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Cinco cuestiones sobre las vacunas covid

1.- El 95% de eficacia

Desde el comienzo de la administración de las vacunas covid, se repitió constantemente (es difícil no haberlo oído o leído menos de unas docenas de veces) un dato en este caso aplicado al producto de Biontech-Pfizer (en adelante, Pfizer): un 95% de eficacia. ¿Era cierto? Bien, depende de cómo usemos la estadística. De los algo más de 43mil sujetos usados en el estudio para aprobación recibiendo casi la mitad el producto y casi la otra mitad un placebo, hubo 162 personas con síntomas en el placebo y 8 en el grupo de tratamiento. Eludiendo aquí todo el cálculo matemático (que puede consultarse aquí y que no es más que un concepto elemental de epidemiología), resumiremos que el riesgo relativo reducido con Pfizer era exactamente del 94,66%.

Dicho cálculo se basa esencialmente en las personas con síntomas (162 vs 8) ignorando por completo cuán grande era la muestra original total. Estamos hablando de 43mil personas. Aquí es donde en epidemiología se usa un indicador mucho más conectado a la realidad, pues tiene en cuenta el total de personas de un estudio: el riesgo absoluto. Tomando los mismos datos de ese estudio de Pfizer, ¿cuánto reducía el riesgo absoluto de covid su producto? Un 0,71%. Es decir, el producto de Pfizer en términos absolutos tenía una probabilidad de 99,29% de producir el mismo beneficio que un placebo dado este virus. Éste es un dato incontrovertido, por ejemplo aquí el Servicio de Salud de Navarra referencia que esta reducción de riesgo absoluto (RAR) con este producto para este virus no llega al 1%.

Para muchos, el riesgo relativo no deja de ser cierto malabarismo estadístico. Al fin y al cabo, si hubieran anunciado en los medios menos de un 1% de eficacia en riesgo absoluto, ¿qué éxito comercial habría tenido el producto?

2.- Los reguladores

Los conflictos de intereses con la industria farmacéutica es un problema que siempre ha planeado sobre los reguladores, pues es un problema real. A pesar de haberse establecido supuestos controles, en la práctica estos controles dejan demasiado que desear. En el caso de los productos que nos ocupan, podemos por ejemplo mencionar a Scott Gottlieb que sin grandes problemas fue comisario del regulador FDA (Food and Drug Administration, el regulador y que aprueba fármacos en EEUU) básicamente entre 2003-07 y luego de 2017-19 saltando entre medias y después a puestos ejecutivos en farmacéuticas. Gottlieb, ahora en Pfizer, actuó como representante de la compañía instando al público sobre la necesidad de refuerzos de su producto. En medios de comunicación además ampliamente financiados por su empresa.

Desde junio 2019, Gottlieb es miembro de la dirección de Pfizer. En otros casos parecen ni siquiera tener problemas en compaginar posiciones que podrían resultar conflictivas. Es por ejemplo el caso de James C. Smith, del consejo de administración de Pfizer y presidente a su vez de una fundación de uno de los mayores conglomerados mediáticos de Occidente, el grupo Reuters, vinculado directamente con los llamadores verificadores de qué es oficialmente cierto o falso. Marc McClellan fue por ejemplo comisario de la FDA directamente involucrado en la aprobación de productos de Johnson&Johnson, y quizás no fuera tan casual que esta compañía acabara contratándole para su consejo de dirección. O Stephen Hahn, que pasó con rapidez de regulador en la FDA de los productos de Moderna a director de una firma de capital detrás de Moderna. También puede darse la trayectoria inversa, como le sucedió a Patricia Cavazzoni pasando de ostentar una vicepresidencia de departamento en Pfizer a miembro del regulador FDA. Ahora Patricia está directamente involucrada en la aprobación de productos fabricados por su antigua empresa, Pfizer. Aunque podríamos hablar de las concretas abultadas cifras con muchos ceros de las nóminas de estas personas en el sector farmacéutico, podemos fácilmente imaginarlo.

El propio Instituto Nacional de Salud de EEUU reconoce en su página web que parte de las personas que redactan las guías oficiales americanas sobre tratamientos de Covid han trabajado en Pfizer, Merck, Janssen, Astrazeneca…

En Europa, el 86% del presupuesto de la EMA o Agencia Europea del Medicamento que aprueba fármacos como éstos para el territorio europeo proviene de financiación de los propios fabricantes farmacéuticos. Emer Cooke, la actual directora ejecutiva de la EMA, trabajó durante años como lobby o agente de presión sobre reguladores para compañías como Pfizer o Astrazeneca.

3.- Promesas cambiantes

Desde el inicio de la administración de estos productos con su prometido 95% de eficacia hasta la actualidad, las propias autoridades han tenido que modificar sus promesas al público. Y de un modo muy llamativo. Hoy puede resultar para muchos difícil de creer que eliminar la transmisión fue una sólida promesa de reguladores y fabricantes con estos productos, pero lo cierto es que lo fue. Lo dijeron nítidamente la directora del Centro de Control de Enfermedades (CDC) Rochelle Walensky (“las personas vacunadas no pueden portar el virus”), el responsable de la respuesta al covid en EEUU Fauci, incluso Joe Biden lo prometió (en julio 2021 dijo “no vas a coger covid si estás vacunado”), así como Bill Gates curiosamente (o quizás no) involucrado en opiniones sanitarias.

Como ya todos sabemos, hubo que orquestar una marcha atrás en toda regla a la luz de los acontecimientos. ¿Alguien recuerda la inmunidad de grupo que España alcanzaría a mediados de agosto de 2021? Aquí tenemos la promesa para el 18 de agosto. Como justificación, se argumentó que España se había rezagado y no llegaba aún al 70% como receptores del producto. Aunque semanas después se superó este 70%, aquella inmunidad de grupo se olvidó porque era en realidad una promesa imposible de cumplir con estos productos.

Todo esto tiene relación directa con el “efecto menguante”. Durante la propia administración a la población acabaron viendo de modo irremediable que el efecto de esos productos no era muy duradero y de hecho era demasiado efímero. Así surgieron los ‘refuerzos’. A día de hoy ni siquiera el gobierno americano sabe con certeza cuantificar cuán duradero o no es uno de estos productos. ¿Duradero para qué? Pues muy buena pregunta. Durante toda la primavera de 2021 estos productos prometían evitar la muerte (“no vas a morir” dijo el presidente de EEUU), luego la promesa pasó a ser que tenias menos probabilidades de fallecer. Igual que entre verano e invierno de 2021 se pasó de asegurar que en caso de tener covid sería leve a simplemente reducirse la probabllidad de una enfermedad grave. Las promesas han sido cambiantes, tanto que a veces se ha dado la vuelta a la tortilla sin una disculpa o responsabilidad clara. El incesante torbellino constante durante meses sobre este tema y estos productos ha hecho imposible para el común de los ciudadanos llegar a ser totalmente conscientes de las promesas y desmentidos, pero si nos paramos con calma a revisar hemerotecas de 2021 difícilmente encontraremos parangón. Lo cual es aún más chocante (este nivel de incertidumbre) dada la enorme presión a la que se sometió a la población para recibir estos productos y que es innecesario recordar.

4.- Los contratos

Los contratos de compra de estos productos farmacéuticos han sido un tema desde el comienzo demasiado poco claro pesar de que los grandes medios han básicamente eludido la cuestión. Desde dicho principio se ha sabido que los contratos de los Gobiernos (EEUU, Reino Unido, la Unión Europea…) con los fabricantes farmacéuticos han sido en lo esencial secretos (básicamente porque no se tenía acceso a los mismos). Incluso el propio The Guardian británico (uno de los rotativos más leídos en el país) reconocía a finales de 2021 este hecho a propósito de una acusación legal a Pfizer por enriquecimiento poco lícito por parte de nada menos que el antiguo director del CDC con Barack Obama.

Zain Rizvi, director de la organización de derechos del consumidor americana Public Citizen dijo sobre dichos contratos que “hay un muro de secretismo sobre estos contratos que resulta inaceptable”. La filtración en internet en verano de 2021 de partes de los contratos de Pfizer con los gobiernos -en concreto con el gobierno de Albania- y bautizado como PfizerGate sacó a la luz lo que muchos sospechaban vista la nula transparencia de dichos documentos: por ejemplo, los fabricantes farmacéuticos eran exonerados legalmente de responsabilidades por posibles efectos perjudiciales para la salud de sus productos. A pesar que el PfizerGate fue censurado de todas las redes sociales con rapidez, aquí puede aún consultarse el contenido de dicha filtración. Esta exoneración de responsabilidad, o impunidad legal, ha por ejemplo generado demandas legales de diversos bufetes y abogados en el mundo.

En la Unión Europea la cuestión de opacidad es exactamente idéntica. Entre otros, el eurodiputado democristiano Christian Terhes ha en múltiples ocasiones y en sede parlamentaria de la UE denunciado esta opacidad. Gracias a su condición de eurodiputado y por inteligentemente usar el Parlamento europeo como foro, las redes sociales han tenido mucho más difícil censurar sus denuncias junto con las de otros eurodiputados que (pregúntate de nuevo por qué) no existen en los grandes medios de comunicación a los que accede el común de ciudadanos. Y es que ni siquiera un eurodiputado tiene acceso al contenido de dichos contratos en concreto con Pfizer.

Las acusaciones de estos eurodiputados han sido directamente a Ursula Von der Leyen como responsable máxima de la parte compradora. Y es que, aparte de los opacos contratos, los potenciales conflictos de intereses existen. Es el caso particularmente de su marido Heiko von der Leyen, quien desde finales de 2020 ocupa un puesto ejecutivo científico en la farmacéutica Orgenesis, que fabrica productos a base de ARN mensajero como los de Pfizer o Moderna contra el covid. El vicepresidente general de dicha compañía, Vincent Vandamme, previamente estuvo empleado por Pfizer.

Por el momento, la única reprobación institucional (recordemos el sempiterno problema de conflictos de intereses en los propios reguladores) ha venido del defensor del pueblo de la UE, Emilly O’reilly. Quizás poco sorprendentemente Von der Leyen argumenta que sus conversaciones directas de texto con nada menos que el CEO de Pfizer durante el proceso de contrataciones y compras las eliminó -casualidades que pasan- de su móvil. La noticia sí llegó a a medios españoles, pero pasó de soslayo sin grandes titulares. Cualquiera diría que el covid y sus corolarios no interesaron demasiado a los medios.

5.- Blowing the whistle

Ha habido una manipulación de la estadística para promover la eficacia de estos productos, conflictos de intereses en los reguladores, promesas exageradamente cambiantes o contratos excesivamente opacos. Pero no sólo eso: se han descubierto malas prácticas en los mismos ensayos que derivaron en la aprobación para uso de emergencia de estos productos. La denuncia no viene de cualquier medio, ni siquiera de un medio de comunicación, sino de una propia investigación del British Medical Journal, una de las más antiguas revistas de publicaciones médico-científicas del mundo (fundada en 1840) y una de las más prestigiosas del mundo anglosajón. Lo que a todas luces debía ser una bomba mediática (encendió alarmas de muchos científicos y médicos que empezaron a sospechar, con una publicación tan ‘oficial’, sobre la transparencia con estos productos) sin embargo pasó de puntillas en los grandes medios de comunicación. El British Medical Journal lo publicó el 2 de noviembre de 2021.

Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial fue el título, que se traduciría por Covid-19: Investigador denuncia problemas de integridad de datos en el ensayo de vacuna de Pfizer.

Un investigador de la publicación científica consiguió infiltrase en los grupos de trabajo de una de las subcontratas de Pfizer en Estados Unidos (llamada Ventavia) que llevaron a cabo los ensayos de Fase 3, los famosos ensayos que desembocaron en la aprobación vía emergencia del producto. Las conclusiones de la investigación, y cito textualmente, afirman que: “la compañía falsificó datos, no cegó a los pacientes, empleó vacunadores mal capacitados y tardó en hacer un seguimiento de los eventos adversos informados en el ensayo fundamental de fase III de Pfizer”. Esto es, viene a revelar que se administró a gran parte de la población mundial un producto que llegó a la fase de aprobación con datos ‘falsificados’.

