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Que no te engañen: Tauromaquia no es libertad

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Que no te engañen: Tauromaquia no es libertad

Hace unos días un compañero y amigo, al que aprecio y admiro, escribía un artículo para el Instituto Juan de Mariana, institución en la que tengo el placer de trabajar. El artículo, a mi juicio poco acertado, señalaba que la posición abolicionista de la tauromaquia es “de mirada corta y sectarismo amplio”, y que su defensa, en cambio, es “expresión máxima de la Libertad”.

En contra de lo que muchas personas piensan, y pese a la popularidad que siguen teniendo estos “festejos” en muchas zonas de España, algunas encuestas como la elaborada por SocioMétria para el digital El Español en 2019, apuntan a que más de la mitad de los electores españoles está a favor de “prohibir o limitar” las corridas de toros (56,4%) y la cacería (53,8%). Esta cifra, dos años después, no creo que haya cambiado mucho, y dudo también que nos permita concluir que el 56,4% y el 53,8% de los españoles, respectivamente, tienen posiciones sectarias y dogmáticas. Diría yo que parece todo lo contrario.

El artículo, que se trata de una defensa más bien estética, cultural, e incluso diría que identitaria de la tauromaquia, deja de lado que la cuestión importante no es si esta tiene valor estético, sino si está ética y políticamente justificada. 

En ese debate, precisamente, es en el que se enmarcan posiciones como la que pretendo defender aquí. Posiciones, que, aún bebiendo de tradiciones filosóficas diferentes, coinciden en la afirmación normativa de que debemos tener una mayor consideración por el sufrimiento de los demás, incluidos los animales no humanos. 

Dos teorías diferentes, aunque no son las únicas, nos permiten aproximarnos a esta cuestión: el utilitarismo y las teorías de los derechos morales. 

Empezando por la primera, el utilitarismo es una doctrina moral universalista, asistencialista, consecuencialista y agregativa. Es asistencialista porque define lo “bueno” en base al bienestar (o felicidad) de los individuos. Es consecuencialista porque evalúa la corrección (o incorrección) de las acciones de los individuos en base a su consecuencia esperada. Y es agregativa porque considera los intereses de todos los individuos afectados de forma agregada. (Mill, 1861; Singer, 1985). 

Autores como Jeremy Bentham (1780) o Stuart Mill (1861), aunque no plantean la necesidad de otorgar derechos a los animales no humanos, defienden que tenemos la obligación moral de no menospreciar sus intereses por el mero hecho de no pertenecer a la especie humana y de causarles daños graves por motivos triviales. Esto no es más que la extensión del principio humanista, heredero de la tradición judeocristiana, de la compasión ante el sufrimiento de los demás, extendido para abarcar a todos los individuos con capacidad de sufrir. 

Sin embargo, ha sido Peter Singer el autor utilitarista de referencia para la cuestión animal. Desde su obra Animal Liberation (1975), ha dedicado su actividad académica principalmente a la discusión de los argumentos de la discriminación por razon de especie, del rechazo al maltrato animal y el apoyo a una dieta vegetariana, así como del reconocimiento de igualdad moral para los animales no humanos. En concreto se basa en dos principios (Singer, 1999):

  • El principio de igual consideración de intereses. Es decir, aceptar que los juicios éticos deben ser universales, esto es que intereses iguales deben ser tenidos en cuenta igual en nuestra deliberación moral, con independencia de otros atributos irrelevantes del individuo de cuyos intereses se trate.
  • La regla principal del utilitarismo de preferencia, como extensión del principio de igual consideración de intereses. Esto es, actuar de tal forma que se maximice la satisfacción esperada de los intereses de los individuos afectados por una acción, sin que quepa ningún tipo de descriminación injustificada. 

Para el autor, no existe motivo alguno por el cual los animales no humanos deban ser excluidos del concepto de individuos al que se refieren estos principios. Los motivos que aduce son los siguientes: a saber, que la sintiencia, o capacidad de sufrir y/o gozar, es un “requisito para tener cualquier otro interés, una condición que tiene que satisfacerse antes de que podamos hablar con sentido de intereses” (Singer, 1999: 43). Es decir, la sintiencia sería una condición suficiente para tener intereses y que estos puedan pasar a ser considerados de igual forma. Y no la racionalidad, la inteligencia, el lenguaje, la capacidad de tener acuerdos morales recíprocos o la pertenencia a una u otra especie. 

En segundo lugar tenemos a una de las teorías deontológicas por excelencia: las teorías de los derechos morales. Estas sostienen que hay ciertas cosas que no podemos hacer contra los individuos, porque estos son poseedores de derechos morales. O dicho de otra forma, que hay cosas que estos individuos pueden hacer porque les ampara un derecho. Ese derecho supone a la vez una habilitación y un límite para actuar. Para algunos autores, son de carácter negativo y requieren únicamente la abstención de un individuo de realizar cierto tipo de acciones. Para otros, requiere algún tipo de acción. 

Henry Salt, como defensor del enfoque de los derechos, presenta otra perspectiva diferente de la de Singer. Para el autor, asumir que los animales no humanos tienen derechos resulta tan obvio como asumir que los tienen los humanos. Pues debe aplicarse el mismo sentido de justicia y compasión a ambos: no se puede otorgar derechos a unos (los seres humanos), de forma consistente, y negarlos a otros (los animales no humanos). Esto es, no se puede, sin caer en una incoherencia, reclamar la libertad para uno a menos que estemos dispuestos a permitirla a otros individuos. En este sentido, que esos otros pertenezcan a otra especie, no es relevante. (Salt, 1894) 

Más tarde, Tom Regan continuaría su legado. De acuerdo con este autor, los individuos poseen ciertos derechos morales cuya inviolabilidad no depende de la utilidad agregada que un acto reporte a otro grupo de individuos. No existe un buen fin que justifique el uso de unos medios que violen los derechos de un individuo. Los animales no humanos, pese a carecer de muchas de las habilidades que poseen los humanos, no tienen menos valor inherente y, por ende, tienen el mismo derecho que los demás a ser tratados de forma respetuosa. El origen de este derecho está en la capacidad que todos estos individuos tienen de experimentar una vida. Son criaturas conscientes con un bienestar individual valioso independientemente de la utilidad que pueda reportar a los demás. Para el autor, cualquiera que sea “sujeto de una vida” tiene valor inherente. (Regan, 1983)

En definitiva, existen argumentos relevantes para, como mínimo, oponerse a las prácticas que, como la tauromaquia, producen algún tipo de sufrimiento no consentido en los demás, pertenezcan a la especie que pertenezcan; así como para rechazar que el legado cultural de una práctica pueda ser condición suficiente para su mantenimiento.

El Estado y las redes sociales contra la ciencia

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

No hay ninguna duda de que para el Estado la ciencia es una incomodidad. La razón es muy sencilla: pone límites a su actuación, revelando sus fallos e inconsistencias. El caso más obvio es el de la teoría económica, contra la que el Estado libra una batalla prácticamente desde los orígenes de la concepción moderna de la disciplina, que se puede datar casualmente (o no) muy en las proximidades del origen de la concepción actual del Estado como regulador de la vida cotidiana.

En efecto, en la medida en que la teoría económica sea generalmente conocida, las posibilidades de actuación del Estado en pro de un supuesto interés general se verán estrechadas. Es por ello que al Estado no le conviene que la teoría económica sea clara, robusta, no ambigua y de conocimiento general. El ejemplo paradigmático lo constituye el salario mínimo. Cualquier economista honesto sabe que la subida del salario mínimo genera desempleo. Sin embargo, los gobiernos lo suben (miren al español los últimos dos años) y al mismo tiempo dicen estar luchando contra el desempleo, que es una de las principales preocupaciones de los españoles. Más grave aún, siempre encuentran pseudoeconomistas dispuestos a poner en duda la aseveración inicial.

Con una teoría económica clara y generalmente aceptada, los Estados quedarían desenmascarados, lo mismo que si nos dijeran que la ley de la Gravedad no afecta a los individuos y que podemos saltar desde nuestras ventanas sin peligro. Pero mientras haya confusión y ambigüedad, podrán seguir haciendo estas y otras cosas, como subirnos los impuestos por nuestro bien. Así pues, tienen todos los incentivos, y desgraciadamente los recursos, para embarrar el terreno de juego. Y por eso en la actualidad la mayor parte del trabajo de los economistas se dedica a buscar fallos de mercado y formas de solucionarlos con la intervención estatal, esto es, a buscar excusas para la existencia del Estado. Nadie muerde la mano que le da de comer.

