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Microcréditos, regulaciones y desarrollo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las asociaciones más divertidas de los últimos tiempos es la Asociación de Compositores y Autores de Música. Aunque fundada en 1995, sólo en el último año ha decidido mostrarse al público como la versión radical de la SGAE y enemiga impenitente del progreso y la modernidad, es decir, de Internet. Liderada por músicos de tanto éxito, calidad y presencia activa en la escena musical actual como Caco Senante o Teo Cardalda –que levante la mano quien haya escuchado algo creado por ellos en la última década–, su discurso público se ha centrado en pretender hacer pasar a Teddy Bautista por un moderado. Es algo así como la labor que intentó hacer Michael Moore con John Kerry y, previsiblemente, con los mismos resultados: confundir los discursos de uno y otro y hacerlos parecer a ambos como el ala más izquierdista del partido demócrata.

Su último hallazgo ha sido hacer "reconocer" a Telefónica que el 80% del tráfico de las líneas ADSL consiste en intercambio de archivos. A partir de ahí llega el delirio. Puesto que ha 2.800.000 líneas instaladas y cada una cuesta unos 30 euros, Telefónica ingresa 840 millones de euros. De ahí se extrae el 80% y, de lo que nos queda, el 66’6% que correspondería a archivos musicales, de lo que nos quedan 447 millones de euros que Telefónica ingresa a costa de los sufridos músicos, frente a los 300 que factura la industria discográfica española.

El cálculo es completamente ridículo.En primer lugar porque todas las calculadoras consultadas por este reportero informan de que 2.800.000 multiplicado por 30 da un resultado de 84 millones y no 840; un extremo confirmado por el viejo método del lápiz y papel, para que nadie ose culpar de esta conclusión a dispositivos tecnológicos seguramente implicados en el robo masivo de propiedad intelectual musical. Si la cifra de 840 se refiere a facturación anual, como aseguran, entonces la cifra correcta sería de 1.008 millones, lo que demuestra que ponen tan poco cuidado en las cifras que se equivocan en su contra.

No obstante, lo realmente importante es que las cuentas de la lechera de la ACAM confunden interesadamente un coste, el mantenimiento de caudal suficiente para hacer frente a ese tráfico de intercambio de ficheros, con un ingreso, lo que pagan los usuarios por esas líneas. Es cierto que una teórica prohibición efectiva de dichos intercambios reduciría el número de líneas instaladas, pero no se puede saber en qué medida. Hasta es posible que las empresas de telecomunicaciones salieran ganando al ser menor la pérdida de ingresos por líneas contratadas que el ahorro en el mantenimiento de dicho caudal de tráfico. Porque lo que la ACAM no puede saber es el número de internautas que dejarían de pagar el ADSL por una prohibición del P2P y, de hecho, ni lo intenta. Tan sólo pretende convencer primero a los periodistas y luego a los usuarios de que ese porcentaje es del 80%.

Como campaña para intentar obligarnos a pagar un canon por el uso de Internet es un poco chapucera aunque, como los mentirosos documentales de Michael Moore, igual convencen a alguien. Lo divertido sería que los principales blancos de los ataques de esta asociación, Telefónica y la Asociación de Internautas, por otro lado enemigos casi naturales, terminaran uniéndose para hacerles frente. Pero este apéndice de la SGAE es tan poca cosa que, la verdad, dudo que ninguno de los implicados se moleste.

Las cuentas de la lechera

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Explotado es aquel que trabaja para otro de modo abusivo y contra su voluntad. El término se usa de forma subjetiva y arbitraria; todos estamos explotados: explotados por nuestra empresa, familia, amigos, por la sociedad… Pero si intentamos ser más objetivos podremos encontrar una auténtica definición para el término dándonos cuenta que la palabra “explotado” sólo se produce cuando actuamos contra nuestra voluntad por miedo a represalias sobre nuestra persona o personas queridas.

Por ejemplo, si nos cansamos de nuestra pareja podemos romper la relación sin miedo a represalias. Tal vez pueda ser personalmente duro, pero no tendremos porque sufrir por nuestra integridad física. En el terreno de la libre empresa también ocurre lo mismo. Una empresa privada no puede explotarnos realmente, en el momento que nosotros queramos, podemos dejarla e irnos a otra.

Los actos libres y voluntarios jamás se pueden considerar “explotación”, sólo la esclavitud nos explota. No podemos abandonar a nuestro esclavizador porque sino las consecuencias pueden repercutir incluso contra nuestra vida. Esclavitud y explotación, pues, es trabajar contra nuestra voluntad para otro bajo pena de castigo físico, y el mejor ejemplo actual lo representa el estado por medio de los impuestos: si se declara en insumisión fiscal, los agentes del gobierno vendrán a apresarlo; y si se defiende, las consecuencias serán nefastas para usted.

Esta semana el periódico económico Expansión traía una noticia con un titular muy sugerente: “El Estado se queda con el 38% de lo que pagan las empresas por sus empleados”. Si usted es un asalariado y la empresa en la que trabaja le paga, por ejemplo, 1.000 euros mensuales, 380 son incautados inmediatamente por el estado. En otras palabras, de los 1.000 euros pagados por la empresa, usted sólo verá en su nómina 620 euros netos.

Añadamos que la carga impositiva no termina ahí. Sumémosle los numerosos impuestos estatales, locales… Por ejemplo, el día de la libración fiscal —tax freedom day—, indicador que mide el número total de días en los que usted contribuye al mantenimiento y engorde del estado, se produce, en España, a mediados de mayo; es decir, usted está trabajando ¡cuatro meses y medio única y exclusivamente para el estado! El estado le obliga a trabajar gratis aunque no quiera ya que los impuestos son un “tributo sin contraprestación”. Los impuestos, pues, son una forma de explotación y esclavitud.

