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Soluciones urbanas liberales

El gran divulgador del liberalismo, Michael Gilson de Lemos, suele decir que antes de preguntarnos si una determinada solución liberal podría funcionar debemos enterarnos de si ya se ha aplicado o se está aplicando en algún lugar. Y en el campo de la organización urbana esto es especialmente cierto. Desde el alumbrado público, el alcantarillado y la recogida de basura hasta la policía y la educación, existe un sinfín de casos en los que la sociedad civil se ha organizado para ofrecer de manera ágil y eficiente servicios que suelen reservarse irreflexivamente a las Administraciones Públicas.

Cuando la Revolución Industrial produjo su primera explosión demográfica en el Reino Unido, muchos terratenientes descubrieron que les resultaba provechoso vender sus tierras a quienes querían construirse un hogar. Otros beneficios podían conseguirse construyendo edificios en sus propiedades para después venderlos o alquilarlos. Y aunque no estaban obligados legalmente a ofrecer ningún tipo de servicio público, la enorme competencia entre los terratenientes les empujó a ofrecer, junto con los edificios, otros servicios que hicieran aumentar el valor de sus propiedades. Según ha estudiado Stephen Davies, fue así como aparecieron calles, aceras, cloacas y alumbrado cuya financiación y gestión corría íntegramente a cargo del libre mercado. A medida que este mercado fue desarrollándose, se incorporaron nuevos servicios como la estética, la protección contra incendios e incluso la asistencia sanitaria. Todo esto no sólo producía beneficios a los terratenientes mientras satisfacía las necesidades de los consumidores de todas las clases sino que permitía una enorme flexibilidad en la provisión de estos servicios.

No importa lo frívolo o caro que pueda resultar un determinado servicio, si se respetan los derechos de propiedad sobre los que opera y se deja, por lo demás, libertad para contratar los servicios, el mercado podrá ofrecerlo. Según un estudio de Sugg y Kreuter, en Zimbabwe, por poner un ejemplo rural, se ha conseguido en la última década proteger a los elefantes con el simple reconocimiento del derecho de propiedad sobre ellos. En cambio, se consideran una especie en peligro ahí donde no se reconoce este derecho.

Otro caso curioso es el de las carreteras de peaje en la Norteamérica de hace siglo y medio que ha estudiado Daniel Klein. Incluso soportando pérdidas, las organizaciones privadas construyeron millares de millas de estas carreteras. En parte porque el gobierno no lo hacía y en parte porque eran muy útiles para los otros negocios de sus propietarios. Es decir, tomadas individualmente podían resultar un negocio ruinoso pero su servicio mejoraba sustancialmente el resultado de otros negocios.

Como ha explicado David T. Beito, cuando el gobierno británico obligó a sus ciudadanos, en 1911, a financiar los seguros sociales, nueve millones de súbditos ya estaban disfrutando de los servicios que ofrecían las compañías privadas de seguros asistenciales. La pertenencia a estas llamadas “sociedades amistosas” era estrictamente voluntaria aunque sus miembros se preocupaban muy mucho de expulsar a aquellos cuyo comportamiento era inadecuado. Obrando así se aseguraban de que la ayuda fuese a quien realmente la necesitaba y de esta manera se mantenía la confianza en el sistema. Todo esto creaba unos estrechos lazos entre los miembros que dificultaban la perniciosa dependencia a la asistencia que tanto caracteriza a los programas gubernamentales.

En resumen, no hace falta recurrir a pintorescas teorías sobre la impensable privatización de ciertos servicios públicos, basta con estudiar con detenimiento los resultados que se obtuvieron allí donde se aplicó.

El agua no es el problema

Allá donde miremos siempre hay agua. Los seres vivos son básicamente agua; cualquier ecosistema terrestre incluso el más seco tiene y depende del agua para trasladar energía, nutrientes, sustratos o incluso a los propios seres vivos; la atmósfera contiene ese vapor que termina en forma de nubes y precipitaciones, tan necesarias como temidas; el tiempo climatológico es esclavo del agua. A la Tierra se le llama el Planeta Azul precisamente porque tres cuartas partes de su superficie la ocupan los océanos. Si tanto agua existe en todas partes, ¿por qué la gente pasa sed, los campos se secan y las industrias se paran?

El problema del agua no es su escasez sino la necesidad de que llegue en ciertas condiciones de oportunidad, calidad y cantidad a los que la necesitan; este es el meollo del asunto. La percepción de muchos es que el agua, al ser un elemento común, es un derecho para todos y como tal debe proporcionarse a cualquier humano, incluso bajo criterios de gratuidad. Ajenos a la realidad, estas fuentes de opinión más que de conocimiento ocultan e incluso niegan la otra cara de la moneda, los costes de captación, tratamiento, y transporte del líquido elemento que necesariamente deberán ser repercutidos en el cliente final, sea particular, industria o regante. Además, tampoco explican otros costes añadidos como el que supone el tratamiento del agua contaminada.

Este largo proceso es una actividad económica y como tal puede y debe ir ligada al sistema de libre mercado, donde unos empresarios aprovecharán la oportunidad que se les brinda, creando las infraestructuras adecuadas a través de inversiones y vendiendo su producto final, el agua conducida y lista para su consumo, al cliente que le dará el uso que considere oportuno. Mediante acuerdos, contratos y arbitrajes, supervisados si fuera necesario por organismos no necesariamente estatales, se pueden hacer frente a muchos de los problemas que se podrían plantear, como el respeto de caudales ecológicos, el uso racional de los acuíferos, rápidos de vaciar pero lentos en su llenado, uso racional entre regantes, conflictos entre usuarios y cualquier otro que se pueda surgir.

