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¿Razón del estado argentino?

La espeluznante aparición, con un disparo de revolver en la cabeza, del cadáver del fiscal federal Alberto Nisman en el baño de su casa pocas horas antes de la anunciada presentación ante la Comisión de legislación penal del Congreso argentino de las pruebas contra la presidenta Cristina Fernández, el ministro de asuntos exteriores Héctor Timerman y otros colaboradores, por encubrir la responsabilidad de agentes iraníes imputados en la masacre de 85 personas relacionadas con la asociación judía AMIA en 1994, reviste todos los elementos de una trama siniestra.

Hasta ahora, la penútima versión del sempiterno y viscoso peronismo que asola la Argentina desde tiempos remotos había mostrado al mundo modos y actuaciones más propios de una banda de delincuentes organizada con el propósito de estafar y extorsionar a todo aquél que genere riqueza en sus dominios.

Sin embargo, esta particular amalgama de populismo, fascismo y socialismo acumula, además, vehementes indicios de haber traspasado todos los límites que distinguen – bien es cierto que en una línea de continuidad- a los ladrones de los criminales más brutales y mafiosos. En efecto, el fiscal “suicidado” había declarado que contaba con grabaciones de negociaciones de colaboradores de la presidenta actual con representantes iraníes, las cuales demostrarían que ambas partes acordaron el sobreseimiento de hecho del caso respecto a los prófugos imputados por la matanza, de nacionalidad persa, a cambio de la conclusión de un acuerdo comercial entre gobiernos.

Este encubrimiento, auspiciado nada menos que por el propio ejecutivo del estado donde se asestó tan monstruoso atentado, se intentó revestir con una norma de cobertura: El Memorándum de Entendimiento sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA, firmado el 27 de enero de 2013 en Addis Abeba por los ministros de asuntos exteriores de Irán y Argentina, que creaba un Comisión de la Verdad que formarían “juristas internacionales de reconocido prestigio” y a la que quedarían supeditadas las investigaciones emprendidas por determinados juzgados argentinos, incluídas las órdenes de detención dictadas por Interpol a petición de los mismos contra determinados sujetos iraníes y los numerosos requerimientos de auxilio judicial internacional rechazados por las autoridades de la República Islámica de Irán. Según la distribución de competencias establecida en la Constitución argentina de 1994 (artículos 99.11 y 75.22 ) en relación a la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, corresponde, desde la perspectiva argentina, respectivamente al presidente de la República y al Congreso de los diputados la firma y ratificación de los acuerdos internacionales.

Con independencia de la propia demora que la aprobación de ese acuerdo por las Cámaras legislativas provocó en las investigaciones dirigidas por jueces de instrucción y fiscales argentinos – quiénes, por cierto, calificaron esos asesinatos como crímenes de lesa humanidad en el transcurso de la investigación- la Cámara Criminal y Correccional Federal, estimando la acción de amparo interpuesta por AMIA, declaró la inconstitucionalidad y anuló el Memorandum y la Ley 26.843 que lo aprobó, por Sentencia de 14 de mayo del año pasado.

Además de esas disposiciones, el fallo de esa resolución decretó la suspensión de la posible ejecución del Memorandum y ordenó al Juez de Primera Instancia que reiterase las solicitudes de extradición y cooperación judicial; insistiese a Interpol para que, dadas las pruebas y la calificación del hecho como crimen de lesa humanidad, reevaluara la solicitud de órdenes de captura internacional contra Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, y Hadi Soleimanpour y extremase los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas dispuestas en la causa.

 Los fundamentos jurídicos concurrentes de los jueces ponen de manifiesto el fraude de ley perpetrado por el gobierno argentino con la firma de ese “acuerdo internacional”. Según el tribunal, en lugar de procurar la formulación de mecanismos que hicieren posible concretar las asistencia jurídica requerida en su día por los jueces argentinos a las autoridades de Irán, se acordó un procedimiento sustitutivo de la averiguación de la verdad y de la determinación o descarte de las responsabilidades penales en relación al hecho del atentado. En esencia, concluyó que el Memorandum conculcó el artículo 18 de la Constitución argentina, en cuanto este precepto prohíbe el juicio por comisiones especiales o la separación de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.

Aunque la sentencia no era todavía firme, dada la posibilidad de apelación de su fallo ante la Corte Suprema, el gobierno reaccionó de forma destemplada ante esa revocación de un acto basado en el particular entender de la razón de Estado por parte de la mandataria argentina y su equipo de colaboradores. El canciller Timmerman, por ejemplo, arremetió taimadamente contra los jueces que dictaron la sentencia por inmiscuirse en la competencias asignadas por la Constitución al Ejecutivo y al Legislativo en materia de celebración de acuerdos internacionles y, manipulando lo debatido en el procedimiento de amparo, por “facilitar” la renuencia de la República Islámica a cooperar en la resolución del caso.

De esta manera, sumadas las circunstancias que rodean al caso y los medios utilizados para ascender y mantenerse en el poder del matrimonio Kirchner, no resulta nada descabellado apuntar a una implicación directa o indirecta del gobierno argentino en la muerte del fiscal Nisman. Él mismo aseguró que sus averiguaciones sobre una prolongada colaboración entre gobernantes argentinos e iraníes para lograr una suerte de impunidad para los imputados que permanecen en rebeldía le podría acarrear la muerte.

Después de haber asegurado oficialmente que la causa de la muerte del fiscal fue el suicidio -algo verdaderamente inverósimil, con solo considerar los testimonios de las últimas personas que mantuvieron contacto con el fallecido- el gobierno quedará en un escandaloso entredicho si se confirma la información de que la prueba pericial demuestra que no hay vestigios de pólvora en sus manos.

Venezuela en ruinas: los frutos del socialismo

"Huid del país donde uno ejerce todos los poderes: es un país de esclavos".

Simón Bolívar.

