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Excusas del Gobierno

Hace unos días llegó a la redacción un teletipo cuyo titular no necesitaba retoques: "la CMT paraliza una promoción de Imagenio por ofrecer demasiados descuentos y regalos". Es decir, Telefónica estaba haciendo una oferta excesivamente buena para el celo de la agencia reguladora española. Y esto, que hace seis años podría sonar razonable, por aquello de dar una tregua a los nuevos entrantes hasta que se convirtieran en competidores fuertes, ahora parece absurdo y rancio. El mercado, privado, de las telecomunicaciones ha cambiado tanto en tan poco tiempo que, como suele suceder, el organismo regulador público va muy por detrás.

Un redactor de Libertad Digital preguntaba este viernes a Montilla si se iban a lanzar de una vez a la piscina y liberalizar los precios del ADSL. Pero la llamada al ministro comunicaba. Decidió escudarse en la independencia de la CMT para asegurar que no tenía competencias al respecto. Sin embargo, un organismo al que destierran a Barcelona contra la voluntad de su director –que se ve forzado a dimitir– y de todos sus trabajadores, un organismo que ha visto como la renovación de su hermano energético consistía en colocar a la agradecida prole socialista al mando, es un organismo que no puede presumir de ser independiente del ministro. Y menos cuando la ley general de telecomunicaciones incluye una disposición transitoria, aún en vigor, según la cual es una comisión del gobierno y no la CMT quien tiene la potestad de fijar los precios y, por tanto, de dejar de hacerlo. Es más, el artículo 11.4 de dicha ley confiere al ministerio la potestad de actuar cuando lo estime conveniente. Sería deseable disponer de una agencia reguladora independiente del gobierno y de su color, pero ya que no la tenemos, que nadie se escude detrás de su falsa existencia para no hacer nada.

Ambas noticias son dos muestras de lo que está mal en el mercado español de las telecomunicaciones. El paso de un monopolio público a un mercado privado competitivo es un proceso complicado, en el que se avanza más por ensayo y error que por una planificación inteligente que resulta completamente imposible hacer bien. ¿Cómo va a regularse correctamente el mercado de la comunicación inalámbrica cuando a cada paso aparecer novedades tecnológicas como WiMAX, que hacen temblar las bases bajo las que se otorgaron las licencias UMTS? Es más, ¿cómo va a hacerse siquiera una regulación inteligente cuando se sigue considerando el ADSL como un mercado, cuando el mercado real es el de la banda ancha en general? El cambio de gobierno ha llegado en un momento en que hacía falta dar un paso cualitativo: la liberalización del ADSL. Consecuentemente, aún no se ha dado.

Hay que eliminar del mercado a los chupópteros que sólo viven de revender los accesos de Telefónica y permitir que sobrevivan menos empresas, pero que ejercen una competencia más real, como las cableras o, en el ADSL, empresas como Jazztel. Los usuarios de banda ancha y las empresas de verdad serán los más beneficiados.

Una película de buenos y malos

Cien años después de la apertura de las primeras salas de proyecciones cinematográficas en los EE.UU., una nueva innovación empresarial trae savia fresca a una industria cuyos días parecían contados. Se trata de la digitalización de las proyecciones comerciales. En principio, la empresa estadounidense Avica ha elegido Irlanda para llevar a cabo el desembarco y despliegue de 500 proyectores digitales que sustituirán a los clásicos cinematógrafos de 35mm.

El ingenio empresarial y la grandeza de la libre competencia aparecen una vez más cuando todo parecía decidido para la desaparición de todo un sector. La idea consiste en replicar lo que miles de individuos están realizando independientemente a través de sus ordenadores conectados a Internet y de pequeños proyectores digitales, pero con una calidad muy superior. Imaginen la diferencia entre la logística de la distribución de las bobinas de 35mm y la descarga de una película a través de una red de comunicación digital. Por no hablar del mantenimiento de un proyector mecánico de celuloide frente al que requiere un moderno proyector digital. Estos cambios suponen tal ahorro que bien puede surtir el efecto de un balón de oxígeno capaz de salvar a un enfermo que a todas luces parecía terminal.

Para sorpresa de muchos cineastas y cinéfilos, es nuevamente el espíritu empresarial, y no el estado con sus subvenciones, quien mantiene vivo el séptimo arte. El estado se limita a mantener con el dinero que le quita al consumidor algunos productos o procesos de producción cinematográficos que el consumidor no desea costear. Cuando la subvención pública va dirigida a un proceso de producción cuyo consumo de recursos escasos es considerado excesivo por el consumidor, el estado tan sólo puede hacer como hace con la minería del carbón: mantener un sector de zombis.