El precio final será variable ya que cada zona estará condicionada por su latitud, altitud, orografía y climatología, y podrá experimentar variaciones en función de nuevas tecnologías que favorezcan la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo, el sentido común del usuario le permitirá acometer una serie de medidas de ahorro que limiten sus gastos. Es evidente que habrá una serie de personas que podrán acceder al agua de manera casi gratuita y otros, situados en zonas más desérticas, secas o menos desarrolladas, tendrán problemas para abastecerse hasta que el desarrollo, la tecnología y la imaginación unida a la necesidad, palien el problema. Que todo el mundo tenga agua en las mismas condiciones no es nada más que otra utopía que sólo ha traído más mal que bien a los necesitados.

Esta necesidad no ha pasado ajena a los partidarios del Estado frente al libre mercado. Una vez aposentados en el poder, no han dudado en nacionalizar y expropiar los bienes de aquellos que han buscado satisfacer esta necesidad humana por sus propios medios. El Estado no sólo ha incautado los bienes sino que se ha arrogado la política hídrica de forma que estima cuáles van a ser las necesidades futuras, cuáles las industrias y actividades favorecidas y cuáles las perjudicadas y como se va a gestionar todo en los próximos años. No contento con ello, ha intervenido los precios reduciéndolos al consumidor final pero sin explicar que la diferencia entre el precio real y el pagado se restituye bien con los impuestos de todos, seamos derrochadores o no, bien con la existencia de empresas públicas estatales deficitarias cuyas deudas se incrementan año tras año sujetas, por lo general, a ingenierías financieras de difícil comprensión pero de gran oportunidad política.

En definitiva, en el mejor de los casos, no aportan nada que no puedan aportar las empresas privadas que dan servicio y en el peor, se generan una burocracias poco eficientes con infraestructuras antiguas, proliferación de averías, imposibilidad de cambiar de suministrador si el suministro es deplorable, pocas e ineficientes inversiones de mantenimiento y en algún caso, las corruptelas de siempre. Es cierto que ningún sistema es perfecto pero el sistema estatal no nos da ninguna otra opción si no estamos contentos con lo que tenemos.

La sociedad pública de los alquileres onerosos

La próxima Sociedad Pública de Alquiler (SPA) diseñada por el Ministerio de la Vivienda es otro artefacto intervencionista frente a la propiedad privada, que gravará aún más los contratos de alquiler y probablemente generará efectos perversos entre los participantes del arrendamiento inmobiliario.

Observada la función de la SPA, es razonable pensar que una de las tácticas del intervencionismo consiste en incorporar obligatoriamente a intermediarios en el proceso de libre voluntad entre particulares y dificultar en gran medida cualquier ulterior reforma cuando esas medidas administrativas puedan devenir inoperantes.

Todo el proceso de la SPA gira en torno al pacto entre la Administración y las compañías aseguradoras sobre quién es un inquilino idóneo y la contratación imperativa de pólizas que prevean los incumplimientos de éste. A cambio de un 20 % del precio del alquiler previsto –que pagará el propietario por esa protección– el Estado se convertirá en el Gran Casero que vigilará las relaciones entre contratantes e impulsará supuestamente el mercado de alquileres como alternativa a la compraventa de inmuebles.

Sin embargo, esta iniciativa gubernamental no resulta inocua y anuncia futuras arbitrariedades, buscadas o no. Al menos pueden presagiarse tres inminentes.

En primer lugar, van a quedar previsiblemente arrinconados de la SPA numerosos ciudadanos poco fiables para el baremo asegurador: jóvenes en situación laboral inestable y familias con escasos recursos; precisamente los grupos sociales más necesitados del arrendamiento.

En segundo lugar, el arrendador-propietario acrecentará seguramente la renta que desee percibir para solventar con holgura su deuda con la SPA; además la Administración le exige contratar otro seguro que, aparte de los que tenga suscritos con anterioridad, cubre percances marginales (vandalismo, incendios) en lugar de riesgos predecibles (reparaciones por uso continuado).

Y tercer supuesto, el efecto llamada, por decirlo así, de la SPA. Aunque la disposición del Ministerio es por ahora de carácter voluntario, puede preverse un cierre de filas entre comunidades autónomas, agentes de la propiedad inmobiliaria y aseguradoras para lograr la protección del Estado ante ese emergente mercado de favores mutuos y la red clientelar que lleva consigo. Estos nuevos protagonistas captarán a través de múltiples recursos la voluntad de propietarios indecisos en la forma de arrendar su vivienda y el circuito de oportunidades para alquilar al estilo SPA quedará afianzado.

El proyecto gubernamental desconfía de una más clara solución que consistiría en que los particulares ventilasen sus diferencias en los tribunales; de ahí sus filibusterismos y contradicciones respecto de los juicios rápidos para el desahucio. Si el desahucio avanzase, desde luego la SPA sería superflua. Pero no. Antes se prefiere poner en marcha otra burocracia más que invita a actores hasta ahora ajenos a participar en el cobro de un canon por la tramitación de estos asuntos y así consolidar intereses divergentes a la solución civil de carácter privado.

