Al fumador se le ha intentado atacar desde diversos ángulos: por su propio bien, por el de los potenciales fumadores pasivos y por el de la comunidad (si nos fijamos, el perjuicio ocasionado por el fumador se va extendiendo cada vez a mayores ámbitos: el fumador, su entorno y la sociedad). Conviene, pues, dar un tratamiento diferenciado, ya que en cada uno los conflictos morales toman un cariz distinto.

El individuo

Los neoinquisidores gubernamentales focalizan su primer objetivo en salvar al fumador de sí mismo. Fumar mata, por tanto, quien decide fumar es un inconsciente suicida.

En realidad, el asunto no está tan claro. Vivimos en una época en que la ciencia ha sustituido la búsqueda de la causalidad por la casualidad; en otras palabras, en lugar de intentar averiguar la razón por la que fumar provoca cáncer, los científicos se han dedicado a recopilar estadísticas de gente que fumaba y gente que ha muerto por un cáncer presuntamente generado por el hábito de fumar.

No obstante, aun así es dudoso que los resultados avalen al Gobierno. En muchos casos se están forzando los datos para hacerlos coincidir con la prescripción política; o, como hace años aconsejó el ministro de Sanidad canadiense, Marc Lalonde: "Los mensajes sanitarios deben ser altos, claros e inequívocos aunque no estén respaldados por evidencia científica".

Así, valga como llamativa referencia, Japón es el país que más cigarros consume per cápita (y es que el 59% de los varones japoneses son fumadores), y sin embargo, según el Banco Mundial, tiene una de las tasas de muerte por cáncer de pulmón más bajas del mundo (por no hablar de su extraordinaria esperanza de vida). Para profundizar en el incorrecto tratamiento estadístico recomiendo la lectura de In defense of smokers, de Lauren A. Colby.

Por otro lado, incluso suponiendo que, efectivamente, exista un nexo entre el tabaco y el cáncer de pulmón, no queda claro, ni mucho menos, que todas las consecuencias del tabaco sobre el organismo sean nocivas. Así, se conoce que estimula la atención, la destreza y la capacidad cognitiva. Además, tiende a equilibrar los ánimos: estimula a los depresivos y calma a los sobreexcitados (en concreto, rápidas y cortas caladas sirven para estimular, y largas y cortas para calmar). No sólo eso: la tasa de alzheimer, de párkinson, de cáncer de colon o de próstata entre los fumadores es un 50% inferior a la de los no fumadores. En otras palabras, corresponde a cada persona elegir ante qué riesgos quiere exponerse.

Pero aun suponiendo que el tabaco fuera altamente perjudicial y no tuviera efectos salutíferos en otros ámbitos, la elección correspondería por entero al individuo. Cada persona deriva una satisfacción peculiar del hecho de fumar. Los seres humanos asumen riesgos para emprender acciones que les agradan: algunos tienen una vida muy sedentaria (pese al riesgo de problemas cardiovasculares futuros), otros se recorren medio mundo con el automóvil (pese al riesgo de accidente) y otros practican el puenting (pese a los indudables riesgos asociados).

Lo importante en cada actividad es que el individuo asuma la responsabilidad de sus consecuencias. Sería absurdo, en el caso que nos ocupa, endosársela a las compañías tabaqueras, ya que la decisión de consumir tabaco siempre partió del propio fumador.

Sigamos el razonamiento totalitario de los neoinquisidores. Si el Gobierno debe prohibir lo que es malo para la salud, ¿debe imponer lo que es bueno?

¿Y por qué detenerse en cuestiones biológicas? Realmente, el Gobierno podría imponer la lectura de las obras completas de Marx, Lenin o Keynes, porque, desde su retorcida perspectiva, son buenas para nuestra "salud mental". ¿Y por qué no prohibir la lectura del liberalismo, si, según la izquierda, promueve valores egoístas, insolidarios y cuasi fascistas? Cada persona debe ser responsable para decidir qué es bueno y qué malo para sí misma. Si delegamos esa decisión en el Gobierno –como algunos socialistas de diversos partidos promueven– estaremos cayendo en un sistema totalitario.