Los técnicos del estado no le dirán lo mismo. Esquivarán decirle qué son realmente los impuestos recurriendo a falacias técnicas como que los impuestos son económicamente neutros y “voluntarios”. El dinero incautado por el estado a la sociedad civil —le dirán— es redistribuido para conseguir una sociedad más igualitaria, solidaria y mejor.

Pero incluso mirándolo desde este enfoque la realidad no puede ser más diferente. Si penalizamos a las empresas e inversores nacionales y extranjeros con impuestos lo único que conseguiremos es que se vayan a otros países; si penalizamos a los trabajadores con más impuestos sólo conseguiremos que el país cree menos producción útil y más desempleados; y si penalizamos al consumidor con más impuestos sólo lucharemos por tener precios más caros, un mercado más rígido y menos poder de elección en qué gastar nuestro dinero. Si imponemos la solidaridad y el igualitarismo por la fuerza seremos económicamente más débiles, menos libres y dependeremos más del estado.

Explotados y explotadores

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia se encuentra en audiencia pública hasta el 20 de marzo. Por eso es un momento idóneo para comentar las principales novedades que presenta y proponer posibles alternativas.

El objetivo principal del proyecto del ministerio de economía es reforzar los instrumentos para luchar contra las prácticas que supuestamente más restringen la competencia y que de ese modo lesionarían el bienestar general. Para conseguirlo se pretende incrementar los poderes para la investigación e inspección de las actividades y empresas sospechosas. Asimismo se plantea el refuerzo y reestructuración del sistema de control de las concentraciones. Por último, cabe destacar que se propone llevar a cabo una constante evaluación de los efectos sobre la competencia de las ayudas públicas.

El problema de la lesión del bienestar general por las supuestas restricciones de la competencia no es más que una ilusión y, en realidad, suele consistir en todo lo contrario. Cuando nuestros queridos reguladores nos hablan de competencia perfecta no se refieren a la libre competencia sino a sus irreales modelos de competencia perfecta. En ellos no existe emulación o concurrencia porque todas las empresas venden el mismo producto y lo hacen al mismo precio. Si de sus bocas sale la expresión restricción a la competencia se están refiriendo a las concentraciones, las bajadas de precios, las restricción voluntarias en la producción propia, la venta de un conjunto de productos o a la mera existencia de una sola empresa en un mercado, y no al uso de la coacción para evitar la entrada de nuevas empresas en ese mercado.

Sin embargo, el hecho de que sólo exista una empresa en un mercado no es un motivo suficiente para afirmar que nos encontramos ante un monopolio. Cualquier nuevo producto tiene un único oferente y, además, depende de la percepción subjetiva de los consumidores considerar un producto diferente o sustitutivo de otros productos que tratan de satisfacer necesidades similares.

La venta conjunta de varios productos difícilmente puede considerarse como una restricción de la competencia. La inmensa mayoría de los productos que se venden en el mercado son el fruto de la unión de varios productos. El vendedor debería estar en su derecho de vender cuantos productos quiera de manera conjunta. Después será el comprador quien decida si le parece que la venta de esos productos a modo de paquete es preferible -o no- a la venta por separado de esos mismos bienes o servicios.

La restricción de la producción tampoco sirve de guía para identificar una empresa que realiza prácticas monopolísticas por cuanto el regulador jamás podrá saber si ésta se debe a un intento de reducir la producción de un producto sin sustitutivos cercanos para el consumidor o el pase de una situación productiva subóptima a una situación óptima. Y si en efecto el productor tratara de reducir la producción para incrementar el precio de un producto muy estimado por el consumidor, debería de estar en su pleno derecho pues no hace sino lo que tratamos de lograr todos: vender nuestros bienes o servicios al precio más elevado y pagar el precio más reducido posible por los que compramos.

Las reducciones en el precio de un producto para ganar cuota de producción en la industria y, en última instancia, hacerse con todo el mercado, lejos de ser una actividad contraria a la competencia es la más representativa esencia de una empresa que trata de competir y superar a las demás ganándose el favor del consumidor y, por lo tanto, considerarla lesiva para el bienestar general parece una retorcida visión de la realidad.

Incluso los tan temidos acuerdos entre empresarios para no hacerse la competencia en determinadas situaciones o mercados deberían de ser lícitos siempre y cuando exista libertad de entrada en esa industria. No sólo porque cada uno debe tener derecho a acordar con otros hasta dónde se hace la competencia sino porque, como ya observara Adam Smith, perseguir ese tipo de prácticas otorga al poder político excesivos poderes.

Del mismo modo, las concentraciones constituyen acuerdos legítimos por los que dos o más partes renuncian a su independencia como empresa y pretenden mejorar sus productos a los ojos de los potenciales demandantes a través de la unión y no, como se pretende presentar, maliciosas agresiones contra el consumidor perpetradas por perversos empresarios sin escrúpulos.

Incrementar los poderes para la investigación e inspección de las actividades y empresas sospechosas de llevar a cabo estas actividades constituye un ataque frontal a los intereses de los consumidores. Pero sobre todo, esta propuesta del Libro Blanco constituye un incremento de la restricción a la libre competencia por lo errado de los principios en los que se fundamenta.

Por último, la idea de evaluar de los efectos sobre la competencia de las ayudas públicas o bien son una inocentada o una tomadura de pelo en toda regla. Y es que en lugar de eliminar la fuente más importante de distorsión de la competencia en el mercado –las licencias restrictivas y las ayudas públicas-, se crearán nuevos departamentos y plazas para funcionarios que dediquen su tiempo y nuestro dinero a estudiar cómo cargarse la libre competencia con todo tipo de medidas intervencionistas que protejan un ilusorio e irreal modelo de competencia perfecta.