El origen de la riqueza

Tras los atentados terroristas del 7 de julio en Londres se han producido todo tipo de reacciones: de dolor; de asombro; de verdadera solidaridad; y hasta de infame justificación. Una de las reacciones más sorprendentes ha sido la del análisis realizado por CNN+ sobre las consecuencias económicas de los ataques terroristas. No habían pasado aún 24 horas de las mortales explosiones cuando la cadena comenzó su particular campaña explicativa. Según repetían, los expertos consultados por la televisión de Polanco aseguraban que las consecuencias económicas de los atentados de Londres son iguales a las que cabe esperar de una catástrofe natural.

Tanto si la afirmación ha sido verdaderamente realizada por expertos como si no, se trata de una falacia monumental; si bien no evidente. La similitud más importante entre un acto de terrorismo y la ocurrencia de un desastre natural es la destrucción que tiene lugar en uno y otro evento dañoso. Es decir, se parecen desde un punto de vista físico. Sin embargo, si abandonamos el reino de los fenómenos naturales, las semejanzas se tornan rápidamente en diferencias abismales.

En primer lugar, mientras que el atentado terrorista es realizado por seres humanos y por lo tanto tiene una finalidad, el desastre natural responde a leyes naturales que se encuentran fuera del campo de la teleología. Este hecho, carente de importancia para estos “expertos”, separa dos universos: el de unos acaecimientos (en este caso atroces) que estudian (y en este caso rechazan y condenan) la ética y la justicia, de otro compuesto por sucesos puramente físicos que quedan fuera del bien y del mal.

Como puede imaginar cualquier persona con un mínimo de sentido común, una diferencia como esta no puede carecer de consecuencias económicas. Los desastres naturales están fuera del campo de las decisiones y acciones humanas. Responden a leyes de la naturaleza que desde el punto de vista del ser humano son regulares y que a menudo no conocemos con precisión. Estas circunstancias hacen que los eventos dañosos del mundo físico, como devastadores efectos de los terremotos o los defectos de fabricación de un producto industrial, puedan ser considerados como miembros de una misma clase de eventos y, en consecuencia, puedan ser asegurados. Por el contrario, las acciones humanas, ya sean buenas o malas, justas o injustas, no son asegurables. Los ataques contra la vida o la propiedad de las personas, por centrarme en nuestro ejemplo, no pertenecen a ninguna clase de eventos. Su ocurrencia no está determinada regularmente por ningún otro hecho anterior o simultáneo. Responden simplemente a decisiones humanas. Cada caso es tan único como los seres humanos que los ocasionaron y las circunstancias en las que se desarrollaron. De hecho, constituyen eventos autodestructivos en el sentido que una vez ocurren generan una experiencia que impide su repetición idéntica. Estas características son las que imposibilitan que los daños causados por acciones humanas intencionadas sean asegurables.

Por lo tanto, las catástrofes naturales llevan asociado un tipo de incertidumbre –al que llamamos riesgo– frente al cual uno puede estar totalmente protegido. En cambio, las acciones humanas conllevan una incertidumbre inerradicable que es cualitativamente distinta de la anterior y frente a la que no podemos asegurarnos. Esta realidad hace que las acciones terroristas –que en el caso de la yihad islámica pretende destruir la propia sociedad occidental– comporten una dantesca e irreductible incertidumbre cuyas consecuencias económicas no pueden ser más distintas de las de los desastres naturales. Como de costumbre la realidad tiene su forma y el imperio PRISA la retuerce. Está pasando, lo estás viendo.

Por un mercado libre de ideas

Como el aborto, la inmigración o los derechos de los niños, la propiedad intelectual es uno de los temas que más divide a los liberales. Algunos de sus valedores consideran, desde postulados iusnaturalistas, que las patentes y los copyrights son justos títulos de propiedad sobre inventos y creaciones, acordes con el principio lockeano según el cual los individuos tienen derecho a aquello que es fruto de su labor. Otros defensores de la propiedad intelectual, desde postulados utilitaristas, arguyen que es necesaria para fomentar el progreso, pues en ausencia de estos monopolios legales no habría incentivos para innovar. En contraposición, hay liberales que juzgan éticamente injustificadas las patentes y los copyrights, por considerar que están en contradicción con el derecho de propiedad tradicional y que como bienes no escasos las ideas no pueden ser objeto de apropiación. Al mismo tiempo cuestionan que sin propiedad intelectual el progreso se resintiera.

Supongamos que invento una nueva máquina para recolectar manzanas. La patente no me confiere un título de propiedad sobre este bien tangible en particular, sobre esta máquina en concreto, sino sobre la idea de la máquina, que puede plasmarse físicamente en la propiedad ajena. La patente impide que otro individuo pueda reproducir la misma máquina (la ha visto, imaginemos, y ha entendido cómo funciona y de qué se compone) con sus materiales, en su taller, sirviéndose de sus manos y sus herramientas, luego supone un derecho de control parcial mío sobre su propiedad: él no puede darle siempre y en todo momento el uso que estime oportuno, pues yo retengo un derecho sobre su propiedad tangible en lo tocante a la plasmación de esa idea. En el caso de una pieza musical, por ejemplo, el copyright dota al autor de la potestad para impedir que un individuo que ha memorizado su composición la toque con sus instrumentos en el local de su propiedad, con lo cual es aquí el artista y no el poseedor natural el que decide sobre dicha propiedad.