Venezuela es un país en ruinas. Resultan sobrecogedoras las imágenes de supermercados vacíos, arrasados. De una ciudadanía que pierde días enteros haciendo colas interminables con el único objetivo de comprar comida. De lamentables peleas multitudinarias para hacerse con los escasísimos productos básicos. Hay desabastecimiento de comida, agua potable, medicinas y hasta de papel higiénico. El riesgo de estallido social y de golpes políticos se ha disparado. La suspensión de pagos del gobierno bolivariano resulta inevitable. Por ello, su Presidente lleva dos semanas de gira por el mundo, mendigando un balón de oxígeno financiero a sus maltrechos aliados internacionales. Nicolás Maduro, como un paranoico, ha optado por culpar de todos los problemas económicos a una supuesta conspiración internacional encabezada por Washington. Es incapaz de reconocer que la causa del caos económico y social del país es del propio régimen que él preside con poderes absolutos. ¿Cómo ha podido caer Venezuela en una crisis humanitaria tan salvaje?

Al llegar de su gira internacional esta semana, Maduro tuvo el valor de afirmar que la salida de la crisis pasa por que Venezuela profundice en el socialismo. Debe de ser que la dosis de socialismo aún no ha sido suficiente. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y desde entonces el régimen no ha hecho otra cosa que recorrer la senda del socialismo del siglo XXI, transitar hacia una "economía post-capitalista sobre la base de un amplio sustento público, social y colectivo de la propiedad sobre los medios de producción". La economía de mercado y el sector privado quedan completamente supeditados a los arbitrios del poder político.

Para la posteridad quedan aquellas deplorables imágenes de Hugo Chávez en el centro de Caracas requisando edificios y negocios a la orden de "exprópiese". La propiedad privada y la seguridad jurídica se deshacían como un azucarillo entre los aplausos cómplices de quienes creían que así un país podía prosperar. Emprender en Venezuela se convirtió en una locura; invertir, en una temeridad. El gobierno, arrogándose todos los poderes, se convertía en el encargado absoluto de la actividad económica, a base, claro, de expropiaciones y subsidios.

Pero, ¿cómo puede el gobierno alimentar a la población cuando el sector privado ha sido arrasado y la inversión extranjera ha desaparecido? ¿Cómo, si el Estado es incapaz de producir de forma eficiente por los insalvables problemas de cálculo económico del socialismo? Dado que Venezuela es el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo, la idea original es sencilla: exportando petróleo. El 96% de las exportaciones del país corresponden al crudo. Con lo ingresado, se compra en el exterior la práctica totalidad de los bienes de primera necesidad que consume la sociedad venezolana. Así, la renta de Venezuela fluctúa al son de las cotizaciones internacionales del petróleo, y la población queda en una situación de extrema fragilidad, a merced del precio del crudo y del gobierno. Y cuando, como ahora, el precio del petróleo se desploma, el insostenible sistema chavista se rompe en mil pedazos.

Pero los problemas de base no son de ahora. Incluso durante los años en los que el crudo estaba disparado, Venezuela no era capaz de cubrir sus necesidades sólo con petróleo, y menos con un gobierno omnímodo y populista que se encuentra entre los más corruptos del planeta. Por tanto el Estado lleva casi una década con un déficit público crónico. Para resolverlo recurrieron de forma automática a ese sistema de robo encubierto que es la inflación: se imprimen los bolívares necesarios para afrontar los pagos y punto. En consecuencia, el país ha sufrido una inflación acumulada de más del 1.900% desde 1999. En 2014, teniendo en cuenta sólo las maquilladas cifras oficiales, Venezuela ha sufrido una inflación de más del 60%, la más alta del mundo.

La culpa de todo esto, según el gobierno, no tiene nada que ver con el Estado, sino con la avaricia de los comerciantes. Como en todo régimen socialista, las consecuencias de cada medida intervencionista crea problemas aún mayores que justifican adicionales dosis de intervencionismo. El siguiente paso era obvio: imposición generalizada de controles de precios. Éste es un caso paradigmático, de libro de texto, de cómo descoordinar por completo la actividad económica. Por un lado, a precios menores de los de mercado, la oferta se estrangula: los pocos productores que quedaban dejan de producir, por no poder ni recuperar sus crecientes costes. Por otro, la demanda se dispara. En consecuencia, aparece el fenómeno del desabastecimiento crónico y la paralización de la producción. Aparecen los estantes vacíos, las colas interminables, las peleas en los supermercados, la cartilla de racionamiento y los mercados negros. Aparecen, en fin, las señas de identidad del socialismo: la miseria, el caos y el conflicto social.

Hoy el gobierno de Venezuela no hace más que recoger la cosecha de lo sembrado durante más de una década y media en el poder. Éstos son los frutos del socialismo: una Venezuela en ruinas, al borde de la quiebra económica y la ruptura social. ¿Existe alguna solución a esta desesperada situación? Sí, existe. La solución pasa por que se asuma el fracaso del socialismo y se implemente un ambicioso plan de choque. Hace falta una estabilización monetaria, una liberalización seria de la economía y una reestructuración del aparato estatal. Es imprescindible que Venezuela sea un lugar donde los venezolanos se atrevan a ahorrar, invertir y emprender, un lugar capaz de atraer capital extranjero. Sobre los cimientos de la propiedad privada y la seguridad jurídica, el pueblo venezolano tiene que reconstruir, sin la asfixia gubernamental, el tejido productivo, empresarial e industrial del país. Desandar la senda del socialismo del siglo XXI, que no es sino el socialismo de toda la vida, es un proceso duro y difícil. Pero ésta es la solución, y no hay otra.

El Papa, como Obama y Zapatero, debilidad ante el yihadismo

Tras la masacre en la redacción de la revista Charlie Hebdo se ha producido una casi unánime condena en el mundo occidental del atentado –es una lástima que la solidaridad haya olvidado en buena medida a las víctimas del restaurante judío–. También se ha dado una generalizada defensa de la libertad de expresión por parte de los políticos y los medios de comunicación (algunos periodistas de rancio servilismo católico han preferido cargar contra las víctimas, pero son excepciones).

