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Las pensiones, la deuda, nuestras cartas y una pregunta simplona

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Dos debates sobre pensiones que he tenido en los últimos días. Los más importantes. Los más filosóficos. Los aparentemente menos prácticos. Los más actuales.

El primero, se puede resumir en este vídeo del profesor Bastos (como siempre, excepcional por su claridad y la forma tan didáctica que tiene de explicarse): la Seguridad Social no es un esquema Ponzi… porque eso equivaldría a decir que es un sistema, en el que hay algo, aunque sea poco. La Seguridad Social es simplemente una partida más de los Presupuestos Generales del Estado. Pagamos unos impuestos (y a uno de ellos lo llaman “cotizaciones”) y el Estado abona unas prestaciones (y a una de ellas las llama “pensiones”). La justificación de sus normas es más política que económica.

El segundo, más convencional: sobre la contributividad o no de ese sistema. Y en qué punto deja de ser contributivo y pasa a ser un asistencial con complementos.

Yo hace años que me puse de parte del profesor Bastos en el primer debate y debo reconocer que él fue el primero al que lo escuché explicar lo que había tras la pastilla roja: no hay un sistema con activos-pasivos y derechos-obligaciones, lo que hay son impuestos y prestaciones… ¿con unas reglas especiales? Pues claro, como todos los impuestos y prestaciones.

En el segundo debate, y si entramos en la ficción del sistema, creo que es evidente que hay que dejar claro cuál es tu esquema: si te empeñas en decir que es contributivo, que lo sea de verdad y que ese impuesto llamado cotización sirva para generar un extra importante para los que más han cotizado (o, lo que es lo mismo, hay que detener el proceso de los últimos años); y si es asistencial, como en muchos países de Europa, también dejémoslo claro, para que los trabajadores puedan decidir si deben ahorrar por su cuenta (bien sea con instrumentos colectivos o individuales).

En cualquier caso, los dos debates no están tan lejos como pudiera parecer. Decir que las cotizaciones-pensiones siguen un esquema clásico de impuestos-prestaciones puede parecer un ataque a la legitimidad del sistema. Pero en realidad también le dan una solidez que no tendría ese esquema Ponzi del que tanto se habla (y eso es lo que sería la Seguridad Social si lo viéramos como un ente independiente). Tener al Estado detrás, como garante, es un elemento de respaldo muy sólido. Porque quiere decir que habrá pensiones mientras haya contribuyentes a los que el Estado pueda cobrar impuestos… se llamen como se llamen esos impuestos.

En buena parte por eso me gustó especialmente el último informe de la AIReF. Por un lado porque planteaba proyecciones más realistas. Por otro, porque unía las advertencias sobre demografía a las de déficit público, mercado de trabajo, productividad o gasto en pensiones. Habrá pensiones mientras haya solvencia del Estado. Y los recortes (los gordos, los que todos tenemos en la cabeza, del 10-15-20%) llegarán cuando éste caiga, si es que cae. Si el escenario es a la griega… los recortes serán a la griega.

Riesgos cruzados

Además, hay segunda derivada muy interesante del informe de la AIReF, sobre esos riesgos, que son muy diversos:

  • Demografía: peor evolución de lo previsto en un inicio (menos nacimientos o menos inmigrantes) o incremento de la esperanza de vida (esto sería una gran noticia, pero presionaría todavía más las finanzas públicas).
  • Mercado de trabajo disfuncional: por precariedad, por una baja tasa de actividad o por bajo incremento de la productividad.
  • Política institucional: parálisis en los ajustes normativos sobre pensiones (para los jubilados actuales o los futuros) o desequilibrio constante en el presupuesto público.

Como decimos, son riesgos diversos… pero no independientes. Esto es lo que me da más miedo. A primera vista, podríamos imaginar un futuro en el que cada uno marcha en una dirección y en el que los efectos positivos contrarresten a los negativos. Por ejemplo: un incremento de la productividad que compensa la caída de la natalidad.

Pero creo que lo normal es lo contrario. Aunque hablamos de cuestiones que, aparentemente, no están relacionadas de forma directa, tengo para mí que lo lógico es que la mayoría apunten en la misma dirección:

Si el mercado de trabajo no funciona, la productividad se resentirá… y la demografía también: vendrán menos extranjeros, tendremos menos niños, etc. Y lo normal es que las cuentas públicas, en esa coyuntura, no se encuentren en una situación especialmente boyante.

Pasa lo mismo si miramos primero al presupuesto: una situación de déficit descontrolado generará dudas en los inversores, dañará la capacidad de financiación de las empresas, hará que el potencial de crecimiento se resienta y también perjudicará a la creación de empleo. Y todo ello, acabará viéndose reflejado en la demografía.

También es verdad que podríamos cambiar los dos párrafos anteriores por completo e imaginarnos el elige tu propia aventura optimista: hacemos reformas, crecemos, atraemos inversión y empleo, saneamos las cuentas públicas, podemos dedicar un poco más del Presupuesto a pensiones porque hay menos políticas sociales (pobreza, paro, dependencia, etc.) a las que atender…

Lo que quiero decir es que no tenemos nueve balas, una para cada uno de los factores utilizados por la AIReF en sus modelos. Si fuera así, sería más fácil ser optimista. Puede que usáramos mal una de nuestras opciones, pero tendríamos otras ocho de las que tirar. En realidad, nos lo jugamos todo a una carta que podríamos resumir en una pregunta un tanto simplona pero que explica muy bien el dilema de ese Reino de España que tendrá que colocar ingentes cantidades de deuda pública, tanto para refinanciarse como para cubrir los nuevos déficits en los próximos años: “¿Lo vamos a hacer bien o mal?”

Porque, además, la respuesta tendrá algo de profecía autocumplida: si somos serios en las reformas de pensiones, eso generará confianza en los inversores; con ese equilibrio presupuestario, será más sencillo acometer otras reformas y atraer inversores-trabajadores. Entonces, con las cuentas públicas saneadas y la productividad disparada, alguien dentro de 20 años podría decir: “Pues no era tan importante esa reforma, al final el gasto/PIB en pensiones no se ha disparado tanto como decíais”.

Y, al revés, si no hacemos nada en pensiones, eso tendrá reflejo en el resto del presupuesto: tendrá que haber subidas de impuestos masivas que dañarán nuestra competitividad y nuestro mercado de trabajo; será más caro que nos financiemos; esos impuestos, unidos a las dudas sobre el sistema, empujarán a muchos de nuestros jóvenes mejor formados al extranjero, por lo que la tasa de dependencia empeorará todavía más… Y el recorte en las pensiones será todavía más importante de lo previsto.

“¿Lo vamos a hacer bien o mal?” Qué quieren que les diga, ahora mismo esto tiene muy mala pinta.

Friedrich Hayek era un economista austríaco en tanto que nació en Viena

Escrito por Eduardo Blasco en . Publicado en Análisis diario.

El presente análisis se asienta en trabajo previo realizado por Walter Block (2013) también intentando responder a la pregunta de si Friedrich Hayek era un economista austríaco. Muchos estarán sorprendidos de que siquiera uno se llegue a preguntar si Hayek, probablemente el economista más famoso comúnmente asociado con la Escuela Austríaca de Economía, era un auténtico austríaco. El objetivo de este artículo es delimitar cuáles son los criterios que un economista ha de cumplir para ser reconocido como un economista austríaco y así entender mejor esta escuela.

El nombre de la Escuela Austríaca de Economía proviene del lugar de residencia y formación de Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk y Ludwig von Mises. Menger fue parte de la revolución marginalista, caracterizándose por el empleo de una metodología que pasaría a ser la base de la escuela austríaca: el individualismo metodológico. Menger centró todo su análisis elaborado en Principios de Economía (2007) alrededor del individuo y cómo actúa este, en contraposición al frecuente estudio de la economía como estudio de la empresa. A raíz de su trabajo creció el resto de la escuela con discípulos suyos como Böhm-Bawerk.