Por otro lado, las ideas no son un bien escaso en el sentido económico, no son de uso excluyente: si yo canto una canción ésta no se gasta, otro puede cantarla también (por el contrario, si yo me como un pastel nadie puede comer el mismo pastel; éste sería un ejemplo de bien escaso). La propiedad emana de la escasez: del hecho de que pueda haber conflictos sobre los usos alternativos de un bien surge la necesidad de unas normas éticas conformes con la naturaleza humana. Como las ideas no son bienes escasos carece de sentido aplicarles un derecho de propiedad.

Para determinar si la propiedad intelectual fomenta en realidad la innovación y el progreso habría que sopesar “beneficios” y “costes”, aquello que presumiblemente se produce debido a las patentes y a los copyrights y aquello que se supone que se deja de ganar. Hay gastos superfluos asociados a la propiedad intelectual (protección e inventos alrededor de la patente), hay incentivos para redirigir recursos de las áreas no patentables a las patentables, los monopolios legales pueden desincentivar la creación durante el lapso en el que se retiene el monopolio e impiden actuar a la competencia.

Parafraseando a Carlos Rodríguez Braun, quizás la propiedad intelectual sea impropia de una sociedad no intervenida. Un mercado libre de ideas, y no el monopolio de las mismas, es lo que demandan los principios liberales.

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La pobreza no causa terrorismo

Cometen todos ellos, sin embargo, un error fundamental al afrontar el problema. Instalados en una sociedad inmensamente rica gracias al progreso capitalista, los occidentales contemplamos la pobreza como un fenómeno "extraño". La pobreza, se suela pensar, no es propia del siglo XXI, no es propia del hombre.

Con todo, pocas cosas hay más humanas que la pobreza. El hombre nace solo y muere solo, dice el refranero popular. Si bien no deja de ser cierto, más apropiado sería señalar que el hombre nace sin nada: todas las comodidades de las que disfrutará a lo largo de su vida habrán sido directamente producidas por los hombres.

Lo realmente extraordinario e inusual no es la pobreza, sino la riqueza. Richard Cantillon tituló uno de sus libros Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, y Adam Smith Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones; ambos economistas se preguntaban de dónde procedía el extraño fenómeno del comercio y de la riqueza entre las naciones. Buscaban sus causas, su naturaleza.

Gracias al capitalismo, en Occidente la riqueza se ha impuesto como norma, y la pobreza como marginal excepción. Los europeos se extrañan de que alguno de sus compatriotas no tenga agua corriente, lavadora, cuarto de baño, línea telefónica, televisión y, en muchos casos, un automóvil. Son elementos tan corrientes aquí como preciados y extraños en los países pobres.

Todo ello ha provocado que hoy en día contemplemos la riqueza como algo natural al hombre. En Europa los niños vienen a un mundo rico, donde no morirán de hambre y gozarán a lo largo de su vida de las mayores comodidades.

Si bien es cierto que la pobreza es el estado natural del hombre, no lo es menos que la reducción de la pobreza es, igualmente, el proceso consustancial del hombre empresarial, del capitalismo. Cuando al ser humano se le permite emplear la razón para buscar su bienestar personal sin esclavizar o robar a sus congéneres (esto es, cuando se forman las instituciones capitalistas), con su propia perspicacia consigue aumentar de manera progresiva su riqueza y su felicidad.

Los economistas del siglo XVIII se preguntaron cuáles eran las causas de que el hombre abandonara su natural estado de pobreza; los economistas liberales del siglo XX se han preguntado, a su vez, cuál era la causa de que el mismo capitalismo que salvó América y Europa no hiciera lo propio con el resto del mundo. Ciertamente, había unas causas (propiedad privada) que permitían al hombre prosperar, pero al mismo tiempo había otras (intervencionismo estatal) que contrarrestaban a las primeras. Quien probablemente sea el mejor economista del siglo XX, Ludwig von Mises, lo resumió así: "El Gobierno no puede enriquecer al hombre, pero sí puede empobrecerlo".

Por tanto, las preguntas deben plantearse en el siguiente orden: ¿cómo se enriquece el ser humano?, ¿qué mecanismos detienen ese proceso creador y dinámico? Una vez hecho esto podremos estudiar y comprender con más detenimiento por qué las propuestas de la banda del 8 (Live 8 y G-8) son absolutamente inútiles y contrarias al crecimiento económico.

¿Qué es la riqueza?

La característica esencial del ser humano es su acción. El hombre actúa para perseguir unos fines a través de unos medios. Al satisfacer sus fines logra bienestar y satisfacción, pero para ello tiene que trabajar previamente en la búsqueda y creación de los medios adecuados.

Así, definiremos la riqueza como la creciente disponibilidad de medios para la satisfacción de los fines. De esta definición en apariencia tan simple debemos destacar tres conclusiones.

Primero, no hay riqueza sin propiedad privada. Los fines son por naturaleza individuales, son concebidos y proyectados por una mente individual. La mente social no existe. Los políticos, por ejemplo, aseguran que sus planes satisfacen el bienestar general, pero siguen siendo sus planes, concebidos y creados por sus propias mentes. Si los fines son individuales, la existencia y naturaleza de los medios estará en función de esos fines, y en consecuencia deberán poder ser controlados y dirigidos hacia sus propios fines por el individuo.

Si yo quiero comerme una manzana pero no dispongo de ella, sino que es propiedad de mi vecino, no soy rico. De la misma manera, si no hay propiedad privada reconocida nadie me garantiza el acceso a una manzana; deberé luchar con mi vecino, y sólo al "apropiármela" (al convertirla en mi propiedad) podré decir que soy rico y satisfacer mi fin, "comer una manzana".

