Artículos - Instituto Juan de Mariana

Un país de unicornios

Escrito por Adolfo Lozano en octubre 9, 2014. Publicado en Análisis diario.

No seamos hipócritas. ¿Quién no desearía que pudiéramos multiplicar la riqueza como los panes y los peces de manera tan rápida como, digamos, aprobar una ley? ¿Que todos en este mundo pudiéramos tener de tal modo comida, techo, ropa, educación –o pongamos lo que queramos- todos los días? Es más, ¿quién no desearía que la riqueza lloviera del cielo en abundancia?

Igualmente, ¿a quién no le gustan los unicornios? Son bonitos, agradables, listos, huelen bien y sólo dan suerte y buena ventura. Los enemigos del Capitalismo y la libertad aman con la misma pasión los unicornios como lo inicialmente enumerado. Y ambas cosas tienen en común más de lo que pensaríamos. En efecto, ninguna de ambas existe en el mundo real.

El pensamiento unicornio es el que cree que el problema con la corrupción, el nepotismo… son los políticos que tenemos actualmente, cuando estas personas que creen que la solución es quitar a unos para poner a otros no tienen una actuación muy distinta cuando se les presentan los incentivos que per se genera el estatus de político o burócrata. Incluso, yendo más allá, ¡creen que la solución para aliviar los problemas que genera la propia política es agrandar aún más los poderes de ésta! Es como creer que un plato salado se arregla con más sal. Adam Smith expresó en La Riqueza de las Naciones esa idea de echar la culpa a las personas (políticos) de un sistema de principio mal hecho (un Gobierno grande):

Es el sistema del gobierno lo censurable, no el carácter de las personas que actuaron en él. Ellos actuaron tal como su situación naturalmente les condujo, y quienes con más fervor claman contra ellos probablemente no habrían actuado mejor.

Pero ¿por qué tanta gente cree en los unicornios, el Estado? El pensamiento mágico desiderativo que cree que existe o es verdad lo que le gustaría que existiera o fuera verdad es tan antiguo como la humanidad misma. El socialismo e intervencionismo en todas sus formas trasciende lo racional para ser, de hecho, una experiencia psicológica. Los supuestos libros de ‘economía’ de todos los profetas del Estado no son más que los libros sagrados de la religión más universal y peligrosa que existe: el estatismo o socialismo. Como los niños que ven unicornios, la secta del Estado ve en éste a su padre, su cuidador. Son místicos en el sentido más peyorativo que empleaba Ayn Rand. Es por lo que resulta tan vano una discusión con este tipo de personas. Hacer ateo a un creyente no es tarea fácil.

Por ello, cuesta aceptar el liberalismo. No te promete la vida eterna ni el paraíso, ni llueve maná del cielo. Es algo tan simple, aunque tan racional, como una teoría hecha para la realidad.

@AdolfoDLozano

La falsa panacea del default

Escrito por Juan Ramón Rallo en octubre 9, 2014. Publicado en Artículos en prensa.

En otros artículos ya hemos tenido la ocasión de explicar la imposibilidad de acotar el concepto de “deuda odiosa” así como el alto coste que acarrea el impago para la viabilidad económica de un país. Sin embargo, todas estas consideraciones suelen verse opacadas por los beneficios que suelen atribuirse al default.

Y es que, según se nos ha dicho, los recortes del gasto y las brutales subidas de impuestos que hemos venido experimentando en los últimos años han tenido la única finalidad de hacer frente a los intereses de la deuda: presuntamente, pues, si pudiéramos librarnos de esos dichosos intereses, volveríamos a disfrutar de las mieles del sobregasto estatal con impuestos mucho más reducidos. La solución se antoja sencilla por muchos perversos efectos secundarios que pueda acarrear: muerto el perro (impagada la deuda) se acabó la rabia (los intereses asfixiantes).

Acaso convenga no dejarse engañar por este omnipresente discurso populista y tratar de dilucidar si semejantes aspiraciones tienen algún fundamento.

El peso de los intereses de la deuda

A finales de 2013, los intereses de la deuda pública española ascendían a 34.200 millones de euros (tipo de interés medio del 3,5%), lo que equivale al 3,3% del PIB y al 7,3% de todo el gasto público. En el año 2007, con superávit presupuestario, los intereses totalizaban 16.900 millones de euros (tipo de interés medio del 4,4%), siendo equivalentes al 1,6% del PIB y 4% de todo el gasto público. Dado que el déficit público de 2013 ascendió al 6,33% del PIB, la totalidad del déficit público actual no puede explicarse por la necesidad de pagar los intereses de la deuda: aun cuando los intereses se redujeran a cero (lo que técnicamente se conoce como “saldo presupuestario primario”), nuestro déficit público superaría el 3% del PIB, esto es, el límite fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La primera lección, por tanto, es sencilla: aunque no pagáramos ni un solo euro en intereses, no sólo no podríamos revertir los recortes del gasto y las brutales subidas de impuestos, sino que deberíamos ahondarlas para eliminar nuestro déficit primario. Así pues, atribuir los recortes a la necesidad de pagar los intereses de la deuda es falaz: aún sin intereses, deberíamos haber acometido al menos la misma magnitud de ajuste presupuestario (aunque no necesariamente del mismo modo: mi apuesta siempre ha sido recortar mucho más el gasto público y no subir los impuestos).

