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Los segundos acuerdos de Minsk

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Hospedados, como en la primera ocasión, por un anfitrión inquietante -el dictador bieloruso, Aleksander Lukashenko- el jueves pasado se celebró una singular reunión en la ciudad de Minsk para acordar los términos de un armisticio en la guerra que se está desarrollando en las regiones sur orientales de Ucrania.

Quedó a las claras, en primer lugar, quiénes son las partes enfrentadas. La presencia sin ningún disimulo del presidente ruso Putin – a quién no restó protagonismo la compañía de los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk- disipó toda sombra de duda sobre las cínicas mentiras esgrimidas en momentos cruciales de esta guerra por parte del gobierno ruso. Recordemos como sus propagandistas acusaron a los “fascistas” ucranianos del derribo de un avión con 298 pasajeros civiles que sobrevolaba el territorio ocupado por los rebeldes separatistas dirigidos desde Moscú.

Junto a la llamada a la supervisión y seguimiento sobre el terreno del cumplimiento de los acuerdos por parte de monitores desarmados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) los trece puntos acordados establecen un compromiso de alto el fuego que comenzó en la medianoche del día 15, y que parece haberse respetado hasta ahora, excepto en Debaltseve, donde las tropas rusas han conquistado un importante nudo ferroviario.

A grandes rasgos, las partes signatarias se comprometiron a cumplir un plan por etapas para conseguir la paz a cambio del reconocimiento de un estatuto especial para las regiones de Donestk y Lugansk, donde los insurrectos separatistas sustentados por el gobierno ruso se han hecho fuertes contra el gobierno central ucraniano. En este sentido, se parte de la idea de crear una zona de seguridad a ambos lados de los límites de ambas regiones con el resto de Ucrania, donde se deberían retirar en breve la artillería pesada y los sistemas de lanzamiento de misiles.

A continuación, se entablaría un diálogo, dentro del marco del grupo trilateral de contacto formado por los representantes de Ucrania, la Federación de Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE], para organizar unas elecciones locales, de acuerdo a la legislación ucraniana y la ley sobre el estatuto provisional de autonomía de las regiones de Donestk y Lugansk, aprobada por el parlamento ucraniano después de los primeros acuerdos de Minsk, pero suspendida ante el incumplimiento de las condiciones por parte de los rebeldes separatistas. Las elecciones se celebrararían bajo la supervisión y siguiendo las reglas de la OSCE.

La recuperación del pleno control sobre las fronteras por parte de las autoridades ucranianas se producirá a partir del día siguiente a la celebración de esos comicios locales, tras la aprobación antes de fin de año de una reforma constitucional y una legislación de desarrollo que contemple la descentralización política y el reconocimiento de un estatuto especial para las regiones de Donetsk y Lugansk, de acuerdo con los representantes de estas últimas.

Mientras tanto, se garantizaría una amnistía para las personas que participaron en el conflicto; la liberación y el intercambio, bajo el principio de todos por todos, de los rehenes y personas detenidas ilegalmente; el acceso, entrega, almacenamiento y distribución de la ayuda humanitaria con el apoyo de los mecanismos internacionales y el restablecimiento del sistema bancario, de recaudación de impuestos, de los servicios públicos y de las pensiones en las regiones citadas dentro de la jurisdicción ucraniana.

Por otro lado, se repatriarían las unidades, los técnicos militares y mercenarios extranjeros bajo la supervisión de la OSCE, al tiempo que se desarman los grupos ilegales de guerrilleros.

Muchos son los interrogantes que suscitan unos acuerdos que parecen impulsados para detener una guerra sangrienta desatada por la insurrección apoyada por el gobierno ruso, quién, sin embargo, consolida sus posiciones territoriales ganadas por la fuerza, so pretexto de proteger a las personas de origen ruso, y se erige además en potencia que condiciona jurídicamente las decisiones de un país vecino, incluyendo el veto a su adhesión a la Unión Europea o la OTAN.

La precipitada concesión de una amnistía a los intervinientes en esta guerra soslaya la cuestión de que algunos hechos acontecidos pudieran calificarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles según normas superiores de derecho internacional.

Han pasado muy pocos años en términos históricos, desde que en el año 1994, la Federación rusa, entonces dirigida por Boris Yeltsin reconociera la independencia y la integridad territorial de Ucrania, incluyendo la península de Crimea y estas regiones de Donetsk y Lugansk en el Memorandum de Budapest. Ignorando las obligaciones internacionales derivadas de este acuerdo, algunos quieren justificar hoy la expansión rusa invocando títulos antiguos del Imperio zarista.

Parece conveniente mantener la alerta frente al indudable peligro para la libertad y la seguridad de los europeos que representa el régimen autoritario postsoviético de Putin. Hace ya tiempo asumió una doctrina estratégica de confrontación ideológica y militar con Estados Unidos y los países de Europa Occidental que se traducen en el desarrollo de un programa de rearme que consumirá hasta un tercio del presupuesto, según algunas fuentes, y en maniobras concretas de desestabilización (en países vecinos como Ucrania o los países bálticos) o instrumentación de grupos políticos y sociales en países más lejanos.

La potencial creación de un embrión de estado en estas regiones de Donetsk y Lugansk, dependiente de Rusia aunque incrustado en Ucrania, recuerda demasiado la situación real en Abjasia (Georgia) y Transdniéster (Moldavia). Aparte de las frecuentes provocaciones a los países bálticos, a finales del mes pasado los gobernantes rusos llegaron al punto de enviar dos bombarderos estratégicos al Canal de La Mancha, causando un lío monumental en el tráfico aéreo civil.