Mises, discípulo de Böhm-Bawerk, elabora un estudio metodológico más detallado y desarrolla el concepto de praxeología o estudio de la acción humana, primero en Epistemological Problems of Economics (1978) y después en su tratado económico La Acción Humana (1949). Para autores como Hans-Hermann Hoppe (1995), toda la Escuela Austríaca se reduce al uso de la praxeología. Para intentar realizar la mejor defensa posible de que Hayek era de hecho un economista austríaco, escojo unos criterios más amplios. El profesor Jesús Huerta de Soto (2012, 16–17) enumera hasta doce características propias del paradigma austríaco en contraposición con el neoclásico. En primer lugar, ‘‘teoría de la acción humana entendida como un proceso dinámico’’, es decir, la praxeología, y no una teoría de la decisión asentada en la racionalidad del ser humano, siendo para Huerta de Soto la diferencia esencial entre esta escuela metodológica y otras. En segundo lugar, el punto de partida metodológico austríaco es el subjetivismo y no el objetivismo neoclásico. Tercero, para los economistas austríacos el centro del estudio es el empresario creativo; para los neoclásicos es el homo economicus. Cuarto, los austríacos aceptan que el ser humano puede cometer errores empresariales que les causen seguir caminos que produzcan un menor beneficio relativo. Quinto, el conocimiento es subjetivo, disperso y cambia constantemente como resultado de la creatividad empresarial. Sexto, los austríacos estudian los problemas económicos de forma interrelacionada sin distinguir entre micro y macroeconomía. Séptimo, la competencia es un proceso de rivalidad empresarial y no una competencia perfecta. Octavo, la Escuela Austríaca se caracteriza por la concepción subjetiva del coste. Noveno, el formalismo se obtiene con un lenguaje verbal, no matemático. Décimo, la Escuela Austríaca defiende que cualquier formulación sobre conocimiento de las ciencias sociales debe realizarse mediante razonamientos apriorístico-deductivos y que cualquier contrastación empírica de hipótesis es innecesaria e incorrecta. (Mi crítica favorita al empirismo puede encontrarse en el trabajo de Hoppe citado previamente y en el capítulo 6 de su libro A Theory of Socialism and Capitalism (1989)). Undécimo, los austríacos creen que la predicción es imposible, ‘‘pues lo que suceda depende de un conocimiento empresarial futuro aún no creado’’. Y en último lugar, la predicción viene a cargo del empresario. Para un análisis más detallado sobre cada punto, recomiendo leer el citado libro de Huerta de Soto.

Ahora ya tenemos los requisitos metodológicos de la Escuela Austríaca. Block, tras deliberar con Per Bylund, Thomas J. DiLorenzo y otros austríacos, elabora la siguiente lista de campos de investigación pertinentes a la Escuela Austríaca: la banca, el cálculo económico, las comparaciones interpersonales de valor, la competición, el conocimiento, el derecho y la economía, el dinero, la economía del bienestar, el emprendimiento, el equilibrio, la estructura de la producción, las expectativas, la historia del pensamiento económico, el intervencionismo, el marginalismo, la metodología, los monopolios, el patrón oro, la planificación central, la praxeología, la preferencia temporal, las preferencias demostradas, la probabilidad, los procesos de mercado, la racionalidad, la reserva fraccionaria o el coeficiente de caja, los sistemas económicos comparados, el socialismo, el subjetivismo, la teoría del ciclo económico, las teorías del capital, las teorías del Estado, las teorías del interés, el tiempo, la utilidad ordinal y no cardinal, la utilidad.

El trabajo de Hayek cumple con la mayoría sino todos menos dos de los requisitos de Huerta de Soto y abarca muchos de las áreas mencionadas por Block —sería irrazonable demandar que hubiese escrito sobre todas estas ya que posiblemente ningún otro miembro de la escuela lo haya hecho—. No obstante, Hayek rechaza lo que para Huerta de Soto, Block y Hoppe (y muchos otros citados en el capítulo de Block como Mises, George Selgin, Mario Rizzo o Jörg Guido Hülsmann) es el elemento esencial de la Escuela Austríaca, la praxeología. Si los otros representantes de la Escuela Austríaca estiman que es el método praxeológico el que diferencia a esta escuela de otras, es cuestión de cada cual creer cuan importante este elemento es sobre el resto y si el hecho de rechazar la praxeología es compatible con ser un economista austríaco. Block contesta negativamente a esta cuestión en su capítulo.

Hayek repudia de la praxeología en varias ocasiones. Primero, afirma que:

Yo mismo originalmente abordé mi tema, la economía, completamente imbuido de la creencia en la validez universal de los métodos de las ciencias naturales. No sólo mi primera formación técnica fue en gran medida científica en el sentido estricto de la palabra, sino que la poca formación que tuve en filosofía o método fue enteramente en la escuela de Ernst Mach y más tarde de los positivistas lógicos (1943).

Además, en una entrevista para el Cato Institute (Blanchard 1984), Hayek dice que Mises ‘‘nunca hizo lo que para mí [(Hayek)] ha sido el paso decisivo para alejarme del racionalismo. Permaneció hasta el final como un racionalista convencido y utilitarista ético […]’’. Un tercer momento de rechazo viene cuando en su autobiografía Hayek afirma que:

Lo que solo veo ahora claramente es el problema de mi relación con Mises, que comenzó con mi artículo de 1937 sobre la economía del conocimiento, que fue un intento de persuadir al propio Mises de que cuando afirmó que la teoría del mercado era a priori, estaba equivocado; que lo que era a priori era solo la lógica de la acción individual, pero en el momento en que pasaste de esto a la interacción de muchas personas, ingresaste al campo empírico (1994, 62).

Con esta cita se puede ver por qué digo anteriormente que son dos los criterios de Huerta de Soto que incumple, el primero y el décimo.

Selgin (1990, 27) también coincide con que Hayek se apartó la praxeología, precisamente con su ensayo Economics and Knowledge (1937). Selgin, sobre Hayek dice:

Aunque [Hayek] admitió que la economía austriaca poseía un componente ‘formal’ (que Hayek llamó la ‘lógica pura de la elección’), Hayek consideró que el significado y la verdad necesaria de este componente formal estaban severamente circunscritos. De hecho, consideraba que la praxeología solo se aplicaba de manera contingente a la cataláctica, es decir, a la elucidación de los fenómenos del mercado. En lo que respecta al mundo social, la lógica pura de la elección era simplemente una colección de tautologías empíricamente vacías. La praxeología, al buscar conclusiones ‘apodícticamente ciertas’, se había despojado tanto de contenido que se había vuelto inútil como medio independiente para derivar verdades útiles sobre la realidad (1990, 27–28).

Según Lawrence White (2003, 21) existe un Hayek I y un Hayek II, y el Economics and Knowledge fue un antes y un después dtras el que Hayek pasa a ser popperiano.

A algunos quizás se les ocurra la contestación de que entonces Menger y Böhm-Bawerk tampoco deberían de ser considerados austríacos ya que ellos nunca aceptaron la praxeología. Esto es cierto, pero porque Mises empieza a desarrollar esta metodología en 1933 si nos basamos en la fecha de publicación de Epistemological Problems of Economics o 1949 si usamos la fecha de La Acción Humana. Por aquel entonces ambos economistas ya habían fallecido. Mi suposición es que si hubiesen estado vivos sí que habrían aceptado la praxeología como metodología correcta para el estudio de los fenómenos sociales porque en su trabajo ya se puede apreciar una metodología muy similar sino idéntica por quizás la falta de explicitación o sistematización. Lo que vería difícil de argumentar sería decir que alguno de ellos la hubiese rechazado. Por tanto, yo los consideraría protopraxeólogos.

El repudio hayekiano de la praxeología y la aceptación del empirismo para las áreas de estudio de ‘‘intervención de muchas personas’’ imposibilitan, en la opinión de algunos, que Hayek sea un economista austríaco, más allá de su nacionalidad. Creo que mi opinión aquí es secundaria, ya que estoy lejos de ser un experto en el tema. No obstante, querría al menos cuestionar la posición de Hayek como economista austríaco. Quizás, como dice Block (2013, 82), sea algo así como un imperfecto neoclálsico o un afín a la economía conductual. Tal vez deba reconocérsele simplemente como un hayekiano. Sea como fuere, es importante recalcar que las aportaciones de Friedrich Hayek a la ciencia económica han sido cuantiosas y admirables. Nada querría más que fuese incontrovertiblemente austríaco (y praxeólogo).

Referencias

Blanchard, James U. 1984. “Exclusive Interview with F.A. Hayek.” Cato Institute. Disponible en:  https://www.cato.org/policy-report/mayjune-1984/exclusive-interview-fa-h….

Block, Walter E. 2013. “Was Hayek an Austrian Economist? Yes and No. Was Hayek a Praxeologist? No.” In Hayek and Behavioral Economics, editado por Roger Frantz y Robert Leeson, 70–89. Nueva York, Estados Unidos: Palgrave Macmillan.

Hayek, Friedrich A. 1937. “Economics and Knowledge.” Economica 4 (13): 33–54.

—. 1943. “The Facts of the Social Sciences.” Ethics 54 (1): 1–13.

—. 1994. Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialogue. Londres, Reino Unido: The Bartley Institute.

Hoppe, Hans-Hermann. 1989. A Theory of Socialism and Capitalism. Boston, Estados Unidos: Kluwer Academic Publishers.

—. 1995. Economic Science and the Austrian Method. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.

Huerta de Soto, Jesús. 2012. La Escuela Austríaca: Mercado y Creatividad Empresarial. 2nd ed. Madrid, España: Editorial Síntesis.

Menger, Carl. 2007. Principles of Economics. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.

Mises, Ludwig von. 1949. Human Action: A Treatsie on Economics. New Haven, Estados Unidos: Yale University Press.

—. 1978. Epistemological Problems of Economics. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.

