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Justicia fiscal, expolio social

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“For a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle”. Winston Churchill.

Es sorprendente que el presidente del Gobierno, en una entrevista, nos diga que tenemos que consumir más mientras anuncia una brutal subida de impuestos en medio de una crisis. Denota la falta de respeto al contribuyente y a las empresas que están luchando por mantenerse a flote en una recesión sin parangón. En realidad, no sorprende. Parte de la misma visión extractiva de la economía de siempre. Usted gana demasiado y ellos gastan poco.

Para justificar su hachazo fiscal ya están utilizando varias mentiras.

La primera, que recaudamos muy poco, la desmontamos la semana pasada. Otra es el “peligroso aumento del ahorro”. Es alucinante, lanzan la economía al abismo, amenazan con subidas de impuestos constantes, las familias intentan ahorrar un poco y les culpan de que no consumen lo que quiere el Gobierno. La tercera mentira es que la subida de impuestos va a sufragar el Estado de bienestar.

Ni las estimaciones más optimistas cubren el aumento de déficit de 2019… Imaginen el de 2020 y 2021. Se han perdido 42.000 millones de ingresos fiscales en esta crisis, ni con estimaciones optimistas de crecimiento y de ingresos se van a cubrir hasta 2023… Y recordemos que en 2019 ya teníamos un déficit superior al estimado y presupuestado.  

Si subir impuestos, como ha hecho en 2018 y 2019 con los impuestos al trabajo, es positivo ¿por qué se ha destruido más empleo, empresas e ingresos fiscales que en ningún país de nuestro entorno? La cuarta mentira es la de “pagar impuestos como un ciudadano nórdico, orgulloso”.

Lo dice una persona que vive de los impuestos de los demás, orgulloso. La principal diferencia en materia tributaria con los países nórdicos es que tienen un IVA e impuestos indirectos, los que pagamos todos, mucho más altos. Otra gran mentira es que nos van a regar de dinero con centenares de miles de millones sin condiciones. Si fuera cierto, no subiría los impuestos, sería innecesario. Si fuera cierto que la ayuda de la UE y la monetización del déficit son la panacea de dinero gratis que va a evitar los recortes, no solo no subiría impuestos, debería bajarlos.

Es más, si fuera cierto que la recuperación de la economía va a ser en “V” y que los ‘brotes verdes’ nos rodean, tampoco tendría que subir los impuestos, solo aprovechar el espacio fiscal que nos concede la Unión Europea para facilitar y acelerar esa recuperación. Pero Sánchez sabe que la recuperación va a ser lenta y difícil y que va a tener que llevar a cabo enormes ajustes.

Lo que quiere es que esos ajustes recaigan en el 100% en el sector privado y los contribuyentes, mientras mantiene la administración más cara y con más ministerios de la historia. Dice que no va a hacer recortes, pero anuncia enormes recortes en el poder adquisitivo de todos los contribuyentes.

Por eso se inventa la falacia de la ‘justicia fiscal’. España ya tiene una fiscalidad progresiva. Un contribuyente que gana 150.000 euros brutos al año sufre una cuña fiscal ya es del 48,25% en las comunidades autónomas del régimen común, y que llega hasta el 53,11% en Navarra. El concepto de “renta alta” es en realidad casi inexistente en España, ya que hablamos de unas 90.000 personas, y solo 7.000 pueden considerarse “ricos” de verdad. Las rentas de 150.000 euros abonan unos 84.000 al año en impuestos, antes de entrar en impuestos indirectos, al ahorro, a la vivienda, etc.

La fiscalidad de las empresas también es progresiva si no se usan subterfugios para ignorar la batería de impuestos que pagan. “A la empresa pequeña le corresponde una factura fiscal anual del 49,67% sobre su resultado bruto de explotación. En el caso de una mediana, el tipo efectivo se eleva hasta el 51%; y en el de una grande, hasta el 61,57%. Es decir, más de la mitad de sus beneficios brutos tienen que dedicarse a pagar impuestos a las diferentes Administraciones: central, autonómica y municipal”, como explica Javier Santacruz en su estudio de la fiscalidad de las empresas.

Sánchez sabe que un incremento del 10% en el tipo efectivo medio sobre las rentas de más de 150.000 euros hundiría la recaudación entre 500 millones y 2.500 millones de euros. En el más optimista de los casos, efecto casi nulo. Existen diversos estudios que lo demuestran.

