no hay más que hablar. Pero, ¿qué sucede cuando una de esas partes es una administración pública? En España es sencillo saberlo, porque despedir a un funcionario es una tarea que requiere toda la fuerza de Atlas y Hércules unida. En otros países quizá habría que andarse con cuidado. La crítica al poder es una base fundamental de la democracia y la libertad, y los datos de aquellos que están dentro del Leviatán son casi siempre la principal fuente de esas críticas. Despedir a un funcionario público que critica a la administración no debería estar permitido. Es más, en muchas ocasiones debería ser razón para un ascenso. Otro asunto es la revelación de secretos, siempre y cuando estos pongan en peligro la seguridad. Por ejemplo, revelar los detalles de la protección de un político es claramente punible. Darle a la prensa los documentos que estaban en el ordenador de un terrorista, en cambio, no lo es, como no lo sería publicarlo en el blog del funcionario implicado.

Al final, todo se reduce a un poco de sentido común. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, impide al congreso hacer leyes relacionadas con la libertad de prensa, pero no impide a las empresas hacer normas internas que limiten la libertad de expresión de sus empleados. Por eso, la azafata puede pedir su reingreso pero haría mejor en seguir con su vida y buscarse otro empleo. Sin embargo, el policía debería plantear una batalla legal. Y debería ganarla.

Educación y ecologismo

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La educación pública es una de las herramientas de adoctrinamiento más eficientes que han creado los partidarios del Estado. En conjunción con cualquier ideología puede convertir a buena parte de una sociedad en unas pocas décadas, eliminando de forma lenta pero segura cualquier tipo de crítica u objeción que pueda poner en duda la doctrina oficial. No es extraño que los partidos nacionalistas o los comunistas se hagan cargo de los ministerios y las consejerías de educación y cultura cuando tienen oportunidad. Tampoco es extraño que nuestros tiernos infantes encuentren habitual y conveniente lo políticamente correcto.

Tal es el caso del ecologismo, de las doctrinas y dogmas que defienden los grupos ecologistas. Con catorce años tuve un profesor de Ciencias Naturales que nos adoctrinó en el ecologismo. Bien visto era un adelantado a su tiempo: no hacía exámenes salvo uno al final y, por lo que recuerdo, daba un poco lo mismo lo que contestaras con tal de no cometer un error garrafal; la nota era toda una incógnita. Lo que sí recuerdo de él eran sus actividades extraescolares. Los que asistían a las manifestaciones contra la OTAN en Torrejón o se apuntaban a la creación de pegatinas y panfletos contra las energías sucias tenían muchas posibilidades de tener buenas calificaciones. Ya han pasado más de 20 años pero lo que en esa época era algo insólito y más en un colegio religioso, hoy es habitual y hasta aplaudido por nuestros dirigentes.

Uno de los pilares básicos de la política energética progresista es el uso indiscriminado de las energías alternativas. Nuestros vástagos deben aprender todas sus ventajas y si es posible, ninguno de sus inconvenientes ya que luego surgen los escépticos y no es bueno para los objetivos sociales. Con el lema “Nuestro viento, fuerza de riqueza”, la Asociación Aragonesa de Promotores de Energía Eólica (AEA) convocaron unos premios entre los Institutos de Enseñanza Secundaria de Aragón. El Consejero de Industria del Gobierno aragonés, el Director General de Educación y el Presidente de la AEA hicieron entrega de los premios al ganador, el IES Bajo Aragón de Alcañiz y al resto de los premiados.

El concurso pretendía dar a conocer el recurso que es el viento e impulsar el ahorro y la eficiencia energética. No creo que los alumnos hayan llegado a aprender que el viento es una fuente de energía con poca fiabilidad ya que depende del clima y este no es siempre favorable a las necesidades puntuales. Dudo también de que se llegaran a informar sobre los costes de producción de la energía eólica, excluyendo las subvenciones, y los compararan con los de otras fuentes. La corrección política nos dice que estos aspectos son irrelevantes si de por medio hay buenas intenciones y que en todo caso los infantes no deberán ser instruidos en ello si quieren ser en el futuro hombres de provecho.

Este tipo de adoctrinamiento es esencial si queremos conseguir una sociedad con las ideas claras. El despojar a nuestros alumnos de una parte de la cuestión es casi peor que mentirles pues lo que escuchan tiene signos de verosimilitud. Las empresas que viven en el nicho económico que ha creado el Estado lo tienen fácil a la hora de influir ya que al fin y al cabo están trabajando hombro con hombro con los mismos que controlan la formación. Los promotores de la energía eólica lo saben muy bien y si quieren agarrar las ayudas públicas tienen que colaborar con el sistema.