El ahorro de una auditoría de la deuda

Descrito el contexto presupuestario, podemos proceder a pronosticar qué alivio presupuestario acarrearía una auditoría de la deuda y el consiguiente default de los pasivos odiosos. A la postre, auditar la deuda no significa repudiar la totalidad de la deuda sino, según se nos ha dicho, sólo aquella que tiene un origen ilícito: por tanto, el ahorro de gastos financieros derivado de un default no se corresponde con la totalidad de los intereses, sino sólo con una porción. ¿Qué porción?

Tal como ya he indicado, no resulta posible acotar qué deuda pública es odiosa y cuál no lo es: el concepto es una mera coartada doctrinal para legitimar la arbitrariedad de los gobiernos a la hora de no cumplir con sus compromisos asumidos. Pero dejemos de lado esta dificultad y asumamos que sí podemos cuantificar objetivamente qué parte de la deuda pública española es odiosa.

En general, se nos ha dicho que los pasivos públicos odiosos se corresponden con buena parte de la deuda emitida durante la crisis. Entre 2008 y 2013, se han emitido unos 600.000 millones de euros en deuda pública: si la mitad de la misma fuera declarada odiosa, dejaríamos de pagar intereses sobre 300.000 millones de euros; si el 75% fuera declarado odioso, nos ahorraríamos los intereses sobre 450.000 millones. Conviene remarcar que los porcentajes que estamos manejando son extraordinariamente elevados y convertirían la reestructuración de deuda de nuestro país en la mayor de la historia: es decir, no estamos racaneando con su cuantía, sino más bien asumiendo porcentajes irrealmente elevados.

Pues bien, si España impagara 300.000 millones de euros, su deuda pública total quedaría reducida al 70% del PIB frente al 100% actual; si impagara 450.000 millones, al 55% del PIB. Dado que abonamos casi 35.000 millones de euros en intereses, el primer impago nos permitiría reducir su cuantía en 10.000 millones de euros y el segundo en 15.000 millones. Por consiguiente, si el Gobierno español optara por sacudir la economía mundial con el mayor impago de la historia —lo que muy probablemente acarrearía la descomposición de la zona euro y la expulsión de España de los mercados de capitales—, lograríamos un ahorro de entre el 1% y el 1,5% del PIB. Recordemos: el déficit a finales de 2013, tras todos los molestos ajustes aprobados, todavía ascendía al 6,5% del PIB. ¿Hacen falta tantas alforjas para este viaje?

Un déficit infinanciable

Pero la historia no termina aquí. Que el mega-impago de deuda sólo consiga rebajar el déficit público hasta el 4,5%-5% del PIB significa que el gobierno español seguiría teniendo un desequilibrio anual entre ingresos y gastos de alrededor de 50.000 millones de euros. Para gastar cada año 50.000 millones más de lo que ingresamos, la alternativa más común es justamente la de emitir deuda: ¿pero cómo vamos a lograr emitir deuda después de haber impagado la deuda? El default nos excluiría de los mercados de capitales, lo que significaría que no podríamos captar voluntariamente ahorro ajeno para gastar más de lo que ingresamos.

¿Cuáles serían entonces las alternativas? Muchos más ajustes de los aprobados hasta la fecha. O bien el Gobierno equilibra el presupuesto ante la imposibilidad de financiar su déficit (es decir, se recortan mucho más los gastos y se incrementan los impuestos) o bien sufragamos el déficit imprimiendo moneda a mansalva. Dado que con el impago de la deuda habríamos finiquitado la zona euro, la impresión de moneda significaría estampillar gigantescas cantidades de neopesetas (si siguiéramos en el euro, la mayor parte de nuestros socios comunitarios se opondrían a que el BCE monetizara nuestros déficits, así que la vía de imprimir euros no la tendríamos disponible en cualquier caso). Siendo la neopeseta una moneda débil (una moneda que ningún ahorrador nacional o extranjero demandaría en grandes cantidades), el incremento desproporcionado de su oferta generaría una elevada inflación interna que sufrirían en sus propias carnes los españoles: el Estado gastaría más a costa de que los españoles gastaran menos (es decir, los españoles sufrirían recortes reales en su poder adquisitivo).

En definitiva, el default de la indefinible deuda odiosa no sólo proporcionaría un escasísimo alivio presupuestario que no permitiría en absoluto revertir los recortes aprobados hasta la fecha, sino que nos abocaría a decretar muchísimos más recortes ante la imposibilidad de seguir financiando el déficit. Como tantas otras recetas populistas, el default es un caramelo envenenado.

El chavismo de Podemos

Escrito por Eduardo Martínez Narváez en octubre 8, 2014. Publicado en Análisis diario.

Corría el año 2000 y en un país caribeño, con el subsuelo rebosante de petróleo, sus habitantes repetían una y otra vez, ante las advertencias de los miles de exiliados políticos cubanos residentes en este, el hoy desgastado mantra: "Venezuela no es Cuba".