Las características de la teoría económica, su metodología, la hacen especialmente vulnerable a este tipo de ataques, dado que no hay elementos objetivos externos al economista que permitan validar o refutar sus teorías. Pero lo que hemos podido comprobar durante los meses que llevamos de pandemia es que las disciplinas científicas (como la epidemiología en este caso) también están sujetas a estos ataques por parte de los Estados, que tampoco quieren que las ciencias naturales pongan coto a su actuación. Las razones por las que esto es así se me escapan: a mi entender un político debería estar deseoso por dejar este marrón en manos de los científicos y lavárselas como Poncio Pilato. Pero no lo hacen. Quizá sea porque perciben ventajas para ellos en esta situación (obtención de mayores poderes a costa de la sociedad civil) o quizá simplemente porque no están dispuestos a reconocer que han cometido graves errores en la gestión de la pandemia, lo que les podría suponer un descalabro electoral en nuestros sistemas democráticos.

El caso es que les conviene que no haya claridad sobre cómo se propaga el virus, sus efectos y sus consecuencias, para que nadie sepa si lo que hacen está bien o mal hecho. Así, hemos descubierto que los datos no son tan objetivos como parecen, que los muertos por COVID pueden o no ser por COVID, que los PCRs negativos se pueden hacer positivos con un número suficiente de iteraciones, y así con cada uno de los datos que construyen la evidencia “científica” sobre la que se basan las decisiones políticas.

Esa falta de claridad la estamos pagando en vidas humanas y deterioro económico. El ejemplo más prominente es el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Cualquier epidemiólogo y profesional de la medicina te dirá que es una medida inútil; sin embargo, ahí está toda la ciudadanía con el cacharro por la calle, incluido cuando sales solo por la montaña, mientras que se la quita en los momentos de más riesgo, como estar charlando media hora con unos amiguetes tomando unas cañas. ¿Por qué no se aclara de una vez el mecanismo de contagio del COVID?

Y es que los Estados saben perfectamente lo que tienen que hacer en nuestras sociedades para aparentar que sus decisiones son científicas. Nos lo explica magistralmente el gran Malcolm Tucker en una escena inolvidable de la serie británica “The Thick of It”, en la que explica al ministro de educación cómo apartarse de los consejos de un experto en la materia legislada:

– Bueno, mi experto estará totalmente en contra.

– ¿Quién es tu experto?

– Ni idea, pero te puedo conseguir uno esta misma tarde. Has hablado con el experto equivocado. Tienes que hablar con el experto adecuado.

En esta ceremonia de la confusión, los Estados han encontrado un gran aliado espontáneo en las redes sociales, donde para cada testimonio supuestamente fiable en un sentido, es facilísimo encontrar dos o tres en sentido contrario, de forma que cada uno se puede quedar con la verdad que le convenga.

Esta situación, sabiamente dirigida por gobiernos y medios de comunicación afines, termina llevando a la sociedad a un marasmo en que la única realidad válida y útil es la legislación gubernamental. Nadie sabe cómo se propaga el virus, lo único cierto es que no podemos salir de casa sin mascarillas porque nos pueden multar.

Pero, claro, eso nos sitúa ante otro problema. Si hacemos esfuerzos conscientes para dinamitar la expansión de la ciencia, tampoco nos valdrá la ciencia para salir de la situación en la que estamos, pues a esta situación no hemos llegado como respuesta científica a un fenómeno natural, si no como respuesta meramente política, guiada por criterios más o menos opacos. Por ello, por increíble que nos pueda parecer, solo cabe una salida política de la situación en que nos encontramos. Tal salida política tiene en estos momentos un nombre (vacuna) y muchos apellidos (Astra Zeneca, Pfister, Johnson & Johnson…).

Una vez más, poco van a importar los estudios científicos que se hagan sobre la validez o no de dichas vacunas. Ya tenemos las redes sociales colapsadas con muertos por causa de la vacuna, vacunados que han contraído la enfermedad, poca duración de los efectos, necesidad de vacunarse todos los años… todo ello previsible en un mundo a la caza y captura de clicks. De nuevo, se ha generado el caldo de cultivo para que se oscurezca la verdad o mentira del funcionamiento de las vacunas ante el COVID, lo que nos deja en mano de las decisiones meramente políticas, y no científicas.

Por si no queda claro: el fin de las restricciones asociadas a la pandemia (que es lo que realmente ha trastocado nuestras vidas y no el virus, por muy pernicioso que sea) no será una cuestión científica sino política. De esta saldremos cuando los políticos así le decidan, o, alternativamente, cuando los ciudadanos se rebelen.

En resumen, flaco favor el que han hecho las redes sociales a la ciencia y a los ciudadanos a los que sirven; ojalá lo terminen pagando de alguna forma.

La transgresión del capote

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

No corren buenos tiempos para las vanguardias y la transgresión, para lo desafiante, para lo litúrgico o para lo ceremonial. No corren buenos tiempos para lo eucarístico, que no por ello religioso. No hay espacio ya para lo incómodo o lo desafiante en esta sociedad de desinfectante y espacios protegidos. No corren buenos tiempos para la tauromaquia. Precisamente por ello, urge más que nunca defenderla. No únicamente por la tauromaquia en sí, sino también por lo que representa.

En España -no así en Francia, Portugal o Latinoamérica- se ha tratado históricamente de politizar y polarizar el sempiterno debate en torno a la tauromaquia. El actual segundo partido del Gobierno ha tratado siempre dicha cuestión como una guerra de trincheras entroncada en la amplia batalla cultural de la vieja Piel de Toro. Tal y como afirma con acierto Rubén Amón en “El Fin de la Fiesta” (Debate, 2021), los toros son un escándalo y precisamente por ello hemos de reivindicarlos y defenderlos de aquellos que veneran las sociedades indoloras, inodoras e insípidas.

Los toros son un arte transgresor porque hacen al espectador -pasivo, incluso- ser consciente de la existencia de la muerte y el dolor. Sí, el dolor. Y la muerte. La sociedad moderna parece querer vivir de espaldas a ambas realidades y tratar algo que es cotidiano como un fenómeno marginal. Lo hemos comprobado a raíz de la pandemia. Piensen en la trifulca que se armó, con argumentos de deontología periodística mediante, por la publicación, en la portada del diario El Mundo, de la morgue del Palacio de Hielo. Una sociedad que pretendía seguir tratando la muerte como un fenómeno marginal cuando, desgraciadamente, en aquel momento, era el máximo exponente de la cotidianeidad. Como cuando a un niño pequeño le tapan los ojos o le mandan a su habitación para evitar que presencie una pelea o discusión. Lo único que en este caso eran adultos quienes decidían -y deciden- taparse voluntariamente los ojos y marcharse a su habitación.

Claro que los toros son muerte, dolor y sangre. Pero el taurino no es taurino por ello. El abolicionista sí. El taurino valora y aprecia esa lucha leal y valiente entre toro y torero, entre uro y matador. Los toros reivindican lo estéticamente rompedor y vanguardista a la par que la eucaristía pagana y la liturgia en una sociedad secularizada. Los tauromaquia es conciencia del peligro, la incertidumbre y el arrojo frente al abolicionismo de mirada corta y sectarismo amplio.

Tan sectario y dogmático es el abolicionismo que han tenido que teñir con argumentos políticos un fenómeno que en su origen era puramente artístico y cultural. Los antitaurinos han tratado de erosionar la transversalidad social propia de la tauromaquia politizando al extremo el debate acerca de su legitimidad. En un lado, han tratado de posicionar a la izquierda progresista, presuntamente ecologista y sensible, frente, al otro lado, la derecha presuntamente cavernaria y retrógrada, maltratadora e insensible. Esta dicotomía es la máxima expresión de la estulticia y del desconocimiento acerca de la tauromaquia.

Aunque como fenómeno de masas siempre se ha tratado de politizar el arte del toreo, no hace tanto que se comenzó a emplear como arma arrojadiza en el lodazal político. Las Ventas ha sido presidida tanto por la Pasionaria, en 1936 y al son de “La Internacional”, como por Himmler, en 1939, acompañado de una esvástica colocada sobre el arco de la Puerta Grande del ruedo madrileño para la ocasión. Himmler, quien, por cierto, era marcadamente ecologista y animalista, al igual que muchos de sus compañeros de partido. Las injerencias políticas en la tauromaquia son escasamente conocidas por aquellos que hiperbolizan y polarizan el debate. Tanto es así que una concursante de Operación Triunfo, en 2020 y tras años de estudio de la tauromaquia y profunda reflexión, expresó sosegadamente refiriéndose al arte propio del traje de luces: “Hostias, es que es muy nazi”. Las elevadas sumas de pesetas destinadas por Ernesto Guevara a un boleto en barrera de Las Ventas no parecen respaldar tal profunda disertación.