Dicha defensa no estaba exenta de hipocresía por parte de algunos gobernantes. Lo demuestra el hecho de que en la multitudinaria manifestación de París participaran representantes de Ejecutivos que destacan en la represión del periodismo y el libre uso de internet de sus países. Es el caso del primer ministro húngaro, Viktor Orban, el ministro de exteriores ruso, Serguei Lavrov (en cuyo país el Gobierno es el principal sospechoso del asesinato de varios periodistas hace unos años), o el rey de Jordania.

Un caso singular ha sido el del Papa Francisco, cabeza de la Iglesia Católica, al tiempo que jefe de un pequeño Estado europeo, el Vaticano, que no envió representante alguno a la manifestación. Aunque ha condenado el atentado contra Charlie Hebdo, ha puesto un “pero” muy peligroso. Olvidando cualquiera de los valores cristianos, se ha mostrado comprensivo con los yihadistas al decir que si insultan a tu madre, cualquiera responde con un puñetazo.

El Papa ha enviado un peligroso mensaje a los integristas, unos totalitarios que amenazan la vida y la libertad de millones de seres humanos. Les ha dicho que la máxima autoridad de la principal confesión cristiana, a la que ellos identifican de forma automática con el conjunto de Occidente, no está dispuesta a defender los valores de esa misma civilización occidental y hasta les ofrece cierta cobertura moral.

Existen diversos antecedentes de este tipo de mensaje. Son varios los políticos occidentales que en el pasado mostraron cierta comprensión ante la violencia islamista por viñetas sobre Mahoma o vídeos críticos con el Islam. En el caso español, Rodríguez Zapatero ha publicado en El Mundo un insulso artículo en el que condenaba el asesinato de los dibujantes de Charlie Hebdo. Pero en el pasado no actuó así.

Cuando en 2006 se produjo una oleada de violencia islamista por las viñetas del diario Jyllands-Posten, el entonces presidente del Gobierno adoptó una postura equidistante, condenando tanto a los radicales islámicos como al periódico del pequeño país del norte de Europa. De hecho, lo hizo en al menos dos ocasiones. Y en ambas actuó acompañado de sendos gobernantes con un pésimo historial en lo referido a la libertad de expresión.

Zapatero primero publicó una carta abierta junto con el turco Recep Tayyip Erdogan en la que condenaban tanto la violencia como las viñetas. Ambos decían:

La publicación de las caricaturas puede ser perfectamente legal, pero pueden ser rechazadas desde el punto de vista de la moral y la política.

Esta condena, sobre todo por el llamamiento al rechazo “desde el punto de la política”, lanzaba un mensaje claro a los radicales: hay gobiernos que no están dispuestos a defender un valor tan supremo como es la libertad de expresión, si contra ella se usa la violencia.

Días después, en una intervención pública junto con Vladimir Putin, Zapatero volvía a la carga. Afirmaba que le gustaba la libertad de expresión “siempre que” se dieran una serie de circunstancias. Una de ellas era “el respeto” a las religiones. Una excepción que volvía a mandar un mensaje de debilidad.

El caso del actual presidente de Estados Unidos, que ni estuvo en la manifestación ni envió a un miembro de su Gobierno en su representación, es todavía peor. Ante una oleada de violencia en respuesta a una película ofensiva con Mahoma (y tan mala que es dudoso que alguien haya aguantado viéndola más de tres minutos) subida a Youtube, Obama reaccionó reclamando a Google que la retirara de su canal de vídeos:

Para nosotros, para mí personalmente, el vídeo es repugnante y reprensible. Parece tener el cínico propósito de denigrar una gran religión y generar odio.

Condenó con más fuerza el vídeo que la violencia con la que respondieron hordas de radicales musulmanes en muchos países. Afortunadamente, Google no cedió a las presiones de Obama para que retirara el vídeo en cuestión. Esa exigencia era un claro atentado contra la libertad de expresión y suponía una victoria moral del integrismo. El sentimiento de ofensa de muchos musulmanes era legítimo (nadie puede prohibir que te moleste determinada cosa), pero no la violenta respuesta.

Zapatero y Obama, como ahora el Papa Francisco, yerran profundamente. La libertad de expresión implica que nos puedan ofender. Las caricaturas molestas para una religión pueden ser de mal gusto, pero también tenemos derecho a actuar con dicho mal gusto. Además, si se comienza a ceder ante un totalitario que se siente ofendido, no hay límites.

Para los islamistas es ofensivo que se dibuje a Mahoma. Pero también lo es que alguien que no cree en el islam escriba que esa misma persona no era un profeta, puesto que Dios no le hablaba y ni le transmitió el Corán. Es legítimo que se molesten, como puede hacerlo un judío ultraortodoxo si se niega que Moisés recibiera las tablas de la Ley en el Sinaí o un fundamentalista cristiano si se rechaza la divinidad de Jesús. Pero su legítimo sentimiento de ofensa no puede restringir la libertad de otros. Es ilegítimo tratar de silenciar a quien pone en duda su fe.

Antes Zapatero y Obama, ahora el Papa, han enviado un peligroso mensaje de debilidad ante los islamistas que amenazan nuestra vida y nuestra libertad. Craso error: cuando no se muestra firmeza en la defensa de los propios valores ante los totalitarios, estos se sienten reforzados y animados a atacar con mayor dureza. Sobran los ejemplos en el terrible siglo XX.

La propiedad de lo sagrado

No deja de sorprender la capacidad humana para destruir y para crear. Como si no fuéramos de la misma especie, como si viviéramos en realidades diferentes, los mismos seres humanos somos capaces de lo más grande y de lo más terrible. Este nuevo año se ha despertado de mal humor y nos está regalando episodios muy duros, ataques terroristas, muertes, violencia, como recordándonos que seguimos teniéndonos miedo, los unos a los otros, miedo como el que no ve y desconfía de lo que le rodea por puro sentimiento de supervivencia.