Por desgracia, el intervencionismo puro y duro también se han cobrado importantes víctimas en este arte. En efecto, las regulaciones medioambientales han contribuido a acelerar la desaparición una de las más preciadas aportaciones que la industria del cine trajo al mundo para disfrute de generaciones de cineastas y espectadores. Un formato revolucionario, la película sonora de Super 8mm, tanto por el tamaño y la calidad de la imagen como por las posibilidades casi profesionales que ofrecía por un módico precio, fue introducido en el mercado por la casa Eastman Kodak en el mes de abril de 1965. Desde entonces, ha sido uno de los soportes más populares de la historia del cine, con el que han aprendido la inmensa mayoría de los directores contemporáneos, con el que aún hoy se trabaja en numerosas escuelas internacionales de cinematografía y con el que se producen muchísimos videoclips musicales.

El popular Super 8 sonoro dejó de producirse a finales de los 90, lo que llevó a la autoproclamada progresía cultural a hacer campañas exigiendo el reinicio de su fabricación y acusando a Kodak por la paralización de su producción. Sin embargo, Kodak no abandonó alegremente a sus clientes. De hecho, el pasado 9 de mayo anunció, coincidiendo con el 40 aniversario de su comercialización, que ante la drástica caída de la demanda casera del Super 8 mudo sustituiría a finales de este año el actual celuloide por otro más competitivo y de similares características. Kodak dejó de producir el Super 8 sonoro, un formato que tenía más que amortizado y para cuya venta utilizaba su red de distribución de películas de fotografía, por culpa de una regulación gubernamental. La EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU.) exigió a la empresa de Rochester un cambio en la emulsión que la firma americana utilizaba para pegar la banda de sonido a la película debido a potenciales daños medioambientales. El enorme coste que hubiese exigido la investigación de un nuevo sistema de pegado unido al lento pero claro retroceso que experimentaba la demanda de películas de cine frente a la expansión del video, aconsejó a Kodak dejar de producir contra su voluntad el histórico formato Super 8 sonoro.

También en el caso del cine podemos observar como la acción empresarial de los individuos crea bienes y servicios que satisfacen al consumidor usando el mínimo posible de recursos escasos mientras que las agencias gubernamentales se dedican a destruir irresponsablemente por otro lado. Los activistas en defensa del Super 8 aprovecharían infinitamente mejor el tiempo con un ligero cambio de dirección en su táctica: enviando sus cartas de enérgicas protestas y exigencias varias a los burócratas de la EPA en vez de a los directivos de Kodak.

Lidia, la moneda, y la mujer

El héroe griego era un hombre como Agamenón, o Aquiles. Protagonizaban combates heroicos y perseguían el honor sin desmayo. En sus vidas el comercio no jugaba ningún papel, y si se encontraban con él en el camino, lo despreciaban. La imaginería de los griegos se llenaba de las heroicas historias de la Ilíada y la Odisea, que los relatores repetían una y otra vez, provocando desmayos de emoción entre los griegos. Razón por la que Sócrates les lanzaba su más negra admonición. En estas historias el único papel de las mujeres consistía en ser seducidas por los poderosos héroes. Descanso del guerrero, la mujer caía en los brazos del aguerrido luchador.

Estas historias, estos valores, eran comunes en Grecia. Pero no todas las ciudades-estado eran iguales. Lidia se distinguió por su inclinación al comercio, que dio lugar a uno de los inventos más importantes de la historia: la moneda. Los lidios desarrollaron lingotes de tamaño reducido, hechos a partir del electrón, aleación natural de oro y plata. Pero luego desarrollaron entre el 640 y el 630 antes de Cristo unos discos ovalados, con el sello de la cabeza de un león, con el mismo tamaño y peso.

Las ventajas de este adelanto tecnológico se hicieron pronto evidentes. Ya no era necesario pesar las cantidades de metal, ajustarlas al precio del bien que se quería intercambiar. No todo el mundo podía hacerse con el conocimiento adecuado para la medición del metal, y en el ajuste de las cantidades se perdía parte del mismo. Ahora, con solo contar el número, se puede alcanzar un precio razonable por los bienes. El cálculo económico se hace más fácil y barato. Y la pequeña denominación facilita el intercambio de los bienes más comunes y con menor valor. Más tarde Creso cambiaría el patrón por uno doble de oro y plata puros. El antropólogo Jack Weatherford, en su Historia del Dinero, cuenta que la legendaria “riqueza de Creso y sus ancestros no surgió de la conquista, sino del comercio”.

Gracias a la invención de la moneda, cuenta Weatherford, “el intercambio devino tan importante para los lidios que Heródoto les llamó una nación de kapeloi”; algo así como mercachifles. Para su disgusto, “Heródoto vio que los lidios se habían convertido en una nación de mercaderes. Habían cambiado el mero intercambio y el trueque en verdadero comercio”.