Segundo, una sociedad puede ser rica aun cuando en apariencia no disponga de muchos bienes materiales. Los amish norteamericanos no disponen, voluntariamente, de ninguno de los grandes adelantos del siglo XX. No carecen de riqueza, dado que tienen suficientes medios para satisfacer sus fines. En cambio, los países comunistas decían disponer de los mayores adelantos pero eran tremendamente pobres, ya que los fines de sus habitantes no podían satisfacerse, al no existir la propiedad privada.

Tercero, un país no es rico en función de los elementos materiales de que disponga, sino del uso que los individuos puedan hacer de ellos. África no es rica por disponer de oro, diamantes, petróleos y demás recursos naturales; los africanos, hoy por hoy, son incapaces de utilizarlos, y no les son en absoluto útiles. Sería como señalar que una empresa es rica porque posee todo el níquel del núcleo de la tierra, aun cuando no le resulta alcanzable.

Así pues, para contestar a nuestra primera cuestión tendremos que preguntarnos cuáles son las causas de las crecientes disponibilidades de medios, es decir, cuáles son las causas de la riqueza.

Propiedad privada, empresarialidad y bienes de capital

Hemos dicho que convenía distinguir entre "riqueza natural" y "riqueza humana". Aquélla sólo se convierte en ésta cuando el hombre domina y se apropia de la riqueza natural. Lo importante, por tanto, es que el ser humano domine su entorno a través de su trabajo, esto es, que incorpore "la riqueza natural" a sus planes. Sin embargo, si cada individuo pretendiera abarcar la totalidad de sus fines lo tendría bastante complicado. No sólo debería ejercer de agricultor, también de sastre, alfarero, transportista, mecánico, electricista, informático o arquitecto. Dado que las habilidades del hombre, y sobre todo su tiempo, no le permiten dedicarse a todas esas labores, el ser humano empezó a relacionarse con sus semejantes. Surgió así la sociedad, y la división social del trabajo y del conocimiento.

Cada ser humano pasaría a especializarse en una tarea, de manera que intercambiaría con el resto los bienes en que, a su vez, se hubieran especializado. Sin embargo, este sistema tenía un pequeño problema (que, en realidad, es su gran virtud): cada individuo debía ser suficientemente perspicaz como para conocer las necesidades de los otros individuos. Si cometía un error (por ejemplo, fabricar máquinas de escribir en la era de los ordenadores) no tendría nada que intercambiar con el resto, de manera que se quedaría sin nada.

Por ello, resulta lógico que algunos individuos prefieran asegurarse durante un tiempo una fuente estable de ingresos, evitando esta arriesgada actividad. Así, algunos individuos (trabajadores por cuenta ajena) deciden trabajar para otros (capitalistas) a cambio de una renta estable (salario) que no proviene de la venta de los productos, sino de sus patrimonios personales. Sin embargo, no por ello los trabajadores dejan de actuar empresarialmente: buscarán los salarios más elevados y se especializarán en las ocupaciones que crean que tienen un mayor futuro.

En otras palabras, cada individuo, antes de satisfacer sus propios fines, tenía que pensar e ingeniárselas para conocer y satisfacer las necesidades ajenas. Los vínculos sociales se refuerzan y los individuos se vuelven interdependientes.

Pero la especialización individual todavía no es capaz de explicar plenamente las causas de la riqueza. Por mucho que se especialice un individuo, su capacidad para satisfacer las necesidades ajenas tiene un límite temporal. Cada individuo, con sus propias manos, no puede ampliar continuamente la producción: necesita de herramientas (bienes de capital) con las que trabajar más eficientemente.

Los bienes de capital, pues, permiten ampliar la riqueza a través de varios mecanismos. Primero, los seres humanos devienen más productivos (más medios); segundo, pueden alcanzar "riquezas naturales" que previamente no podían usar (por ejemplo, el "oro negro" es inútil sin refinerías de petróleo); tercero, dado que los bienes de capital se utilizan como medios para obtener otros medios, podemos considerarlos a sí mismos como riqueza (si bien una riqueza más alejada del fin del individuo).

Aparentemente, los bienes de capital vendrían a ser la piedra filosofal que tanto buscaban los alquimistas. Sin embargo, su producción tiene un inconveniente: mientras se produce un bien de capital no se está produciendo un bien de consumo, por tanto los fines de muchas personas tienen que retrasarse. Si un panadero decide dedicar sus trabajadores a ampliar la capacidad y la potencia de sus hornos durante varios meses, los consumidores se quedarán sin pan. Sólo habrá dos maneras de evitar esta desagradable situación: que el panadero haya acumulado stocks de pan para varios meses o que contrate más trabajadores.

No obstante, aunque recurra a la segunda opción, fijémonos que los consumidores se quedarán sin los bienes de consumo que esos trabajadores hubieran podido producir. De este modo, la única manera de producir bienes de capital es el ahorro de los consumidores. Son ellos los que han de estar dispuestos a retrasar su consumo durante un tiempo para que éste sea mayor en el futuro.

Conviene tener presente en este punto que la investigación tecnológica (el famoso I+D) no es más que una inversión en capital, equivalente a que el panadero contrate a dos ingenieros para que diseñen un horno de mayor capacidad.

El camino hacia la riqueza, por tanto, es el siguiente: división del trabajo, intercambios voluntarios y acumulación de capital. Si extendemos esto a nivel internacional obtenemos la libre circulación de personas, mercancías y capitales, esto es, la famosa globalización.

