Uno de los desarrollos tecnológicos durante la Revolución Industrial fue el de la estandarización de muchos herramientas y partes componentes de maquinaria. Se buscó, dentro de cada clase de bienes (por ejemplo, los tornillos), eliminar el carácter individual de modo que se ajustaran a un patrón uniforme en el que cada uno de ellos resultara completamente intercambiable con otro y fuera, así, más fácilmente manipulable. Durante el proceso de ascenso de los Estados-nación, éstos también aplicarán esta idea de homogeneización e intentarán hacer que sus “tornillos” y “partes componentes” sean uniformes e intercambiables.
Según Malcolm Anderson, el objetivo de los Estados fue el de crear una identidad nacional homogénea englobada por sus fronteras (1). Como explica Charles Tilly, desde la perspectiva del gobernante, una población lingüística, religiosa e ideológicamente homogénea tenía muchas ventajas: era más probable que se identificara con sus autoridades, las comunicaciones podían efectuarse con mayor eficiencia y una innovación administrativa que funcionaba en un determinado sector tenía posibilidades de funcionar también en otros. Había, además, mayores probabilidades de que la gente que percibía un origen común se uniera contra el peligro exterior. España, Francia y otros grandes Estados homogeneizaron repetidamente a la población, ofreciendo a las minorías religiosas la elección entre conversión y expulsión, como sucedió, por ejemplo, en España en 1492 con los judíos y musulmanes (2).
El objetivo de la homogeneidad fue uno de los principales esfuerzos de las monarquías absolutistas. Benedict Anderson destaca que: “El impulso interior del absolutismo era la creación de un aparato de poder unificado, controlado directamente por el gobernante – y leal a él – contra una nobleza feudal particularista y descentralizada” (3).
Por ejemplo, en Francia, durante los reinados de Luis XIII (1601-1643) y Luis XIV, las políticas de Mazarino (1602-1661) y de Richelieu estuvieron encaminadas a sustituir a la nobleza de sangre por la nobleza de oficio, promoviendo a plebeyos a costa de los aristócratas. Bertrand de Jouvenel explica los resultados que se esperaban obtener con estas políticas: “El progreso del absolutismo, que somete la diversidad de las costumbres a la uniformidad de las leyes, que combate los sentimientos locales para ganarse la fidelidad al Estado, que apaga todos los fuegos de la vida para encender uno solo, y que finalmente sustituye el ascendente personal de los notables por el gobierno mecánico de una administración, es por naturaleza destructor de las tradiciones en que se basa el orgullo de las aristocracias y del patronato que le da su fuerza. Son ellas, las aristocracias, las únicas que pueden ofrecer resistencia” (4).
Se intentaba eliminar los rasgos específicos e identificadores de la aristocracia y reducirlos a la condición uniforme de servicio al Estado, porque la aristocracia era un contrapoder. Jouvenel define un contrapoder como un poder social con un interés parcial constituido. Ejemplos de contrapoderes serían la nobleza, el clero, las asambleas de los estados en las provincias francesas, las corporaciones, etc. La monarquía, por tradición, se inclinaba a aplastar esos focos sociales, especialmente a aquellos que se mostraran como los más vigorosos. Ello demuestra que, ya durante el Antiguo Régimen: “Estaba en marcha el genio autoritario y centralizador que triunfaría con la Revolución” (5).
Alexis de Tocqueville estudió el proceso centralizador del absolutismo previo a la Revolución Francesa. En su opinión, la centralización es un producto del Antiguo Régimen, el único elemento de su organización política que sobrevivió a la Revolución porque se acomodaba perfectamente al Estado social creado por ella (6). Según Tocqueville, bajo el Antiguo Régimen: “No había ciudad, burgo, villorrio ni aldea en Francia, hospital, fábrica, convento ni colegio, que pudiera hacer su voluntad en sus asuntos particulares, ni administrar sus propios bienes a gusto […] La administración tenía, pues, a todos los franceses bajo tutela” (7).
En el Antiguo Régimen ya se realiza el proceso por el que existe un cuerpo único, colocado en el centro del reino, que reglamenta la administración pública en todo el país; el ministro dirige por sí mismo casi todos los asuntos interiores; en cada provincia hay un agente único que se encarga de los pormenores; no existen cuerpos secundarios u órganos que puedan actuar sin que previamente se les autorice a moverse; tribunales excepcionales juzgan los asuntos en que está interesada la administración y amparan a todos sus agentes. Este tipo de instituciones, desarrolladas en Francia, fueron después imitadas en todas partes.