Ese desarrollo transformó la sociedad lidia profundamente. El historiador Heródoto, según recuerda su colega Weatherford, los observaba con poco disimulado disgusto: “La revolución comercial en la ciudad de Sardis, provocó cambios generalizados en la ciudad lidia. Heródoto cuenta con gran asombro la costumbre lidia de permitir a las mujeres elegir sus propios maridos. Por medio de la acumulación de monedas, las mujeres ganaron la libertad de pagar sus propias dotes y con ella tenían una mayor libertad para elegir al marido”. El escandalizado historiador griego veía con desagrado el contraste entre los valores heroicos de la sociedad griega y la universalización que devino con el desarrollo del comercio y que supuso la primera liberación de la mujer.

Más tarde, el propio Weatherford nos dice: “Grecia fue la primera civilización transformada por el dinero, pero en un período de tiempo relativamente breve todas las culturas siguieron a Grecia por el mismo camino y experimentaron la misma metamorfosis”. Nosotros somos herederos de esa civilización que, tocada por el dinero, llegó a idear los valores universales que nos han reconocido iguales, y que han liberado a la mujer del yugo del tribalismo y de la sociedad bélica y heroica.

Turismo global

Hace ya varias décadas que el turismo ha dejado de ser un entretenimiento para las clases más acomodadas y ya es un fenómeno del que disfrutan millones de personas. El negocio turístico mundial mueve unos 4,8 billones de euros y representa el 10,6% del PIB global. Se prevé que el sector turístico creará 221,5 millones de puestos de trabajo en el mundo.

La industria turística es el motor de desarrollo de muchos países y regiones donde otros recursos, bien por inexistentes, bien por incapacidad técnica para explotarlos, bien por regulados, no proporcionan a la población la riqueza suficiente para progresar. Basta con recordar como el turismo rural ha favorecido a muchas zonas agrícolas que han prosperado al margen del sector primario hasta el punto de que se están volviendo a repoblar a la vez que mejoran sus infraestructuras. Muchos países del Tercer Mundo han recibido y reciben millones de personas anualmente que aportan millones de euros a sus economías hasta el punto de que, incluso con corruptelas y economías planificadas poco eficientes, han transformado estas sociedades hasta niveles impensables hace décadas.

 

Tal fuente de riqueza, con sus defectos y sus virtudes en muchos casos inseparables, ha llamado desde el principio la atención de grupos y personas que dedican gran parte de sus existencia a salvar la sociedad de los primeros destruyendo inevitablemente los segundos, en algunos casos con un éxito descorazonador. A finales del pasado mayo, se celebró en Barcelona el congreso internacional “Nuevas políticas para el turismo cultural“, organizado por la Fundación Caixa de Catalunya y sinceramente, sus conclusiones son preocupantes.

 

Filósofos como Yves Michaud, antropólogos como Néstor García Canclini, Manuel Castells de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el director de la Tate Modern, Vicent Todoli, Serge Guilbaut, historiador del arte y otros tantos han llegado a la conclusión de que la mejor manera de salvarnos de los males del turismo es regulándolo. ¡Qué gasto más absurdo de recursos para llegar a una conclusión que cualquier aula de la Secundaria sería capaz de gestar con un profesor convenientemente adoctrinado!

 

Yves Michaud dijo que el encuentro pretendía “inventariar las respuestas a los riesgos de esta revolución, que son muchos. Por un lado, los sanitarios, como propagación de epidemias. Por otros, los medioambientales, como el recalentamiento del planeta. Más difíciles de combatir son los culturales, pero dedicaremos especial atención a la creación de identidades locales ficticias, que se escenifican para los turistas. Y, en fin, también tenemos la pura destrucción del patrimonio”.

 

En todas las declaraciones subyace el miedo al capitalismo, el desconocimiento más básico de la economía y la idealización absurda de la cultura como un hecho ajeno a las personas, estable e inmutable, como el medio ambiente que también pretenden proteger. No terminan de entender que el turismo es un negocio, con su marketing, sus ofertas y sus productos, que el llamado turismo cultural no es cultura en sí pero sí una buena manera de invitar al turista a profundizar en conocimientos más complejos. En definitiva, que cualquier regulación que pretenda defender estos conceptos conservadores va a impedir que los que lo necesiten reciban de aquellos que se lo pueden permitir. Y que sólo a través de la creación de la riqueza se puede ‘proteger’, si es la palabra adecuada, esa cultura y ese medio ambiente, que parecen tan gravemente amenazados.

Renta básica, errores capitales

Los políticos tienen una capacidad única para convertir sus fracasos en oportunidades para lograr nuevos y más ambiciosos fracasos. Es el caso de los líderes mundiales reunidos en Londres el pasado 11 de junio. Salieron diciendo que perdonarían 40.000 millones de dólares a los 18 países más pobres de África, que más tarde podrían convertirse en 55.000. De este modo, dicen, y con una sola firma, empieza el principio del fin del hambre en ese continente.