Ahora bien, los planes estratégicos de la nueva nomenclatura rusa podrían ser patéticos delirios de grandeza debido a otras circunstancias ajenas a su control. En efecto, los años de cotización del barril de petróleo a 100 dólares parecen acabados por mucho tiempo. Durante el periodo de bonanza de ese monocultivo Rusia no cambió su estructura económica. Por el contrario, desde allí se transfirió un enorme flujo de capitales a Occidente, sin que quepa prever su vuelta en una situación de hundimiento del precio del crudo. De esta manera, no quedaría mucho tiempo para presenciar el derrumbamiento de toda la tramoya montada.

España se recupera, a pesar del Gobierno

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace décadas, el profesor Carlos Rodríguez Braun desea los buenos días a diario desde la radio y las redes sociales con una fórmula característica: "Buenos días… a pesar del Gobierno". Esta muletilla no sólo es un sello personal del genial economista, que da título a uno de sus libros y encabeza su columna en La Razón. También se ha convertido en un permanente aviso mental que se ha ido instalando en las conciencias de muchos de sus seguidores. Es como una voz interna que a menudo nos recuerda que no todo lo bueno que nos ocurre es gracias al Gobierno. Casi siempre sucede, de hecho, a pesar del Gobierno. Todas las mañanas sale el sol, y ahí estará Rodríguez Braun para recordarnos que si amanece es porque el Gobierno aún no sabe cómo evitarlo.

En la economía española también parece que, tímido, va saliendo el sol. La crisis económica en la que llevamos inmersos desde que se desató en 2008 ha sido tan terrible que ha terminado por consumir las esperanzas de buena parte de los españoles. Desde el principio estaba claro que lo que teníamos delante era una larga depresión, un túnel en el que no se veía ninguna luz que indicase una salida rápida. Por supuesto, la crisis no es una maldición caída del cielo, no es algo que ocurra sin motivo. La crisis, como bien explica la teoría austriaca del ciclo económico, es precisamente la fase en la que se ponen de manifiesto y se empiezan a corregir los desequilibrios acumulados durante el pasado.

En el caso español, la crisis es la resaca tras el fiestón de los años de la burbuja inmobiliaria, tras la gran borrachera del crédito barato. Los españoles de pronto se encontraron con una factura demasiado abultada y con el piso destrozado. Es decir, con una deuda insostenible y con una estructura productiva distorsionada. Tocaba, pues, hacer limpieza. Por un lado, había que reducir el endeudamiento, desapalancarse, y para ello no quedaba otra que aumentar el ahorro. Por otro, había que liquidar las malas inversiones y las empresas inviables, y redirigir los recursos liberados para construir un nuevo modelo productivo. Había que rehacer el tejido empresarial de forma que estuviera coordinado con patrones sostenibles de consumo y ahorro. Para una recuperación ágil, lo que España necesitaba era sencillo: que familias y empresas tuvieran a su disposición la máxima renta disponible para reducir sus deudas y acometer sus reestructuraciones, y un marco institucional flexible y libre. Pero los sucesivos gobiernos no estaban dispuestos a poner las cosas fáciles, e hicieron todo lo contrario.

Hoy, más de seis años después del inicio de la crisis, seguimos sumidos en ella. Ahora se ve una tenue luz al final del túnel. A una lentitud desesperante, poco a poco, la economía española se va recuperando. España cerró el año 2014 con un crecimiento del PIB del 1,4%, una cifra modesta pero destacable dentro del esclerotizado contexto europeo. Para 2015 se espera un crecimiento de entre el 2% y el 2,3%. La tasa de paro, sin duda la gran lacra de la economía española, también ha mejorado, pasando de casi un 27% en 2013 a un 23.7% al final de 2014, año que cerró con un aumento de más de 430.000 ocupados. Para 2015 se estima una creación de al menos 450.000 empleos.

Estas cifras van a ser la principal arma del Gobierno que preside Mariano Rajoy de cara a un caldeado año electoral. Se van a intentar atribuir el mérito de esta mejoría. Pero basta analizar lo hecho durante estos años para comprobar que, si algo cabe achacarle al Gobierno de Rajoy y Montoro, es el hecho de alargar la crisis y hacerla más dolorosa. Decíamos que los españoles necesitaban la máxima renta disponible para amortizar deudas, liquidar las malas inversiones y reconstruir el tejido productivo. Pues si algo ha definido a este Ejecutivo, que es una continuación respecto al anterior de Zapatero, es la intensidad y voracidad con la que ha subido los impuestos. El Gobierno apretaba la soga en el cuello de familias y empresas justo cuando éstas más urgentemente necesitaban renta disponible. Y sobre sus espaldas colocaba, además, la losa adicional de los rescates de negocios quebrados con cargo al contribuyente. Pese a esto, y pese a las políticas monetarias destinadas a promover el endeudamiento, familias y empresas han sido capaces, con mucho esfuerzo, de reducir su deuda en unos 480.000 millones de euros, una reducción de en torno al 20% respecto al máximo de 2010. Mientras tanto, un Estado incapaz de controlar el déficit público, ha aumentado su endeudamiento en más del doble. Si a finales de 2008 la deuda pública era menor del 40% del PIB, a día de hoy roza el 100% del PIB. 