Según Tocqueville, esta fue una obra de paciencia. En la época de la Revolución aún no se había destruido el viejo edificio, lo que se había hecho era construir otro bajo sus cimientos. Nada indica que para llevar a cabo este difícil trabajo el gobierno del Antiguo Régimen siguiera un plan profundamente meditado de antemano; únicamente se había guiado por el instinto que lleva a todo gobierno a dirigir por sí solo todos los asuntos (8).
Por medio de la centralización, el Antiguo Régimen había contribuido a acabar con la vida particular de las provincias y a eliminar las diferencias particulares entre todos los franceses. A medida que avanza el siglo XVIII se ve aumentar el número de edictos, declaraciones del rey y resoluciones del consejo que aplican las mismas normas, de la misma manera y en todas las partes del imperio. No sólo los gobernantes sino también los gobernados conciben la idea de una legislación general y uniforme, igual en todas partes y la misma para todos. Dos siglos antes no hubiera sido posible tal idea (9).
Poco a poco, la educación, proveniente del único foco de París “acababa dando a todos los espíritus una misma forma y un mismo ritmo” (10). Todos los hombres situados por encima del pueblo (nobleza y burguesía) tenían las mismas ideas, los mismos hábitos, los mismos gustos, se entregaban a los mismos placeres, leían los mismos libros, hablaban el mismo lenguaje. Ya sólo se diferenciaban entre sí por los derechos. Pero, a pesar de esa similitud, estaban más aislados y desconectados unos de otros de lo que habían estado nunca (11).
Según Tocqueville: “Fue el deseo de impedir que la nación a la que se le pedía su dinero reclamase su libertad, lo que impulsó al gobierno a procurar que las clases se mantuvieran apartadas unas de otras, a fin de que no pudieran acercarse y confluir en una resistencia común, y así el gobierno no tuviera que enfrentarse a la vez más que con un pequeño número de hombres” (12).
Del gobierno monárquico salieron y se introdujeron en el espíritu del pueblo muchas de las ideas que, después, se han llamado revolucionarias. Por ejemplo, Luis XIV había enseñado públicamente en sus edictos la teoría de que todas las tierras del reino habían sido concedidas originariamente bajo condición por el Estado, que era el verdadero propietario. Esta importante idea, madre del socialismo moderno, se desarrolló en el despotismo real (13).
Así pues, el ideal homogeneizador ya estaba presente en el absolutismo. Norman Hampson afirma que: “El ritmo de aplicación y la capacidad de supervivencia de las reformas implican que el terreno se hallaba ya bien preparado antes de que la Asamblea se reuniera” (14).
Tras la Revolución Francesa el impulso centralizador y homogeneizador se acelera. Según Odilon Barrot: “La monarquía francesa […] había empleado siglos en disolver todas las fuerzas resistentes de la sociedad […] Había dejado, sin embargo, subsistir aún algunos restos de las instituciones de la Edad Media. Pues bien, la Asamblea constituyente hizo tabla rasa de estos últimos obstáculos: independencia del clero, tradición de la nobleza, cuerpos sociales urbanos, estados provinciales, corporaciones, parlamentos, oficios hereditarios, todo desapareció un día, no para ser reformado en un sentido de libertad, sino para enriquecer con sus despojos y acrecentar aún más el poder central” (15).
Y Royer-Collard decía: “Es cierto que estas instituciones, estas magistraturas, no compartían la soberanía; pero por todas partes le oponían unos límites que el honor defendía con obstinación. Ninguna ha sobrevivido, y ninguna otra ha surgido en su lugar. La Revolución no ha dejado en pie más que a los individuos […] De la sociedad pulverizada ha salido la centralización” (16).
Los mapas fueron utilizados en este proceso de pulverización de la sociedad. Las prácticas cartográficas tenían como objetivo mostrar un espacio uniforme en línea con la administración uniforme de la ley. Los nuevos mapas nacionales reprimieron las diferencias regionales para despersonalizar el antiguo orden jerárquicamente ordenado. La utilización de los mapas para la creación de un orden uniforme, iniciado en el absolutismo, continuó en los regímenes republicanos. En la Asamblea Constituyente, Francia fue dividida en ochenta y tres departamentos, cada uno de ellos con un área territorial aproximadamente igual, adecuada para constituir una unidad administrativa. Las antiguas provincias fueron abolidas (17). Esta reorganización se mantuvo en lo esencial hasta nuestros días (18).