Siega de impuestos en Madrid

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La eliminación, a partir de enero de 2006, del Impuesto de Donaciones para las familias que viven en la Comunidad de Madrid es una buena noticia que preludia sucesivas reducciones impositivas por parte de un gobierno autónomo inspirado en los valores de la libertad, pero hostigado permanentemente por un poder central socialista nada interesado en que los contribuyentes resuelvan con espontaneidad acerca de su ahorro a lo largo de generaciones.

La noticia es muy positiva, además, para la pervivencia de los emprendimientos familiares de volumen modesto (el 80% de la red empresarial española) y originará un eco favorable de la medida en los habitantes de otras autonomías que no disfruten de esta supresión (por ejemplo, en Castilla-La Mancha seguirán pagando al fisco una cantidad media del 20% de lo donado).

Hasta ahora era más recomendable -por cuestión de bonificaciones y plusvalías- esperar una herencia que donar en vida; situación extravagante, sin duda, por lo que tiene de asumir pasivamente el fluir, adverso o no, de los acontecimientos y de menoscabo de la libre voluntad sobre los propios bienes. El intervencionismo parece considerar a la donación como capricho simulador entre rentistas, cuando nuestro liberal código civil sugiere cautelas (usufructo, reserva de disponer, condiciones resolutorias…) que el donante puede establecer para defender, por su interés, aquello que los planificadores sociales siempre aseguran vigilar: la productividad, los empleos, la continuidad de una organización razonablemente próspera en el tiempo.

En definitiva, se dona por liberalidad, por provecho o por ambos conceptos a la vez; situaciones nunca entendibles por los envidiosos igualitarios.

La próxima siega, sin olvidar el Impuesto de Sucesiones, debería a su vez acabar con el de Patrimonio (IP), que nació hace casi treinta años con afán temporal para regularizar datos cuando se introdujo el IRPF en España, y que aún permanece como injusto monolito a la doble imposición, cuando la mayoría de los países de la OCDE lo han expulsado de su ámbito. Este IP mantiene uno de los tipos impositivos más elevados del mundo (2,5%), se acerca en algunos casos a la confiscación y dificulta en gran medida la acumulación de riqueza que puede planear de modo beneficioso en nuevas oportunidades para todos. ¿Para cuándo su merecido cercenamiento?

Ante el aliento liberalizador, no extraña la causalidad entre la anunciada supresión impositiva y la noticia del Ministerio de Hacienda sobre la importante mengua en la liquidación de ingresos para Madrid. Si hay más ciudadanos que pueden liderar numerosos proyectos en un sociedad mestiza, en ocasiones superficial pero templada ideológicamente, porque les queda más dinero en su cartera y animan a otros en su empeño, esta sociedad será inaprensible para los burócratas que desconfían de la complejidad y se verán en la obligación de desarticular su laboratorio ideológico por muchos años. Con certeza, es motivo para asfixiar las finanzas y ridiculizar los valores de los protagonistas de este seísmo fiscal que sacude los sofismas tributarios dominantes.

La ofensiva de la Banda del Ocho

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, basta reflexionar un poco para ver el escaso fundamento de semejante afirmación. ¿Hay algo más preciado y básico que nuestra libertad? Aun cuando algunos pudieran responder que la vida es más sustancial, la cuestión es evidente: ¿quién debe ser el propietario de bienes tan básicos como nuestra libertad y nuestra vida? ¿El Estado o nosotros mismos? ¿Seríamos libres si el Estado pudiera elegir por nosotros? Obviamente, no.

A diferencia de lo que los socialistas quieren hacernos creer, precisamente porque el agua es importante debiera ser privada. El peso burocrático del Estado se soporta mejor en aquellos sectores que nos resultan "prescindibles": si el Estado se encomienda la preparación de unos Juegos Olímpicos y finalmente fracasa, el perjuicio de su acción se circunscribirá a un cierto derroche de nuestro dinero, pero podremos continuar, sin demasiada dificultad, con nuestras vidas. En cambio, si se encomienda la realización de tareas fundamentales para nuestra existencia y para nuestra libertad, cuando fracasa –y en su existencia y funcionamiento está grabado en letras de fuego el inexorable fracaso– las consecuencias son calamitosas.

No es casualidad que, por un lado, la mayor parte de las reservas de agua del mundo sean propiedad del Estado –sólo alrededor del 3% de la población de los países pobres recibe agua de empresas privadas– y que, por otro, cada año 1.000 millones de personas contraigan enfermedades relacionadas con la falta de agua, de las que 12 millones terminarán muriendo.

Tal es el estremecedor balance que arroja Water for sale, del sueco Fredrik Segerfeldt. En este libro encontramos una razonada y detallada defensa de la privatización del agua como conditio sine qua non para erradicar su carestía.

