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Energía política

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Energía política

La línea intervencionista gubernamental se hace más que patente en la política energética española. La adopción del infame protocolo de Kyoto y la no menos lamentable moratoria nuclear nos han condenado al uso indiscriminado de las mal llamadas energías renovables. Estas energías, cuyos efectos colaterales en términos ecologistas son prácticamente inexistentes, configuran lo que se podría llamar la energía política.

Y esta energía política forma parte habitual del lenguaje de todo dirigente de cualquier condición, desde las derechas más recalcitrantes hasta las izquierdas más progresistas, desde ayuntamientos y diputaciones hasta los ministerios más influyentes. Nadie se libra de opinar, adoctrinar, incluso obligar a que usemos o participemos de esta cara y solidaria manera de hacer sociedad.

Nuestra peculiar política energética esta de enhorabuena. En la murciana localidad de  Jumilla se acaba de autorizar la construcción de la mayor central de energía solar fotovoltaica de España. La planta que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Energía de la Comunidad Autónoma de Murcia y de la empresa Iberdrola, ocupará una superficie total de 120 hectáreas y generará una potencia total de 20 megavatios a cargo de 200 paneles de 100 kilovatios cada uno. De la noche a la mañana se ha convertido en el niño mimado del alcalde de la localidad, Don Francisco Abellán.

Aportará grandes beneficios para el municipio, como la posibilidad de tener energía alternativa, además de los ingresos que generan tanto las licencias de obras como su actividad económica, así como el canon fijo que la empresa deberá abonar por ocupación de los terrenos municipales.

Reveladoras las declaraciones del alcalde. En ellas se deja entrever que el único beneficio real para el municipio son los ingresos con los que engordarán las arcas del ayuntamiento en concepto de licencias, cánones y otros peajes.

Sería deseable que no se ocultara al ciudadano algunas otras consecuencias de la adopción de este tipo de políticas energéticas: que la producción de este tipo de energía es hasta once veces más cara que la generada por otros medios como nos indica el Libro Verde de la Unión Europea de Energía; que los 20 megavatios vayan a costar 130 millones de euros mientras que la central de ciclo combinado ubicada en el Puerto de Bilbao, de 800 megavatios, ha costado 260 millones; que al tener un precio intervenido, las diferencias a la hora de usar esta energía son repercutidas en todos los contribuyentes y no sólo en aquellos que gustan y quieren usarla; que esta energía tan dependiente del clima, no asegura una continuidad en el suministro. Todo ello es irrelevante si de por medio hay buenas, inocentes incluso malignas intenciones.

Don Francisco Abellán y todos sus imitadores, por arriba y por abajo, ya tienen su central a la que se unirán varios aerogeneradores y seguirán haciendo política para salvar a la sociedad de sí misma, que para eso les ha elegido el pueblo soberano.

Emprendedores sin brújula

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Salvo la muy honrosa excepción de la ESEADE de Martín Krause y alguna que otra institución, el panorama de una eficaz enseñanza para emprendedores en el ámbito hispánico es verdaderamente sombrío. El valor predominante en la formación empresarial es el sempiterno pensamiento estratégico plagado de cronogramas imposibles de cumplir y de aburridas matrices de ponderación ajenas al nervio diario que la empresarialidad requiere. Hoy mismo vuelven a la carga Michael Porter con su penúltimo refrito y Stephen Covey con otro nuevo hábito –¡y van ocho!– para sus numerosos lectores planificadores que le siguen con unción. Es claro el dominio de esta escuela managerial en las consultoras de organización y en los departamentos de las compañías, ya que ofrece un espejismo de equilibrio perfecto en la resolución de problemas – es hija dilecta, sin duda, de la economía neoclásica – y justifica el salario de muchos actores interesados en el auge de la sistematización. En definitiva, el paradigma de la planificación estratégica es el imperio de lo políticamente correcto y controla a los disidentes a través de su banal neolengua.

Lo que pasa es que desde hace relativamente poco tiempo los propietarios de negocios y sus consejeros externos, cansados de un management sin espíritu, han vuelto su mirada hacia sucedáneos fáciles de digerir de base presuntamente cultural y afán ejemplarizante. Ahora cualquier destacada figura histórica sirve como modelo de gestión empresarial y se ha desembocado a una situación en la que personajes como ayer el gurú Osho y actualmente Deepak Chopra –ilustres espiritualistas, sin duda, pero completos desconocedores de lo que se cuece en las firmas– pasan por ser augures de la toma de decisión empresarial.

Mientras tanto, a pesar del páramo, la aportación fundamental (fundacional) sobre la empresarialidad de Ludwig von Mises, Ronald Coase y demás seguidores de ambos maestros permanece casi inédita en la explicación pública de la dinámica de los negocios. ¿Cuál es la causa de esta lamentable situación? ¿La poderosa fuerza doctrinal de los oponentes de la escuela austriaca? ¿O quizá también cierto apocamiento de un ambiente intelectual que evita como sea el combate por las ideas y prefiere entretenerse en la urgentísima, al parecer, distinción sobre quien es galgo liberal y quien podenco novoinstitucionalista?

En una ocasión, almorcé junto con unos amigos en un distinguido restaurante de Ávila. Durante la sobremesa, el propietario y gran cocinero de aquel establecimiento se acercó a nuestro rincón, puesto que conocía a alguno de los comensales, y nos confesó al instante la clave de su oficio. Era su caso práctico para nosotros: uno de sus colaboradores abrasó una amplia fuente de asados y la hora de aparición de los clientes se aproximaba. Aparentemente, aquella montaña de carne devenía inservible. El propietario no se arredró ante la hecatombe y en un tiempo record lavó las piezas, raspó los costurones negros del incendio, elaboró una nueva salsa y preparó un fuego más benigno. Por supuesto recibió, como siempre, las felicitaciones de sus parroquianos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tirar los inputs al cubo o improvisar a la carrera una solución beneficiosa para todos?