La realidad es muy otra. Hay 38 países considerados pobres y muy endeudados. Sobre ellos se han volcado 114.000 millones de dólares en préstamos concedidos por organismos públicos. Y hoy su renta per cápita es un 25% más pobre de lo que era en 1980. En estas dos décadas y media en que los pueblos que se han incorporado a la globalización se han desarrollado de forma notable, los países que han apostado por otro camino, el de los créditos del Banco Mundial o del FMI a los gobiernos, se han hecho más pobres. Que las deudas sean impagables porque en lugar de destinar los fondos a actividades productivas se han destinado al reparto y a la consolidación del poder de los regímenes locales es una prueba del fracaso del sistema actual. Resulta sorprendente que los líderes mundiales utilicen el reconocimiento de este fracaso como la obtención de un nuevo éxito.

Cuando una empresa pide un préstamo, es porque cree que el uso que hará de él le permitirá desarrollar proyectos productivos que le permitirán devolverlo, con sus intereses, y aún ganar un beneficio. ¿Qué hace un gobierno de un país pobre, sojuzgado bajo un régimen corrupto y cleptocrático, con los créditos concedidos? Utilizarlos para aumentar su poder, destinarlos a sectores y áreas amigas. Repartírselo. Fijémonos en  Yoweri Museveni, autoimpuesto presidente de Uganda. Según un reciente informe “la ayuda extranjera y los recursos naturales han sido despilfarrados desperdiciados e invertidos en empresas privadas de líderes corruptos”. Take Idi Amin, que se asienta en el poder sobre 300.000 cadáveres de compatriotas, y sus amigos, están de enhorabuena, porque cuentan con la solidaridad mundial. ¿De qué le serviría a Zimbabwe condonar la deuda de su gobierno?

Condonar la deuda es una medida inútil e hipócrita. Esas deudas no se iban a pagar jamás. Cancelarlas es un mero gesto, que además sugiere la idea de que la pobreza de África se mantiene a causa de la racanería de los países ricos. En realidad las causas son otras. Mientras que grandes teóricos del desarrollo, como Bono o Bob Geldof dicen que las ayudas y la condonación de la deuda es el camino al desarrollo, los países más pobres hace tiempo ya no se dejan engañar por profetas y salvapatrias. En la reunion de Naciones Unidas en Johanesburgo lo que demandaban los más pobres era que los ricos abrieran sus fronteras a los productos que ellos producían. Pedían más comercio, más capitalismo, más globalización. Si tenemos algún interés por liberar a ese continente de la lacerante pobreza que le aflige, el camino no es apuntalar el poder de sus regímenes, sino contribuir a que sean sustituidos por democracias y estados de derecho y abrir nuestras fronteras a sus productos. Esta es una deuda real, que tenemos nosotros con África.

Tres falacias sobre horarios comerciales y empleo

La erosión del centro urbano, los costes ocultos para el cliente y el empleo de poco arraigo son perennes acusaciones de los socialistas de todos los partidos contra la libertad comercial, el desarrollo de nuevas áreas de distribución y la necesidad de crear o ampliar horarios de venta al público. En el apartado social de este asunto, la antiliberalización sostiene tres falacias básicas: que la creación de nuevos establecimientos reduce el empleo, que dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral y que los trabajos ofrecidos por las grandes superficies son escasamente atractivos para los jóvenes. El Director General de Política Comercial, Ignacio Cruz Roche, siempre insiste en sus declaraciones en esas presuntas externalidades, como razón al frenazo al comercio y la liberalización de horarios. Analicemos con brevedad cada uno de estas tres falsedades.

La primera de todas: los empleos se reducen. No es cierto. Los empleos invariablemente aumentan. En la apertura o sostenimiento de un centro comercial, el empleador asigna recursos no sólo de la fuerza de ventas –principiante o veterana– sino también de otros oficios necesarios para el eficaz desempeño de la actividad: mantenimiento técnico, hosteleros, profesionales de la seguridad, etcétera. La gran superficie es una pequeña ciudad que necesita la colaboración de numerosa gente.

Además, los empleos pueden trasladarse de una contratación a otra. Los que tenemos amplia experiencia en intensos procesos de selección, formación y contratación de personal, apreciamos la considerable expectativa que una inminente gran superficie genera en cualquier localidad o comarca. En las negociaciones para la incorporación de nueva plantilla aparecen diversidad de escenarios: hay quienes prefieren continuar en la tienda para la que trabajan y quienes aspiran a un legítimo deseo de promoción profesional que la nueva superficie puede llevar consigo. Incluso los anhelantes de cambio serán reemplazados por el empresario a través de recién incorporados al mercado de trabajo y las ventas, recompensados éstos últimos por inquietudes ajenas. En fin, las posibilidades son múltiples, la circularidad es permanente. Pero los neoclásicos piensan que el agua sólo puede volcarse de una enorme jarra a otra, en lugar de derramarse en incontables pequeños vasos.