Sin embargo, el pensamiento izquierdista sigue siendo preponderante en este punto. El agua se concibe como un derecho por el que no cabe exigir una contrapartida monetaria; en otras palabras, el Estado, en su papel de omnipotente divinidad, es el encargado de proveerla.

Pocas ideas hacen tanto daño a la sociedad como la de pensar que todo aquello calificado como "derecho" implica una suerte de gratuidad. Si yo afirmo tener una especie de derecho positivo a beber agua, la contrapartida es que no tengo que esforzarme para conseguirla; si no tengo agua, se me ha de dar.

El absurdo de tal pretensión puede no saltar inmediatamente a la vista, por lo que recurriremos a un sencillo ejemplo. Imaginemos a Robinson Crusoe en su isla desierta, sin ningún habitante más. En principio, pues, toda la isla es susceptible de ser usada por él. Sin embargo, hay un problema: el único río se encuentra a 10 kilómetros de donde Crusoe habita y obtiene los alimentos. Así, cada día tiene que perder gran parte de su tiempo para recoger agua.

Si Crusoe afirmara tener un derecho al consumo de agua ello implicaría que tiene derecho a no realizar el fatigoso esfuerzo de trasladarse diariamente al río. Pero, como es obvio, todos podemos darnos cuenta de que, por mucho que reclame semejante derecho, el agua no acudirá a él por arte de magia. Si Crusoe se empecinara en exigirle al río que le trajera el agua, simplemente moriría deshidratado.

Por absurdo que parezca, ésta es la situación que muchos socialistas están imponiendo en el Tercer Mundo. El problema del agua no es su escasez, sino su falta de disponibilidad. Sólo contabilizando las reservas de agua dulce –es decir, sin incluir la posibilidad de desalinizar–, cada individuo podría consumir una media de 19.000 litros al día. En el mundo existe suficiente agua, pero no suficientes infraestructuras que la potabilicen y trasladen.

Los socialistas quieren hacernos creer que la privatización esconde una suerte de complot para, a través de unos precios de mercado prohibitivos, evitar que los pobres consuman el agua que necesitan los ricos para bañarse en sus piscinas y regar sus campos de golf.

Nada más lejos de la realidad. Primero, la propiedad colectiva del agua ocasiona el rápido desabastecimiento. Parafraseando a Garret Hardin, el autor del libro llama a este fenómeno "la tragedia del agua comunal". Todos los individuos que extraigan agua de un mismo acuífero comunal tenderán a sobreexplotarlo, lo que en muchos casos provocará su deterioro y salinización.

Segundo, sin derechos de propiedad sobre el agua nadie tiene incentivos para encontrar y explotar las aguas subterráneas; el Estado se arroga semejante competencia. Por mucho que una familia haya encontrado agua en una finca de su propiedad, no podrá establecer las canalizaciones pertinentes, porque dicha agua pertenece al Estado. Si, por ejemplo, se permitiera a los agricultores adquirir derechos de propiedad sobre el agua que transcurre por debajo de sus tierras, venderían los excedentes a las familias y a las industrias a través de la construcción de las necesarias infraestructuras.

Tercero, la propiedad privada y el consecuente precio estimulan a evitar los derroches de agua, tanto desde el punto de vista de la empresa como del cliente. Así, por un lado, las empresas que vendieran agua mantendrían su canalizaciones en buen estado, evitando fugas; por otro, los agricultores tenderían a economizar su uso.

El método por inundación gasta mucha más agua que el método por goteo, y resulta incluso menos efectivo; la cuestión es que el método por goteo requiere de una inversión inicial que nadie está dispuesto a efectuar mientras el agua sea gratis.

Algunos cálculos estiman que el uso de agua podría reducirse a la mitad sin alterar la producción agrícola; en otras palabras, la mitad del agua que se usa en la agricultura no sirve para producir nada. De hecho, una reducción en el 10% del uso agrícola del agua doblaría las disponibilidades de agua potable.

Cuarto, los gobiernos tercermundistas no disponen de dinero suficiente para hacer llegar agua corriente a las zonas más pobres de sus países. Es decir, mientras que esa gente ve atacada su propiedad mediante el pago de ingentes impuestos, el sector público, en su pésima faceta empresarial, es incapaz de proveerles con los servicios por los que, en teoría, pagan. Ello, como se entenderá, no significa que toda esa población no tenga acceso a agua potable; en caso contrario, en lugar de lamentar 12 millones de muertos al año estaríamos hablando de cientos de millones.