El chavismo acababa de hacerse un traje a medida con la Constitución y había que convocar nuevas elecciones presidenciales para cumplir con la cacareada renovación de los Poderes Públicos establecida en la nueva carta magna.

La oposición venezolana, todavía desorientada, errabunda, zigzagueante y desnortada debido a la apisonadora que acababa de pasarle por encima en forma de Asamblea Constituyente, ponía sus esperanzas electorales para la presidencia en manos de un personaje siniestro y camaleónico que lograría convertirse en candidato casi único de la oposición mostrándose como disidente y firme crítico del movimiento del cual provenía.

Francisco Arias Cárdenas, Teniente Coronel del ejército y compañero golpista de Chávez en 1992, apareció como la figura alrededor de la cual se aglutinaron los partidos opositores venezolanos. A pesar de haber conspirado durante años desde el ejército junto a Chávez y sus compañeros, súbitamente cambió de posición y se dedicó a descalificar a su antiguo movimiento faccioso, el golpista MBR-200 reconvertido en el partido político MVR-200, emitiendo durísimas críticas en su contra e incluso dirigiendo ataques personales contra el candidato presidencial "revolucionario".

Fue célebre el episodio ocurrido durante la campaña electoral del año 2000 donde Arias calificó como "gallina" a Chávez por negarse éste último a un debate televisado. El vídeo donde aparecía un atril ocupado por uno de estos animales circuló masivamente bajo el aplauso generalizado de los desafectos al oficialismo. La oposición venezolana se sentía rebosante de optimismo al ver a uno de los más connotados representantes del llamado Socialismo del S.XXI, convertido en frontal adversario de dicho movimiento.

Lo cierto es que con la inestimable ayuda y colaboración del supuestamente reconvertido Arias Cárdenas, quien desapareció de la escena política poco después de unas elecciones que significaron el primer fraude electoral cometido por el chavismo, este pudo consolidarse en el poder y contar con seis años de mandato presidencial certificado teóricamente por la vía democrática.

¿Qué fue de la vida del fingido converso Arias Cárdenas? Llegó el año 2005 y aquel insigne renegado, feroz crítico del chavismo, volvió públicamente al redil y fue nombrado embajador de Venezuela ante la ONU por el propio Chávez. En 2007 ayudó a crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Fue Viceministro de Exteriores y diputado nacional del PSUV y al día de hoy representa a la opción oficialista como gobernador del petrolero estado Zulia.

Y es que el chavismo, un sucedáneo del castrismo y por tanto con una inmensa capacidad de manipular y crear realidades paralelas, es campeón en eso de realizar maniobras y piruetas de todo tipo para desorientar al adversario. Los herederos de la URSS saben muy bien que pocas cosas encandilan más al oponente como el súbito rechazo público, la manifiesta y notoria repulsa de uno de sus militantes reconocidos, para lograr varios efectos beneficiosos para su causa: 1) Dar la impresión de que los "puristas" están abandonando el barco debido a supuestas desviaciones por parte de la dirigencia del plan ortodoxo original, generando prestigio para ese crítico, el cual será convenientemente usado en el momento oportuno por la organización. 2) Generar un falaz sentimiento de triunfo entre el adversario al ver que se producen supuestas deserciones. 3) Consolidar la imagen – para terminar de captarles – entre los potenciales seguidores de que no se es tan extremista (o tan moderado, depende) como los enemigos políticos pretenden transmitir. 4) Crear una "célula durmiente", un "topo", para que pueda moverse libremente y sin levantar sospecha en los espacios "enemigos" que puedan interesar a la organización.

Venezuela no es Cuba, decían. España no es Venezuela, dicen. A propósito de Willy Toledo y sus muestras de repudio hacia el chavismo español representado por PODEMOS.

Inmigración (XV): Green cards frente a red cards

Escrito por Francisco Moreno en octubre 7, 2014. Publicado en Análisis diario.

“Las políticas de admisión deben fomentar el crecimiento económico y la integración, no animar a la gente a cruzar nuestras fronteras ilegalmente”. Derrick Morgan & Stepehen Moore.

“El enfoque de Helen Krieble reconoce la realidad de que la vigilancia fronteriza sólo puede funcionar si aceptamos las demandas de nuestra economía y se ofrece una vía legal para los trabajadores (extranjeros) de los que muchas empresas americanas dependen”. John Fund.

“Nuestra sugerencia es que en lugar de tener cuotas artificiales de nuestros trabajadores invitados aquí, dejemos que el mercado determine cuántos permisos de trabajo son necesarios”. Helen E. Krieble.