El hecho es que la tauromaquia siempre ha sido empleada arbitrariamente por manipuladores políticos de todo signo y color. Hoy en día, Abascal y sus acólitos pretenden hacernos creer que el arte del toreo es patrimonio exclusivo de la derecha. De su derecha. Tratan la tauromaquia como un fenómeno identitario más, al igual que la caza o la inmigración. Pretenden hacer de ella, al igual que los abolicionistas, un motivo más de confrontación y pugna. Y eso, como bien afirma Rubén Amón en su obra recientemente editada y previamente citada, no hace ningún bien ni a la tauromaquia ni a sus aficionados. Los toros como cultura, como fenómeno artístico transgresor y vanguardista, a la par que ritual, han de ser defendidos de manera no identitaria para hacer que recuperen la transversalidad que, precisamente aquellos que no disfrutan de la tauromaquia -pero sí la emplean como arma política- le hicieron perder. Tampoco nos confundamos. No es este un fenómeno extraordinario, sino un síntoma más de la hiperpolitización de la sociedad en la cual vivimos sumergidos.

Desde la posición de la izquierda española se ha tornado extremadamente sencillo arremeter contra la tauromaquia y sacar brillo de la supuesta superioridad moral arrogada por ellos mismos. No han tenido más que diseñar una estrategia dialéctica propicia del tablero inclinado de la política española, presentando un debate dicotómico e impermeable a los matices. Toros sí o no, marque su casilla. Sin espacio para la reflexión ni la duda. Así lo ha querido plantear la izquierda, y, mal que me pese, lo ha logrado. El binarismo propio de dicho planteamiento ha conllevado a un debate zafio, falto de argumentos y conducido únicamente por la inercia política.

Por supuesto que hay que defender la tauromaquia, pero de manera inteligente. Sobre todo, hay que protegerla de la prohibición como fenómeno paternalista. De la prohibición como látigo corrector de la cultura, tradiciones y arte considerados cavernarios y retrógrados por un grupo de burócratas amantes de la intromisión e injerencia política.

Debemos defender los toros como expresión máxima de la libertad. Debemos defender la tauromaquia como arte vanguardista en esta sociedad de algodones. Debemos defender la transgresión del capote.

El lenguaje económico (II): Las matemáticas

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario. 8 comentarios en El lenguaje económico (II): Las matemáticas

Otro de los ámbitos de nuestra crítica al lenguaje económico es el referido al uso de la matemática y la geometría como sustitutos del lenguaje verbal. En efecto, la matemática es omnipresente en los currículos universitarios: econometría, álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, optimización matemática, estadística descriptiva, cálculo de probabilidad e inferencia, etc. Hoy expondremos las posibles razones de esta matematización y justificaremos que su uso es tan innecesario como detrimental para la ciencia económica.

La disputa sobre el método

En primer lugar, nuestra crítica se enmarca dentro de un problema más amplio de carácter epistemológico, a saber: ¿Cuál es el método apropiado en la economía? El paradigma dominante en la actualidad es el positivismo: el «único» medio de conocimiento científico es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos: «La ciencia es medida». Tomemos como ejemplo la astronomía: los planetas describen órbitas precisas y regulares que, tras observación, permite a los científicos establecer hipótesis y someterlas a verificación experimental. En este caso, «las matemáticas son adecuadas para recoger los estados repetitivos y en equilibrio que se dan en el mundo de la mecánica» (Huerta de Soto, 2014: 29). Denominar «mecánica celeste» al movimiento regular de los astros, por tanto, es una metáfora admisible.

El gran prestigio de la física se debe a su elevada capacidad predictiva y por ello los astrónomos, por ejemplo, predicen con exactitud un eclipse con muchos años de antelación. Sin embargo, los hombres no son entes inanimados y no se comportan mecánicamente, tienen voluntad propia y persiguen fines variados. Las ciencias humanas estudian fenómenos praxeológicos[1] donde no existen relaciones constantes entre las variables y, por tanto, el concepto de medición carece totalmente de sentido (Mises, 2011: 271; Huerta de Soto, 2014: 27).

Para poder medir una categoría —espacio, tiempo, superficie, volumen, tensión eléctrica, temperatura— necesitamos una unidad de medida que sea constante —metro, segundo, área, litro, voltio, grado Kelvin—, pero en economía «no hay parámetros: todos son variables» (Huerta de Soto, 2014: 17). Los economistas matemáticos deseaban imitar los logros de las ciencias «duras» empleando sus mismos métodos. El propio Schumpeter (2012: 906) afirmaba que León Walras —el primer economista matemático— era el más grande porque su sistema del equilibrio económico soportaba una «comparación con los logros de la física teórica». Los economistas austriacos denominan cientismo a este «intento profundamente acientífico de transferir acríticamente la metodología de las ciencias físicas al estudio de la acción humana» (Rothbard, 2011: 3). Por desgracia, la disputa sobre el método en la ciencia económica es el origen de otros tantos desacuerdos en el plano teórico, tal y como apunta Moreno (2021):


La metodología es uno de los campos donde más disputa hay dentro de la ciencia económica. Es decir, si hay disputa por el propio método, sabiendo que este constituye la propia base sobre la que desarrollar cualquier edificio teórico posterior, difícil será encontrar consenso en las teorías más básicas o aplicadas a la realidad. Sin duda, esto constituye uno de los problemas más graves de la ciencia económica actual y explica, en parte, la cantidad de divergentes corrientes que hay en ella.

     Concluyendo, obtener conocimiento verdadero[2] exige un método correcto y el saber económico no puede, por más que lo intente, imitar el método de las ciencias físicas.

El lenguaje matemático

Tras la obligada introducción epistemológica, pasamos a analizar los problemas del lenguaje matemático y su representación gráfica. Por ejemplo, veamos como se matematiza un contrato de telefonía cuya cuota mensual es un fijo de 10€ más 10 céntimos por minuto (T) hablado. La factura (F) mensual se expresaría así: F = 10€ + 0,1 T; lo que a su vez se representa en un gráfico donde el eje de ordenadas es el precio de la factura (F, variable dependiente) y el eje de abscisas es el tiempo hablado (T, variable independiente). La ecuación tiene la forma de una línea recta que arranca en la posición 10 de la ordenada (F), cuya pendiente (altura/base) es 0,1.[3] Cabe preguntarnos si esta «traducción» sirve para algo o «no es más que vana manipulación de símbolos matemáticos, inútil pasatiempo que no proporciona conocimiento alguno» (Mises, 2011: 305). En efecto: F (T) o «F es función de T» no es distinto de algo ya sabido: que el monto de la factura depende de cuanto tiempo hablemos por teléfono. Podríamos relatar infinidad de ejemplos. Si el precio (P) del bien A es mayor que el de B, lo matematizamos así: PA > PB. O también, si el precio de una Pepsi es 5€ y el de una pizza 10€, la pendiente de la «restricción presupuestaria» es 10€/5€ = 2 (Mankiw, 2007: 315). Como advierte Huerta de Soto (2014:28): «Los economistas matemáticos primero han de construir lógicamente sus teorías y luego traducir sus resultados al formulismo matemático», esta innecesaria complicación choca frontalmente con el principio de sencillez o parsimonia atribuido al escolástico Guillermo de Ockham (1280-1349). A continuación, veremos que su «navaja» está mucho más afilada que la «tijera» de Marshall.

La Tijera de Alfred Marshall

Otra representación criticable es la famosa «Tijera» de Alfred Marshall (1842-1924), expresión gráfica de las curvas de oferta (ascendente) y demanda (descendente) que se cortan en el punto de equilibrio (E) que determina el precio (P) y la cantidad de producto (Q) de un intercambio. Los economistas austriacos han presentado numerosas objeciones a este gráfico (Mises, 2011: 402):

Podemos representar esta interacción de la oferta y la demanda mediante dos curvas cuyo punto de intersección nos daría el precio. También se puede expresar lo mismo con símbolos matemáticos. Pero conviene advertir que tales representaciones para nada afectan a la esencia de la teoría y ni amplían lo más mínimo nuestros conocimien­tos. No debemos olvidar que nada, mental ni experimentalmente, sa­bemos de la configuración de dichas curvas. Solo conocemos precios de mercado, es decir, el punto de intersección de esas hipotéticas cur­vas; de ellas mismas, nada sabemos. Tales representaciones tal vez puedan tener interés docente para aclararles las ideas a jóvenes prin­cipiantes. En cambio, para la auténtica investigación cataláctica no son más que un mero pasatiempo.

