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Tercermundismo, excrecencia del marxismo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La fascinación que la desgracia de los países pobres ha provocado siempre a los intelectuales de izquierda nace de la visión marxista de que la miseria del tercer mundo es consecuencia directa de la opulencia de occidente. Para estos autoungidos campeones de la justicia social, las sociedades occidentales explotan salvajemente a los países más desfavorecidos, de igual forma que el ama de casa, la clase trabajadora o los homosexuales son oprimidos por el sistema capitalista en los países industrializados. Desde esta perspectiva, los movimientos “libertadores” no serían más que el trasunto de la lucha de clases extendida a escala planetaria: cada vez que una guerrilla comunista mata a un campesino traidor los obreros alemanes son más libres. De igual forma, cada vez que los transexuales madrileños se manifiestan por sus derechos, los pastores nómadas de Burkina Faso se liberan un poco más.

La escatología comunista nutre incesantemente de agravios el acta formal de acusación contra la civilización occidental, culpable de esquilmar en primer lugar los recursos naturales del mundo pobre a través del colonialismo y más tarde de acabar con sus posibilidades de desarrollo a través del imperialismo de las multinacionales. Esta tosquedad analítica, por otra parte consustancial a la esterilidad intelectual de la izquierda, ha sido sin embargo suficiente para que en la agenda política mundial se conjuguen con total desparpajo esta serie de mantras, de forma que hoy en día hasta en las capas más conservadoras e ilustradas se admiten como verdades inmutables.

La clave del éxito de esta operación de agit-prop del marxismo y sus sociedades interpuestas (ecologistas radicales, ONG’s subvencionadas, pacifistas a la violeta, etc.) es haber grabado en la conciencia de occidente la culpa inexorable por todas las atrocidades cometidas en nombre del progreso desde la colonización de otros continentes, cuyo peso debe pender de cada uno de nosotros como un gravísimo pecado que es necesario expiar.

Unido a este complejo de culpa, extendido con la tradicional eficacia marxista, se ha esparcido, también con éxito, una devoción especial por toda expresión cultural tercermundista. Esta fascinación por el pintoresquismo indígena,  cuya labor de promoción ha correspondido tradicionalmente casi en exclusiva al movimiento New Age, parte de la base de que las sociedades primitivas atesoran una sabiduría incomparablemente mayor que las pervertidas sociedades occidentales, de cuya decadencia es responsable directo el sistema capitalista. Porque para los cultivadores de los cánones intelectuales del momento, y en mayor o menor medida todos somos newagers, el genio humano no se manifiesta en los hallazgos técnicos que han mejorado la existencia de la humanidad de forma exponencial en el decurso de tan sólo doscientos años (gracias al capitalismo), sino en preservar las relaciones del ser humano con la madre naturaleza (Gaia) en toda su pureza como hacen los aborígenes y los campesinos de las sociedades primitivas. El desarrollo teórico es seductor, pero su base doctrinal no puede ser más ramplona: la modernidad es mala, luego el primitivismo es bueno.

Esta pasión sobrevenida de la izquierda occidental por la causa del tercer mundo ,se ha agudizado especialmente tras la caída del Muro de Berlín, pues a la revolución marxista le quedan cada vez menos adeptos en casa. Por otra parte, el uso instrumental que la izquierda hace de la pobreza del tercer mundo (una forma especialmente abyecta de desprecio) es fácilmente comprobable. Basta constatar el olvido en el que se sumen las causas de las sociedades más míseras, tan pronto empiezan a actuar de forma contraria a lo que dicta el ideal tercermundista. Los tigres y dragones asiáticos alcanzaron el éxito contraviniendo la receta sagrada del marxismo mundialista (subvenciones, socialismo, violencia contra la propiedad y supresión de libertades cívicas) y apostando por seguir los pasos que los países occidentales iniciaron con éxito hace dos siglos. Hoy disfrutan de unos niveles de bienestar homologable a nosotros. La izquierda aún no se lo ha perdonado.

Cuando exportar es regalar

Escrito por Noah Clarke en . Publicado en Análisis diario.

Parece que en el ámbito económico nada es tan popular como las exportaciones. La gente las interpreta en clave futbolística: si exportamos nuestros bienes y servicios a otros países, metemos un gol. Al contrario, si importamos, el gol nos lo meten a nosotros. Los periodistas tratan nuestra cuenta corriente como si fuera el marcador nacional. No hay nada que les disguste tanto como informar de que España tiene un déficit en la cuenta corriente. Ponen cara seria e intentan por todos los medios asustar al espectador. Sin embargo, la cuenta corriente es simplemente un intento por parte del gobierno de contabilizar las transacciones transfronterizas. Las exportaciones pagan las importaciones y viceversa, por eso tienen que sumar a cero. No puede existir ni déficit ni superávit: el empate permanente beneficia a todos.

