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¿Se está calentando el planeta?

El latiguillo de moda de unos años a esta parte entre gentes de progreso y políticos de retroceso es el del calentamiento global. Todos los desajustes meteorológicos, desde las inundaciones a las olas de frío pasando por las sequías, los tifones y los vendavales, se explican por el mismo patrón. El planeta se está calentando, y, como consecuencia de ello, las cosechas se perderán, los bosques se secarán y la humanidad perecerá achicharrada bajo un sol de justicia. ¿Tal es el desesperanzador futuro que le espera a nuestro mundo?, ¿es cierta la profecía del calentamiento global?

Lo cierto es que no lo sabemos. Ni los científicos, ni los políticos, ni nadie en absoluto. No hay evidencias que apunten a que el planeta se caliente, al menos en el largo plazo. Hace menos de treinta años, tan pocos que muchos de los lectores aún lo recordarán, la misma comunidad científica que hoy se apuesta el dedo meñique a que su predicción es correcta, aseguraba que la tierra se encontraba a las puertas de una glaciación. Curiosamente achacaban su causa a los mismos males que hoy provocan el calentamiento. Según aquella descabellada teoría, en los años venideros los glaciares y los casquetes polares avanzarían inexorablemente enterrando a la corrupta civilización occidental bajo varios metros de hielo purificador. El pronóstico falló pero entonces muchos se la creyeron a pies juntillas.

La historia no era nueva, diez años antes, en la década de los sesenta, los mismos científicos, o sus profesores universitarios, habían profetizado que se estaba incubando una bomba poblacional que acabaría con los recursos del planeta y provocaría una hambruna sin precedentes. La biblia de aquel movimiento neomaltusiano fue un librito de un tal Paul Ehrlich, un majadero que se dedicaba a la cría de mariposas, titulado The Population bomb (La bomba poblacional) que obtuvo un notable éxito editorial. A juicio de Ehrlich “La batalla para alimentar a toda la humanidad se ha acabado […] En la década de los 70 y 80, centenares de millones de personas se morirán de hambre”, y no precisamente en África, el entomólogo aseguraba que unos 65 millones de norteamericanos morirían de inanición en la década de los setenta, “la mayoría niños” precisaba con intención de atemorizar a los lectores. En aquella década naturalmente nadie murió de hambre en Estados Unidos cuya población ha aumentado en 100 millones de personas desde la publicación del libro en 1968.

Las profecías apocalípticas de Ehrlich sin embargo cuajaron, y se sumaron a las de los primeros ecologistas, los de la nueva era glacial. Los hippies y los universitarios ociosos las tomaron como propias, y anduvieron lo menos tres lustros incordiando con su verdad revelada a gobiernos, empresas y ciudadanos indefensos a través de la televisión y las pretenciosas revistas científicas. Ehrlich estaba tan convencido de su teoría que llegó a aceptar una apuesta del afamado economista liberal Julian Simon sobre su proyectado encarecimiento de las materias primas. Ehrlich perdió y, aprovechando la derrota, publicó otro libro, The population explosion en 1990 reafirmándose en su tesis del fin de los recursos y el hambre generalizada. Como era de prever no volvió a dar ni una pero siguió teniendo lectores muy apasionados que todavía hoy repiten como papagayos su repertorio de sandeces. 

Gran parte de los lectores de Ehrlich y casi todos los que en los setenta se dejaron los dedos escribiendo para demostrar la nueva era glacial que se nos venía encima, son hoy los valedores del calentamiento global. Con semejante currículo es ya difícil confiar en sus predicciones pero, como el tiempo no pasa en balde, los apóstoles del armaggedon se han dotado esta vez de un nuevo prontuario con apariencia más científica y más resultona en los medios audiovisuales. Y es que el calor asusta más que el frío, perecer asfixiado, envuelto en sudor y sufrimientos es de una plasticidad mayor que la aséptica e indolora muerte por congelamiento. De esta manera, los que antaño daban alaridos por la reaparición de los hielos perpetuos, hogaño nos advierten de lo inevitable de un calentamiento general del planeta sino se hace lo que ellos dicen.

El hecho es que la tierra puede perfectamente estar calentándose o estar enfriándose. La tendencia, simplemente, la desconocemos. Si algo han aprendido los climatólogos, desde que esa disciplina se convirtió en ciencia, es que el clima es tan caprichoso como variable, y tan difícil de pronosticar como huidizo al limitado entendimiento humano. Hace mil años, ayer por la tarde en términos geológicos, el clima era más cálido. Hacia el año 1000 de nuestra era los vikingos llegaron a Groenlandia y la llamaron así porque el paisaje era eminentemente de color verde, no en vano Groenlandia en inglés se dice Greenland, Tierra Verde. Hoy la mayor isla del mundo es un casquete polar, un enorme cubito de hielo varado en mitad del Atlántico y prácticamente inhabitable. Por aquel entonces, en el amanecer del segundo milenio, sabemos que la bondad de las temperaturas posibilitó que las áreas de cultivo se extendiesen hasta la misma Escandinavia o que, por ejemplo, la población de Europa creciese notablemente. Los expertos conocen esta época, comprendida entre los siglos X y XIV, como el óptimo climático medieval. Si los climatólogos lo han llamado óptimo será por algo, y es que cuando la temperatura media del planeta sube la vida florece, ha sido así desde que el mundo es mundo y desde que el primer organismo unicelular hizo su debut en el caldo primigenio.