Selgin, George. 1990. Praxeology and Understanding: An Analysis of the Controversy in Austrian Economics. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.

White, Lawrence. 2003. “The Methodology of the Austrian School Economists.” Ludwig von Mises Institute. Disponible en: https://cdn.mises.org/methfinb.pdf.

Macron y las paradojas de la integración

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fijó el pasado viernes su posición sobre la espinosa cuestión de la integración de la comunidad musulmana en el país. El presidente ha anunciado la propuesta de una ley que supondrá la actuación del Estado en varios ámbitos de las comunidades islámicas en Francia.

Así, de aprobarse la norma, el gobierno francés podrá controlar la actividad de las escuelas islámicas. También controlaría la actividad de otras asociaciones, como las deportivas o de otro tipo, siempre dentro de la red de instituciones vinculadas a la comunidad musulmana. Estos controles están plenamente justificados, pues la norma se refiere a aquéllas que reciban algún tipo de financiación pública; el Estado laicista francés ha estado financiando organizaciones que conspiran contra sus propias bases, y esta medida puede conducir a que se cierren algunas organizaciones por falta de medios, a que se controle su actividad por parte del Estado, o a que llegue la financiación por parte de las comunidades locales o procedente de fondos extranjeros.

Este elemento, el de la financiación exterior, es también muy importante, y de hecho está previsto que el Gobierno pueda controlar más de cerca la financiación extranjera de las mezquitas, así como el envío de imanes desde el exterior. Turquía, Marruecos y Argelia envían imanes a Francia, y convierten a las comunidades musulmanas en tentáculos de esos países en suelo europeo.

El Gobierno restringirá, asimismo, la educación en casa, al margen del sistema educativo reglado; lo que conocemos como homeschooling. La asistencia a clase será obligatoria, y el seguimiento de las clases en casa sólo se podrá realizar por motivos sanitarios. Para Macron, las escuelas son “el corazón del secularismo, (donde) los niños se convierten en ciudadanos”.

El objetivo es acabar con lo que llama “separatismo” islámico, con la creación en suelo francés de sociedades que tienen normas al margen de las del propio país; la creación de una “sociedad paralela”. En definitiva, el multiculturalismo, que es exactamente eso: tener al propio territorio como un solar en el que se pueden levantar comunidades que vivan al margen de la sociedad de acogida. Esta es la ideología que ha imperado en los Países Bajos y en Suecia, por poner dos ejemplos, pero nunca ha sido la ideología con la que Francia acoge a cinco millones de ciudadanos.

No es la ideología, pero sí la práctica de la política francesa. Lo reconoce el propio presidente francés, al decir: Nosotros mismos hemos construido nuestro propio separatismo; el de nuestros barrios. Es la guetización que permitió que se produjera en nuestra república, inicialmente con las mejores intenciones del mundo”.

Las sociedades occidentales, de raíz grecorromana y judeocristiana, han llegado a distinguir entre el ámbito del derecho, que es el que se refiere a los comportamientos lícitos e ilícitos, el de la moral, por aquéllos comportamientos lícitos que son beneficiosos o perjudiciales para la convivencia, y el ámbito de las creencias personales. Derecho, moral, religión, tres cuestiones con relaciones históricas entre sí, pero con ámbitos perfectamente distinguibles. Esto no se da en el Islam, donde la creencia no es un derecho de la persona, sino un deber irrenunciable, y está inextricablemente unido a un conjunto de normas que comprenden desde los ritos y obligaciones religiosas hasta la moral y el derecho, en un conjunto que no admite las sutiles diferencias que hemos aprendido en Occidente.

Ese acervo de normas, muchas de ellas dictadas por Dios al Profeta, no ceden espacio a la autonomía del individuo, no son de carácter dispositivo, y no se pueden reinterpretar desde el respeto a los derechos de la persona, o la conveniencia del conjunto de la sociedad, o las enseñanzas de la experiencia acumulada por la sociedad, como se ha hecho en las sociedades cristianas. Aunque algunas normas, como la ablación del clítoris, no son estrictamente propias del islamismo sino de las sociedades que han asumido esa religión, muchas de las otras normas que socavan la dignidad del individuo sí lo son.

Emmanuel Macron, como infinidad de intelectuales que buscan un mejor encaje de la comunidad musulmana en Francia, achacan el “separatismo” al islamismo radical. Pero seguir los preceptos de la sharía forma parte de los deberes de todo musulmán, por muy laxa que sea su interpretación de la religión. Esto pone a prueba varias ideas que tenemos por ciertas. “El problema es una ideología que reclama que sus propias leyes son superiores a las de la República”, dice el presidente francés. Pero no es una ideología, sino una fe religiosa, y dentro de ella no es necesario ser radical en ningún sentido para asumir ese planteamiento.

Una de ellas es la de integración, en términos republicanos o laicistas, tal como se utilizan estas palabras en Francia. Esa integración permite al creyente mantener su fe, y seguir los preceptos de la religión. Pero nunca atentar contra el Derecho del país. Es decir, que la fe del individuo no le otorga al ciudadano francés derecho a contravenir el Derecho. Pero esa misma fe conduce a muchos franceses a adoptar normas que son contrarias a la ley, o que suponen una discriminación que atenta contra los principios de igualdad en que se basa el discurso republicano.

Otra de las ideas es la de la misma concepción laica del Estado. Por un lado, Europa ha asumido como propia una idea que trabajosamente se desarrolló dentro del seno de la Iglesia, y es la separación entre ésta y el Estado. De las palabras de Jesucristo sobre lo que había que darle a Dios y al César, a la teoría de las dos espadas, al enfrentamiento entre el papado y el Imperio, se ha ido creando la idea que otros han llevado hasta sus últimas consecuencias.

Esa idea de la separación de Iglesia y Estado bascula sobre la conciencia individual, sobre la decisión del individuo de aceptar o no la fe, y sus preceptos. Un espacio que está claro en la concepción cristiana del hombre, pero que es mucho más estrecho en la visión musulmana.

Lo más interesante del planteamiento de Emmanuel Macron pasa por la creación de un Instituto de Islamología que favorezca el desarrollo de una “Ilustración islámica”. Pero, por un lado, es difícil que la umma, la comunidad de creyentes del Islam, siga los preceptos del Imán Macrón. Y, por otro, esa Ilustración se ha producido en más de una ocasión dentro de la civilización islámica, y nunca ha desembarcado en el puerto de la libertad de conciencia.

No deja de ser ilustrativo que la Revolución francesa, que se desarrolló entre otros pilares sobre el de la libertad de conciencia, desembocase en una persecución brutal de quienes se enfrentasen a ella, y que quisiera sustituir la religión católica, mayoritaria entonces en el país, por una nueva religión con la Razón en el centro. Quizás, incluso los que estamos fuera de la religión católica, debamos asumir que es la civilización donde ésta adoptó un papel central la que ha permitido una sociedad abierta y permisiva, aunque esa tolerancia y voluntad de integración nos conduzca a las actuales paradojas.

Consumo activador

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Si hay una idea económica realmente perdurable es que el consumo es una bendición macroeconómica, porque fomenta el crecimiento. Leí hace un tiempo esta declaración de Enrique Sánchez, presidente de Adecco España, en ABC: “Es necesario bajar los impuestos para estimular el consumo”. Hace poco, y a propósito de la subida del salario mínimo, nuestros sindicatos salieron en tromba a defender la medida, argumentando, cómo no, que si los salarios suben lo hará también el consumo, y, por tanto, la economía y el empleo.

Al revés de lo que se piensa, el sentido común sí es el más común de los sentidos, y no está mal que lo sea. En numerosas circunstancias de la vida, el sentido común, es decir, los conocimientos y creencias compartidos y valorados en una comunidad, es una base razonable y prudente para conducirnos en nuestros quehaceres cotidianos.

En cambio, cuando se trata de abordar cuestiones complejas, el sentido común no siempre resulta útil, y a menudo distorsiona la realidad y dificulta nuestra comprensión de la misma. Los seres humanos debieron quebrantar reiteradamente el sentido común para darse cuenta de que la Tierra no es plana, ni está quieta.

Algo parecido sucede en economía, porque a primera vista resulta evidente que si consumimos más, beneficiamos a quienes venden bienes y servicios, y de esa forma incentivamos la contratación de más empleados que produzcan dichos bienes y servicios.

Es curioso que se mantenga esta idea, cuando una y otra vez la realidad nos demuestra que es falsa. Lo que sucede es que esa realidad es tan traumática que bloquea la reflexión. Me refiero, claro está, a las crisis. Antes de la actual, en la que aún estamos inmersos, la última que padecimos, a partir de 2007, fue tan profunda que rara vez se piensa en lo que pasó justo antes del estallido. Y lo que pasó fue un dinamismo espectacular de la demanda. En España y en muchos otros países se consumía y se invertía muchísimo antes de 2007, y, sin embargo, nos hundimos en una crisis tremenda.