La demanda de conspiraciones

Ante sucesos como los acaecidos en Francia en las pasadas semanas, siempre hay una venta exitosa de conspiraciones que apuntan a supuestos autores de lo más variopintos: el Mosad, los gringos, la mano negra. Y como toda teoría de la conspiración que se precie, los argumentos están diseñados para que el hilo de la lógica se retuerza sobre sí mismo y no deje más opción que aceptar la conspiración, o bien, reconocer que a una le encanta vivir en la mentira.

Lo mejor, o lo peor, es que por poder, claro que puede ser. Igual que es posible que seamos un sueño de un alienígena, o que haya una civilización paralela en un planeta remoto donde exista otro yo y que estemos unidos solamente en los sueños.

No puedo demostrar ninguna de esas hipótesis y si las niego la alternativa es reconocer que “mi” explicación, basada en los hechos que conozco, es la mejor de las mentiras, y que quienes aceptan esas teorías están en la verdad, y su mente preclara les permite entender lo que yo no soy capaz.

Yo reconozco que ante un atentado reivindicado por terroristas de una facción extremista de un movimiento musulmán radical, tiendo a creer que han sido ellos, antes que pensar que no, que han sido otros ocultos tras los terroristas por razones recónditas. Ya ven. Soy rara. Pero me temo que esas conspiraciones, junto la famosa amenaza franquista de la “conspiración judeo-masónica”, la amenaza de quedarse ciego al practicar el sexo en solitario, o la de quedarse bizco si te daba el aire en los ojos cuando de niño cruzabas los ojos haciendo muecas, tienen una base similar en cuanto a su poca fundamentación.

Los derechos de propiedad sobre las imágenes sagradas 

Dicho lo cual, dejando de lado la autoría, merece la pena reflexionar un poco acerca de las razones que llevan a algunas personas a matar, a los resortes que tocan en muchas personas determinados comentarios acerca de lo que ellos consideran sagrado y los límites de la libertad de expresión.

Planteaba en su muro de Facebook el jurista de Estados Unidos, Stefan Kinsella, experto en temas de propiedad intelectual y apasionado detractor precisamente de los derechos de propiedad intelectual, que podría re-pensarse el ataque terrorista al semanario “Charlie Hebdo” en términos del monopolio que algunos creen tener sobre las imágenes que representan lo que ellos entienden que es sagrado. Efectivamente, muchos entre quienes profesan una fe sienten que ellos son los únicos que pueden hacer uso de las imágenes que representan a su Dios, santos, profetas, etc. Un uso inadecuado puede ser interpretado como falta de respeto. Y estoy pensando, por ejemplo, en la moda de exhibir un rosario alrededor del cuello a modo de collar, o el crucifijo colgando de la oreja de algún cantante. Me pregunto si esas personas tan susceptibles ante lo que ellos llaman “Dios” sienten tanto respeto por todas las manifestaciones de lo sagrado pasadas y presentes.

Más allá de eso, entiendo que el tema que levanta ampollas es la sátira y el mal gusto. Personalmente creo que la sátira, la burla hacia lo ajeno, hacia la autoridad, y muchas veces hacia lo propio, es un síntoma de buena salud, y sé que duele cuando te tocan lo que más quieres. Pero la capacidad de cachondearse uno hasta de su sombra, no es mala, incluso si transgrede la corrección y el respeto. Lean a Quevedo. Es la sociedad la que debería no ver ese programa de televisión, no comprar esa revista, y no alimentar a quienes se pasen de la raya. No debería ser necesaria una ley que sustituyera el deber de cada cual de posicionarse y hacer algo. Algo no violento, por supuesto: afear la conducta, denunciar el mal gusto, poner en marcha una campaña para evitar que la gente vea o lea esas publicaciones. Hay muchas cosas que no son un puñetazo en la cara.

Y, por supuesto, al lado de las discusiones serias, de los debates bienintencionados, Occidente, desdibujado como está en este siglo XXI, permite que sus políticos, los mismos que miran al techo frente a las masacres en África, cuando no sacan partido de ellas, se atribuyan también el monopolio del dolor y la indignación. Lo que nos faltaba.

La dictadura democrática de Podemos

Muchos, sin duda, se habrán llevado las manos a la cabeza al descubrir que Podemos plantea la posibilidad de prohibir la Semana Santa en Sevilla, y sin embargo dicha propuesta constituye tan sólo una simple muestra de la naturaleza dictatorial que esconde el partido de Pablo Iglesias bajo el falso ropaje democrático que tanto airean.

La aplicación del ideario podemita no sólo se traduciría en una intensa restricción de la libertad económica, sino que, además, implicaría un retroceso brutal en el ejercicio del resto de derechos fundamentales del individuo, más allá del uso y disfrute de la propiedad privada, tales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y, en última instancia, también la libertad política. Las ideologías totalitarias conducen a sistemas totalitarios, siempre y en todo lugar, y Podemos no es una excepción.

Basta observar con atención las palabras que han suscitado esta particular polémica para percatarse de la verdadera catadura de dicha formación. En una entrevista publicada por El Mundo, la secretaria de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, afirmaba lo siguiente:

Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán (…) En Podemos todo los decidimos los ciudadanos y las ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión serían ellos quienes lo decidirían.

Abría, así, la puerta a una votación sobre la prohibición de la Semana Santa.

Sus declaraciones levantaron al instante tal oleada de críticas e indignación, especialmente en Sevilla y el resto de Andalucía, que su autora no tardó mucho en intentar rectificar su colosal metedura de pata a través del siguiente tuit: "La Semana Santa es una tradición arraigada en Sevilla y formará siempre parte de nuestra cultura mientras la ciudadanía así lo quiera."

Y pocas horas después enlazaba unas declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual –costalero, curiosamente–, en las que criticaba la "lectura torticera y demencial" que se había hecho de sus palabras, ya que "los sevillanos nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa". Pero la clave es que, a continuación, añadía esta reveladora aclaración:

Quizás aún no se ha entendido muy bien que nosotros nos creemos nuestro estatuto y nuestro ideario, y lo que decimos siempre es que las grandes decisiones que vayamos a tomar donde gobernemos las va tomar la gente.