Pero, como ya apunté antes, el clima es cambiante, y al pequeño óptimo de la Edad Media le sucedió lo que se ha denominado como la Pequeña Edad de Hielo que se inició tímidamente en el siglo XV y se extendió hasta bien entrado el XIX. En Londres, por ejemplo, se celebraban ferias sobre el cauce helado del Támesis hasta tiempos de Napoleón, y en Madrid, en la cálida España, existió una pista de patinaje sobre hielo natural en el parque de El Retiro hasta el reinado de Alfonso XII. Si hoy observamos el soberbio río que atraviesa el centro de Londres, o si nos detenemos ante los rosales que hoy ocupan la antigua pista de patinaje de El Retiro concluiremos que el clima se ha calentado, y estaremos en lo cierto. Hace más calor que hace un siglo pero no sabemos porqué. Hace más frío que hace un milenio y tampoco sabemos porqué. La condición humana tiene estas servidumbres.

Algunos astrónomos han apuntado que la causa quizá se encuentre en las manchas solares porque, a fin de cuentas, el único radiador que calienta la tierra es el astro rey y sólo de los rayos que nos regala pueden provenir cambios térmicos de semejante envergadura. Otros buscan los cambios en la oscilación natural del clima. Según esta teoría cada 10.000 años el hemisferio norte se congela para entrar en un letargo de unos 100.000 años. A esto se le conoce como glaciación. Casi toda la orografía de la Europa actual está modelada por los glaciares, y algunas partes del continente han estado durante varios periodos completamente enterradas bajo el hielo. Si la tendencia se mantiene lo lógico es pensar que lo próximo que nos espera es una glaciación porque hace más o menos 10.000 empezaron a retroceder los hielos, es decir, que nos encontramos en el ocaso de un periodo interglaciar.

Ante evidencias de tal magnitud, esto es, clima sumamente variable, glaciaciones brutales y dulces óptimos en los que prospera la vida, los ecologistas apenas pueden ofrecer unos estudios realizados con un ordenador, si, un ordenador como el que tiene usted en casa pero algo más potente. En la matriz de datos de estas computadoras ejecutan unos programas llamados Modelos de Circulación General o MCG a los que suministran una cantidad –siempre limitada- de variables. Las conclusiones son las que ellos quieren. Crean en la memoria de estos ordenadores una atmósfera en miniatura y al antojo del investigador de turno que, por lo general, suele ser ecologista y suele estar concienciadísimo con eso del medio ambiente. Si los resultados no confirman la hipótesis prefabricada del científico, éste seguirá modificando las variables hasta decir eureka y presentarlo como un gran descubrimiento.

Las sucesivas conferencias sobre el cambio climático se han inspirado en los datos extraídos de esos modelos, las decisiones de muchos gobiernos se han tomado partiendo de esos datos, y el célebre y discutido Protocolo de Kioto es la aplicación práctica y a escala global de lo que unos científicos jugando a ser Dios han conseguido sacar a sus máquinas. Tras el presumido consenso de la “Comunidad Científica” viene la campaña de propaganda. Del primero se enteran cuatro, los autores del experimento y dos más aficionados a perder el tiempo con estas cosas. Del segundo, en cambio, nos enteramos todos. No existe organización ecologista que no dé el tostón con lo del calentamiento global. Son además pertinaces e inasequibles al desaliento. Si hace un verano especialmente caluroso es muestra inequívoca de sus teorías. Si llueve más de la cuenta significa que el clima anda como loco y apoya la tesis del calentamiento. Si hace frío, mucho frío, aunque más difícil de defender, también se toma como una evidencia de que algo falla y, naturalmente, de que algo hay que hacer.

Los ecologistas parecen tener en la cabeza una temperatura idónea fuera de la cual todo es sospechoso y antinatural. ¿Cuál es la temperatura ideal de la Tierra?, la actual, la del óptimo climático medieval, tal vez la de la pequeña edad de hielo, o quizá la de la última glaciación que transformó el continente europeo en un inmenso casquete. Ni el más curtido de los auto arrogados defensores del planeta podría contestar a esta pregunta, porque, tras el camelo del calentamiento global, no hay ecología, ni climatología, ni ciencia, ni siquiera sana curiosidad por el devenir térmico del planeta. Detrás del bulo hay ideología, y de la mala. Tras los bastidores del timo de principios de siglo se encuentra un subproducto de la ideología que subyugó a un tercio de la humanidad bajo la hoz y el martillo durante 70 interminables años. El ecologismo es marxismo simplificado, remozado y pasado por la turmix para hacerlo más digerible a las nuevas generaciones. Se vale de lo mismo, de la mentira, de la desinformación y de la propaganda, eso sí, escudándose tras un pretencioso consenso científico que, como dijo un sabio, es siempre el primer refugio de los granujas.

Fundamentalismo ecologista

El último número del semanario dublinés Northside People abría la semana pasada con un titular en portada y a toda página que no dejaba lugar a dudas: Fear on the doorsteps (Miedo en la puerta de casa). Y no es para menos. Unos vecinos de una barriada dublinesa se enfrentaban a la justicia, en concreto a penas de hasta de diez años de prisión….por no reciclar la basura, es decir, por no hacer la preceptiva separación y entregar las bolsas a unos basureros informales.

La legislación medioambiental irlandesa es una de las más severas de Europa, más incluso que la que el gabinete rojiverde de Fischer y Schröder está implantando en Alemania. Y lo que es peor, por la cuenta que les trae, los irlandeses la cumplen a rajatabla, al menos de puertas para afuera. Los isleños tienen la obligación, por ley, de separar sus desperdicios domésticos en distintas categorías, a saber; cristal, papel y cartón, plástico, metal y residuos orgánicos para su posterior compostaje. Una vez separados en bolsas de diferente color han de depositarlos en el cubo correspondiente. En Alemania dicen con sorna que Los Verdes han convertido la casa de cada alemán en un basurero, en Irlanda han ido más lejos, cada casa irlandesa es, además de vertedero, una planta de tratamiento de residuos.

Un cuerpo especial de policía, la Waste Management Enforcement Unit, se encarga de velar por el cumplimento de la ley y de patrullar en busca del infractor. Las multas, según la Waste Management Act pueden elevarse hasta la impagable cifra de 10 millones -sí, ha leído bien, millones- de euros y hasta diez años de cárcel. Vista semejante y desproporcionada severidad sólo queda preguntarse cuál será la pena que la ley de aquel país contempla para los atracadores de bancos. Miedo da pensarlo.