Si vamos más allá del sentido común, observaremos que la realidad es más complicada de lo que parece, y que el empleo no depende directa y sencillamente del consumo, sino de la inversión correcta del capital de las personas, que es algo muy diferente.

Rindamos un justo homenaje a uno de los primeros economistas que reflexionaron correctamente sobre este difícil asunto. En 1848, en sus Principios de Economía Política, John Stuart Mill presentó así su famosa cuarta proposición sobre el capital:

Lo que sostiene y emplea al trabajo productivo es el capital invertido en su contratación y ocupación, y no la demanda de quienes compran el producto terminado del trabajo. La demanda de mercancías no es demanda de trabajo.

Rejonazo fiscal contra la libertad de elección

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En un mundo ideal en el que hubiese que recurrir a la fiscalidad sobre el consumo, existiría un tipo único del IVA sin ninguna exención para ningún bien o servicio. De esa manera, todos los productos finales recibirían un idéntico trato impositivo y las distorsiones competitivas derivadas de la fiscalidad se minimizarían. Por ejemplo, en lugar de establecer cuatro tipos impositivos para las distintas clases de bienes (0%, 4%, 10% y 21%), más valdría unificarlos todos ellos en un único tipo más bajo que el general actual (por ejemplo, el 16%) y que los ciudadanos configuren su cesta de la compra sin sesgos tributarios.

En contra de semejante unificación de los tipos impositivos, suele recurrirse al argumento de que esta resultaría altamente perjudicial para las rentas bajas. Si las familias menos acomodadas consumen sobreproporcionalmente algún tipo de bienes (por ejemplo, alimentos), un mismo tipo impositivo para todas las mercancías resultaría altamente regresivo. De ahí que, a falta de poder técnicamente modificar el tipo del IVA en función del nivel de renta del consumidor, muchos países hayan optado por establecer distintos tramos de IVA en los que se incluyen diferentes clases de productos; y aquellas clases de productos que suelen adquirir en mayor medida las rentas bajas tributan a un tipo impositivo más reducido.

El problema de este enfoque es, sin embargo, doble. Por un lado, los tipos de IVA suelen depender más de la eficacia para cabildear a los legisladores que de la distribución del gasto de las rentas bajas: por ejemplo, no está muy claro por qué las flores tributan actualmente al 10% y en cambio la electricidad al 21%. Por otro, y como ha puesto recientemente de manifiesto la AIReF, mantener tipos reducidos para clases enteras de bienes termina siendo regresivo desde un punto de vista fiscal. Aunque sean las rentas bajas las que consuman proporcionalmente más esos bienes, son las rentas altas las que gastan absolutamente más en ellos, de modo que los tipos reducidos terminan convirtiéndose en un beneficio fiscal que afluye sobreproporcionalmente a las rentas altas (por ejemplo, el 30% de hogares con más renta se beneficia de más de la mitad de la rebaja impositiva vinculada al tipo reducido del IVA, mientras que el 30% de hogares con menor renta recibe menos del 15%). De ahí que, si el objetivo de los tipos reducidos fuera aliviar la situación financiera de las rentas bajas, en principio resultaría más efectivo un tipo único de IVA y redistribuir el exceso de recaudación hacia las rentas bajas.

Como digo, todo eso podría tener bastante lógica en un mundo ideal. Pero estamos muy lejos de vivir en ese mundo ideal, y en este mundo no ideal parece que el Gobierno de PSOE y Podemos quiere cargarse la exención que actualmente existe dentro del IVA en favor de la Educación y la Sanidad. Su argumento no es muy distinto al que he apuntado en las líneas anteriores: la exención favorece a las rentas altas y, dado el altísimo déficit público que soportamos ahora mismo, necesitamos de una mayor recaudación que provenga especialmente de esas rentas altas. Sin embargo, esta tesis es problemática en varios sentidos:

  1. De acuerdo con la propia AIReF, no está nada claro que esta medida vaya a suponer un incremento neto de la recaudación del Estado. Si se encarecen los servicios educativos y sanitarios privados, muchos de sus clientes —probablemente de clase media— dejarán de emplearlos y pasarán a demandar plazas en escuelas y centros sanitarios públicos, de modo que el Gobierno deberá aumentar el gasto para dotar tales plazas (o permitir que la calidad de esos servicios públicos se deteriore). En palabras de la propia AIReF: “El mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público”.
  2. La medida, por consiguiente, parece buscar simplemente reducir las plazas provistas por el sector privado para así ampliar las del público (ni siquiera para mejorar la calidad de las plazas que ya existen en el público, sino para incrementar su cantidad). Pero ¿en qué sentido contribuye ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si estos son quienes escogen voluntariamente la provisión privada frente a la pública? En ninguno: se trata simplemente de continuar alimentando el tamaño de Estado a costa del resto de la sociedad. Una obsesión ideológica del actual Gobierno sin relación alguna con el bienestar social.
  3. Por consiguiente, y dado lo anterior, en este caso tampoco parece que se vaya a incrementar la progresividad del IVA suprimiendo tales exenciones y aumentando la redistribución vía gasto: a la postre, el nuevo gasto público se destinaría a financiar sueldos de nuevos empleados públicos para proporcionar servicios desde el Estado a clases medias o clases medias-altas que antes lo recibían fuera de él. ¿En qué beneficia eso a las rentas bajas? En absolutamente nada. Repito: no estamos hablando de subir impuestos a las rentas medias y altas para redistribuirlos a las rentas bajas (algo que podría tener sentido desde una perspectiva socialdemócrata); estamos hablando de subir impuestos a las rentas medias y altas para redistribuirlos hacia esas mismas rentas medias y altas (algo que carece de sentido incluso desde una perspectiva socialdemócrata).

En definitiva, lo que en teoría podría tener sentido, en la práctica puede aplicarse —y probablemente vaya a aplicarse— de un modo desastroso. Dada la magnitud del cambio que supondría eliminar las exenciones actuales del IVA o reclasificar productos desde los tipos superreducido y reducido al tipo general, convendría que, como poco, el Gobierno calculara la recaudación neta que espera obtener con ello, que nos concretara en qué pretende gastarla y, por último, que estimara el impacto económico que con todo ello se generaría. Y si el único propósito de la medida es, como parece ser, golpear los servicios privados para inflar aún más los públicos, más valdría que nos quedáramos como estamos. Solo los políticos saldrían ganando al ver ampliado su control sobre la ciudadanía a costa de que esta posea menores opciones para elegir.

Sobre el ¿derecho? de secesión

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

Ley, democracia y libertad. En torno a esos tres significantes y sus respectivos significados se plantea el debate sobre la secesión territorial y el derecho -existente o no- a la propia. En ocasiones se confunde con el derecho de autodeterminación, que se encuentra perfectamente estipulado y delimitado en tratados internacionales y que, como veremos, no corresponde ni afecta al caso de España, y más en concreto, de Cataluña. Si pretendemos mantener un debate coherente sobre el ciertamente abstracto derecho de secesión, debemos primero plantear una visión general del asunto para, más adelante, adentrarnos en el caso concreto que nos preocupa para el estudio de la cuestión, tratándose este del independentismo catalán, transformado en secesionismo etnonacionalista, a lo largo de las últimas décadas. Para poder mínimamente alcanzar una conclusión algo coherente y alejada de todo tipo de fanatismo acerca del asunto que nos acaece, debemos en primer lugar revisar multitud de conceptos, comenzando por la democracia misma y lo que entendemos por ello.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la democracia -al contrario de lo que alegan muchos demócratas pretendidamente liberales hoy en día- no puede basarse únicamente en la satisfacción de las demandas y/o exigencias populares, o dejarse guiar por las movilizaciones masivas. La democracia en todo momento ha de atender a algún tipo de razón legal y/o moral de orden superior si no desea pervertirse en una tiranía de las mayorías. Para comprender el concepto, introduzcamos un ejemplo práctico. Imaginen por un momento que el día de mañana, respaldado por un proceso electoral democrático, legal y legítimo, un partido situado en el extremo izquierdo del tablero político obtuviera una mayoría absoluta y llevara a cabo la expropiación de todos los medios de producción y la riqueza privada del país. Llevemos ahora el ejemplo al extremo opuesto e imaginen que un partido neofascista en cualquier país del mundo lograra obtener una mayoría absoluta en el parlamento y lograra, gracias a esta, reintroducir leyes de segregación racial y étnica en el espacio público. ¿Serían dichas decisiones democráticas? Si entendemos la democracia como un proceso mecánico, sí. Por el contrario, si entendemos la democracia como un proceso orgánico, con mecanismos de gatekeeping y checks and balances -que es como la entiende el constitucionalismo liberal y legislativo- entonces, definitivamente, dichos movimientos no serían catalogados como democráticos y existirían ciertos cortapisas legales, como es el caso de la Constitución, para impedir los mencionados atropellos a la libertad individual y a los derechos de los ciudadanos.