Si hay un país extraordinariamente pobre, los empresarios y capitalistas de los países ricos trasladarán allí sus líneas productivas (libre movimiento de capitales), conocedores de que podrán producir barato para vender caro en Occidente (libre movimiento de mercancías). O bien, como alternativa, los trabajadores de los países pobres se trasladarán allí donde los salarios sean altos (libre circulación de personas), aumentando la producción y, por tanto, la riqueza.

La capacidad de un país pobre para salir de la pobreza sin inversión extranjera a corto plazo es muy reducida. Europa tardó siglos en que su ahorro cristalizara en una revolución industrial (esto es, en una masiva inversión en capital). El camino más rápido para acabar con la pobreza es recurrir a la inversión exterior, al ahorro occidental (como, por ejemplo, hizo España durante los años 60), atraída por sus bajos salarios.

La inversión extranjera siempre mejora la situación de los países pobres, los enriquecerá. Los supuestos salarios de miseria tienen que ser, forzosamente, superiores a los que percibían antes de que el empresario apareciera en el país (si no, nadie querría trabajar para él). Y así, cuando se multiplica la inversión extranjera en un país pobre los salarios empiezan a aumentar a un gran ritmo, ya que en caso contrario los empresarios entrantes no conseguirían contratar a ningún trabajador nuevo y los empresarios residentes no conseguirían retenerlos.

Éstas son las causas de la riqueza, la carrera hacia lo más alto de nuestro bienestar. El capitalismo y su expansión globalizadora reducen de manera expansiva la pobreza. Los europeos siguieron este camino, los estadounidenses siguieron este camino, los asiáticos están siguiendo este camino. Las hambrunas han desaparecido en estas zonas del mundo, y el bienestar se multiplica década a década.

Sin embargo, África sigue siendo pobre. Las causas de la riqueza parece que no operan allí. ¿Por qué? La respuesta está estrechamente relacionada con los mecanismos que contrarrestan la creación de riqueza. Cabe, pues, estudiar cómo la carrera hacia la cima puede convertirse en la caída hacia el infierno. Pero esto lo haremos la semana que viene.

Internet y Justicia

Es una idea comúnmente aceptada entre los izquierdistas que el terrorismo es un subproducto de la pobreza. En un canal de televisión de Cataluña una presentadora, y sus invitados, estaban convencidos que el terrorismo se debe a la pobreza. En la misma línea ha sido un artículo de ZP en el diario Financial Times señalando que la causa del terrorismo es consecuencia de las “enormes desigualdades”. Como siempre, los ungidos de la izquierda se equivocan.

Muchas evidencias nos dicen que los terroristas, por ejemplo, no tienen un nivel bajo de cultura. Según Nasra Hassan, actual directora del servicio de información de Viena de Naciones Unidas, que realizó varias entrevistas a 250 militantes en campos de entrenamiento palestino durante los años 1996 a 1999, todos ellos tenían algún tipo de estudio, la mayoría eran de clase media, vivían de un salario y dos de ellos eran hijos de millonarios.

Otro estudio de Alan Krueger de la Princeton University, y Jitka Malečková de la Charles University llegaron a conclusiones empíricas que muestran como el terrorismo no viene dado por la pobreza: “los hombre bomba palestinos provienen de familias económicamente aventajadas y tienen un nivel educativo relativamente alto”. Y por otra parte, “los activistas judíos que actuaron a finales de los años 70 y principios de los 80 tenían una muy buena educación y ocupaciones muy bien remuneradas”.

Es más, dirigentes como Ayman Al-Zawahiri, Osama Bin Laden, Abu Musab Al-Zarqawi, etc. no son en absoluto iletrados. Tienen carreras universitarias, grandes fortunas e incluso hablan, como mínimo, dos idiomas.

Si el terrorismo fuese la causa de la pobreza países como Malí, Mongolia, Haití, etc. tendrían los grupos terroristas más activos y violentos del mundo. Y si la pobreza es la causa del terrorismo tampoco se entiende por qué España, al que se considera un país rico, ¡tiene un grupo terrorista en activo e internacionalmente conocido en una de sus regiones más prósperas!

¿Y por qué la izquierda y el estado insisten en culpar a la pobreza del terrorismo?

La izquierda tiene un lema que nunca falla: “nadie es responsable de sus propios actos”. Esta visión masoquista, de “yo” soy el culpable de todas las desgracias que ocurren en el mundo, les llevan a posiciones absurdas e inconsistentes con cualquier test racional. Si alguien es pobre no es debido a su falta de sacrificio, esfuerzo, o a las ansias de mejorar su futuro personal; sino de la sociedad. Y la sociedad somos todos, es decir, la culpa es de usted. Si algún desequilibrado se divierte matando a niños la culpa no es del asesino, ¡el es un enfermo! La culpa es de la sociedad que lo ha hecho así, a saber, el culpable es usted otra vez. Y evidentemente, si un grupo de fanáticos se dedica a exterminar a cuantos más cristianos mejor, la culpa no es de los fanáticos, sino de usted también. Se lo mire por donde se lo mire, usted, hombre medio blanco judeo–cristiano es el culpable de todas las desgracias del mundo.