A finales de septiembre de 2020, el investigador infiltrado denunció a la FDA (el regulador) la falsificación de datos. Al descubrirse su identidad, éste fue despedido de la compañía tras 25 años en la misma. La FDA no sólo no informó al investigador de sus procedimientos sobre Pfizer-Ventavia sino que en el listado final de laboratorios e instalaciones inspeccionados durante el proceso de desarrollo de estos productos nunca estuvo el denunciado por el investigador. Todos estos datos son públicos en el propio artículo del British Medical Journal y nadie hasta ahora ha podido desmentirlos.

No sólo problemas con contratos secretos, reguladores parciales, marketing sesgado o incluso datos falsificados. Las causas de preocupación sobre estos productos y asunto, que no son sino un reflejo del corrompido sistema de la industria farmacéutica, van incluso más allá. El caso de los niños, los documentos internos que empresas como Pfizer no querían publicar, o la fiscalización y reporte adecuado (o no) de los efectos no deseados de estos productos son (serán) otros de ellos.

Es difícil saber cuándo llegaremos a saber toda la verdad sobre estos productos, sus contratos, datos internos, actuaciones interesadas de parte o si llegaremos algún día a saberlo. Por el momento sabemos ya bastantes cosas para cuestionar la integridad de gran parte de los actores involucrados, con la añadida complejidad de separar el grano de la paja, los hechos verificables y las acusaciones infundadas. Negar al público el conocimiento de los primeros es desde luego lo más “negacionista” que se nos debe antojar.

Codiciosos, sin escrúpulos y despiadados: así percibimos a los ricos

¿Qué tienen en común los personajes cinematográficos de Cal Hockley (Titanic, 1997), Jordan Belfort (El Lobo de Wall Street) y John Gage (Una proposición indecente, 1993)? Son ricos y Hollywood les retrata como personas sin escrúpulos, codiciosos y despiadados.

Este ejemplo es una pequeña muestra del análisis que realizo en mi nuevo libro Los ricos ante la opinión pública (Unión Editorial), en el que presento los resultados de una encuesta internacional, que encargué a Ipsos MORI y el Instituto Allensbach, sobre las opiniones que los ciudadanos de España y otros seis países, tienen de los ricos.

Pregunta: ¿Cómo consideras a los ricos? Y es que las conclusiones son claras. Según los ciudadanos de España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido o Suecia, las personas adineradas son materialistas, arrogantes y egocéntricas. En esta línea, la encuesta muestra a las personas pudientes como autómatas, frías y deshumanizadas.

En el caso concreto de España, el 60% considera que los millonarios “no son decentes”, un 51% comparte la afirmación de que “cuanto más tienen los ricos, menos hay para los pobres” y un 43% cree que los impuestos a este tipo de personas deben ser muy altos. Tan solo un 1% cree que, en general, son personas honradas.

Uno de los términos más novedosos que recoge el cuestionario es el del coeficiente de Escala de Envidia Social, un indicador desarrollado para medir la proporción de personas envidiosas y no envidiosas en los diferentes países del mundo. Cuanto mayor es este indicador, mayor es la proporción de envidiosos en la población del país.

Ranking de Escala de Envidia social

País Escala de Envidia Social
Francia 1,26
Alemania 0,97
Italia 0,62
España 0,43
Reino Unido 0,42
Estados Unidos 0,37

Otro aspecto en el que quise ahondar es en saber cuántos españoles conocían a un millonario personalmente (fuese un familiar, un amigo o una persona cercana). La respuesta fue sorprendente y es que dos tercios de los encuestados no conocen a ninguno, el 10% afirmó conocer solo a uno y únicamente el 13% dijo que conocía a más de uno.

Es importante dejar muy claro que el principal problema es que estos perjuicios no solo perjudican a los millonarios, sino que causan un grave daño a la sociedad en su conjunto. Entre todos debemos hacer un esfuerzo para saber explicar las causas reales de las crisis, y no caer en justificaciones simplistas y populistas, en las que las culpas son siempre de los ricos.

 

El lenguaje económico (XIV): Nacionalismo

Por nacionalismo entendemos el «sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia» (R.A.E.). Cree el nacionalista que su nación es «mejor» que las demás o que sus naturales están dotados de rasgos y virtudes «superiores» a las del resto de la humanidad. Frases predilectas del nacionalista son: «nuestra tierra», «nuestra gente», «lo nuestro», etc.

La teoría del Estado considera que el interés del individuo debe subordinarse al interés general, sea lo que esto signifique: nación, pueblo, sociedad, etc. La Constitución española (art. 128.1) corrobora esta jerarquía: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Para el nacionalismo, el individuo es un instrumento al servicio de fines colectivos dictados por la «superioridad». El nacionalismo se manifiesta en muchos ámbitos —político, jurídico, bélico, demográfico, religioso, etc.—, siendo el económico uno de gran importancia. Según Mises (2011: 891): «el nacionalismo económico es el obliga­do corolario de esa política intervencionista, tan popular, que asegura estar incrementando el bienestar de la clase trabajadora, cuando real­mente lo que hace es dañarla gravemente». La política mercantilista, los obstáculos a la libertad comercial y, finalmente, la autarquía, reduce el nivel de vida de la población. Para justificar sus medidas liberticidas el jerarca nacionalista habitualmente busca uno o varios chivos expiatorios.1 Todo lo «extranjero» es visto como enemigo: a) Los inmigrantes quitan el trabajo a «nuestra» gente. b) Los productos foráneos nos «invaden». Pero tampoco faltan «enemigos» internos; por ejemplo, durante la Revolución francesa se culpó del elevado precio del pan a la avaricia de los panaderos y a los acaparadores y especuladores (Schama, 2019).

Nacionalización de empresas

Un gobierno nacionaliza activos o industrias cuando las expropia a sus legítimos dueños. Los gobiernos podrían acudir al mercado y realizar estas adquisiciones de forma contractual y consentida, pero prefieren actuar violentamente: ¿por qué negociar pudiendo imponer?, ¿por qué pagar un precio de mercado pudiendo fijarlo unilateralmente o incluso no pagar nada? Si la empresa está saneada, la nacionalización es un robo al propietario; y si está quebrada (rescate), un robo al contribuyente. Los motivos para nacionalizar son espurios: «interés general», «seguridad nacional», sectores «estratégicos» etc. La nacionalización puede ser extensiva, tras la irrupción de un régimen autoritario; o limitada, tras una crisis o emergencia nacional. En este último caso, se culpa a las empresas de una situación (altos precios) y el gobierno nacionaliza para «proteger» de los consumidores. Toda nacionalización es una sustitución del capitalismo por un régimen socialista.

Fuga de cerebros y talentos

En el término «fuga» hay implícito un juicio de valor: «algo va mal». Por ejemplo, en la técnica decimos que hay una «fuga» cuando un líquido o gas se escapa de un circuito; en el ámbito social, decimos que alguien —presidiario, interno— se «fuga» cuando abandona ilegalmente un establecimiento. Resulta, por tanto, engañoso llamar «fuga» a la legítima movilidad de trabajadores, empresas y capitales. En particular, la expresión «fuga de cerebros»2 es referida a la emigración de ciertos trabajadores cualificados —investigadores, técnicos— que buscan mejorar su situación. Quienes llaman «fuga» a la movilidad de los factores de producción piensan que tienen un derecho sobre la vida y la propiedad ajena. Estas invectivas se extienden a otros profesionales —deportistas, youtubers— que buscan acomodo en otros territorios huyendo del expolio fiscal.

La retórica de los nacionalistas económicos es maniquea: el inmigrante es visto como una amenaza y el emigrante como traidor o desagradecido. Más que les pese, los «fugados» no son propiedad de un ser hipostático llamado Estado. Los emigrantes se desplazan buscando mejores salarios y oportunidades; por ejemplo, las enfermeras portuguesas vienen a trabajar a España y las españolas van a Reino Unido. Nada hay de malo en ello.

Fuga de empresas y capitales

Decir que los capitales y las empresas se «fugan» es confuso. Los inversores trasladan el capital de un país a otro buscando mejores rentabilidades. Sin embargo, no es igual de fácil trasladar dinero, bienes muebles o instalaciones fijas. Por ejemplo, cuando alguien vende una fábrica —desinvierte— siempre hay alguien que la compra —invierte—; el primero «sale» y el segundo «entra». La fábrica sigue en su sitio, no se ha fugado. Durante la crisis secesionista de Cataluña, en la década pasada, se asustaba a la población diciendo que miles de empresas «huían» de Cataluña cuando sólo cambiaban su sede social (buscando mayor seguridad jurídica). Los centros de producción, en su mayoría, no se movieron de su sitio.

Los depósitos tampoco se «fugan». Si no hay cambio de divisa, asistimos a un traspaso de fondos de una entidad bancaria a otra. Pero si el dinero saliera, por ejemplo, de España a EE.UU., volvemos al supuesto anterior: si uno vende euros contra dólares es porque otro hace lo contrario. Las divisas no se fugan, ni se evaporan, tan solo cambian de dueño, apreciándose o depreciándose relativamente entre ellas. Que estén físicamente en un país u otro importa, pero sólo cuando hay amenaza de expropiación o embargo.

¿«Huye» el dinero?

En ocasiones, se dice que determinados negocios turísticos —todo incluido, cruceros— no son demasiado rentables para el destino porque los clientes realizan sus pagos en origen y el dinero se queda «fuera». Indefectiblemente, da igual dónde se realice el pago, el dinero acude a pagar los factores de producción. Si el cliente paga en la agencia de viajes, ésta deberá pagar al transportista y al hotel. El dinero del turista necesariamente sufragará todo aquello que consuma durante sus vacaciones.

Otras veces, se dice que el dinero gastado en Carrefour, Ikea o Decathlon «huye» de España. Las empresas extranjeras radicadas en España pagarán todos los costes que se producen in situ (salarios, proveedores, impuestos) y también a todos los suministradores de mercancías, ubicados por todo el mundo; finalmente, en caso de tener beneficios, la corporación repartirá dividendos. Pero en una economía moderna ¿quiénes son los propietarios de una multinacional?: los pequeños accionistas o partícipes de fondos de inversión. El dinero se reparte de una forma intrincada por toda la economía global.

Proteccionismo

Otra faceta del nacionalismo económico es la «protección» de industrias nacionales mediante el arancel: tributo a la importación de productos competidores. Los beneficiados del arancel son la industria «protegida» y el propio gobierno que aumenta su ingreso fiscal. El resto de la sociedad —los consumidores— ve reducida su capacidad adquisitiva y, en consecuencia, su nivel de vida. Una de las razones del Brexit fue precisamente la disconformidad con la Unión Aduanera, que restringía el comercio del RU con el resto de mundo; en este caso, el nacionalismo británico derrotó al centralismo fiscal de Bruselas. Otro motivo para fijar un arancel es la agresión política y su represalia. Si el gobierno de Ruritania impone un arancel a ciertos bienes de Laputania, su homónimo actuará recíprocamente. La mal llamada «guerra comercial» es, en realidad, una «guerra arancelaria» entre gobiernos nacionalistas que se enriquecen a expensas de los consumidores de ambos países.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Constitución española (1978).

Huerta de Soto, J. (2022). Teoría del nacionalismo libertario. Madrid: Revista Avance. Suplemento 20, marzo de 2022.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Schama, S. (2019). Ciudadanos. Una crónica de la Revolución francesa. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.

1 El profesor Carlos Rodríguez Braun, con su característico humor, afirma que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio.

2 «Fuga de cerebros» es una metonimia donde el todo (individuo) se sustituye por una parte del cuerpo (cerebro).