Sí, ya sé que el ejemplo tiene poco carácter científico y que los mandarines de lo obvio se llevarán las manos a la cabeza. No obstante, en esta sencilla muestra aparecen tres supuestos esenciales: moral hazard a tope, coste de oportunidad en el alero e ingenio empresarial a raudales. El precio de la honestidad, de los acontecimientos y del saber fragmentado. Eso no lo cuentan todos los días en los tibios salones del management.

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Ondas públicas, libertad cercenada

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Como apuntara el economista liberal Murray Rothbard, sin imprentas de propiedad privada no hay libertad de prensa. En un escenario en el que el Estado se atribuye la titularidad de todas las rotativas los periódicos no publican lo que quieren, sino lo que los burócratas toleran. Tal es la situación en España con respecto a la radio y la televisión. Así el artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado.” El espectro, se alega, es limitado, motivo por el cual la Administración pública debe nacionalizar las frecuencias y hacerse cargo de su distribución y gestión. ¿Debe entonces nacionalizar también el suelo y adjudicarlo caprichosamente? Bueno, en cierta medida ya lo hace… Pero, ¿desde cuándo el hecho de que un bien sea escaso es una razón para no someterlo al sistema de precios y no la condición sine qua non para estar sujeto al mismo? La función del sistema de precios es justamente la de asignar bienes escasos de forma eficiente. Los bienes tienen precios porque son escasos. La naturaleza de las frecuencias radioeléctricas no comporta aquí dificultades adicionales. Las ondas serían objeto de apropiación de acuerdo con el clásico principio lockeano del “homesteading” o primer usuario: una frecuencia determinada devendría propiedad de aquél que primero la utilizara. Si un tercero interfiriera en su señal estaría violando su propiedad. De este modo, con arreglo al derecho consuetudinario, un tribunal de Illinois resolvía en 1926 un conflicto sobre interferencias radioeléctricas (Tribune Co. v. Oak Leaves Broadcasting Station).

Las causas, pues, que explican la injerencia estatal son en realidad otras: el afán del poder político por controlar los medios y moldear la opinión pública y la demanda de privilegios por parte de ciertas empresas consolidadas del sector. Es ilustrativo el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (antes la Comisión Federal de Radio), nacida en 1927 con el pretexto de poner orden allí donde ya lo había y utilizada por el lobby de la radiodifusión AM para protegerse de la competencia de la FM y la televisión por cable, y luego por el lobby de la AM y la FM para bloquear el desarrollo de la radio por satélite. Los burócratas de la Comisión, mientras tanto, ejercían la censura denegando licencias y renovaciones a varias emisoras que no eran de su agrado. Cuando en 1934 se incluyó entre sus competencias la regulación de la telefonía y el telégrafo quedó patente que el organismo no se creó como respuesta a la limitación del espectro.

En tanto no se ponga término a la titularidad pública del espectro radioeléctrico y se desmantele el actual régimen de concesiones, el Estado seguirá imponiendo barreras de entrada en el sector y asignando frecuencias a discreción, generando escasez artificial y cercenando la libertad de expresión. Hasta que no se privaticen las ondas los burócratas seguirán arrogándose el curioso derecho de concedernos algo que no les pertenece.

Activismo judicial

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El mundo entero prestaba atención el pasado noviembre a los complicados cálculos electorales que resultaron finalmente en una histórica victoria de George W. Bush. Fueron una de las elecciones más decisivas de las últimas décadas. Pero en estos momentos nos encontramos ante una lucha dentro del sistema político estadounidense que podría tener aún mayor importancia, pues sus efectos se extenderán por un período de tiempo más largo. Se trata del relevo de varios miembros del Tribunal Supremo (TS).

Los jueces que ocupan el TS son elegidos de forma vitalicia, por lo que una vez nombrados ya no dependen del favor de los políticos, con lo que se ahorran episodios vergonzosos de nuestro Tribunal Constitucional, como la sentencia de Rumasa. Pero el TS de los Estados Unidos tiene sus propias miserias, que consisten en realidad en una sola: el activismo judicial.

El activismo judicial es la mala práctica de ciertos jueces de retorcer la ley lo que sea necesario hasta hacerla coincidir con su propia ideología. Dadas las formas de pensar de conservadores y progresistas, esa costumbre de tomarse la ley a beneficio de inventario ha sido seguida casi en exclusiva por los jueces progresistas, con la única excepción, aunque importante, del Juez Marshall.

Mientras que los conservadores confían en las instituciones y en el Estado de Derecho, y en consecuencia creen que la opinión personal no debe condicionar la interpretación de la ley, los progresistas ven en la Constitución un obstáculo para alcanzar su arcadia, su sociedad deseada, y creen justificado retorcer la ley con tal de poder interpretarla en coincidencia con su ideología. De este modo se violenta la función de los jueces, que es la de juzgar ateniéndose a lo que dice la ley, no en convertirse en legisladores no elegidos democráticamente. Por otro lado con esa práctica se anula el Estado de Derecho, que se fundamenta, en feliz expresión de Sir Mathew Hale en “el gobierno de la ley, y no el de los hombres”.

Este activismo judicial termina con la certeza en la ley que da sentido y eficacia al Estado de Derecho, porque lo que ocurra no depende de lo que diga la ley, sino de las opiniones personales de los jueces que ocupen el TS. Y, como la letra de la Ley deja de ser importante frente a la decisión arbitraria del juez, se fomenta la actividad de los grupos organizados en torno a intereses concretos, los famosos lobbies, que pueden llegar a ganarse el favor del juez mientras que de otro modo tendrían que limitar sus pretensiones a las que les reconociera la Constitución y la jurisprudencia. El activismo judicial se fundamenta en la arbitrariedad y fomenta el juego de los intereses particulares frente a los generales, que coinciden con una interpretación más justa y estricta de la ley.

