Por David Lewis Schaefer. El artículo Refutando los sofismas económicos fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Si bien los estadounidenses suelen ser diligentes en la protección de su libertad política y religiosa, los economistas Phil Gramm y Donald Boudreaux observan en The Triumph of Economic Freedom que a menudo muestran menos preocupación por defender su libertad económica —”el control sobre sus propios medios de vida”— a pesar de su papel esencial para asegurar sus otros derechos. Esto se debe, sostienen los autores, a que “la entienden menos”. La falta de apreciación de cómo funciona el sistema de libre mercado deja a los ciudadanos vulnerables a las afirmaciones engañosas de políticos, grupos de interés e intelectuales ambiciosos que los inducen a aceptar restricciones a la libertad económica que son perjudiciales para su bienestar.

Gramm (quien fue autor del primer presupuesto de Ronald Reagan y más tarde presidió el Comité Bancario del Senado) y Boudreaux (quien enseña en la Universidad George Mason) desmienten siete “mitos” sobre la historia económica estadounidense que se han utilizado para respaldar esas afirmaciones falsas. Estos incluyen, sucesivamente, los mitos de que la Revolución Industrial empobreció a los trabajadores; que el crecimiento de las grandes corporaciones generó la necesidad de regulaciones de la Era Progresista; que la Gran Depresión fue causada por “un fracaso del capitalismo”; que el libre comercio internacional “vació” la manufactura estadounidense; que la crisis financiera de 2008 fue causada por la desregulación; y que el sistema de libre mercado de Estados Unidos causa tanto pobreza como una desigualdad de ingresos excesiva.

Los autores comienzan exponiendo el carácter mítico de la afirmación, esbozada por primera vez por socialistas como Friedrich Engels (seguido por una multitud de historiadores del siglo XX, pero hecha de manera más memorable por autores literarios como Charles Dickens) de que la revolución industrial tuvo consecuencias “catastróficas” para la gente trabajadora. Si bien las condiciones de trabajo en las fábricas a mediados del siglo XIX indudablemente parecían desagradables, la ironía del argumento antiindustrial es que se presentó al comienzo de “una edad de oro de bienestar material, especialmente para los trabajadores”. Lo que la historiadora económica Deirdre McCloskey llamó “el Gran Enriquecimiento”, que comenzó hace poco más de dos siglos, finalmente elevó los niveles de vida en los países industrializados, incluidos Gran Bretaña, Japón y EE. UU., en cualquier lugar, del 3.000 al 10.000 por ciento. Aquellos que lamentan la sustitución del trabajo fabril por la supuestamente más agradable vida de los agricultores, carecen de conciencia de lo empobrecida que era realmente la vida humana, en términos de esperanza de vida, vivienda, nutrición y salud, en el campo. (Fueron precisamente los ingresos más altos que ofrecían las fábricas los que atrajeron a los trabajadores del campo).

En Estados Unidos, como señalan los autores, en solo tres décadas, de 1870 a 1900, “el producto nacional bruto ajustado a la inflación se triplicó, la producción agrícola se duplicó con creces, y la producción minera y manufacturera creció ocho y seis veces, respectivamente, tasas de crecimiento económico nunca antes experimentadas en la historia registrada”. Pero los llamados Progresistas, que surgieron durante este período, objetaron que el crecimiento se logró mediante grandes corporaciones o “trusts” cuyos propietarios retuvieron la mayoría de las ganancias mientras “explotaban” a los trabajadores. La consecuencia fue la legislación antimonopolio destinada a desmantelar los trusts, al tiempo que se iniciaba un amplio sistema regulatorio nacional.