Las leyes de defensa de la competencia no solo están pervertidas debido a la espuria teoría neoclásica del monopolio sino que nunca han tenido por objetivo la defensa del libre mercado ni los intereses de los consumidores. Muy al contrario, su origen en los estados centrales de los EEUU a finales del siglo XIX fue el resultado de la concesión de privilegios al lobby de los ineficientes agricultores y ganaderos de estos estados frente a los modernos y competitivos centros de producción que en aquellos momentos florecían cerca de la ciudad de Chicago. De aquel infausto episodio en el que el consumidor fue el gran derrotado surgió la ley Antitrust de 1890 conocida como Sherman Act. Desde entonces, un sinfín de productores incompetentes han usado esa legislación y sus sucesivos retoños para parar por la fuerza a los competidores eficientes no eran capaces superar a la competencia a través de una mejor relación calidad-precio de sus productos.

Desde entonces y hasta hoy la maraña de leyes que perjudican al consumidor y a la libre competencia en nombre de una perfecta competencia que sólo privilegia a productores incapaces de ofrecer lo que el público quiere, constituye la práctica restrictiva de la competencia por excelencia. Según este desbarajuste legal cobrar más que los demás es aumento ilegal del precio, cobrar menos, competencia desleal y cobrar lo mismo que otros confabulación. No hay seguridad jurídica para quien realmente quiere competir porque con este equivocado concepto de competencia los empresarios innovadores y competitivos están al albur de cómo se despierte el regulador de turno. Por eso, lo mejor que podría hacer este gobierno si de verdad quiere defender la competencia sería abolir la legislación de “defensa de la competencia” y todos sus tribunales, revocar las licencias que restringen la entrada o la salida en los diversos mercados, suspender las subvenciones y ayudas públicas a cualquier sector o sociedad, privatizar las empresas públicas y desposeerlas de sus privilegios, y exponer este Libro Blanco como muestra histórica del último intento de agresión contra el consumidor y el emprendedor. Así, el proyecto cobraría una importante dimensión educativa en defensa de la libre competencia.

Todo vale

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El cuento del calentamiento global empezó allá por 1988 después de un verano inusualmente cálido en los Estados Unidos. Algunos estados las pasaron canutas aquel año y eso fue la excusa perfecta para que los enredas de siempre se pusiesen a darle a la manivela. Curiosamente, hasta ese momento lo que los catastrofistas vaticinaban era el inicio de una era glacial que dejaría Norteamérica tapizada por una generosa capa de hielo. La explicación del fenómeno era lo suficientemente gráfica para convencer a los incrédulos. Las emisiones industriales y del tráfico producían una suerte de velo atmosférico que el calor del sol no podía atravesar, esto haría que las temperaturas se desplomasen y sobreviniese el esperado armagedon. El responsable de todo era, naturalmente, el maldito capitalismo depredador.

Pero ese verano del que ya casi nadie se acuerda hizo que los expertos, ya sabe, ecologistas y científicos del sable, se replanteasen la amenaza y se afanasen en elaborar una nueva teoría radicalmente opuesta a la anterior pero con el mismo culpable. Las emisiones, ahora, no actuaban como velo sino como caprichosa pantalla que dejaba que el calor entrase pero no que saliese. Era el llamado efecto invernadero. Los más sensatos aludieron que ese efecto ya existía y, es más, era lo que posibilitaba la vida sobre el planeta, pero los nuevos profetas, inasequibles al desaliento, hicieron como que no habían oído nada y siguieron erre que erre con la parida que acababan de dar a luz. Desde entonces todo ha consistido en ir soltándolas cada vez más gordas y en ir acaparando poder, que es en la razón última de toda esta historia.

Como ni el clima ni la meteorología se comportan como los ecologistas quieren, éstos han tenido que adaptar su delirante discurso a piruetas imposibles. Y todo para que los hechos confirmen su tesis. Si hace calor, mucho calor, tanto como hace un par de veranos, es que tienen razón. Si hace frío, mucho frío, tanto como el que padecemos este invierno que no se acaba nunca es que también la tienen. Y como muestra un ministro, o, mejor, ministra. Cristina Narbona, quintaesencia del politicastro indocumentado, acaba de decir ante unos inocentes alumnos de secundaria que “el frío tan intenso y súbito” de este invierno es cosa del efecto invernadero. Ahí queda esa. ¿Pero no habíamos quedado en que el dichoso efecto lo que producía era calor? No importa que la ONU haya dicho que el cambio climático es sinónimo de calentamiento, tampoco que los sospechosos habituales del Panel Internacional para el Cambio climático hayan previsto menos oleadas de frío y menos heladas. Lo importante es mantener a cualquier precio el mantra machacón de que la tierra se calienta y su inevitable latiguillo; la culpa la tiene el hombre; el hombre occidental, claro.

Era previsible que después del frío que estamos pasando saliese alguno a apuntarse el tanto defendiendo lo indefendible. Lo único que me ha extrañado es que tardasen tanto en hacerlo. Eso sí, lo han hecho a lo grande. Nada de un pelanas charlatán de Greenpeace, eso sería una minucia en la nueva España de progreso en la que tenemos la inmensa dicha de vivir, sino la misma ministra. Era también previsible que a la confirmación de la profecía le haya sucedido su ración de miedo. Según la Narbona, España es el país europeo donde más se van a notar las perversas consecuencias del efecto invernadero. Pero no sólo eso, la ministra ha rematado su lección magistral asegurando que como en Escandinavia hará más calor, los daneses dejarán de visitar nuestras costas. Lástima de estudiantes, hace falta ser agorero y tener mala sombra. En la Grecia antigua por mucho menos hicieron beber cicuta a Sócrates.