Si se fijan, la pretendida rectificación no existe. Tanto Gutiérrez como su camarada Pascual coinciden en lo esencial. A saber, que la Semana Santa existirá mientras la mayoría de la ciudadanía/gente así lo decida, sin importar un ápice que su prohibición por vías democráticas constituya una violación flagrante de un derecho fundamental, como el relativo a la libertad religiosa y de culto, amparado por el artículo 16 de la Constitución. Dicho de otro modo, si Podemos gobernase en Sevilla y una parte de la población quisiera acabar con la Semana Santa por ser laica o porque, simplemente, no le gusta, Gutiérrez y sus acólitos defienden la opción de decidir su prohibición mediante una votación.

De hecho, llevado al extremo, ni siquiera haría falta celebrar un engorroso e incierto referéndum sobre esta delicada cuestión, bastaría con que Podemos defendiese dicha propuesta. Tras ganar las elecciones, sus dirigentes bien podrían alegar que las urnas ya les han otorgado la legitimidad democrática necesaria para impedir ese tipo de procesiones.

No sería la primera vez que ocurriera. El Gobierno de la II República proscribió las manifestaciones religiosas, expropió las propiedades de la Iglesia y prohibió el ejercicio de la enseñanza católica al amparo de una Constitución en la que el Estado imponía a la sociedad su laicismo. Bastaron unas elecciones generales y el consiguiente cambio de régimen para que unos derechos antes considerados inalienables pasaran a ser pisoteados por ley.

Si la garantía de los derechos y libertades más básicos depende del resultado de una votación, el individuo queda sometido a la voluntad de las mayorías y, por tanto, al Estado, erigido en máximo representante del pueblo, así como al reducido grupo de personas que, en última instancia, controla realmente el poder.

La democracia se convierte, de este modo, en dictadura. No en vano, si una mayoría social o el ayuntamiento de turno se arroga la potestad de prohibir una procesión, ¿qué impide a esa misma mayoría o al Gobierno que lo representa restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad ideológica, la libertad política, la libertad de movimientos, la libertad de reunión, el derecho de asociación, el derecho a la vida…? Nada.

El problema es que ésta y no otra es la concepción de democracia que defiende Podemos. Su "democracia real" consiste en que el Estado decida sobre todo tipo de asuntos, incluyendo el alcance o supresión de derechos y libertades fundamentales, exacerbando con ello la capacidad de intervención, coacción y represión de la clase política sobre el conjunto de la población.

La "democracia real" que blande Podemos no es más que la versión actualizada de la democracia popular que imperó en numerosos países comunistas durante buena parte del siglo XX, una variante del socialismo real, de la manida democracia socialista del siglo XXI que tantos estragos ha producido en Venezuela y sus países satélite. Es decir, control total del Estado.

De lo que no cabe duda es de que son consecuentes con su ideología. Lo trágico es que su implantación se traducirá en menos libertad, tanto económica como política, en España. De hecho, la eliminación o restricción de la primera conlleva siempre la reducción o vulneración de la segunda.

En este sentido, no es casual que las economías menos libres del planeta sufran gobiernos dictatoriales o regímenes híbridos (mínima libertad política): Chad (puesto 165 del índice de democracia en 2012), República Centroafricana (157), República del Congo (155), Eritrea (153), Guinea (160), República Democrática del Congo (159), Venezuela (95), Guinea-Bissau (166), Benín (79), Haití (116), Níger (111), Angola (133), Zimbabwe (148), Yibuti (147), Burundi (125)…; mientras que, por el contrario, las economías más libres son también las más democráticas, salvo contadas excepciones: Singapur (puesto 81 del índice de democracia en 2012), Hong Kong (63), Nueva Zelanda (5), Estados Unidos (21), Dinamarca (4), Noruega (1), Reino Unido (16), Corea del Sur (20), Islandia (3), Irlanda (13), Finlandia (9), Arabia Saudita (163), Canadá (8), Suecia (2), Australia (6)…

Dicho de otro modo, la libertad económica garantiza, con una probabilidad superior al 90%, la existencia de plena libertad política, mientras que el control estatal de la economía que tanto defiende Podemos conduce siempre a la instauración de regímenes dictatoriales o autoritarios.

Alberto Garzón, abrumado e ilustrado

He leído varios comentarios de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. Habló, por ejemplo, del "Estado de Bienestar, conquistado por la presión de los trabajadores de la lucha antifranquista", una tesis asombrosa, porque fue el franquismo el que extendió el Estado de Bienestar, como hicieron todos los gobiernos del mundo, democráticos o no. Otra joya es: "La democracia sólo es posible si no estamos en el capitalismo", como si no hubiera suficientes testimonios de lo que pasa con la democracia cuando el capitalismo es aniquilado, que es, de hecho, lo que este totalitario recomienda:

Si hubiera una democracia real, económica, nuestra capacidad de acción iría mucho más allá que un voto cada cuatro años. Decidiríamos qué hacemos con los recursos económicos, a qué los destinamos.

No se le ocurre ni por un minuto que eso de "qué hacemos" con las cosas de los demás plantea algunos pequeños problemas en términos de la libertad de los ciudadanos.

Pero el Sr. Garzón no está abrumado por la cuestión de la libertad sino por lo siguiente:

Que lo que producimos, distribuimos y consumimos obedece a la lógica de la ganancia.

Esta jeremiada es muy popular y la repiten muchos, desde comunistas hasta clérigos, sin tomarse la molestia de pensar, primero, en por qué es mala la ganancia, cuando es algo que todo el mundo quiere y puede conseguir sin fastidiar al prójimo; y, segundo, en qué sucede cuando la producción, la distribución y el consumo no obedecen a la lógica del beneficio: en ese caso se pliegan a la lógica de la política, con las desastrosas consecuencias que el intervencionismo comunista y no comunista ha provocado en el último siglo.