En el curso de esta legislatura se retirará, si no lo hace antes la vida, el octogenario William Rehnquist, amenazado por un cáncer de tiroides. Otros dos jueces más podrían dar la oportunidad de renovar el TS. Pero las propuestas de George W. Bush han de contar con el “consejo y el consentimiento” del Senado. Y puesto que se necesita una mayoría cualificada, los 55 senadores republicanos de los 100 que componen la Cámara Alta no son suficientes para respaldar las nominaciones de Bush. Su pretensión consiste en llevar al TS jueces conservadores, es decir, que interpreten estrictamente la Constitución en sus propios términos, mientras que los demócratas quieren que los jueces elegidos se guíen por su propia ideología de izquierdas más que por lo que diga la Carta Magna. Parte del destino de los Estados Unidos depende del intento de George W. Bush por restablecer el constitucionalismo en el Tribunal Supremo.

El Estado no sale a cuenta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El crecimiento para Europa no es muy halagüeño. Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha rebajado en siete décimas la previsión de crecimiento para la zona euro en 2005, y en cinco para el 2006.

En la misma línea va la competitividad en España. Según un estudio del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), la competitividad ha caído un 12,5% con respecto a la eurozona en los últimos seis años. La patronal CEOE declaró hace unas semanas el "serio problema de competitividad que sufre la economía española” que han causado las "cargas fiscales, laborales y sociales". Como solución el gobierno socialista está estudiando rebajar las cotizaciones sociales de todos los contratos indefinidos en medio punto. Como si tal medadita fuese a servir de algo sobre el 38% de lo que pagan las empresas por sus empleados al gobierno.

Cuando se trata de expandir la libertad, el gobierno siempre es moderado y pragmático para conservar el socialismo. Pero cuando se trata de ampliar los costes sociales todo estado siempre se muestra radical. Y ese, es el anunciado declive de Europa: más privilegios y dinero para los burócratas y grupos de presión (agricultores, ONGs con dudosos “fines sociales”, sindicatos, funcionarios…), y todo a cargo del dinero ganado honradamente por las empresas y trabajadores. No hace falta que haga donaciones, el estado ya se encarga de quitarle el dinero y hacerlas por usted a él mismo.

El auténtico problema económico de España y Europa, sin duda alguna, es el estado. Éste es la única organización que, por ley, puede sacarle al ciudadano su dinero mediante la fuerza y la amenaza. A tal forma de actuar siempre se le ha llamado robo y extorsión; y es que bajo las palabras de “estado del bienestar”, pragmatismo y moderación se esconde un sistema económico basado en la agresión, la arbitrariedad de un puñado de políticos, el dirigismo y la planificación central. No es de extrañar que la “producción” huya de un país cimentado con esos valores.

La solución al problema de la competitividad y crecimiento, entonces, serán las medidas opuestas. Si dirigismo y omnipotencia estatal es igual a continuo declive económico, libre mercado es igual a prosperidad y riqueza:

– ¿Qué sentido tienen las licencias? No necesita una licencia para ser un buen taxista. Si sabe conducir, sabe llevar a la gente de una parte a otra con la misma calidad, tenga licencia para hacerlo o no.

– No necesitamos burocracia. Si usted quiere crear una peluquería en Aragón, por ejemplo, necesitará de 180 a 200 días para abrirla. Firmar y acumular papeles no hará que sepa cortar mejor el pelo a sus clientes.

– ¿Qué hemos conseguido con tantos impuestos? Que el estado se enriquezca a costa de nuestro trabajo cuando a nosotros nos cuesta llegar a final de mes. Eliminémoslos todos.

– ¿Qué hemos conseguido con el salario mínimo? Que los jóvenes no tengan trabajo y un sin fin de contratos altamente precarios.

– ¿Por qué obligar a las empresas a pagar al estado? Menos dinero para el empresario es menos capacidad de producción y de creación de empleo. Que más del 20% de la economía esté sumergida no es un capricho de los empresarios.

– ¿Por qué mantener un obstruido y obsoleto sistema de medicina público? El lema "todo tratamiento debe ser gratis" sólo ha creado la realidad “todo tratamiento necesita varios años de espera”. A pesar del fuerte monopolio del estado en salud, los seguros médicos privados son mucho más eficientes.

– ¿Por qué hacer aportaciones forzosas a su vejez sino las va a cobrar? El estado no financia el dinero de su pensión, sino el de un anciano de ahora. El estado no puede garantízarle su futuro.

Y en fin, ¿por qué mantener a una organización inútil (estado) que nos empobrece día a día? Sobran argumentos. El estado no sale a cuenta.

Ya estamos en 1984

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace poco más de un año IU presentó su propuesta de Estatuto del Periodista (EP), que vendría a desarrollar el artículo 20 de la Constitución, referido a la libertad de expresión e información. De entrada, debería preocuparnos que un partido político que sigue considerando al totalitarismo cubano como su "modelo referencial" redacte una proposición de ley para regular la libertad de expresión en España. Uno creía que el ideal comunista de la libertad de expresión era la mordaza o, directamente, el Gulag. Uno lo creía y, tras leer el Estatuto del Periodista, puede seguir creyéndolo a pies juntillas.

Lo sorprendente no es, pues, que IU redacte una proposición inspirada en la censura cubana y venezolana, sino que el PSOE, ese partido de izquierda supuestamente moderada, dé el visto bueno al Estatuto del Periodista sin modificar ni una coma.