El matemático Mario Zuluaga (2012) realiza una prolija crítica a la tijera de Marshall: «Es un instrumento demasiado simplificado, rígido y desarticulado para explicar la formación de precios; considera la demanda y la oferta como fenómenos independientes sin entender que son fenómenos que se entrelazan y autorregulan». Por otro lado, las curvas de oferta y demanda se pintan de forma continua, cuando

«todas las cantidades en economía vienen cuantificadas de forma discreta» (Zuluaga, 2012). Pero el error más grave es filosófico, porque la «Tijera» presupone que oferta y demanda son conocidas con anterioridad al intercambio, pero las «expectativas del comprador y el vendedor se basan en informaciones dispersas, intenciones personales, intimidades ocultas…etc., que resulta imposible de representarlas por una expresión matemática y con antelación al hecho real de un acuerdo transaccional» (Zuluaga, 2012). El razonamiento correcto es el inverso: solo una vez que se produce el intercambio, fijando precio y cantidad, podemos hacernos una idea retrospectiva sobre la oferta y la demanda.

Por su parte, los economistas neoclásicos contraatacan acusando a los austriacos de carecer del «instrumental matemático adecuado». Lo cierto es que la elaboración de ecuaciones y gráficos no exige tener habilidades matemáticas más allá de los rudimentos de álgebra y geometría que se estudian en el bachiller (Bernanke, Olekalns y Frank, 2005: 36).[4]

La Teoría de la Elección Racional

Para terminar, relataré una experiencia personal que ilustra el error de matematizar las ciencias humanas y, en particular, la economía. En 2011, durante la realización de un máster universitario en filosofía de la ciencia, una catedrática (Universidad de La Laguna) expuso la Teoría de la Elección Racional (TER). Según la TER, cuyo origen es la microeconomía clásica, para que un agente sea racional debe tener preferencias racionales, a saber, completas y transitivas. Sólo el axioma de transitividad resulta problemático: En un conjunto de elecciones S, si un agente prefiere X a X´ y X´ a X´´, entonces prefiere X a X´´. Dicho en matematiqués: Para todos los x, x’, x” en S, si xPx’ y x’Px”, entonces xPx”. Y dicho en román paladino: Si Juan prefiere un té a un café y un café a un chocolate, entonces prefiere un té a un chocolate. Los economistas matemáticos consideran que un orden de preferencias puede representarse como una función ordinal de utilidad: u(x)> u(x´) >u(x”) y que la elección racional coincide con su maximización.

Como pueden suponer los lectores, semejante «teoría» es ajena a la realidad, cuestión que este autor (a la sazón alumno) expuso así: un consumidor puede preferir un café por la mañana, un té por la tarde y un chocolate por la noche; e incluso alterar ese orden al día siguiente sin dejar por ello de ser racional. La profesora, un tanto acorralada por el motín que se formó en el aula, tiró de galones y resolvió la disputa diciendo que se trataba de una teoría «normativa» y que un supuesto era la «continuidad de las preferencias» del agente. La TER, por tanto, no se refiere a cómo elige un ser humano, sino a cómo lo haría un robot cuyos gustos son inalterables. Efectivamente, la transitividad sólo puede darse en un mundo irreal donde los hombres son máquinas o donde el tiempo no existe. Schumpeter (2012:1060) se dio cuenta que los economistas matemáticos estaban forzados a introducir supuestos irreales:

Que las cantidades de servicios productivos que entran en la unidad de cada producto (coeficiente de producción) son datos tecnológicos constantes; que no existen costes fijos; que todas las firmas de una rama de industria producen el mismo producto por el mismo método y en cantidades iguales; que el proceso productivo no consume tiempo; que es posible despreciar los problemas de localización espacial.

En conclusión, el saber económico no puede, por más que lo intente, imitar el método de las ciencias experimentales; por tanto, utilizar un lenguaje matemático es un error epistemológico —postivismo— y una práctica tan innecesaria como detrimental porque no añade conocimiento al proporcionado por el uso de la palabra. Toda la parafernalia matemática sólo consigue dos cosas: a) Convertir a la economía en un arcano: una ciencia misteriosa sólo accesible a los iniciados en esta neolengua llamada «matematiqués». b) Extender innecesariamente el currículo con materias que sólo ocasionan pérdida de tiempo y energía a los sufridos alumnos.

Bibliografía

Bernanke, B; Olekalns, N. y Frank, R. (2005). Principles of Macroeconomics. Australia: McGraw-Hill.

Hayek, F. A. (1952). The Counter-Revolution of Science. Illinois: The Free Press.

Huerta de Soto, J. (2014). Lecturas de Economía Política (I). Madrid: Unión Editorial.

Mankiw, G. (2007). Principios de Economía. Madrid: Thomson

Menger, C. (2013) [1871]. Principios de Economía Política. [Versión Kindle]. Amazon.

Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.

Moreno, V. (2021). «Una pregunta al positivismo en economía». Recuperado de: https://ijmpre2.katarsisdigital.com/ijm-actualidad/analisis-diario/una-pregunta-al-positivismo-en-economia.

Huerta de Soto, J. (2014). Lecturas de Economía Política (I). Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2011). Economic Controversies. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Schumpeter, J. (2012). Historia del Análisis Económico. Barcelona: Ariel.

Zuluaga, M. (2012). «Oferta y demanda: Una crítica a la Tijera de Marshall». Recuperado de: https://mzuluaga.wordpress.com/2012/08/23/tijera/

[1] Del griego, praxis: acción o práctica.

[2]  Episteme, en griego; scientia, en latín.

[3] En cualquier libro de texto académico se enseña cómo traducir una determinada realidad económica en fórmulas, ecuaciones, funciones, tablas y curvas que se cortan dentro de planos cartesianos (Bernanke, Olekalns y Frank, 2005: 36).

[4] “Although many of the examples and most of the end-of-chapter problems in this book are quantitative, none requires mathematical skills beyond rudimentary high school algebra and geometry”.

El lenguaje económico (I): Dinero, precio y valor

Lo que se ve (y lo que no se ve) de las políticas de identidad

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Lo que se ve (y lo que no se ve) de las políticas de identidad

En la actualidad se ha impuesto un concepto de la identidad vinculado con las ideas de pluralidad, flexibilidad, cambio, restitución y reconocimiento. Hablamos de identidad cuando tratamos cuestiones vinculadas con la cultura, el género, la orientación sexual, la religión, etc.

Es en el contexto de Mayo del 68 en el que esta forma de entender la identidad se populariza. Los llamados filósofos de la diferencia (Derrida, Deleuze o Foucault, entre otros), criticaban que el concepto de identidad que había predominado hasta entonces era un concepto estático, que delimitaba lo que podía ser a partir de un modelo hegemónico que empujaba las diferencias en la marginalidad.

La identidad, como propone Manuel Castells (sí, el ministro) en La era de la información, es un producto de construcción de sentido que realiza una persona “atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido “[1]. Al fin y al cabo, la identidad sirve como punto de arraigo, y da sentido personal a la posición como se ocupa en el mundo. Esta no sólo es útil para los individuos, también lo es por los grupos, pues genera personas “ordenadas” que se alinean con los intereses del grupo y contribuyen a su mantenimiento.

Los seres humanos somos seres complejos y nos definimos en base a multitud de etiquetas diferentes. Es por este motivo que en el seno de una misma persona pueden coexistir una pluralidad de identidades. Además, el proceso de construcción y revisión de estas está en constante cambio.

Existen varias reivindicaciones a la política contemporánea que giran en torno a la demanda de reconocimiento de grupos que han sido tradicionalmente despreciados: las personas LGBTI o las minorías étnicas o culturales son ejemplos. Esta demanda de reconocimiento está ligada sobre todo a la dimensión externa de la identidad, es decir, a cómo nos conciben los otros y en qué medida nos reconocen tal como nos definimos. Nuestra identidad, como defiende Charles Taylor, está modelada, en parte, por el reconocimiento (o su ausencia) de los otros [2]. Tanto es así que el otro día un diputado de VOX en la asamblea de Madrid se dirigía en masculino a una diputada trans del PSOE, provocando un manifiesto un malestar y una protesta en esta dirigida al presidente de la cámara.