No solo sabe eso, sino que sabe que las “grandes corporaciones” no van a sufragar las decenas de miles de millones de euros de déficit en los que vamos a caer por no ajustar gastos, como ha hecho todo el mundo en Europa para tener espacio para el nuevo gasto sanitario y por desempleo.

El impuesto de Sociedades recauda unos 23.000 millones de euros. Ya en 2019 la recaudación cayó por menores beneficios empresariales. En 2020 y 2021 se va a dar un mar de pérdidas en la mayoría de las empresas. Sánchez sabe tan bien que esas grandes corporaciones no van a sufragar los miles de millones en nuevos impuestos que él mismo está anunciando ayudas para que se mantengan a flote.

En un país donde se han destruido 140.000 empresas en dos meses, y se están yendo grandes empresas a otros países, decir que las empresas pagan pocos impuestos es, como mínimo, una broma de mal gusto.

Si le preocupase la justicia social, no consideraría aceptable detraer en impuesto de la renta más de la mitad de los ingresos de un trabajador, sea cualificado o no, para luego detraer un tercio de sus ahorros, un cuarto de su vivienda y un quinto de su consumo.

Si le preocupase la justicia social, desde luego sabría que, expoliando a los 90.000 ciudadanos, trabajadores, que ganan más de 120.000 euros y a las empresas más sólidas ni se pagan las pensiones ni se reduce el déficit ni se mejora el patrón de crecimiento.

La realidad es que están preparando el terreno para la mayor subida de impuestos de la historia y el mayor recorte de gasto en décadas porque esas serán condiciones para recibir apoyo.

Tenemos la evidencia de que las subidas de impuestos cuando la fiscalidad no es competitiva (como explico en este artículo), y en periodo de crisis, ralentizan la recuperación y reducen el potencial de crecimiento de empleo. Las subidas de impuestos en la crisis anterior retrasaron la recuperación y ralentizaron la mejora del empleo.

No es ninguna casualidad que todos los países de la Unión Europea hayan bajado o exonerado impuestos para atender a esta crisis. La medida más exitosa de las economías líderes de la Unión Europea para combatir la crisis ha sido la exoneración de impuestos al trabajo, ayudas fiscales a empresas y a autónomos que han impedido que se dispare aún más el paro.

Subir los impuestos al consumo, la inversión y el empleo en medio de una crisis donde el paro es tan alto y el déficit se dispara por destrucción de actividad es simplemente una locura. Pone escollos a la recuperación y su efecto recaudatorio será imperceptible, como siempre.

Señor presidente: el sector público vive del sector privado. Ahogando a las empresas y familias bajo la mentira de que todo el mundo tiene margen menos ustedes no se defiende el Estado de bienestar, se le ataca.

Financiación autonómica en tiempos de pandemia

Escrito por Santiago Calvo López en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando China declaró formalmente la crisis sanitaria a causa de la COVID-19 el pasado 31 de diciembre en España las Comunidades Autónomas se encontraban en conflicto con el Ministerio de Hacienda a causa del famoso mes 13 del IVA. Los gobiernos autonómicos pretendían recibir una compensación por la menor liquidación del ejercicio 2017 a causa de la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII). Varios meses después, el debate sobre la financiación autonómica ha cambiado radicalmente, aunque el problema sigue siendo el mismo: excesiva dependencia de las Comunidades Autónomas para percibir buena parte de los ingresos que le corresponden a través de un sistema engorroso y que funciona con dos años de retraso.

Como en otras áreas de política económica, abordar la financiación autonómica en tiempos de pandemia requiere actuaciones en el corto plazo para hacer frente a las necesidades financieras más inmediatas, combinándolas con otras de carácter estructural que mejoren el diseño del sistema en el largo plazo.

Primero, lo urgente

Lo urgente es hacer frente a los costes más inmediatos relativos a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, en especial al aumento del gasto sanitario, educativo y social. Justamente en estas políticas las Comunidades Autónomas tienen un papel protagonista, sobre todo en las dos primeras, ya que en estas el peso del gasto autonómico supera el 90% del total.

La actuación del Gobierno en este sentido ha sido más bien positiva, haciendo uso tanto de los recursos ya integrados en el sistema de financiación autonómica como a través de fondos extraordinarios con el fin de dotar de recursos suficientes a las haciendas regionales para que estas no tengan que asumir grandes ajustes presupuestarios en el corto plazo. A cambio, eso sí, deberán acercarse al objetivo de déficit del 0,2% del PIB acordado el pasado mes de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En relación con los recursos ordinarios también ha habido una cierta excepcionalidad. A pesar de no haberse aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, ha permitido actualizar de manera extraordinaria las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas para este ejercicio, lo que supone unos recursos extra de 2.867 millones de euros.