La romantización de la nada: la pulsión universitaria hacia la utopía

Este breve ensayo tiene como objetivo realizar un análisis sucinto entre la relación de los estudiantes universitarios y la cosmovisión colectivista de inspiración marxista que impregna buena parte de las facultades de letras1. Así pues, sin más dilación entremos en materia. La palabra universidad proviene del latín universitas y tiene algunas idiosincrasias destacables, entre ellas su carácter general y universal (de facto posee la misma etimología que universo y universal) (Col, 2007, pág. 599). Es este “carácter” el que se pondrá en tela de juicio en las siguientes líneas.

Las academias contemporáneas están a las antípodas de ser lugares donde impere la libertad. Pero, ¿cuál es el elemento galvanizador que ha provocado que las universidades occidentales sean creadoras a mansalva de activistas y no de profesionales del sector? Podría proceder de la influencia de las facultades de la Europa Central y del Este bajo los regímenes comunistas que dominaron los diversos países durante medio siglo. A partir de 1948, la misión fue la expansión de la doctrina marxista-leninista y se creó una especie de burocracia similar a las estructuras del estado socialista. El homo sovieticus de Zinoviev se trasladó a todas las instituciones, el objetivo era generar una “nueva universidad” en contraposición a la universidad “tradicional”, tildada de burguesa (Rüegg & Sadlak, 2011, págs. 86-87).

Mi foco de atención se dirige a los años 60-70’2 y a las organizaciones de izquierdas que imperaban en las facultades occidentales. Fue en esa época cuando se produjo un aumento de estas instituciones en Occidente, un claro ejemplo es Francia, que entre 1970 y 1974 crearon dos tercios del total de las universidades de las que disponen en la actualidad (Neave, 2011, pág. 48). La segunda mitad del s.XX experimentó un ferviente auge de las teorías políticas e ideológicas, incluso reemplazando a las doctrinas marxistas, ya por aquel entonces un tanto desacreditadas.

Llegó la época de la posmodernidad y con ella la “revolución” de la subjetividad. Esas ideas calaron hondo hasta en las ciencias duras, aunque la investigación empírica las desplazó haciéndolas falsables a la luz de la evidencia. Pero eso no evitó que se inmiscuyeran dentro de las humanidades y de las ciencias sociales. El resultado se plasmó en los currículums académicos, los cuales, ya llevaban el pedigrí de los nuevos intelectuales que fueron realmente perspicaces a la hora de transcender en el imaginario colectivo de muchas generaciones de estudiantes. Me estoy refiriendo a los Sartre’s, Foucault, Derrida, De Beauvoir, Althusser, Lacan y compañía.

El profesor Rothblatt lo plasma de esta forma “the curriculum reflected the new sensibilities, which included hypotheses about the place of women in society (feminist theory), the treatment of minority and other ‘marginal’ populations, the imperial histories of European nations and the role of past elites” (Rothblatt, 2011, pág. 264). El nuevo pensamiento secular se había convertido en dogma, tanto es así que incluso los teólogos se quejaron de la nueva intolerancia que había entrado de lleno en las universidades. Se extendió una lozana ortodoxia que proclamaba a los cuatro vientos su supuesta tolerancia, pero que en el fondo tenía muy poca paciencia con las cuestiones relativas a la religión y a sus valores. Esa nueva corrección dogmática fue algo incluso revitalizador en términos culturales en su contexto.

Todo esto se fundió con el nihilismo intrínseco de dichas corrientes culturales que, llevadas al paroxismo conducen irremediablemente al relativismo. Las nuevas ideas estuvieron nutridas de filosofías como el Kantismo, Hegelianismo o el propio Marxismo. Lyorard, siempre con un toque escéptico, postuló en su libro La condition postmoderne (1979) que los metarrelatos habían acabado “La condition postmoderne est pourtant étrangère au désenchantement, comme à la positivité aveugle de la délégitimation. Où peut résider la légitimité, après les métarécits?” (Lyotard, 1979, pág. 8). Estas ideas tenían un impacto importante dentro de la generación que crecía en las democracias occidentales, como articula C. Butler, “they were liberated to some degree from theology by existentialism” (Butler, 2002, pág. 15), yo añadiría que la substituyeron por este.

Otro campo de batalla para la nueva tendencia fue la importancia otorgada al poder de las palabras. El lenguaje pasó a tener una relevancia fundamental, ya que apareció la concepción de que a través de este se podía cambiar la realidad. Dicha noción irradia idealismo por doquier, pero la encontramos muy candente en la actualidad. No sólo en el discurso político, sino en las facultades de letras (con especial mención a las de educación, sociología, historia, etc). La premisa de fondo era que el lenguaje que era capaz de excluir a aquellos que estaban fuera de la norma, aquí se incluían a: brujas (referencias medievales), curanderos, homosexuales, mujeres, comunistas, anarquistas, activistas, etc (Butler, 2002, pág. 45). Empezó así una escalada de opresiones y taxonomías donde preponderaba la autopercepción del “yo”.

Sin duda, unos de los que más énfasis pusieron en la relación entre el discurso y el poder fue Foucault. En su visión, los discursos estaban construidos para excluir y controlar a la gente, especialmente a aquellos considerados enfermos o locos3. El filósofo francés se posicionaba a favor de la víctima y analizaba el poder de abajo a arriba y no simplemente como una conspiración de intereses de clase. El punto era: ejercer poder dañaba el espíritu igualitarista. Incluso atacaba a la Ilustración, cuyo pilar fundamental era la razón. El autor se basaba en que esta tenía elementos incipientes de totalitarismo que siempre excluirían a lo marginal, porque lo veía como irracional. Según él, lo irracional abarcaría a las cuestiones del deseo, la sexualidad, la feminidad, etc.

Grosso modo este era el caldo de cultivo que impregnaba el imaginario colectivo de buena parte de las izquierdas académicas en los años 60’ y posteriores. Afirmar que la tendencia ha acabado sería absurdo. De hecho, buena parte del discurso mainstream está impregnado de una fina capa de aroma foucaultiano. Aun así, hay buenas razones para pensar que el relato empieza a caer en descrédito. El profesor de literatura D. Giglioli, en un reciente ensayo, sostiene que la víctima ha pasado a ser el héroe de nuestro tiempo, este rol genera identidad y reconocimiento. Para más inri, esta especie de autovictimización legitima sus opiniones basándose en la ofensa y el sufrimiento. El libro está dedicado a las víctimas reales que quieren dejar de serlo, “il dispositivo vittimario ha dalla sua la forza della parola senza mediazioni, presente a se stessa e non bisognosa di verifiche esterne” (Giglioli, 2014, pág. 29)

En general, la categoría de autores postmodernos mencionados no son los únicos que han tenido impacto dentro de las universidades. A mi juicio, el elemento revolucionario que existía antaño cuando se reivindicaba a la clase obrera se difumina con la postmodernidad, puesto que se incurre en taxonomías muy estrechas de categorías personales creadas ad hoc, u otras como la raza o el sexo que son fácilmente clasificables. Aun así, tienden irremediablemente a su fragmentación. En otras palabras, por ejemplo, en el campo del feminismo actual esta categorización se ve reflejada en las diversas disputas entre las corrientes del mismo, son célebres las discordancias entre las TERFS (feministas radicales trans-excluyentes) y una parte del colectivo LGTBIQ+.

Más allá de estas corrientes, otro elemento que ha constituido buena parte del pensamiento hegemónico de las universidades es el marxismo (¿cultural?). El problema quizás haya sido la mezcla de ambos y la pérdida del sujeto histórico que reclamaban los padres del comunismo: el proletariado. “Ante todo, el proletariado es presentado como la clase revolucionaria, la única revolucionaria” (Marx & Engels, 2019, pág. 35). Quizás el remake de Marx y Engels fue Gramsci y su supina insistencia en la cultura.

Gramsci, según Anderson, no fue un filósofo stricto sensu, sino el único teórico que era político. Su obra está en deuda con Maquiavelo, concretamente en los Quaderni dal carcere (1935) donde el partido revolucionario se convierte en una especie de versión moderna del Principe, cuyo poder unitario exaltó el filósofo florentino (Anderson, 2017, pág. 85). Una de las aportaciones más interesantes que hizo Gramsci fue su concepto de Hegemonía4. Esa idea la transformó refiriéndose ahora a la dominación burguesa en Occidente, la cual había impedido la repetición de una revolución como en Rusia (Anderson, 2017, pág. 99). Esta premisa basada en el poder (se podría trazar el paralelismo con el discurso de Foucault) era definida en función del grado de consenso que tenía entre las masas populares, las cuales, estaban dominadas (muy en la línea la noción marxiana de Alienación).

Así pues, dentro de la mezcolanza de diversas cuerdas ideológicas, la universidad se ha encargado de formar a activistas sociales (lo que Peterson llama los social justice warriors) y, a mi juicio, la producción académica ha ido mermando en términos de calidad a medida que la politización se ha hecho más acuciante. El coste de oportunidad de dedicarte al activismo político lo pagas con menos tiempo para investigar.

Para ir finalizando, una de las cuestiones que más me fascina es el “autoodio” de buena parte de la intelligentsia y de los estudiantes hacia Occidente y en este caso, hacia Europa. Paradójicamente, esa institución nacida en el seno de nuestra civilización, ha engendrado las semillas de su propia destrucción (espero que solo en términos culturales). Durante mi periplo universitario he asistido, primero como partícipe, y luego como antagonista, a todas las miríadas de corrientes ideológicas que pululaban por las facultades. A pesar de la exaltación de diferencias de las mismas (ínfimas), es fácil identificar patrones comunes, como, por ejemplo: odio exacerbado hacia el capitalismo (también emplean términos auxiliares del tipo “neoliberalismo” palabra que la mayoría no sabría cómo definir), idealización del comunismo, categorías de oprimidos y opresores (quizás de ahí la influencia del marxismo), subjetividad extrema, corrección política y, a fin de cuentas, lo que vendría a ser el “rebelde sin causa”.

Caprichos del destino, etimológicamente la palabra nihilismo proviene del latín nihil que se traduce como “nada”. En cambio, “utopía” aparece por primera vez en la novela de ficción de Moro y literalmente significa ou “no” y topos “lugar”, es decir, el no lugar. La negación de lugar es la afirmación de la nada. Pero, ¡hasta la nada tiene sus consecuencias! Como plantea Mumford “it is dangerous to remain in the utopia […], for it is an enchanted island, and to remain there is to lose one’s capacity for dealing with things as they are” (Mumford, 2011, pág. 16). Ergo, corremos el riesgo de caer en lo que en los galimatías económicos se conoce como la economía normativa, es decir, aquella que explica la realidad en términos condicionales (cómo deberían ser las cosas) y la economía positiva (la que explica la realidad tal como es).

En cualquier caso, dilucidar responsabilidades exclusivamente en el estudiantado me parece envalentonarse. Se trata de una cuestión sistémica con variables endógenas y exógenas. El postmodernismo aplicado se centra especialmente en la analogía con la economía normativa, puesto que se enfoca en lo que debe ser y no en lo que es. Los sectores académicos del postcolonial studies¸ queer theory, critical race theory, gender studies, ableism, etc, han colmado las facultades y han provocado que la ideología desplace al conocimiento. Me refiero especialmente a lo que en el mundo anglosajón se conoce como el Grievance studies affair, en el cual, una serie de académicos se dedicó a enviar papers falsos a revistas académicas relativas a los campos mencionados. El resultado fue que muchas de esas “investigaciones” fueron publicadas. Algunas de las fake que colaron fueron: las reacciones humanas a la cultura de la violación y performatividad queer en los parques urbanos para perros en Portland5, una defensa de los culturistas gordos6, la superación de la transfobia en los heteros a través de juguetes penetradores (las palabras literales son Going in Through Back Door)7.

Sea como fuere veo una correlación evidente entre la decadencia de Occidente y la de las universidades, eso no quiere decir que sea la causa. El nuevo macartismo dentro y fuera de las aulas es contra todo aquel que se atreva a señalar la conversión de la universidad en escuelas de cuadros ideológicos que tienen como función crear activistas antisistema que creen haber descubierto la sopa de ajo con sus postulados, cuando estos no son más que las continuidades de hace 60 años. Nihil novi sub sole.