Mientras que en las sociedades liberales las diferencias habían acomodado mediante la neutralidad política, es decir, la inacción ante reclamos de reconocimiento o compensación; es precisamente como insatisfacción con esta forma de hacer, que surgen las llamadas “políticas de identidad”. Estas políticas, que exigen algún tipo de acción positiva por parte del Estado, parten de la premisa de que la identidad no es un aspecto únicamente privado. Como la sociedad, a través de las instituciones formales del Estado y las informales generadas bottom-up, ha tenido mucho que ver en el proceso de construcción individual y colectiva de la identidad, tendría el deber de revertir situaciones en las que esta construcción ha sido el resultado de la coacción, la presión o la negación de los recursos necesarios.

Si bien algunas de estas demandas pueden ser justas y legítimas, puede que aquellas personas que apoyan no hayan evaluado debidamente los posibles efectos no deseados que pueden generar. A continuación voy a explicar aquellos que más me preocupan.

En primer lugar, aunque la definición que realizan los grupos sobre cómo son o serán sus miembros y la lealtad que muchas veces les exigen, da seguridad, certeza y homogeneidad identitaria, también es una fuente de posible discriminación y exclusión. Los grupos más “exitosos” (que tienen más probabilidades de sobrevivir como grupo) suelen ser aquellos más cerrados y excluyentes y que exigen mayores “contribuciones” a sus miembros. Estas contribuciones actúan como señales honestas costosas [3], que son difíciles de “falsificar”, para minimizar así la posibilidad de que entren free-riders que se aprovechen los beneficios de la pertenencia al grupo sin contribuir en su generación. Sin embargo, estas cuestiones pueden suponer la anulación de la individualidad de sus miembros y acabar disminuyendo su autonomía. Una prueba de ello es que mientras grupos como los los judíos ultraortodoxos o algunas comunidades indígenas piden autonomía para regular las conductas de sus miembros de forma paralela a la legislación ordinaria mantener, ambos son grupos en los que la opción de salida tiene unos costes muy elevados por sus miembros.

En segundo lugar, este tipo de políticas, que benefician a algunos grupos en detrimento de otros, pueden generar un agravio comparativo entre estos, a través de la institucionalización de privilegios que pueden ser considerados como injustos por una parte de la sociedad Esto, lejos permitir acomodar de forma pacífica las diferencias, puede ser un foco de conflicto. Un ejemplo muy claro es la llamada “discriminación positiva” [4].

Finalmente, en estas políticas suele haber un análisis implícito, a mi juicio erróneo. Por un lado, la asunción de que todas las personas que comparten un atributo determinado (ser mujer, por ejemplo) tienen los mismos intereses y, por otra parte, que los colectivos que de un representar sus intereses son los interlocutores legítimos. Esto no sólo es reduccionista, pues supone reducir la identidad de una persona a una característica concreta y hacer de ella una característica definitoria, sino también muy peligroso. Como comentaba en un inicio, las personas podemos sentirnos identificadas con varias etiquetas, además, tenemos que ser nosotros mismos, y no los otros, los que decidimos a qué damos más importancia. Sin embargo, estos grupos que se atribuyen el derecho a representar intereses ajenos, no tienen forma de demostrar que efectivamente representan una mayoría de las personas que comparten este tributo. Así, la identidad colectiva termina por apoderarse de la identidad individual y la sustituye.

Notas

[1] Castells, M. (2001) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen II: el poder de la identidad. Siglo veintiuno editores, pp. 28.

[2] Taylor, C .; Appiah, A .; Habermas, J .; Rockefeller, S. C .; Walzer, M. & Wolf, S. (1994). Multiculturalism. Examining the politics of recognition. Princeton University Press.

[3] Dawkins, R. & Krebs, J. R. (1978). Animal signals: information or manipulation? (282-309). En Behavioural Ecology: an evolutionary approach. Blackwell y Zahavi, A. & Zahavi, A. (1997). The Handicap Principle. Oxford University Press.

[4] España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115.

Libertad y pasaporte COVID

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Libertad y pasaporte COVID

El pasaporte COVID es un certificado europeo de vacunación que podría utilizarse para permitir o limitar la movilidad de los ciudadanos según hayan sido o no vacunados. Ha recibido algunas críticas, también desde filas liberales, a menudo exageradas o mal fundamentadas.

Los problemas y conflictos de interacción social se evitan, minimizan o resuelven con información, incentivos y reglas adecuadas. El estado de vacunación individual en una pandemia es información relevante sobre riesgo propio (vulnerabilidad, inmunidad) y riesgo para otros (ser o no contagioso). Parece razonable e inteligente obtener y utilizar estos datos para exigir confinamientos y permitir movilidad de forma selectiva y limitada en lugar de confinar de forma generalizada o prohibir totalmente la movilidad (o no confinar a nadie y permitir movilidad sin ninguna restricción).

La información acerca de las vacunas y las posibilidades de inmunidad y contagio propio o a otros (efectividad, duración) puede ser imperfecta, pero esta puede mejorarse, utilizarse con cuidado y conocimiento de sus limitaciones, y para tomar decisiones suele ser mejor algo de información que nada de información. Las decisiones pueden modificarse según avance el conocimiento. La información del pasaporte puede complementarse con otros datos relevantes además de la vacunación, como el hecho de haber pasado o no la enfermedad, el disponer o no de anticuerpos o inmunidad, el ser contagioso o no.

El pasaporte incluye información individual de carácter médico: algunos pueden argumentar que esta debería ser estrictamente privada, pero los contagios en una epidemia son externalidades negativas, y la información al respecto un bien público. Los diversos agentes (individuos y asociaciones privadas y públicas) pueden estar legitimados para utilizar esta información en sus decisiones de interacción con otros, por ejemplo al permitir o no ciertos desplazamientos o accesos.

Este pasaporte no es un ejemplo de actuación dictatorial del Estado ni un paso más en una pendiente resbaladiza hacia la dictadura o el totalitarismo. Los Estados ya exigen certificados de vacunación para ciertos movimientos internacionales a zonas problemáticas. Otros certificados restringen las libertades individuales, como por ejemplo el carnet de conducir o ciertas titulaciones para ejercer diversas profesiones.

Este pasaporte no supone la creación de dos castas, vacunados y no vacunados. Las castas son bastante inmutables: en este caso basta con vacunarse para obtener el certificado. Algunas castas clasifican por nacimiento de otro miembro de la casta: no es el caso. Las castas son grupos de interés organizados, suelen estar relacionadas con estatus social por dominación, y conllevan privilegios estamentales de por vida: aquí se trata simplemente de utilizar información sobre posibles riesgos de contagio.

Criticar la escasez de vacunas, la vacunación lenta e ineficiente, o que no hay libertad porque los individuos no pueden decidir vacunarse sino que deben esperar a que el Estado les asigne una vacuna, no es lo mismo que criticar el uso de la información sobre la vacunación. Algunos liberales parecen igualitaristas en el sentido de que quieren que todo el mundo resulte igualmente perjudicado por estos problemas en lugar de minimizar en lo posible los daños sobre la salud y la economía causados por la pandemia. La justicia entendida como tratar igual a todos no es muy acertada cuando existen diferencias relevantes, aunque estas diferencias resulten de otra posible injusticia en el acceso a las vacunas.

Algunos críticos han señalado que la información sobre la inmunidad podría utilizarse en otros asuntos como contrataciones laborales, y que esto sería peligroso porque algunos individuos podrían contagiarse intencionalmente para pasar la enfermedad, resultar inmunes y tener mejores oportunidades laborales. Sin embargo un individuo libre decide por sí mismo qué riesgos quiere asumir a cambio de algún beneficio, sin tutelas o intervenciones paternalistas. La responsabilidad o irresponsabilidad en una pandemia no está tanto en evitar ser contagiado, sino sobre todo en evitar contagiar a otros o suponer costes para otros (tratamientos en sanidad pública).

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LV): Golpe de Estado del 23F

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario.

El reciente aniversario del golpe de estado del 23F ha vuelto a poner en la agenda política muchos de los viejos fantasmas de la democracia española. Se ha debatido el papel del rey, de las fuerzas armadas y de los partidos y fuerzas políticas de la época. Historiadores y expertos reconocen que no disponen aún de toda la información relevante como para cerrar el caso, al menos en lo que se refiere a poder relatar una historia completa de lo que sucedió. A mi en cambio me interesa más analizar el caso desde el punto de vista de la lógica de funcionamiento de un estado avanzado  como  ya lo era el español de aquella época.

En primer lugar cabría analizar las circunstancias precisas del caso. El golpe se da en medio de una sesión de investidura para sustituir al dimitido presidente Adolfo Suárez. Este había dimitido en circunstancias aún sin aclarar del todo a comienzos de enero del año 1981. Se dice que porque no era capaz de controlar a los elementos díscolos de su gobierno, algunos de ellos en abierta rebeldía. También había descontento en otras partes del aparato estatal debido a derivas políticas como el auge de los nacionalismos o a la sucesión de atentados  terroristas de la organización ETA militar, muy activa en aquellos años. 