En realidad, estas zonas suelen obtenerla a través del mercado negro; concretamente, los empresarios informales trasladan allí tanques de agua y obtienen de esta manera un precio hasta 100 veces superior al del agua que se vende en las ciudades.

Por tanto, es simplemente falso que la privatización del agua impondría precios prohibitivos para los más pobres del mundo. Muchos de ellos están ya pagando un precio muy superior al que desembolsarían en un mercado donde se establecieran derechos de propiedad.

Para aclarar dudas, hay que señalar que este sobreprecio no se debe a la maldad intrínseca de los empresarios informales. Tengamos presente que el coste de trasladar en tanques periódicamente el agua es mucho mayor que el de construir una red de canalización. La cuestión es que el Gobierno prohíbe a esos mismos empresarios, dado que el agua es un bien "público y universal", que construyan la infraestructura pertinente.

Sin lugar a dudas, los socialistas argüirán que las empresas privadas no tendrían incentivos para construir canalizaciones hacia las zonas más pobres del planeta. En principio, desde el punto de vista de la teoría económica, es dudoso: los empresarios siempre tienen incentivos para servir al mayor número de consumidores posibles. Si hay una masa de consumidores que nadie cree poder servir por los elevados costes, aquellos empresarios que sean capaces de descubrir métodos de producción o distribución más baratos serán capaces de vender en esas zonas y obtener ingentes beneficios. Es más, una oferta constante de agua potable a una zona favorece su desarrollo y consecuente aumento del poder adquisitivo. Por ello, aun cuando en principio no fuera rentable invertir en tales zonas, deberíamos considerarlo una inversión de futuro.

Empíricamente, éste ha sido el resultado. Así, por ejemplo, tras la privatización del agua en Buenos Aires el 85% de las nuevas infraestructuras se crearon en los suburbios más pobres.

Hasta el momento, los argumentos que hemos ofrecido a favor de la privatización del agua no han presupuesto la maldad o torpeza de los políticos. En todo caso, hemos hablado de imposibilidad financiera de construir las infraestructuras (para conseguir un acceso universal al agua se calcula que sería necesario un gasto anual de 180.000 millones de dólares durante 25 años, mientras que hoy por hoy el sector público está invirtiendo 70.000 millones al año y no hay posibilidades reales de ampliar dicha suma), pero no de ineficiencia.

Sin embargo, éste es un elemento que debemos introducir en la ecuación. La oferta de agua pública suele adolecer de constantes fugas, pésima planificación del trazado de las canalizaciones e inversiones innecesariamente costosas. Por no hablar del uso politizado del agua, que lleva a muchos dictadores a "matar de sed" a la población para someterla.

El libro de Fredrik Segerfeldt es francamente interesante, pues, aparte de desarrollar y razonar todos estos puntos, incluye ejemplos prácticos que los ilustran. Ahora bien, habría que realizar una sucinta crítica a una de sus conclusiones. De hecho, Segerfeldt, aun cuando vislumbra los beneficios del agua totalmente privada (en su propiedad y en su distribución), se declara partidario de un modelo de concesiones. A pesar de que asegura que el agua totalmente privada sería mejor que el agua pública, considera que tal sistema tiende a un monopolio natural (esto es, no habría competencia en el negocio, de manera que los empresarios podrían explotar a los consumidores).

Es una pena que Segerfeldt no abandone su esquema mental neoclásico. El monopolio natural es una ficción, ya que la competencia no se establece entre empresas idénticas, sino entre bienes que satisfacen la misma utilidad. El suministrador privado de agua tendría que competir con las empresas de agua embotellada y con la potencial amenaza de la competencia. En el caso del agua, esta potencial amenaza vendría representada, por un lado, por la entrada de nuevas empresas en el mercado y, por otro, por la excavación de pozos o la construcción de cisternas, depósitos o balsas comunitarias.

Un precio excesivo del agua imposibilitaría a los empresarios amortizar su inversión inicial, por lo que otro empresario terminaría comprándole la infraestructura a precio de saldo. El empresario, en otras palabras, siempre continúa sometido a la soberanía del consumidor, a no ser que sea capaz de eliminar físicamente a sus competidores; pero en ese caso, más que de un empresario, estaríamos hablando de un político.

De cualquier modo, Water for sale resulta imprescindible para quienes estén interesados en el prioritario asunto del agua. Los liberales tenemos la obligación moral de ser especialmente combativos en este campo. Doce millones de muertes al año no son tolerables: hay que ganar esta batalla a la izquierda. Como dice el autor del libro: "La gente que hoy vive sin agua no necesita de dogmas y manifestaciones callejeras, simplemente necesita agua. Las soluciones están a todas luces disponibles, y resulta absolutamente reprensible que sean rechazadas por razones ideológicas".