Si yo fuera un país, trabajar sería como exportar mis servicios a la empresa que me paga un salario que uso para importar bienes y servicios: comida, entradas de cine, zapatos nuevos, etc… A fin de mes, si me queda algo de mi salario, mi propia cuenta corriente mostraría un superávit: habría exportando más que importado de otras personas (o países). Pero, si he tenido que importar más de lo que podía pagar ese mes, podría recurrir a otra persona, mi banco por ejemplo, para que invirtiera sus ahorros en mí, prestándome recursos para seguir importando anticipando que le pagaré intereses. El resultado final será que todos recibimos lo que nos deben y pagamos a los que debemos. Y por tanto, todos salimos ganando. Mi empresa gana porque le presto un servicio, yo gano porque puedo conseguir bienes de otros que no puedo producir yo mismo y el prestador gana recibiendo un interés en el futuro para permitir que yo use parte de sus ahorros hoy. Intercambiando creamos riqueza y aumentamos nuestro bienestar. Todos hemos metido goles y nadie nos ha recibido uno en contra.

Este esquema simplón refleja bastante bien lo que pasa en el mundo real del comercio internacional. Sin embargo, por culpa de considerar que las exportaciones son algo bueno y las importaciones algo malo, España ha creado instituciones públicas, o semi-públicas, para fomentar la exportación. Todas se dedican más o menos lo mismo: encargan estudios de mercado, forman a los empresarios y promocionan las empresas españolas en el exterior con ayudas financieras, facilitando así su acceso a nuevos mercados. El problema con la existencia de este tipo de organismo es sencillo: regalan nuestros bienes al resto del mundo.

Cuando el Estado subvenciona el coste de que una empresa exporte su bien o servicio le permite vender más barato que en condiciones normales. Estamos intentando generar riqueza a base de renunciar a que nuestros compradores paguen el precio total. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Nosotros, los ciudadanos. Es como si mi padre me cobrara impuestos por pertenecer a la familia. Yo le pagaría mediante la “exportación asalariada” a mi empresa y mi padre gastaría esos impuestos en mi hermano que, gracias a mí, podría exportar sus servicios a una empresa por un precio menor. La familia estaría regalando parte de los servicios de mi hermano a una empresa pero, como se llama exportación, nadie lo cuestionaría.

Si España realmente quiere fomentar las exportaciones, y de paso permitir que importemos más, debe tomar dos medidas para hacer las empresas españolas más competitivas en la escena internacional:

  1. Flexibilizar el mercado laboral. Para poder responder a las fluctuaciones del mercado internacional (y nacional) las empresas españoles necesitan la flexibilidad de contratar y despedir empleados y ajustar sus horarios. España, según el Banco Mundial, tiene uno de los mercados laborales más rígidos de los países ricos. Esto trae todo tipo de consecuencia desde la imposibilidad para los jóvenes de encontrar trabajo hasta el suicidio profesional de las madres (o padres) que dejan su trabajo unos años y luego no pueden reincorporarse.
  2. Reducir (o mejor, eliminar) el Impuesto sobre Sociedades. Según los datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico este impuesto en España (en 2005) es de 35%, el más alto de todos los países desarrollados. Menudo incentivo para producir y vender. Si la idea es que sea bueno exportar, ¿por qué el Estado castiga tanto a las empresas por el mero hecho de existir? ¿Quién va a exportar si no ellas? Y si a esto añadimos el Impuesto sobre Valor Añadido (16%) y el de la Seguridad Social (38% del salario de cada empleado), vemos lo difícil que lo tienen los empresarios españoles. Por ejemplo, una empresa que factura 10.000 euros pagaría alrededor de 4.024 al Estado. No debe sorprender a nadie que la mayoría de las empresas españolas sean pequeñas y familiares y suelan ser restaurantes, bares, peluquerías, cualquier cosa que trata con dinero físico para poder esconderlo de Hacienda (el mercado negro en España representa alrededor de 20% del PIB).

Pero estas medidas reducirían el poder del Estado, y éste prefiere seguir aumentando impuestos y crear más organismos públicos que fomenten artificialmente la competitividad. A este ritmo vamos a perder dinero exportando hasta llegar a la pobreza.

El abuso de cuasimonopolio

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

José Luis Rodríguez Zapatero ha perpetrado un artículo que resume el pensamiento vano y desinformado ante la realidad del terrorismo e inmoral ante el aspecto más trascendente del mismo. Nosotros estamos acostumbrados a sus naderías, pero ahora son los lectores del Financial Times quienes tienen que llevarse las manos a la cara para tapar su rubor. El que le falta a nuestro presidente.