Segunda falacia: no se concilia la vida familiar y profesional. Tampoco es verdad. Esas 1.729.500 personas del sector de la distribución –10% de la población laboral española– se organizan desde hace muchos años alrededor de un sistema de turnos rotativos que desarrolla alrededor de 36/40 horas por 5/6 días a la semana para la gran mayoría del personal sin responsabilidad directiva. Esos turnos ofrecerán, por supuesto, claros aspectos de mejora sometidos a discusión y pacto en los comités de empresa. Los antiliberalizadores desprecian –enrocados en su nube académica– la lucha entre intereses menos antagónicos de lo que parece. Los turnos ofrecen tangibles oportunidades de trabajo e ingresos para colectivos enteros de la sociedad con responsabilidades familiares y disponibilidad limitada. El empleo en centro comercial es posiblemente su única y forzosa apuesta. La reducción horaria manda –nunca lo dudemos- a muchas personas contra su voluntad a casa.

Finalmente, la tercera falsedad: los puestos de trabajo de la distribución son menos atractivos para los más jóvenes. Precisamente es lo contrario. Miles de universitarios de amplia condición, por ejemplo, agradecen participar en campañas y promociones adquiriendo un digno salario que sostiene sus gastos durante una etapa de la vida. Dice Cruz Roche que esa situación eventual dificulta la incorporación de los más formados y que, por consiguiente, un centro comercial andará escaso de finura y conocimiento. Supone el director general que los empresarios quieren dejar de vender, olvidando las necesidades de compradores cada vez más exigentes. Por la cuenta que les trae, el emprendedor seguirá intentando fichar a los mejores.

Defender la libertad comercial no es levantar la bandera de los grandes intereses. Ni mucho menos. A ningún consumidor se le oculta los frecuentes puntos negros de la gran superficie: aglomeraciones, desigual trato al cliente, calidades equívocas. Por eso los pequeños propietarios marcan cada día muchos goles a los elefantes del bazar. Hay que saber pensar la diferencia frente al competidor y aplicarse a esa tarea. Pero una mayor reducción horaria no es decisión acertada. Defender la libertad de comercio es amparar la supremacía de los aciertos, la oportunidad de nuevos proyectos empresariales con autentica vocación social; en definitiva, el gozo del beneficio para todos.

Indefensos por nuestro bien

Reza un proverbio del viejo oeste que Dios creó a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales. El asaltante carece ya de ventaja si el tendero esconde un arma bajo el mostrador, o el violador si la chica oculta un arma en el bolso, o el allanador homicida si la familia guarda un arma en la mesita de noche. Gracias a su revólver, el pasado 3 de junio en Dayton, Ohio, un individuo pudo protegerse de dos maleantes que a punta de pistola le reclamaron la cartera. Acciones defensivas de este tipo se cuentan cada año por millones, aunque jamás se les dedique mención alguna en los telediarios.

Anualmente se cometen en Estados Unidos cerca de medio millón de delitos con armas de fuego. El otro dato a destacar, abandonado con frecuencia en el tintero, es que en más de dos millones de casos se da a dichas armas un uso defensivo, lo que significa que con éstas se previenen muchos más delitos de los que se cometen. De acuerdo con el exhaustivo estudio de Klerk y Getz, en 1993 hubo 39.595 muertes por arma de fuego en Estados Unidos (incluyendo suicidios, accidentes y víctimas de la actuación de la policía). Paralelamente se estima que el uso defensivo de las armas de fuego salvó la vida a 340.000 – 400.000 personas. También cabe apuntar los 280.000 casos en los que se ha hecho un uso defensivo de las armas con respecto a animales agresivos (serpientes, perros, zorros, osos…).

En Gran Bretaña el Gobierno laborista prohibió la tenencia de armas en 1997. De 1993 hasta 1997 el número de robos con armas había caído en un 50%. A partir de 1997 empezaron a ascender los índices de criminalidad: los robos subieron un 45% y los asesinatos un 54%. Los índices de criminalidad también se dispararon en Australia desde la aprobación de medidas restrictivas en 1996. Los robos con armas, por ejemplo, se incrementaron en un 74%. En Estados Unidos, por el contrario, donde el control de armas se ha relajado en la última década, los índices de asesinatos y delitos violentos han ido descendiendo paulatinamente.