El modelo europeo del paro

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hubo algo llamado “milagro económico alemán”. El país estaba arruinado por la economía de guerra y el socialismo. Y por la propia guerra. Alguna de sus ciudades conservaban poco más que el nombre y la parte de Alemania no entregada vergonzosamente al totalitarismo deseaba recuperarse moral y económicamente. En 1949, a la edad de setenta años, Konrad Adenauer logró ambas. Con las directrices económicas de Ludwig Erhard, respaldado por un grupo de economistas que constituían lo que se conoce como ordoliberalismo y entre los que podemos destacar a Wilhem Röpke, Walter Euken y Alfred Müller-Armack, Erhard simplemente devolvió el peso de las decisiones económicas sobre los hombros de los ciudadanos. Restituyó el sistema monetario e instauró una economía de mercado. De este modo Alemania pasó de tener más del 60% de la industria destruida a ser una primera potencia industrial. Eran otros tiempos, porque a partir de los 60 el germano se convertiría en líder de lo que luego se ha llamado el “modelo europeo”. Es decir, la socialización, la decadencia, el desempleo.

Hoy, cuando oímos hablar de la economía alemana no son los éxitos lo que se destaca en su descripción, sino sus fracasos. El número de desempleados supera ya los 5,2 millones de personas, el 12,5% de la población activa. Nunca tantos alemanes han estado sin empleo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ha tenido la peor tasa de crecimiento de Europa por casi una década, y las previsiones para este año rondan el punto porcentual. El resto de Europa no tiene mucho de qué presumir. Francia alcanza ya el 10% de paro, con 2,72 millones de franceses sin poder hacer aportaciones a la riqueza por medio de su trabajo. Estos datos son la cara de la expresión “justicia social”.

Francia y Alemania representan como pocos el “modelo europeo”, que es como se llama con no oculta voluntad totalitaria al socialismo que prevalece en nuestro continente, frente al liberalismo que subsiste en los Estados Unidos. Se habla de modelo europeo como si en Europa no hubiera habido otro o como si no se pudiera cambiar. Como si los europeos no valiéramos para actuar en libertad y necesitáramos del amparo, es decir del estrangulamiento, del Estado. Esta totalitaria pretensión no casa ni con la historia de esos dos países ni con la realidad de hoy. Gran Bretaña mantiene el modelo conseguido por Margaret Thatcher. No digamos Irlanda, que es uno de los países más liberales del mundo, lo que le ha permitido superar en renta per cápita a Francia o Alemania, cuando en el momento de entrar España en la CEE era su miembro más pobre. Estonia es aún más liberal y sus resultados son también espectaculares.

El fracaso, cada vez más visible, del modelo europeo, no impide a sus valedores a ofrecerlo como alternativa al que prevalece en los Estados Unidos, un país que es más rico, crece más, y crea más empleo. Un reciente estudio realizado por el Think Tank sueco Timbro revelaba datos muy significativos. Si la economía estadounidense se hubiera congelado en el año 2000, Irlanda tendría que esperar a este 2005 para alcanzar a los Estados Unidos en renta real per cápita, con su actual nivel de crecimiento. Y hablamos de la economía europea que más ha avanzado en los últimos años. La espera se tendría que hacer más larga para el resto de las economías europeas ya que tendría que prolongarse hasta 2007 para Suiza, 2008 para Gran Bretaña, 2013 para Dinamarca o 2015 para España, con los actuales niveles de crecimiento. Desde los medios europeos, acostumbrados a mentir hasta el paroxismo sobre la situación social en Europa y en los Estados Unidos, se nos hace creer que la situación allí es mucho peor que aquí. Es todo lo contrario. A excepción de Luxemburgo, todos los Estados Europeos quedarían entre los cuatro estados más pobres de USA, o por debajo de ellos. Y sin embargo somos nosotros quienes miramos por encima del hombro a los Estados Unidos.

No corren buenos tiempos para el mal llamado modelo europeo. Las cosas no van por ahí, precisamente, ya que los propios Estados Unidos están en un proceso de profundización del liberalismo económico que puede llevar a sustituir lo que les queda de Estado Providencia por soluciones que surjan de la libre elección de sus ciudadanos, con la Seguridad Social como estandarte. Nosotros tendremos que cambiar. Y lo acabaremos haciendo.

La revolución del tipo único

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Mientras la Unión Europea se prepara para imponer, sin proceso constituyente, una mal llamada Constitución que apuntala el despotismo buroilustrado, algo se transforma en su puerta trasera. Los países europeos que han sufrido los más brutales ataques a los derechos humanos bajo el comunismo son hoy los que más desconfían del gobierno y más sed tienen de libertad. Es así como se ha llegado, incluso, a que Estonia ocupe el cuarto puesto en el ranking del Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation y el WSJ. Es precisamente este país el que ha revolucionado el debate en política fiscal, adoptando hace ya once años el tipo marginal único.

El modelo es muy sencillo, característica que le otorga precisamente la clave del éxito: se fija un mínimo exento por encima del cual se aplica un único tipo. Para beneficiarse por completo de la sencillez del sistema fiscal se eliminan o restringen enormemente las deducciones. El resultado es que desde la casa más humilde a la compañía más grande rellenan los impuestos en un formulario de media hoja.

Los complicados sistemas de impuestos actuales son una amalgama de ineficacias e injusticias. Sus tramos más altos desincentivan el trabajo y la inversión, y serían asfixiantes si no se compensaran en parte con deducciones, que dan juego a la compraventa de favores políticos. Ni el intelectual más dispuesto a cantar las beldades del manejo público es capaz de dar con una justificación de este apaño, que por otro lado desincentiva la creación de riqueza y dirige los esfuerzos a las actividades menos gravadas, que no necesariamente las más productivas. También desvía la atención de las empresas de la atención al consumidor al amistoso acuerdo con los políticos, que tienen el inmenso poder de elegir el grupo beneficiado por las exenciones, deducciones, rebajas, etc. En definitiva, el nuestro es un sistema fiscal que favorece a los políticos y a los grupos de presión más eficaces y que perjudica al conjunto de la sociedad.