Tal situación es el último extremo de una política auspiciada desde el Gobierno para hacer de Irlanda el país europeo de referencia en temas medioambientales. Hace dos años, la tierra de Joyce y Molly Malone se convirtió en el primer país del mundo en crear un impuesto para las bolsas de plástico. 15 céntimos de euro por unidad. Consecuentemente a las pocas semanas habían desaparecido de los supermercados y hoy, para comprar, hay que ir pertrechado de engorrosos carritos de ruedas o bolsas de tela. Nadie pensó ni en los fabricantes de las bolsas ni en los que las estampaban, ni naturalmente, en la comodidad de los usuarios.

El impuesto sobre las bolsas, la Plastic-bag tax, ha cosechado tal éxito que el titular de Medio Ambiente, Martín Cullen, está estudiando crear nuevos impuestos sobre el chicle, los paquetes de poli estireno en los que se sirven las hamburguesas o, y esto es insuperable, sobre los recibos de papel que emiten las cajas registradoras. Otra de las brillantes ideas del ministro, que ya está en funcionamiento en el condado de Dublín, es multar a los que el cubo de la basura les pese más de lo estipulado. Una vez más, la idea que guía al ministro es la de evitar que sus conciudadanos generen más basura de la que él cree necesaria. La weight-based garbage tax estará implantada en toda la isla en enero de 2005, a pesar de las críticas que ha suscitado entre amplios segmentos de una población hasta el gorro de tanto ecologismo ultramontano.

A pesar de los aires que el Gobierno irlandés se da por los foros internacionales, los resultados de su política medioambiental integrista están a la vista de cualquiera de visita en Dublín. La aceras de la ciudad están, literalmente, hechas una porquería y en las papeleras municipales no cabe un alfiler. El ciudadano corriente, antes que pagar por el peso de la lata de refresco o deshacer el paquete de tabaco en las tres partes que exige la Ley, prefiere dejarlo en la calle o, en el mejor de los casos, buscar una papelera. En el campo están proliferando los vertederos ilegales, y en las zonas costeras el mar se ha convertido en un basurero anónimo de excepción. La dueña de un Bed & Breakfast de Galway, en la apartada región de Connaught, me contaba la semana pasada cómo algunos vecinos aprovechan la noche para colar su basura en cubos ajenos. Todo con tal de no someterse al despotismo ecológico de mister Cullen.

El sueño del ministro de ver una Irlanda más verde de lo que ya de por sí es gracias al clima, se ve de este modo truncado por un sencillo principio; cuanto más estúpida es una ley menos se cumple. Por de pronto, la controvertida legislación de residuos ha conseguido el efecto contrario que buscaba. La basura es indudablemente un problema de las sociedades avanzadas, pero las medidas que están aplicando en Irlanda -y quizá pronto también aquí- más que solucionarlo lo agravan. Si el gobierno quiere que la población recicle no tiene más que potenciar el pago por residuos y no al revés. La parte de nuestros residuos que merece la pena reciclar, esto es, que es rentable devolver al ciclo productivo, tiene un precio. Nuestras botellas, latas o periódicos tienen un valor de mercado, ¿Por qué hemos de darlos gratis o, peor aún, pagar dos veces por ellos?

¿En qué consiste el capital?

Más, y no menos capitalismo. Más, y no menos propiedad privada. Más, y no menos empresas. Más, y no menos mercados financieros. Esa es la fórmula para sacar de la miseria a medio mundo. La lectura de estudiosos del capital como Hernando de Soto, Michael Milken y Carl Menger nos explican por qué.

Imagine un país donde nadie puede identificar quién es dueño de qué, las direcciones domiciliarias no pueden ser fácilmente verificadas, la gente no puede ser obligada a pagar sus deudas, los recursos no pueden ser convertidos cómodamente en dinero, la propiedad no puede ser dividida en participaciones, las descripciones de los activos no están estandarizadas y éstos no son fáciles de comprar y donde las reglas que rigen la propiedad varían de barrio en barrio. Usted acaba de trasladarse a la vida de un país en vías de desarrollo. Para mayor precisión, usted ha imaginado la vida del 80 por ciento de su gente.

Así identifica el economista peruano Hernando de Soto en su libro El Misterio del  Capital la causa más poderosa, a su juicio, por la cual “el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo”.

La gran tragedia del mundo subdesarrollado es que sus “muy sociales” gobernantes marginan a tres cuartas partes de sus habitantes, condenándoles a sistemas de propiedad precarios sobre sus bienes. De esta forma jamás pueden tener acceso a un crédito pignorándolos en garantía, tienen enormes dificultades para trasmitir su patrimonio en caso de necesidad o conveniencia, carecen de incentivo para invertir en la mejora de sus inseguras propiedades y, a fin de cuentas, viven condenados a no poder extraer de sus bienes la mayor parte de su valor potencial.

La tragedia no se para ahí. Con legislaciones laborales costosísimas e irreales, las burocracias tercermundistas no dejan más alternativa a sus nacionales que emplearse en puestos de trabajo extralegales. Así por ejemplo en Zambia sólo el 10% de la población está legalmente empleado. Además con sus regulaciones, certificaciones administrativas, mordidas y demás restricciones a la libre iniciativa hacen imposible que los emprendedores puedan acceder al mercado salvo a través de empresas sumergidas.