Una última nota histórica. Lógicamente, después de tantas víctimas, ahora ya los comunistas no reivindican el comunismo real abiertamente. Pero don Alberto Garzón aseguró que, aunque lo bueno de los comunistas fue que, efectivamente, abolieron la lógica de la ganancia, también "olvidaron los principios de la Ilustración". La realidad fue exactamente la contraria: la abolición de esa lógica, que en los países comunistas condenó a millones a morir de hambre, encaja perfectamente con la letal arrogancia intervencionista de la Ilustración continental, y la francesa en particular, de la que los comunistas se sintieron legítimos herederos, y lo eran. Durante muchos años, incluso después de compuesta La Internacional, los comunistas terminaban sus mítines con una misma canción: La Marsellesa.

Patrón oro y geopolítica

A raíz de mi último artículo sobre el giro de política monetaria perpetrado por el Banco Nacional de Suiza, me gustaría ampliar el tema que tocaba de pasada en los últimos párrafos: a saber, ¿por qué el patrón oro es el sistema monetario más justo desde un punto de vista político?

Comencemos por la situación en la que se halla cualquier país pequeño. Este país soberano tiene de entrada dos opciones para con su moneda: o dejarla flotar libremente o ligarla a alguna moneda extranjera. Aunque en principio podría parecernos razonable que deje flotar la moneda, tengamos presente que las economías pequeñas suelen estar enormemente internacionalizadas (no les queda otra: dentro no pueden producir todos los bienes variados que necesitan), de modo que fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio de su divisa con respecto a la de sus principales socios comerciales pueden ser devastadoras para sus economías.

Por ejemplo, supongamos que dentro de esa economía pequeña se desarrolla un producto revolucionario para el resto del mundo (un medicamento contra el cáncer, verbigracia). En tal caso, las exportaciones de ese producto se dispararían, pero junto con las exportaciones específicas de ese producto también se dispararía el tipo de cambio de ese país (los extranjeros comprarían su divisa para poder adquirir el medicamento contra el cáncer). La súbita e intensa apreciación de la moneda del país pequeño supondría así un auténtico mazazo para toda su restante industria exportadora, que vería caer sus ventas al extranjero debido al encarecimiento de su moneda. No es un escenario de ciencia ficción; incluso se ha acuñado una expresión económica para describirlo, el mal holandés, que es plenamente aplicable a la misma naturaleza de los tipos flotantes. De hecho, tal como ilustra el reciente caso de Suiza, las únicas causas que generan una súbita apreciación de la divisa no se limitan a un mayor auge exportador: si la moneda de un país pequeño se convierte en refugio internacional, entonces también se termina machacando a su muy inocente industria exportadora.

Tres cuartos de lo mismo cabría afirmar con respecto a la depreciación de la divisa: imaginemos que la industria exportadora de un país se hunde y que, como consecuencia de ello, su divisa se deprecia enormemente. Muchos ciudadanos verán mermada su capacidad adquisitiva para comprar al exterior incluso productos básicos por el simple hecho de que una parte de su economía (no relacionada necesariamente con su actividad) se ha hundido. Algo similar sucede cuando los ahorradores huyen de una moneda porque el gobierno está destruyendo su valor: la divisa se deprecia tanto que impide financiar la más mínima importación (como le ocurre ahora a Venezuela).

Los problemas anteriores, que se magnifican conforme más pequeña sea una economía, suelen hacer aconsejable que los países diminutos adopten tipos de cambio fijos con sus principales socios comerciales (aquellos otros países a quienes compran y venden mayoritariamente). Y aquí nos topamos con tres posibilidades: el país pequeño puede establecer una convertibilidad fija de su moneda con la moneda extranjera; el país pequeño puede renunciar a su propia moneda y adoptar la de su principal socio comercial; el país pequeño y sus socios comerciales pueden adoptar una moneda común independiente a todos ellos.

El primer caso, la convertibilidad entre monedas nacionales, es problemático. Imaginemos que el país A establece que una unidad de su divisa se intercambiará por una unidad de la divisa del país B (1:1). En tal caso, el banco central del país A tendrá la potencial obligación de comprar ilimitadamente la divisa que emita el banco central del país B, de modo que si éste es tremendamente irresponsable, a aquél no le quedará otro remedio que serlo. Al final, si un país quiere mantener una convertibilidad permanente con su vecino no le queda otra opción que someterse a la política monetaria de ese vecino.

Lo mismo sucede en el segundo caso: si el país pequeño adopta la moneda de un país extranjero, claramente se está subordinando a las decisiones de política monetaria que tome ese país extranjero. Éste, de hecho, estará tentado a adoptar decisiones irresponsable con el objetivo de transferirle parte del coste de las mismas al país pequeño. Por ejemplo, la Reserva Federal de EEUU tiene mucho más margen que otros bancos centrales para comportarse irresponsablemente porque los dólares son empleados como reserva internacional; por consiguiente, las tensiones inflacionistas se trasladan (y se diluyen) por todo el planeta.

Por consiguiente, si un país no quiere ser el satélite monetario de otro, la única forma razonable de implantar tipos de cambio fijos es creando una moneda común e independiente a todos ellos. Y, nuevamente, aquí contamos con dos posibilidades: que esa moneda global sea fiat (un simple pasivo del banco central no convertible en nada) o que sea un activo con cualidades monetarias como el oro (o la plata o asimilados).

La primera de estas dos opciones fue la que defendió Keynes en las negociaciones de Bretton Woods, cuando propuso implantar una divisa mundial conocida como bancor. El problema (político) de este tipo de esquemas es que tienden a volverse ingobernables: dado que la moneda fiat es una moneda manejada, controlada y dirigida por el poder político, inmediatamente tras su implantación la pregunta pasa a ser la de quién controla la moneda fiat global (o, mejor, en beneficio de quién se maneja la moneda fiat global). A este respecto, el caso del euro es muy ilustrativo: la moneda única europea es una pugna continua entre los diversos gobiernos nacionales para orientar la política monetaria del Banco Central Europeo en su propio provecho. Imaginen esos mismos conflictos pero a una escala mundial: es evidente que las tensiones internas serían muchísimo más graves que las vividas hoy en día dentro de Europa (imaginen que el gobierno chino o el gobierno de Irán pudieran decidir sobre la política monetaria aplicable también en España).