Con el desprecio que sólo se permite la ignorancia, los medios de comunicación se burlaban de la propuesta de tipo único del 17% por el empresario Steve Forbes, cuando fue candidato al liderato republicano en 1996. Dos años antes el gobierno reformista de Estonia había optado por eliminar todos los tramos menos uno. Su éxito, y la mera competencia institucional, hicieron que sus vecinas Lituania y Letonia siguieran su camino. El gigante ruso observaba con atención la experiencia báltica, que estaba permitiendo crecimientos económicos acelerados y aumentos en la recaudación pese a la rebaja de tipos, por lo que adoptó también el tipo único, que más tarde rebajaría hasta el 13% para los impuestos personales, el 15% para las empresas. Esta lista se ha engrosado con Serbia (14% con planes de nuevas rebajas), Ucrania (13%), y más recientemente Eslovaquia (19%). Georgia y Rumanía (16%) han comenzado el año con el nuevo sistema. El éxito ha sido tal que la pionera Estonia se ha quedado atrás, con un tipo del 24% que podría rebajar en breve al 20%. Polonia y la República Checa se sumarían si la oposición alcanzara el poder.

Hasta ahora la doble presión del éxito y de la competencia fiscal entre los países ha extendido el sistema en la misma área geográfica. Pero el debate se está extendiendo a Alemania y Austria. Incluso a España. Aquí el programa económico del PSOE se planteaba algo parecido, quizás en la confianza de que no llegarían al poder. Finalmente se quedará en bastante poco. Los políticos de los países europeos más ricos quieren cortocircuitar el debate, llamando armonización fiscal a la prohibición (en la práctica a los países más pobres) de competir con impuestos más bajos y eficaces. Pero George W. Bush va a echar ese esfuerzo al garete, porque su pensada reforma fiscal se parecerá bastante al tipo marginal único, quizás hasta identificarse con esta propuesta. El propio Bush elogiaba en Eslovaquia el tipo único recientemente adoptado por el gobierno de Mikulas Dzurinda. Todavía Bush no ha concretado su propuesta, pero cuando llegue ese día, que está al caer, ni los políticos europeos van a poder obviar el debate.

Periodismo disperso en Europa

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

El periodismo disperso, que cabría definir como la información diseminada y difundida en las bitácoras de tipo periodístico, se ha cobrado ya unas cuantas piezas políticas y periodísticas en Estados Unidos. Su éxito más sonado ha sido, sin duda, el Rathergate, saldado con el despido de algunos de sus responsables y la retirada parcial de otros. Más reciente ha sido la dimisión de Eason Jordan, director de informativos de la CNN, por la difusión en la blogosfera de su acusación infundada de que los soldados americanos tenían a los periodistas entre sus objetivos. Aunque su importancia en el ámbito político no es despreciable, sus mayores éxitos se circunscriben a otro campo, el periodístico, cuyos componentes han logrado hasta ahora salvarse de la crítica al ser realizada ésta por medio de los cauces que controlan, los medios de comunicación. Y, como dijo Anson en frase inolvidable, "perro no come carne de perro". O al menos no con la frecuencia debida. Por eso, la nueva situación hace que en algunos periodistas parezca percibirse el miedo.

Sin embargo, el único éxito que se puede anotar en nuestro país la blogosfera es la rectificación de El País de su infame anuncio "Un día da para mucho", pero fue debido más bien a la difusión que tuvo en la blogosfera anglosajona gracias a la bitácora en inglés Barcepundit, y las quejas que recibió el diario desde el extranjero. Sin embargo, en un país más pequeño que el nuestro, y donde la presión del pensamiento único es más asfixiante aún, el periodismo disperso empieza a desperezarse. El principal objeto de crítica de la blogosfera sueca es su televisión pública, supuestamente dedicada a informar con objetividad, pero que lo hace a través de un prisma socialista que invade todas sus informaciones. Como BBC o TVE, vamos.

Hasta ahora, la única pieza cazada ha sido Cecilia Uddén, y sólo se forzó su retirada durante dos semanas. Su culpa fue reconocer en un debate público que no era objetiva en su tratamiento de las elecciones norteamericanas. Ya es significativo que se la castigue por declararlo en público y no por serlo. De hecho, la periodista se ha arrepentido de decirlo, y no de hacerlo; parece ser que no cree que sea su misión ser objetiva más que en asuntos nacionales. La crítica más reciente que la blogosfera sueca está dedicando a la televisión pública es un reportaje sobre terrorismo lleno de errores y de parcialidad a favor de los terroristas y en contra, claro, de Estados Unidos e Israel. Nada nuevo. El autor, afiliado comunista, no ha podido contestar a las críticas y se ha quejado de "macartismo". Cabe esperar que ésta sea la primera línea de defensa de muchos periodistas, especialmente si son de izquierda, ante la crítica fundada y razonada que se les haga desde Internet.

A la blogosfera sueca le queda mucho camino por recorrer, pese a que uno de sus miembros, Johan Norberg, haya sido declarado la vigesimoséptima persona más influyente del país. No obstante, apunta unas maneras que podrían marcar una senda por la que la blogosfera española debería encaminarse. En España las bitácoras son demasiado opinativas y muy poco críticas con las personas, grandes y pequeñas, que están detrás de la prensa establecida. Por ejemplo, nadie pestañea cuando lee a Arístegui asegurar sin ruborizarse que Juan Cierco es un gran corresponsal porque no hay un gran esfuerzo de denuncia encaminado a dejar claro que Juan Cierco es poco más que un cronista al dictado del terrorismo palestino. En Inglaterra, Ian Duncan asegura que la blogosfera puede salvar al conservadurismo inglés. El periodismo disperso también podría ser la mejor vía de escape al invierno mediático en España.