Decíamos, por otro lado, que la economía española necesitaba de un marco institucional flexible y libre en el que reconstruir la estructura productiva. Dicho de otro modo, hacían falta reformas estructurales. Si bien el Gobierno de Rajoy ha implementado alguna muy tímida reforma, la verdad es que España sigue teniendo el mismo marco institucional rígido y anquilosado de siempre. España es uno de los países de la OCDE en los que es más difícil invertir y crear empresas, con un mercado laboral enormemente costoso, una regulación asfixiante y una justicia lenta e ineficiente. España ha caído durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy en el Índice de Libertad Económica que publica la Heritage Foundation, desde el puesto 29 en 2009 hasta el 49 en la actualidad. Pero a pesar de las trabas institucionales, los españoles han sido capaces de llevar a cabo un cierto reajuste en la estructura productiva, destacando sobre todo el gran progreso de la industria exportadora. Familias y empresas han logrado corregir casi por completo el tremendo déficit comercial de más del 10% del PIB que teníamos en 2008.

España, de forma lenta, se recupera. Por supuesto, la tarea aún no ha terminado. Queda buena parte del trabajo por hacer para tener una economía completamente saneada. En el horizonte, además, hay graves amenazas e incertidumbres, principalmente institucionales y políticas, que pueden frenar e incluso revertir la recuperación. Pero poco a poco, con gran sufrimiento, la economía va saliendo del hoyo. No deje que los políticos se atribuyan el mérito. 2015 es año electoral y el Gobierno nos va a vender que la tímida recuperación que ahora vemos son los frutos de su sacrificada labor gubernamental. Por fortuna ahí estará esa sabia voz interna recordándonos la coletilla de Carlos Rodríguez Braun. No se deje engañar. Si España se recupera es gracias al esfuerzo y el sufrimiento de las familias y empresas. Si España se recupera no es gracias al Gobierno. Es a pesar del Gobierno.

Malos tiempos para la libertad de prensa

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha presentado su informe Clasificación Anual Sobre la Libertad de Prensa. Sin ser un índice cien por cien infalible, es la mejor herramienta de la que disponemos para analizar la situación de este derecho, íntimamente ligado al de la libertad de expresión, en el mundo y por países concretos.

En 2015 la Clasificación no ofrece demasiadas sorpresas. Como era de esperar, Venezuela retrocede puestos a un ritmo alarmante. A la tradicional política liberticida contra los medios no chavistas se suma ahora la dura represión contra los periodistas que tratan de informar sobre las protestas y la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. En Ecuador las cosas también han ido a peor, al imponer el Gobierno de Correa una norma de rectificación obligatoria que se ha convertido en “una forma de censura institucionalizada”.

La única sorpresa es, tal vez, que España mejora dos posiciones y pasa del puesto 35 al 33. Pero esta aparente mejoría no es tal. La moderada escalada en el ranking no se debe a que se haya avanzado en esta materia, sino a que otros Estados han retrocedido a un ritmo mayor. La situación en el más extenso de los países de la Península Ibérica ha ido, según el análisis de RSF, a peor.

Uno de los principales motivos que señala el informe es la conocida como “ley mordaza”. Por obra y gracia del ministro del Interior, Jorge Fernández (un hombre que atribuye la caída del Muro de Berlín a la Virgen de Fátima), se restringe la capacidad de informar sobre manifestaciones. Esto afecta sobre todo al material gráfico, puesto que ha pasado a sancionarse fotografiar o grabar a las Fuerzas de Seguridad sin autorización. Se trata de un retroceso evidente. Sin llegar a los extremos venezolanos, sí se comparte con el Gobierno de Maduro el afán de dificultar la difusión pública de imágenes de protestas de todo tipo.

No sólo se ha empeorado en eso. Al margen de lo apuntado por RSF, hay otras prácticas del Gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría que suponen un serio retroceso. No nos referimos al uso partidista de la radio y la televisión públicas (algo que denuncia RSF), puesto que con Rajoy no es mayor que con Zapatero, Aznar o González. La reducción de libertad de prensa afecta sobre todo a los medios privados.

Desde el Ejecutivo se ha pedido la cabeza de directores concretos de periódicos, y se ha logrado. En concreto, la de tres de los cinco más importantes de España. Los destituidos fueron sustituidos por otros más dóciles. A cambio, se regaló a sus editores una Tasa Google o Canon AEDE que es un nuevo recorte a la libertad. No queda ahí la cosa.

El ministro de Hacienda no duda en lanzar, desde su escaño en el Congreso, sus dardos dialécticos contra los medios que han informado de forma poco favorable sobre él o su ministerio. No sólo eso, Cristóbal Montoro carga contra esas mismas empresas periodísticas por no destacar asuntos que a él le gustaría. Desde que comenzara 2015, sólo ha habido dos sesiones de Control al Gobierno, y en ambas ha hecho lo que no deja de ser una forma de presión.

En realidad, y aunque Reporteros Sin Fronteras no apunte a eso, el actual Ejecutivo es el peor en materia de libertad de prensa desde que terminara la dictadura franquista. Resulta incluso más nocivo que los nefastos gobiernos de Felipe González (de triste recuerdo en este terreno). Se ha empeorado sobre todo en lo referido a los medios de comunicación privados.