Las armas de fuego no matan a la gente, lo hacen las personas. Su tenencia no viola per se la libertad de nadie. Se trata de simples instrumentos, especialmente útiles para defenderse. Y los individuos tienen derecho a defenderse. Restringir la libertad de armas supone condenar a las personas a una auto-defensa más precaria y riesgosa, en beneficio de los agresores. Teniendo el individuo derecho a emplear la fuerza para preservar su integridad física y salvaguardar su propiedad, ¿de dónde se sigue la ilegitimidad de hacer un uso defensivo de las armas de fuego? Resulta de todo punto inaceptable que se apele a la irresponsabilidad de algunos para, con carácter preventivo, despojar a todos de un objeto útil para la auto-defensa y la disuasión. O que se apele a los accidentes y al peligro que las armas suponen para los pequeños cuando son 15 veces más los niños que mueren en accidentes de tráfico y 5 veces más los que fallecen en accidentes de piscina.

Los intervencionistas confunden el propósito de una ley con su resultado. La disyuntiva no está entre una sociedad en la que todos, criminales y gente de bien, están armados y una sociedad en la que todos están desarmados. Ésta es una falsa dicotomía. Cuando es ilícito portar armas sólo los criminales las llevan consigo, pues el delincuente que normalmente no acata la ley tampoco va a hacerlo en esto, mientras que el ciudadano común que sí la respeta va a quedar desarmado. Cuando portar armas es legal entonces las llevan tanto los criminales como los que quieren protegerse de ellos.

Cualquier legislación anti-armas (véase el Reglamento de Armas español) será además forzosamente arbitraria: ¿por qué no se prohíben también los cuchillos de cocina o los bates de béisbol? No es válido argüir que tienen en principio una finalidad “no-ofensiva”, pues ningún objeto es inherentemente “ofensivo” o “inofensivo”. Lo mismo que el bate puede emplearse para agredir a un individuo o para golpear una pelota, las armas de fuego pueden emplearse agresiva o defensivamente. Es la acción humana en particular y no el objeto de que se sirve lo que debe enjuiciarse.

Por último, una sociedad armada es una sociedad más difícil de someter. Dijo Lenin que un hombre con un arma puede controlar a cien sin ellas. En un país como Estados Unidos, donde más de 90 millones de ciudadanos están armados, el Gobierno se guardará de subyugar al pueblo más allá de cierto punto. La libertad de armas puede ser una garantía frente a las inclinaciones totalitarias del Estado.

Nefastas reivindicaciones sociales

Muchos liberales se debaten ante la cuestión del sindicalismo y reivindicaciones sociales. Todo individuo ha de tener el derecho a reunirse o crear organizaciones. Pero del derecho a la organización no se desprende, para nada, el derecho positivo concedido por el estado a la extorsión y la amenaza. Las consecuencias económicas de esta forma de actuar sólo nos llevan a mayor incertidumbre laboral y al mantenimiento de unos pocos a expensas del resto de la sociedad:

– Reivindicación de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son privilegios de un grupo de trabajadores arrancados a los productores gracias a la fuerza unilateral de la ley y el estado. Si por razones ajenas a la producción individual se eleva el sueldo nominal del resto de trabajadores, eso significa que la empresa va a tener menos capacidad de competir ya que tendrá que ofrecer precios más caros y menos empleos que ofrecer a aquellos que quieran entrar en el mercado laboral.

– Reivindicación de los derechos de la mujer. Si hiciésemos un estudio sobre quién cobra más, si los hombres con pelo rubio o moreno, el resultado sería que hay una discriminación de unos en contra de los otros. Pero a todas luces tal estudió sería ridículo. A cada persona se le retribuye por el esfuerzo y logros que consigue para la empresa por la cual trabaja. Da igual que sea un hombre una mujer, un extranjero, un rubio o un moreno. Si por ley aumentamos el sueldo a todas las mujeres (u hombres de pelo moreno) independientemente de su nivel de producción sólo haremos que las empresas contraten a menos mujeres (u hombres morenos) y estaremos incentivando el desempleo femenino (y de los morenos).

– Salario mínimo. Si establecemos una retribución mínima por el trabajo de todos por encima de la que estima el mercado, sólo incentivaremos el desempleo de los menos capacitados para trabajar; como jóvenes, gente con poca especialización, inmigrantes que escapan de su país, etc. Si los sindicatos y el estado impusieran una ley por la cual los becarios han de percibir un sueldo de 6.000 euros mensuales esto no haría ricos a los becarios, sino que los haría desaparecer del mundo laboral.

– Convenios colectivos. Los convenios sólo generan un perdedor real: el trabajador. Si un convenio establece en un sector unos “beneficios sociales” muy altos lo único que conseguiremos es que automáticamente el sector se inunde de personas con bajos niveles de producción para vivir a expensas de los beneficios del sector. Con los años todos estaremos sin trabajo.