Como broche final, mi interpretación es que se ha pasado de la lucha de clases a la lucha de las opresiones. Quizás lo más pedante de todo esto sea que realmente consideran estar marginados por el sistema cuando, en realidad, las tendencias postmodernas impregnan buena parte del mundo exterior a la academia. Solo hace faltar ver cómo las grandes plataformas se suben al carro de todos estos movimientos y ofrecen sus productos con perspectiva de género, toques emancipadores, “rompiendo” roles de femeninos, etc. Es hora de decirles que, ni son originales, ni son antisistema, sino que son el sistema.

1 Nota Bene: cada vez que me refiera a “universidades”, estaré remitiendo a las facultades de humanidades y ciencias sociales, puesto que suelen estar asociadas al tema que se aborda en este artículo.

2 Hay que entender que el contexto de los 60’ estaba marcado por el Civil Rights Movement, la Guerra del Vietnam (el enfrentamiento bélico con más contenido visual hasta la fecha), el movimiento de los hippies, el mayo del 68’, el descrédito de la URSS y los partidos comunistas, la aparición del posestructuralismo, la generación baby boomer, la revolución sexual, la aparición de la píldora anticonceptiva (en USA en 1960, en la RFA en 1961, en Inglaterra en 1961, en Francia se aprobó con la Ley Neuwirth en 1967) que significó un cambio radical en la concepción entre hombre-mujer, etc.

3 Estos argumentos los desarrolló de la siguiente manera: Historically, the process by which the bourgeoisie became in the course of the eighteenth century the politically dominant class was masked by the establishment of an explicit, coded and formally egalitarian juridical framework, made possible by the organization of a parliamentary, representative régime. But the development and generalization of disciplinary mechanisms constituted the other, dark side of these processes. The general juridical form that guaranteed a system of rights that were egalitarian in principle was supported by these tiny, everyday, physical mechanisms, by all those systems of micro-power that are essentially non-egalitarian and asymmetrical that we call the disciplines […]. The ‘Enlightenment’, which discovered the liberties, also invented the disciplines (Foucault, 2019, pág. 209).

4 Término que provenía del socialismo ruso y en concreto, de Plejánov y Axelrod respecto a la dirección de la clase obrera durante la Revolución Rusa.

5 Puede consultarse aquí: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2018.1475346.

6 Pasen y lean: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21604851.2018.1453622.

7 https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-018-9536-0.

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La sacralización de los Estados-nación

Franz Oppenheimer decía que existían dos formas de obtener riqueza. Una consistía en crearla por medio del trabajo y del intercambio; la otra, en apropiarse de la riqueza creada por el trabajo de otros. A la primera forma la llamaba “los medios económicos”, a la segunda, “los medios políticos”. Según Oppenheimer, el Estado es una organización de los medios políticos. Su propia existencia necesita de la previa creación de riqueza por parte de los medios económicos, de la cual se apropia posteriormente a través del uso de la fuerza1. La creación de los Estados conlleva, necesariamente, la creación de distintas clases sociales, la de los productores y la de los ladrones:

Todo estado en la historia fue o es un estado de clases, una forma de gobierno de grupos sociales superiores e inferiores.2

En un análisis similar, Alexander Rüstow hablaba de la creación de los Estados como un fenómeno de “superestratificación”, en el que un estrato superior, militar y organizativamente cualificado, se impone y explota a un estrato inferior económicamente productivo3.

Charles Tilly, por su parte, definía a los Estados como organizaciones con poder coercitivo, distintas de los grupos de familia y parentesco, que ejercen prioridad sobre cualquier otra organización en un territorio extenso4. El origen de los Estados se encuentra en el uso de la fuerza por parte de un grupo de personas sobre otro grupo en un territorio determinado con vistas a apropiarse de sus recursos. Para Tilly, la única diferencia entre un Estado y una mafia es el éxito del primero en lograr el monopolio de los medios de coerción5.

Pero, como indica Rothbard, una vez el Estado se ha establecido, su principal problema consiste en mantener el poder. Aunque el uso de la fuerza es su habitual modus operandi, necesita a la larga el apoyo de la mayor parte de los gobernados, aunque dicho apoyo no consista más que en una aquiescencia pasiva. El principal medio por el que la clase predatoria gobernante consigue el apoyo de la clase explotada gobernada es ideológico:

La mayoría debe ser persuadida por la ideología de que su gobierno es bueno, sabio y, al menos, inevitable.6

Establecer esa ideología será la tarea de los intelectuales al servicio del Estado. El principal método de establecimiento de una ideología que justifique el poder estatal será el de la sacralización del Estado. Como apunta C. C. Pecknold:

El estado requería de las masas que pusieran su fe en la nación, y usaron la fe religiosa para hacer esto.7

Así, los Estados nacionales europeos recurrirán a la sacralización para justificar su poder rodeándose de una aureola sagrada. Según Thomas Hippler:

El desarrollo del estado nacional fue inseparable de una apropiación de lo sagrado.8

Se puede observar, en este desarrollo, la continuación de la tradición de la potentia absoluta, que remarca el carácter total del poder soberano, cuyas leyes y normas no dependen de un orden natural exterior que lo limita, sino que posee la capacidad de crear dicho orden y de actuar fuera de él. También se puede observar la continuación del proceso, iniciado por Hobbes, del traspaso de la doctrina de los dos cuerpos del rey de la monarquía al Estado en sí mismo. En Hobbes es el Estado, como institución jurídica, el que posee un cuerpo místico. Este cuerpo místico se traspasará también al pueblo o la nación, del que el Estado será la expresión. Los Estados transferirán “la poderosa idea cristiana de un pueblo unido en el cuerpo místico de Cristo a una nueva concepción de la unidad mística en la idea de la nación”9. Gracias a esta idea, las elites encargadas de la construcción de los Estados nacionales pudieron forjar una identidad nacional con la que movilizar a las masas.

En la labor de construir esta identidad nacional al servicio del Estado jugó un decisivo papel la Ilustración, que hizo una importante contribución a la sacralización de la sociedad civil y de la nación al elevarlas al estatus de cuerpos y valores supremos para el ciudadano moderno. Por ejemplo, Diderot (1713-1784) escribió en la Enciclopedia:

El amor por la patria es el amor por las leyes y la prosperidad del Estado, y es particularmente fuerte en las democracias. Es una virtud política por la cual el individuo renuncia a sus propios intereses y da preferencia al interés público sobre el suyo. Es un sentimiento, y no está basado en ningún conocimiento; puede ser compartido por la persona más baja y por la cabeza del Estado.10

Según explica Gentile, la Ilustración estaba convencida de que una sociedad bien ordenada no podía existir sin algún tipo de religión colectiva que educara al individuo para que situara al bien público por encima del interés personal. El ideal de una nueva religión civil basada en los principios del deísmo, los derechos naturales y la virtud cívica se formó en la segunda mitad del siglo XVIII en relación con el culto de la nación y los deberes de la ciudadanía. Se inspiró en el modelo antiguo de religión republicana y fue percibida como la fundación ideal para asegurar la unidad moral del cuerpo político y para instruir a los ciudadanos en la conciencia del bien común, el sentido del deber cívico, la lealtad a las instituciones y la devoción a la nación11.

Como ejemplo de esta tendencia a la religión civil de la Ilustración, Voegelin señala al abad Raynal (1713-1796) que, en la Historie philosophique des Deux-Indes (1770) escribió:

El Estado no está hecho para la religión, sino que la religión está hecha para el Estado. Primer principio.

El interés general es la regla que gobierna todo lo que debería existir en el Estado. Segundo principio.

El pueblo, o su autoridad representativa, tiene el derecho exclusivo de juzgar la conformidad de cualquier institución con el interés general. Tercer principio.12.

Según Raynal, en una opinión que concuerda con las de Hobbes y Rousseau, la autoridad del pueblo tiene el derecho de examinar el dogma y la disciplina de las iglesias y de establecer o proscribir un culto. Cuando los administradores del Estado están reunidos, la Iglesia está reunida. Cuando el Estado se ha pronunciado, la Iglesia no tiene nada más que decir. No hay otros apóstoles que el legislador y sus magistrados. No hay otros libros sagrados que aquellos reconocidos por el Estado. No hay otro derecho divino que el bienestar de la República. Según Voegelin, esta actitud es prueba de que:

La idea del Estado como una teocracia, con los legisladores como la autoridad eclesiástica, con la ley como la manifestación divina, y con la commonweal como la sustancia, estaba completamente desarrollada antes de la Revolución.13

El ejemplo más característico de la defensa de la teocracia estatal es Jean Jacques Rousseau (1712-1778), quien describe la soberanía con las características con las que otros escritores describían la voluntad de Dios: es inalienable, indivisible, permanente y no puede fallar14. La soberanía reside en la “voluntad general”, es decir, en la voluntad del cuerpo político entero más que en una de sus partes. Rousseau afirma que el poder soberano que surge de la voluntad general es completamente absoluto, sagrado e inviolable15. Esta voluntad es “esencialmente un concepto religioso inmanentizado y hecho objeto de devoción sagrada”16, que da al cuerpo político, un poder absoluto sobre todos sus miembros.

En Rousseau, el cuerpo político se forma cuando cada persona, simultáneamente, aliena sus derechos a la comunidad absolutamente soberana. Para él, esto no significa esclavitud, porque la esclavitud es dependencia personal y el contrato social crea un soberano impersonal17. Además, espera que las leyes que emanen de la soberanía popular sean generales e imparciales. Una condición necesaria para esto es la reeducación de la población. Rousseau esperaba que un legislador carismático del tipo de Moisés o Licurgo inculcara en la población la virtud cívica característica de la antigua Esparta o de la Roma Republicana.18 Este legislador, según Rousseau:

Debe sentirse en condiciones de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana; de transformar cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo mayor, del cual recibe en cierta manera la vida y el ser.19

Una vez se hubiera llevado a cabo tal reeducación, las leyes elaboradas por el pueblo soberano reflejarían los intereses comunes y valores alrededor de los que el legislador profético hubiera reunido al pueblo.

Para Rousseau sólo hay un hombre colectivo, de la misma forma que sólo hay una voluntad colectiva soberana. Cada uno pone su persona y todo su poder en común bajo la dirección suprema de la voluntad general. El paso del estado de naturaleza al estado civil provoca en el hombre un cambio destacable, sustituyendo, en su comportamiento, el instinto por la justicia y dándole a sus acciones la moralidad de la que previamente carecían.20 Como señala Elshtain, en el proceso de formación del cuerpo político, el hombre se convierte, por medio de un rito sagrado, en ciudadano. Empieza como un pecador, dominado por una mala forma de instinto, y emerge como un avatar de la justicia, habiéndose purificado de lo viejo y adoptado lo nuevo. En este rito de paso, el hombre se integra en la colectividad.21

El gobierno administrativo diario está sometido a la ley de hierro de la oligarquía, el pueblo soberano delega en una comisión de magistrados la administración del gobierno diario. El mismo Rousseau dice que es contrario al orden natural que un número grande gobierne y un número pequeño sea gobernado, y anima la tendencia oligárquica, al confiar en el consentimiento tácito una vez que se ha establecido la sociedad política.22

Rousseau afirmó en 1756 que, cuando se formaba la sociedad, el pueblo no podía pasar sin una religión. En El Contrato Social (1762) desarrolló las premisas para producir una religión civil como el lazo espiritual indispensable que mantendría la unidad política en un nuevo Estado nacional fundado sobre la soberanía popular23. Bajo este concepto, se encontraba la necesidad de superar la división creada por la Cristiandad, que había separado el sistema teológico del político estableciendo la Iglesia. Ésta había fragmentado la unidad del cuerpo político provocando división interna. El cristianismo, especialmente el catolicismo, era perjudicial porque daba al cristiano dos patrias y dos líderes diferentes, diciéndole además que su patria verdadera no es de este mundo. Creaba hombres débiles que no estaban dispuestos a buscar la gloria muriendo por su patria. Rousseau afirmaba que la única solución era seguir la propuesta de Hobbes de reunir las dos cabezas del águila y lograr la restauración por medio de la unidad política.24 Había que rechazar el cristianismo porque éste, en lugar de atar los corazones al Estado, tenía el efecto de apartarlos de los asuntos terrenales. La democracia necesitaba una profesión de fe puramente civil de la que el Soberano fijaría los artículos, no exactamente como dogmas religiosos, sino como sentimientos sociales, sin los cuales el hombre no podía ser un buen ciudadano o un súbdito leal.25 En el mundo de Rousseau no puede haber un cuerpo religioso independiente. Todo se debe conformar al Estado y debe ser de utilidad para el Estado. Una religión civil es aquella que haga al hombre “amar sus deberes”.26