Por lo tanto, queda meridianamente claro que no podemos interpretar el concepto de “democracia” únicamente como el gobierno del pueblo, entendido este como gobierno de la mayoría, en su más pura traducción del griego antiguo, sino que debemos introducir en dicha definición la función de las instituciones, tanto naturales como políticas en democracia, ya que han sido estas las que han construido los regímenes liberal-democráticos en la actualidad, apoyadas en una Constitución y un poder legislativo, o en el common law, en algunos casos más cercanos al mundo anglosajón. Conviene recordar que fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando se insistió verdaderamente en la construcción y consolidación de regímenes democrático-constitucionales, que hicieran especial énfasis en la separación de poderes y los límites de la política. Esto se traduce en que no toda movilización, por muy mayoritaria que sea ha de obtener automáticamente un halo de legitimidad democrática. El respeto a la libertad y los derechos individuales han de prevalecer siempre, y es por ello por lo que el Estado de derecho es la pieza clave para la protección de nuestro orden democrático. Sin un marco normativo superior no hay democracia. Sin ley no hay democracia.

La democracia ha de respetar la tradición, y la tradición ha de respetar la democracia. Debemos ser conscientes de que, desde prácticamente mediados del siglo XIX, la democracia ha ido construyéndose a sí misma y estableciendo sus propias delimitaciones. Por lo tanto, la democracia no tiene memoria propia -como quieren hacernos creer Carmen Calvo y Yolanda Díaz-, ni tampoco se pone de parte de unos u otros en conflictos políticos y legales -como quieren hacernos creer los secesionistas catalanes-. La democracia ha de imperar a través del orden constitucional y convalidando su relevancia y legitimidad sobre una base histórica real.

Es aquí cuando entra en juego el nacionalismo, en el sentido más amplio posible del término. Al liberalismo incluso se le puede achacar haber sido nacionalista durante buena parte de su historia reciente. Solo tenemos que remontarnos al siglo XIX y observar cómo el liberalismo que luchaba contra la prevalencia del Antiguo Régimen era un liberalismo nacionalista, favorable a la homogeneización cultural e identitaria en torno al Estado-nación, al ser este liberalismo a su vez bastante centralista y contrario a las identidades locales o regionales, con un caso muy claro al respecto, como fue el de España y los isabelinos. Pero no es este concepto de nacionalismo el que más haya preocupado a lo largo de la Historia.

El nacionalismo más oscuro dio pie y se nutrió de ideologías totalitarias como el fascismo italiano o el nazismo, sumándole a la ideología nacionalista una notoria ración de darwinismo social, llevando al colapso global y a los mayores crímenes del siglo XX, junto a las veleidades asesinas de regímenes comunistas como el de Stalin, Mao o Pol Pot. Cabe recordar, aunque a muchos revisionistas actuales del comunismo les duela admitirlo e incluso traten de ocultarlo, que los mencionados regímenes comunistas, tras un falso velo internacionalista, en el fondo escondían fuertes pulsiones etnonacionalistas, que se vieron plasmadas en tragedias como el Holodomor. Algunas de estas tragedias son las que han llevado a teóricos como Habermas a reafirmar su preferencia por un orden político global y supranacional que difumine hasta eliminar la figura del Estado-nación, afirmación que no respaldo en su gran mayoría, aún desde mi convencido europeísmo.

Hasta aquí la carta de presentación del nacionalismo. Ahora volvamos a una cuestión mucho más relevante para el tema a tratar en este texto, como es la existencia, o no, de la legitimidad de la secesión y si esta compone un derecho.

El primer problema que encontramos aquí es el de creación de supuestos derechos artificiales sin ningún respaldo legal. Es por ello que un gran número de políticos, basándose en un falso derecho a la secesión, alentaron a muchos ciudadanos ideológicamente cercanos al independentismo catalán a saltarse la legalidad vigente, y cometieron incluso ellos mismos actos contrarios a lo legalmente establecido. Por ello siempre se insiste en que cualquier debate respecto a la secesión o autodeterminación de un territorio ha de desarrollarse dentro de las delimitaciones establecidas por la ley, con el propósito de evitar debatir sobre falsas o distorsionadas percepciones de la política. Las políticas de identidad han hecho mucho daño en este plano, ya que han proporcionado un supuesto halo de legitimidad ejecutoria a ciertas ideas cuya puesta en práctica chocaría frontalmente con la legislación vigente del Estado español. Pero no son únicamente los nacionalistas catalanes o vascos los que caen en este error frecuentemente. Desde el nacionalismo español, encarnado hoy en día principalmente por Vox, se promueven ciertas políticas de identidad que, de nuevo, chocan con el marco legal establecido, muchas veces incluso en el plano internacional. En este caso hablo de políticas principalmente relacionadas con el control de los flujos migratorios y el quebranto de tratados y convenios internacionales firmados al respecto.

Por otro lado, hay mucha gente que suele confundir el derecho a la autodeterminación con el derecho de secesión, junto con el papel que el primero juega en el orden nacional e internacional. Cabe aclarar, por lo tanto, que mientras el derecho de secesión no se encuentra reconocido ni en la esfera nacional ni internacional, el derecho de autodeterminación sí; aunque no es reconocido en prácticamente ningún país a nivel nacional, en la esfera internacional sí que es recogido por la ONU, eso sí, bajo determinadas y muy específicas circunstancias. La Carta de Naciones Unidas circunscribe el derecho de autodeterminación a dos premisas básicas, de las cuales al menos una de las dos ha de cumplirse para que dicho derecho pueda hacerse efectivo. Para que un territorio pueda acogerse al derecho de autodeterminación, los derechos de este territorio han de ser flagrantemente violados por la nación en cuyo seno se encuentra comprendido, o, en su defecto, haber sufrido una ocupación colonial previa. Ninguno de los dos es el caso de Cataluña, ya que, además, la región española ni siquiera se encontraba en la lista de territorios para los cuales el presidente Wilson diseñó dicha prebenda, que fue incluida en el Pacto de la Sociedad de Naciones al finalizar la Gran Guerra. Dicho derecho de autodeterminación restringido se encuentra dentro de las teorías remediales sobre la autodeterminación, aplicables a un número de casos muy limitados.

Por lo tanto, tal y como podemos observar, en el plano legal, Cataluña no dispone de un supuesto derecho de autodeterminación, y no se encuentra este recogido ni en la legislación nacional ni, aún encontrándose activo en el derecho internacional, tampoco puede acogerse a él. Es decir, el hecho de que los nacionalistas catalanes hablen sobre un supuesto derecho de autodeterminación no va más allá de las soflamas populistas y la propaganda política.

Es aquí donde debemos alargar algo más el debate y pensar en qué tipo de reivindicaciones, más allá de las puramente legislativas o en base a derechos, pueden exponer aquellos que abogan por la secesión o autodeterminación de un determinado territorio.

Comencemos por las teorías en torno a la propia autodeterminación de carácter nacional. Para que esta exista, el territorio al que hagamos referencia ha de encuadrarse dentro del concepto de nación, ya que dicha teoría se enmarca en los principios normativos del nacionalismo posromántico. Y es precisamente esta teoría la que da pie al carácter xenófobo de parte del movimiento independentista catalán, pero que podemos encontrar igualmente, aunque revertidas, en boca de nacionalistas españoles. Estas soflamas se basan en que la nación, más allá de las delimitaciones territoriales, se encuadraría en un marco cultural homogeneizador, y aquellos individuos situados fuera de dicho encuadre no estarían representados como miembros de la nación. Ahora ya saben de dónde viene el empecinamiento de Joaquín Torra con el “ADN catalán”.

En segundo lugar, y aún habiéndolo tratado previamente por encima, otro de los encuadres para la construcción de demandas políticas supuestamente legítimas en torno a la autodeterminación se centran sobre las teorías de carácter plebiscitario. Dichas teorías alegan que con que una mayoría simple de ciudadanos dentro del territorio a separar sea favorable a dicha secesión esto otorgaría validez y legitimidad a la demanda política de autodeterminación. Si llegamos a aceptar dicha premisa con base en el derecho de libre asociación, esta debería ser de aplicación global y, por lo tanto, llevándolo al plano más práctico, serviría también para el supuesto caso de secesión de Tabarnia del resto de Cataluña. Curiosamente, dicha secesión interior no fue aceptada por parte de los nacionalistas catalanes con base en argumentos de carácter etnonacionalista.

Al final, y en medio de todo este entramado teórico, el argumento esgrimido por los independentistas catalanes gira siempre en torno a lo mismo. En un primer lugar, alegan una supuesta legitimidad democrática con base en movilizaciones populares que, como hemos observado anteriormente, poco tienen que ver con la democracia dentro del marco del liberalismo legislativo. Por otro lado, tratan de construir su propia nación con base en principios de homogeneización cultural y territorial más propios del volkismo del pasado siglo XX. Finalmente, algunos dirigentes independentistas catalanes, como es el caso de Joaquín Torra, han llegado incluso a defender la vía eslovena, es decir, un proceso de declaración unilateral de independencia y una ejecución de la secesión territorial haciendo uso de la violencia.