En primer lugar podemos observar la anarquía imperante en el seno de la propia política. El líder de un partido no puede mantener el dominio sobre sus propia fuerza política, a pesar de estar ungido de todo tipo de legitimidades democráticas y haber resultado claro vencedor en un congreso democrático (algo, por cierto, que se puede ver a día de hoy en el caso del liderazgo del Partido Popular español). Como puede ser eso?  Pues simplemente porque el líder de un partido carece de poder efectivo sobre sus integrantes. Sólo puede “comprarlos” esto es dándoles algún tipo de incentivo monetario o de otro tipo para que le sean leales o bien convenciéndoles de la bondad de su causa.  Además de esto tiene que convencerlos de que su persona es la adecuada para poder seguir disfrutando de estos bienes (económicos o morales) en el futuro.

De fallar esa percepción o de entender estos que sus intereses van ser salvaguardados mejor por otro líder o por otra organización política buena parte de estas personas abjurarán de sus compromisos y pasarán a apoyar a otro líder o cambiarán de partido. El viejo líder no puede hacer nada más que apartarse con dignidad de darse esta circunstancia pues no tiene medios de fuerza para imponerse sobre su propia camarilla política.  El viejo teórico de la política Guglielmo Ferrero en su libro sobre el poder afirmaba que este es una suerte de misterioso espíritu que se posa sobre una persona y cuando este “espíritu” le abandona, sus seguidores no se sabe como se dan cuenta y lo abandonan también a él. Por un cúmulo de razones, muchas de ellas aún por explicar, el presidente Suárez perdió esa “gracia” y sus leales dejaron de serlo y su partido la UCD comenzó a descomponerse primero lentamente y luego a marchas forzadas.

Algo semejante le aconteció en sus relaciones con otros grupos relevantes en el aparato del estado español. Ya se había escuchado el ruido de los sables en un par de tentativas de golpe desbaratadas, como la operación Galaxia en la que se encontraba involucrado el teniente-coronel Tejero entre otros conspiradores,  lo que demostraba poco control sobre las fuerzas militares y los aparatos de seguridad, en especial los servicios secretos españoles, CESID, que ya habían comenzado a distanciarse de él.

Pero, ¿no dominaba el presidente del gobierno a estas organizaciones, formalmente subordinadas suyas? ¿Cómo es que estas pudieron no sólo desobedecerle sino incluso rebelarse en ocasiones abiertamente? Pues por las mismas razones que antes apuntamos. El líder de una parte del estado no puede imponerse por la fuerza a otras partes del estado, y más si estas son las que controlan los medios de hacer valer esa misma fuerza. Necesita convencerlos ideológicamente, mantenerlos leales por alguna suerte de principio de honor o tenerlos satisfecho económicamente para que estos entiendan que les conviene mantenerse leales. De no darse el caso, por los motivos que sean estos se convertirán en desafectos e incluso podrán intentar cambiar los componentes de la otra parte colonizándola incluso con sus propios miembros.

Las tensiones entre partes del estado son continuas y viven en una suerte de equilibrio continuo en el que cada una de las partes intenta controlar a las otras o en el mejor de los casos defender su parcela de poder. A día de hoy, por ejemplo, están muy presentes en los medios de comunicación las disputas entre políticos y jueces por controlar los órganos de gobierno de estos últimos.  Los políticos intentan evitar la intromisión de los jueces en sus asuntos y que se configuren  en un poder autónomo que incluso pueda amenazarlos (el papel de los jueces en el derribo de Dilma Rousseff en Brasil les sirve de recordatorio) o a la inversa los jueces buscan que los políticos no determinen su carrera profesional ni recorten su ya escaso grado de autonomía.

Por último las otras dos partes del estado también jugaron su papel. Por un lado los sectores económicos del estado quebraron su confianza en el gobierno Suárez y le retiraron su apoyo, dados los muy mejorables resultados económicos de su gestión. Recordemos que el gobierno Suárez operó en  marco de la segunda crisis del petróleo de 1979 que combinó altas tasas de desempleo para la época (hoy serían bajas) pues se venía de una situación de pleno empleo con una inflación desbocada como consecuencias de querer ocultar la crisis económica detrás de un muro de dinero.

Otra parte del aparato estatal que desertó del gobierno Suárez es el aparato de hegemonía del estado. Por un lado los medios de comunicación escritos y algunas radios comenzaron a descontar la pérdida de poder de Suárez, y por otro la Iglesia Católica, que había sido un puntal ideológico del estado durante el franquismo, también le retiró su apoyo explícito al aprobar aquél leyes que esta consideraba lesivas para la cultura católica española. Es el caso de la Ley del Divorcio. Privado entonces de la mayor parte de los apoyos dentro del aparato estatal (incluido el del Rey Juan Carlos), no le quedaba a Suárez otra opción que dimitir y dejar paso a otro presidente.

Fue en la investidura de su sucesor donde se programó el golpe de estado. Como antes se apuntó falta mucho por saber aún sobre tal golpe y sobre el papel exacto de cada uno de los actores involucrados. No podemos saber, por tanto, si tal golpe se debió en exclusiva a la iniciativa de sus ejecutores o si fue un autogolpe inspirado desde el poder. Tampoco podemos saber si se aprovechó desde el poder un golpe ya en curso para dejarlo hacer y contragolpear.

Recordemos que hace unos pocos años, en Turquía se dió un fenómeno similar. Según se relata (como buen golpe no se sabe mucho a ciencia cierta) la inteligencia rusa advirtió al presidente de Turquía de la posibilidad de un golpe de militares descontentos con apoyo logístico norteamericano. Este los dejó hacer y cuando lo comenzaron a ejecutar los atrapó. La prueba es que esa misma noche los militares afectos al poder ya   estaban redactadas las listas de aquellos que había que detener o destituir.

Algo semejante se ha rumoreado sobre el golpe de Mola y Franco de julio de 1936. Esos rumores (sin confirmar como es obvio) apuntan a que se dejó hacer o se forzó a un golpe considerando inmadura su preparación para poder destituir a la cúpula militar y facilitar el descabezamiento de la oposición de derechas. Puede que no sea así en el caso del 23F pero son perfectamente posibles, pues este tipo de maniobras, si bien difíciles técnicamente hablando, no son extrañas al juego de la política. Sino véase el caso de la ocupación del Congreso de los USA y quienes fueros los beneficiados o perjudicados al final.

En el caso que analizamos podemos observar la lógica anárquica que impera dentro de organizaciones estatales que no pertenecen a la parte político-electoral del estado español. En concreto podemos ver cómo operan entre ellas y dentro de ellas. Del relato publicado de los hechos se puede observar como en el golpe participan diversas organizaciones militares y la policía española militarizada, la Guardia Civil. Teóricamente estaban coordinadas por los golpistas, unos llevando a cabo la ocupación del Congreso de los Diputados y otros haciéndose con el control de las regiones militares. Pero también vemos como el general del ejército Alfonso Armada acude al Congreso y allí discute con el teniente-coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, encargado de la toma del congreso. Según testigos discuten por la composición del nuevo gobierno y no llegan a un acuerdo, lo que contribuye a desbaratar el golpe.

Esto es, las organizaciones militares no se coordinan jerárquicamente sino a través de negociaciones y acuerdos no teniendo una parte la capacidad de imponerse a la otra ni por jerarquía (el general no consigue la obediencia ni del teniente-coronel ni de la Guardia Civil). Este fenómeno de anarquía organizativa es frecuente en los golpes. Por ejemplo en la guerra civil llegó a combatir la guardia de asalto contra la guardia civil, y ambas contra el ejército regular  e incluso según el sitio a veces hubo enfrentamiento incluso dentro de la propia organización. La coordinación entre las distintas unidades militares dependerá de la coordinación entre sus respectivas cúpulas dirigentes y de no estar estas de acuerdo no la habrá sino que incluso pueden no solo estar descoordinadas sino también enfrentadas entre sí.

A esto hay que sumarle la propia anarquía dentro de cada una de las organizaciones.  El golpe de estado es una situación muy peculiar en la política en la que cada oficial o actor político sobre todo si no está implicado en la conspiración tiene que tomar decisiones imperativas, a veces incluso sobre la vida o la muerte. Tiene que decidir impelido la mayoría de las ocasiones por subordinados suyos que se saltan la cadena de manda o en el mejor de los casos por iguales que no tienen autoridad sobre él.