Pero además, esas entregas a cuenta que se calculan según las estimaciones de ingresos tributarios previstos para cada ejercicio (hasta pasados dos años no se realizan las liquidaciones definitivas una vez conocida la recaudación tributaria definitiva), se han mantenido según lo previsto antes de que estallara la crisis del COVID-19, por lo que los gobiernos autonómicos dispondrán de unos recursos muy por encima de los que realmente les corresponderían (con los datos de recaudación del mes de abril, los ingresos tributarios en términos homogéneos han caído en un 8,4%, ver aquí).

Por otro lado, el Gobierno, a través del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, ha creado un fondo extraordinario no reembolsable para financiar a las Comunidades Autónomas, dotado con 16.000 millones de euros. Y aquí surge un problema conocido: el papel preponderante que juega la política en los criterios de reparto (ver aquí). Quizás hubiera sido más conveniente haber llegado a un acuerdo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque también es preciso reconocer que no había demasiado margen temporal para que tal negociación llegase a buen puerto (ver aquí la estimación de Conde-Ruiz sobre la distribución regional del Fondo).

Luego, lo importante

Un modelo cuasi-federal desde el punto de vista fiscal como el existente en España exigiría coordinación y no subordinación, y por lo descrito en el anterior punto, las Comunidades Autónomas siguen estando en una posición de cierta dependencia con respecto al Gobierno Central. No se trata, como apunta Lago-Peñas (aquí) de realizar un ajuste cuantitativo, ya que la descentralización es difícilmente ampliable, sino más bien de un ajuste cualitativo de tal modo que la capacidad fiscal de la que disponen gobiernos autonómicos sea realmente efectiva.

Una vez superada la actual crisis provocada por la COVID-19, los desajustes verticales, es decir, la parte de las necesidades de gasto completadas por transferencias, deberían reducirse. La dependencia financiera generalmente alimenta comportamientos poco responsables, como así parece haber sucedido con los mecanismos extraordinarios de liquidez, tal y como mostramos en un papel (todavía por publicar) María Cadaval y un servidor en el pasado Encuentro de Economía Pública de Barcelona[1].

En una crisis que entra dentro de la lógica de la evolución de los ciclos económicos como fue la Gran Recesión, debido al funcionamiento de las entregas a cuenta y de las posteriores liquidaciones transcurridos dos años, las Comunidades Autónomas no sufrieron sus consecuencias hasta el ejercicio 2010, por lo que se vieron comportamientos imprudentes tales como el aumento de gasto corriente (ver aquí). Y este es un problema a resolver a través de una mejora del desajuste temporal entre lo que sucede realmente hasta el momento en el que la información de la situación económica llega a los gestores autonómicos, en la línea de lo recomendado en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (aquí).

Si no existiera tal desajuste, el problema de la financiación autonómica en tiempos de pandemia se resolvería con el fondo extraordinario. Sin embargo, en 2022 podemos vivir una situación similar a la del año 2010, ya que será en ese momento en el que se liquide el sistema de financiación autonómica del año 2020, arrojando un resultado negativo. Así como parece conveniente que, en este caso, se mantengan los recursos necesarios para hacer frente al gasto sanitario y educativo, tampoco parece idóneo que se deba hacer todo el ajuste en un solo ejercicio, y más con la incertidumbre imperante en estos momentos.

De este modo, debería establecerse un calendario de devoluciones asumible e inamovible, a diferencia de lo que ocurrió con la devolución de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009, cuyos plazos se modificaron hasta en dos ocasiones. Que ahora las Comunidades Autónomas no asuman los costes de la crisis sanitaria no significa que no deban ser igual de responsables en el posterior ajuste que otros niveles de gobierno.

En definitiva, en el corto plazo la actuación parece haber sido más que correcta, pero en los próximos años saldrán a relucir problemas estructurales del sistema de financiación autonómica que podrán resolverse como casi siempre, (i) a través de parches y transferencias que no ayudarán en nada a lograr un modelo robusto, también en momentos de vacas flacas; o bien (ii) haciendo copartícipes a las Comunidades Autónomas del ajuste y saneamiento de las cuentas públicas incentivando el uso de su capacidad fiscal y reduciendo, por tanto, su dependencia e insuficiencia financieras, en la línea de lo planteado por Diego Martínez López en una entrada anterior (ver aquí).