Escasez de las green cards

El otorgamiento de visados es casi siempre gestionado centralmente por una burocracia planificadora que asigna cuotas cada año según criterios fijados administrativamente que se caracterizan por no cubrir suficientemente la demanda existente. En los EE UU si uno es extranjero y quiere estar allí de forma legal, tiene que recibir necesariamente de las autoridades norteamericanas algún visado de las siguientes tres grandes categorías:

a) Visado de inmigrante: el otorgamiento de este visado (conocido popularmente como green card) le permite a uno residir y trabajar de forma permanente en los EE UU y, generalmente después de cinco años, le da derecho a la nacionalidad norteamericana si logra pasar ciertos tests cívicos y de inglés.

b) Visado de refugiado/asilado: accede a dicho status aquel extranjero que, estando fuera de su país de origen por sufrir persecución por diversos motivos tasados, solicita admisión en otro país. Si la pide fuera de EE UU se le cataloga como refugiado y si la solicita ya dentro del país americano es considerado asilado.

c) Visado de no-inmigrante: es aquel que se otorga a toda persona extranjera que le permite la entrada meramente temporal en los EE UU para un propósito específico (turismo, trabajo, negocios, estudios, labores diplomáticas, deporte, etc.). Existen unos 85 tipos de visados clasificados significativamente como de “no-inmigrantes”. En concreto, los visados de trabajo temporal son muy limitados cada año (unos 600.000 de media al año, si se incluyen también a los de los familiares), el grueso de estos visados de trabajo temporal son del tipo H y se refieren a áreas muy específicas que requieren pericias o cualidades muy concretas para las que no deben existir trabajadores estadounidenses disponibles, según establecen los criterios burocráticos.

[Nota: para los ciudadanos de ciertos países (mayormente procedentes de Europa) se les permite visitar los EE UU sin visado especial siempre que se tenga el pasaporte en vigor y se haya pedido autorización electrónica conocida por las siglas ESTA].

Si excluimos los visados de turismo, los visados de la primera categoría, deinmigrantes permanentes, representan la mayoría de los emitidos lo cual no tiene mucho sentido porque lo lógico sería que se otorgaran bastantes más visados de trabajo temporal que de permanente. Estos últimos son titulares de la llamada green cardy han obtenido su visado a través del consulado de su país de origen o bien dentro ya de los EE UU a través de la DHS del gobierno. Se distinguen, a su vez, tres formas fundamentales de obtener las green cards (aparte de los refugiados o asilados):

a.1.) Por patrocinio familiar: ser familiar de un residente norteamericano (inmigrante permanente o ya ciudadano) da opción a solicitar un visado de residencia permanente. En Europa se suele denominar a esta modalidad reagrupación familiar.

a.2.) Por razones económicas o de empleo: en esta categoría se encuentran aquellos inmigrantes con vocación de permanencia que cubren puestos laborales que no pueden ser cubiertos por americanos; por ejemplo, ejecutivos, empleados de multinacionales, profesionales cualificados, inversores, clérigos y trabajadores no cualificados pero con habilidades extraordinarias en artes o ciencias.

a.3.) Por diversidad: dicha categoría fue creada por los burócratas useños para introducir más variedad en el flujo migratorio hacia los EE UU. Las solicitudes de nacionales de países que han enviado menos de 50.000 trabajadores en los cinco años previos y tienen cualidades específicas entran en un sorteo con el que poder ser agraciados con un posible visado de “inmigrante diverso”.

Según datos de la DHS, en los últimos tres años se han ido dando aproximadamente un millón de green cards al año a inmigrantes con derecho a residencia permanente. Pudieran parecer muchas autorizaciones permanentes pero analicemos dicha cifra: los inmigrantes por motivos de reagrupación (patrocinio) familiar suponen ya más del 67% en promedio de todas las green cards otorgadas a los inmigrantes por las autoridades americanas cada año. Además, no tienen límite de entrada si se refieren a familiares directos (immediate relatives). Es lo que se ha venido denunciando como un sistema endogámico o nepotista.

El resto de concesiones de visados otorgadas a inmigrantes permanentes (incluidos los refugiados/asilados) se caracterizan por su restricción pues se basa en cuotas prefijadas centralmente por el gobierno federal antes de cada año fiscal. Se agotan a los pocos días de hacerse pública su disponibilidad.

El dato realmente revelador es que, de todos los visados (green cards) entregados en los EE UU a inmigrantes permanentes, menos de un 15% son por razones de empleo. Dentro de éstos, además, el 85% de los que lo reciben por este motivo están ya en el país bajo el status de trabajadores temporales, es decir, no-inmigrantes. Desde los años 90 cada vez son menos los visados por razones de empleo entregados a los inmigrantes en los consulados extranjeros. Por su parte, alrededor de un 14% de los visados de residencia permanente son concedidos a refugiados o asilados y un 5% aproximadamente son entregados por criterios de diversidad.

Como se ve, la gestión federal del servicio de selección y entrega de visados de trabajo o empleo (tanto permanente como temporal) se caracteriza por la escasez e ineficacia en su distribución. Esa es la razón fundamental por la que existe una gran masa de trabajadores extranjeros poco cualificados sin documentos: la mayoría no tiene posibilidad alguna de recibir ningún visado. No es casualidad que las estimaciones del número de trabajadores clandestinos viviendo y laborando en los EE UU ronden ya entre 11 a 15 millones de personas.