Esta visión es la que impulsan los estados para así poder tomar más control sobre el individuo y sociedad continuando con sus políticas de coerción: más presión fiscal, aumento del estado policial, prohibición de libros según la arbitrariedad del legislador, de periódicos, de partidos políticos, encarcelamiento de personas que no se ajusten a los gustos del estado pese no haber cometido ningún acto criminal. Y todo para financiar la corrupción política, costes de transacción estatales y la ineficiente burocracia.

Pobreza y terrorismo no se deducen la una de la otra. Si queremos eliminar la pobreza eliminemos las barreras al libre comercio, aranceles y empecemos a desmontar por completo el estado del bienestar. Y si queremos acabar con el terrorismo llevemos más allá la liberalización y acabemos con la intromisión internacional de los estados.

Un mar de ignominias

Recientemente han tenido lugar algunas decisiones policiales y judiciales que marcan bien el camino que se ha de seguir a la hora de juzgar hechos relacionados con Internet. La más sonada ha sido la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos de admitir que Grokster puede ser demandable por los grandes estudios y discográficas. Aunque mantiene viva la jurisprudencia del caso Sony, en que aseguró que esta empresa no era responsable de que la gente empleara sus vídeos para piratear, pues el vídeo tenía usos legales como el de grabar un programa para verlo al día siguiente. En principio, las redes P2P pueden seguir funcionando sin problemas legales, siempre y cuando no promocionen activamente los usos ilegales de su invento. Grokster lo hizo en su día y por eso se la puede demandar. Otras redes P2P, en cambio, no lo hacen y, como Sony en su día, no se les puede poner pleito. Al menos, según esta sentencia. Esperemos que las próximas no vayan en contra de ese precedente.

Un caso bastante más anecdótico ha sido la detención en Florida de un hombre de 41 años que se conectaba a través de la línea WiFi del vecino. Ha sido acusado de conexión no autorizada a una red de computadoras, un cargo que, sin duda, no se estila por aquí. En todo caso, parece una decisión lógica. Conectarse a través de un vecino, aunque deje su red WiFi sin protección por contraseña, ha de ser igual de ilegal que entrar en la casa de alguien, aunque la puerta esté abierta. Otra cosa es que, en muchos casos, pueda arreglarse con una amabilísima reconvención personal, antes que con una denuncia a la policía. Claro que no sabemos si esa conversación se produjo o no en este caso.

Ambos son buenos ejemplos de cómo se debe trasladar la ley del mundo real al mundo virtual de las redes. Utilizar el sentido común para buscar algo del primero que se parezca a aquello del segundo que queremos juzgar y así guiarnos. Algo que no han hecho, por ejemplo, en Argentina, al condenar a Jujuy.com a pagar 18.000 dólares porque alguien dejó en su libro de visitas un mensaje anónimo con injurias y el propietario del sitio web no lo retiró hasta que no se enteró de su existencia a través, precisamente, de la denuncia.

Otro mal ejemplo, mucho más cercano, lo tenemos en la condena a la Asociación de Internautas por alojar la web de una plataforma anti-SGAE que, al parecer, empleaba un lenguaje un poco grueso. El barullo que debe aposentarse en la cabeza del juez puede vislumbrarse por su esforzada gramática:

En cualquiera de los casos habría de responder de los contenidos antes dichos pues si se presta el servicio a la Plataforma es responsable también de los contenidos de esta pues por el simple hecho de ser el prestador del servicio que presta el dominio o subdominio, como bien subrayó el Ministerio Fiscal adquiriría responsabilidad sino por dolo si por negligencia al permitir utilizar en su dominio manifestaciones injuriosas pues si bien el representante legal de la Asociación ha declarado que el no ejerce control sobre los contenidos, lo cierto es que el que presta un servicio ha de controlar lo que se publica en sus páginas pues si presta su dominio para que se publiquen unos contenidos también puede y debe impedir que se publiquen si son ilícitos, al menos civilmente como ocurre en el presente caso.

Si no han conseguido entenderlo no se preocupen. Lo raro sería lo contrario. Siento manchar estas páginas con semejante sintaxis, pero creo que es iluminador ver como escribe un juez que tiene las santas narices de asegurar que quien alquila una casa es responsable de los delitos que sus inquilinos puedan cometer en ella. Por supuesto, las consecuencias de aplicar esta curiosa teoría jurídica incluirían el que los foros y las bitácoras dejaran de admitir aportaciones de los usuarios, de ningún tipo. Del mismo modo en que los propietarios dejarían de alquilar si les hiciesen responsables de las actividades de sus inquilinos. Lo que es una pena es que los dos buenos ejemplos los tenga que sacar de Estados Unidos y los malos sean países de nuestra órbita cultural, el nuestro incluido. Parece que algo falla en nuestra justicia.

El despilfarro eurokeynesiano

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se configuró como uno de los principales puntos de apoyo de la unión económica y monetaria. Junto con el Euro, los gobiernos europeos aceptaron autolimitar su capacidad expoliadora de las generaciones futuras. Así, en época de prosperidad se veían constreñidos a mantener el equilibrio presupuestario -o incluso conseguir un superávit- y en época de depresión se les permitía recurrir a un déficit de hasta el 3%.

Hace pocos meses, los países que, en un principio, fueron sus principales proponentes, Francia y Alemania, provocaron su entierro; del Pacto inicial no queda más que una grotesca y vergonzante imagen para mofa y befa de los que alguna vez creyeron en él. Sin entrar en demasiados detalles, baste mencionar la ampliación de plazos para comenzar el Procedimiento por Déficit Excesivo, la exclusión de algunas partidas en el cómputo del déficit (como I+D o los gastos comunitarios) o la posibilidad de sustraerse del cumplimiento del Pacto en caso de crecimiento cero (antes se pedía una caída del PIB del 2%).