De acuerdo con el presidente Rodríguez, hay una causa para el terrorismo. Y es que nace en un “mar de injusticias”, que en su código ético sin artículos equivale a “enormes desigualdades”. La desigualdad económica, en sí, no es injusta. Y no es ni puede ser un criterio ético. Pero nuestro presidente identifica desigualdades con injusticia, una equivalencia moralmente perversa en la que Rodríguez sólo sigue a la carencia de verdaderos criterios éticos de la izquierda.

Veamos si no qué presupone igualar injusticia con desigualdad y achacar a ésta la causa del terrorismo. Si el terrorismo no es un comportamiento voluntariamente elegido sino la consecuencia de una causa externa, en este caso las desigualdades, “caer” en él es como deslizarse por un barranco. Un hecho desafortunado, pero sin implicaciones éticas. El terrorismo sería como el moho en el queso. Una secreción no deseada consecuencia de unas condiciones objetivas. Un corolario de esa forma de pensar consiste en vaciar de contenido ético un comportamiento como acabar con la vida de un ser humano. No es ya que sea un error: no hay causas externas objetivas del comportamiento, porque sean cuales fueren las circunstancias, nosotros siempre tenemos la posibilidad de actuar moralmente. No solo es un error; vaciar de contenido ético ciertos comportamientos humanos, especialmente unos tan execrables, es cuando menos una debilidad moral ante ellos cuando no algo peor.

Decir que “nada puede justificar el terrorismo” no añade nada, si por otro lado se rebaja su condena ética al máximo, haciéndolo lógica consecuencia de ciertas condiciones sociales. ¿Tan difícil es decir que cualquier acción de violencia ofensiva es moralmente repugnante? ¿Es que el cursi discurso del presidente Rodríguez no puede combinar las palabras “el derecho a la vida es inalienable y todo ataque al mismo ha de merecer la máxima condena”? Claro, que si dijera eso para luego añadir que está dispuesto a negociar con los asesinos, esas condenas éticas se volverían al instante contra él. Rodríguez prefiere seguir su teoría del terrorismo causado, explicado en fenómenos externos, para prometer que, remozadas las causas, él acabará con el terrorismo. ¿Será ingenuo?

Confiado en su inane posición moral, nuestro presidente va más allá y se permite hacer propuestas políticas. Él, que ha decidido permitir el mantenimiento de ETA en el Parlamento Vasco. Él, que propone una negociación con ETA diciendo a los españoles que solo negociará a partir de una súbita e incausada rendición de la banda asesina. Él, propone que sea la ONU quien acabe con el terrorismo. La ONU es sin duda la única opción posible, dada la altura ética de Rodríguez, porque combina a la perfección algunas de sus características. En un envoltorio formalmente neutro, la ONU ha llegado a otorgar la presidencia de la comisión de desarme a Irak y la de derechos humanos a Libia. Grandes palabras sin contenido, eclecticismo en las formas, indiferencia o equidistancia entre asesinos y víctimas. Rodríguez y la ONU comparten muchas cosas.

Pero lo peor del artículo del presidente Zapatero es lo que no contiene. Nuestro presidente no ha dejado claro que ninguna acción terrorista torcerá la voluntad de las sociedades libres. Que mil ataques como el de Londres tendrán el mismo efecto que si no se hubiera cometido ninguno, porque las sociedades libres jamás tomarán en consideración las exigencias de quienes quieren acabar con ellas. Y no lo ha dicho porque es la última persona indicada para ello.

El señuelo de la desigualdad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Siguiendo órdenes de la Unión Europea, se ha puesto a la venta en Europa el fabuloso Windows XP N, en el que la N significa "No incluye Media Player", para que Microsoft no abuse de su "cuasimonopolio". Por favor, no me insulten por reproducir el palabro, que es invención de otros. La idea es que aquellos consumidores que no quieran un el sistema operativo que incluya el reproductor multimedia, puedan comprar por el mismo precio una versión que carezca de él. Por supuesto, al mismo precio, ya que al fin y al cabo Media Player puede descargarse de forma gratuita por Internet, al igual que sus principales competidores RealPlayer y Quicktime. El caso es que desde que esta fabulosa nueva versión invadió los estantes de las tiendas, ha sido comprado masivamente. Por alguien. Bueno, quizá tres o cuatro. Es posible que alguno por equivocación, ya que el nombre no parece diferenciarse mucho. Es evidente que los consumidores exigían que esta nueva versión les liberara de la gruesa cadena que supone tener instalado Media Player en sus ordenadores y, por eso, era necesario que los líderes europeos se lanzaran en su defensa.