En conclusión, tal y como podemos observar, hoy en día en España no existe el derecho de autodeterminación, aunque bien es cierto que la Constitución acepta enmiendas que, con el apoyo suficiente de ambas Cámaras, podrían llegar a incluir dicho derecho en la vigente legislación. Vías democráticas existen para ello, pero tristemente, los independentistas suelen optar por argumentos etnonacionalistas, excluyentes y disgregadores.

Referencias

Habermas, J. (2001), “The Postnational Constellation: Political Essays”, MIT Press.

Smith, A. (2014), “The Origins of Catalan Nationalism”, Palgrave Macmillan.

El falso “septiembre histórico”. El Gobierno destruye el potencial de recuperación

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“The vow that we made, you broke it in two”. Elvis Costello.

La euforia del Gobierno con los datos del paro de septiembre contrasta con la realidad. “El mejor septiembre de la historia” con la cifra de paro más alta en años. Una caída del paro que ni cubre el aumento de agosto y la tasa de paro más alta de Europa, 669.774 parados más que en septiembre de 2019 (+22,6%), 22% menos contratos que en septiembre de 2019, y a final de mes todavía quedan 728.909 personas en ERTE después de cinco meses de reapertura.

Hablar de dato “histórico” cuando el incremento interanual del paro es el mayor desde 2009 es engañar. Sin la flexibilización de los ERTE de la reforma laboral los 728.909 trabajadores en ERTE estarían en paro y, por lo tanto, el aumento de paro sería un 40% superior al de 2009.

Es aterrador ver la destrucción empresarial. En agosto ha continuado la destrucción de empresas tras cinco meses de reapertura. Hay casi 8.500 empresas menos y se han destruido más de 100.400 en el último año. Una cifra mayor a la de todo EEUU. Esto implica menos potencial de empleo, de inversión y de crecimiento.

Los datos publicados por la Agencia Tributaria también nos muestran el nivel de daño infringido a la economía tras el confinamiento más agresivo e incompetente de la OCDE. Mientras países que han tenido una política sanitaria preventiva, seria y sencilla no han acudido a la represión para esconder su falta de gestión, también han preservado el tejido empresarial y la economía mejor.

Según el consenso de Focus Economics, España en 2020 será la economía que más caiga en 2020, más de un 12%, con el mayor déficit de toda la Unión Europea y con la segunda mayor tasa de paro sin contar ERTE.

España superará en déficit a todos los países y la cifra será más de un 40% superior a la media de la eurozona.

El Gobierno nos repitió una y otra vez que no iba a reducir impuestos porque “hay que recaudar”, y recaudaron mucho menos que ninguno. Unos genios.

La idea de que mantener o subir la tasa impositiva a empresas y familias aumenta la recaudación solo se le puede ocurrir a alguien que jamás ha creado o gestionado un negocio.

La destrucción de empresas, empleo y con ello, bases imponibles por negarse a reducir cargas fiscales en crisis nos lleva a un agujero estructural insostenible.

Ténganlo claro: Ninguna estimación optimista de rebote en 2021 reconducirá el aumento del déficit estructural y el agujero de déficit creado en 2020.

Las estimaciones más voluntaristas reflejan un déficit en 2021 que volverá a ser de más del 7% del PIB y no bajará del 5% (nivel de rescate) hasta 2023. Eso si alguien se cree un crecimiento sostenido entre 2021 y 2024 de más del 3% anual.

En esas mismas estimaciones optimistas de rebote, España tendrá el mayor déficit de la Unión Europea en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

¿Cómo se ha creado semejante agujero fiscal? Fiando toda la recuperación a la política monetaria, aumentando gastos estructurales y subvenciones sin memoria económica ni presupuesto, y manteniendo una fiscalidad anticompetitiva que ha hundido ingresos y bases imponibles.

Esta crisis nos ha demostrado que tener una fiscalidad extractiva y no competitiva como la española es ineficaz en crecimiento y muy dañina en recesión. Cuando la economía crece el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, y cuando la economía cae, también.

Por eso la falacia de “no se pueden bajar impuestos porque hay déficit” es un engaño. En crecimiento, aumentan el déficit estructural gastando más y, en recesión, gastan todavía más. Mantienen administración de ricos en un país de economía de guerra.

No, este agujero no lo han causado “los ERTE”. Los ERTE son mucho más baratos para el Estado que el paro, un trabajador en ERTE le cuesta al Estado menos de la mitad que un parado con prestación. El agujero sin ERTE sería mucho mayor.

No, este agujero no lo han causado “los avales” ni préstamos del ICO a empresas. Los avales y préstamos no computan como gasto -porque no lo son- ni déficit. Que le concedan a una empresa un aval o un préstamo para pagar impuestos en el futuro no es un chollo ni una ayuda. Es una carga.

Este agujero es entero por mantener una administración hipertrofiada y no reducir ni un solo gasto innecesario en periodo de debacle económica y desplome de actividad.

“No hay que bajar impuestos” nos ha llevado a una debacle sin precedentes. La recaudación por IVA cae 15,6% hasta julio -ya con rebote de la economía-, el IRPF se desploma un 27,4%. Renta y patrimonio, un destrozo del 20,4% y el impuesto sobre sociedades baja un 7,1%.

Ningún país de nuestro entorno con fiscalidad más atractiva ha visto un destrozo de tal calibre.

Es aterrador que esta destrucción, alentada desde las capas más intervencionistas del Gobierno, nos lleven a que incluso si el rebote fuera del 9% en 2021 el déficit no caería de los 70.000 millones de euros.

Los ingresos fiscales y bases imponibles de 2019 no se recuperarían hasta 2024 siendo optimistas.

Los fondos de la Unión Europea no cubrirán ni una quinta parte del agujero fiscal acumulado en el periodo.

El destrozo en las cuentas refleja la equivocada decisión de dejar hundirse a empresas y familias por negarse a bajar impuestos y permitirles sobrevivir. El agujero fiscal llegaría a -160.000 millones de euros (-14,7% del PIB) comparado con estimaciones previas de -100.000 millones de euros.

El 80,2% de los apoyos de Europa para 2020-2021 ya se han consumido, y la mayoría son préstamos que tendrán que devolverse.

El préstamo del SURE no cubre ni un 5,27% de los ingresos fiscales y todas las ayudas europeas combinadas -si las recibimos, y esa es otra cuestión- ni cubren un 20% del agujero fiscal de 2020 y 2021. De hecho, los fondos netos de la Unión Europea que pueda absorber la administración ya se han consumido con creces.

Conviene recordar por enésima vez que los fondos de Europa no se van a dar para cubrir desequilibrios estructurales, gasto corriente o subvenciones. Son para proyectos de inversión específicos y con rentabilidad económica real.

Un problema de solvencia no se soluciona con prestamos y ayudas, y el Gobierno ha creado un grave problema de solvencia entre los contribuyentes.

A todas estas cifras hay que añadirles el efecto negativo de confinar Madrid, que supera los 5.000 millones de euros y casi 45.000 empleos, según la patronal de empresarios de Madrid.

El Gobierno de España está jugando un juego muy peligroso al vender las ayudas europeas como un cheque en blanco para su gasto político. Nos arriesgamos a no recibir ni una fracción de esa ayuda.

En cualquier caso, las ayudas de la Unión Europea ni solucionan el problema estructural ni el de solvencia. Los dos problemas que el gobierno ignora con su política del avestruz.

Un déficit anual que supera en un 40% el de la media de la eurozona y que supera a todos los países de nuestro entorno no se va a disfrazar con política monetaria. Lo sabe Italia, y lo sabe cualquiera que entienda que el riesgo se acumula lentamente y salta muy rápido cuando generas un problema de stock (deuda) y déficit excesivo (flujo) creciente y al unísono.

Muchos creen que todo esto da igual porque la deuda la compra el BCE y Europa levanta el techo de gasto. Es de una ingenuidad y un desconocimiento absolutos. La cadena de confianza y solvencia de la UE que permite al BCE endeudarse para aplicar políticas monetarias es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si el Gobierno de España juega a ser Grecia, el resultado será el mismo.

La conclusión es clara. Negarse a implementar una fiscalidad competitiva y atractiva ha destruido más empresas y bases imponibles que ninguna economía de nuestro entorno y generado más déficit que ninguno.

Mantener y aumentar gastos estructurales y exceso presupuestario no es defender el gasto social. Es ponerlo en peligro.

Subir impuestos a un tejido productivo al borde del colapso es ahogar a un enfermo en la UCI y hundir las posibilidades de recuperación.

Subir impuestos a un país de empresas abocadas a la quiebra y con millones de parados es como pedir dinero en la puerta de un edificio derruido.