La religión civil proveería al Estado, sus prácticas y sus instituciones con justificaciones metafísicas. Rousseau creía que los seres humanos eran naturalmente buenos pero estaban corrompidos por la sociedad humana, especialmente por la institución de la propiedad privada. El hombre natural no tenía necesidad de religión. Sólo en el corrupto, pero ahora inevitable, estado de existencia social, son necesarios los sentimientos religiosos para guiar a la gente y darle la adecuada orientación interna para que vivan juntos. Una verdadera religión une los ritos sociales con la naturaleza apoyando la moralidad de la naturaleza. Uno debería seguir la religión de su propio país en tanto sea consecuente con el orden de la naturaleza. Las religiones que favorecen la moralidad de la naturaleza son aquellas que coordinan las interacciones entre la gente de acuerdo con la guía interna de los sentimientos morales naturales. Como expresiones de la religión civil, Rousseau prescribía festividades y entretenimientos que permitieran a los ciudadanos verse a sí mismos en otros ciudadanos y a identificarse con lo público como un todo.27

Esta identificación con la totalidad es esencial para Rousseau. Debemos adorar a la patria desde que nacemos, debe estar en nuestros corazones y pensamientos. En nuestra obediencia reside nuestra libertad. Hobbes, a pesar del poder y la unidad del Leviatán, todavía consideraba legítimo que un individuo intentara evitar que el soberano lo ejecutara. Rousseau va más allá, afirmando que debemos consentir y que no podemos oponernos a lo que la voluntad general ha decidido, ya que, como partes de la voluntad general, hemos asentido28. Un miembro de la población soberana debe someterse al gobierno o debe ser extirpado del cuerpo político mediante el exilio o la muerte. El soberano está capacitado para expulsar a los infieles asociales y para ejecutar a aquellos que cometan apostasía secular al no vivir de acuerdo a los preceptos de la religión civil.29 Según Rousseau:

El que ose decir: Fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a menos que el Estado sea la Iglesia y el príncipe el pontífice.30

En opinión de Elizabeth Elshtain:

Rousseau infunde la política con trascendencia en lugar de reservarla para lo sagrado.31

Con dicha infusión de trascendencia, Rousseau adopta una versión monista y unitaria de la soberanía que nivela todo lo que encuentra en su camino, voluntades particulares, creencias particulares, etc., cualquier cosa que demuestre ser un problema para la imagen de la indisolubilidad e indivisibilidad de la soberanía.

La Revolución Francesa adoptó a Rousseau y a Voltaire como sus padres intelectuales, trasladando sus restos al Panteón, en 1794 y 1791 respectivamente, con elaboradas ceremonias que recordaban a procesiones religiosas. Además, la apropiación de temas y formas religiosas se puede observar en los catecismos revolucionarios que se enseñaban en las escuelas32. Esto concuerda con la descripción que hizo Christoph Martin Wieland (1733-1813) de la Revolución Francesa como una religión dedicada a la idolización de ideales políticos33. Como señalan Carl L. Bankston III y Stephen J. Caldas, la religión civil de Rousseau se transformó en una religión política que imponía sus propias expectativas escatológicas radicales en el mundo34. Norman Hampson apunta, igualmente, que el jacobinismo tenía una concepción rousseauniana de la soberanía total del Estado, único árbitro de la creencia religiosa y, en última instancia, del derecho de propiedad. En esta concepción, el Estado es la autoridad definitiva a la hora de ordenar los asuntos económicos35.

Inspirados por las ideas de Rousseau, los jacobinos de la Revolución Francesa, para contrarrestar la influencia negativa del cristianismo y para unir a los ciudadanos en la sagrada totalidad de la nación, intentaron crear, como rituales de la vida pública, festividades y catecismos. Como ejemplo, podemos mencionar el gigantesco festival del 14 de Julio de 1790. Una fuerza de trabajo voluntaria trabajó para convertir la llanura del Campo de Marte en un valle entre dos colinas, donde se situarían los espectadores. Cincuenta mil Guardias y soldados desfilaron a lo largo del anfiteatro, pasando delante de un altar de la patria y ante 300.000 espectadores. Este festival culminó en una misa sincronizada a lo largo de las provincias y una ceremonia en la que se administró un juramento de fidelidad a la nación36.

Uno de los efectos de la sacralización de los Estados-nación fue la intensificación del pro patria mori. La tradición republicana mantenía que el servicio militar servía como escuela de ciudadanía y que la guerra aumentaba la conciencia política del ciudadano-soldado, reafirmando sus convicciones patrióticas. Rousseau afirmaba que el servicio militar afilaba el celo patriótico de los hombres libres. En los gobiernos republicanos, las guerras del Estado se convirtieron en las guerras del pueblo. Se consideraron sinónimos los intereses individuales y los de la comunidad y se impuso la conscripción obligatoria37.

Según Thomas Hippler, la transición histórica de las concepciones tradicionales y monárquicas de la soberanía a la soberanía popular de los modernos Estados-nación implica la integración de aquellos elementos que pensadores anteriores, como Bodin, por ejemplo, consideraban como autónomos a la soberanía política: el económico y el religioso. En opinión de Hippler, estos dos elementos reemergen en la forma de dos características fundamentales del Estado moderno, lo social y lo nacional, y es sólo por medio de su integración que la soberanía popular se constituye a sí misma como omnino absolutum imperium. La nación se convierte en algo sagrado, y el Estado, que es la manifestación de la nación y del pueblo, tiene el deber y la responsabilidad de controlar la vida económica para asegurar el bienestar de la nación.

Según Hippler, la construcción de la soberanía del pueblo no es sino el reverso de la construcción del pueblo como el portador de la soberanía, construcción tanto simbólica como material: el pueblo fue concebido como portador de la soberanía y creado como tal a través de medios políticos e institucionales. Este proceso está íntimamente ligado con la nacionalización del pueblo y del Estado. El Estado como persona ficta se había visto como algo unitario desde hacía tiempo, pero con el comienzo del siglo XIX este carácter unitario también se aplica a la nación. La nación se carga con un significado simbólico, cultural y sagrado que permitía, por una parte, concebir el Estado como una expresión del pueblo y, por otra, ocultar el papel del Estado en el proceso de formación de este pueblo38.

La sacralización del pueblo, de la nación y del Estado, como su expresión, se encuentra también en Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). Este pensador alemán, que había alabado al principio la Revolución Francesa (ya que parecía entronizar los derechos individuales), acabó considerando la libertad civil o colectiva como algo más importante39. Afirmó que ningún alemán sería verdaderamente libre hasta que todos los alemanes hubieran alcanzado la liberación nacional. El objetivo de Fichte era el de la formación de un Estado-nación autosuficiente, liberado del comercio internacional, cuya economía estuviera dirigida por el gobierno y en el que el viaje al extranjero estuviera reservado a unos pocos científicos y pensadores y siempre con permiso estatal40. Aparte de la novedad del concepto de nación, no se puede distinguir este objetivo del que ya buscaba Bacon en La Nueva Atlántida.

La sacralización del Estado alcanzará su forma más sistemática en la obra de Hegel (1770-1831). En palabras de A. James Gregor:

Hegel sacralizó al Estado, hizo a la Historia su medio, y a los seres humanos sus instrumentos.41

En el sistema de Hegel, su concepto del Geist, la Mente o el Espíritu, es descendiente directo del Espíritu Santo del cristianismo. Hegel veía la historia del Espíritu como el relato en el tiempo de lo Absoluto. Para Hegel, lo Absoluto es la sustancia que hay detrás de nuestro ser individual y transitorio. Su intención era revelar algo del Absoluto que lo gobierna todo. Al inicio de su discusión sobre la Historia Universal, Hegel afirmaba que, para conocer algo de lo Absoluto, procedería primero a discernir las características abstractas de la naturaleza del Espíritu; a ello, le seguiría un recuento de los medios que utiliza el Espíritu para realizar su Idea; y, finalmente, hablaría de la forma que asume la perfecta encarnación del Espíritu, el Estado.

Hegel identifica el Estado como algo divino, que posee majestad y absoluta autoridad. El Espíritu, en su proceso de cumplimiento, emplea al Estado; es decir, el Estado es el Espíritu objetivizado. A su vez, el Estado, al exigir de los individuos que cumplan sus propósitos, les concede la oportunidad para su maduración completa como agentes morales.

Para alcanzar los propósitos del Espíritu, el Estado debía sintetizar a los individuos, haciéndolos uno con el Estado y reclutándolos así al servicio del Espíritu. Era en el Estado donde los individuos descubrían el conjunto de lo que es justo y moral, ya que ello sólo podía determinarse por medio del reconocimiento de las cualidades del Espíritu, y sólo en el Estado podían los individuos obtener ese conocimiento por medio del proceso formativo de la educación. El Estado debía mantener a los individuos como ciudadanos, asegurando sus derechos, promoviendo su bienestar, protegiendo sus familias, educándolos en la conciencia de sus intereses más fundamentales, alejándolos del egoísta interés propio y llevándolos de vuelta a la vida moral del Espíritu Universal. El Estado debía, también, educar a los ciudadanos en sus obligaciones, lo que implicaba la necesidad de desarrollar la capacidad de sentirse uno con el Todo. Por medio de esa capacidad, los individuos podrían entender la existencia de la Voluntad Universal. Dicha Voluntad debería gobernar todo el comportamiento humano42.

En definitiva, los Estados nacionales, por medio de la sacralización, se convertirán en entidades místicas, que dan forma política al cuerpo del pueblo o de la nación, que es donde reside la soberanía. Esta soberanía, inalienable, no es patrimonio de los individuos, sino del conjunto de la sociedad. De hecho, la existencia de los propios individuos sólo cobra sentido y respetabilidad cuando éstos se convierten en parte integrante del Todo místico que es el Estado. Para que los individuos entiendan estas verdades es necesario proceder a su educación, para que abandonen los perniciosos caminos del egoísmo y estén dispuestos a morir por la patria y a servir a la gloria del Estado. Éste, por su parte, debe asegurarse de su bienestar por medio del control de las actividades económicas.

1 Franz Oppenheimer, The State. Its Development and History Viewed Sociologically (Nueva York: Vanguard Press, 1926), pp. 25-27.

2 “Every state in history was or is a state of classes, a polity of superior and inferior social groups”, Oppenheimer, The State, p. 5.

3 Alexander Rüstow, Freedom and Domination. A Historical Critique of Civilization (Princeton: Princeton University Press, 1980), p. 12.

4 Charles Tilly. Coerción, capital y los Estados europeos. 990-1990 (Madrid: Alianza Editorial, 1990), p. 20.

5 Ver Charles Tilly, “War-making and State Making as Organized Crime”, en Bringing The State Back In, ed. P. Evans, D. Rueschesmeyer y T. Skopol (Cambridge: Cambridge University Press, 1985): 169-187.

6 “The majority must be persuaded by ideology that their government is good, wise and, at least, inevitable”. Murray N. Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature (Auburn. Ludwig von Mises Institute, 2000), p. 62.

7 “The state required the masses to put their faith in the nation, and they used religious faith to do this”, C. C. Pecknold, Christianity and Politics. A Brief Guide to the History (Eugene: Cascade Books, 2010), p. 5.

8 “The development of the national state was inseparable from an appropriation of the sacred”. Thomas Hippler, Citizens, Soldiers and National Armies. Military service in France and Germany, 1789-1830 (Londres y Nueva York : Routledge, 2007), p. 206.