Son malos tiempos para la libertad de prensa en España. En ocasiones recuerda demasiado, aunque con formas y métodos más suaves, a lo que ocurre en lugares como Ecuador o Venezuela. Menos mal que todavía no se tiene por costumbre apuntar contra periodistas concretos con su nombre y apellido. No al menos desde el Gobierno; desde otro partido, con aspiraciones de llegar al poder especialmente mimado por ciertas televisiones, sí se hace.

El plan original de Varufakis para impagar la deuda de Grecia

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Artículos en prensa.

El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis, tenía muy claro cómo impagar la deuda pública helena antes de llegar al Gobierno, y esta particular hoja de ruta es la que ha intentado defender ante la troika.

El polémico economista lleva tiempo planteando una serie de medidas que, según él, podrían aplicarse sin modificar tratados ni leyes europeas, ni implantar la unión fiscal ni transferencias de dinero público entre Estados. De ahí su humilde título, Una propuesta modesta, que, por cierto, también fue usado por el célebre escritor Jonathan Swift –Los viajes de Gulliver– para titular un relato satírico de 1729 en el que ofrecía como solución para acabar con la situación de los pobres irlandeses que vendieran sus hijos como alimento.

El plan se basa en recurrir, precisamente, a gran parte de las ideas que contribuyeron a agravar y alargar la crisis de Grecia: la mutualización de la deuda, usando un esquema que recuerda a la ingeniera financiera del boom y sus titulizaciones (es decir, más y más deuda), la aplicación de un New Deal a escala europea, y el rescate banco a banco por parte del Fondo europeo de rescate (MEDE).

De acuerdo con el ministro griego, para reducir el endeudamiento, los Estados miembros transferirían al BCE su deuda por valor del 60% del PIB, el límite fijado por el Tratado de Maastricht. El BCE no compraría la deuda transferida, ya que no puede legalmente monetizarla. Sería como un apunte contable. El BCE, para hacer frente a los intereses de esa deuda asumida se endeudaría, a su vez, emitiendo bonos a un tipo de interés libre de riesgo.

Los Estados miembros pagarían los intereses de esos bonos emitidos por el BCE. De ahí que a dicho plan se le denomine Programa de Conversión de la Deuda Limitado (el BCE pagaría los intereses de la deuda, y los Estados -el Estado griego en este caso- los intereses de los bonos emitidos por el BCE).

El beneficio para Atenas sería reducir el coste de la deuda y quitarse de encima la presión ejercida por los inversores para que aplique las reformas que garanticen que devolverá lo prestado. No obstante, el famoso economista no menciona los incentivos perversos que crearía al estimular el endeudamiento de los bancos con el BCE para adquirir sus propios bonos, o la degradación del balance de la institución monetaria con la consiguiente depreciación del euro (un impuesto a todos los europeos).

Una vez el problema de la deuda estuviera bajo control (no a base de reestructurar el atrofiado Estado del Bienestar griego sino sobre la base de endosar y difuminar su deuda tóxica al resto de Europa), Varufakis propone llevar a cabo un gran plan europeo de gasto público, obviamente, no con su dinero (que no tienen) sino con el que, teóricamente, sería capaz de levantar instituciones como el Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones, respaldados, en última instancia, por dinero de los contribuyentes europeos.

La estrategia del ministro griego sería utilizar a estos organismos para gastar más, pero usando el dinero de otros. Como si la causa de gran parte de los males no estribara, precisamente, en el enorme gasto público y control gubernamental que todo lo acapara en el país heleno, y en el gran protagonismo de las políticas keynesianas.

Ciertamente, el ministro acierta al apuntar al descalabro de la inversión como uno de los hechos destacados de la crisis griega (así como la española, por cierto), pero para resolver el problema aboga por la sempiterna política socialista basada en vestir de poder a los políticos y funcionarios para que sean ellos (y no los inversores, empresarios y consumidores) los iluminados desde sus despachos para determinar qué empresas, sectores e industrias deberían existir y ser receptoras de la ingente cantidad de gasto.

Finalmente, otra de las grandes patas del plan inicial de Varufakis consiste en rescatar a los bancos caso por caso. La propuesta, en este sentido, pasa por usar de nuevo el MEDE para que adquiera un paquete accionarial del banco en dificultades y pase a nombrar, junto con el BCE, un Consejo de Administración para gestionar la entidad, priorizando la protección de los depósitos, pero sin excluir la posibilidad de liquidar la entidad.

Tras dicha gestión, el MEDE podría vender sus acciones y tratar de recuperar el desembolso. Y todo ello, sin que los Estados tuvieran que asumir ningún tipo de deuda adicional por los rescates financieros. Es decir, que el coste del rescate financiero no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes griegos, sino sobre el conjunto de los contribuyentes europeos.

La propuesta original de Varufakis para solventar los problemas de Grecia consiste, por tanto, en que el resto de Europa se haga cargo de una parte de la deuda pública helena, exigir un gran plan de gasto e inversión pública financiado por el resto de europeos, así como compartir la factura de los rescates bancarios de Grecia con el resto de europeos. En resumen, dinero, dinero y más dinero…

Las empresas no se han forrado bajando salarios

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Manuel Lago despotricó en La Voz de Galicia contra la inaceptable deserción fiscal de los ricos. Todos sus ejemplos se referían a acuerdos legales de empresas con gobiernos: en Luxemburgo, en España, en Estados Unidos, más las Islas Caimán y otros de los llamados "paraísos fiscales", donde también hay gobiernos y leyes.