El entorno

Los neoinquisidores también suelen perseguir a los fumadores por el supuesto perjuicio que ocasionan sobre los no fumadores, esto es, sobre los fumadores "pasivos". Así, consideran que los no fumadores padecen un cáncer sin haberlo deseado, y por ello la cruzada contra el tabaco queda suficientemente justificada. Supongo que el siguiente objetivo de los neoinquisidores será oscurecer el Sol, habida cuenta de que el cáncer de piel es tan poco deseado como cualquier otro, si bien bastante más frecuente.

En realidad, el problema que se plantea con las personas del entorno es uno de derechos de propiedad. Cierto es que el no fumador no puede evitar inspirar el humo "si está al lado de un fumador", pero sí puede evitar estar al lado. ¿Quién tiene preferencia para habitar un concreto espacio físico, el fumador o el no fumador? ¿El rubio o el moreno? ¿El aficionado al fútbol o a melómano? Ninguno. La característica concluyente no son unas pautas de comportamiento determinadas, sino la adquisición de una legitimidad previa para ocupar un espacio físico. Ni el fumador ni el no fumador: el propietario.

Si el propietario permite fumar en su propiedad, el no fumador deberá adaptarse a semejante situación: o soportará el humo o no entrará. De la misma manera, si el no fumador prohíbe fumar en su propiedad el fumador deberá acatarlo: o no fumar o quedarse fuera.

Esto es especialmente relevante en los llamados "espacios públicos", como bares o lugares de trabajo, que no dejan de ser propiedades privadas. El individuo que decide entrar a trabajar en una empresa donde fumar está permitido lo hará, probablemente, porque podrá obtener un salario mayor que en sus restantes alternativas (en caso contrario, simplemente trabajaría en una empresa donde estuviera prohibido fumar). Similar reflexión es aplicable para el fumador que decide trabajar en una empresa donde tal hábito no está permitido.

De la misma manera, los bares y restaurantes que permitan fumar (o aquellos donde esté prohibido) experimentarán probablemente una reducción en el número de sus clientes potenciales. Se trata, simple y llanamente, de una decisión empresarial para especializarse y atender a un sector particular de la población. Algunos fabricantes de muebles se centran en el diseño juvenil, cierta literatura está reservada para personas cultivadas, hay bares donde se promueve la presencia masiva de homosexuales.

El mercado no es inflexible para adoptar ninguna de estas decisiones, ¿por qué, entonces, la imponen los burócratas neoinquisidores? ¿Por qué bloquean la gestión empresarial? Uno tiende a pensar que nuestros políticos derivan un sádico placer del dirigismo y la represión. Sólo así se explican muchas de sus decisiones.

Mención aparte merece el caso de la propiedad pública: hospitales, colegios o parques. ¿Debería poderse fumar en ellos? Tal cuestión no puede resolverse. Ni los hospitales, ni los colegios ni los parques son propiedad de nadie. El Estado se los ha apropiado de manera ilegítima (a partir de unos fondos –impuestos– que no le pertenecen). Cualquier decisión que tome será arbitraria y dañará o bien a los fumadores o bien a los no fumadores (quienes, según la falsa retórica del Estado, son sus verdaderos propietarios). Es, precisamente, en estos casos donde se refleja con mayor intensidad la inconsistencia de la propiedad pública y su incapacidad para tomar decisiones satisfactorias. Un motivo más para que desaparezca totalmente.

La comunidad

El último argumento de estos moralistas de la nada es que los fumadores perjudican a la sociedad. ¿Razón? Los gastos sanitarios adicionales detraen recursos que podrían utilizarse en otros fines.