El objetivo del EP es instituir "un organismo público, corporativo o sindical" que acredite "la condición de periodista profesional mediante la expedición de un carné". Eso sí, para dejar claro que el EP no supone excluir "del ejercicio profesional a aquellos que carezcan de la habilitación necesaria", los impulsores del texto matizan rápidamente: "La adopción de este Estatuto tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos profesionales específicos pasa por la acreditación de esa profesionalidad".

Como ahora veremos, esta declaración de buenas intenciones es falsa y esconde, precisamente, una censura de mucho mayor calado. Todo ello, a través de cuatro instrumentos: el director, el Comité de Redacción, el Comité de Información y el Código Deontológico.

El director

El artículo 2 del EP asegura que "la condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos"; carné que "se renovará periódicamente".

Sin embargo, el párrafo 2 del artículo1 deja claro que esa acreditación no interferirá en el ejercicio del derecho a la información por parte de los no profesionales. En principio, pues, pareciera que la única virtualidad del carné fuera una especie de bendición estatal sobre quien es periodista "profesional". Al fin y al cabo, nada impedirá a quienes no tenga carné trabajar para un medio de comunicación. ¿Qué más da, en definitiva, que uno sea tildado de periodista “profesional” o de periodista "no profesional", si su libertad de expresión resulta equivalente?

Pero los neoinquisidores no dan puntada sin hilo. El carné no tiene utilidad sólo en apariencia (una interesada apariencia, cabría añadir, para encubrir sus auténticas intenciones). Cuando avanzamos hasta el artículo 21, ‘De los Directores’, nos enteramos de que "al frente de los medios informativos, esto es, publicaciones, programas audiovisuales y páginas o sitios en la red de carácter periodístico estará un director"; y ¿quién puede ser director? El EP lo deja claro: "El director ha de ser periodista profesional acreditado como tal".

En otras palabras, el EP se asegura que al frente de cualquier medio de comunicación se sitúe un periodista de carné, un periodista que habrá obtenido la aprobación estatal. Notemos, además, que en la definición de medios de comunicación se incluye "páginas o sitios en la red de carácter periodístico". ¿Qué sucederá con las bitácoras de opinión e información? ¿Necesitará cada bitácora un director (periodista de carné)? En caso de que no lo consiga, ¿deberá cerrar la bitácora?

No sólo eso. El de director no será un cargo meramente honorífico: según el EP, "el director tiene la última palabra sobre los contenidos informativos y puede ejercer el derecho de veto sobre los mismos". Por tanto, los periodistas afines al poder político podrán controlar toda la información que sea emitida en este país.

Parece claro que los neoinquisidores izquierdistas, después de haber perdido la batalla ideológica en Internet, están dispuestos a ganarla mediante la fuerza policial y la censura.

Los Comités de Redacción

Según el artículo 22, los Comités de Redacción son "cauce de participación de los periodistas en la orientación editorial", y estarán presentes en toda empresa que cuente con más de ocho periodistas. Por lo tanto, tenemos claro que los Comités de Redacción estarán presentes en casi todos los grupos de comunicación y podrán influir en la línea editorial.

Aunque, en principio, los Comités sean elegidos "por todos los miembros de la Redacción", los sindicatos tendrán un papel preponderante en el procedimiento, ya que "trabajadores y empresas deberán acordar en Convenio Colectivo la constitución, composición y competencias de los Comités de Redacción" (art. 23).

Esto implica una más que evidente infiltración, e incluso dominio, sindical de estos Comités que, en buena medida, socavan la línea editorial del medio de comunicación.

Pero los despropósitos no terminan aquí. El último párrafo del artículo 24 resume la naturaleza auténticamente chekista de estos organismos: "Los Comités de Redacción informarán anualmente sobre el grado de cumplimiento del Código Deontológico, cuya difusión por el correspondiente órgano informativo será obligatoria cuando así lo solicite el respectivo Comité".

Más adelante explicaremos las características de este Código Deontológico, una afrenta fascistoide a la libertad de expresión. Valga, por ahora, tener en cuenta que la misión de estos Comités será la de actuar como chivatos ante los políticos, y que denunciarán a todos aquellos periodistas disidentes que incumplan las normas de buena conducta. ¿Qué ocurrirá si un periodista tiene una actitud particularmente contraria a los sindicatos o al Gobierno? ¿Acaso alguien duda de que este Comité servirá para legitimar la represión política?

El Consejo de Información

Ahora bien, ¿quiénes serán los encargados de ejecutar las sentencias condenatorias de los Comités de Redacción? Evidentemente, si se hubiera encargado esta labor al Gobierno, el grado de corporativismo mussoliniano hubiera sido demasiado indisimulado. En su lugar, el Gobierno crea los denominados "Comités de Información".

El artículo 25 sanciona la creación del Consejo Estatal de Información con la orwelliana declaración de intenciones de "promover los derechos a la libertad de expresión e información y de modo específico el derecho del público a recibir información y los derechos profesionales declarados en este Estatuto".

Este Consejo de Información estará compuesto por 22 miembros, de entre los que cabe destacar, por su obvio sesgo, los 8 periodistas elegidos por el Congreso y el Senado (y ya saben cuál es el único grupo mediático en España con periodistas de suficiente solera socialista como para ser elegidos) y los cuatro miembros de las centrales sindicales. Por tanto, podemos augurar una mayoría estable de la izquierda en semejante Consejo censor. En otras palabras, la misma izquierda que promueve la creación del Estatuto censor para el periodista se asegura las mayorías necesarias en los órganos ejecutores.

Este consejo actuará en pleno y a través de tres comisiones, "de Acreditaciones, Deontológica y de Estudios". La de Acreditaciones será la encargada de expedir los carnés de periodista, y la de Estudios realizará una serie de informes anuales sobre el estado de la supuesta libertad de expresión en el sector.

