Dentro de pocos días España vivirá lo que los cursis del ámbito político y los medios de comunicación llaman “la gran fiesta de la democracia”. Dicho de otro modo, van a celebrarse elecciones (en este caso, municipales en todo el país y autonómicas en la mayor parte de las regiones). Y, una vez más, sufrimos serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa según se acerca “la cita con las urnas”.

Da igual que se elija a los miembros de las Cortes Generales, del Parlamento Europeo, de los legislativos autonómicos o de los innumerables ayuntamientos existentes en el país (o incluso de los cabildos insulares allá donde existen). Cada vez que se entra en campaña electoral, se restringe de forma muy seria la capacidad que tienen los medios de comunicación para elegir los contenidos que quieren ofrecer a su público. Todo ello gracias a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Como ya explicamos en este mismo espacio hace ahora poco más de tres años, desde 2011 la norma impone a televisiones públicas y privadas una supuesta “neutralidad” informativa en aras del “pluralismo político y social” (artículo 66). Con tan bonitas palabras se establecen cuotas de tiempo de información sobre la campaña de cada formación según los resultados obtenidos en los anteriores comicios de igual tipo. Es más, tiene que haber incluso una “proporcionalidad” en el tiempo dedicado a entrevistas de los candidatos de los partidos. En casos como los de Ciudadanos o Podemos, organizaciones a las que la Junta Electoral Central otorga “relevancia social”, se les concede también una cobertura obligatoria que no reciben otras candidaturas sin representación previa.

Todo lo anterior es un atentado contra el derecho de las televisiones a tener una línea editorial o elegir a quién se quiere entrevistar. Imaginemos que uno de los grandes partidos rechazara que sus candidatos fueran entrevistados por una de esas cadenas. En un cumplimiento estricto de la norma, esa emisora no podría entrevistar a ningún otro si no quiere violar la “neutralidad” que le impone la ley.

Por fortuna, la aplicación de la norma sólo se le está exigiendo (o al menos de forma explícita) a las televisiones públicas. Por el momento, las cadenas privadas parece que no están siendo restringidas con ese corsé legislativo. Aunque en principio esto último resulta positivo, no lo es tanto. Es una espada de Damocles que pende sobre los responsables de esos medios de comunicación. En cualquier momento, de forma arbitraria, un partido puede pedir acciones contra una de esas emisoras con la excusa de que no concede el tiempo adecuado a los Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Artur Mas, Rosa Díez, Albert Rivera o Pablo Iglesias de turno, o a cualquiera de sus subordinados.

Los políticos han decidido que las televisiones tienen que ver restringida su libertad en mayor medida que otros medios, como las radios o los periódicos. O, tal vez, creen que los ciudadanos son demasiado estúpidos para darse cuenta del partidismo de una cadena u otra. El intervencionista suele creerse siempre más inteligente que el resto de los mortales, aunque muchas veces sea bastante más torpe que sus compatriotas.

Hay otro punto donde se restringe la libertad de información en un grado extremo. El artículo 69 de la ya citada ley electoral regula hasta el más mínimo detalle la publicación de encuestas electorales durante los días de la campaña electoral. Muchas de las obligaciones que impone son de por sí una restricción a la libertad a la hora de informar, pero hay una disposición que supera en este aspecto a todas las demás. El punto 7 del citado artículo establece:                                                                                           

Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación.

Esta prohibición, que atenta de forma radical contra la libertad de información supuestamente defendida en el artículo 20 de la Constitución, demuestra el poco respeto de los políticos por los ciudadanos. La proscripción se basa en la idea de que la publicación de los sondeos durante los últimos días puede afectar a la decisión de a quién votar o incluso a la de si acudir a hacerlo o no. Desde el poder estatal se decide, por tanto, qué criterios son legítimos y cuáles no a la hora de que una persona tome su decisión.

De igual manera que los sondeos de última hora pueden afectar a la decisión sobre el voto, también puede hacerlo el aspecto físico de un candidato. Pero nadie prohibiría que se difundan las fotos o salgan por televisión quienes se presentan a los comicios. Mil cosas más pueden influir en una persona a la hora de decidir a quién apoyará en las urnas, pero el poder político ha decidido que es una cosa muy concreta la que se prohíbe.

Eso sí, mientras se recorta la libertad de los medios para informar y el derecho ciudadano a recibir información sobre encuestas, los partidos no se ven sometidos a similares restricciones. Las formaciones políticas sí pueden encargar sondeos que les son muy útiles a la hora de diseñar la estrategia de final de campaña (por ejemplo, centrando las críticas en un partido que se ve que le va a restar votantes). Por supuesto, esto juega a favor de las grandes organizaciones ya consolidadas, que son las que tienen dinero para encargar esos trabajos demoscópicos.

Como decíamos al principio de este texto, políticos y periodistas suelen caer en la cursilería de llamar a las elecciones “la gran fiesta de la democracia”. Sin embargo, cuando se acerca dicho momento uno de los pilares de cualquier sistema democrático, la libertad de expresión (en especial en lo referido a la libertad de información), se ve directamente atacado desde la legislación. Los grandes partidos han demostrado que no quieren cambiar la situación, y los denominados “emergentes” tampoco han dado muestras de querer cambiar las cosas.

La libertad sigue siendo molesta para quién tiene el poder. Y también para aquél que aspira a alcanzarlo y cree que tiene posibilidades de lograrlo.