De ahí que en buena parte de los golpes triunfantes se constituya una junta militar en la que al principio operan como pares hasta que alguno de ellos pueda imponerse al resto (fue el caso en Argentina o en el golpe de Franco). Y muchas ocasiones no se impone el de mayor graduación o prestigio sino el que es capaz de construir una coalición con sus pares para hacerse con el control de la junta. En el caso del golpe del 23 de febrero fue muy llamativo el hecho de que Tejero fuese quien no sólo de desobedecer abiertamente a su superior jerárquico el general Gutiérrez Mellado, ministro  entonces de defensa, sino incluso de maltratarlo físicamente empujándolo.

Cuando alguien  se decide desobedecer conscientemente y asumiendo las consecuencias es fácil constatar cómo el desobedecido no es quien de hacer cumplir sus órdenes por mucha autoridad formal que tenga salvo que cuente a su vez con capacidad de ejercer una fuerza coercitiva de la misma naturaleza. Quien detentaba el poder deja de hacerlo y se configura un nuevo orden político. Lo que salva a los gobernantes de los golpes no es por tanto su poder sino la incapacidad de coordinarse de los golpistas que acostumbra a ser mayor que las de los que detentan el poder . De ahí que los gobernantes destinen tantos recursos a servicios de inteligencia, que tienen entre sus funciones la de detectar y desbaratar intentonas de este tipo. El problema en el 23 F es que estos servicios o parte de ellos estaban también implicados.

Coda: En el momento de escribir estas páginas están acaeciendo a gran velocidad mociones de censura y cambios políticos inusitados. Creo que un buen observador podría observar perfectamente la anarquía interna de la política (por ejemplo viendo como muchos diputados de Ciudadanos ya no obedecen a su dirección y entran en desbandanda buscando sitio en otras formaciones). Hablaremos de esto más adelante.

Alternativas a la educación estatal

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Archivo de publicaciones.

Inês Gregorio e Irene Correas hacen un recorrido a lo largo de las alternativas existentes en la actualidad, a lo largo del mundo, a la educación estatal. Educación privada, educación en el hogar, préstamos contenigentes a la renta… es decir, mecanismos de mercado para garantizar un acceso universal a la educación. Asimismo, también se adentran en el terreno pantenoso de igualidad de oportunidades, la equidad y la libertad. Todo eso y mucho más en la primera entrega de la serie ‘Política más allá del Estado’.


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Subvenciones y malversaciones

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Subvenciones y malversaciones

Los ejemplos de que la pandemia del Covid-19 está sirviendo al gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para fulminar las barreras legales que no había derribado antes de la primera declaración del estado de alarma, se acumulan inexorablemente. En diversos análisis he señalado la flagrante inconstitucionalidad de las prórrogas del decreto originario, con el colofón del aprobado en noviembre que prolongaba el estado de alarma hasta el 9 de mayo de este año. Paralelamente, continúa el método de legislar a través del decreto ley para regular todo tipo de materias de forma rutinaria. Se ha llegado a eliminar temporalmente la libertad de inversiones mediante dos decretos leyes aprobados en un intervalo de ocho meses, para ampliar a inversiones procedentes de países de la UE la autorización del gobierno, poniendo de manifiesto que el ejecutivo se mofa de la urgente y extraordinaria necesidad requerida para su promulgación (art. 86 CE) y de los tratados constitutivos de la Unión Europea.

Otro aspecto en el que el gobierno ha actuado inicuamente se refiere a las compensaciones que tendría que haber previsto para aquellos que sufren de forma directa en su persona, o en sus bienes y derechos, daños o perjuicios por los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Así está previsto expresamente en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, norma específica que el gobierno viene invocando como legitimadora de su actuación. Esas previsiones son el trasunto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, por su funcionamiento o actos legislativos no expropiatorios, recogida actualmente en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (art 32 y sgs) y se colige de instituciones básicas del Derecho, como la responsabilidad civil por daños causados a otro (art. 1902 del Código Civil).

Acaso esta falta de previsión estuvo justificada en los primeros momentos de la pandemia. Sin embargo, a medida que se prorrogaron los estados de alarma y se observaron los daños evidentes que causaban las restricciones forzosas al funcionamiento de todo tipo de actividades, la omisión se hizo clamorosa. Mucho se ha hablado de la necesidad de que el gobierno destinara ayudas a las empresas afectadas. Sin embargo, se ha olvidado la regla de justicia básica de resarcir los daños provocados por la promulgación de los sucesivos estados de alarma, contenida en la propia Ley de los estados de alarma, con independencia de que el gobierno emprenda otras actuaciones de apoyo. Para pagar esas indemnizaciones por parte de las administraciones públicas, podría habilitarse un procedimiento rápido de entregas a cuenta (incluso con compensaciones de tributos) previo a un reconocimiento singularizado. La dejación de funciones gubernamentales ha desencadenado ya una carrera de presentación de reclamaciones administrativas previas al recurso contencioso administrativo ante los tribunales. Tal inoperancia, pues, añadirá un aluvión de pleitos a los saturados órganos jurisdiccionales españoles.

Por el contrario, la actuación del gobierno se dirigió en un primer momento a avalar préstamos que concediesen los bancos a las empresas a través de una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) capitalizar el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de la legislación laboral preexistente y aprobar un ingreso mínimo vital. En segundo lugar, junto a otros gobiernos despertó las expectativas de un reparto de fondos de reconstrucción de la Unión Europea – los cuales se aprobaron en una cumbre de jefes de estado y gobierno en julio del año pasado – que se destinarían a promover inversiones públicas y privadas en cada país miembro. El ejecutivo lanzaba la especie de que llegaría una especie de maná que pagarían otros y, lo más importante para sus intereses, que los decisores del reparto se hallaban en el Palacio de La Moncloa. Tiempo más tarde los señuelos se convirtieron en normas de aparente validez para “agilizar” la concesión de subvenciones a los proyectos de inversión, mediante la aprobación (cómo no) de otro decreto ley que fue convalidado por el Congreso de los Diputados ocultando un dictamen del Consejo de Estado que formulaba serios reparos a la eliminación de controles administrativos. Un tercer pilar en su programa de favorecer a sus acólitos, se materializó con el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El artículo 2 creó un fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dotado con 10.000 millones de euros, de apoyo a la solvencia de “empresas estratégicas no financieras” que lo solicitaran, por la crisis de la pandemia del Covid-19.  Dicho fondo se puso en marcha por un acuerdo del Consejo de ministros publicado días después en el BOE, mediante una oscura orden ministerial. Muy poco tiempo después, desde la perspectiva tangencial de la defensa del mercado interior y la competencia, la Comisión Europea aprobó estas medidas excepcionales al amparo de lo dispuesto en el artículo 107.3 b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y las condiciones establecidas en el marco temporal. Retengamos que, según esas condiciones, solo las ayudas superiores a los 250 millones de euros requieren que el gobierno español notifique individualmente la operación a la comisaría de competencia de la Unión Europea.

Pues bien, confirmando lo que cabía augurar, desde la primera ayuda para la compañía aérea Air Europa, aprobada en última instancia por el consejo de ministros, los escándalos no han cesado. De este modo, recientemente se han aprobado sendas ayudas de 120 millones de euros para Duro Felguera y 53 millones para la compañía aérea hispano venezolana Plus Ultra. Como denunció el eurodiputado Luís Garicano Gabilondo para que la comisaria europea de la competencia investigue esas concesiones, en ambos casos se incumplen descaradamente las condiciones establecidas, tanto por el propio gobierno en el decreto ley regulador, como la Comisión europea. Ni se trata de empresas estratégicas, según la definición normativa, ni eran rentables antes de la pandemia. Otras características de la línea aérea Plus Ultra, como que ha presentado pérdidas desde su fundación en 2011, que tiene una dimensión ridícula y apenas mantiene vuelos operativos entre España y Venezuela, así como el importe proporcionalmente recibido (150.000 euros por empleado) y la participación accionarial de satélites de la dictadura venezolana han dejado un reguero de indicios racionales de prevaricación administrativa, que puede ser la antesala de otros delitos más graves, como la malversación de fondos públicos y otros.