Por lo tanto, de entrada este dramático diagnóstico del señor Lago es falso:

Las grandes compañías multinacionales y los grandes patrimonios de sus propietarios han tomado la decisión de no pagar impuestos. Aprovechándose de la globalización, de la desregulación, de su enorme poder, de su capacidad para chantajear a los Estados.

No estamos ante decisiones unilaterales de no pagar o de pagar menos impuestos, sino de acuerdos con gobiernos y de normas legales, que aplican todos los gobiernos, incluso el hipócrita del señor Obama, que clamó contra las Islas Caimán pero no dijo nada de Delaware, que, como el propio autor admite, es un paraíso fiscal dentro de EEUU.

El señor Lago derrocha tono moralizante pero no se pregunta por qué pasan esas cosas, por qué es que tantas empresas y tantas personas prefieren pagar menos impuestos que lo que podrían hacer simplemente acudiendo a los países y legislaciones cuya presión fiscal es máxima. La respuesta es evidente: todo el mundo procura pagar los menores impuestos posibles, a veces fuera de la ley, y otra veces, como en este caso que tanto le irrita, dentro. Pero esa conducta de empresas y personas debería hacerle pensar sobre la más incorrecta verdad de la Hacienda Pública: los que pagamos impuestos somos los que no tenemos otro remedio. Los que pueden pagar menos, pagan menos. Más aún: los que pueden no pagar nada, no pagan nada.

Esta conducta es generalizada en España y en el mundo. Por lo tanto, ponerse estupendo y tratar a esas personas como criminales es absurdo: ninguna sociedad podría funcionar con millones de criminales. Es igualmente absurdo seguir poniéndose estupendo y pensar que la política es como una comunidad de vecinos, que es lo que hace el señor Lago con esas bestias negras que abomina:

Han roto el consenso social sobre el que se construyó el modelo económico después de la Segunda Guerra Mundial: ya no quieren cumplir con su parte y eso provoca la crisis fiscal del Estado de Bienestar.

Pero no hubo ningún "consenso social" para pagar más impuestos, al contrario, el consenso de la población siempre ha ido en la dirección contraria: quiere pagar menos. Si ha terminado pagando más en todo el mundo es precisamente porque el consenso no era social, sino político, lo que es muy diferente, salvo que uno identifique sociedad con política, es decir, salvo que uno sea un totalitario.

Al no haber consenso ni contrato, no se puede acusar al que no paga de no querer cumplir su parte, como si el Estado fuera una cooperativa de propietarios voluntarios, igual que no se puede hablar de la crisis del Welfare State sin hablar del enorme incremento en su gasto, orquestado por políticos y grupos de presión.

Y si la sociedad no es un club, tampoco es un ejército: no se puede hablar de deserción fiscal de los ricos: los ciudadanos no somos soldados, y si toda la sociedad fuera un ejército sería, otra vez, una sociedad víctima del totalitarismo, que impondría un solo mando, un solo objetivo y, naturalmente, perseguiría a los desertores.

Insiste el señor Lago: "Si el nivel de riqueza es mayor, que nos digan que no se puede mantener el nivel de los servicios y las prestaciones públicas solo se explica por la deserción fiscal de los que más tienen". Esto es falso, porque el Estado no es la sociedad y porque, como sabe cualquiera, los que no pagan impuestos no son los ricos, ni los pobres: son, repitámoslo, los que pueden.

Otro error de su argumentación es el tópico de que como unos no pagan, otros pagamos más, y podríamos pagar menos si ellos pagaran, lo que va en contra de la evidencia. Y, naturalmente, que el grave problema es la "desigualdad de rentas", que por supuesto se podría resolver persiguiendo a los desertores. Dice, faltaría más, que sólo a los ricos. Conviene no creerlo.

Desertores

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde hace años, partidos de todos los colores y todas las ideologías han subrayado la necesidad de reformar las Administraciones Públicas para hacerlas más eficientes. Un ejemplo del ahorro potencial derivado de este tipo de medidas lo tenemos en el gasto corriente y las remuneraciones de los empleados públicos: según explicó en 2010 la Fundación Progreso y Democracia, emular las mejores prácticas autonómicas en este campo podría reducir los presupuestos públicos en 26.000 millones de euros.

Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) acaba de publicar otro estudio en el que pone de relieve otras costosas fuentes de ineficiencia en los presupuestos del Estado. El documento en cuestión analiza los mecanismos de contratación pública, con ánimo de desentrañar cuál sería el coste de estas adjudicaciones si el erario no tuviese que cargar con los costes de la ineficiencia y la corrupción.

El resultado es desolador: según la CNMC, acabar con las malas prácticas podría ahorrar a los contribuyentes uno de cada cuatro euros comprometidos a la licitación de servicios públicos. Teniendo en cuenta que cada ejercicio se comprometen casi 200.000 millones de euros en este ámbito, hablamos de un sobrecoste de casi 50.000 millones anuales.

Esta cifra supera el umbral del 4,2% del PIB, fijado por el gobierno como el nivel máximo al que podrá llegar el déficit público en 2015. Por tanto, acabar con los sobrecostes y la corrupción permitiría pasar de los números rojos al superávit presupuestario sin necesidad de ajustes adicionales.

De hecho, los casi 50.000 millones de euros que señala el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son prácticamente equivalentes a la factura de todas las subidas de impuestos aprobadas por los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, estimada en 51.000 millones.