¿Hasta cuándo la fatal arrogancia de los intervencionistas seguirá pesando más que la vida de millones de personas?

Los pobres en una sociedad libre

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Cuando uno defiende la no-intervención del Estado en una discusión tarde o temprano debe enfrentarse a la sempiterna pregunta, a menudo lanzada en clave sumaria y aderezada con acusaciones de egoísmo e insensibilidad: “pero si el Estado no garantiza unos mínimos, ¿qué sucederá con los más pobres?”

Ante todo, el liberalismo no es una teoría moral, sino una teoría de la justicia, y en cuanto tal versa únicamente sobre el uso legítimo de la violencia. Al denunciar la redistribución de la riqueza y los “derechos” sociales no estamos diciendo nada acerca de las bondades o perjuicios de la generosidad o la solidaridad, sino señalando lo injusto de confiscar la propiedad de unos para beneficio de otros, de forzar a unos a servir a otros. El liberalismo proscribe el robo, en absoluto le corresponde decir a los hombres si deben ser egoístas o altruistas.

Dicho esto, como apunta Roderick Long, “una persona hambrienta necesita algo para comer, y uno no puede comer un derecho a la comida. En base a la generosidad y a la compasión, por tanto, un sistema que garantice un derecho a la comida pero no sea muy exitoso proveyendo comida, seguramente sea menos deseable que un sistema que suministre comida de forma sostenida pero no reconozca ningún derecho a la comida”. Y es el mercado, y no el Estado, el que mejor nos alimenta a todos. La solución a la pobreza no pasa por las medidas socialistas que convierten en pobres a los que no lo eran e impiden a los pobres dejar de serlo.

Un apunte previo: si ningún individuo en una sociedad libre está dispuesto a socorrer al pobre éste padecerá hambre, pero en un contexto estatista el político, sin el más mínimo apoyo social, no hará absolutamente nada en favor del necesitado. En caso de que la mayoría de ciudadanos rechace ayudar al pobre, el político tampoco hará nada, pero la minoría solidaria todavía puede alimentarle mediante la iniciativa privada. Y en caso de que la mayoría sea solidaria, el político asistirá a los pobres, pero la ciudadanía por sí misma les hubiera ayudado igualmente. Conclusión: el político sobra.

En una sociedad libre no habría leyes de salario mínimo o regulaciones laborales que al elevar los costes de contratación condenan al paro a una parte de la población. No se requerirían permisos para empezar un negocio ni se emitirían licencias que restringen la competencia y encarecen los servicios (la sanidad, por ejemplo). El precio de la vivienda, de la energía, de la comida… caería si el Estado no interfiriera en estos sectores, lo que beneficiaría a las capas más humildes. Los efectos asimétricos de la expansión crediticia que afectan especialmente a los pobres (pues asumen precios más altos antes de que hayan subido sus salarios) no tendrían lugar si hubiera libertad monetaria. Por otro lado, la caridad privada es mucho más eficiente que la pública, pues los donantes pueden retirar la confianza a las organizaciones que juzgan incompetentes, mientras que el Estado se nutre coactivamente y carece de incentivos para proceder con eficacia y honradez. Además, como consecuencia de una mayor prosperidad y empleo y una tasa menor o inexistente de impuestos, la gente poseería más dinero para efectuar donaciones.

En una sociedad libre, por tanto, habría menos pobres, la caridad llegaría a su destino en una mayor proporción y la gente dispondría de más dinero para donar a beneficencia. Así en una discusión quizás debamos ser nosotros los que preguntemos: “en ausencia de una irrestricta libertad de mercado, ¿qué sucede con los pobres?”

La política fiscal y la libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los grandes medios de comunicación contraponen deliberadamente dos modos de solucionar la pobreza que en el fondo son idénticos: por un lado tenemos el G-8, cumbre política capitalista y economicista; por otro el Live 8, movimiento social y solidario

El G-8 y Live 8 son vistos como el frío y el calor, la razón y el corazón, el pragmatismo y las buenas intenciones. El ciudadano medio tiende a observar ambos movimientos como dos caminos para erradicar la pobreza: uno calculador, lento pero eficaz, y otro impulsivo, bienintencionado pero torpe.

En realidad, la diferencia entre el G-8 y el Live 8 son mínimas; mucho más adecuado sería agruparlos en el calificativo de la Banda del 8. Ambos movimientos desconfían del individuo, del capitalismo y de la propiedad privada. Sus recomendaciones pasan indefectiblemente por expoliar al ciudadano occidental e incrementar el intervencionismo y la planificación en África. Unos y otros son, al fin y al cabo, socialistas, ya sea de cabeza o de corazón.