Con todo, el corazón censor del régimen se ubicará en la Comisión Deontológica, la encargada de establecer las sanciones que contempla el EP en su artículo 10. Podrán ser leves o graves, atendiendo al grado de violación del Código Deontológico. Las sanciones abarcarán desde el escarnio público hasta una multa a la empresa de comunicación de hasta el 10% de sus beneficios, pasando por la retirada del carné de periodista.

El Código Deontológico

El EP incluye, pues, en su anexo un Código Deontológico, auténtico recopilatorio de la neoinquisitorial moral socialista, que limitará la libertad de expresión de todo periodista. Cualquier vulneración de este código, como ya hemos visto, podrá ser denunciada por los Comités de Redacción (esto es, una Gestapo descentralizada) ante la Comisión Deontológica (que realizarían la función de las SS).

El mentado código moralizador incluye 14 puntos; algunos de los cuales integraban ya nuestro ordenamiento jurídico (por ejemplo, respetar el honor, la intimidad y la imagen de un tercero), pero otros, como las que ahora señalaremos, suponen una clara restricción a la libertad de expresión.

El punto 2 considera un deber ético "difundir únicamente informaciones fundamentadas y contrastadas". ¿Considerará el Gobierno que las investigaciones de El Mundo sobre el 11-M están suficientemente "fundamentadas y contrastadas"?

El punto 9, por su parte, ordena "no aceptar retribuciones de terceros por publicar informaciones u opiniones". ¿Qué ocurrirá con aquellos periodistas que, a su vez, formen parte de alguna fundación con una marcada ideología y de la que estén percibiendo una renta?

Y, por último, el 14 dictamina "actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razón de sexo, raza, creencias o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia". En otras palabras, se acabó criticar al fundamentalismo islámico. La Comisión censora al servicio de la Alianza de Civilizaciones de ZP. Los críticos con la conciliación universal de las culturas bajo la rúbrica del estatalismo de la ONU deberán ser convenientemente acallados.

Conclusión

Como vemos, el EP construye un entramado burocrático destinado a controlar la libertad de expresión de los periodistas. Este control se torna particularmente preocupante en el caso de los nuevos medios de comunicación a través de internet, el espacio que, por ahora, la izquierda no ha sido capaz de someter y que, por tanto, más está ayudando a difundir el liberalismo. A través de la figura del director y del carné, del control endogámico de los Comités de Redacción y de la Comisión Estatal de Información y de las sanciones derivadas del incumplimiento del Código Deontológico se institucionaliza una completa Ley Mordaza sobre los individuos.

Se trata de una ley de corte fascista, promovida por sus hermanos mellizos, los comunistas de IU. Sin lugar a dudas, a día de hoy, la más grave amenaza para la libertad de expresión en España.

¿Nos salvará ZP?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Representantes de más de cien países se reunieron la pasada semana en Bonn para empezar a diseñar lo que los cursis llaman la “arquitectura de Kyoto post 2012”. Al mismo tiempo Stavos Dimas, Comisario Europeo de Medio Ambiente, se desplaza a Washington para poner en marcha su plan de salvación para el fracasado protocolo. Su idea es sencilla. Se trata de persuadir a George Bush de que a los EEUU les conviene ratificarlo. Por lo que cuenta Chris Horner en The Washington Times, Dimas va a necesitar algo más que un milagro para alcanzar su objetivo. El protocolo no se salvará en Washington.

El contexto de la reunión de Bonn es ese, el fracaso sin paliativos de Kyoto. No por sus nefastas consecuencias económicas y su nulo beneficio medioambiental que poco importan a los políticos europeos y que ya se sabía de antemano. La razón del fracaso es que tan sólo 33 países se han comprometido a reducir las emisiones de acuerdo con el Protocolo de Kyoto y de éstos solamente unos pocos parecen estar en condiciones de cumplir con lo que han firmado. España, gracias al buen hacer de sus ciudadanos en materia productiva, no cumplirá con lo pactado.

“Las condiciones para que España cumpla no pueden ser peores”, dixit Narbona. A simple vista el reconocimiento no tiene mucho mérito porque España está unos 45 puntos porcentuales por encima de los niveles de 1990 y prevé sobrepasar los 65 puntos en el período de compromiso lo que, debido al estrepitoso fracaso europeo, significará un mínimo de 73 puntos por encima de lo que nos obliga el artículo 4 del protocolo de Kyoto como país miembro de un grupo europeo que no es capaz de cumplir. Sin embargo, el cambio de versión oficial sobre la situación española hay que recibirlo con la alegría de quien va sentado en un autobús por una carretera de alta montaña con un conductor ciego y que de repente recupera la visión. Y es que, por increíble que parezca, hasta hace unas semanas la ministra seguía afirmando que España se encaminaba a cumplir. Desde luego, se ve que este gobierno aparte de talante tiene un humor muy peculiar. La recuperación de la visión parece haber traído algo de sensatez al ministerio. Ahora Narbona dice que “el gobierno va a trabajar para tratar de reducir la factura de Kyoto” cuando hace unos meses decía que el coste no iba a ser importante. Los que nunca estuvimos cegados sabemos que en este sentido no le faltará trabajo a la ministra. A modo de calentamiento podría sentarse a analizar cómo se está liando la cosa en el sector energético donde las cuatro principales empresas españolas han tenido que desembolsar 46 millones de euros entre enero y marzo para la compra de derechos de emisión.