Entre los aspectos que habría que corregir para conseguir estos importantes niveles de ahorro, la CNMC destaca los siguientes:

  • Acabar con los pactos de reparto de mercado o no competencia, que constituyen cárteles económicos y minan la competencia en las licitaciones públicas.
  • Terminar con las empresas públicas que basan su existencia en contratos adjudicados "a dedo" por nuestros gobernantes.
  • Acotar la extensión temporal de las concesiones, introduciendo un ritmo de competencia mucho mayor en los procesos de adjudicación.

La corrupción y la ineficiencia en las licitaciones cuestan 50.000 millones al año

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Pistas de esquí, cámaras acorazadas, chocolate, queso, relojes, ciudades impecables, montañas, Heidi, trenes puntuales… La lista de tópicos sobre Suiza es casi interminable. Esta notoriedad es llamativa. Hablamos de un país bastante pequeño, sin salida al mar, con poco más de ocho millones de habitantes y que permanece al margen de las organizaciones internacionales en las que militan todos sus vecinos, como la OTAN o la UE (de hecho, no ingresó en la ONU hasta el año 2002). De hecho, parece uno de esos sitios en el que nunca pasa nada.

Sin embargo, esta semana, la Confederación Helvética ha sido noticia por otro de esos clichés con los que se la asocia: dinero negro, fraude fiscal, blanqueo de fondos,… La Lista Falciani ha revitalizado algunos de los sambenitos con los que carga el país.

Poco importa que el famoso documento en realidad no sea más que una relación de los clientes de una sucursal. Ni que muchos de los nombres que aparecen en el mismo no tengan ninguna relación con actividad delictiva alguna. Para buena parte de la opinión pública, Suiza es un paraíso fiscal, refugio de defraudadores y su riqueza su debe, fundamentalmente, a su papel como protector de estos indeseables.

El refugio

Sin embargo, estaría bien preguntarse por qué tantos millonarios eligen Suiza como su lugar de residencia. Decenas de cantantes, deportistas o empresarios se mudan al país alpino cada año. Son las caras más conocidas, pero junto a ellos hay cientos de fortunas anónimas que también escogen Zurich, Ginebra o Lausana como morada.

A bote pronto, la respuesta de buena parte del público sería que es por los bajos impuestos o el secreto bancario. El problema es que hay países con tributos más reducidos y también conocemos otros territorios que garantizan la privacidad en la gestión del patrimonio. Pero ninguno de ellos tiene el éxito de Suiza entre los más ricos. ¿Qué hace tan atractivas las montañas helvéticas? ¿Cuál es el rasgo distintivo de su sistema financiero?

Desde luego, no en el precio. Los bancos suizos no viven del aire y sus empleados no trabajan por amor al aire. En realidad, sus servicios son tirando a caros. Además, gran parte de su cartera consiste en productos por los que se cobran unas elevadas comisiones y que no ofrecen rentabilidades especialmente elevadas.

David Gonzalvo, asesor financiero CFA y experto en inversiones en Suiza, explica que lo que buscan fundamentalmente los clientes de los bancos helvéticos es la "estabilidad". En estas entidades, "la estructura de la gestión está muy enfocada a proteger el patrimonio".

Por eso, Gonzalvo recuerda que en la mayoría de las ocasiones, "los productos raros o novedosos se evitan". A primera vista, puede parecer un panorama poco atractivo para los grandes inversores. Pero es que la palabra clave en la banca suiza es "preservar", antes que crecer, lo que se busca es "proteger".

En este sentido, sí que hay que reconocer que la banca suiza se ha labrado su reputación a lo largo de muchas décadas. El último siglo ha sido muy convulso en toda Europa. Pero en cualquier coyuntura, el sistema financiero suizo ha cuidado de los ahorros de sus clientes. No es extraño que grandes fortunas confíen los ahorros familiares a sus entidades. Para muchos de ellos, éste es el refugio para esos fondos que no quieren tocar, el colchón de seguridad para cuando vengan mal dadas.

En esta foto, el secreto bancario también juega un papel importante. Es cierto que hay indeseables que se han aprovechado de esta figura para ocultar el dinero que han obtenido de formas poco lícitas. Desde dictadores a criminales, hay cientos de casos de clientes no demasiado recomendables. Pero ni éste fue el motivo con el que se creó esta institución ni es la situación de la mayoría de los afectados. Gonzalvo explica que para muchos patrimonios es "importante la privacidad". Por ejemplo, "en España, las inversiones de las Sicav son públicas, se puede saber qué compran los ricos y si han aumentado o no una participación. En Suiza, lo que busca una persona es que todas estas cosas no salgan. Considera que es privado y no tiene por qué saberlo nadie".

De hecho, esta protección de la privacidad no se queda sólo en las cámaras acorazadas. Los famosos que residen en Suiza coinciden en que en el país helvético pueden pasear por las calles de su ciudad sin miedo a que los fans les acosen. Puede parecer una cuestión anecdótica, pero para muchas caras conocidas, la tranquilidad de la que disfrutan en su vida diaria también es un punto a favor a la hora de decidir su residencia.

Las claves de la prosperidad

La segunda pregunta tiene que ver con las razones que han hecho de Suiza una de las sociedades más ricas del planeta. De entre los países de la OCDE, hablamos del cuarto en renta per cápita, con 42.526 dólares en 2013, sólo por detrás de Luxemburgo, Noruega y Estados Unidos. Mientras tanto, España se queda en 26.454 euros. ¿Cuáles son las claves de esta prosperidad?