Una solución pro mercado con las red cards

Si se tiene un ejército de trabajadores “ilegales” por carecer de documentos, trabajando en la sombra, con temor a ser deportados y agazapados en territorio americano, sin osar visitar sus países de origen por miedo a no poder entrar de nuevo, lo más lógico y sensato sería proveerles de inmediato con algún tipo de documento identificativo. Eso es lo que pretende a grandes rasgos la innovadora propuesta de la Red Card Solution de Helen Krieble (hija del empresario fundador de Loctite, especializada en adhesivos y selladores industriales) y su fundación (dedicada a influir en las políticas públicas americanas según los principios de los Padres Fundadores).

Se trataría de un programa de trabajadores huéspedes temporales gestionado no ya por las dependencias públicas sino por agencias privadas (semejante a las empresas de empleo y agencias de colocación laboral) que abrirían sus propias oficinas en los países exportadores de mano de obra para facilitar el proceso de obtención de una tarjeta de trabajo temporal (llamada tentativamente red card). Estas compañías deberían contar con una licencia administrativa para poder operar. La obtendrían sólo aquellas empresas que contaran con tecnología y desempeño profesional adecuado y serían supervisadas por el gobierno ocasionalmente. No habría incentivo más poderoso que el beneficio fruto de dicha actividad intermediadora por lo que es presumible que harían bien su trabajo (caso de ineficacia o de engaño, perderían su licencia).

Estas agencias gestionarían su base de datos y casarían la oferta con la demanda laboral de extranjeros. Harían el chequeo previo de antecedentes penales (de modo semejante a como hacen hoy las tiendas de armas en los EE UU) y emitirían tarjetas inteligentes con microchips, difíciles de replicar, con los datos personales del trabajador, su fotografía e incorporación de sus huellas dactilares y otros sistemas biométricos utilizados en la actualidad. Serían las responsables del cumplimiento de las leyes nacionales del país de acogida. Desempeñarían una labor complementaria a la que en estos momentos realizan los consulados en el exterior. Facturarían tanto al empleado como al empleador.

Su labor ayudaría a eliminar gran parte de los contrabandistas de trabajadores (denominados polleros o coyotes en México) que ponen en peligro la vida de los emigrantes al cruzar ilegalmente la frontera por lugares cada vez más inhóspitos y peligrosos. Si se pudiera conseguir fácilmente la tarjeta roja en su país de origen, pagando allí por los trámites de permiso de trabajo temporal en un país desarrollado concreto, los inmigrantes no tendrían ya muchos incentivos para acudir a los inescrupulosos (y caros) contrabandistas. Las fronteras del país se volverían más seguras y menos costosas de salvaguardar al enfocarse las patrullas en aquellos pocos que persistirían en traspasarlas ilegalmente por motivos probablemente ilícitos.

El gobierno no tendría tampoco que calcular y establecer cada año las cuotas de visados de inmigrantes necesarios (la realidad nos muestra que siempre se quedan cortas). A diferencia de los visados de trabajo temporal o permanente gestionados por las agencias del gobierno, no habría límites a la emisión de dichas tarjetas rojas, siempre y cuando existiera una oferta laboral concreta en el país de acogida detrás de cada emisión de tarjeta.

Tampoco sería una amnistía. Los trabajadores ilegales en suelo americano tendrían que regresar a sus países para solicitar su tarjeta roja. Debido a la facilidad de su tramitación la gran mayoría optaría por regresar a su país de origen para regularizarse, abonar el precio fijado por la agencia expedidora de dichas tarjetas y hacerse “legal” en el país de acogida. Dicha tarjeta les daría derecho a entrar y salir las veces que quisieran sin temor a ser arrestados y deportados. Eso sí, no sería un trámite para comenzar el camino hacia la nacionalidad. Sería un mero permiso de residencia para trabajar de forma temporal, no el camino para adquirir los derechos de ciudadanía.

Estas tarjetas darían cobertura a todas las categorías de visados temporales de trabajo y el proceso de su obtención se separaría completamente del sistema actual de obtención del visado de residencia permanente (green card), de la documentación de asilo y de la nacionalidad que seguirían existiendo con sus trámites y restricciones actuales.

El empleador retendría cada mes, a parte de los impuestos, una cantidad al trabajador temporal a modo de consigna a favor de este último. Éste podría cambiar de trabajo una vez finalizado su primer contrato laboral temporal. Si se acabara o no encontrase un nuevo trabajo temporal en un tiempo determinado, tendría que regresar a su país de origen a solicitar una nueva tarjeta roja y pasar por otro filtro de sus antecedentes. En el momento de abandonar el país de acogida recuperaría en la frontera la totalidad de la cantidad retenida por su/s empleador/es (incentivo para regresar y solicitar una nueva la tarjeta roja si así lo deseara).

La mayor parte de los trabajadores “ilegales” no desean obtener la nacionalidad ni la residencia permanente. Muchos son trabajadores estacionales (especialmente del agro) y ven imposible cumplir los farragosos y costosos trámites actuales para la obtención de visado por lo que optan por pasar la frontera ilegalmente, pero no con objetivos ilícitos. Desean trabajar allá donde las oportunidades de trabajo se encuentren y ayudar realmente a sus familias.