Dadas las divergencias de intereses geopolíticos de los distintos gobiernos en liza, la implantación de una moneda fiat única suele ir aparejada a una unificación política: a la institución de un gobierno común que represente los intereses de todos (hacia eso quieren llevarnos muchos en Europa para volver al euro "gobernable" y viable a largo plazo). Pero, nuevamente, esto no constituye solución alguna: obviando las dificultades prácticas para constituir un gobierno mundial, parece claro que los incentivos regionales a secesionarse de un gobierno mundial serían enormes en aquellas regiones que se sintieran agraviadas por su actuación (el caso de Reino Unido con la Unión Europea, por ejemplo). Por tanto, la deficiencia de fondo sigue ahí: como la moneda fiat es un dinero politizado y la política es un juego de suma cero (o incluso negativa), los perjudicados por la acción político-monetaria buscarán romper unilateralmente la baraja.

¿Qué nos queda entonces? Nos queda acudir a un árbitro exterior e imparcial: es decir, al patrón oro. Un dinero no politizado –por cuanto nadie puede determinar ni su producción ni su distribución primaria– y común a todas las sociedades: unas reglas del juego superimpuestas a todos que, como las leyes generales e impersonales, no están concebidas para beneficiar a nadie en particular. A la postre, dado que todos los países comparten el mismo dinero, no hay fuertes apreciaciones o depreciaciones monetarias que distorsionen arbitrariamente la especialización regional: el patrón oro es, pues, la infraestructura adecuada para una división global del trabajo.

Por desgracia, en la actualidad existen pocos incentivos para reimplantar el patrón oro. EEUU, el único país que por su tamaño y ascendencia podría impulsar la reforma, carece de toda razón para hacerlo: el mundo vive hoy en un patrón-dólar de facto, lo que le proporciona enormes regalías. A su vez, el resto de países bajo su área de influencia entienden estas regalías, en parte, como un impuesto por la protección militar que les proporciona la superpotencia estadounidense; además, la fluctuación parcial de sus divisas con respecto al dólar proporciona a sus gobiernos un cierto margen de maniobra para utilizar la política monetaria en su privativo beneficio (si bien de manera limitada: si los países satélites deprecian mucho sus divisas frente al dólar, rápidamente hay una llamada al orden). Por último, los países fuera de su área de influencia (Rusia, China y algunos países musulmanes), si bien podrían tener incentivos para abandonar el patrón-dólar (y algunos intentos ya ha habido), han de ser cautos al respecto: un completo abandono del dólar los expondría a los riesgos exteriores que hemos analizado al comienzo del artículo para el caso de países pequeños (fuerte apreciación y depreciación de la divisa frente a sus socios comerciales que sí usan dólares); eso sí, conforme más se amplíe el tamaño interno del mercado de estas economías fuera del área de influencia de EEUU, mayores serán sus incentivos (y menor será el coste) de escapar del dólar ya sea creando una moneda fiat común a todas ellas o implantando un patrón oro regional.

En cualquier caso, que nuestros políticos ventajistas carezcan de incentivos para regresar al patrón oro no debería cegarnos a los ciudadanos para reclamar un orden social internacional más justo, imparcial, eficiente, cosmopolita y cooperativo para todas las partes: es decir, para reclamar el retorno al patrón oro.

Keynes y Mises frente a la Gran Guerra

Cien años se cumplen del siglo XX, cuando el XXI lleva dos décadas y media abriéndose paso. Aquel corto y brutal siglo XX que comenzó con la Primera Guerra Mundial y se cerró con el fracaso histórico del socialismo. La Gran Guerra comenzó como ilustración de dos ideas distintas, casi contrapuestas. Fue fruto del choque de grandes fuerzas que superan los esfuerzos del individuo, pero fue fruto también de la casualidad, del mal cálculo, de las pasiones y debilidades del hombre, de decisiones concretas, precisas, erróneas.

Dos economistas, John M. Keynes y Ludwig von Mises, dedicaron sendos libros a la postguerra, ambos en 1919. El más conocido es sin duda Las consecuencias económicas de la paz, de John M. Keynes. Cuando salió contribuyó a dar nombre a aquel economista de Cambridge[1], y hoy ocurre lo contrario, es el apellido el que le da relevancia a la obra, aun hoy. El otro es Nación, Estado y Economía, de Ludwig von Mises.

Según Keynes, “mi propósito con este libro es mostrar que una paz cartaginesa no es adecuada, desde el punto de vista práctico, ni posible”. Keynes comienza por exponer las décadas de progreso de Europa, aquél continente liberal, abierto, que venció la trampa maltusiana e hizo que la prosperidad dejase atrás viejas ideas y alentase nuevos sueños falsos sobre las posibilidades de transformar la sociedad y unir cielo y Tierra. “¡Qué extraordinario episodio en el progreso del hombre fue el que terminó en agosto de 1914!”, se lamentaba el economista. Describe un mundo en el que un londinense puede comprar cualquier bien o invertir en cualquier parte del mundo, desplazarse gracias a los medios de transporte. Exageraba, eso sí, al decir que “los proyectos y la política del militarismo y del imperialismo, de las rivalidades raciales y culturales, de los monopolios, las restricciones y la exclusión, que tenían su papel de serpiente en este paraíso, eran poco más que entretenimientos de los periódicos”, pero no lo es que “parecían no ejercer influencia alguna sobre el curso normal de la vida social y económica, cuya internacionalización era en la práctica casi completa”.