[1] Disponible a petición de los autores.

Stuart Mill no hubiese votado esa PNL

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa.

l pasado viernes, 291 diputados de diferentes formaciones políticas entre las que se encuentran los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP), Podemos y Ciudadanos, aprobaron en el Congreso una Proposición no de Ley para combatir el negacionismo de la Violencia de Género. Esta PNL instaba al Gobierno a, como dice su nombre, combatir los discursos que niegan la existencia de ese tipo de violencia.

Sin entrar en la cuestión sobre los orígenes y el comportamiento de la violencia en el hogar, pues ni soy una experta ni me gustaría tirar por la borda años de investigación académica, cabe destacar la ligereza con la que en un texto de no más de 4 páginas se hace referencia a la misma. Teniendo ello una gravedad no menos importante, hay una cosa que me preocupa todavía más.

La aprobación de esta PNL puede parecer, a priori, un acto puramente simbólico de apoyo al discurso, ahora mayoritario en el Congreso, que se arroga la consideración por el beneficio y protección de las mujeres. Pero no es así.

Estos actos parlamentarios, que pueden ser tanto elementos de control como de impulso político, y que buscan conseguir una resolución del órgano en el que se presentan (el pleno del Parlamento o una comisión), tienen como último objetivo que lo votado no se quede en una simple declaración de intenciones y que tenga un desarrollo posterior: ya sea con la aprobación de ciertas normas legislativas, por ejemplo. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. El desarrollo inmediatamente siguiente de esta PNL es, precisamente, la persecución de los discursos disidentes, usando como pretexto esa lucha contra el negacionismo.

En un momento en el que ciertos consensos de la democracia liberal están siendo amenazados por populismos y autoritarismos, que creen que la verdad debe ser dictada desde el poder, conviene rescatar a un autor muy importante. John Stuart Mill, odiado por unos y amado por otros, escribía en 1859 una obra sublime en defensa de la Libertad.

Cuestionar la libertad de expresión y la pluralidad pone en jaque los cimientos de la convivencia

En On Liberty, Stuart Mill hablaba de la importancia de la libertad de expresión en la búsqueda de la libertad. Decía que “la única forma de que un ser humano pueda conocer a fondo un asunto cualquiera es la de escuchar lo que puedan decir personas de todas las opiniones, y estudiar todas las maneras posibles de tratarlo”. Pues de negar esa posibilidad de confrontación tan elemental, los que la niegan estarían creyendo “no pecar de infalibilidad al reconocer que la discusión debe ser libre en cualquier asunto que pueda parecer dudoso, y, al mismo tiempo piensan que hay doctrinas y principios que deben quedar libres de discusión, porque son ciertos, es decir, porque ellos poseen la certezas de que tales principios y doctrinas son ciertos”.

La libertad de pensamiento y expresión no solo es fundamental como principio vertebrador de cualquier democracia liberal. Tiene además un componente utilitarista. Si cuando gobiernan los nuestros no protegemos ese derecho, cuando gobierne el adversario no podremos exigir que actúe de distinta forma. Y así la raíz misma de la Libertad, la duda y la falibilidad, estará en constante amenaza.

Dudar ante la determinación de lo que es bueno para uno, y contemplar la posibilidad de error, nos previene de una de las más crueles imposiciones: la imposición a los demás de una moral ajena que además pueda ser errónea.

En la convivencia en sociedad se debe poder discutir de todo y en todo momento, siempre que sea de forma pacífica y respetuosa, y siempre que se dé la oportunidad al adversario de defenderse. La libertad de expresión es uno de los aspectos más importantes de las sociedades abiertas y plurales en las que los ciudadanos pueden realizar su proyecto de vida sin que otros interfieran coactivamente.

Lo contrario, poner en cuestión la libertad de expresión y la pluralidad, pone en jaque los cimientos de la convivencia pacífica entre ciudadanos.