Pero si bien los principales libros de texto de historia todavía propagan el mito progresista de que los trusts usaban su poder de monopolio para restringir la producción y así generar precios más altos, el finales del siglo XIX fue en realidad una era de deflación de precios, debido al aumento de la producción, particularmente en las industrias dominadas por grandes corporaciones, gracias a las economías de escala de las que disfrutaban y los incentivos que poseían para introducir tecnología innovadora. Tampoco los trusts pudieron usar su poder para sofocar la competencia: como observó el historiador Gabriel Kolko, la distribución del poder económico se alteraba constantemente gracias a la introducción de nuevos productos, métodos de producción, mercados y fuentes de suministro. La intervención gubernamental no promovió la competencia, sino que la impidió, sirviendo a los intereses de las empresas políticamente influyentes. Notablemente, cuando el socialista Upton Sinclair publicó afirmaciones falsas sobre prácticas insalubres en los mataderos de Chicago, los progresistas en el Congreso aprobaron la Ley de Empaquetado de Carne de 1906, que las grandes empresas cárnicas apoyaron porque podían afrontar el costo de la inspección gubernamental más fácilmente que sus rivales más pequeños. La competencia se sofocó de manera similar por los aranceles gubernamentales sobre el azúcar y por las regulaciones de la Comisión de Comercio Interestatal que fijaban precios en el transporte ferroviario, por camión y marítimo.

No fue hasta la década de 1970, bajo la administración Carter, cuando este sistema regulatorio fue parcialmente desmantelado, con el abandono de la fijación de precios federal anticonsumidor y la adopción de una nueva política antimonopolio basada en el “bienestar del consumidor”. Sin embargo, cuarenta años después, la administración Biden buscó reimponer políticas progresistas a través de órdenes ejecutivas y el nombramiento de reguladores hostiles al sistema de libre mercado.

Los autores también abordan los mitos persistentes sobre las causas de la Gran Depresión. Según la “sabiduría convencional”, fue el resultado de la “codicia” del mercado de valores que culminó en el Crack de 1929, combinado con un supuesto problema de “subconsumo” que Franklin Roosevelt se esforzó en remediar a través del “New Deal”. Este mito comienza con afirmaciones demostrablemente falsas sobre la prosperidad de la década de 1920, en el sentido de que sus beneficios (como sostuvo el hagiógrafo de Roosevelt, Arthur Schlesinger Jr.) se distribuyeron de manera desigual, debido a políticas fiscales que favorecían a los millonarios, mientras que los empresarios se negaban a compartir las ganancias con sus trabajadores, lo que llevó a un “declive relativo del poder adquisitivo masivo”.

En realidad, sin embargo, la década de 1920 fue testigo de una ganancia sin precedentes en el nivel de vida promedio. (En su libro Modern Times, el historiador Paul Johnson enumera el aumento generalizado de los bienes que la gente común de repente pudo disfrutar, desde automóviles y radios hasta pólizas de seguro de vida). Tampoco el crack de 1929 tuvo que producir nada parecido a la prolongada depresión que siguió: fue precedido por lo que el economista James Grant llama la “depresión olvidada” de 1920-21, que duró solo unos 18 meses y terminó sin ninguna aplicación de las políticas de gasto gubernamental adoptadas por Herbert Hoover y FDR a partir de 1929.

Como observan Gramm y Boudreaux, Roosevelt y sus asesores progresistas utilizaron las acusaciones de subconsumo y mala distribución para justificar políticas que habían favorecido mucho antes de la crisis económica: mayor gasto gubernamental y un aumento de impuestos más progresivos. Las políticas de Roosevelt tampoco hicieron nada para frenar la Depresión; en 1939, su secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, admitió que la administración “nunca había cumplido” sus promesas, con el desempleo tan alto como había estado seis años antes, incluso incurriendo en “una enorme deuda”.

Gramm y Boudreaux se unen a los economistas monetaristas Milton Friedman y Anna Schwartz para culpar de los orígenes de la Depresión a los “errores” de la Reserva Federal, que alimentó un “frenesí” en el mercado a finales de la década de 1920 al mantener las tasas de interés demasiado bajas, y luego “compensó en exceso” subiéndolas demasiado, “dificultando que los empresarios pidieran préstamos e invirtieran” y así contrataran empleados. Pero Roosevelt prolongó entonces la Depresión, primero emulando las políticas de su predecesor de impuestos aumentados (y más progresivos), incurriendo en grandes déficits presupuestarios e intentando evitar que los precios y los salarios bajaran; luego creando un entorno empresarial hostil, alardeando de la enemistad que sus políticas le habían ganado; subiendo aún más los impuestos, y adoptando planes extravagantes como pagar a los agricultores para que mataran y enterraran a sus animales, en un momento en que las ciudades estaban llenas de colas del pan.