9 “[…] the powerful Christian idea of a people united in the mystical body of Christ to a new conception of mystical unity in the idea of nation”. Pecknold, Christianity and Politics, p. 77. Para la transferencia de la idea del cuerpo místico al Estado-nación ver también Eric L. Santner, The Royal Remains. The People’s Two Bodies and the Endgames of Sovereignty (Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2011), p. 44 y John von Heyking, “Post- 9/11 Evocations of Empire in Light of Eric Voegelin’s Political Science”, en Enduring Empire. Ancient Lessons for Global Politics, ed. D. E. Tabachtnick y T. Koivukoski (Toronto: University of Toronto Press, 2009), p. 197.

10 “Love for the fatherland is love for the laws and the prosperity of the state, and is particularly strong in democracies. It is a political virtue by which an individual surrenders his own interests and gives preference to the public interest over his own. It is a sentiment, and not based on any knowledge; it can be shared by the lowliest person and by the head of state”. Citado por Gentile, Politics as Religion, p. 17.

11 Gentile, Politics as Religion, pp. 17-18.

12 “The state is not made for religion, but religion is made for the state. First principle. The general interest is the rule governing everything that should exist in the state. Second principle. The people, or its representative authority, has the exclusive right of judging the conformance of any institution whatever with the general interest. Third principle”. Citado por Eric Voegelin, From Enlightenment to Revolution (Durham: Dike University Press, 1975), pp. 171-172.

13 “The idea of the state as a theocracy, with the legislators as the ecclesiastical authority, with the law as the divine manifestation, and with the commonweal as the substance, thus, is fully developed before the Revolution”, Voegelin, From Enlightenment to Revolution, p. 172.

14 Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, trad. J. Carrier Vélez (Barcelona: Edicomunicación, 1994), pp. 47-51.

15 Rousseau, El contrato social, p. 54.

16 Elshtain Sovereignty, p. 131.

17 Rousseau, El contrato social, p. 38.

18 Evers, “Social Contract: a Critique”, p. 190.

19 Rousseau, El contrato social, p. 61.

20 Rousseau, El contrato social, p. 42.

21 Elshtain, Sovereignty, pp. 131-132.

22 Evers, “Social Contract: a Critique”, pp. 190-191.

23 Para la religión civil ver Rousseau, El contrato social, pp. 147-158.

24 Rousseau, El contrato social, p. 151.

25 Gentile, Politics as Religion, p. 18. Ver también Benjamin Wiker, Worshipping the State: How Liberalism Became Our State Religion (Washington: Regnery Publishing, 2013), pp. 175-179.

26 Rousseau, El contrato social, p. 156. Ver también Elshtain, Sovereignty, p. 135 y Michael Burleigh, Earthly Powers. Religion and Politics in Europe from the Enlightenment to the Great War (Londres: Harper Perennial, 2006), p. 13.

27 Burleigh, Earthly Powers, 77-78. Ver también Carl L. Bankston III y Stephen J. Caldas. Public Education. America’s Civil Religion. A Social History (Nueva York: Teachers College Press, 2009).

28 Elshtain, Sovereignty, pp. 134-135.

29 Burleigh, Earthly Powers, p. 78. Wiker, Worshipping the State, p. 180.

30 Rousseau, El contrato social, p. 158.

31 Elshtain, Sovereignty, p. 131.

32 Burleigh, Earthly Powers, p. 45.

33 Burleigh, Earthly Powers, pp. 21-22.

34 Bankston III y Caldas, Public Education. America’s Civil Religion, p. 14.

35 Norman Hampson, Historia de la Revolución Francesa (Madrid: Alianza Editorial, 1984), p. 272.

36 Burleigh, Earthly Powers, pp. 76-77.

37 Joseph Allan Frank, With Ballot and Bayonet. The Political Socialization of American Civil War Soldiers (Athens: University of Georgia Press, 1998), p. 23.

38 Hippler, Citizens, Soldiers and National Armies, pp. 216-217.

39 Por lo que, en realidad, debería haber estado completamente de acuerdo con los ideales revolucionarios.

40 Burleigh, Earthly Powers, p. 160. W. Eaton, “J.G. Fichte as a Forerunner of Nacional Socialism”, Quarterly Review. A Journal of University Perspectives, 48, no. 10 (diciembre 1941): 331.

41 “Hegel sacralized the State, made History its medium, and human beings its instruments”. A. James Gregor, Totalitarianism and Political Religión. An Intellectual History (Stanford: Stanford University Press, 2012), p. 24.

42 Gregor, Totalitarianism and Political Religión, pp. 23-24.

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXVII): Sobre la guerra en Ucrania (I)

Raro es que en esta columna se comenten eventos de actualidad, pero creo que no se puede dejar pasar la oportunidad de comentar una guerra entre estados vecinos. La mayor parte de las guerras de este siglo han sido bien guerras civiles, esto entre facciones dentro de un mismo Estado que aspiran al dominio del mismo, bien intervenciones de alguna superpotencia o poder regional sobre otro Estado mucho más débil o en apoyo de alguno de los bandos en lucha en algún conflicto civil.

De hecho, hace mucho tiempo que no se puede observar una guerra convencional entre dos estados modernos con ejércitos organizados.  Aún con evidentes asimetrías entre los mismos, el conflicto sigue las pautas de los viejos conflictos que ya creíamos olvidados. Ambos cuentan con representación en la ONU, co cuerpo diplomático y con estructuras de Estado avanzadas. También cuentan con ejércitos regulares y en principio parece que ambos acatan más o menos las convenciones en cuanto al tratamiento de prisioneros y combaten con uniforme y bandera y salvo excepciones parece que no buscan deliberadamente (o por lo menos no lo reconocen abiertamente) el ataque a la población civil.

No estamos acostumbrados a estos conflictos porque la famosa anarquía internacional a la que se refieren los teóricos de las relaciones internacionales ha permitido durante mucho tiempo que estos conflictos no hayan tenido lugar. En efecto el incremento de las relaciones comerciales y culturales parecía haber conseguido que las guerras directas entre estados pasasen a mejor vida. Norman Angell nos había advertido de que la densidad de relaciones económicas implicaba que una guerra implicase pérdidas económicas tan grandes en un mundo interrelacionado que la mera posibilidad de la misma quedase descartada. Empresas multinacionales, flujos migratorios o el turismo habían conseguido que los diferentes pueblos de la tierra hubiesen reducido sustancialmente sus tensiones y que la guerra causase daños severos a los países en conflicto.

Algo de eso hay. Si nos fijamos aparte del daño militar, podemos observar cómo la guerra está causando daños terribles a la economía de la potencia atacante, Rusia. Es la primera vez que puedo observar como una potencia atacante, presumiblemente poderosa, comienza una guerra con un corralito bancario y con amenaza clara de impago de deuda. Esos fenómenos antes se daban, pero al finalizar la guerra y con una derrota, no antes. Aunque Angell parece equivocado en su valoración de que la interconexión comercial y la globalización económica imposibilitarían las guerras futuras si que acierta en las consecuencias de la misma en un mundo económico interconectado. Las pérdidas con mucha probabilidad van a ser superiores a cualquier beneficio que pudiese obtener la economía rusa con la anexión de territorios ucranianos, por muchas minas o recursos con los que puedan contar.

En efecto, los beneficios de cualquier posible conquista ya no son los mismos que antes (en el caos improbable de que antes los hubiese). Más allá del prestigio político que Putin y sus oligarcas pudiesen obtener, no acabo de ver claro qué es lo que pueden ganar u ofrecer a su población como recompensa por los costes y sacrificios de la invasión. En teoría pueden obtener recursos naturales como el carbón, o tierras de cultivo, pero sin una población capacitada y cooperativa de poco les van a valer. Los costes de la ocupación y la coerción superarían con creces los hipotéticos beneficios de la conquista. La propia Rusia es un ejemplo de país que cuenta con enormes depósitos de metales y materias primas y grandes extensiones de tierras de cultivo, sin que la hayan reportado más que un mediocre provecho.

Putin y su oligarquía parecen estar anclados en las viejas doctrinas geopolíticas que lo fían todo a la posesión del espacio, sin darse cuenta de que lo relevante a día de hoy es el capital, sea físico o humano, bien insertado en un mercado capitalista mundial. Algún teórico ha estudiado el caso de una hipotética invasión de Silicon Valley, una de las zonas más ricas del mundo, por una potencia extranjera. Su conclusión es que bien poco se llevarían más allá de edificios y tierras, lo que para nada compensaría los costes de la conquista, pues la riqueza de ese territorio se basa en la capacidad creativa e industrial de su gente y para casi nada en los recursos con que esta cuente. Y a esa gente no se le puede obligar a trabajar creativamente par aun invasor, dado que la creatividad y el ingenio no pueden ser impuestos. Algo semejante ocurriría con la invasión de Japón o Singapur, por poner otros ejemplos.

A esto hay que sumar que una hipotética anexión de esos territorios implicaría asumir espacios devastados físicamente por la guerra y una población poco cooperativa, a la que habría que forzar, si es que se puede, a cooperar con el invasor. Esto último también puede sorprender a los habituados a pensar con marcos antiguo de pensamiento, pues se nos dirá que muchos de ellos son ética o culturalmente rusos. En siglos pasados, imbuidos de ideas nacionalistas clásicas la composición étnica o lingüística de un territorio tenía mucho que ver con las guerras de invasión. Sólo hay que recordar los intentos de la Alemania nacional-socialista de reunificar a todos los pueblos de cultura germana en un sólo Estado, lo que dio lugar a reclamaciones y conflictos sin fin. Otros estados europeos llevaron, a menor escala, tentativas semejantes con mayor o menor éxito. Pero a día de hoy el nacionalismo, erosionado por ideologías de la posmodernidad, no es más que uno entre muchos de los factores de identificación de la población. Y probablemente no el principal. Muchos habitantes del sudoeste de los Estados Unidos, por ejemplo, son mexicanos étnica o culturalmente, pero dudo mucho de que se apuntasen a la idea del gran Aztlan y de reunificarse políticamente con sus vecinos del sur. O muchos marroquís de Melilla, también por poner ejemplos próximos.

Pues en la Ucrania rusófona parece acontecer tres cuartos de los mismos. Muchos rusos de Ucrania, en la disyuntiva de volver a la Gran Rusia, con todo lo que ello conlleva, o permanecer en una Ucrania con mejores perspectivas de alcanzar un mejor nivel de vida o de disfrutar de mayores libertades en el ámbito político o personal no parecen tener dudas. Optan por unas mejores expectativas antes que por la unificación con tan poco amorosos hermanos y presentan por lo tanto fiera resistencia a la agresión. De ahí que sorprenda a muchos que sea en estas zonas aparentemente más proclives donde se esté dando una mayor resistencia y donde los avances rusos sean menores. Quizás porque saben lo que les espera y no le apetezca mucho.

También esta guerra parece hacer buenas las previsiones de transformación de la guerra y del Estado planteadas por el genial analista militar israelí Martin van Creveld, muy admirado en círculos anarcocapitalistas, a pesar de que él no lo es. Este en una serie de libros, especialmente “Rise and fall of the state” y “Transformation of war” planteó hace unos años la posibilidad de que los ejércitos estatales convencionales no fuesen la mejor opción de defensa en nuestros tiempos. La tesis de este autor es que los Estados están concebidos para la guerra y sus mecanismos de defensa y ataque estarían, por tanto, pensados para confrontar a otros Estados. Los cambios en la forma de operar la guerra tendrían su correlato en el cambio en las formas del Estado. Grandes ejércitos requerirían grandes ejércitos para confrontarlos y por tanto grandes estados que los puedan sustentar. Pero van Creveld afirma que la nuestra ya no es una época de luchas entre grandes unidades militares, sino de grandes unidades contra pequeñas, muchas de ellas extraestatales, como guerrillas, mafias, maras, piratas o redes terroristas sin continuidad territorial, como pueda ser Al Qaeda, por ejemplo. Frente a estas nuevas realidades los viejos ejércitos están desproporcionados e incurren en unos costes enormes en relación a los desafíos. Pensemos en el coste de enviar grandes buques de guerra al Índico para combatir a los piratas de Somalia. No compensa enviar una fragata para combatir lanchas rápidas armadas con armamento ligero, y de hecho la solución que se propuso fue la de modular la defensa al ataque y se optó por embarcar mercenarios en buques comerciales, bien armados pero adaptadas a la dimensión de la amenaza. Su tesis relativa al Estado es que si la forma y el espacio de la defensa cambia también lo hará la forma y el espacio del Estado.