Se asume que la ciudadanía es la única manera de hacer “legal” a la gente. Esto es obviamente un error. Existen muchos tipos de visado que permiten a las personas residir y trabajar en un país sin necesidad de ser un medio para convertirse en nacionales de dicho país receptor.

Esta solución innovadora ayudaría además a eliminar la disparidad de tratamiento que se da con el sistema estatalizado de visados actual entre grandes y pequeños negocios. Las mayores empresas pueden cabildear con las autoridades para que éstas amplíen las cuotas de aquellos visados que más les convengan, pueden costear los farragosos trámites burocráticos o pueden abrir incluso sucursales en el extranjero y contratar directamente allí al personal necesario. Con este sistema privado de emisión de visados temporales expedidos en el exterior el pequeño negocio se beneficiaría al tener a su alcance de manera asequible la contratación de trabajadores extranjeros que portasen las referidas tarjetas rojas.

Dos vías legales para los trabajadores extranjeros

Con este sistema de emisión de “tarjetas rojas” -que en el fondo es un programa privado de trabajadores huéspedes temporales- se abrirían por fin los cauces legales a los trabajadores en el extranjero que quisieran ingresar a trabajar de manera legal y ordenada en otro país.

Habría un camino hacia permisos de trabajo temporales simple y casi instantáneo (un recolector temporal de frutas o verduras, por ejemplo, no precisa saber inglés o conocer la cultura del país de acogida) y habría otro camino hacia la ciudadanía, que sería muy serio y difícil, como es lógico. Sin embargo, el que tuviese un permiso temporal de trabajo no le impediría tomar la otra ruta, pero tendría que identificarse como alguien que realmente quisiera ser ciudadano y siguiese el procedimiento establecido.

Los inmigrantes tendrían opción siempre a nacionalizarse pero, de esta forma, se facilitaría a muchos otros el acceso al mercado laboral dentro de un país desarrollado pese a que la obtención de nacionalidad seguiría siendo tan limitada como lo es en la actualidad.

Coexistirían, pues, dos caminos bien diferenciados para la obtención de permisos de trabajo: uno de libre mercado, ágil, descentralizado, pagado por el usuario y de carácter temporal y otra vía, la estatal, jerarquizada, más burocratizada y lenta, pagada por todos los contribuyentes y de carácter permanente, con derecho a acceso final a la ciudadanía.

La solución de la llamada tarjeta roja puede que no sea perfecta pero lo bueno es que con esta medida innovadora habría muchos menos inmigrantes “ilegales” y cada trabajador, al presentársele más oportunidades, podría elegir qué camino le convendría más según su proyecto de vida y sin tener que jugársela verdaderamente en la frontera.

Críticas a la tarjeta roja

Esta propuesta tuvo, como era de prever, una acogida fría y quisquillosa por parte de los congresistas y senadores norteamericanos. Fueron tres las críticas fundamentales que se le hicieron: primero, se establecerían dos categorías de personas en la sociedad (los que contasen con plenos derechos y los que no); segundo, no sería conveniente subcontratar empresas privadas para asuntos relacionados con el orden público; y tercero, ligaría al trabajador temporal con el empleador en una suerte de “servidumbre por contrato” (indentured servitude) al no permitírsele cambiar de trabajo caso de que no le gustara.

Aunque es posible desde posiciones liberales desmontar las dos primeras críticas, no es fácil hacerlo. En cuanto a la tercera es cierto que habría que buscar un sistema algo más flexible para que el inmigrante temporal pudiera cambiarse de trabajo en el país de acogida antes de la terminación de su contrato para no quedar fatalmente ligado a su empleador. En cualquier caso, con la propuesta sugerida por Helen Krieble se trataría al menos de mejorar una situación presente que es un desastre. La actual regulación de la inmigración es un sistema roto y costoso. La solución de la tarjeta roja puede ser un excelente comienzo para empezar a cambiar el paradigma dominante de la gestión de visados y permisos de residencia de trabajadores extranjeros en cualquier parte del mundo, no solo en los EE UU.

Estuvo cerca de ser una propuesta oficial republicana cuando Newt Gingrich acogió dicho plan en su carrera hacia la presidencia en 2011. Su retirada de la misma hizo que la idea se aparcara. Obama suele acusar a los republicanos de no tener ideas; puede que lleve razón.

Los legisladores actuales que tratan sobre la reforma migratoria americana, la Banda de los Ocho, están muy lejos de incorporar a la misma esta innovadora sugerencia que apela a la racionalidad, a la dignidad del trabajador, es acorde a la tradición pro-mercado de los EE UU y resolvería buena parte de la problemática actual en torno a la inmigración al “sellar” de manera mucho más eficaz la demanda y oferta de mano de obra extranjera.

Pese a todos sus beneficios y ventajas, parece que no ha llegado todavía su momento.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.

España y el GPS de la política

Escrito por María Blanco en octubre 6, 2014. Publicado en Análisis diario.

Esta semana se abre con la noticia de la concesión del Premio Nobel de Medicina 2014 a John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvar Moser, por sus estudios que revelaron la existencia de un sistema de ubicación espacial en el cerebro y lo describieron. En un momento en el que los españoles me parecen tan desubicados, no podía ser más oportuna esta decisión. ¿Dónde estamos? Y, a partir de ahí, ¿a dónde vamos?