En medio de este fiasco monumental se produce la reunión de Bonn de la pasada semana en la que Jürgen Trittin, ministro alemán de medio ambiente papel, ejerció de machote y campeón de la insensatez. Entre otras cosas afirmó que el sistema de racionamiento y comercio de derechos de emisión “ha demostrado ser exitoso” [Sic]. Trittin y los Jemeres Rojiverdes creen ver la prueba del éxito en el desasosiego que el experimento de Kyoto empieza a producir en alguno de sus débiles compañeros de juego y en muchos ciudadanos demasiado acostumbrados al nivel de vida occidental y a las bondades del mercado libre. Así que ni corto ni perezoso Trittin se reafirma en su línea ecototalitaria y propone nada más y nada menos que el Protocolo obligue después de 2012 a restricciones hasta seis veces más elevadas que las actuales. Eso, y lo que ya se da por hecho: prohibición de compra de derechos extras a quienes incumplan en el primer periodo y multas de hasta el 30 por ciento.

¿Qué va a hacer el gobierno español ante esta situación? ¿Aprovechará el estrepitoso fracaso del Protocolo y los datos de sus nefastas consecuencias económicas para sacarnos de esta locura intervencionista en la que nos metió –no lo olvidemos– el Partido Popular, o nos terminará de asfixiar firmando un nuevo Protocolo todavía más intervencionista y más dañino para el hombre y su entorno? Confiemos que prevalezca la sensatez y que en esta ocasión José Luis Rodríguez Zapatero supere a José María Aznar como estadista. Si es así, seguro que encontrará el apoyo de todos los amantes de la libertad.

Licencia para navegar

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

En una de mis películas preferidas, Cadena perpetua, uno de los protagonistas sale de la cárcel tras cuarenta años entre rejas. En su nuevo empleo, pide constantemente a su nuevo jefe permiso para ir al servicio, lo que lleva a éste a recriminarle sus constantes peticiones: "si necesitas ir al baño, vete sin preguntar". Pero el viejo preso se da cuenta que lleva décadas pidiendo permiso para ir a mear, y es incapaz de hacerlo si no se lo dan. No era libre para hacer algo tan básico como orinar, al igual que no era libre para tantas otras cosas.

Vuelvo a recordar esta escena porque la petición de la SGAE de que todos necesitemos una licencia para navegar por Internet es mucho más grave de lo que se pueda pensar. No es del todo cierto que elimine el anonimato en la red, porque ese anonimato no existe. Cuando nos conectamos, lo hacemos empleando un número IP. En algunos casos, nuestro ordenador tiene siempre el mismo número mientras que, en otros, cambia cada vez que nos conectamos a la red. En caso de cometerse un delito en Internet, un juez puede pedir a nuestro proveedor de acceso la identidad del usuario que empleó una cierta IP a una hora determinada. Es verdad que podemos emplear determinadas técnicas para ocultar nuestro número IP aunque también es cierto que lo más probable es que puedan acabar atrapándonos.

El verdadero problema de la barbaridad proferida por nuestros artistazos es que, sencillamente, no somos libres de hacer algo si tenemos que pedir permiso para hacerlo y esperar a que nos lo concedan, aún cuando lo concedieran siempre. Ni usted ni yo somos libres de ser taxistas, pues nos deben conceder permiso las autoridades competentes. Tampoco de conducir, pues otras autoridades distintas han de decidir antes si somos aptos para hacerlo. En el primer caso, es una arbitrariedad injusta; en el segundo, cabe aducir que la seguridad de los que usan las carreteras obliga a ello. Parece evidente que navegar en Internet no es más peligro para los demás que caminar por la calle.

Entonces, si no disponemos de anonimato y la licencia elimina nuestra libertad de usar Internet, ¿para qué la quiere la SGAE? Se puede pensar mal de muchas maneras distintas. Dado que si se comete un delito, tanto la SGAE como cualquier otro pueden pedir al juez la identificación e imputación del delincuente, cabe pensar que desean que naveguemos bien identificaditos para poder amenazarnos aún cuando hagamos cosas legales, como compartir música en las redes P2P, ya que no pueden enviar a un juez para pedir que nos detengan. También es posible que, al sacarnos la licencia de conducción en Internet, nos obliguen a firmar un documento en que prometamos no hacer esas mismas cosas legales, como criticar al sindicato vertical. Seguramente hay razones aún más aviesas que yo no soy capaz de concebir pero mis avispados lectores sí. Pero lo único seguro es que lo que desea la SGAE es destruir nuestra libertad de utilizar Internet, porque esa es la única consecuencia segura e inmediata de su petición.

Contabilidad creativa incentivada por el Estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En el año 2002 el estado empezó a planificar la introducción de un nuevo sistema de contabilidad financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que se establecerían para las empresas cotizadas en Bolsa a partir del 1 enero de 2005. La misión de los “expertos” era doble. Por una parte conseguir la armonización contable con el resto de países de la Unión, y por otra, “mejorar” y “actualizar” la normativa contable de España. Ya estamos en el 2005 y las empresas que cotizan en Bolsa se han adaptado a la nueva contabilidad.

Las sociedades que componen el Ibex 35, según las NIC, han obtenido una cifra récord en beneficios durante el primer trimestre. Han consiguiendo un sustancioso crecimiento del 38% respecto al mismo período de 2004 (queda excluida Inditex porque tiene un ejercicio fiscal diferente). Sólo NH Hoteles, Iberia y Sogecable han tenido resultados negativos.

¿Significa esto que las empresas españolas se han vuelto, por arte de magia, más rentables, más eficientes y mejores? Evidentemente que no. Sus resultados son el corolario de un sistema contable impuesto por el estado basado en la irresponsabilidad.

Una de las bases de la contabilidad es el principio de prudencia donde los beneficios sólo se contabilizan cuando son firmes, y las pérdidas cuando son previsibles y se pueden cuantificar. Este principio básico, que garantiza la confianza del inversor, se ha abandonado para introducir el engañoso concepto de “valor razonable” (fair value). El “valor razonable”, para las NIC, es la contabilización a valor de mercado de una serie de instrumentos financieros que posee la empresa.