Aun así, conviene estudiar cuáles son los efectos de algunas de sus más sonadas propuestas para desarrollar el Tercer Mundo. ¿Tienen algún efecto positivo?

La redistribución cósmica del 0’7%

Tanto el Live 8 como el G-8 parecen dispuestos a donar al Tercer Mundo un 0’7% de su PIB. Sin duda, se trata de la principal reivindicación de los grupos socialistas, que todavía no han entendido absolutamente nada acerca del funcionamiento de la sociedad.

El gran economista del desarrollo P. T. Bauer solía resumir el problema de la ayuda externa en dos frases que nos servirán como guión para nuestra explicación.

Por un lado, la ayuda externa no es necesaria ni suficiente para lograr el desarrollo. Como dijimos, el elemento clave para la generación de riqueza es la propiedad privada, que da lugar a la división del trabajo y a la acumulación de capital. Sin propiedad privada la ayuda externa, simplemente, se despilfarrará.

Imagine que usted recibe un premio de 10.000 euros; tiene dos opciones: o gastarlo o invertirlo. El desarrollo necesita, como ya hemos señalado, de inversión en bienes de capital. Sin protección de la propiedad privada, empero, toda inversión resultará absurda, pues el Gobierno podría expropiarle en cualquier momento su riqueza. La decisión más racional será utilizar los 10.000 euros en gastos corrientes e inmediatos.

Además, aun cuando algún arriesgado africano se decidiera a invertirlos, sin reconocimiento de la propiedad privada, su empresa quebraría a las pocas semanas. ¿Quién puede acumular riqueza en un clima hostil a la riqueza? Por poner una analogía: antes de repoblar un bosque hay que apagar el incendio. Si empezáramos a plantar árboles cuando las llamas aún estuvieran incandescentes los nuevos árboles serían rápidamente arrasados por el fuego.

Ahora bien, la ayuda externa tampoco es necesaria para el desarrollo. Como vimos en el primer artículo, cuando la propiedad privada y la libertad comercial están presentes el ritmo de creación de riqueza deviene tan acelerado que las transferencias públicas resultan, cuando menos, irrelevantes. "Aramos", le dijo la mosca política al buey empresarial.

Ningún país se ha desarrollado gracias a la planificación política. El colapso del sistema socialista está suficientemente reciente como para que algunos sigan implorando la ayuda externa a modo de panacea.

Pero además P. T. Bauer resumía el problema de la ayuda externa como la transferencia coactiva de dinero desde los pobres de los países ricos hacia los ricos de los países pobres. El famoso 0’7% supone, en la práctica, una consolidación de las dictaduras que empobrecen África.

Lejos de contribuir a la limitación de su poder, el 0’7% incrementa el poder y afán dirigista de unos regímenes asentados en el vilipendio de las libertades de sus ciudadanos y en el nulo respeto a la propiedad privada. Cabe afirmar, pues, que, lejos de ser inútil, la ayuda externa resulta nociva para el Tercer Mundo.

Los tiranos desvían la atención del auténtico problema –su ataque a la propiedad privada–, los occidentales se sienten complacidos con su contribución y los africanos se estancan en la miseria. ¿Qué más podría esperarse de una transferencia desde los europeos a los políticos africanos?

Un impuesto regresivo llamado Tasa Tobin

Desde diversas asociaciones izquierdistas como Attac se viene clamando por la necesidad de imponer un impuesto a las transacciones financieras internacionales (concretamente, en el cambio de moneda) para obtener fondos suficientes para desarrollar el Tercer Mundo.

La crítica al 0’7% resulta aplicable a este caso: la ampliación del poder político no sirve para enriquecer a los países, más bien para empobrecerlos. Pero es que, además, la Tasa Tobin tiene una serie de efectos perversos adicionales que conviene destacar.

Por un lado, el impuesto grava los canjes de moneda, de manera que se encarece invertir en el extranjero. Por ejemplo, si un europeo crea una empresa en Ghana, y contrata a varios trabajadores ghaneses, tendrá que convertir los euros en nuevos cedis (moneda oficial de Ghana), para lo cual tendrá que pagar el impuesto. En otras palabras, la Tasa Tobin, por mucho que sus defensores lo nieguen, reduce la inversión de capital en países extranjeros. En ese sentido, si recordamos el primer artículo rápidamente entenderemos los efectos perversos que puede tener para el desarrollo. Sin capital no hay posibilidad de aumentar la riqueza.