Sánchez: opinión pública antes que salud pública

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Que debieron adoptarse medidas de distanciamiento social antes del 8-M es algo que, tras un exceso de muertes superior a los 40.000 fallecidos durante las últimas semanas, no admite demasiada discusión. Las autoridades españolas actuaron tarde —muy tarde en relación con la situación epidemiológica del país y el grado de descontrol de los contagios— y precisamente por ello el virus penetró terriblemente dentro de nuestra sociedad. Si se hubieran tomado medidas antes —no mucho antes, sino solo algunos días antes—, más del 60% de los fallecidos por el coronavirus podrían haber salvado sus vidas. Pero ¿por qué actuaron tan tarde?

Hasta ahora, la explicación mayoritaria desde el ámbito gubernamental ha sido que “no se podía saber”. Pero esta es una explicación enormemente endeble porque, aun habiendo un alto grado de incertidumbre sobre cómo iba a evolucionar la pandemia, otros países con una situación epidemiológica similar —o menos grave— que la de España ya habían tomado diversas medidas de distanciamiento social antes del 8-M. En particular, según el Oxford Stringency Index —indicador sintético que empleó Sánchez para evaluar su labor al frente del estado de alarma—, España iba bastante por detrás de Francia o Alemania en los esfuerzos por contener la propagación del patógeno hasta el 8-M. ¿Por qué Francia o Alemania podían sí saber pero España no?

Pues porque, quizá, lo que faltó no fue tanto información cuanto voluntad política. Este fin de semana, en una entrevista para ‘La Vanguardia’, se le preguntó al presidente del Gobierno qué cambiaría si pudiera volver atrás. Y su respuesta resulta bastante sintomática del contexto y de los incentivos bajo los cuales actúan nuestros gobernantes:

¿El estado de alarma se tenía que haber aprobado antes? No lo niego ahora mismo, pero también es cierto que la sociedad española y muchas fuerzas políticas no lo hubieran entendido con un número de fallecidos inferior al que teníamos en la segunda semana de marzo…

Expresado de otra forma: ante la duda razonable de aplicar medidas preventivas de distanciamiento social —como ya habían hecho otros países en aquel momento, acaso porque entendían la enorme asimetría de riesgos que existía entre actuar y no actuar en medio de una pandemia—, Pedro Sánchez no solo tuvo en cuenta la situación epidemiológica del país, sino que también les tomó el pulso a la opinión pública y a su Frankenstein parlamentario. Ante la duda, se optó por el camino políticamente más sencillo: por aquel que no generaba a muy corto plazo desgastes de popularidad ni confrontación política.

¿Y por qué a un gobernante como Sánchez le obsesionan su imagen pública y sus ententes parlamentarias? Pues porque esos son los dos pilares sobre los que se sustenta su permanencia en el poder: y el principal objetivo de todo político —o, al menos, de todo político que asciende tanto en el ‘cursus honorum’ estatal— es acceder y permanecer en el poder a casi cualquier precio. Su verdadera ambición no es prestar un servicio público o buscar el interés general, sino manejar el Estado a su antojo. ¿En qué cabeza cabe, pues, que un gobernante deje de tomar alguna decisión —incluso decisiones cruciales para salvar millares de vidas en medio de una pandemia— sin subordinarla a su particular calculadora de votos? ¿En qué cabeza cabe que el escorpión deje de comportarse según su naturaleza de escorpión?

Eso sí, resulta llamativo que muchos de los que critican el funcionamiento de los mercados por ser demasiado cortoplacistas y por despreocuparse de la búsqueda del bien común (ambas críticas son incorrectas, pero exponer sus errores no es relevante para mi presente argumento) se echen rápidamente en brazos del intervencionismo estatal cuando ese intervencionismo está teledirigido por gobernantes que también son extremadamente cortoplacistas y egoístas: por gobernantes que han llegado hasta donde han llegado a través de un proceso de selección adversa (la competencia política) en el que triunfan los más tramposos, manipuladores y arribistas (‘a contrario sensu’, los políticos que no cumplan con esas características no tenderán a llegar a los puestos más elevados de mando, dado que habrán sido pisoteados por otros con menos escrúpulos). O bien el cortoplacismo y el egoísmo no eran sus auténticas y genuinas preocupaciones o bien caen en la peligrosa falacia del Nirvana, según la cual habríamos de comparar los mercados realmente existentes no con los Estados realmente existentes, sino con Estados idealizados e irreales.

La escalofriante sinceridad de Sánchez no solo pone de manifiesto que los criterios técnicos jamás fueron los únicos que guiaron la actuación del Gobierno en medio de la epidemia, sino que también nos recuerda cuál es la esencia misma de la política: el poder, incluso a costa de la vida y la salud de los ciudadanos.