Las reglamentaciones gubernamentales en materia de urbanismo –desde la escasez de suelo urbanizable hasta la limitación de alturas pasando por los consabidos mil y un certificados administrativos y sus consiguientes prohibitivas comisiones– junto a los controles de alquileres empujan a los emigrados del campo a la ciudad a acudir a la infravivienda como única solución. Así, en Brasil, cuando hace treinta años dos tercios de la construcción de vivienda era para alquiler, hoy apenas el 3% de la construcción se hace con esa finalidad. Las favelas absorbieron ese mercado. Vivir en chabolas, ranchitos, pueblos jóvenes, favelas, bidonvilles y shantytowns implica además carecer de domicilios legales y con ello no poder tener acceso a servicios básicos como electricidad, alcantarillado o agua potable. Lo que no existe no puede ser ni aprovisionado ni facturado.

Michael Milken, el genio que revolucionó los mercados financieros norteamericanos durante las décadas de los 70 y los 80 (y que terminó pasando una temporada en la cárcel por pisar demasiados callos del establishment), escribía en su artículo The democratization of capital que el acceso al capital ha estado generalmente restringido a lo largo de la historia. La casi exclusividad para la realeza y la iglesia durante el medioevo sólo fue parcialmente ampliada durante el siglo XIX a un grupo de industriales con propiedades que les respaldasen. Incluso en los años 60 las instituciones financieras habían de limitar sus créditos a aquellos clientes considerado seguros.

Aunque tras la revolución financiera de las últimas décadas, en la que Milken tanto ha tenido que ver, el acceso al capital en Norteamérica es posible (venture capital, bonos basura, fondos mutuos, OPVs, …) prácticamente para cualquiera con un buen proyecto y ganas de luchar por él, las limitaciones siguen existiendo a mayor o menor escala para gran parte del resto de la población mundial. Y eso quiere decir menos empresas, menos riqueza, menos innovaciones, menos empleos. Cuando advertimos que dos de cada tres inventos desarrollados en el siglo XX han provenido de los EE.UU. o que allí se han creado nada menos que 50 millones de empleos en las tres últimas décadas, tan sólo empezamos a vislumbrar qué fabulosa máquina capaz de convertir las piedras en pan es el capitalismo popular. La fuerza del progreso por excelencia.

Una de las principales lacras de buena parte de los ideólogos políticos y científicos sociales del siglo XX ha sido su incapacidad para aprehender la idea misma de capital. El premio Nobel de Economía F. A. Hayek reflexionaba en The Mythology of Capital que pocas palabras han sido utilizadas con tal cantidad de significados diversos, mientras que la esencia de su realidad era a la vez tan poco comprendida.

El capital no es un factor de producción de una naturaleza peculiar (“conjunto de bienes producidos”) que tiene unas facultades tecnológicas especiales (“sirven para producir”) sin que importe cuáles sean las relaciones jurídicas de propiedad que sobre los mismos existan. Sin propiedad privada, sin mercados y precios, sin división del trabajo y sin empresas, sencillamente no hay capital. Quizás habrá otras cosas: máquinas, edificios, tecnología, obreros. Pero no el alma que hace que todo eso funcione. Los soviéticos –que creían que el capitalismo era un conjunto de instituciones concebidas para la explotación de los asalariados– estuvieron décadas y décadas acumulando bienes de bienes de equipo a costa de infringir graves privaciones a la población para finalmente descubrir su incapacidad absoluta para generar algo de valor para la gente. Falsas teorías, penosos resultados.

Como tampoco es capital una especie de entelequia global de la cual pueda disponer a su antojo una nación o su gobierno para atender a la satisfacción de las necesidades que considere oportuno. Los gobernantes de medio mundo se hartaron de nacionalizar industrias para comprobar que la riqueza no estaba allí. Para su desespero todo se escapaba como agua entre los dedos justo en el mismo momento en que desaparecían la propiedad privada, los empresarios y los precios libres. ¡Ay, si hubiese habido más Lew Kwan Yews y menos Nkrumahs en el mundo!

Y es que capital es, en la seminal definición del fundador de la Escuela Austriaca de Economía, Carl Menger, la valoración monetaria de los bienes, servicios y derechos convertidos en activos empresariales para la generación de beneficio y por tanto renta y/o riqueza para sus dueños.

Así que una vez más será necesario repetir que la formación de capital implica la existencia de propiedad privada. No sólo la facultad de usar los bienes en un determinado sentido precario, sino también de gravarlos, de trasmitirlos, de dividirlos, de dedicarlos a los negocios y de hacer propios los beneficios obtenidos. Implica la posibilidad de crear libremente empresas que no se vean asfixiadas por regulaciones, concesiones burocráticas, certificaciones administrativas e impuestos. Y requiere también la existencia de un dinero sano con el que sea posible conservar la propiedad cedida en crédito, con el que sea posible la contabilidad y con el que tenga más sentido producir riqueza que jugar a anticiparse a la siguiente devaluación. En un campo como el de la ayuda al desarrollo, leer a Hernando de Soto, Michael Milken o Carl Menger es encontrar algo de cordura donde suele abundar tanta demagogia.

El odio al coche

La ministra Narbona ha anunciado una auténtica cruzada contra el coche, los conductores y todos aquellos que disfruten de las ventajas de esta bendición de nuestro tiempo. Se plantea limitar el acceso a las ciudades de más de 100.000 habitantes, reducir los límites de velocidad y quién sabe si hasta seguir el ejemplo francés y gravar aún más a los vehículos 4×4. Los motivos aducidos son tan variados como demagógicos: la reducción de la contaminación, la reducción de los accidentes y la reducción del gasto en gasolina.

La guerra contra el coche no es un producto de Kyoto ni del amor por la naturaleza en su estado más puro. Si así fuese, los ecologistas deberían de erigirle al coche un monumento en la plaza mayor de cada ciudad. Nuestras calles y ciudades eran auténticos estercoleros antes de la aparición del automóvil y volverán a estar llenas de excrementos animales si nuestros políticos se empeñan en castigar el uso de motores de explosión frente a alternativas tan bucólicas y sucias como la fuerza animal. La tremenda mejoría de nuestro medio ambiente más cercano gracias a la generalización del coche como medio de transporte es algo que raramente comentan quienes no ven más allá de su odio a la máquina.