Una reciente nota del Instituto Molinari pone de relieve que la primera gran ley antimonopolio de Estados Unidos, la Sherman Act, promulgada a finales del siglo XIX, pese a emplear la demagogia de la defensa del consumidor se creó con el objetivo de defender a competidores ineficientes frente a las empresas que mejor y más barato servían a los consumidores. Un paralelo similar puede establecerse con las denuncias contra Microsoft a ambos lados del Atlántico. Netscape, Real, Apple y otras empresas podrán protestar todo lo que quieran, pero lo cierto es que los productos de Microsoft tienen éxito porque son buenos y sirven mejor a los consumidores que los suyos. Todo el mundo ignoró al Internet Explorer pese a ir incluido en Windows porque era malo. Sin embargo, cuando alcanzó la versión 4, la historia cambió porque superaba al navegador de Netscape. Hay otros productos de la compañía de Redmond que no logran superar a sus competidores, como Microsoft Money o MSN, que tras una dura pugna ha logrado situarse detrás de Google y Yahoo. En esos casos, claro, nadie les demanda por abuso de cuasi… eso.

Pero las empresas que se ven superadas por un competidor lo suficientemente grande como para poner ese tamaño como excusa de su mal desempeño, no dudan en acudir a Papá Estado para que les defienda del chico grandullón. Le sucedió a la Standard Oil en la época de Sherman y le sucede hoy a Microsoft. Y como ninguna causa es suficientemente absurda como para no servir de excusa a una nueva ampliación de sus poderes, los políticos acuden raudos a defenderles. Los consumidores no somos más que una excusa, entonces y ahora.

El mercado de la informática mejorará cuando a Microsoft se le plante cara en el mercado. La eterna promesa de Linux quizá lo consiga o, más probablemente, será Apple bajo plataforma Intel quien por fin pueda poner en un brete a Windows. Si lo consigue, pronto pasará de ser una marca con buena imagen a parecer un ogro insufrible. Porque ya lo es, pero no se nota. Por ejemplo, hace un par de semanas falleció el propietario de una tienda llamada Hipermac que tuvo que tomar la decisión de dejar de vender Apple porque esta compañía ha decidido estrangular a los distribuidores independientes en favor de su propia Apple Store. La tienda lleva una semana cerrada y los clientes que les han comprado productos y no los han recibido temen hallarse ante un nuevo caso Opening. Si Microsoft estuviera en este ajo ya se le habría culpado por todo y estaríamos ante un nuevo ejemplo de los abusos del monopolista contra empresarios honrados. Pero como es Apple, es solamente una desgracia que no aparece en los papeles.

Está claro que las grandes empresas caen mal, no porque sean especialmente pérfidas sino porque son más gordas. Pero eso no significa que haya que fastidiar a sus consumidores para sentirnos mejor. En vista, además, del éxito, sería mejor que la Unión Europea desviase su mirada a auténticos casos de monopolio, aquellos que disfrutan de su posición por prebendas legales que impiden la competencia como, no sé, las licencias radiofónicas y televisivas.

Dictador de la producción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Si algo da cuenta de la enorme distancia entre la izquierda y la ética social, es su insistencia en la desigualdad. A falta de otros baremos éticos, el de la igualdad de resultados es el centro, el vértice de su discurso ético, la fundamentación para sus propuestas y políticas, y la base de su crítica social. Quizás sea por la fuerza de la repetición sin cuento, ya que no por el poder de sus razones; pero lo cierto es que el señuelo de la igualdad de resultados ha atraído no solo a toda la izquierda, sino también a gran parte de la derecha, que debería hacérselo mirar.

Uno de los valores tradicionales del liberalismo es la igualdad; pero no de los resultados, sino ante la ley. La plena e igual libertad de todos, máxima expresión del ideal liberal, no puede acabar en la terrorífica igualdad que pretende la izquierda; nuestras diferencias personales, nuestra caprichosa y cambiante voluntad de aprovechar las oportunidades con que nos tropezamos, o que creamos nosotros mismos, la misma suerte, son incompatibles en una sociedad libre con unos resultados parejos. La única igualdad posible es aquella con que nos tratan las leyes.

Los liberales no somos envidiosos, así que el que unos tengan más y otros menos no nos importa. Lo único que debe preocuparnos es la pobreza, la carencia de medios para salir adelante. Como con tanta palabrería sobre la pobreza nunca está de más recordar lo obvio, citaré al economista Thomas Sowell, quien recordó que “la riqueza es lo único que puede curar la pobreza”. Pero la riqueza hay que crearla, y el único camino para ello es la libertad. Como ésta no se deja controlar ni dirigir, sus resultados siempre serán dispares y llevarán a una sociedad diversa y desigual; cambiante e impredecible. Todo lo que un socialista teme con toda su alma.