Los Estados utilizaron los mapas como ayuda porque creyeron necesario producir culturas nacionales homogéneas, no sólo para legitimar sus características nacionales “esenciales” sino también para movilizar a sus poblaciones para el trabajo y el servicio militar. En esta tarea se utilizó también, entre otros instrumentos, el desarrollo de programas artísticos nacionales, como las iniciativas de teatro nacional en Inglaterra y Francia (19). El nuevo ideal del siglo XIX sería el Estado étnicamente uniforme. Un Estado étnicamente uniforme se encuentra en mayor armonía con la militarización y el desarrollo de instituciones parlamentarias que los Estados mixtos. El multilingüismo crea enormes dificultades, tanto en un parlamento como en un ejército. De ahí la hostilidad de la Revolución Francesa hacia el uso de lenguas no francesas en la República (20).
Según Benedict Anderson, la unificación significaba el intercambio de hombres y documentos para facilitar la administración de los asuntos. Para ello, se procedió al reclutamiento de homines novi que no tenían un poder propio independiente y que podían servir como emanaciones de los deseos de sus amos. La posibilidad del intercambio documental se veía alentada por el desarrollo de una lengua oficial de Estado. Cualquier lengua escrita, en principio, podía desempeñar esa función siempre que le otorgaran derechos monopólicos (21). Por ejemplo, José II, el absolutista ilustrado de Austria-Hungría decidió a principios del decenio de 1780 cambiar la lengua de Estado del latín al alemán. Le parecía imperiosa la necesidad de una lengua unificadora que conectara todas las partes de su imperio. Este tipo medidas, al menos hasta el siglo XIX, no estaban dictadas por el nacionalismo, sino por una intención pragmática de unificación y universalización (22).
A mediados del siglo XIX todos los dinastas estaban utilizando alguna lengua vernácula como lengua de Estado y, en virtud del prestigio creciente de la idea nacional en Europa, las monarquías tendieron a virar hacia una identificación nacional (23). Esta “naturalización” de las dinastías de Europa llevó a los “nacionalismos oficiales”, que pueden entenderse como un procedimiento para combinar la naturalización con la retención del poder dinástico, en particular sobre los enormes dominios políglotos acumulados desde la Edad Media o, en palabras de Anderson: “Para estirar la piel de la nación, escasa y estrecha, sobre el cuerpo gigantesco del imperio” (24).
Así se procedió, por ejemplo, a la rusificación de la población heterogénea de los súbditos del zar. Hay una diferencia, pues, entre la homogeneización lingüística entre antes y después del siglo XIX. Antes se debía fundamentalmente a un pragmatismo cotidiano. Después, a un programa consciente impulsado por la idea de nación” (25).
Uno de los mayores impulsos homogeneizadores provino de la guerra. Félix Somary creía que la guerra de masas “uniforma las metas y condiciones de vida” (26). Charles Tilly, que se muestra de acuerdo, destaca la búsqueda de la homogeneidad por parte de los Estados: “En uno de sus más deliberados intentos por levantar el poder del Estado, los gobernantes procuraron a menudo homogeneizar a la población en el transcurso de instituir el gobierno directo” (27).
Señala, a ese respecto, el papel de la guerra, del ejército y del gobierno directo en la homogeneización de la sociedad. La nacionalización del poder militar produjo un amplio movimiento desde el gobierno indirecto hacia el directo. A partir de 1750, los Estados empezaron a avanzar agresivamente desde un sistema de gobierno indirecto hacia un nuevo sistema de gobierno directo: la intervención no mediatizada en las vidas de las comunidades locales, las familias y las empresas. Al pasar los gobernantes de la contratación de mercenarios al reclutamiento de soldados ente sus propias poblaciones nacionales y al incrementar los impuestos para mantener las grandes fuerzas militares de las guerras del siglo XVIII, los Estados negociaron el acceso directo a comunidades, casas y empresas, eliminando con ello a una serie de intermediarios autónomos (28).