El intervencionismo estatal con máscara de protección de la naturaleza también ha provocado en las últimas décadas la fabricación de coches más ligeros y, en general, menos seguros. Ahora quieren reducir la siniestralidad haciéndonos conducir a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora. Todos sabemos que si se reduce la velocidad máxima a 0 kilómetros por hora los accidentes de automóvil desaparecerán completamente. Ahora bien, si lo que interesa no es paralizar la circulación sino reducir las víctimas de los accidentes de tráfico, la ministra de medio ambiente debería de proponer en el próximo Consejo de Ministros un plan para la eliminación de los puntos negros o la privatización de las autopistas españolas.

Por otro lado, es todo un detalle que el gobierno se preocupe por si se nos ocurre gastar  en gasolina más de lo que nos conviene. Pero, con toda la sinceridad del mundo, la mayoría preferiríamos que Narbona tratase de aliviar nuestros gastos reduciendo o eliminando los impuestos que hacen de la gasolina, fuera del mercado libre, un verdadero bien de lujo. Hasta que ese gesto de infinita bondad y misericordia tenga lugar la gente es lo suficientemente mayorcita como para saber qué proporción de su salario le conviene gastar en la gasolina encarecida por un Estado fagocitador.

No nos dejemos engañar. Los socialistas siempre han odiado el coche, esa obra del espíritu emprendedor que logra que los individuos se desplacen independientemente, como auténticos reyes de las carreteras, en lugar de hacerlo en rebaño; que te permite elegir los horarios en vez de ponerte a la cola de una estación; que te deja escuchar una sinfonía en compañía de la familia o los amigos. Pero resulta una delatadora ironía que, habiendo sido el coche un objeto de odio tan desmedido, el coche oficial haya ejercido al mismo tiempo una fabulosa atracción entre los ministros socialistas de todos los partidos, incluida Cristina Narbona, socialista y ministra.

ZP ante sí mismo

El entonces líder José Luis Rodríguez Zapatero en la Sesión de Control al Gobierno el 4 de octubre de 2000 exclamó con respecto a la subida del precio del petróleo: 

" Le vuelvo a insistir: no haga parches, tome medidas de fondo, dé respuesta a lo que es un clamor de la ciudadanía, no castigue sólo los bolsillos de los ciudadanos como consecuencia de la subida del crudo. En nombre de esas reivindicaciones justas, de las que hay hoy y de las que van a venir mañana, le exijo, le reclamo que baje los impuestos de los hidrocarburos, es una reclamación justa que responde al objetivo de hacer que la carga de la subida del petróleo se reparta equitativa y socialmente y no haya beneficio sólo para las compañías petrolíferas y para los impuestos y su recaudación. Rectifique ahora, que será peor mañana, se lo aseguro, señor Aznar".

Estando en la oposición, ZP tomó la iniciativa liberal de demandar una rebaja en la exacción fiscal por parte del Estado; ahora en el gobierno, por boca de su Ministra de Medio Ambiente, sólo se le ocurre restringir la libertad ciudadana sugiriendo la reducción de la velocidad máxima y la imposición de nuevas tasas para acceder a las grandes ciudades. El poder, a su pesar, sí le ha cambiado.

Conviene recordar que, aproximadamente, el 60% del precio de gasolinas son impuestos. La sed confiscatoria del Estado lo ha llevado a gravar los combustibles con cuatro tipos de impuestos: sobre Hidrocarburos, sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, IVA y, en algunas comunidades autónomas, el céntimo sanitario.

En otras palabras, eliminando estos múltiples impuestos, el precio de la gasolina súper pasaría de los 95 céntimos por litro actuales a menos de 40 y el precio de la sin plomo de 90 a 36. ¡El Estado encarece la gasolina en casi dos tercios! A su lado, cualquier movimiento del precio del crudo en los mercados internacionales resulta casi irrelevante.

Compete, pues, al gobierno de ZP solucionar esta situación -como él mismo exigía a Aznar en el año 2000- rebajando los impuestos. “No castigue sólo los bolsillos de los ciudadanos como consecuencia de la subida del crudo. Rectifique ahora, que será peor mañana, se lo aseguro, señor Zapatero

El apagón

Todavía resuenan las carcajadas en los despachos de las autoridades energéticas europeas por el apagón neoyorquino del año pasado. Están anticuados decían unos, son ineficientes decían otros, es un país de pandereta apuntaban los más euroengreídos, es la consecuencia del liberalismo salvaje clamaban a los cuatro vientos los nostálgicos del plan quinquenal.

El hecho es que en Europa, en nuestro paraíso, también se va la luz, y mucho, mucho más a menudo de lo que usted, apreciado lector, supone. La pasada semana Atenas, la ciudad que dentro de unos días albergará los Juegos Olímpicos, sufrió un apagón antológico, de esos que pasan a la pequeña historia de todas las ciudades.

A media mañana la central de Lavrion, a unos 80 kilómetros de la capital, colapsó sin remedio. La ciudad, habitada por más de cuatro millones de almas en pena por la canícula estival, se quedó en su totalidad sin suministro eléctrico. Los semáforos dejaron de cambiar del verde al rojo, los aparatos de aire acondicionado cortaron su flujo de aire fresco, los frigoríficos se declararon en huelga y el metro, el nuevo y flamante suburbano ateniense, se atascó en sus recién horadados túneles. El mismísimo ministro de transportes, Michalis Liapis, fue víctima inesperada del caos al encontrarse en esos momentos inaugurando una estación del metro. Otros lo pasaron peor, en los numerosos ascensores de Atenas se quedaron colgados miles de ciudadanos durante varias horas.