En 1991 Willard Manning realizó un estudio sobre la contribución de los fumadores a la sociedad. Manning llegó a la conclusión de que los impuestos especiales pagados por los fumadores prácticamente doblaban el gasto específico sanitario. De la misma manera, si los fumadores morían antes que los no fumadores, el Estado también se ahorraba un considerable montante de dinero destinado a pensiones.

Con todo, aun cuando la contribución neta de los fumadores en términos fiscales fuera negativa, el problema residiría en el obsceno sistema sanitario socialista, donde se paga no por el uso, sino por pertenecer a una comunidad. Si la sanidad fuera privada cada fumador costearía las expensas adicionales él sólo. Los costes "adicionales" no deberían ser soportados por el resto de la población.

Pero la hipocresía principal consiste en que el mayor enemigo que tiene la sociedad, el Estado, se convierta en ortodoxo martillo de herejes. El Estado ha sido el mayor asesino, expoliador, represor y productor ineficiente que ha conocido el siglo XX. El grupo social que impone costes más gravosos al resto de los individuos no es el de los fumadores, sino el de los políticos.

Es particularmente grotesco que un conjunto de chupasangres apunten a los fumadores como enemigos de la sociedad. Y es que, sin salir del tema, habría que preguntar a los políticos quién promueve las onerosas y neoinquisitoriales campañas antifumadores, quién subvenciona el cultivo de tabaco o quién, por ejemplo, ha estado promoviendo durante décadas la venta de tabaco desde el monopolio público de Tabacalera.

Conclusión

La actual cruzada contra los fumadores no es sólo inmoral, sino profundamente hipócrita.

Inmoral, porque cada individuo debe ser libre para decidir qué estilo de vida seguir; ese estilo de vida, obviamente, queda limitado por la injerencia en la libertad ajena, que sólo cabe advertirla cuando se produce una violación de la propiedad privada. La propiedad privada separa las agresiones legítimas de las ilegítimas; el Gobierno no debería imponer a ningún propietario –y ello incluye a los dueños de bares y restaurantes, y a los empresarios– qué comportamientos son admisibles en su dominio.

Hipócrita, en tanto se está ejecutando desde las burocracias estatales y europeas una campaña para estigmatizar al fumador como una especie de enemigo de la sociedad que eleva el número de cánceres y los costes de la sanidad (si bien aumentan continuamente los impuestos especiales sobre el tabaco, ante la expectativa de que la demanda no se reduzca y la recaudación se incremente). Lo cierto es que el principal enemigo del ser humano es el poder coactivo estatal que ostentan los políticos. Nadie ha asesinado y ha elevado más los costes de la sanidad (y de cualquier otra actividad donde haya intervenido) que el Estado.

La persecución de los fumadores es la antesala de una moralización represiva más amplia de la sociedad. Es un ataque frontal a la libertad individual. Los conflictos no se plantean entre fumadores y no fumadores, sino entre libertad y política. Sólo cuando la segunda sea eliminada podrá prevalecer la primera. También en el artificial conflicto del tabaco.

En buena medida, los socialistas no han dudado en arrogarse la representación de determinados colectivos que dicen haber sido perseguidos y maltratados por la moral conservadora; minorías que, en este sentido, merecerían toda la protección necesaria que pueda ofrecer el Estado "social" de Derecho y que se suele plasmar en las llamadas "normas de discriminación positiva".

Uno sigue sin ver por qué tales individuos necesitan una protección específica distinta de la que merece toda persona. Es más, uno sigue sin entender los supuestos beneficios derivados de una discriminación positiva que petrifica un status diferenciado para esas personas y las separa, aún más, del pretendido objetivo de la integración.

¿Es que acaso, por referirnos a los homosexuales, mantener una relación con una persona del mismo sexo es un detalle tan sumamente relevante que requiere de unas normas diferentes y particulares? (por no hablar de las imprescindibles subvenciones destinadas a los que se proclaman portavoces legítimos del colectivo). ¿Es que hay que proteger a la mujer en tanto que supuesto eslabón secularmente débil de la sociedad occidental, y no en tanto que persona?