Todo lo que pueda tener de exagerado es porque, tal como se entendió en su momento, la obra de Keynes tiene mucho de teatral. A la descripción de la plácida Europa le sigue la escena en la que se desarrolla la conferencia: “París era una pesadilla, macabro todo el que estaba allí. Una sensación de inminente catástrofe colgaba sobre la frívola escena: la futilidad y la pequeñez del hombre ante los grandes acontecimiento a que se enfrenta; la mezcla entre la importancia y la irrealidad de las decisiones. La ligereza, la ceguera, la insolencia, las confusas llamadas desde el interior; todos los elementos de la tragedia griega estaban ahí”.

En realidad quiere mostrar que Alemania no puede hacer frente a las reparaciones a las que le someten los aliados, especialmente por la presión de Francia. Y el argumento se vuelve entonces contra los propios aliados, a quienes acusa de faltar a los propósitos expresados en un principio por ellos, y en particular por el árbitro de la situación, que era el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson: “Sin anexiones, sin contribuciones, sin daños punitivos”.

Keynes calcula que si los pagos se limitasen al pago de “todos los daños infligidos a la población civil de los aliados, y a la propiedad por la agresión de Alemania por tierra, mar y aire” Alemania se vería obligada a pagar 10.600 millones de dólares, 4.000 a Francia, 2.850 a Gran Bretaña, 2.500 a Bélgica y el resto a los demás aliados. Pero Alemania podría pagar sólo, según los cálculos del autor, 500 millones anuales. Suponiendo un tipo de interés del 5 por ciento más el pago de un uno por ciento anual del capital, Alemania pagaría 8.500 millones de dólares en un período de 30 años, y que la cantidad máxima que, bajo todos los conceptos, sería capaz de pagar, eran 10.000 millones de dólares. De hecho, en 1932 había pagado unos 5.000 millones.

Por otro lado, en su revisión del tratado (1921), concluyó que cualquier intento de hacer pagar a Alemania llevaría a la depreciación del marco, y a una gran inflación, que conduciría a una catástrofe económica y social. Lo que de hecho ocurrió.

El libro de Keynes es un ejercicio literario, combinado con el recurso profuso y cuidado de los datos más las armas de la ciencia económica. Es un panfleto, en la mejor tradición de los panfletos; una llamada a la acción, una alarma, una advertencia a los políticos y a la opinión pública para revertir el curso de los acontecimientos. Tenía una causa concreta, y un objetivo específico. Keynes siempre se ha creído capaz de influir en el curso de la historia. No era su momento, pero éste llegaría quince años más tarde, con su Teoría General.

Por lo que se refiere a Nación, Estado y Economía, la primera cuestión que aborda el libro es qué ha conducido a Europa a la guerra. Señala, como la mayoría de los juicios históricos, a Alemania. Comienza por el problema de la nacionalidad, y los conflictos que se asocian a la vecindad, y la la mezcla en un territorio de varias nacionalidades. Cree que “lo que es específicamente nacional reside en el idioma”. Una comunidad de un idioma “constituye un vínculo que crea relaciones sociales concretas. Al aprender un idioma, el niño adquiere un modo de pensar y expresar sus pensamientos que está predeterminado por el lenguaje, y recibe un sello que escasamente puede quitar de su vida”.

Sigue con la cuestión del imperialismo, ya que achaca al de Alemania la responsabilidad de la guerra. Según la idea liberal, “la nación, como una entidad orgánica, no puede ni incrementarse ni reducirse por cambios en los Estados; el mundo, en su conjunto, no puede ganar o perder por éstos”. Pero las zonas de nacionalidades mixtas, con poblaciones de distintos idiomas, son un acicate para el conflicto entre Estados animados por ese nuevo nacionalismo imperialista. El Este de Europa, que tiene un crisol de nacionalidades mezcladas geográficamente, ha favorecido la aparición del imperialismo. Y, por otro lado, en los “territorios políglotas”, la democracia “se antoja opresión para las minorías”. Como los alemanes son minorías en varios de esos territorios europeos, prevaleció el imperialismo y la desconfianza hacia la democracia.

La tercera cuestión son las consecuencias de la guerra. Despacha de un plumazo el problema de las reparaciones, que tanto preocupa a Keynes, y señala que la verdadera tragedia para su país (recordemos que es de habla alemana), es otro: “Mucho peor que las consecuencias directas de la guerra, son las repercusiones sobre la posición de la economía alemana en el mundo”. Alemania pagaba las materias primas que transformaba en su pujante industria con los bienes manufacturados y las rentas de su capital en el exterior. Pero ese capital ha sido expropiado, y muchos de los mercados que acogían sus productos, se han cerrado. Ni siquiera la emigración es una solución para muchos, pues hay un rechazo a los inmigrantes alemanes. “Sólo ahora podemos apreciar el daño que el abandono de los principios de una política liberal ha causado para el pueblo alemán”. “El resultado del imperialismo” es que “todo lo que poseía el pueblo alemán, su cultura intelectual y material, ha sido sacrificada sin instrumento a un fantasma, para beneficio de nadie, y perjuicio de todos”.

La siguiente cuestión trata de cómo abordar la postguerra. Dedica un gran esfuerzo a explicar por qué la guerra es perjudicial desde el punto de vista económico, y muestra que incluso quienes desprecian los criterios económicos son incapaces de asegurar una victoria en el campo de batalla. En definitiva, “no es sobre la base de la guerra y la victoria, sino sólo sobre el trabajo, puede crear una nación las condiciones de un bienestar de sus miembros”.

Pero el momento en el que se publica el libro es el de exponer cómo se puede evitar un desastre como el ocurrido. El viejo pacifismo utópico, que hacía una llamada al voluntarismo idealista, fue según el autor sustituido por el pacifismo liberal, que se basa en los intereses reales de la gente, que pasan por participar en el orden de cooperación humana, que es el mercado. Y rechaza la Sociedad de Naciones, que Keynes aprueba con entusiasmo, porque es un nuevo recurso a la amenaza de guerra en las relaciones exteriores.



[1] La reseña del libro en The American Economic Review comienza diciendo que “John Maynard Keynes es el hijo de John Neville Keynes, el autor del tratado canónico sobre El alcance y el método de la economía política”.