¿Qué tipos de instrumentos financieros? Los “expertos” han decretado que algunos de ellos han de ser, por ejemplo, los derivados (como pueden ser las stock options de hace unos años). Los derivados, para lo que ahora nos interesa, son instrumentos muy volátiles que en según qué tipo de empresas (especialmente financieras) su contabilización a valor de mercado pueden hacer aumentar o disminuir significativamente sus cuentas finales: con las NIC los resultados empresariales ya no serán una radiografía de la salud de la empresa, sino una esperpéntica caricatura.

Si “modernidad” y “adaptación a la nueva economía” significa para el gobierno inflar los estados financieros de las empresas y mostrar una imagen irreal de la salud de éstas, las NIC son de lo más moderno que nunca ha creado el gobierno. Y es que, como siempre, los gobiernos se han gastado y han obligado a gastar a las empresas privadas una enorme cantidad de dinero para crear un auténtico monstruo.

¿Tenemos algún ejemplo pasado del posible daño que ha creado este tipo de contabilidad? Sí. Ya hace años que se aplica en Estados Unidos, y ha generado casos como los de Enron, WorldCom o Vivendi–Universal.

En el libre mercado las empresas privadas no necesitan hacer “contabilidad creativa” para pagar menos impuestos ya que, en una economía totalmente libre, los impuestos no existen. En una economía libre tampoco existen sistemas contables por ley que benefician a unos, perjudican a otros, o exageran los resultados tanto negativos como positivos según en el punto del ciclo económico en que estemos.

En una economía libre, donde los ciclos económicos no existen, la rentabilidad para el accionista es real con beneficios reales y cuentas transparentes. La complejidad de sistemas contables que pocos entendemos nace de la extrema regulación gubernamental y del apetito voraz del estado omnipotente.

No nos extrañe ver en unos años casos como los de Enron aquí y en Europa. La culpa no será del Capitalismo ni del libre mercado, sino de un sistema de contabilización perverso que el estado ha impuesto por mandato obligatorio y que sólo incentivará la desconfianza del inversor, inestabilidad financiera y las crisis económicas.

El inmigrante, coto de caza de la izquierda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero, tal como hemos ido viendo, la izquierda abjura frecuentemente de esta pretendida no discriminación para utilizar el poder coactivo del Estado en su diseño de las relaciones sociales. A la izquierda poco o nada le importa la dignidad y bienestar del inmigrante, sólo su voto tiene verdadera importancia. Es más, no dudará en acicatear la persecución de los inmigrantes a través de organizaciones de extrema derecha si así genera una situación de división que le permita asentarse como el sensato equilibrio político.

En consecuencia, los neoinquisidores deben impedir que los inmigrantes se integren; deben conseguir el odio hacia el inmigrante y el odio del inmigrante. El primero dividirá a la derecha, el segundo les concederá la oportunidad de ofrecerse como santos protectores del eslabón débil de la sociedad.

Y la manera más sencilla de prevenir su integración es impidiéndoles trabajar. No en vano, el inmigrante sale de su país, abandona a su familia y se introduce en un ambiente desconocido para encontrar un puesto de trabajo y percibir un salario. Este proceso genera una sana interdependencia entre todos los individuos de la sociedad; los intercambios y las relaciones voluntarias fomentan la cooperación, la creación de riqueza, el bienestar y el aprendizaje, abriendo las puertas a un proceso civilizador asentado en los principios capitalistas de la libertad y la propiedad privada.

Pero la izquierda, como ya hemos dicho, está interesada en dinamitar ese orden espontáneo introduciendo crispación, desajustes, miseria y conflictos. No olvidemos que la función de los políticos es solucionar los problemas de la sociedad; si esos problemas desaparecieran, la función y el modo de vida de toda la clase burocrática simplemente se esfumarían. Para el político lo prioritario no es solucionar los problemas –pues, aparte, es incapaz de ello–, sino crearlos.

La clave, el salario mínimo

¿Cómo impedir a un ser humano trabajar y parecer, al mismo tiempo, su benefactor? Para la retórica intervencionista de la justicia social, la respuesta es sencilla: el salario mínimo. No es que la única finalidad del SMI sea, obviamente, empobrecer a los inmigrantes. Pero sí resulta una de sus más directas y útiles consecuencias.

Bajo el pretexto del progreso social, los políticos aprueban unas leyes de salario mínimo consistentes en ilegalizar todas aquellas ocupaciones cuya retribución sea inferior a la determinada por la ley. En España este límite está fijado en 513 euros al mes: todos aquellos trabajadores cuya producción sea valorada por los consumidores en una cuantía inferior a ese monto, simplemente, serán condenados al paro irremisible.

Es cierto que los trabajadores experimentados y con formación perciben sueldos muy superiores a los 513 euros mensuales; en principio, para el trabajador medio no parece que el SMI suponga una seria amenaza. Sin embargo, hay dos grupos sociales que, por sus características, son especialmente fustigados por esta prohibición: los jóvenes y los inmigrantes.

Ambos acceden por primera vez al mercado de trabajo con una baja experiencia y por ello, salvo excepciones, su productividad será realmente escasa. Los jóvenes tienen que dedicarse a tareas poco relevantes antes de poder acceder a puestos de responsabilidad donde sean realmente útiles. Los inmigrantes, por su parte, en muchas ocasiones poseen una bajísima cualificación, lo que les obliga a buscar empleo en sectores como la construcción o la agricultura, donde, salvo excepciones, el valor de los productos es escaso.

El salario mínimo supone, en estos casos, un coste superior al ingreso que los empresarios pueden obtener por contratar a un inmigrante. La consecuencia ineludible es el paro.

Es curioso, pues, cómo el Gobierno de España ha estimulado simultáneamente la inmigración y los incrementos del SMI. De esta manera favorece la entrada de masas crecientes de población que forzosamente deberán permanecer desempleadas a causa de las reiteradas subidas del SMI.