Contrariamente a la creencia de que la Depresión terminó solo gracias a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (lo que resolvió el problema del desempleo), lo que llevó a economistas líderes como Paul Samuelson a instar a la restauración inmediata de “déficits astronómicos” una vez que regresó la paz (consejo que afortunadamente fue ignorado), Gramm y Boudreaux atribuyen el largo auge de posguerra del país a “la restauración de un mercado en gran medida libre y el fin de la extrema incertidumbre con respecto a la santidad de la propiedad y los derechos contractuales” que las políticas de FDR habían engendrado. Aunque Harry Truman favoreció políticas como el seguro médico nacional y se opuso a las limitaciones de la Ley Taft-Hartley sobre el poder sindical, las encuestas mostraron que los empresarios y profesionales “se sentían mucho menos amenazados” por él de lo que lo habían estado por FDR.

De relevancia más inmediata, dado el “amor” declarado de nuestro actual presidente por los aranceles, es que los autores también abordan el mito de que el comercio internacional “vacía” la manufactura estadounidense. Ese mito se basa en un anhelo (compartido por presidentes de ambos partidos) de restaurar la “edad de oro” de las tres décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos mantuvo un superávit comercial constante, el desempleo se mantuvo bajo y el crecimiento salarial fue alto. Pero el superávit comercial fue producto de la posición económica superior con la que Estados Unidos salió de la guerra, una posición que estaba destinada a terminar a medida que Europa y Japón se reconstruían y otros países como Taiwán y Corea del Sur se industrializaban. Sin embargo, los autores señalan que el fin del superávit no implicó ningún estancamiento en los ingresos de los trabajadores estadounidenses: “En dólares de poder adquisitivo real, el 66.3 por ciento de todos los hogares estadounidenses tienen actualmente ingresos que los habrían colocado en el 20 por ciento superior de los receptores de ingresos en 1967”. Tampoco ha disminuido la producción manufacturera estadounidense, incluso cuando su participación en la manufactura global disminuyó. Pero la reciente desaceleración en el crecimiento de la capacidad industrial es un fenómeno mundial, que “coincidió con el auge de la industria tecnológica”, generando una mayor productividad laboral.

Contrario al presidente Trump, los autores señalan que no es cierto que cuando “los extranjeros son inversores netos” en los Estados Unidos, lo que nos lleva a tener un déficit comercial, estén agotando nuestra “sangre vital”. Estados Unidos “tuvo superávits comerciales”, señalan, “en 102 de los 120 meses de la década de 1930”, la era de la Depresión que comenzó con los prohibitivos aranceles Smoot-Hawley que devastaron el comercio global. Por el contrario, la América de posguerra “ha sido un imán para el talento y el capital”, impulsando la creación de empleo y el aumento de la riqueza de los hogares. Elevar los aranceles solo puede dañar nuestra prosperidad, incluso si favorece a ciertos grupos limitados. Un ejemplo reciente: los aranceles que Trump impuso al acero y al aluminio en su primer mandato “crearon” 1.000 y 1.200 empleos, respectivamente, mientras que costaron 75.000 empleos manufactureros en total debido a los precios más altos que las empresas tuvieron que pagar por los metales, y los aranceles de represalia impuestos por otros países causaron a los agricultores estadounidenses $22 mil millones en ventas perdidas.

Los autores continúan refutando el mito, sostenido por todos, desde Barack Obama hasta la revista Time, de que la recesión de 2008-09 fue causada por la desregulación de los banqueros hipotecarios, quienes “inventaron préstamos hipotecarios complejos… para engañar a los compradores de viviendas desprevenidos” para que pidieran prestado más de lo que podían pagar. En realidad, fue la presión de la administración Clinton sobre los bancos, bajo la Ley de Reinversión Comunitaria de 1977, lo que los obligó a bajar constantemente sus estándares de préstamo, en nombre de la promoción de “viviendas asequibles”, mientras pretendían que los valores respaldados por hipotecas de alto riesgo eran “tan solventes como la deuda del gobierno de EE. UU.”, lo que llevó al colapso del mercado. (El aliado de Clinton, Barney Frank, entonces presidente del Comité Bancario de la Cámara, profesó abiertamente su deseo de “jugársela” con el mercado inmobiliario. Cumplió su deseo, pero el país perdió su apuesta).