Por poder, PODEMOS ir a donde sea

Porque uno mira el panorama real, no el que los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas nos pintan, y parece que seguimos donde estábamos. Fraudes, tarjetas opacas, escandalera inicial para dar paso al tedio rutinario, no sin antes detenernos en las declaraciones tan oportunas como insustanciales de nuevos líderes que quieren mostrar su disposición a ganar el título de míster (o miss) de la política patria. Y, claro, todos nos dicen “Quiero que Madrid (o Tarragona, o Toledo, o Jaén…) sea una ciudad sin parados, donde los jóvenes no tengan que emigrar, donde los autónomos se sientan apoyados, una ciudad limpia, sana, alegre, vital…”. Ya. Y yo quiero un apartamento enorme con vistas a la sierra. Pero no tengo dinero para pagarlo. Como los candidatos no tienen dinero “pa’ tanta deuda” parafraseando a la gran Celia Cruz y su “no hay casa pa’ tanta gente”.

Y mientras, Podemos no deja de cavar su tumba con declaraciones cada vez más aberrantes, más comprometedoras por irrealizables, de manera que hasta quienes les parecía que el chico éste de la coleta parece “muy majo” y casi le votamos que algo hará, sospechan ya que la cosa no tiene mucho recorrido.

Eso sí, los y las “pablettes” siguen su circulización asamblearia en una especie de fiebre loca, como si el “golpe a golpe, verso a verso” se hubiera tornado “círculo a círculo”. Grotesco. Pero ahí está, y sacará sus votos dependiendo de la ciudad, porque a los españoles las cosas grotescas e irreales nos encantan. Otra cosa es cuando llegue la factura. El gasto de Gallardón nos va a parecer un alarde de austeridad en comparación.

Programar el GPS

Suena a perogrullada, pero da la sensación de que se nos ha olvidado programar el GPS y seguimos unas directrices que no sabemos muy bien a dónde nos llevan. Y ahí andamos bordeando precipicios, a veces, de los que es imposible o muy difícil salir. Y me refiero a todas las referencias al 36, a la guerra que nunca se fue, al enfrentamiento. Y cuando señalas a tu interlocutor lo peligroso de esa actitud, invariablemente la respuesta es “Ellos han empezado” que es la típica frase que suena justo antes de un apocalipsis. La de después suele ser “No era esto, no era esto”.

¿Queremos salir de la crisis? Déjense de monsergas, déjense de politiqueos, apostemos por lo rentable, no por lo políticamente más conveniente; apoyemos a empresarios (de los de verdad) y autónomos quitándoles piedras del camino, no dándoles empujones. Invirtamos con ahorro, no con deuda (que se nos sale por las orejas).

Y, desde el punto de vista de la Política, con mayúsculas. ¿Qué queremos? ¿Aceptamos pulpo como animal de compañía y nos comemos la corrupción? Porque cuando nos planteamos a la hora de meter el papelito en la urna que no hay más, que no hay otra opción más que votar al corrupto porque todos lo son, estamos refugiándonos en la cueva del lobo. Estamos alimentando la corrupción. Estamos perpetuando nuestra propia ruina. Tal vez la tan cacareada e imprescindible renovación debería empezar por una ciudadanía que no votara ningún partido involucrado en escándalos. Sí, ya saben lo que significa: la denostada abstención. La abstención como forma de castigo, como ninguneo clamoroso que afee la conducta de esta casta que hemos amamantado votación tras votación, por miedo, ese gran aliado del abuso.

Sería antológico si los españoles tomáramos la iniciativa frente a los políticos, dirigentes, reyezuelos y caciques. Mi apuesta es que habrá participación masiva en las elecciones del 2015. Al tiempo.

¿Ha renunciado Pablo Iglesias a la renta básica universal?

Escrito por Juan Ramón Rallo en octubre 5, 2014. Publicado en Artículos en prensa.

Este sábado por la noche Pablo Iglesias acudió a La Sexta Noche. En un momento del debate (a partir del minuto 1:32:35), el periodista Eduardo Inda le interpeló sobre la viabilidad de su propuesta estrella, la renta básica universal, en tanto en cuanto los propios economistas de Podemos estiman su coste en el 15% del PIB; coste que aumentaría hasta el 20% si se pretende otorgar a cada ciudadano una remuneración que cubra el umbral de la pobreza.

Pablo Iglesias consiguió escaquearse del fuego de preguntas comprometidas negando la mayor: el derecho a la renta básica sí es universal, dijo, pero la percepción de la renta básica no. Dicho de otro modo: no todos los españoles cobrarán una renta básica, sino sólo aquellos que la necesiten. El líder de Podemos, de hecho, llegó a echarse las manos a la cabeza denunciando la ridiculez de que alguien hubiese planteado alguna vez pagar una renta básica a todo el mundo: nadie ha tenido nunca una idea tan disparatada, y desde luego Podemos, afirmó, no se plantea pagar una renta básica a Ana Botín, a Inda o a Marhuenda, ya que no la necesitan.