Sin embargo, la propaganda neoinquisitorial, después de haber impedido al inmigrante encontrar trabajo, se dedicará prestamente a convencerle de que la responsabilidad de su ruinosa situación es el anárquico sistema capitalista, consistente en la explotación del hombre por el hombre. El SMI es un salario que todo empresario puede pagar; el hecho de que no esté dispuesto a hacerlo es símbolo de su infinita avaricia. De la misma manera, los sectores "comprometidos" de la sociedad culparán al empresario de racista y xenófobo por considerar que el inmigrante es una mercancía a la que no está dispuesto a pagar un "salario digno". Sólo la izquierda podrá llevar a cabo la necesaria labor educadora y balanceadora de la sociedad.

Al impedírsele trabajar, el inmigrante tendrá tres opciones ante sí: el mercado negro, la mendicidad o, en última instancia, la delincuencia.

Mercado negro

El empleo al margen de la legalidad (pese a ser la única salida digna para el inmigrante) está sometido a una fuerte presión ciudadana, por cuanto la propaganda gubernamental lo ha equiparado al régimen de esclavitud. Los inmigrantes encuentran trabajo, pero es un trabajo socialmente tachado de irregular. Al acudir al mercado informal, el inmigrante se siente anatematizado, incapaz de integrarse en la sociedad. Es un espécimen extraño y especial, pues el malvado empresario no quiere (cuando en realidad no puede) concederle un régimen contractual equiparable al de cualquier otro individuo. Esta situación se vuelve especialmente tensa cuando el Gobierno exige un trabajo "legal" para conceder residencias temporales. De la misma manera, grandes sectores de la sociedad consideran un vicio del capitalismo este tipo de contratación al margen de las garantías del Estado de Bienestar. Es necesario “imponer” a los empresarios su contratación regular.

Mendicidad

La mendicidad provoca tensiones análogas. El inmigrante no puede vivir de su trabajo, subsiste gracias a la caridad de los demás; sin embargo, esa situación no viene determinada por su propia incapacidad laboral, sino por circunstancias externas que, primero, lo han alentado a llegar al próspero país y, luego, lo han relegado a la esquina de una gran ciudad. Es la sociedad la que lo rechaza, sus sueños son frustrados y los demagogos políticos aseguran conocer sus problemas, para los que prometen implacables soluciones. Así mismo, la sociedad receptora juzga de manera equívoca que esas situaciones lamentables son consecuencia del corrupto capitalismo, que vuelve "a los ricos más ricos y a los pobres más pobres". Nuevamente, la izquierda debe planificar este desastroso sistema económico.

Delincuencia

Por último, la delincuencia rompe los vínculos más elementales del mercado. La propiedad se ve atacada, se hipertrofian los sistemas de seguridad (con el tremendo coste de oportunidad que ello provoca) y, sobre todo, la sociedad receptora generaliza el odio hacia el inmigrante, hacia el extranjero (en muchos casos, combinado con las circunstancias raciales, étnicas o religiosas del mismo). Se produce un rechazo creciente hacia los movimientos migratorios y los antiguos inmigrantes ya asentados empiezan a ser observados con desprecio y altanería, mientras que los nuevos son incapaces de integrarse (con lo que se reproduce el círculo vicioso inmigración-delincuencia).

Esta situación se convierte en un caldo de cultivo idóneo para los movimientos mal denominados "de extrema derecha" (nacionalismos racistas). El inmigrante no viene a trabajar, sino a robar.

Pero, paradójicamente, ante el crecimiento de la "extrema derecha", la izquierda y la extrema izquierda también engordan. Unos y otros se compenetran y se retroalimentan. La sociedad se polariza en dos facciones, cada cual más antiliberal.

No sólo eso, los inmigrantes se ven abocados a los brazos de la izquierda, de sus salvadores y protectores. Los neoinquisidores, esos que primero les negaron el pan prohibiéndoles trabajar valiéndose del SMI, les acogen ahora como hijos pródigos. Sus votos son, sin duda, siempre bienvenidos.

El salario mínimo es, por tanto, un auténtico problema para las sociedades, pues ataca los fundamentos de la concordia (una parte de la población explota a la otra), bloquea la creación de empleo y, finalmente, da impulso a un "salvífico" intervencionismo estatal. Precisamente, la situación a la que la izquierda quería llegar.

El círculo se reproduce, pues. Los neoinquisidores reprimen a aquellos grupos que dicen defender y proteger. Su objetivo final es mantenerse en el poder y remoralizar a la sociedad. En este caso, se trata de convencer a la población de que el capitalismo va unido al racismo y la explotación, mientras que la política, en cambio, significa "paz perpetua" y tolerancia a través de una grandilocuente "Alianza de Civilizaciones" planetaria. Una alianza que no en vano ha sido planteada en el seno de la Asamblea de Estados mundiales, la ONU: el embrión del Estado de Estados, de la política en su máxima expresión.

Para la izquierda, los inmigrantes son sólo un instrumento que manipular para conseguir las reacciones sociales necesarias. No pasan de peones en su particular partida de ajedrez contra la libertad. No le importa lo más mínimo los conflictos y tragedias que su actuación origine porque, inmersa en su ceguera iluminista, legitima su actuación apelando al fin superior del gobierno socialista perpetuo, esto es, al bien común. Así, incluso los propios inmigrantes, a los que se reprime prohibiéndoles trabajar y se les engaña culpando falazmente al capitalismo, agradecerán a largo plazo semejante actuación, pues todos nos veremos beneficiados por la izquierda.

Son los sacrificios imprescindibles para conservar el poder y dirigir sabiamente la sociedad. La persecución política del inmigrante por su propio bien.