– Condiciones de trabajo. ¿Qué son buenas condiciones de trabajo? ¿las que dicta un político o jefe sindical a cientos de kilómetros de donde trabajamos? Obligar a una empresa a gastar su dinero y la capacidad creadora de sus empleados a resolver tan inocuos temas sólo generará menos capacidad de producción y otra barrera de entrada para aquellos que quieren empezar a trabajar. La correcta posición de una silla de trabajo, o de una “buena ventilación” no nos proporciona más comodidad y seguridad, sino más precariedad laboral.

– Indemnizaciones por despido. Si obligamos a las empresas a pagar indemnizaciones, lo único que tendremos son personas demasiado acomodadas que no permitirán la entrada de jóvenes con mucho por ofrecer. Y a la vez también estaremos incentivando la ociosidad laboral, la baja producción, encarecimiento de los productos nacionales y entrada de productos extranjeros (de China, Marruecos…).

La aplicación de las reivindicaciones sociales no son un logro, sino un retroceso. Los niveles de alto desempleo y escasas oportunidades de encontrar nuevos trabajos en Europa han sido el experimento fallido del sindicalismo radical y del estado omnipotente.

El día que aprendamos que sólo cada uno de nosotros es el auténtico motor de nuestro bienestar sin depender de las reivindicaciones de los demás, conseguiremos un mercado laboral sano y próspero donde el desempleo, literalmente, desaparecerá.

Montilla, el castigador indiscriminado

Un instituto cercano al Partido Socialista se ha puesto a pensar sobre el problema de la escasez relativa de la energía originado por nuestro regulado sistema eléctrico y ha propuesto establecer un precio por unidad energética consumida más elevado por encima del aquel nivel de utilización que sea considerado un “consumo razonable”. Montilla, nuestro ministro de Industria, se ha apresurado a anunciar que el Ejecutivo trabajará “de manera inmediata” en la posibilidad de aplicar a los “consumos indiscriminados” de energía un precio mayor para así evitar el derroche.

Una de dos, o los intervencionistas se hacen los tontos para poder intervenir más o lo son en grado supino; al menos en lo que se refiere al funcionamiento del mercado. Si les otorgamos el beneficio de la duda en cuanto a su honestidad debemos suponer que son tontos de remate. Ni siquiera entienden que el mercado, a través de los intercambios voluntarios entre consumidores, productores finales y productores intermedios ya se encarga de penalizar, de la única forma al mismo tiempo justa y efectiva, a quienes despilfarran un bien económico –y por lo tanto escaso- como la energía. El despilfarro rara vez puede medirse objetivamente. Depende no sólo del gasto físico de un recurso sino también del valor que los individuos otorgan al fin y la medida en que el recurso contribuye a la consecución dicho fin. Y estos dos últimos factores no son observables de manera objetiva.

Si un productor gasta energía incontroladamente –el gran peligro que hay que evitar según Montilla- el consumidor le castigará por utilizar demasiados recursos escasos en fines cuyo valor no lo justifica. El mercado no castiga por consumir mucho sino por despilfarrar. De hecho, en una sociedad en la que la electricidad se produzca e intercambie sin intervención de la coacción estatal lo más probable es que quien más energía consuma tenga precios inferiores por unidad energética por el simple hecho de ser un buen cliente. No es misión de la empresa productora juzgar el uso de esa energía. Su misión es producir eficientemente y ponerla a disposición de quienes la demandan con énfasis. El dictamen sobre si ese mayor uso está justificado, o no, lo emite el consumidor final comprando o dejando de comprar. La infeliz idea que Montilla se apresura a implantar consiste en lo contrario de lo que cabe esperar en un mundo de relaciones contractuales: castigar con precios más elevados a quienes compren más energía e impedir que el consumidor final juzgue si el uso de la energía es adecuada.

Si, por el contrario, fuese un consumidor quien malgastara la energía, podría deberse a que éste valore en mayor medida que otras personas el consumo eléctrico o porque cambiar sus hábitos de consumo tenga un coste muy elevado. En cualquiera de los dos casos tampoco parece muy lógico que se castigue al consumidor que usa más energía de una forma distinta a pagar por ese mayor número de unidades energéticas consumidas.

Porque ¿cómo sabrá el ministerio –tanto si el supuesto despilfarrador es productor como si es consumidor- quién consume más de lo razonable? No puede saberlo porque, como hemos explicado, la naturaleza del despilfarro es subjetiva. La manera de conseguir los datos que lograsen objetivizar el castigo del mayor uso de energía se convertirá en el misterio del ministerio. Un enigma del que sólo sabemos que será coactivo, injusto, ineficaz y gravemente distorsionador. Y es que además de los desatinos ya explicados en relación a la propuesta, su aplicación requiere que el estado se inmiscuya, espíe o fiscalice las distintas actividades mercantiles y/o particulares. A esto es lo que los que suscriben la medida aluden cuando reconocen que se requeriría “un estudio en profundidad del mercado”. Estudio que presumiblemente realizarán ellos mismos. Requiere que el estado se meta en la vida y las actividades privadas de la gente. Requiere, en suma, que un gran hermano informe no sólo cuánta energía se utiliza sino en qué. Por eso reclaman la instalación de “contadores avanzados”.