Estos días se habla mucho de hacer de la pobreza historia. En Estados Unidos prácticamente lo han conseguido. Pero eso no satisface a nuestros socialistas, que ponen a dicho país como ejemplo de todos los males porque la desigualdad económica es allí mucho mayor que en Europa. Y las estadísticas le dan aparentemente la razón. Solo que generalmente se les interpreta muy mal, porque lo que señalan los indicadores de desigualdad no es tanto esta última como el grado en que una persona puede progresar.

Esto es así porque los quintiles en que se divide la sociedad, de menor a mayor renta, dividen también la sociedad de menor a mayor edad. De modo que el quintil con menor renta es también el más joven y el de mayor renta el de mayor edad. Esto lo demostró un informe que siguió las rentas en los Estados Unidos de un grupo de personas en 1975 y en 1991. En sólo 16 años, el 62,5% de quienes estaban en 1975 en el primer quintil, el de menor renta, pasaron a los dos últimos. Y eso que la carrera profesional no es de 16 años, sino habitualmente de más del doble. Un estudio que hubiera cubierto 30 años mostraría que el recorrido por los cinco quintiles es lo más habitual. Y puesto que la diferencia entre el primer y último quintil mide la diferencia entre los sueldos de la juventud y los de la madurez, una mayor diferencia en los Estados Unidos lo que prueba es que allí se progresa más que en Europa. La lucha contra la desigualdad es en realidad una lucha contra el progreso personal y social.

Aún hay algo que se suele escapar. Y es que para luchar “contra la desigualdad” no vale la institución que las permite, el libre mercado. Tiene que realizarse desde el Estado, y para ello necesita aumentar sus poderes. Y como la desigualdad nunca remite, “necesita” más y más poderes. Esta concentración del poder no ayuda a aumentar la igualdad, sino todo lo contrario, a aumentarla, ya que el poder político se encarga de distribuir no de ricos a pobres sino de grupos desorganizados, el ciudadano común, a grupos organizados. Que no tienen por qué ser, necesariamente, los menos afortunados.

De modo que la lucha contra la desigualdad acaba aumentándola, crea injusticias y lo único contra lo que lucha es contra la libertad y el progreso. Luchemos contra la pobreza, que sí es un problema real.

Por la desaparición de la pobreza

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Un dictador, según la Real Academia de la Lengua Española, es una “persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica”, es decir, es libre para ejercer sus caprichos sobre el resto de la comunidad por la imposición de la fuerza ya que nadie lo limita. En el terreno económico, pues, un dictador es el que tiene la capacidad política de imponer sus designios sobre la producción al resto de la comunidad de forma unilateral.

Esta semana, ZP nos ha mostrado qué significa ser un dictador de la producción con dos ejemplos. En primer lugar ha declarado que entre sus "objetivos prioritarios" se encuentre el turismo. Así ha decido construir nueve paradores con un presupuesto de 181 millones de euros. Y en segundo lugar, y a través de la ministra Trujillo, ha decidido financiar 180.000 “minipisos” al año que costarán 6.822 millones de euros al pagador de impuestos.

Si los "objetivos prioritarios" de ZP se correspondiesen con los de los españoles se habría hecho un empresario de éxito. Habría ofrecido aquello que la gente más urgentemente necesita al precio más barato sin la necesidad de quitar a la comunidad astronómicas cantidades de dinero mediante el uso de la extorsión que representan los impuestos.

Todo el dinero que ZP usará para sus "objetivos prioritarios" no es riqueza de más, sino que es dinero quitado a la comunidad. Nuestro incómodo dictador de la producción cree que no somos aptos para dirigir nuestro ahorro, inversión ni gasto. Él, en su elevada visión, tiene suficiente autoridad moral como para robarnos el dinero y usarlo, no para bajar los precios de los pisos, ni crear turismo de calidad (algo que jamás conseguirá porque el problema no radica ahí), sino para planificar y controlar según sus gustos y “compra de votos” un determinado tipo de sociedad que olvida totalmente al individuo, a su propiedad privada y su libertad de elección.

¿Por qué no dejar que sean las acciones descentralizadas y voluntarias de las personas que decidan qué sector es más importante? No se equivoquen. El fuerte aumento del precio de la vivienda no se debe a las malas artes del libre mercado como afirman sus detractores, sino a la manipulación de la oferta monetaria, o lo que es lo mismo, a la promoción del llamado “dinero barato”. El “dinero barato” no lo crea el libre mercado, sino los gobiernos y bancos centrales con políticas monetarias expansivas, controles de precios (término que significa todo lo contrario a lo que realmente produce), políticas fiscales dirigistas, etc.