Que Atenas retrocediese cien años en apenas un segundo pasó a la primera plana de las noticias por tratarse de la próxima sede olímpica. Sin embargo los apagones se distribuyen de manera equitativa e igualmente dramática por todo el viejo continente. En agosto del pasado año Londres padeció otro severo corte de energía que dejó varados en las entrañas de la City a sus célebres coches de metro color plata. Los italianos sufrieron a lo largo del mismo verano dos cortes masivos de electricidad, uno de los cuales se extendió durante 18 interminables horas. En España, en el plazo de mes y medio, hemos comprobado como se ha hecho la oscuridad durante varias jornadas coincidentes con la ola de calor de finales de junio. Y por acercarnos más, hace sólo unos días una subestación madrileña ardió como una tea dejando a un barrio entero fuera de la red eléctrica. En Francia la cosa va por otro lado, los trabajadores del monopolio estatal consideraron que el mejor modo de conservar sus empleos era dejar a medio país sin luz. Lo innegable es que británicos, italianos, españoles y franceses venimos sufriendo cortes de luz intermitentes sin que nadie diga ni haga nada al respecto.

La energía en Europa está, al menos oficialmente, liberalizada. Sin embargo, a juicio de los expertos lo que falta es competencia. Como en tantas otras cosas, en la Unión Europea sobran directrices y escasean realidades que hagan del mercado algo tangible. Apenas unas pocas compañías por país que, además, no disponen de conexiones internacionales del porte adecuado para hacer efectivo un mercado común eléctrico.

Por otro lado la capacidad europea de generación está seriamente tocada. Nuestras centrales son antiguas, la mitad tiene más de 25 años de edad, y por lo general o poco productivas o muy contaminantes, o ambas cosas. Con las estrictas regulaciones ambientales de la Unión y las exigencias de Kyoto para reducir emisiones, el panorama se oscurece aún más. La alternativa nuclear, la única posible, sólo se ha tomado en cuenta en la estatalizada Francia y en la marginal Finlandia. Las térmicas convencionales son sucias y poco populares. Las de ciclo combinado, por las que ha apostado España, conducen a una peligrosa dependencia energética de los inestables países del norte de África. Las famosas renovables, eólica y solar, son un puro experimento improductivo pero muy del gusto de los burócratas bruselinos, más preocupados por hacerse la foto en la inauguración de un parque eólico que por facilitar el suministro eléctrico a sus conciudadanos.

Decir por tanto que la energía en Europa está liberalizada es una vulgar falacia, una más de las muchas que tragamos sin contemplaciones. Un mercado en el que la generación está presa de mil regulaciones y la distribución es un hervidero de directrices no es un mercado abierto, es una merienda de negros al arbitrio de unos funcionarios pagados de sí mismos y contagiados de medioambientalitis crónica y regulativitis aguda.

Desastre a la francesa

El corte de la interconexión eléctrica entre España y Francia el pasado mes de junio fue el penúltimo capítulo del desbarajuste eléctrico que desde hace dos años padecen nuestros vecinos del norte. El último y más poderoso monopolio de la electricidad del viejo continente se niega a que su dueño, el estado francés, ponga en marcha el proceso que devuelva EDF a la sociedad civil. El plan del Gobierno es cambiar el estatuto de la empresa, de Ente Público a Sociedad Anónima y dejar franco el acceso a nuevos inversores, por ejemplo, en el parqué parisino.

La decisión de, al menos en parte, privatizar la gigantesca EDF, Electricité de France, proviene de la directriz europea de liberalización de la energía que, a fecha de hoy, se ha aplicado en la práctica totalidad de la Unión a excepción de Francia. El apego que los gobiernos franceses, ya sean de derecha o izquierda, tienen por el sector público no es un secreto para nadie, y es por ello que desde París se ha retrasado todo lo posible la liberalización del mercado eléctrico para evitar los previsibles males mayores con los sindicatos del sector. 

EDF tiene unos 112.000 empleados, es decir, el equivalente a la población de Lérida. La española Endesa cuenta en comparación y a nivel mundial con tan sólo 24.000 empleados. Tal cantidad de asalariados disfruta además de unos privilegios sociales que no están, ni mucho menos, al alcance del resto de sus compatriotas. Contratos fijos cuasi funcionariales, jornada de 35 horas y, sobre todo, un plan de pensiones propio al margen del sistema estatal que garantiza la jubilación al resto de franceses. Los afortunados empleados de EDF trabajan menos horas, contribuyen en menor medida al sistema de pensiones y se jubilan antes, mucho antes que sus vecinos, en torno a los 57 años de promedio. El plan de pensiones de EDF, tan generoso para sus participantes como desastroso para las arcas del estado, arrastra un déficit de más de dos billones de euros anuales, y creciendo. Para defender lo que los trabajadores consideran suyo (y de nadie más) no sólo se han echado a la calle con una pancarta. En las últimas semanas piquetes sindicales han llevado a cabo acciones más propias de una cuadrilla de saboteadores que de unos trabajadores preocupados por su empleo. Aparte de la faena que nos han hecho cercenando la línea transpirenaica, los sindicatos han provocado cortes de luz selectivos en los domicilios de ciertos políticos y empresarios, han paralizado el sistema de cercanías de París o –y esto ya bordea los límites del absurdo- han devuelto el suministro a clientes morosos. Todo sea por mantener la dignidad del empleo que diría algún microcéfalo del comité de empresa.

Los planes del ejecutivo Raffarin de privatizar la empresa chocan con los deseos y los privilegios de su nutrida nómina de empleados. Porque, ¿qué empresa en su sano juicio va a invertir en tan ruinosa y conflictiva compañía? Desde El Eliseo se vende como un gran negocio, no en vano EDF es la principal generadora de energía nuclear del mundo, dispone de un mercado casi cautivo de 60 millones de consumidores y cuenta con el apoyo explícito de un gobierno que pretende conservar una participación en la sociedad.