De nuevo, el primer impulso lleva a citar el sistema financiero. La respuesta fácil es que Suiza es rica por sus bancos, por su papel, no siempre aclarado, como refugio para todo tipo de fortunas, en ocasiones de origen oscuro. Pero también parece una respuesta demasiado simple.

Por una parte, es cierto que el sector financiero es una parte importante del PIB suizo, aproximadamente un 10,5%. Entre los grandes países europeos, ninguno alcanza esa cifra. Por eso, no es extraño que el 5,7% de la fuerza laboral suiza se emplee en este campo. Entre los países ricos, sólo en Singapur este porcentaje es superior. Si nos ceñimos sólo a los bancos (y dejamos fuera el resto del sector financiero) hablamos de más de 105.000 personas empleadas en 2012.

Además, en términos de activos, los bancos suizos gestionan más de 3 billones de dólares, lo que supone 381.000 dólares por habitante (también en este ránking es el primero de la clasificación entre los grandes países europeos). Como porcentaje del PIB, suponen el 483%, muy elevado pero por debajo de los bancos irlandeses o ingleses.

Y eso que las entidades suizas no están entre las más grandes del mundo, ni en términos de capitalización bursátil ni por activos gestionados. Así, UBS es el primero y está en el puesto 21º por capitalización, seguido por Credit Suisse en el puesto 35º.

Donde si son líderes es el banca privada, la dirigida a las grandes fortunas. Las entidades suizas guardan un patrimonio acumulado de más de 6 billones de dólares, de los que más de 2,2 billones provienen del extranjero. En este sentido sí destaca este sistema financiero: el 26% de los activos de la banca privada offshore a nivel mundial está en los bancos helvéticos.

Más allá de los bancos

Pero, como apuntamos anteriormente, aunque el sector financiero es un factor relevante, ni mucho menos es el único elemento que explica la prosperidad de Suiza y su capacidad de atracción del talento. Aunque ese 10% del PIB sea un porcentaje elevado, queda un 90% que no se puede entender sólo mirando a las sucursales bancarias. De hecho, el país está en los puestos de cabeza de prácticamente todos los índices de competitividad, productividad o riqueza que se publican. Más allá de las cámaras acorazadas, la economía helvética tiene muchos elementos en los que fijarse.

Dos temas que siempre salen a la luz cuando se habla de Suiza son su seguridad jurídica y estabilidad institucional. De hecho, hay una leyenda que apunta a que buena parte de la población del país ni siquiera sabe quién es su primer ministro (porque no les afecta, saben que no cambiará demasiado su vida).

En la cuestión legislativa, cuando se tocan las cuestiones fiscales, hay que hacer un apunte importante: Suiza es también muy valorada porque tiene un sistema tributario fiable y predecible. Y sí, sus impuestos son bajos, pero su presión fiscal está alrededor del 27-28% del PIB (según el ejercicio que se tome) muy lejos de lo que se podría considerar como un paraíso fiscal. Con esta cifra, está en la parte baja de la OCDE, eso es cierto (a una gran distancia del 48% de Dinamarca), pero cuidado, ni mucho menos es un nivel excepcional. EEUU o Israel tienen una menor presión fiscal.

Otro factor envidiable puede buscarse en su tasa de desempleo, que está en el entorno del 5%. Y no es una cuestión de los últimos meses. Durante toda la crisis, mientras el resto de países veían dispararse el paro, Suiza mantenía una situación de casi pleno empleo técnico. Por cierto, en esta cuestión no hay que olvidar el funcionamiento de su sistema de FP Dual (que escogen más de la mitad de los adolescentes del país) y que permite combinar trabajo y estudios desde el instituto.

Por otro lado, hablamos de uno de los países más industrializados de Europa, especialmente entre los más ricos. En las sociedades más avanzadas es cada vez más corriente que el sector servicio lo acabe ocupando todo. Es complicado competir en el sector industrial con países con la mano de obra mucho más barata, algo que sólo puede conseguirse aportando mucho valor añadido. Alemania es el ejemplo más citado, pero Suiza no le va a la zaga. El 21% del PIB helvético llega de su rama industrial. El país dedica el 3% de su PIB al I+D+i, uno de los niveles más altos de Europa, con el añadido de que es el sector privado el principal actor en este capítulo.

En cabeza

Los índices de libertad económica o competitividad tienen sus propios problemas. No son perfectos ni pueden servir al 100% como guía para explicarlo todo. Pero cuando un país aparece siempre en los primeros puestos y eso se traduce además, en un nivel elevado de riqueza (ya hemos dicho que Suiza tiene una renta per cápita superior a los 42.500 euros) sí pueden darnos una idea de que se están haciendo las cosas bien. En este caso, algunas de estas clasificaciones pueden ayudarnos a responder a esa pregunta que nos hacíamos al principio de por qué tantos ricos eligen Suiza como destino:

– Índice de Competitividad Global: elaborado por el Foro Económico Mundial, mide la capacidad de cada país para aportar valor añadido al mercado global y hacer que sus bienes y servicios sean competitivos, en precio y calidad. Suiza ocupa el primer puesto de la lista (por sexto año consecutivo), por delante de Singapur, Estados Unidos o Finlandia. Los autores destacan la "innovación, sofistificación de sus negocios, calidad de su educación superior y eficiencia del mercado laboral".