Dirigiendo su atención a la desigualdad económica, Gramm y Boudreaux refutan los mitos relacionados, sostenidos por todos, desde el Papa Francisco hasta el economista socialista francés Thomas Piketty y la heredera de Disney, Abigail Disney, de que la desigualdad económica en Estados Unidos está creciendo constantemente, lo que causa el empobrecimiento de millones. El mayor defecto de estos argumentos (elaborados en el libro anterior de Gramm, coescrito, “The Myth of American Inequality”) es su dependencia de las cifras de la Oficina del Censo que omiten dos tercios de todos los pagos de transferencia (por ejemplo, cupones de alimentos, Medicaid, “créditos fiscales”) de la definición de “ingreso”, al tiempo que no ajustan los ingresos de los hogares por la cantidad de impuestos pagados. Cuando se realizan los ajustes necesarios, la afirmación de la Oficina de que los miembros del quintil de ingresos más alto reciben en promedio 16.7 veces más que los miembros del quintil más bajo se reemplaza por una relación de 4 a 1. Además, la distribución de ingresos ajustada entre los tres quintiles inferiores de cinco es tan plana que en 2017, aquellos en el quintil inferior recibieron un promedio de $49,613, en comparación con $53,924 para el segundo quintil y $65,631 para el medio. Y después de ajustar por el tamaño del hogar, resulta que “los individuos que viven en el 60 por ciento inferior de los hogares estadounidenses tienen aproximadamente el mismo nivel de ingresos… aunque solo el 36 por ciento de las personas en edad de trabajar en el quintil inferior realmente trabajan, en comparación con el 85 por ciento en el segundo quintil y el 92 por ciento en el quintil medio”. En resumen, la combinación actual de impuestos y transferencias sirve para desincentivar el trabajo para muchos, lo que lleva a los problemas sociales y morales documentados por el economista del AEI Nicholas Eberstadt en su monografía Men Without Work.

Aunque citan pruebas de una considerable movilidad económica (es decir, aumentos de ingresos con el tiempo) entre los nacidos en el quintil más bajo, los autores reprenden apropiadamente a colectivistas como Piketty por describir los ingresos de los que más ganan como “lo que ‘toman’, ‘reclaman’ o ‘absorben’” de otros en lugar de “lo que ganan o crean”. Mientras que Bill Gates, por ejemplo, “posee el 0.53 por ciento de Microsoft”, escriben, “sus productos enriquecen nuestras vidas, creó cientos de miles de empleos, y nuestros fondos de pensiones son más valiosos porque poseemos muchas más acciones de Microsoft que él”.

Si bien Gramm y Boudreaux concluyen que, después de los ajustes adecuados a los ingresos, la tasa de pobreza real en Estados Unidos es de solo el 2.5 por ciento, añaden que, lejos de que esa pobreza sea causada por el “capitalismo”, “la pobreza y la dependencia” son más bien “los grandes fracasos” de las políticas federales, específicamente la “Guerra contra la Pobreza” iniciada por Lyndon Johnson, junto con el fracaso de las escuelas públicas estadounidenses. Por lo tanto, instan a una reforma de los programas de bienestar para incluir “incentivos laborales y requisitos de trabajo obligatorios para adultos en edad de trabajar y con capacidad física”, junto con la reforma de nuestro sistema educativo, que podría incluir la adición de escuelas charter, la elección de escuela y —añado— romper el poder de los sindicatos de maestros para bloquear las mejoras.

Como nos recuerdan Gramm y Boudreaux, aunque “en los países más ricos de la era más próspera de la historia, es la pobreza, no la opulencia, lo que parece antinatural”, la prosperidad no es natural, sino que debe ser “producida continuamente” por el trabajo, la innovación y la inversión. Sin embargo, actualmente, “el crecimiento explosivo del gasto social de asistencia social… absorbe el 57.4 por ciento de los ingresos generales en EE. UU.”, lo que pone en riesgo no solo la solidez fiscal de Estados Unidos, sino también servicios vitales como la defensa, junto con una inversión de capital adecuada en el futuro de la nación.

Desearía que cada profesor de política, economía e historia de las universidades y escuelas secundarias estadounidenses pudiera ser persuadido para leer este valioso libro y compartir sus lecciones con sus alumnos.