Cualquier sistema de gobierno indirecto fijaba serios límites a la cantidad de recursos que los gobernantes podían extraer de la economía circundante. Por encima de dichos límites los intermediarios en los que se apoyaba el gobierno indirecto (los nobles, especialmente) adquirirían cierto interés en impedir la extracción de recursos, e incluso en aliarse a la resistencia del pueblo llano a las exigencias del Estado. Por ello, surgió el interés de los gobernantes en minar el poder autónomo de los intermediarios y acordar coaliciones con importantes segmentos de la población subordinada. Este interés se acrecentaba al exigir la guerra mayores recursos. Así pues, los ejércitos nacionales permanentes, los Estados nacionales y el gobierno directo fueron origen unos de los otros (29).
La Reforma protestante ofreció a los gobernantes de Estados menores una espléndida oportunidad para definir la idiosincrasia y homogeneidad de su nación frente a los grandes imperios, así como la oportunidad para cooptar al clero y su aparato administrativo en servicio de los fines regios. Un solo clero y una fe común unidos al soberano eran un poderoso instrumento de gobierno (30).
La Revolución Francesa y el Imperio, el periodo entre 1789 y 1815, promovieron la transición general en Europa del gobierno indirecto al directo, o bien suministrando un modelo de gobierno centralizado que imitar o bien imponiendo dicho modelo dondequiera que Francia conquistaba (31).
A partir de 1850, la organización militar de los Estados se trasladó desde un segmento dominante y parcialmente autónomo de la estructura del Estado a una posición más subordinada, como el mayor de diversos departamentos diferenciados, bajo autoridad de una administración predominantemente civil. La nacionalización de las fuerzas militares durante el siglo anterior había ya impulsado a la mayor parte de los Estados europeos a negociar con su población la entrega de reclutas, materiales de guerra e impuestos; los gigantescos ejércitos de ciudadanos implicaban una invasión sin precedentes en las relaciones sociales cotidianas por parte del Estado.
Con el paso a un gobierno directo los Estados pasaron de una represión reactiva a una proactiva. Hasta el siglo XVIII los estados reaccionaban a las rebeliones o sediciones pero no establecían una vigilancia continua sobre posibles rebeldes. Con la instauración del sistema de gobierno directo vino la creación de sistemas de vigilancia e información. Las fuentes policiales nacionales penetraron en las comunidades locales. La policía política y criminal hizo causa común en la elaboración de expedientes, puestos de escucha, informes rutinarios e inspecciones periódicas.
Del mismo modo, se empezó a “inspeccionar los conflictos laborales y las condiciones de trabajo, a constituir y regular sistemas nacionales de educación, a organizar la asistencia a pobres e incapacitados, a construir y mantener líneas de comunicación, a imponer aranceles en beneficio de las industrias nacionales y otras mil actividades que los europeos dan hoy por sentadas como atributos de la autoridad del Estado” (32).
La vida se homogeneizó en el interior de los Estados y se heterogeneizó entre distintos Estados. Cristalizaron los símbolos nacionales, se unificaron los idiomas nacionales, se organizaron los mercados de trabajo nacionales. La guerra misma se convirtió en una experiencia homogeneizadora cuando soldados y marinos representaron a la totalidad de la nación, y la población civil soportó privaciones y responsabilidades comunes (33).
El control de las actividades económicas fue otro factor, al mismo tiempo facilitado por y promotor de la homogeneización. A este respecto hay que señalar la importancia del mercantilismo. El mercantilismo, como explica Eli Hecksher, aspiraba a poner la vida económica al servicio del Estado. El punto de vista de los mercantilistas era el de utilizar la política económica al servicio del poder como un fin en sí mismo (34). El bienestar de los súbditos tenía únicamente como finalidad sentar una base sólida y necesaria para el poder del Estado (35). La labor de unificación del mercantilismo buscaba, en el interior, asegurar el poder del Estado frente a otros organismos de carácter particular; y, en el exterior, buscaba asegurar el poder frente a otros Estados (36). Para afirmarse contra rivales en la búsqueda de territorio y poder, el Estado nacional moderno tenía que estar internamente consolidado y ser fuerte. Alcanzar esa unidad fue uno de los principales objetivos del arte del gobierno del período mercantilista (37).