– Índice de competitividad del talento global: elaborado por el Insead, una de las escuelas de negocio más prestigiosas del planeta, mide la capacidad de atracción del talento de una economía. Suiza también es el primero de la lista, seguido por Singapur y Luxemburgo. El informe destaca su "apertura" en términos de inversión y comercio. Además, hablan de su integración en un mundo globalizado y su capacidad para formar a su capital humano.

– Expat explorer report: elaborado por el HSBC, mide la calidad de vida de aquellas personas que residen en un país extranjero. Tiene en cuenta multitud de factores, desde las condiciones económicas a las que pueden acceder, la acogida en el país de destino o la educación que se ofrece a sus hijos. También las opiniones de los que ya están viviendo en cada país es muy relevante. Pues bien, de nuevo, Suiza es el primero de la lista, por delante de Singapur, China o Alemania. En el informe se habla de la calidad de vida en el país, muy valorada por los extranjeros que residen allí, el equilibrio entre la vida profesional y laboral, el entorno económico y la estabilidad institucional.

¿Por qué a los ricos les gusta tanto Suiza?

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Las preguntas son muy incómodas. ¿Por qué las sociedades eligen gobernantes antisistema que las conducen al despeñadero? ¿Por qué los venezolanos votaron a Hugo Chávez a fines de 1998, los griegos acaban de hacerlo con Alexis Tsipras y es posible que los españoles repitan esa forma de suicidio cívico dentro de unos meses dándole la mayoría de sus votos a Pablo Iglesias, un neocomunista simpatizante del chavismo, como lo calificó, muy orgulloso, Diosdado Cabello, presidente del Congreso en Venezuela y el poder tras el delirante trono de Nicolás Maduro, ese ornitólogo y médium, experto en la comunicación con los pájaros y los muertos?

La clave está en la fragilidad de las democracias liberales, un débil diseño institucional surgido a fines del siglo XVIII para poner fin al antiguo régimen. Una forma de gobierno basada en la combinación de libertades políticas y económicas, que exige el inexorable cumplimiento de los principios en los que se sustenta y proclama para poder prevalecer. El consenso general define estos diez principios:

1. Todas las personas, y muy especialmente quienes participan del poder, tienen que colocarse bajo la autoridad de la ley y no puede existir impunidad para los violadores de las normas.

2. Es indispensable la transparencia total en los actos de gobierno y la rendición de cuentas periódicas y obligatorias.

3. La Constitución existe para proteger los derechos de los individuos, incluso y especialmente de la voluntad de las mayorías.

4. El Estado posee el monopolio de la violencia por libre delegación de la sociedad, que regulará y vigilará el uso de esta delicada facultad por medio de quienes administran la justicia.

5. La justicia (y la solución de los conflictos) tiene que ser absolutamente independiente, razonablemente eficiente, rápida y ajustada a derecho.

6. La actitud y el comportamiento de los funcionarios, tanto de los elegidos como de los contratados, deben estar teñidos por el espíritu de servicio público. Los funcionarios forman parte de la Administración del Estado para servir a la sociedad dentro de las reglas. No están ahí para mandar, sino para obedecer a quienes les pagan sus salarios por medio de los impuestos.

7. El método de cooptación y reclutamiento en la esfera pública es la meritocracia y no la arbitrariedad partidista ni el clientelismo.

8. Las personas deben percibir que tienen una posibilidad razonable de "buscar la felicidad", siempre y cuando actúen dentro de las reglas. No se define esa fórmula vaga porque la felicidad o el sentido del éxito personal varían notablemente.

9. Es vital que los individuos perciban que, si estudian, trabajan, se esfuerzan y cumplen las reglas, sus formas de vida mejorarán paulatinamente. Nada concede más estabilidad a una sociedad que la esperanza en un futuro mejor.

10. Una democracia liberal no puede dar la espalda a los ciudadanos que padecen serias desventajas. La cohesión social aumenta cuando está presente la solidaridad.

Cuando uno o más de estos principios comienzan a ser ignorados y esa hipócrita transgresión coincide con una crisis económica severa, ante los ojos de muchas personas, poco a poco, se devalúa la forma de relación entre sociedad y Estado conocida como democracia liberal. Es en ese punto cuando proliferan los indignados y los antisistema.

Es el momento en que los electores, muchas veces desesperados, comienzan a corear insensateces ("¡Que se vayan todos!"), o entregan a los nuevos mandamases la facultad de decidir por ellos, como hicieron innumerables cubanos en los primeros años de la revolución gritando la consigna "Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista".

La otra pregunta inevitable es por qué no enterrar las democracias liberales si no han dado los frutos que de ellas se esperaban. Muy sencillo: porque sabemos que, cuando se cumplen los principios, esas sociedades se desarrollan y funcionan envidiablemente. Es lo que sucede en los veinte países más prósperos y felices del planeta, adonde quieren emigrar los desgraciados de todas partes. Lo que se impone es la corrección del sistema, no su demolición.

También sabemos que los antisistema –comunistas, fascistas, neopopulistas, dictaduras militares de derecha– suelen agravar todos los problemas que supuestamente pretenden solucionar. Venezuela es un clarísimo ejemplo de lo que sucede cuando se le abre la puerta a esta fauna destructiva. España será otro brutal fracaso si el señor Iglesias llega a la casa de gobierno. Será la hora de los monstruos.

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