Dirigismo e intervencionismo no se arreglan con más de lo mismo. La historia económica nos muestra perfectamente como la planificación política sobre la economía siempre ha fallado: el mercantilismo, bullonismo, marxismo, keynesianismo, y similares siempre produjeron fuertes crisis. La libertad de mercado es la única alternativa a las crisis y dictadores de la producción.

Y es que ningún visionario nos ha de obligar a destinar nuestro dinero a sus intereses, "objetivos prioritarios", ni caprichos personales. Si queremos prescindir de los dictadores económicos para nuestro bien y para conservar nuestro dinero ganado honradamente, sólo hay camino real: que el gobierno gobierne lo menos posible, y por lo tanto, el mejor gobierno siempre será el que no gobierna en absoluto.

La escasez en los recursos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Con el barril de petróleo superando los 60 dólares, reviven las predicciones del pronto e inevitable agotamiento del negro oro, al que seguirá una catástrofe sin precedentes. Este penoso resultado no habría sido previsto por el ciego capitalismo. Más que ceguera es miopía, ya que no puede ver más allá del beneficio inmediato. Nos ha dado una época de aparente riqueza, pero sobre la base del petróleo, vértice a punto de derrumbarse junto con todo el edificio.

No estamos ante un guión de una película de James Bond, ni mucho menos. Estas predicciones están basadas en un pensamiento con mucha tradición, que en cierto sentido se puede remontar a Malthus, pero que es incluso anterior. Lo cual solo es una prueba más de la capacidad humana de empecinamiento en el error. Porque este relato de los hechos previsibles tiene varios fallos.

Supongamos que en un momento descubrimos que podemos contar, con los actuales precios y la tecnología de hoy, petróleo para los próximos 60 años, pero solo para ese período, ya que no encontraremos una gota más de nuestro preciado líquido. ¿Qué ocurriría entonces, en un mundo libre? Si el precio era, por ejemplo, de 30 dólares por barril, el que históricamente ha tenido, sobre la base de que el petróleo no se agotaría pronto, ahora ante los nuevos datos aumentaría de forma espectacular. Pongamos a 180 euros. A partir de ahí ocurrirían varias cosas.

En primer lugar se reduciría el consumo del petróleo a los usos más urgentes, a los que justificaran el precio de 180 dólares el barril. En consecuencia ya no tendremos petróleo para 60 años, sino por ejemplo para 200 años. Dado que con la misma cantidad se reduce el consumo por el incrementado precio, el período de reserva aumenta. Pero esto es solo el comienzo.

Con los precios más altos pasamos a utilizar sustitutos que antes no eran rentables con la antigua estructura de precios. Y aumentan los beneficios derivados de la inversión en el uso más efectivo del recurso, en su ahorro y en el aumento de los servicios que extraemos de cada cantidad. Si doblamos la productividad del uso del petróleo, es decir, si con la misma cantidad somos capaces de obtener el doble de los servicios con la misma cantidad, es igual que si con la antigua productividad hubiéramos doblado la cantidad de petróleo.

En consecuencia, por un lado necesitaríamos menos el petróleo, ya que hemos invertido en la utilización de nuevos y económicos sustitutos y a que el uso que hacemos del petróleo es más eficiente y más productiva. Por otro lado descienden los precios del petróleo, desde los 180 dólares a 60, o 40 o los que dicte el mercado. Esa reducción de precios se alcanza porque con la misma cantidad física de petróleo hemos multiplicado los servicios que de ella obtenemos. El número de años de consumo de petróleo, en las nuevas circunstancias, no tiene porqué aumentar o disminuir, así que tendremos los 200 años antes previstos, más o menos, para alcanzar nuevas soluciones y coger nuevos caminos, adaptados a la nueva situación.

Y una sociedad libre es la que mayor número de soluciones viables puede hallar, dentro de lo humanamente posible.

El agente urbanizador no es una verdadera solución

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La reciente noticia sobre la posible ausencia de la figura del agente urbanizador (AU) en la futura Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en contraste al anterior impulso favorable a la adopción de esta figura, puede interpretarse en clave liberal: el AU sigue siendo otro instrumento jurídico más que, finalmente, coacciona la propiedad privada y no solventa los problemas de fondo de edificabilidad en esta poblada región de España.