Kioto, primer paso para el gobierno mundial

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El ecologista Stephen Schneider expuso con meridiana claridad la estrategia: “Debemos ofrecer escenarios espantosos, hacer afirmaciones simplificadas y dramáticas y hacer escasa mención de las dudas que tenemos. Cada uno de nosotros debemos decidir el punto adecuado entre ser efectivo y ser honrado”. Y eso han hecho. Primero nos dijeron a) que la Tierra se estaba enfriando, b) que la culpa del enfriamiento global era del hombre (léase del desarrollo o del capitalismo) c) que ese enfriamiento sólo causaría catástrofes sin cuento, d) que el consenso científico había demostrado todo ello, y e) que quienes mostraban sus dudas estaban a sueldo de los más oscuros intereses. Se ve que la teoría del enfriamiento del planeta a quienes dejaba fríos es a los ciudadanos. Hasta que un científico de la NASA, James Hansen, dice que a lo que nos enfrentamos es a todo lo contrario. La Tierra, señores, se está calentando. Una vez sustituido el primer punto, lo ecologistas nos azotan con el b, c, d y e. A ver si ahora hay suerte.

Y la ha habido. Su calculado catastrofismo ha encontrado más aceptación diciendo que lo que le pasa al globo es un calentón de desarrollo. Y que lo que tienen que hacer los países ricos es dejar de ser ricos, todo ello bajo la atenta mirada de los científicos. Es aquí donde entra el tratado de Kioto, que entró el pasado 16 de los corrientes en vigor. Ha de quedar claro en qué consiste este protocolo, cuál es su origen y cuál su verdadera función.

Un grupo de científicos, para darle un aire vendible a la indefensa opinión pública, publican un artículo, bajo los auspicios del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que demostraría la visión catastrofista del movimiento ecologista. Los datos recogidos en el estudio, plasmados sobre un par de ejes, darían un gráfico que acaba en un subidón de temperatura del enfermo justo en el siglo XX. Claro, que el pillo de Michael Mann, principal autor, había elegido un tratamiento matemático de los datos que produce ese tipo de gráfico, ya sea la temperatura de la tierra o los puntos por partido de Rodrigo de la Fuente. Una vez cocinado el gráfico se vende en los medios de comunicación de forma adecuada, para prepararse el terreno. Y una vez madura la opinión pública, los políticos se apuntan muy serios a tomar las medidas que sea menester con tal de solucionar, ellos, los grandes problemas del mundo.

La verdad es que el susodicho gráfico, llamado del palo de hockey, no tiene base científica. Pero el asunto no se queda aquí. En caso de que Estados Unidos no fuera un país serio y hubiera firmado el protocolo; en caso de que las proyecciones sobre los efectos de adoptar el programa de reducción de emisión de gases de efecto invernadero fueran correctas, el beneficio que se obtendría sería retrasar el calentamiento previsto para 2100 hasta 2106. Todo un logro. Esas son las previsiones oficiales de las que usted seguramente no ha oído hablar. Tampoco de los costes. Los efectos de las medidas necesarias para cumplir con Kioto tendrían un coste anual de 150.000 a 350.000 millones de dólares por año. Es decir, de tres a siete veces el valor de las ayudas anuales al tercer mundo.

Entonces, todo esto ¿para qué? Todo esto para conseguir una plataforma de poder. Un poder que logre controlar la economía mundial. Si le suena a película de James Bond es porque no les ha oído. En la última conferencia mundial sobre el clima, que se celebró en Buenos Aires, los propios ecologistas declaraban, sin rubor, que Kioto no tendría efectos claros sobre el medio ambiente. Peter Roderick, de Amigos de la Tierra Internacional, decía: “creo que todo el mundo está de acuerdo en que Kioto no sirve, en realidad, de ninguna ayuda por lo que se refiere a conseguir lo que el planeta necesita”. Pero es bueno para acostumbrar a la gente a la idea de que los políticos se preocupan por nosotros: “es importante más por el mensaje político y la inspiración que está dando a la gente en todo el mundo. La gente puede decir, ‘sí, nuestros políticos se preocupan; no están interesados solamente en el poder y en su codicia y su propio dinero’”. Ah, los políticos siempre preocupados por nuestro bienestar.

Cuando cale este mensaje, cuando se haya creado la alarma, cuando la gente crea en la catástrofe, todo estará maduro para el gobierno mundial, de lo que Kioto no es sino un primer paso: “lo mejor que se puede decir de (Kioto) es que es la primera vez, con la desafortunada excepción de los Estados Unidos, que la comunidad internacional ha dicho ‘necesitamos estar unidos ante esto y necesitamos la acción internacional’. Eso es lo importante de Kioto". Jessica Coven, portavoz de Greenpeace Internacional, reconoce el mismo objetivo: “Kioto es nuestro primer intento, y debemos incrementar los recortes de las emisiones. Necesitamos todo tipo de acciones, pero Kioto es una arquitectura importante para cómo vamos a ir hacia adelante para controlar el problema del calentamiento global. Por si no ha quedado claro, el calentamiento global, como sugiere el nombre, es un problema global y necesitamos una infraestructura internacional como Kioto.”

Lo han conseguido. Y es a nuestra costa. Pero si algo hay preocupante en esta jugada es lo indefensa que, en el fondo, está la sociedad. Se ha creado una alarma para ningún fuego. Se nos ha metido miedo en el cuerpo con la misma base que la existencia de las brujas en la edad media. Y la sociedad ni es consciente de su pérdida ni tiene recursos para reaccionar. Un problema mayor que el de la evolución del clima y que debiera preocuparnos mucho más.