De todas formas, siendo sinceros, el pacto no dejó de ser nunca una pantomima inaplicada. Francia y Alemania incurrieron e incurren en prolongados y profundos déficits sin que se les haya aplicado nunca las sanciones previstas. Otros países como Italia, Portugal o Grecia manipularon sus finanzas públicas para “aparentar” una austeridad que jamás existió.

Más de un estatalista convencido debería reflexionar acerca del por qué de semejante fracaso. En realidad hay dos razones que, por desgracia, nadie está teniendo en cuenta. La primera es que el Pacto es una cristalización del keynesianismo más rancio en estado puro: conseguir superávit en épocas de prosperidad e incurrir en déficit durante las épocas de crisis. La filosofía que subyace detrás de esta prescripción es la bondad de un gasto público que, milagrosamente, es capaz incluso de solventar una crisis económica. Siendo así, ¿qué sentido tenía limitar el déficit a épocas de depresión? ¿Por qué esperar? ¿No será conveniente recurrir a él también en épocas de auge o estancamiento?

Con este marco teórico, con semejante incapacidad para comprender el ciclo económico, no resulta de extrañar el exabrupto en que finalmente ha degenerado el pacto. Para buscar un ejemplo visual; sugerir que el gobierno debe hacer uso del déficit presupuestario durante una recesión resulta equivalente a pedir que se le estiren los pies a alguien que está siendo ahorcado. Si algo necesitan los empresarios para abandonar la crisis es ahorro con el que completar sus proyectos empresariales; el déficit público sustrae ese ahorro privado y lo dilapida en absurdos proyectos públicos con la vana esperanza de estimular la economía.

Pero la segunda razón que ha dado al traste con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es, si cabe, de mayor calado. Pocas piruetas intelectuales son tan ingenuas y peligrosas como las de suponer que la política sirve para limitar el poder represivo del Estado. Lo único que podemos esperar de la política es, como en este caso, una refinada propaganda acerca de su exquisito respeto a la libertad, que oculte, en realidad, sus más ignominiosos atropellos.

El fiasco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es sólo una ilustración más de por qué no debemos colocar al zorro a cuidar de las gallinas. No sólo eso, es un ejemplo de por qué las gallinas no deberían estar dispuestas a que las cuidara el zorro.

Agua para el golf

La decisión de transvasar 82 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura ha provocado las protestas y la indignación de los habitantes y regantes de una y otra zona. No podía ser de otro modo. Cuando es el Estado quien controla un bien escaso, todas las decisiones que tome para su reparto serán injustas y arbitrarias. La metedura de pata de la ministra Narbona asegurando que la decisión se ha basado, entre otras cosas, en las noticias de que en al menos un caso se ha regado en Murcia con aguas fecales, viene a demostrar la poca base con la que se decide el reparto.

La propiedad privada es una institución necesaria precisamente cuando hay escasez, porque permite ir destinando el bien escaso a sus usos más demandados. Los bienes que no son escasos, como el aire, no son propiedad privada porque no es necesario. El progreso puede entenderse como la creciente apropiación privada de los recursos antes libres, porque el ingenio humano es cada vez más capaz de aprovecharlos y, por tanto, de hacerlos necesarios y escasos. Del mismo modo que el petróleo no era un bien escaso hace dos siglos, muchas hectáreas de terreno tampoco lo eran hace décadas, por la falta de fertilizantes químicos que pudieran aprovecharlas.

La irracionalidad y demagogia que dirige la gestión pública del agua se demuestra en los usos a los que se destina. España es un país seco que, sin embargo, dispone de 4 millones de hectáreas de regadío, cada una de las cuales requieren de media entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de agua. Cada hectárea de regadío puede suponer, como mucho, unos 3.000 euros anuales, frente a los 200.000 de la hectárea de un campo de golf. Sin embargo, la ley coloca a los campos de golf al final de la lista de destinos para el agua.

Cuando la gestión pública y la ley producen efectos tan irracionales como que el agua se destine obligatoriamente a un uso cuya rentabilidad es un 1’5% de la rentabilidad de otro uso, el resultado es inevitable y se llama mercado negro. Hay innumerables denuncias del desvío ­–muy bien pagado– del agua de usos agrícolas para regar campos de golf y jardines. Y es que su explotación resulta mucho más rentable y permite incrementar más la riqueza y el empleo. Especialmente si tenemos en cuenta que ese 1’5% se debe, en parte, a las subvenciones de la PAC.

Si Blair tiene éxito en su ofensiva para eliminar los subsidios agrícolas, el problema del agua en España se solucionará en gran medida. Muchos cultivos que son grandes consumidores de agua se mantienen sólo por la rentabilidad que ofrece la caza de dinero de Bruselas. Si, además, el ministerio deja de subvencionar el agua para uso agrícola al nivel que lo está haciendo, permitirá que ésta empiece a fluir de los usos menos demandados a los más demandados. El agua es un recurso escaso en España, por lo que debe acudir preferentemente allí donde es más rentable. No hay razón para que otros países más afortunados no nos exporten agua en forma de lechuga y tomate, mientras nosotros aprovechamos nuestra mayor capacidad para atraer visitantes. Ducharse no es derrochar el agua. Lo es seguir subvencionando una agricultura ruinosa por tantas vías distintas.