La Administración –según el procedimiento del AU– selecciona a un particular interesado por medio de concurso público abierto a la libre competencia y le adjudica la realización del plan urbanístico. Este AU escogido no necesita ser propietario de los terrenos. Es simplemente un empresario comprometido en ejecutar las obras de urbanización, soportando los costes correspondientes, que le serán compensados bien en solares edificables, bien en metálico por los propietarios de terrenos edificables del ámbito concreto que voluntariamente cooperen aportando sus originarios terrenos sin urbanizar. ¿Y si los propietarios afectados se oponen? Respecto al proyecto madrileño los medios de comunicación no aclaran la respuesta pero, en la ley valenciana que parece ser el modelo, los disconformes son conducidos a la expropiación de sus inmuebles.

Evidentemente, la fórmula del AU sigue limitando el derecho de propiedad, a pesar de cierto rasgo dinamizador frente a las otras tres opciones mayoritarias, también imperativas según el momento: expropiación (la Administración indemniza y ejecuta el plan), cooperación (la Administración ejecuta y pagan los propietarios) y compensación (los propietarios pagan y ejecutan ellos mismos el plan).

¿Puede entenderse el AU como un tipo de intervención aceptable para las exigencias de orden liberal; es decir, que el Estado pueda entrometerse en los bienes de los demás para crear mayores condiciones de competencia? Dice Hayek en Camino de Servidumbre: “No puede, por lo demás, afirmarse que toda renuncia a un incremento de nuestro bienestar material presente, soportada para salvaguardar la libertad, vaya a ser siempre premiada. Pero el argumento a favor de la libertad es precisamente que tenemos que dejar espacio para el libre e imprevisible crecimiento”. ¿Debemos, para el caso que nos ocupa, asegurar siempre orgullosamente el libre designio sobre nuestra propiedad o aceptamos sobre la marcha una óptima indemnización por un bien que quizá no lo vale antes de que desaparezca el plazo de pago?

Es probable que las razones por las que la Comunidad de Madrid se interroga sobre la inclusión del AU en la próxima ley atiendan a criterios de respeto a la libre propiedad, de preservar la tradición de las juntas de compensación o una mezcla de ambos criterios a la vez. Lo que sí está claro es que el propietario debe conformarse ante el AU con preferir qué tipo de sujeto enajenará coactivamente su propiedad. Sin embargo, las verdaderas soluciones son otras y permanecen aún inéditas: la imprescindible catalogación del suelo protegido y no protegido (urbanizable) y la limitación de la discrecionalidad de las corporaciones locales a la hora de calificar los terrenos de su jurisdicción, origen de múltiples abusos y encarecimientos.

El mito de la liberalización eléctrica en España

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Anda revuelto el sector eléctrico español por la negociación entre las empresas y el Ministerio de Industria de José Montilla para que se revisen las tarifas trimestralmente y no anualmente como ha venido ocurriendo hasta ahora. Pretende Unesa que se imite el modelo de tarificación del gas natural, en un vano intento de cambiar de una vez el modelo actual, que no es aceptable para nadie salvo para aquel que hace de las necesidades energéticas de los ciudadanos una política y no un negocio, por otro modelo no menos intervencionista pero algo menos drástico.

Sin embargo, esta medida debería sorprender al ciudadano medio que no deja de escuchar en cualquier medio que el eléctrico es un sector liberalizado, afirmación basada en el único hecho de que en España existe más de una empresa dedicada a producir, transportar y distribuir energía y que el ciudadano puede elegir su suministrador. Pero este trasvase previsto de ciudadanos no ha sido masivo y a la postre, el mercado nacional mantiene una equilibrada partida de Risk en el que nadie tira los dados con convicción y en el que cada empresa monopoliza de facto una región.

La liberalización es un mito en tanto sean las autoridades gubernamentales las que establezcan el precio del kilovatio que paga el cliente. Dicen las empresas, y con toda la razón, que mientras que el IPC se ha incrementado desde 1996 casi un 28%, el precio cobrado ha descendido casi un 30%, dicho sea en términos reales. Estamos hablando de un precio político, precio que se ajusta al balance presupuestario de turno o que sirve para atajar una inflación desbocada, hija indiscutible de esa misma intervención.

El español paga directamente mucho menos de lo que realmente le cuesta la electricidad. La presión fiscal compensa esta diferencia, castigando al ahorrador responsable y premiando al derrochador irresponsable. Fruto de esta política nacen los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) y el déficit tarifario que, para que nos entendamos, es esa cantidad que compensa los precios bajos y otras controversias surgidas del antiguo monopolio y que generan tanta discusión cuando se negocian, ya que cada uno de los afectados calcula una cantidad diferente del resto de implicados.