Los números sin embargo no son tan atractivos como los pintan desde los despachos gubernamentales. Observando de cerca sus finanzas la deuda neta de la compañía es de 24 billones de euros, mientras que los activos de sus accionistas apenas llegan a los 19 billones. EDF es por lo tanto una empresa técnicamente en quiebra. Al ser de titularidad pública las leyes la protegen de esta eventualidad, es decir, que no puede presentar la bancarrota. Una vez en el mercado, en manos privadas, un balance semejante no podría aguantarse más allá de un ejercicio sin hacer profundas reformas. Esto es lo que temen los sindicatos. Quizá EDF no necesite 112.000 personas para seguir funcionando, quizá 35 horas son pocas, quizá muchos de los privilegios de los que disfrutan sus empleados son eso mismo, privilegios que en el mercado abierto no se pueden mantener.

Desde el pasado 1 de julio EDF, una vez más por presión europea, ha dejado de ser un monopolio oficial en Francia. Pero tan sólo para los grandes consumidores de electricidad. Los franceses de a pie, el consumo doméstico, seguirán enchufados a la empresa pública durante al menos tres años más. Entonces el mercado francés de electricidad tendrá que abrirse en su totalidad y el monstruito estatal habrá de competir en justa lid con el resto de eléctricas europeas. Quedan tres años y lo mejor – o lo peor – está aun por escribirse.

Amenazados por la UE y salvados por los EEUU

Un reciente estudio del CNE sobre los controles de precios farmacéuticos –El Coste Humano del Control de Precios Farmacéuticos en Europa– está teniendo un enorme eco en los medios de comunicación europeos por lo dramático de sus conclusiones. No es para menos: según la investigación, un mínimo de 38 europeos mueren diariamente como consecuencia del intervencionismo gubernamental en el sector farmacéutico de los distintos países de la Unión.

El origen de este problema vital se encuentra en los controles de los precios de los medicamentos; unos controles que, a excepción del Reino Unido, se llevan a cabo en todos los países de la UE. El establecimiento de precios máximos por parte de las autoridades públicas tiene el efecto visible, inmediato y aparentemente milagroso de reducir el precio al que el público en general, y el estado en particular, pueden adquirir los fármacos. Sin embargo, el efecto menos visible y a más largo plazo consiste en una reducción de la variedad y de la cantidad de tratamientos disponibles, lo que nos aleja de las panaceas, los milagros y los cuentos de hadas porque necesariamente reduce la expectativa de sobrevivir a determinadas enfermedades.

Como de costumbre los gobernantes padecen el virus cortoplacista, cuya infección les impide ver ningún efecto que se extienda más allá de la fecha de las próximas elecciones. La virulencia de esta enfermedad propia de la clase política se agrava cuando los efectos a corto plazo, logrados a simple y mágico golpe de decreto, se traducen en una disminución del descontrolado y desmesurado gasto sanitario a expensas de codiciosas multinacionales capitalistas. Dado este fabuloso logro inmediato, ¿a qué político podría interesarle ayudar a salvar la vida de miles de enfermos en dilatados periodos de tiempo? Después de todo, nadie le va a reconocer que la liberalización del mercado farmacéutico salva vidas porque no se ve y, sin embargo, sí se le reconocerá el éxito en la bajada de precios y el control del gasto público en medicamentos porque es un efecto fácilmente visible.

La triste realidad es que la política de controles de precios ha provocado en Europa la decadencia de un sector que a comienzos del siglo XX era uno de los orgullos de la industria europea con fantásticas innovaciones como la morfina o la aspirina. En cambio, durante los últimos 25 años el gasto de la industria farmacéutica europea en investigación y desarrollo de nuevos fármacos ha pasado del 32% al 22% del conjunto mundial. Al mismo tiempo que desaparece del interés por investigar en tierras europeas se desvanece también el interés por vender a sus habitantes –al menos a los impuestos precios de rebajas. En 2002, la multinacional farmacéutica Pfizer comunicó al gobierno de Francia –donde los precios de los productos farmacéuticos son, gracias el deflacionista uso de la coacción gubernamental, un 40% del precio que esos mismos productos alcanzan en mercados libres como el de EEUU– que estaba considerando retirar algunos productos del mercado francés. Casos similares se han repetido los últimos años teniendo como protagonistas a Astra Zéneca y a otras conocidas empresas farmacéuticas.

Europa ha dejado de innovar en este importante mercado y a la industria farmacéutica internacional no le interesa comenzar la venta de nuevos fármacos de manera simultánea en mercados con precios libres y en mercados intervenidos como el europeo debido a la posibilidad de que el comercio paralelo arruine su negocio. Así que los medicamentos llegan más tarde e incluso algunos se resisten a atracar en los puertos de la vieja Europa.

El colmo de la sinrazón política llegó cuando la comisión europea multó a Bayer por restringir las ventas de Adalat, su conocido medicamento para el corazón, en Francia y en España. La empresa alemana había descubierto que los mayoristas franceses y españoles pedían más medicamentos de los demandados por los pacientes de sus respectivos países con el objetivo reexportar el sobrante y sacar partido al margen entre el precio intervenido de España y Francia y el precio libre de otros mercados. Para evitarlo Bayer estudió la demanda de Adalat en Francia y España, y limitó sus envíos al volumen de la demanda interna de cada país. Pero en los tiempos que corren, tratar de proteger tu empresa frente a los dañinos efectos del intervencionismo no es de recibo. Como si de un mundo al revés se tratase, la comisión europea consideró a Bayer culpable de limitar la competencia en el mercado y le impuso una fuerte sanción. Afortunadamente, en enero de este año la Corte Europea de Justicia introdujo algo de cordura en este asunto al anular la multa por considerar que una empresa difícilmente puede restringir la competencia unilateralmente y no encontrar evidencias de la existencia de un acuerdo con otras empresas para restringir de común acuerdo la producción de productos sustitutivos.