La asombrosa desfachatez de los portavoces del gobierno justificando las ayudas concedidas revela una temeridad poco común. Sin perjuicio de las acciones judiciales que deben emprenderse en el orden interno español, la temprana reacción de algunos medios de comunicación y las denuncias ante la Comisión europea del eurodiputado Garicano deberían servir, por lo menos, deberían servir para detener la rapiña de los fondos públicos destinados a paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

La universidad sin libertad no es universidad

Escrito por Hakim Senaini en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en La universidad sin libertad no es universidad

En una época en la que la Libertad, codiciado tesoro y anhelada meta, divino sueño y vulgar pasión, se encuentra más amenazada que nunca, pues su ancestral significado se ha visto transformado de virtud a pecado, debemos plantearnos esta pregunta: ¿Qué es realmente la Libertad? “Una libertad que no crece está condenada a menguar. Porque en la naturaleza del Poder y en la historia de las civilizaciones humanas, acaso de la especie misma, está escrito, para el que quiera y sepa leer, que el apetito de libertad no es moneda corriente. Por el contrario, sólo la tensión moral, la convicción del espíritu acerca del significado profundo de la libertad en la vida del ser humano nos permite avanzar y consolidar su posibilidad política”.

Estas palabras nacidas de la pluma de don Federico Jiménez Losantos veinte años atrás, en el primer número de la revista La Ilustración Liberal, son más que contemporáneas. Me atrevería a decir que la libertad, en nuestro país, jamás había estado tan amenazada como ahora desde el nacimiento de nuestra Constitución en mil novecientos setenta y ocho. Pues en estos últimos cuarenta años la libertad, lejos de crecer, ha sobrevivido, casi de milagro, a las nefastas políticas de los sucesivos gobiernos.

Una libertad que no crece está condenada a menguar, poco a poco, sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde y la sociedad civil no tiene capacidad ni moral ni intelectual para defenderse. Pues cuando menos te lo esperas, el totalitarismo se cierne sobre el niño y el anciano, la mujer y el hombre, el ciudadano, al fin y al cabo. Para arrasar así con el individuo y los valores que hacen próspera una sociedad, como se ha demostrado incontables veces a lo largo de la Historia.

Dicen que la libertad es el único valor que nunca desaparecerá. Pues con el paso del tiempo las ideologías, ancladas a su época, terminarán pereciendo por sí mismas. Pero siempre que nazca un ser humano en su conciencia hallará el deseo por ser libre. Y luchará por ello. Porque esa es parte de su naturaleza, de nuestra naturaleza.

Yo soy liberal porque creo en el Individuo frente al colectivo: no quiero que otras personas decidan sobre cómo tengo que actuar o cómo tengo que pensar; porque creo en la libertad de poder llevar a cabo tu proyecto vital siempre que respetes la libertad de otras personas; y porque creo en la responsabilidad del individuo sobre su libertad, tanto para responder por los males que cause como para recibir compensación por el valor que produzca, tanto para recibir beneficios como para soportar pérdidas. Y mucha gente, aún sin saberlo, es liberal. Comparten esos ideales universales sin haber oído hablar del liberalismo. El problema sucede cuando esas personas llegan a la universidad. 

“Cuando llegué a la universidad me sentí decepcionado”. Esa es la idea general que comparten miles de estudiantes en nuestro país. Pues en sus mentes la Universidad era la casa del conocimiento, del debate y la razón. Aquel lugar mágico (o científico) donde se formarían como profesionales a través de sus méritos intelectuales. Pero lo único que encontraron fue totalitarismo y un pensamiento único que apresaba la palabra y el corazón de los jóvenes. no tardaron en darse cuenta de que los estudiantes que no comulgaban con la ideología hegemónica tenían miedo. Miedo a ser rechazados por sus compañeros. Miedo a los profesores y a las instituciones académicas cuyos miembros predican esas ideologías. Miedo a su integridad física por las bandas de criminales que ocupan y destrozan los campus con sus protestas, asaltando e increpando, insultando y agrediendo, como le pasa a todo aquel que ose nadar a contracorriente.

La universidad no era la casa del conocimiento, del debate y la razón. La Universidad era la casa del dogmatismo, de la dictadura del silencio y del sentimentalismo por encima de la argumentación lógica. Los valores del Liberalismo no deberían defenderse. O más bien, ojalá no tuvieran que defenderse. Ojalá no tuvieran que divulgarse. Porque deberían estar ya inculcados en la comunidad universitaria. Los valores del Liberalismo son valores esenciales. Pero su rechazo es mayúsculo.

La libertad académica es la garantía del futuro. Pues el futuro son las nuevas generaciones que deberán ser educadas en libertad para la garantizar la prosperidad de nuestro mundo. Pero el totalitarismo ha penetrado y destruido, año tras año, uno de los lugares más importantes de creación y transmisión de ideas. Los docentes, como los estudiantes, deberían poder en la práctica comprobar la veracidad de sus argumentos en debates libres y abiertos. Debates que han quedado censurados para siempre. Decía el artículo La libertad Intelectual que “sin el horror y la compasión que provocan los efectos de la dictadura es difícil anhelar la libertad”. Esa dictadura silenciosa se ha instalado, cuando el pensamiento liberal yacía adormilado, en la nueva casa del dogmatismo más rancio, que recuerda a pasados muy lejanos. Y ahora es cuando se comienza a anhelar esa libertad. Pues las dictaduras tienen muchas formas, y no todas son sangrientas, sobre todo en sus comienzos.

Ante una Universidad que nos desea a los estudiantes un frío invierno como vida intelectual y una voz caliente para repetir los eslóganes de campaña. Ante una institución politizada que nos anhela sumidos en la eterna minoría de edad, mansos y a la vez rebeldes. Mansos ante la peligrosidad del pensamiento crítico, rebeldes contra aquellos que osen opinar diferente… ¡Si es que los Liberales son los verdaderos revolucionarios! La Universidad debe volver a ser la casa de la Libertad. Pues sé de buena fe que, de los espacios de debate cimentados en respeto y tolerancia, lugares donde la gente no tenga miedo a compartir una opinión y sea creativa en abundancia, nacen las mejores ideas para solucionar los mayores problemas que padecen nuestras sociedades en este recién comenzado siglo XXI.

¿Qué es realmente la Libertad? Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta oscura época donde el significado de la palabra se ha transformado de virtud a pecado. La libertad, sea política, filosófica, moral o económica, es en esencia el camino hacia la paz. Pues todo aquello contrario a la libertad, es el camino hacia la guerra y la muerte. Sean guerras de clases o de sexos, de naciones contra naciones o fratricidas guerras civiles. De pobres contra ricos, y cuando no queden ricos, de pobres contra pobres. Y en cuanto a la muerte, simplemente es eso, la muerte. La muerte de personas, la muerte de ideas, la muerte de la esperanza en un futuro mejor. Eso es lo que no es la libertad, pues esta es el camino hacia la vida, vivida en plenitud por ciudadanos iguales ante la ley, que pacíficamente y en respeto mutuo son los arquitectos de sus proyectos vitales.

¿Y qué podemos hacer? ¿Componer un réquiem por la libertad perdida? ¿Resignarnos a perder nuestro derecho a la vida? ¿Aceptar nuestra mordaza en el mundo universitario, y corromper el significado mismo de lo que representa la universidad, alejándola de su valor fundamental? ¡No! Debemos tomar el testigo de las generaciones pasadas que dieron su vida por defender la libertad. Debemos heredar su voluntad para lograr defender la libertad. Debemos luchar para que nuestra libertad crezca. La libertad es aquello que hace al ciudadano, ciudadano. La libertad es aquello que garantiza nuestros derechos frente al poder político. La libertad es nuestro pasado, presente y futuro. La libertad es algo por lo que merece la pena combatir. Combatir no con violencia, sino con la palabra. No con destrucción, sino construyendo argumentos e ideas comunes. No imponiendo nuestros ideales, sino creando espacios de debate, que enriquecen y contribuyen a crear una sociedad más libre.

En conclusión, nuestra libertad no va a parar de menguar a no ser que la defendamos y la hagamos crecer, fuerte y sana, para así lentamente ir desterrando de nuestras instituciones académicas al fanatismo y a la espiral de violencia hacia la que se encaminan nuestras sociedades en su conjunto y en todos los ámbitos. No podría resumirlo mejor que con estas contemporáneas palabras de don Federico Jiménez Losantos, en aquel artículo suyo del primer número de La Ilustración Liberal, que pese a ser de hace más de veinte años, son tan inmortales como el propio valor de la Libertad: “Nos falta volver al principio de nuestra vocación intelectual, la libertad, para tratar de entender mejor este mundo que nos ha tocado vivir y al que no debemos simplemente sobrevivir. Debemos atrevernos a saber. Y que la siempre peligrosa libertad nos acompañe”.

Bibliografía
Jímenez Losantos, F. (1999) La libertad intelectual. La Ilustación Liberal. Volumen (1)