Cuando acabe la guerra de Ucrania, esperemos que pronto, podría servir perfectamente para contrastar esta tesis. En principio, como antes apuntamos, parece una guerra convencional entre dos Estados con sendos ejércitos, aparatos de inteligencia y servicios diplomáticos. Por lo tanto, debería ganar aquel que cuente con una mayor destreza en el arte de la guerra y una mejor capacidad operativa, algo que en principio parece favorecer al ejército ruso. Pero la guerra no se está desarrollando (por lo menos a día de hoy) como una guerra típica entre Estados, sino como lo que se acostumbra a denominar como conflicto asimétrico.

Una de las partes, la rusa, cuenta con abrumadora superioridad militar. Su ejército tiene más armamento y más sofisticado y cuenta con un número mayor de hombres entrenados para la guerra. La otra parte, la ucraniana, en cambio parece enfrentar el conflicto al estilo de lo que aconteció en la guerra española contra el francés de comienzos del siglo XIX. Esto es: combina un debilitado ejército regular con la acción de partisanos y grupos paramilitares (al estilo del tan denostado batallón de Azov), que emboscan a las unidades rusas e impiden o dificultan con éxito su avance. Armados con armas ligeras y de relativamente bajo coste como Stingers, anticarros Javelin o drones baratos de fabricación turca, parecen ser sumamente eficaces en su objetivo de encarecer los costes de la conquista rusa.

Los rusos, por su parte, operan principalmente con su ejército regular, compuesto de reclutas y soldados profesionales y con la colaboración de contingentes de mercenarios y voluntarios de las repúblicas fantasma reconocidas por Rusia (quizás también sean conscientes de la necesidad de operar con fuerzas con algún grado de autonomía. Pero por la propia dinámica de la guerra parece que estos últimos operan como un ejército estatal convencional a la hora de seguir una estrategia marcada por el mando central (que según parece está siendo purgado por incompetente). Esta forma más o menos centralizada de combate tiene la ventaja de concentrar fuerzas pero el inconveniente de que si se da una equivocación estratégica quien yerra es todo el ejército. Y esto es lo que parece que está ocurriendo. La aparente estrategia rusa de guerra relámpago ha fracasado y ahora viene una guerra de desgaste. Veremos pronto si las profecías de Van Creveld y los nuevos teóricos de la guerra se cumplen y si se van dando cambios en la forma del Estado. De momento alguna innovación si hay, pequeña, pero la hay, como la aparición de las nuevas repúblicas títere del Dombás, la posible entrada en guerra de la Transnistria y la pintoresca aparición de soldados osetios y abjasios. Pero continuaremos con este análisis en ulteriores artículos.

La calima del Sáhara y la diplomacia secreta

Como si de un augurio se tratara, al mismo tiempo que el zascandil más temerario que ha llegado a la presidencia del gobierno español debió de plasmar su firma en una ampulosa carta dirigida al Rey de Marruecos y comendador de los creyentes musulmanes; una espesa calima se cernía sobre los cielos de la península ibérica, ensuciando los campos y las ciudades y dificultando la respiración de los paisanos.

De esa coincidencia de fechas nos enteramos ayer, gracias a la impagable cobertura prestada ayer al jefe del ejecutivo por parte de un diario que hace tiempo se pretende “global”, ya que no independiente. A pesar de las razonables dudas sobre la autenticidad del “documento” publicado, dado lo improbable de que Mohamed VI recibiera una misiva en español, y los evidentes rastros de redacción en francés de un texto original previo, su contenido parece verosímil. Así lo avala la satisfacción expresada por el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí del pasado 18 de marzo y las propias declaraciones del ministro homónimo de España, Jose Manuel Albares Bueno, ante la ausencia de toda explicación por parte del autor mediato del mensaje.

La estupefacción producida en la sociedad española no pudo ser mayor. Sin un debate previo en su propio gobierno, sin una autorización de las Cortes y sin siquiera informar previamente a los españoles del paso que pensaba acometer, acaso crecido por codearse con un autócrata, el inquilino de La Moncloa asumía una representación mayestática de España para doblegarse a las apetencias del régimen marroquí de anexionarse el Sáhara Occidental, con la mascarada de ofrecer a sus habitantes un estatuto de autonomía:

En este sentido, España considera que la propuesta marroquí

de autonomía presentada en 2007 como la base más seria,

creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

Para mayor escarnio, la noticia se conoció, con toda suerte de intoxicaciones, después de que la cancillería del destinatario emitiera el viernes pasado el mencionado comunicado. En él se valoraba “sobremanera, la opinión favorable y el compromiso constructivo de España sobre la cuestión del Sáhara marroquí, expresados en la carta dirigida a su Majestad el Rey Mohamed VI, que Dios le asista, por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez”.

A modo de somero trasfondo sobre el conflicto del Sáhara, conviene recordar que España, a pesar de haber contraído la obligación de organizar el proceso de descolonización del territorio, de acuerdo al derecho internacional, abriendo la posibilidad de que la población decidiera libremente su futuro mediante un referéndum, se desentendió de acometerlo.

A dicho propósito debía servir el censo de la población saharaui que el Gobierno General de la Provincia había realizado en 1974, el cual estaba abocado a ser un auténtico padrón electoral fidedigno. Sin embargo, la declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, acordada en Madrid el 14 de noviembre de 19751 marcó un fatal precedente en los estertores del franquismo en una cuestión que parecía encarrilada desde el momento que el gobierno español lo había incluido en la lista de territorios no autónomos de la ONU, susceptibles de descolonización. Acompañados, al parecer, de acuerdos secretos – declarados como no vinculantes por el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, si no se registraban en la Secretaría General – supuso una rendición a la invasión del territorio impulsada por el rey Hassan II de Marruecos con la “Marcha Verde”.

La principal consecuencia de esa declaración fue que España, potencia administradora, cedió “temporalmente” el territorio a Marruecos y Mauritania para que ambos países “en colaboración con la Yemaá (o Asamblea de notables saharauis) asumieran la administración. Al mismo tiempo se estableció la terminación de la presencia española del 28 de febrero de 1976.

En el tablero geopolítico de aquel tiempo, resultó que el movimiento guerrillero que ya había organizado acciones contra la presencia española, el Frente Polisario, se enfrentó, con el apoyo de Argelia y de la extinta Unión Soviética, a los nuevos colonizadores. No obstante, el gobierno de Mauritania renunció muy pronto a ocupar la parte que le había correspondido. Desde 1976 hasta 1991, en que se pactó un alto el fuego por mediación de la ONU, se desarrolló una guerra entre saharauis y marroquíes. Desde el cese de las hostilidades se sucedieron sucesivas misiones de paz bajo los auspicios de la ONU. Durante estos años, con el apoyo de Argelia, el Frente Polisario constituyó una llamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) con el apoyo de gran parte de los refugiados en Tinduf, mientras que el gobierno de Marruecos se trazó el objetivo de desplazar al territorio a marroquíes que se incluyeran en el censo de habitantes y evitar la celebración de un referéndum de autodeterminación cuando se percató que el solo se reconocería un derecho de voto a los desplazados anteriores al año 1999.

En cualquier caso, después de la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020 y sucesivos fracasos de las negociaciones, la Resolución 2602/2021 del Consejo de Seguridad de la ONU de 29 de octubre de 20212 decidió prorrogar la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de este año. Poco más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de 9 de diciembre de 2021 que, entre otras cosas, solicitaba al Comité Especial de descolonización que siguiera examinando la situación en el Sáhara Occidental y la informara al respecto en su septuagésimo séptimo período de sesiones.3

Por otro lado, la sentencia de 29 de septiembre de 2021 del Tribunal Superior de la Unión Europea4 anuló, a instancia del Frente Polisario – lo cual consolida su posición como sujeto de derecho internacional, ya reconocida por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU- la Decisión (UE) 2019/441 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, relativa a la celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, al entender que ( 335 ) para celebrar un acuerdo con el Reino de Marruecos que se aplique explícitamente al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes, se deduce, del principio de autodeterminación y del principio de efecto relativo de los tratados, que el pueblo de dicho territorio debía prestar su consentimiento a tal acuerdo.

Todas estas circunstancias deben recordarse para relativizar ciertos argumentos geoestratégicos que el gobierno (esquizofrénico desde su formación) deja que algunos sectores esgriman por él, en el sentido de que se dirimiría en el Sáhara un nuevo juego de alianzas que abocaría a España a aceptar las pretensiones de anexión por parte de Marruecos, so pena de enfrentarse a EE.UU, Israel y otros países europeos. La cuestión es mucho más poliédrica de como se quiere presentar, pues las resoluciones de prórroga del mandato de la MINURSO, aprobadas por el Consejo de Seguridad (en el que EEUU, Francia y Reino Unido tienen derecho de veto, que no ejercen) de ninguna manera cierran la posibilidad de que, como resultado de un referéndum con garantías democráticas, los saharauis puedan obtener la independencia.

Por último. Las relaciones de España con Marruecos están marcadas, asimismo, por las pretensiones territoriales de este segundo país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, otros islotes en el Estrecho de Gibraltar, e incluso las Islas Canarias. En este último caso, las discrepancias se sustancian, de momento, en la desconsideración del archipiélago como territorio susceptible de sustentar una zona económica exclusiva, además de su mar territorial.

Es por esto por lo que difundir la especie de que el mero deseo de comenzar una era nueva en las relaciones supone la renuncia por parte de Marruecos a sus pretensiones territoriales es simplemente falso. La falacia choca contra la evidencia de que el gobierno de Marruecos se limita exclusivamente a congratularse del cambio del presidente del gobierno español respecto al futuro del Sáhara.

Relacionar un problema con otro a la vista del reino vecino es un completo dislate y una muestra de debilidad incomprensible. Más aun, la cesión de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dudosa fuente de obligaciones para el Reino de España, se produce después de la invasión de Ceuta por parte de 10.000 personas orquestada por las autoridades marroquíes en mayo del año pasado. Un guiño evidente del vástago a la estrategia fructífera de su padre, Hassan II, para apoderarse del Sáhara y una llamada para nuevos chantajes en el futuro inmediato.

1 https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20988/volume-988-i-14450-english.pdf

2 https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_RES_2602_2021_ES.pdf

3 https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_RES_76_89_ES.pdf

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019TJ0344&from=EN

Sentencia de 29 de septiembre de 2021 del Tribunal Superior de la Unión Europea, dictada en los casos acumulados T-279/19, T-344/19 y T-356/19.

Ruina a todo gas

Hasta esta semana, el gobierno achacaba toda la subida masiva de precios que estamos sufriendo, a Putin, a las eléctricas y hasta la ultraderecha. Ni rastro por supuesto de mención alguna a los continuos planes de estímulo, a la impresión de dinero o a la moratoria nuclear entre otras cuestiones. Todo este argumentario va a ser muy difícil de sostener en los próximos meses, ante el volantazo inexplicable en política exterior, que ha dado el gobierno.

Este giro en exteriores al que nos referimos, es el abandono a su suerte del Sáhara Occidental, antiguo protectorado español, frente a Marruecos, en contra de los intereses Argelinos. Hablamos de “volantazo”, puesto que es un cambio radical a la política exterior de consenso nacional, siempre pactada entre el gobierno y la oposición, que ha llevado España, sin importar el gobierno de turno, en este asunto. Incluso la del propio gobierno actual, que recordemos, hace menos de un año, entró en una especie de guerra diplomática con Marruecos, por posicionarse del lado Argelino en este conflicto.