Ahora bien, cuando la legislación objetiviza la pertenencia de las personas a determinados grupos atendiendo a lo que considera características "relevantes" está condenándolas a que la gente siga centrando su atención en esa característica especial o extraña. Más que colaborar en que determinadas conductas sean socialmente aceptadas, la discriminación positiva sanciona normativamente la diferencia.

Entonces se produce una curiosa simbiosis entre los individuos afectados y los políticos. Si, al menos en teoría, el objetivo primigenio de la coacción política consistía en integrar "por la fuerza" a algunos individuos, en el momento en que se concede privilegios a determinados grupos sociales (por ejemplo, asegurando un 50% de las plazas de la Administración o pudiendo alegar un despido discriminatorio por razón de sexo o de orientación sexual), los mencionados beneficios, otorgados por los políticos, exceden, en mucho, el coste de la "falta de integración social".

Si la llave para continuar recibiendo ayudas y regulaciones favorables se encuentra en seguir siendo "diferentes", algunos de esos individuos (ni mucho menos todos) se encuentran abiertamente dispuestos a perpetuar el "hecho diferencial" para así asegurarse los beneficios de la "discriminación positiva".

De la misma manera, el gobernante de izquierdas –cuyo máximo objetivo es retener y ampliar su poder político– sabe que, en tanto se produzca una "efectiva" integración, la razón originaria de la discriminación positiva (y, por tanto, su capacidad para crear lazos clientelares y para hacer y deshacer las vidas ajenas) desaparecerá.

Ni unos ni otros están particularmente interesados en terminar con la discriminación. Como de costumbre, los objetivos de la intervención estatal (al transgredir las leyes económicas y los principios generales del derecho) no sólo no se cumplen, sino que agravan la situación de partida.

El PSOE y la izquierda en general han sido los abanderados de esa "discriminación positiva" durante mucho tiempo. Su propósito –al menos el declarado– era remoralizar a la sociedad rompiendo los prejuicios sociales de cientos de años. Como hemos visto, si en alguna medida estos "prejuicios" han ido cediendo en nada se ha debido a la acción política, que sólo acrecienta la animadversión hacia los "niños mimados" del Estado.

Ahora bien, tras su experiencia con la "discriminación positiva", con la moralización social a golpe de BOE, la izquierda ha adquirido una práctica sumamente nociva para la libertad: el Estado puede ser usado para que los valores morales de la sociedad, sus pautas de conducta, sus ilusiones y sus finalidades, sean moldeados a gusto del político.

Y esto, en ocasiones, supone no sólo una concesión de prebendas a ciertas personas (por supuesto, la contrapartida de todo privilegio es que otras personas salen perjudicadas; la política siempre beneficia a unos a costa de los demás), sino la persecución de otros individuos que no se ajusten al ideal moral del sabio gobernante.

El político se siente legitimado para utilizar la represión con la finalidad de adaptar las pasiones del ser humano a sus moldes de rectitud moral. Los díscolos podrán ser reprendidos, estigmatizados y perjudicados en todas aquellas actividades que, aunque legítimas, no satisfagan al burócrata de turno.

No obstante, en la era democrática los políticos quedan subordinados al llamado "interés general". Su actuación, su entera existencia, depende de la consecución de ese fin. Es necesario, pues, conciliar la moralización social con el interés general, asentar la represión en el bienestar colectivo. Y precisamente esta fusión entre moralización política e interés general da lugar a un perverso juego. El anarquista decimonónico Lysander Spooner, al comparar el Gobierno con el salteador de caminos encontró una diferencia, favorable a este último:

"Lo único que pretende es ser ladrón. No acumula desvergüenza suficiente para proclamar que es vuestro ‘protector’, y que se apodera del dinero de los ciudadanos contra su voluntad sólo para ‘proteger’ a estos fatuos viajeros (…) No insiste en seguiros por la carretera y en contra de vuestros deseos (…) No persiste en protegeros a basa de ordenaros que os inclinéis ante él y le sirváis; a base de ordenaros hacer esto y prohibiros hacer aquello (…) En una palabra: se contenta con robaros, no intenta convertiros en su bufón o su esclavo".