Si el Gobierno no pone las medidas urgentes para reducir gasto innecesario, crear empresas, empleo y preservar el tejido empresarial ni se van a sostener los servicios públicos ni se va a recaudar nada.

¿Qué es una empresa libertaria?

Escrito por Alejandro de León en . Publicado en Análisis diario.

Vivimos en un mundo en el que la gente señala con el dedo a las empresas acusándolas de mala praxis. En ocasiones, se hace con fundamento y justicia. Otras veces, las acusan de querer ganar dinero, lo que se encuadraría en una acusación con fundamento, el lucro, pero ciertamente inmoral. Acusar a un conjunto de personas, una empresa, mientras hacen un trabajo que se encuadra dentro de la legalidad vigente de querer obtener un beneficio por ello, es una acusación que no tiene base moral.

En septiembre de 1970, Friedman publica el trabajo “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”. En mi opinión, el escrito es tan cierto como incompleto. Para mí, la responsabilidad social de una empresa es beneficiar tanto a sus shareholders, accionistas, como a sus stakeholders, cualquier persona que esté en contacto con la misma.

Por poner un ejemplo sobre muchos otros, ¿qué beneficio social tendríamos si una empresa fuera rentable a costa de tiranizar al empleado? Ciertamente, poco o nada.

A partir de aquí, la empresa (nada más que un conjunto de personas) no le debe nada a nadie. Siempre que practique su actividad bajo una legalidad establecida que el día de su constitución como entidad aceptó y siempre que pague los impuestos que se les exijan. Las empresas no son malas o buenas porque busquen o no el lucro. Existen empresas (repito, como grupos de personas) excepcionales, que buscan incesantemente el lucro mientras mejoran la vida de quienes tienen alrededor. Y, en el otro lado de la ecuación, hay empresas malas que no tienen lucro, ni lo buscan.

Cómo beneficiar a los stakeholders

Locke postula tres bases nucleares, y las sitúa como derechos naturales: vida, libertad y propiedad privada. Estos tres pilares, como diría Bertrand Russell, “abrumadoramente intensos”, funcionan como cimientos, no solo de cualquier individuo honrado sino también de cualquier empresa que desee beneficiar a sus stakeholders.

1) Responsabilidad individual

En primer lugar, buscamos el respeto por la vida y los proyectos de vida de los demás. Descartemos que una empresa sea nada más allá que un grupo de personas que, a veces, ganan y otras veces pierden tiempo y dinero. Cuando una empresa evade impuestos, evaden la dirección o el departamento fiscal. Ese perjuicio que causan en el territorio donde funcionan deberían pagarlo los que han errado. No es correcto que peque el manager pero pague la penitencia el accionista, el empleado con un despido, o incluso el país con una contracción del PIB como ocurrió en 2008. 

El ejemplo manido de privatizar beneficios pero socializar pérdidas se evita cuando una empresa se rige bajo el prisma de la responsabilidad individual de cada empleado. De nos ser así, caemos en ejemplos como el de Lehman Brothers, donde Dick Fuld ganaba un sueldo de más de 22 millones de euros mientras quebraba uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, la piedra angular del sistema bancario y empresarial americano. Tan solo mirando el PIB hubo una contracción del 3,4% en los países industrializados. Dick Fuld declaró tener solo 100 millones de euros, una vez quebrada la firma, cuando tuvo que parar la construcción de un colegio para el que había comprometido 50 millones como parte de su labor filantrópica.

2) Empleados libres

El segundo paso para Locke es la libertad. Esta es quizá la clave para sobrevivir como empresa como John Stuart Mill explica en su maravillosa obra On liberty: «El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad». Una empresa solo puede innovar si dejamos que el talento funcione en libertad, especialmente ahora que, como la Ley de Moore representa, los ciclos de innovación y cambio son más cortos que nunca.

Muy conocido es el caso de Google, donde el 20% del tiempo del empleado se dedica a usar la libertad en la extensión de la palabra. ¿Beneficia esto a los stakeholders? Sí, ¿hace esto que Google sea una empresa que valga más en bolsa en el largo plazo? Diría que sí también, ¿hace esto de Google una empresa mejor? Sí, sin duda.

3) Derechos de propiedad privada

Y aquí es donde llega la expresión que todo liberal que se precie debe conocer y, frecuentemente, usar: la batalla de las ideas. Si los empresarios no luchamos por que sea fácil crear nuestra empresa, sea sencillo trabajar en libertad y se respete lo que hemos ganado, nadie lo va a hacer por nosotros.

Perdón, solo instituciones como el Instituto Juan de Mariana nos seguirán apoyando pase lo que pase. Y por eso debemos apoyarles nosotros a ellos también, por cierto.

Por qué el Estado no funciona

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario.

Algunas veces, cuando nos dirigimos a la Administración, esta no responde nuestras solicitudes (escritos o correos electrónicos); otras, las dudas no son resueltas y nos remiten a la legislación aplicable. De la atención telefónica mejor no hablar. Con la pandemia, muchos trámites presenciales han sido «oficialmente» sustituidos por medios telemáticos, pero la Administración responde aún menos que antes. Algunos funcionarios están encantados con la covid porque tienen la excusa perfecta —proteger la salud— para eludir a los «molestos» ciudadanos. Si los funcionarios rinden poco en sus dependencias, es de ingenuos esperar que lo hagan desde casa. Este empeoramiento de la atención ciudadana ha sido recientemente denunciado por el actor Antonio Resines en la puerta de un organismo público (INSS) en Madrid. La Administración está «de brazos caídos» y los ciudadanos sufren las consecuencias de su inactividad. La actividad económica se resiente porque toda ella depende de la obtención de autorizaciones y licencias. Tampoco podemos descartar que se esté obrando de mala fe. Cuando el dinero público escasea, la ineficacia (deliberada o no) se traduce en menores desembolsos a los titulares de derechos económicos (pensiones, dependencia, becas, etc.). El problema de crear derechos espurios es que luego no hay dinero para pagarlos, pero volvamos al tema que nos ocupa hoy.

Para entender por qué el Estado no funciona (ni puede funcionar) debemos primero comprender su naturaleza. ¿Quién es el Estado? Frédéric Bastiat (2012: 167) decía irónicamente: «No he tenido el honor de conocerle». Nietzsche (1984: 73), en palabras del profeta Zaratustra, afirmaba: «Todo lo que tiene es producto del robo». Más recientemente, el profesor Bastos Boubeta concluye que se trata de un ser hipostático, sin entidad real. «El Estado como tal no existe, son personas organizadas y jerarquizadas, vinculadas por relaciones jurídicas y de poder, que operan sobre un territorio monopolizando el uso de la fuerza» (Bastos, 2005: 15).

El Estado no somos todos. Lo compone un grupo organizado de personas: políticos, funcionarios y, en general, todas aquellas cuyas nóminas se pagan con dinero confiscado. Los empleados en empresas públicas son apéndices del Estado pues viven total o parcialmente de fondos públicos. En cambio, los pensionistas y otros perceptores de dinero confiscado no forman parte del Estado. Unos y otros, por lo general, no son conscientes de sus respectivos roles. Por ejemplo, los empleados de los sectores público y privado no se ven a sí mismos como explotadores y explotados o como parásitos y huéspedes, respectivamente. Como explicamos el pasado mes (Sobre la defensa del libertarismo), el vínculo entre un funcionario y un ciudadano no es contractual, sino hegemónico y que cuando «pagamos» un café no lo hacemos de la misma manera que cuando «pagamos» el salario de un funcionario. En sus relaciones con la Administración, los ciudadanos son tratados como lo que son: clientes cautivos que deben asumir resignadamente su condición servil. La Administración es una organización antisocial porque su actividad reduce el nivel de vida de la sociedad. Los ciudadanos, por su parte, no se enfrentan a ella porque consideran que la elusión, la sumisión, la lisonja o el recurrir a las «amistades» son vías menos costosas que pleitear.

La ineficiencia es una característica principal del Estado, consecuencia inevitable de su naturaleza violenta. Cuanto más autoritario es un Gobierno, más ineficiente es. Esta correlación es muy visible en los regímenes totalitarios, pero también se observa puntualmente en España. Por ejemplo, durante la pandemia el Gobierno ha aumentado su poder y la Administración funciona peor. Dicho en términos coloquiales: «el Estado falla más que una escopeta de feria» y no podría ser de otra manera porque su función principal no es servir a los ciudadanos, sino servirse de ellos para su propio provecho. Veamos tres ejemplos: a) Los políticos y otros altos cargos del Estado utilizan a los agentes de policía para su seguridad personal. b) Los funcionarios de la sanidad pública tienen patente de corso para saltarse las listas de espera. c) La justicia es parcial. Si la segunda vivienda de un ministro, diputado, concejal, juez, fiscal o policía es usurpada (okupada) su recuperación será inmediata; mientras que a un ciudadano común le costará muchos meses y tormentos. Los gitanos, que gozan de justicia privada, no sufren este problema porque un okupa sería desalojado en cuestión de minutos. Daniel Esteve, fundador de la empresa Desokupa, recomienda no llamar a la policía y recuperar la propiedad con medios contratados o incluso de forma personal.