Hablamos de precios, porque Argelia, la parte damnificada en este asunto, es la histórica principal suministradora de gas de España. Hoy la segunda, superada por EE.UU. que nos proporciona gas licuado en buques, a mayor precio. Este asunto no ha podido venir en peor momento, dejándonos con el culo al aire, cuando la guerra en Ucrania, que hasta ahora prácticamente no nos estaba afectando por mucho que el gobierno se empeñase en tapar sus fracasos con ella, dificulta cualquier otra opción de suministro de gas. El gobierno ha puesto en peligro, entre otras muchas cosas, más del 20% del gas que consumimos, que lo obtenemos del país argelino y que es probable que, como respuesta a nuestra traición, bien nos cierren el grifo o bien nos encarezcan este.

Añadir, que en España poseemos yacimientos de gas natural suficientes para cubrir nuestra demanda nacional durante 40 años. Pero que el año pasado el gobierno prohibió por ley extraerlo. Ya saben, Putin y tal… Veremos que conejo de la chistera saca nuestro presidente para explicar todo esto, sin culparse a sí mismo, por supuesto.

Por último, hablamos de que es inexplicable, porque aparte de ser una torpeza geoestratégica grave, no le ha gustado a nadie, ni amigos ni enemigos. Tanto sus propios socios de gobierno, como la oposición en bloque, se han posicionado en contra de esta capitulación del gobierno. La pregunta es, ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos para haber vendido a todo el mundo a cambio de nada? Tan solo el expresidente Zapatero ha salido en defensa de este cambio de postura. ¿Es quizás una deuda heredada de su época?

Sea como fuere, parece claro que, con el suministro de gas tambaleándose, la falta de centrales nucleares y el BCE incapaz de subir tipos para no quebrar países. La inflación del 7,6% anual marcada en febrero, no va a descender sino todo lo contrario. Habrá que esperar para ver como el gobierno culpa a otros de sus torpezas, o nos las vende como éxitos. Ya nada nos sorprende.

Anomalías democráticas (II)

A colación del artículo anterior, seguiremos repasando algunas de las cuestiones que resultan en menoscabos a la calidad democrática de un país. En este caso le toca a la Administración de Justicia.

Un sistema judicial independiente fue una de las bases de la Ilustración, especialmente de lo que nos enseñó Montesquieu allá por el s. XVIII. Los señores feudales, dentro de su enorme poder, aunque menor comparado con los totalitarismos actuales, asumían el cargo de impartir justicia dentro de sus territorios. Ahora bien, a partir de la venida de los sistemas democráticos se ha convertido en una premisa básica la separación de un poder independiente como el judicial para establecer un garante de los ciudadanos de a pie. Esta garantía frente al poder no se limita únicamente al ejecutivo, sino en no pocas ocasiones al legislativo. Sin embargo, la situación en nuestro país dista mucho de ser ideal.

Para empezar, la Constitución de 1978 señala que el legislativo tendrá que promulgar una ley orgánica para regular el poder judicial. Esto ya de por sí es dejar al arbitrio de las mayorías parlamentarias una de las cuestiones más básicas de la organización estatal. Bien es cierto que las leyes orgánicas requieren una mayoría absoluta, y no una mayoría simple como cualquier ley ordinaria. Sin embargo, con el fin de conseguir un mayor consenso, debería estimarse la posibilidad de mayorías superiores, por ejemplo, de dos tercios o tres quintos.

Por otro lado, y puede que la situación más rocambolesca, es la constituida por la situación del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano tiene la potestad de sancionar administrativamente a los jueces que violen alguno de los procedimientos en los que se hallen inmersos. Este órgano, de un poder bastante mayor del que parece, está conformado por veinte vocales y su presidente, el cual es a su vez el presidente del Tribunal Supremo. En caso de empate en alguna de sus votaciones, el presidente ejercería voto de calidad para deshacer dicha igualdad. En teoría, el CGPJ tiene como función primordial defender el poder judicial del resto de poderes del Estado, velando por su cumplimiento. Ha sido frecuente en la historia de España, aunque en la actualidad mucho más, que los poderes legislativo y ejecutivo ataquen sin miramientos la labor independiente del CGPJ.

Ahora bien, tampoco es que este organismo esté conformado por ángeles sin pecado y eunucos sin pasión. Thomas Jefferson, probablemente la mente más lúcida a la hora de entender que dividir el poder es evitar la tiranía, ideó un sistema de balances y contrapesos para que los poderes del Estado no se pisasen entre sí. En este caso concreto, tal vez la propuesta sería volver a la redacción original de la Constitución del 78, modificada de forma más que discutible por una sentencia posterior del Tribunal Supremo basada en una interpretación, como poco, discutible. Así, doce de los veinte vocales del CGPJ serían nombrados directamente por los jueces en ejercicio a través de unas elecciones libres. El resto, ocho de veinte, habría de ser nombrado por una mayoría de tres quintos de ambas cámaras, Congreso y Senado. Sin embargo, esta elección podría quedarse corta. Lo ideal sería un sistema en el que los jueces y magistrados en ejercicio elijan la totalidad de su órgano de gobierno. No se trata de imaginarnos un mundo perfecto en el que los jueces elijan de forma sabia a seres de luz, sino la opción menos mala, es decir, sacar a los políticos de la ecuación. Además, se podrían introducir medidas adicionales. Por ejemplo, el CGPJ limita sus mandatos a cinco años, con el fin de evitar mayorías parlamentarias cambiantes. A eso se podría añadir que los miembros del CGPJ hayan de ser magistrados en ejercicio, esto es, al menos tres años de carrera judicial a sus espaldas, y que no puedan ser reelegidos para más de un mandato.

En cuanto a la fiscalía, el sistema podría ir por derroteros similares. En lugar de nombrar al fiscal general del Estado con una mayoría parlamentaria suficiente (absoluta), no por un procedimiento únicamente controlado por el gobierno y al que se pide opinión al legislativo posteriormente. De hecho, no estaría de más que el fiscal general del Estado deba ser un fiscal en ejercicio, así como mantener el criterio de quince años de profesión, pero dentro de la Fiscalía. Por supuesto, el elegido para el cargo no podría haber ostentando previamente ningún cargo político ni militar en ningún partido.

Por último, cabe mencionar esa anomalía extendida entre países mediterráneos como es la creación de un tribunal paralelo controlado por los políticos, es decir, ajeno al Poder Judicial, con capacidad de decidir el sentido de sentencias previas bajo el pretexto de “relevancia constitucional”. Nos referimos al Tribunal Constitucional, también llamado en países americanos como tribunal de garantías constitucionales. Urge convertir este tribunal en una sala del Tribunal Supremo, evitando que los vaivenes parlamentarios elijan a las personas que habrán de discernir cuestiones tan básicas sobre derechos fundamentales.

No pretendemos imponer un sistema perfecto. Lo que buscamos en el sistema menos malo de todos cuantos haya. Ahora bien, con mayorías parlamentarias cambiantes, esto se antoja complicado. Lo mejor es dejar a los propios jueces y magistrados la administración de sus sanciones porque son los más interesados en su colectivo sea visto como honesto y legítimo ante la opinión pública.

Serie ‘Anomalías democráticas’: I.

‘Call for papers’ para el XV Congreso de Economía Austríaca

Durante los días 1 y 2 de junio tendrá lugar, en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín, el XV Congreso de Economía Austríaca del IJM. ¡Aprovecha esta magnífica oportunidad de participar en un acto académico!

El Congreso de Economía Austríaca

Durante el Congreso, estudiantes, profesionales y profesores debatirán las más recientes aportaciones académicas en los ámbitos de la economía, la política, la sociología, la filosofía y la ética en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía o desde posiciones que la complementen y enriquezcan. El procedimiento de aceptación de comunicaciones mantendrá y ampliará los progresos que ya dimos en años anteriores con el objetivo de ofrecer mayor rigurosidad y transparencia en la selección de las investigaciones presentadas durante el mismo.

Características del Congreso

El Congreso de Economía Austriaca se estructura alrededor de cuatro bloques temáticos: “Liberalismo, sociología y política”, “Teoría económica y monetaria” y “Políticas públicas”, y “cálculo económico”, con vistas a la celebración del centenario del libro Socialismo, de Ludwig von Mises.

El programa del Congreso se dividirá en estas tres secciones. Así, cada bloque se estructurará de la siguiente manera:

  • Presentaciones de las comunicaciones aceptadas para el Congreso.
  • También podrá haber una mesa redonda o diálogo en el que participen especialistas en la materia.
  • Conferencia magistral de alguna figura relevante del liberalismo.

Publicación y certificación

Elaboraremos un libro de actas digital con las comunicaciones que se presenten en el Congreso. Asimismo, todos los participantes recibirán una certificación académica.

Gracias al libro de actas digital, que tendrá su correspondiente ISSN, las comunicaciones de este Congreso podrán ser consultadas por los interesados en cualquier momento futuro. Desde la perspectiva de los autores, esta recopilación se convierte en un vehículo para futuras acreditaciones o para disponer de una bibliografía académica propia.

Este año el Congreso se celebrará en la Universidad Francisco Marroquín Madrid.

Bases de la convocatoria y plazos

Abrimos oficialmente el plazo de recepción de las comunicaciones académicas para quienes deseen participar en el Congreso.

Este Congreso dispondrá, de cara a la selección de las comunicaciones, de un procedimiento académico que incluye un Comité Académico y la revisión por pares con dos especialistas en la materia (referees), que determinarán si son aptas.

Los interesados en presentar comunicaciones deben tener en cuenta los siguientes plazos:

Primer plazo: Envío del abstract – 30 de abril

Para optar a presentar una comunicación en el Congreso, el interesado tiene que enviarnos, con fecha límite el 30 de abril, su propuesta a eventos@juandemariana.org. La propuesta consistirá en un documento de una página (350-400 palabras) en el que figuren los siguientes apartados: autor o autores, título, universidad de procedencia (u otro dato biográfico relevante). Asimismo, deberá detallarse en qué bloque temático se podría encuadrar el trabajo, las palabras clave y la clasificación JEL (por ejemplo, B53, que correspondería con “Escuela Austríaca”).

Segundo plazo: Envío de la comunicación – 20 de mayo

En el caso de que el abstract sea aceptado, el autor deberá enviar la comunicación el 20 de mayo a más tardar. 

La comunicación es un documento de no menos de 2.500 palabras.

El investigador ha de seguir rigurosamente las instrucciones formales que aquí se indican. En cuanto al formato y el estilo, aparte de las instrucciones ya aportadas, pueden tomarse como ejemplo cualquiera de los ensayos que figuran aquí. En el caso de no seguir estas pautas formales, la comunicación será rechazada.

Para cualquier duda de índole académico u organizativo, puedes ponerte en contacto en eventos@juandemariana.org.

Recepción de la certificación académica y publicación del libro de actas

Los autores recibirán en el Congreso la correspondiente certificación académica. Y, posteriormente, su comunicación será incluida en el libro de actas digital del Congreso, que contará con el correspondiente ISSN.

Inscripción

La participación en el Congreso como autor de comunicación aceptada implica el abono de unas tasas que dan da derecho a su presentación en el Congreso, a la consiguiente expedición de la certificación académica, así como a la inclusión de la comunicación académica en el libro de actas:

  • 40 euros.
  • 10 euros (miembros del Instituto Juan de Mariana y alumnos de OMMA, y de UFM-Madrid).

Una vez aceptado el abstract por el Comité Académico, se deberá realizar el ingreso correspondiente en la cuenta del Instituto del Banco Santander: 0030 1005 18 0000576271 (IBAN ES16 0030 1005 1800 0057 6271). Deberá indicarse en el concepto del ingreso o transferencia: «Congreso – nombre de quien realiza el abono».

Esperamos con este Congreso poder contribuir al avance de las investigaciones en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía e impulsar su máxima divulgación. ¡Anímate a participar!

Además, el acto es libre para el público asistente, y promete contar con muy agradables sorpresas también en las mesas redondas y conferencias magistrales.