En la búsqueda de unificación y control de la vida económica, el Estado promovió la búsqueda de la instauración de un régimen aduanero único. En Inglaterra se observa, ya entre 1275 y 1350, el desarrollo de un sistema aduanero nacional, absolutamente independiente de los tributos aduaneros de las ciudades y colocado íntegramente en manos del Estado (38). La unificación aduanera se enmarcaba dentro del fenómeno más amplio de la homogeneización legal y administrativa, encaminada al control de las actividades económicas. Por ejemplo, en una memoria dirigida a Luis XIV en 1665, Colbert hablaba de un gran proyecto “encaminado a poner todo el Reino de Vuestra Majestad bajo la misma ley y el mismo sistema de pesos y medidas” (39). En 1676, Sir William Petty afirmaba que uno de los obstáculos que se oponían a la grandeza de Inglaterra era la falta de unidad en la administración del reino inglés (40). Al reunirse los Estados Generales de Francia en 1789 se exteriorizó la aspiración de lograr la unidad en materia de legislación y de administración de justicia, afirmándose que “parece natural que Francia sólo tenga un rey común y que no se considere necesaria más que una ley”. Esta aspiración contribuyó a la recepción del derecho romano en aquellos países, como Inglaterra, en que no se había desarrollado un derecho uniforme sobre bases nacionales (41).
En conclusión, el ideal de la homogeneización fue uno de los principales instrumentos por los que el Estado desarrolló un poder sin precedentes. Por medio de la homogeneización de la población, la religión, el idioma, la cultura, la administración, el territorio, la ley, las actividades económicas, los impuestos, los pesos y medidas, etc., los hombres se convirtieron en piezas individuales homogéneas e intercambiables cuyo principal punto en común era el sometimiento al servicio del Estado.
(1) Malcolm Anderson, Frontiers. Territory and State Formation in the Modern World (Cambridge: Polity Press, 1966), p. 5.
(2) Charles Tilly, Coerción, capital y los estados europeos (Madrid: Alianza Editorial, 1990), p. 164.
(3) Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (México: Colección popular, 1993), pp. 87-88
(4) Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento (Madrid: Unión Editorial, 1994), p. 259
(5) Jouvenel, Sobre el poder, p. 379.
(6) Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución (Madrid: Alianza Editorial, 1989), p. 77.
(7) Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 91.
(8) Tocqueville El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 95-96.
(9) Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 110.
(10) Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 112.
(11) Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, pp. 112-113.
(12) Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 131.
(13) Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 192.
(14) Norman Hampson, Historia de la Revolución Francesa (Madrid: Alianza Editorial, 1984), p. 124
(15) Citado por Jouvenel, Sobre el poder, p. 381.
(16) Citado por Jouvenel, Sobre el poder, p. 382.
(17) Hampson, Historia de la Revolución Francesa, p. 127.
(18) Hampson, Historia de la Revolución Francesa, p. 130.
(19) Michael J. Shapiro, “Nation-states”, pp. 271-288 en A Companion to Political Geography, ed. John Agnew, Katharyne Mitchell y Gerard Toal (Malden: Blackwell Publishing, 2003). p. 279.
(20) Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn, “Monarchy and War”, Journal of Libertarian Studies, vol. 15, no. 1 (Otoño 2000): 1-41
(21) Anderson, Comunidades imaginadas, pp. 88-89.
(22) Anderson, Comunidades imaginadas, pp. 124-125.
(23) Anderson, Comunidades imaginadas, p. 125.
(24) Anderson, Comunidades imaginadas, p. 127.
(25) Anderson, Comunidades imaginadas, pp. 130-132.
(26) Felix Somary, Crisis y Futuro de la Democracia (Madrid: Unión Editorial, 1972), p. 47
(27) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, p. 164.
(28) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, p. 160.
(29) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, p. 161.
(30) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, pp. 164-165.
(31) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, p. 165.
(32) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, p. 176.
(33) Tilly, Coerción, capital y los estados europeos, p. 177.
(34) Eli F. Heckscher, La época mercantilista (México: Fondo de Cultura Económica, 1983), p. 463.
(35) Heckscher, La época mercantilista, p. 466.
(36) Heckscher, La época mercantilista, p. 461.
(37) Michael A. Heilperin, Studies in Economic Nationalism (Ginebra y París: Droz, Minard, 1960), p. 73.
(38) Heckscher, La época mercantilista, p. 36.
(39) Heckscher, La época mercantilista, p. 96.
(40) Heckscher, La época mercantilista, p. 37.
(41) Heckscher, La época mercantilista, pp. 95-96.