Pero si el Estado no funciona, ¿por qué sigue existiendo? Para supervivir, el Estado necesita dos cosas: a) Mantener sus monopolios: militar, policial, legal, jurisdiccional, fiscal, monetario, etc. b) Legitimarse mediante la propaganda y la prestación de servicios, aunque estos sean precarios. Para mantener su modus vivendi el Estado debe combinar el palo (legislación, cárceles, multas) con la zanahoria (servicios, obsequios) y aderezarlo todo bien con la propaganda (educación y control de los medios de comunicación pública). El Estado necesita que las masas crean que funciona o que, al menos, es un mal necesario; y aquí debemos reconocer su maestría. Por desgracia, los políticos son trabajadores infatigables, si fueran más vagos harían menos daño.

Desde el punto de vista económico, la ineficiencia del Estado es un hecho científico, demostrado en 1920 por Ludwig von Mises. En el ensayo «El cálculo económico en el sistema socialista», el economista austriaco prueba que si los medios de producción no son privados no se puede generar un sistema de precios y, por tanto, no es posible saber si una actividad es o no económica. Por ejemplo, una empresa privada de seguridad determina el salario de sus vigilantes mediante precios de mercado; el Gobierno, en cambio, no tiene forma de saber el salario de un funcionario —juez, militar, policía— y su determinación obedece a intereses políticos, corporativos, sindicales, etc. Esto debe ser asumido y entendido como un mal irremediable.

El Estado, al contrario que las empresas, no proporciona utilidad a los consumidores y la mejor prueba de ello es que sus servicios deben pagarse forzosamente, mediante la confiscación y bajo condiciones impuestas unilateralmente. Si el consumo y pago de los servicios públicos fuera voluntario, 3.225.900[1] trabajadores a sueldo del Estado tendrían que ganarse la vida como todo hijo de vecino, a saber, sirviendo puntualmente al prójimo mediante relaciones contractuales, libres y consentidas. Esto no sería problema para muchos funcionarios —maestros, sanitarios, policías, administrativos— que encontrarían acomodo en el sector privado. Algunos empleos mermarían considerablemente —militares, profesores universitarios, científicos, sindicalistas— y otros directamente desaparecerían: los políticos y burócratas que han tejido esa intrincada tela de araña llamada estado de bienestar y que únicamente sirve al suyo propio.

Bibliografía

Bastiat, F. (2012). Obras escogidas. Madrid: Unión Editorial.

Bastos, M. A. (2005). «¿Puede la intervención estatal ser justificada científicamente? Una critica». Procesos de Mercado, Vol. II, no 1, pp. 11 a 51.

Mises, L. (2009) [1922]. El Socialismo. Madrid: Unión Editorial.

Nietzsche, F. (1984): Así́ habló Zaratustra. Madrid: Busma.

[1] Fuente: Absolutexe, datos EPA, julio 2020.

El coste de oportunidad de las decisiones económicas nos lleva a la ruina

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Dice Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en una entrevista, que la ideología no es buena en economía, y tiene razón. En plena eclosión de la crisis asociada al coronavirus, sería deseable que ese principio estuviera muy presente en las mentes y los actos de quienes tienen que gestionarla.

No es fácil. En nuestras sociedades se da la paradoja señalada por Francis Fukuyama, según la cual, se produce una contraposición entre aquellos valores compartidos que fortalecen los vínculos de la comunidad y el deseo de igualdad en las sociedades democráticas. En ellas, se transita desde la simple tolerancia de formas de vida alternativas hacia la aseveración de su igualdad esencial.

En mi opinión, si ese tránsito es evolutivo, es decir, de abajo a arriba y a lo largo de un período de tiempo suficiente como para que se incorporen a la sociedad, no debería haber mayor problema, se llama evolución social.

El problema aparece cuando ese cambio es fruto de una imposición y no se respeta el ritmo que cada sociedad requiere para asimilar ese cambio. Es, precisamente, el afán de imponer ideologías lo que empuja a esa imposición. Y, en el terreno económico, las consecuencias son nefastas.

Este tipo de decisiones implica, como todas, un coste. Una de las características que definen la mirada económica es ver no solamente los costes más inmediatos, sino también los costes de oportunidad de cada elección. Por ello, se me antoja extremadamente importante saber si los gestores económicos de quienes dependemos los consideran.

Por ejemplo, los gobiernos de aquellos países que estamos afrontando lo que se ha venido a llamar ‘segunda ola’ del coronavirus se encuentran ante la disyuntiva de confinar totalmente o no, cerrar colegios y universidades o cerrar bares y locales de ocio nocturno.

Un error en el cálculo de los costes económicos, incluyendo el coste de oportunidad, implica un aumento de la pobreza, un empeoramiento del nivel de vida de los ciudadanos, a más o menos largo plazo dependiendo del país, destrucción del tejido empresarial, etc.

En este sentido, como muchos otros economistas, yo no acepto la excusa de que el desastre económico es el precio legítimo de las medidas de confinamiento, sea el Gobierno que sea el que las tome.

Hay un abanico de medidas a tomar, diferentes formas de gastar el dinero del contribuyente. Pongamos, por ejemplo, el gasto en rastreadores y test fiables o en transferencias a los medios de comunicación afines.

En este caso, los costes de la elección de una opción incluyen, además de los gastos evidentes, la pérdida potencial de la alternativa no elegida. Es decir, además del dinero transferido a los medios, habría que computar como coste el ahorro de gastos incurridos que no hemos logrado y que nos habría reportado invertir en rastreadores y test ese dinero. ¿Lo han tenido en cuenta los decisores? No parece. ¿Es porque no les importamos?

Decía el socialista francés Michel Rocard, que siempre hay que preferir la hipótesis de la estupidez a la de la conspiración, porque el complot requiere cierta sofisticación. Estoy de acuerdo.

Las decisiones económicas más importantes en estos momentos se refieren a lo que se va a hacer con los fondos europeos. A riesgo de resultar demasiado repetitiva, hay que recordar, como hace repetidamente Luis Garicano, que ese dinero no nos lo vamos a encontrar en el buzón de correos una mañana.

Se trata de “gastar bien”, en reformas e inversiones en línea con las prioridades acordadas por la Unión Europea. Es decir, por nosotros, que estábamos ahí en las reuniones. O al menos eso es lo que implica el gobierno representativo.

Así que, quienes pretenden hacernos ver la UE como un agente del mal externo a nosotros, a veces desde el mismísimo Gobierno que ha participado en esas decisiones, se equivoca. También se confunde el periodista Claudi Pérez, quien afirmaba hace unos días que “reformar es una palabra que debería estar proscrita” porque “en el peor de los casos es un eufemismo de recortes” y en el mejor, “es un cajón de sastre”.

La única manera de acabar con problemas estructurales es emprender las reformas necesarias, mejorando la eficiencia del gasto, a veces recortando y a veces asegurando que el impacto es el adecuado.

Nuestras autoridades se encuentran ante el dilema de enfocar esas inversiones como una decisión económica o como una decisión política. Simplemente analizando las pasadas decisiones, me temo lo peor.

Garicano aboga por una autoridad “independiente” que asegure que la ejecución del gasto se ajusta a lo que debe ser. Yo no confío en que nuestro gobierno bicéfalo entienda el significado real de la palabra “independiente” cuando se refiere a autoridad económica, judicial o sanitaria.

El coste económico de que esta decisión sea adoptada siguiendo criterios políticos es incalculable. Incluiría la potencial ganancia no obtenida de haber aplicado criterios económicos.

Garamendi señalaba en sus declaraciones el ejemplo perfecto de decisión económica tomada con criterios políticos. Explicaba que anunciar cambios en la reforma laboral, incluso si luego no se llevan a cabo, implica aumentar la inseguridad jurídica entre los inversores, especialmente los extranjeros.

No solamente por la incertidumbre acerca de la reforma en sí, sino también porque precisamente la OCDE, el FMI y el BCE han subrayado que las cosas funcionan tal y como están, y el mantenimiento de la reforma es un requisito para recibir ayudas de la UE. Es decir, sobrevuela sobre nuestras cabezas la posibilidad de que, incluso si nos adelantan el 10% inicial, luego no haya más ayudas, o que ni siquiera nos adelanten ese porcentaje que, en cualquier caso, recibiríamos a mediados del 2021.

¿Cuánto aumentarían las inversiones nacionales y extranjeras si no se anunciaran esos cambios? ¿Qué beneficios tendría ese aumento de las inversiones en nuestra economía? Ese es el coste de oportunidad que debería estar encima de la mesa de nuestros gestores a la hora de tomar la decisión de hacer anuncios que les benefician políticamente. Al final, sí va a ser la economía.