Cierto que parece paradójico que, ante esta situación, las empresas consigan espléndidos beneficios. En el primer trimestre de 2005 se ha incrementado en un 20% sobre las cifras de 2004, aunque esta aparente paradoja tiene fácil explicación. Por ejemplo, la titulización de deuda que hacen las eléctricas en un desesperado intento de incrementar el ingreso, sin olvidar la exportación de energía, las inversiones en el extranjero, la compartimentación del sector o la diversificación del negocio que ha impulsado a las eléctricas a explorar sectores tan distantes como el gas natural, las telecomunicaciones o la consultoría y que, en conjunto, les han permitido salvar la situación con éxito. Todo ello, aunque facilita el acometer obras de mejora a la vez que hacer frente al rápido incremento de la demanda y prepararse para un futuro cada vez más exigente, mantiene al sector demasiado cerca del límite, sin que llegue a desaparecer el peligro de apagón.

En ocho años hemos incrementado nuestras necesidades en más de un 50% y eso que muchas tecnologías domésticas e industriales han hecho un esfuerzo ímprobo para reducir el gasto energético. Desgraciadamente, él éxito o el fracaso del sector, su futuro, depende de nuestros irresponsables políticos y no de la responsabilidad de los afectados y así nos va.

Moral y derechos

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Cuando Murray Rothbard defendió por primera vez la legitimidad del chantaje en su Man, Economy and State, fue acusado de aplaudir moralmente un acto deshonesto y execrable. Pero Rothbard no se estaba pronunciando acerca de la moralidad del chantaje, sino de su legitimidad, arguyendo que comprar el silencio de otro no supone violencia contra persona o propiedad alguna, luego sería legal en una sociedad libre.

Las invectivas lanzadas a Rothbard son fruto de la confusión, harto común, de los conceptos “moral” y “derechos”, “moral” y “legitimidad”. Los derechos atañen al liberalismo; la moral, a las personas. Es preciso esclarecer nítidamente este punto, porque es la fuente de numerosos malentendidos, críticas infundadas y propuestas intelectuales desatinadas. El liberalismo es una filosofía política y por la tanto sólo versa sobre el uso legítimo de la violencia. En palabras de Walter Block: “sólo se plantea una pregunta y da una única respuesta. Pregunta, ‘este acto supone necesariamente una invasión violenta?’ Si es así, está justificado emplear la fuerza (legal) para impedir o castigar el acto; si no es así, es improcedente.” El liberalismo proscribe las agresiones contra los derechos individuales, contra la persona y sus propiedades (asesinato, violación, secuestro, asalto, robo, fraude…). Nada nos dice, sin embargo, sobre la virtud y el vicio.

A los liberales, qua liberales, nos conciernen los derechos, no los valores. En la medida en la que expresamos juicios de valor lo hacemos como personas, como sujetos morales, no como liberales. Las gentes tienen ideas diversas acerca de lo que es moralmente correcto y el liberalismo no toma partido por ninguna de ellas. Le es indiferente, en tanto que filosofía política, que los hombres sean egoístas o altruistas, trabajadores u holgazanes, homosexuales o heterosexuales. ¿Significa ello que los liberales somos unos relativistas morales, que carecemos de valores? En absoluto, ¿o es que acaso abogar por la libertad religiosa es incompatible con ser un devoto creyente o un ateo fervoroso? Parece como si uno sólo pudiera tener convicciones morales fuertes si está dispuesto a imponérselas inquisitorialmente a los demás. Por otro lado, algunos creen que por defender la legitimidad de una acción los liberales propugnamos la moralidad de su ejercicio, como si defender el derecho a consumir droga implicara elogiar su consumo. Lo cierto es, por el contrario, que si arguyo que el propietario de un restaurante tiene derecho a ser racista y a no permitir la entrada de negros o blancos en su local, pues es su propiedad y a él corresponde decidir, en modo alguno me estoy confesando racista, lo mismo que el que permita hablar a alguien no implica que comparta lo que diga. De nuevo, una cosa son los derechos individuales y otra distinta la moral, que compete a los hombres y no a las leyes.

Los liberales entendemos que la moral sólo puede cultivarse en libertad. Como apuntó Frank Meyer, a lo sumo uno puede ser obligado a actuar como si fuera virtuoso, pero la auténtica virtud jamás puede imponerse por decreto. La moral se vacía de significado si no hay libertad de elección, pues no tiene mérito alguno hacer el bien a punta de pistola. Una acción no puede considerarse virtuosa si no se lleva a cabo voluntariamente. Sólo en libertad podemos sortear el vicio y abrazar la virtud, viviendo de acuerdo con los valores que tengamos por correctos y siendo responsables de nuestros actos.