Por otro lado, la Tasa Tobin es un impuesto regresivo, especialmente perjudicial para los pobres. La razón es que las monedas débiles siempre se expresan en dólares, de manera que el número de transacciones se dobla. Imaginemos que un agricultor ghanés vende su mercancía en Japón. Lógicamente, tendrá que convertir los yenes en nuevos cedis; el problema es que antes deberá convertir el yen en dólares, y luego los dólares en nuevos cedis. Así, la Tasa Tobin grava doblemente a los más pobres con monedas débiles.

En resumen, como ayuda externa es nociva, en tanto refuerza el socialismo de las dictaduras africanas; como impuesto sobre las transacciones financieras desalienta la acumulación de capital y se ceba especialmente con los más pobres.

La cultura os hará ricos

Otro mito muy extendido acerca de África es que su pobreza está estrechamente relacionada con su escasa alfabetización. En realidad, la pobreza es la causa del analfabetismo, no a la inversa. Las sociedades primero se enriquecen y luego se alfabetizan; o, mejor dicho, se alfabetizan conforme se enriquecen.

Ya dijimos que cuando la división del trabajo opera en el marco del capitalismo y de la propiedad privada las personas se especializan en su oficio. Esta especialización es, precisamente, un tipo de educación. Se adquieren nuevas técnicas para servir de mejor modo al consumidor.

Además, las sociedades basadas en la propiedad privada se caracterizan por una continua acumulación de capital. Una forma de este capital es el aprendizaje que un individuo adquiere en el sistema educativo.

Ahora bien, de la misma manera que sería absurdo que un empresario construyera en Kenia "media" fábrica de automóviles (es decir, que la inversión en capital se quedara a la mitad), también resulta descabellado inundar África de universitarios cuando carecen de los bienes de capital necesarios para utilizarlos. ¿Qué hará un ingeniero de telecomunicaciones con una azada?

Planificar políticamente la educación de una sociedad suele tener, además, dos malignas consecuencias. Primero, supone una excusa perfecta para que los gobiernos expandan su poder planificador e incrementen los impuestos; esto no sólo supone un nuevo ataque a la propiedad privada de los africanos, sino que los occidentales verán reducidos los incentivos de invertir en un país donde una creciente parte de las rentes es expropiada por el Gobierno. Segundo, los individuos más educados no encuentran en sus países empleos "adecuados a sus capacidades" ni "retribuciones suficientemente altas". En otras palabras, tiene lugar la famosa "fuga de cerebros". Dado que Occidente necesita de universitarios, en lugar de trabajar en sus sociedades los individuos más preparados emigran a los países ricos.

El resultado neto es que los africanos financian coactivamente –a través de sus impuestos– la educación de los trabajadores de las empresas occidentales.

¿Quién debe a quién?

Aun cuando en principio me siento atraído por la idea de que los ciudadanos africanos se nieguen a pagar unas deudas que han sido contraídas entre los tiranos africanos y los tiranos europeos, hay que señalar que si algo no necesita África son tratos especiales.

Pocas cosas causan más daño a los africanos que la creencia de que el mundo tiene una deuda pendiente con ellos por siglos de colonización y explotación. Los africanos tienen que desarrollarse como lo ha hecho todo el mundo, no a través de vacíos créditos sociales. De esos créditos no se deriva la riqueza, sino su espejismo.

Primero, una gran cantidad del dinero ahora adeudado fue ingresado en las cuentas bancarias de los dictadores africanos. En este sentido, nada más sencillo para cancelar la deuda que localizar los activos de los dictadores.

Segundo, al igual que con el 0’7%, la cancelación de la deuda no es condición necesaria ni suficiente para el desarrollo. Si la propiedad privada sigue sin respetarse, la cancelación de la deuda sólo servirá para que los dictadores vuelvan a endeudarse y para expandir el poder del Estado. Si la propiedad privada se respeta no habrá dificultades para, a través de la continua generación de riqueza, devolver la deuda.

Tercero, una de las facetas de la propiedad privada es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluso en el caso de que la cancelación pudiera tener unas iniciales consecuencias beneficiosas, el daño moral causado por la violación pública e internacional del cumplimiento contractual compensaría, con mucho, los beneficios obtenidos.

Dicho todo esto, hay que señalar que las situaciones de deudas estatales internacionales son del todo repulsivas. Las burocracias internacionales como el FMI y el Banco Mundial deben ser inmediatamente cerradas. Es intolerable tanto que los tiranos africanos se endeuden en nombre de sus ciudadanos como que los tiranos europeos presten nuestro dinero sin nuestro consentimiento.

Conclusión

Después de esta serie de artículos podemos extraer una serie de conclusiones acerca del desarrollo. Primero, la propiedad privada es la base de la generación de riqueza, a través de la división del trabajo y la acumulación de capital. Segundo, la pobreza africana se debe, en buena medida, a esa ausencia de respeto a la propiedad privada, pero también a la nefasta política proteccionista de Occidente. Tercero, las propuestas socialistas de la Banda del 8, en caso de implementarse, no sólo no conseguirán enriquecer a África, sino que la hundirán más en la miseria.