El estado destruye la economía

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Se ha preguntado hasta qué punto la intervención del estado es nefasta para la economía y sociedad?

Según fuentes del Banco Mundial (BM) si un empresario quiere montar una empresa desde cero en España necesita hacer 6 procedimientos legales de puesta en marcha, 3 para registrar la propiedad, 23 para hacer efectivos sus contratos comerciales y todo ello lleva a 4 meses de espera no consecutivos con un coste inicial superior al 16% del ingreso nacional bruto per cápita (que equivale a unos 3.000 euros sin contar los trámites subsiguientes). A partir de aquí el empresario “ya puede” alquilar un despacho, invertir en maquinaria… ¿Qué obtiene el empresario a cambio de este esfuerzo y dinero pagado por la fuerza? Menos capital para su negocio, menos producción útil y menos capacidad para satisfacer a su cliente. Hasta ahora, y antes de hacer nada, el futuro empresario sólo ha trabajado para la burocracia.

Además el empresario ha de someterse a todas las leyes del sector que sólo enriquecen al estado como altos impuestos, mantenimiento de licencias, absurdas inspecciones que nunca han servido de nada… En este sentido, el estado actúa como un señor feudal donde se le paga bajo pena de multas, cárcel… para conseguir únicamente su consentimiento sin ninguna contrapartida. La hegemonía y tiranía del estado actual es lo mismo que la hegemonía y tiranía de señor feudal medieval. ¡No es de sorprender que la economía sumergida supere el 20% del PIB en España!

Mirémoslo desde la parte del consumidor (aquel que compra a ese empresario). ¿Qué ha conseguido “de más” con la intervención del estado? Nada, más bien al revés, ha perdido: el empresario tendrá que hacer sus productos más caros en un mercado legislado y rígido, además, y según el BM también, el índice de contratación de empleados en España es muy bajo, su rigidez es de 69 puntos sobre una escala de 100, cuando la media de la OCDE de 34,4 puntos. Esto significa que universitarios, inmigrantes, gente poco cualificada… tienen una fuerte barrera de entrada al mercado laboral para poder ser contratados, a lo que se suman más barreras sectoriales creadas por los sindicatos contra los “nuevos invasores”. En una ocasión un sindicalista así me definió la inmigración, por eso se veía en la obligación moral de defender “nuestros derechos adquiridos” para que no nos “roben” el trabajo.

Imagínese lo prósperos que seríamos sin los tributos que el estado nos obliga a pagarle. Podríamos hacer lo que quisiéramos dependiendo sólo de nuestro esfuerzo y logros sin tener que mantener a ningún extorsionador.

Si comparamos los mismos datos del BM con otros países donde la opresión estatal es menor, como Estados Unidos, Nueva Zelanda… los resultados son claros: más libertad es igual a más bienestar y riqueza. Los estatistas le insistirán continuamente que eso no es cierto, ¡todo es un complot del mercado contra la gente! La realidad es todo lo contrario. Países como Alemania, Suecia, Francia… sólo son oligocracias dominadas por el estado y grupos de presión que esclavizan al ciudadano: Francia, Bélgica y Suecia ocupan los tres primeros puestos en el “Índice de Miseria Impositiva” según la revista Forbes; en Holanda cada persona ha de pagar un tributo al estado según la cantidad de basura que genera, el trabajador holandés ha de pagar parte de la cuota del teléfono móvil de la empresa al estado; Alemania obliga a pagar un canon por tener televisor; Francia ha prohibido a la industria cinematográfica extranjera anunciar sus películas; en Suecia está prohibido pintar su hogar sin una “licencia para pintar”… La lista es interminable.

Nuestra meta hacia la libertad y bienestar social pasa por la no intervención del estado. No hemos que luchar para asemejarnos a ningún país como una mera réplica. Nuestro esfuerzo ha de centrarse en que nos dejen en paz, que el estado no intervenga en nada y que cada uno sea responsable de sus propias acciones. Sólo así conseguiremos una economía próspera, creciente y libre.

Una constitución socialdemócrata para Europa

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Mi intención en esta segunda parte de mi análisis del proyecto de constitución para Europa es explicar los motivos por los que, en caso de seguir adelante, representará el gran triunfo histórico de la socialdemocracia. En un artículo anterior expliqué el indebido papel de lo democrático en este tratado. En el presente me dispongo a explicar la estrecha relación en términos de economía política entre el texto constitucional y las posiciones socialistas; o, a la inversa, su escasa relación con el liberalismo.

Tan sólo desde la perspectiva del socialismo democrático es posible llegar a considerarla “el logro histórico más importante que ha vivido la civilización en el último siglo”. Parece evidente a estas alturas que José Luis Rodríguez Zapatero entendido a la perfección o, al menos, mucho mejor que la inmensa mayoría de los políticos, la esencia del texto y la enorme importancia para su corriente ideológica. El presidente del gobierno de España mantiene que “el tratado constitucionaliza el modelo social de Europa”. ¡Y tiene más razón que un santo! De poco importa que fuera de este argumento a favor del sí, ZP haga gala de una pobreza argumental tan sólo superada por una derecha que con los desperdicios del pensamiento único socialista ha apañado una extravagante defensa de este proyecto de constitución socialista para Europa.

Es más, la constitución no se conforma con los “logros” sociales y perjuicios individuales ya alcanzados en la legislación intervencionista europea, sino que pretende, como bien apunta una vez más ZP, “definir una buena estructura organizativa para que Europa siga avanzando”; hacia el socialismo democrático, se entiende. Como ejemplo de la estructura que permitirá mayores dosis de ingeniería social en el futuro vale la pena mencionar la inserción en la constitución de lo peor del intervencionismo social estadounidense. La defensa de la discriminación positiva tanto cuando se dice defender la discriminación como cuando se dice estar hablando a favor de la igualdad: “La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.”