Así las cosas, lo cierto es que los europeos seguimos teniendo medicamentos relativamente innovadores gracias a la existencia de mercados libres en lugares como Estados Unidos, Suiza o el Reino Unido. Un alto responsable de la industria farmacéutica se ha atrevido a denunciar recientemente la evidente inmoralidad que se esconde detrás de esta perversión política del mercado al declarar que el intervencionismo de los gobiernos europeos está logrando desviar el coste de la investigación de sus pacientes a los pacientes americanos. Da miedo pensar qué ocurriría si Estados Unidos se sumasen a la política populista y coactiva de precios máximos.

Confiemos en que esto nunca llegue a suceder y en que, con el tiempo, los países que teatralizan la unidad europea se den cuenta de la inmoralidad y de los efectos perversos de sus controles de precios. Hasta entonces, los europeos harían bien en pensar y recordar continuamente que mientras que nuestros gobernantes ponen en peligro la vida de millones de individuos, los ciudadanos estadounidenses y sus mercados libres salvan día tras día la vida de muchas personas en el viejo continente.

El futuro previsible

El juez, con el rostro impasible, empezó a dar su veredicto. "La empresa Google, que ha sido denunciada por prácticas monopolísticas, habrá de ser dividida para impedir que se haga con todo el mercado de Internet. Ya sé que sus abogados han intentado convencernos de que dicho mercado es muy amplio, que hay sitio para más actores y que tan sólo hace falta innovación para echarles. Pero su monopolio actual sobre los buscadores, la publicidad segmentada, el correo web y la mensajería instantánea desmiente ese ridículo argumento, propio de economistas neoliberales."

"Su empresa, con inhumana avaricia, fue dejando a las demás sin posibilidad de competir. Primero fue un buscador mucho más eficaz y completo que los de los demás. El público estaba feliz y no se quejaba, más bien al contrario pero, ¿qué me dice de las demás punto com? ¿Acaso pretende insinuar que su ineficiencia obligaba a que se retiraran del mercado? ¿Y qué haríamos con las inversiones realizadas, con los trabajadores que se irían al paro? ¿Dónde quedarían sus derechos? ¿Quién donaría dinero para las campañas políticas?"

"Repitieron su logro a base de regalar un giga de espacio para el correo, cuando incluso el gigante Microsoft ofrecía solo un 0,2% de forma gratuita, obligando a sus competidoras a encarar la ruina y reducir sus ingresos provenientes de las cuentas de correo electrónico de pago."

"Y no contentos con ello, aprovecharon toda esta clientela para imponerles el uso de su cliente de mensajería instantánea. Ya sé que éste permitía conectarse a otras redes, pero ustedes saben tan bien como yo que eso no sólo no impidió que los usuarios abandonaran su clienet habitual, normalmente el Messenger de Microsoft, sino que hizo más fácil que lo abandonaran para usar el suyo. Ustedes se aprovecharon de su monopolio previo en el correo electrónico gratuito para hacerse con el de la mensajería instantánea, ofreciendo mejor servicio que sus competidores. Y eso no se puede consentir."

De modo que el juez dictó sentencia. Y Google fue separada. A pesar de que en el momento en que se agotaron los recursos a más altas instancias, buena parte del supuesto monopolio que ostentaba estaba hecho trizas por la competencia. Pero todo se hizo para cuidar al público del excesivo poder de la empresa. Como debe ser.

Llamazares contra el SCH

El empleo del sentido común y la lógica más elemental le han valido a Alfredo Sáenz los calificativos más alucinantes. Y eso que es vicepresidente segundo y consejero de uno de los grandes bancos españoles y, por lo tanto, persona poco sospechosa de querer cambiar el estado actual de las cosas si no es por motivos de imperiosa necesidad. Gaspar Llamazares ha exigido a Emilio Botín que rectifique las declaraciones de Sáenz, cosa que previsiblemente hará, y le ha acusado de declararles la guerra y querer destruir a la izquierda. Para rematar la faena, Llamazares pide a ZP que saque del baúl aquellas infames prácticas felipistas de boicotear a los empresarios que no coincidan con el pensamiento único de izquierdas. Es “indecente” y propio de “hooligans del liberalismo”, dice el secretario de comunicación de CCOO.

¿Y qué ha dicho exactamente Sáenz para merecer esta reacción totalitaria en el gallinero socio-comunista? Pues que al igual que piensa todo aquel que usa el sentido común, cree que es imprescindible "desmontar el estado de bienestar europeo" y que "no tenemos demasiado tiempo para hacerlo". Porque o bien mejoramos nuestros mercados y acomodamos los impuestos y regulaciones a conceptos "mucho más liberales" o realmente "vamos a tener un problema".

No es que el consejero del SCH haya alertado de esa enfermedad mortal que padece Europa que no es otra que el triunfo del relativismo moral y el desprecio por los derechos de los individuos. Sáenz le ha visto las orejas al lobo. Ese mega estado intervencionista europeo que, al igual que ocurriese durante la época de decadencia del imperio romano, no respeta la propiedad ni el mercado y se niega a valorar a sus individuos más productivos. Por el contrario se dedica a subvencionar el pan, el circo y todo aquello que sea considerado como progre y social; todo aquello que quiera recibir la mayoría del pueblo siempre y cuando se les prometa que será costeado por otros. Ese estado mastodóntico que precisa cada vez mayores incautaciones de impuestos, que no puede entender que exista diversidad fiscal entre los distintos países y áreas geográficas y que hace gala de la doble moral más rampante en su visión del resto del mundo. Ese estado que ha sembrado las causas de su decadencia y deja que el moral hazard y la podredumbre moral terminen la faena.

Y es que como dice Sáenz, no nos queda mucho tiempo para aprender la lección y actuar en consecuencia. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que no asistamos en pocos años a la caída del imperio europeo. Aquel que ya cayera en época romana, provocado por los mismos errores fruto de políticos pobres de espíritu y conocimiento y grandiosos en planes colectivistas.