África ya ha tenido suficientes décadas de caudillismo y socialismo como para perseverar en el mismo error. Démosle una oportunidad a la libertad.

Socialismo por la propiedad titiritera

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Con la muerte de Ronald Reagan se multiplicaron las valoraciones, generalmente positivas, de la labor política de quien ha sido elegido recientemente el estadounidense más importante del siglo XX. Uno de los aspectos más sobresalientes de su ejecución fue su política fiscal. Por un lado aumentó los gastos militares para acelerar el declive económico de la URSS y precipitar su caída, y por otro redujo e hizo más sencillos los impuestos para relanzar la economía. En ambos aspectos recabó enormes éxitos. Una visión somera podría indicar que George W. Bush está reeditando la política de quien fue Presidente cuando su padre ocupaba la vicepresidencia.

Pero no es así. Es más, Bush ni siquiera llegó al poder con las pretensiones de ser un reaganita, con su propuesta del conservadurismo compasivo. Y si bien las circunstancias históricas le han convertido en un neoconservador, cuando él mismo no lo era, no ha tenido la visión o el interés por convertirse al conservadurismo de Reagan, más que en el aspecto de los impuestos. Porque por lo que al gasto se refiere, la política de George W. Bush es la más expansionista e irresponsable desde Lyndon B. Johnson. Los años fiscales 2002 a 2005 son 4 de los 10 más expansivos de los últimos 40 años. Esta política manirrota no se debe a la “guerra contra el terrorismo”. En lo que lleva firmando cheques desde el despacho oval, ha aumentado el gasto en educación en un 98,6%. En lugar de acabar, como debía haberlo hecho, con las subvenciones a la agricultura, ha aumentado las que ya había y ha creado otras nuevas. El gasto en sanidad, especialmente en el programa Medicare, ha crecido de forma notable, y eso que aún no ha entrado en vigor la socialización del pago de medicinas que ha impulsado. Hasta el momento el gasto federal se ha incrementado en estos cuatro años en un 33%, más que en los 8 años que estuvo Clinton en el poder.

En los años de su predecesor coincidieron el triunfo del “pacto con América” liderado por Newt Grinwich y que moderó el crecimiento del gasto con las reformas en el Estado Providencia promovidas por Clinton y un recorte en la fiscalidad a las ganancias de capital. Esas condiciones de moderación del gasto, leve recorte de impuestos y reforma económica fueron suficientes para mejorar la economía estadounidense y para alcanzar importantes superávit fiscales. Se llegó a decir que en poco más de una década se podría amortizar la deuda pública. Bush no solo ha impulsado las principales partidas del gasto, sino que no ha hecho un solo uso de su potestad de veto para frenar determinadas partidas de gasto. Y lo que es peor, todo ello tiene lugar con una clara mayoría republicana en ambas cámaras; toda una excepción desde que ganara por primera vez Franklin D. Roosevelt. Nada indica que Bush vaya a moderar el crecimiento del gasto público.

La otra pata de su política fiscal está siendo todo un éxito. La bajada de tipos impositivos funciona de nuevo y en lo que llevamos de año los ingresos están creciendo un 15% no a pesar, sino por causa de haber bajado los tipos y en particular de reducir la doble imposición sobre las ganancias de capital. La menor fiscalidad sobre el ahorro y las ganancias de la inversión están permitiendo un rebote de la inversión; de la creación de riqueza. Con la mayor recaudación, los enormes déficit que muchos anunciaban (y casi deseaban) para la economía estadounidense no solo no se producen, sino que las previsiones para el presente ejercicio rondan el 2,5%. Un déficit envidiable para más de un país europeo.

En cierto sentido el gasto es el verdadero impuesto, ya que habrá de ser sufragado con mediante éstos o con deuda pública, que en última instancia también será pagada con impuestos. De modo que Bush está aumentando las necesidades de recaudación, presente o futura, de forma notable. Podrá enfrentarla por el camino de una fiscalidad más moderada y sencilla y más centrada en el consumo, que es el que está tomando. Pero todo ello tiene el peligro de que ese mismo camino hace más grande y poderoso el Estado, con todo el peligro que ello entraña y que siempre ha sabido ver el liberalismo. La combinación entre este crecimiento estatal y la interminable “guerra contra el terrorismo”, en cuyo nombre ya se ha justificado en ese país la nacionalización de la seguridad de los aeropuertos, puede resultar una amenaza más grave de la que quizás hayamos pensado. Habrá que estar vigilantes.