El mercado no se mete en tu cocina a espiar lo que cueces ni te sienta a un policía en la encimera para apagarte el fuego si el plato requiere más gas que el de otros. El mercado respeta tu libertad pero te responsabiliza de ese mayor gasto. Te premia si juzga que era para lograr fines más elevados o una mayor cantidad y te castiga si a ojos de los individuos libres se trataba de un simple despilfarro. En cambio, el plan de Montilla no permite que la sociedad castigue pacíficamente el consumo indiscriminado de energía sino que implanta un sistema coactivo de castigo indiscriminado.

El presidente Martin van Buren y los euro-burócratas

En 1837 Martin van Buren accedió a la presidencia de los Estados Unidos de América. En su discurso inaugural, Van Buren abogó por los principios del laissez-faire y la inacción política. Tan sólo dos meses más tarde, la mayor quiebra bancaria del país –anuncio de lo que sería la mayor recesión jamás padecida antes de 1929–, desafiaría tales intenciones. Ante tal situación, el presidente Van Buren ratificó en su primer mensaje al Congreso su compromiso en la reducción de gastos y la inacción por parte del Ejecutivo. Es más, expresó su confianza, incluso la necesidad, de más capitalismo, más empresarialidad, más competencia e iniciativa privada, y menos ayudas legislativas y regulaciones por ley.

Los grandes intervencionistas de la época lo señalaron y denunciaron, pero lejos de arrugarse, Van Buren no sólo se mantuvo en sus principios sino que llevó a cabo una importante y exitosa desregulación financiera conocida como la Independent Treasury System. Aparte de dicha desregulación, este presidente desbarató los planes de los liberticidas de turno (el joven Lincoln incluido) para usar la depresión como excusa para la expansión del papel del Gobierno en la vida de los americanos. De hecho, el gasto del Gobierno Federal cayó un 21 por ciento en cuatro años, y la deuda permaneció estable. También redujo los aranceles y dejó que los precios de los bienes, servicios y trabajo fluctuaran libremente. Gracias a que no ejerció el poder, el saneamiento económico terminó rápidamente y una gran oportunidad para los liberticidas fue obstaculizada.

Hoy hace una semana que la mayoría de votantes de dos de los países llamados “fundadores” de la Unión Europea bloquearon la “Constitución” hecha por y para los políticos que nos ha tocado padecer. La preocupación sobrevuela a los euro-burócratas y varios de ellos ya se lamentan por no haber seguido el trámite parlamentario. Algunos proponen repetir la consulta hasta que salga un sí hastiado. Y otros, obviar tal consulta y directamente apartar la mirada.

¿Que habría hecho Martin Van Buren si perteneciera a esta clase política europea? Seguramente hubiese batallado contra tanto liberticida. Empezaría por retirar el Proyecto de Constitución y a continuación, iría desmontando el aparato supraestatal europeo. Si bien, antes de empezar ya habría sido encasillado como euroescéptico insolidario, y para ser realistas, probablemente no hubiese llegado nunca al poder.

Pero la cuestión es: ¿debemos esperar a que salga un Martin Van Buren para que nos salve? ¿Nuestra libertad debe depender de políticos que estén a su altura? ¿Uno debería guiarse de noche por la luz de las estrellas fugaces? Evidentemente, no. No, porque Van Buren no acertó por ingenio. Ni por sabiduría. Tampoco acertó por seguir una buena política. Acertó por no ejercer la política. Por negar los fundamentos intervencionistas, y por creer en la libertad.

Ningún político debiera guiar nuestras vidas ni moldear nuestros destinos. Ya sea desde Bruselas, Madrid… o donde quiera que estén. Hasta el más sagaz erraría si decidiese inmiscuirse en asuntos privados. Y es que, como ya nos advirtió el Padre Juan de Mariana en Discurso de las enfermedades de la Compañía:

…es loco el poder y mando… Roma está lejos, el General no conoce las personas, ni los hechos, a lo menos, con todas las circunstancias que tienen, de que pende el acierto. Forzoso es se caiga en yerros muchos, y graves, y por ellos se disguste la gente, y menosprecie gobierno tan ciego… que es gran desatino que el ciego quiera guiar al que ve.

Lástima que los eurócratas no hayan leído al Padre Mariana ni vayan a hacerlo. Nos estaríamos ahorrando muchos proyectos tan desastrosos como el de la Unión Europea.