Esta vez las palabras de Zapatero no son, por desgracia, demagogia para sus fieles e incondicionales seguidores. El liberalismo económico y político que contribuyó a la idea original de Europa ha desaparecido de este tratado gracias a las buenas artes de los políticos socialistas y la necedad y los complejos de muchos que creen no serlo. Quizá no haya mejor forma de entender el rechazo de las ideas liberales en la letra y el espíritu de este tratado (a excepción del mercado libre interior del que disfrutamos sin necesidad de una farragosa constitución) que estudiando el tratamiento que se otorga en el texto al libre mercado y a la propiedad privada, los dos pilares de una sociedad de vínculos contractuales en la que la libertad de acción pacífica de las personas queda por encima de los designios y caprichos políticos.

En cuanto a la propiedad, Carlos Rodríguez Braun ya ha indicado con acierto que no hay rincón del texto constitucional en el que pueda encontrarse una referencia a la propiedad privada. Es más, se dice claramente que “La Constitución no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.” El término Propiedad aparece en 11 ocasiones y 6 de ellas es para defender la propiedad intelectual o industrial y 2 para atacar directamente la propiedad privada. Un individuo tiene derecho a la propiedad de sus bienes, faltaría más, pero sólo si no hay una ley que diga lo contrario: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.” ¿Quién decide lo que es el interés general? ¿Los burócratas de Bruselas o nuestros políticos? Poco importa. La cuestión es que el derecho a la propiedad privada brilla por su ausencia.

Con respecto al libre mercado ocurre algo similar. En ninguna ocasión puede encontrarse en el texto la expresión libertad de mercado. Tampoco están presentes mercado libre, libre mercado ni ninguna otra combinación clara del los sustantivos libertad y mercado. Por si no era evidente que esta constitución poco o nada tenía que ver con el liberalismo económico, la única vez que se relaciona directamente economía y mercado es para separarlas por el adjetivo social; la verdadera protagonista de las más de 300 páginas del tratado de marras con más de 150 apariciones estelares.

En realidad el mercado no es libre en esta constitución ni cuando se habla de libre competencia porque se hace en referencia al modelo estático de competencia perfecta que, con todas sus secuelas de legislación antimonopolio y antitrust, limitan la verdadera competencia libre.

Pero si lo “social” (e impuesto) como antítesis de lo “individual” (y voluntario) se lleva el premio al protagonista principal, el de mejor debutante novel lo hace el ecologismo. De hecho, este proyecto de constitución puede ser considerado como el primer texto constitucional que adopta los postulados del ecologismo radical. Se mire por donde se mire estamos ante una constitución ecologista: “Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.” Se puede decir con letras más grandes, pero difícilmente de forma más clara. Y así hasta 9 veces se identifica el desarrollo económico de Europa con las peligrosas ideas del movimiento verdirojo.

Con todo, lo que más debe asustarnos de esta rendición incondicional a lo que propugna ese conglomerado de organizaciones para-gubernamentales dedicadas en cuerpo y alma a la desinformación científica es la inclusión en el Tratado del “principio de precaución”. Como ya he tenido la oportunidad de comentar con anterioridad, este principio representa la mayor amenaza contra la libertad individual y el liberalismo que occidente haya conocido en las últimas décadas. Y es que la aplicación política de esta forma autoritaria de entender la precaución invierte la carga de la prueba, erosiona el principio de responsabilidad, desincentiva la innovación, impide la elección y gestión privada de los riesgos, paraliza el progreso económico y pone en manos del gobierno de turno un poder arbitrario de intervención en el mercado que genera una enorme incertidumbre. “La política medioambiental de la Unión tendrá como objetivo un nivel elevado de protección, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva,…”. Recuerden que no cito el panfleto de un grupo radical y marginal, cito el artículo III-233 (sección quinta) de la propuesta de constitución europea sobre la que tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión el próximo domingo.

Resulta cuanto menos paradójico que los gobiernos europeos que tanto criticaron el principio de precaución aplicado a un dictador genocida que supuestamente amenazaba a occidente, defiendan ahora ese mismo principio pero aplicado en contra de la gente pacífica que utiliza los medios de su propiedad para tratar de satisfacer las necesidades del prójimo a cambio de una retribución voluntariamente acordada.

Justo es reconocerle a la propuesta de constitución los escasos aspectos positivos que contiene. Por ejemplo en el artículo I.I.4.1. se establece que “La Unión garantizará en su interior la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y la libertad de establecimiento,…”. Sin embargo, de estos derechos ya disfrutamos sin necesidad de constitución alguna. Tampoco es despreciable que se menciona que “El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.” Pero sin aclarar si se debe de cuadrar anualmente o en cada centuria de poco nos sirve esta aislada frase a favor del equilibrio presupuestario. Por último es de agradecer que se permita a todo estado que apruebe la constitución, abandonar la Unión de acuerdo con sus propias normas.

Sin embargo, estos aspectos positivos para cuyo disfrute no precisamos de esta constitución, no consiguen ocultar la esencia socialdemócrata del texto. Los socialistas lo han entendido así desde un principio mientras que los conservadores no se han enterado de lo que está en juego. ¿Y cuál es, a todas estas, la postura de los liberales acerca de este proyecto de constitución? En mi opinión, una constitución donde el progreso y el derecho siempre son sociales, el desarrollo sostenible, los principios de precaución y la propiedad cualquier cosa antes que privada, no merece el más mínimo apoyo de quienes se consideren liberales.