Siglo y medio antes de que las políticas de discriminación positiva tomaran cuerpo, Spooner ya había anticipado sus peores rasgos. El Gobierno no se limita a coaccionarnos, quiere que le reconozcamos su esfuerzo y dedicación; que disfrutemos mientras nos reprime y entendamos las causas de semejante coacción. Quiere, en pocas palabras, que amemos al Gran Hermano.

Esta peligrosa tentación que tan bien entrevió Spooner fue posteriormente desarrollada por Isaiah Berlin en su famoso ensayo Dos conceptos de libertad. Al criticar el concepto de libertad positiva, efectuó estas observaciones:

"Se han señalado en muchas ocasiones los peligros que entraña el usar metáforas orgánicas para justificar la coacción de algunos hombres sobre otros con el fin de elevarlos a un nivel ‘superior’ de libertad. Pero lo que hace que este tipo de lenguaje resulte convincente es que reconocemos que es posible, y a veces justificable, coaccionar a determinados hombres en nombre de algún fin (digamos, por ejemplo, la salud pública o la justicia), fin que ellos mismos buscarían si fueran más cultos, pero que no lo hacen por ceguera, ignorancia o corrupción".

Este modo de pensar, tan característico del intervencionismo y la planificación socialistas, da lugar a una suerte de paradoja de la represión:

"Esto facilita que me pueda concebir coaccionando a los demás por su bien, en su propio interés, no en el mío. Estaría entonces afirmando que conozco mejor que ellos cuáles son sus verdaderas necesidades. En último término, eso implica que no se resistirían a obedecerme si fueran tan racionales y sabios como yo y si comprendieran sus propios intereses como yo lo hago".

El perverso juego del que hablaba antes es esta especie de mesianismo dirigista que impregna a la izquierda. Cuando el malvado hace daño, es posible que se detenga en el linde insuperable de su moralidad; cuando el tonto hace daño y cree estar haciendo el bien, su amenaza no conoce límites.

La izquierda, que en su momento se consideró protectora de ciertos individuos (y cuyo corolario fue desprotegerlos todavía más frente a la sociedad), se está convirtiendo, en estos momentos, en un azote de "herejes", en una especie de neoinquisidor que persigue a todos aquellos individuos que se salgan del redil.

Día a día observamos cómo la persecución contra los conductores, los fumadores, los bebedores de alcohol, o los periodistas, se acrecienta. La regulación estatalista restringe cada vez más su ámbito de actuación. Hay que evitar que se fume, pues provoca cáncer; hay que evitar que la gente se emborrache, porque resulta degradante; hay que evitar que se hable por el móvil mientras se conduce, porque incrementa la posibilidad de accidente.

En cierto modo, se planifica la vida de las personas, impidiéndoles que asuman riesgos para alcanzar fines que valoran más. La cruzada contra todos aquellos que se salgan del molde socialista es ya una realidad.

Es cierto que el conservadurismo no es ajeno a esta batalla, y que comparte, en buena medida, sus objetivos. Sin embargo, una parte significativa de los conservadores siempre ha sido consciente de las limitaciones del intervencionismo estatal. Saben que la coacción estatal es del todo inútil, incluso nociva para sus intereses.

De ahí que los procesos inquisidores se desarrollen, especialmente, bajo gobiernos de la izquierda. Su mesianismo y su fe en el Estado son la combinación más peligrosa que quepa imaginar. No sólo creen que deben reprimir al ser humano, sino que pueden hacerlo. Estas medidas inquisitoriales son lo que podríamos llamar el inicio de la "discriminación negativa". El nuevo juguete coercitivo de la izquierda.