Acaso la inmensa mayoría de la audiencia no lo supiera, pero en apariencia Pablo Iglesias estaba incumpliendo una de sus principales promesas electorales antes incluso de llegar al poder. La renta básica universal es universal porque se paga a todos, no porque el derecho sea universal. Justamente en eso se diferencia de otros esquemas de renta de inserción o de renta garantizada: las de inserción solo se pagan a quienes las necesitan y normalmente bajo ciertas condiciones (por ejemplo, que el perceptor esté incapacitado para trabajar o que, estando capacitado, no encuentre trabajo). Las rentas básicas universales, en cambio, se caracterizan por ser universales e incondicionales.

Y universalidad implica que se paga a todo el mundo, incluso a aquellos que no la necesitan. Esto no es una ocurrencia que jamás haya defendido nadie, sino que se halla en la misma base de todos los desarrollos doctrinales de la renta básica universal. Por ejemplo, el principal teórico mundial de la renta básica universal, el belga Philippe van Parijs, la resume así:

Una renta básica es una renta abonada por la comunidad política a todos sus miembros individuales, con independencia de su situación económica o de su predisposición a trabajar.

Su principal defensor en España, Daniel Raventós, también es diáfano:

La definición de la renta básica es clara y sencilla: es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre; o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.

Es más, esta propia semana Daniel Raventós fue invitado a La Tuerka justamente para aclarar (a partir del minuto 8:15) a la audiencia esa diferencia entre renta básica universal y rentas mínimas de inserción. Y, como decíamos, los propios economistas de Podemos destacaron hace unos meses que la renta básica debía pagarse a todos y estimaron su coste en función de ese parámetro.

Por consiguiente, Pablo Iglesias conoce perfectamente la diferencia entre renta básica universal y renta mínima de inserción: es plenamente consciente de que Podemos ha estado prometiendo una renta básica para todos (renta básica universal), pero este sábado afirmó que la renta básica sólo sería para algunos (renta mínima de inserción). Aparentemente, pues, Pablo Iglesias ha enterrado su proyecto de renta básica universal sustituyéndolo por un ambiguo programa de rentas mínimas de inserción para aquellos que lo necesiten (algo similar, aunque probablemente más amplio, a lo que ya existe): una rectificación que deberían lamentar todos aquellos seguidores ideologizados y agradecer todos aquellos que no deseen una quiebra social y económica de España.

Sin embargo, y tras reflexionar sobre las palabras de Iglesias, no creo que el líder de Podemos haya enterrado verdaderamente su proyecto de renta básica universal; más bien hizo un quiebro dialéctico a Eduardo Inda para evitar entrar en el fondo de un debate que a buen seguro perdería (por su manifiesta irrealidad) ante los espectadores.

Me explico: aunque la renta básica universal se pague a todos los individuos, no todos llegarán a cobrarla en términos efectivos. La razón es sencilla de comprender: para pagar la renta básica a todos, algunos individuos deberán abonar muchísimos más impuestos que antes, de modo que su saldo post renta básica será negativo. Por ejemplo, supongamos que un país está compuesto por dos individuos: el individuo A gana 20.000 euros y el individuo B cero euros. Si en ese país se reconoce un derecho a cobrar 5.000 euros del Estado, existen dos opciones: 1) el individuo A paga un 25% de impuestos sobre sus 20.000 euros de renta; 2) el individuo A paga un 50% de impuestos sobre sus 20.000 euros de renta y acto seguido cobra los 5.000 de renta básica a los que tiene derecho. En ambos casos el saldo final es el mismo: A tiene 15.000 y B tiene 5.000. Por tanto, el segundo caso (donde sí se paga la renta básica a todo el mundo) bien puede asimilarse al primero (donde solo se paga una renta básica al individuo B) para decir que el individuo A jamás percibe la renta básica en términos netos (aunque sí lo hace en términos brutos). Por expresarlo en un lenguaje algo más técnico: la renta básica universal puede asimilarse e instrumentarse a través de un impuesto negativo sobre la renta con una muy generosa deducción en cuota (a diferencia de, por ejemplo, la propuesta de impuestos negativos de Milton Friedman, que operaba a través de reducciones de la base liquidable); así es, verbigracia, como la articula Daniel Raventós en su conocida propuesta de financiación.

A mi entender, Pablo Iglesias se refugió ayer en ese tecnicismo —el saldo de la implantación de la renta básica universal sería negativo para los ricos, de modo que a efectos prácticos no la cobrarían— para evitar entrar en el debate de fondo: la insostenibilidad financiera de la renta básica universal. A la postre, el coste y las implicaciones fiscales de la renta básica universal siguen siendo las mismas aun cuando se articule como un impuesto negativo con una amplia deducción en cuota. Como decíamos, los propios economistas de Podemos cifraron ese coste en 145.000 millones de euros, casi el 15% del PIB: una cuantía que equivale a duplicar los tipos efectivos del IRPF para la mayor parte de la población, llegando incluso a tipos efectivos del 60% para las rentas más altas (algo no implementado en ninguna parte del planeta, ya que el tipo de Hollande del 75% para los superricos era un tipo nominal, no efectivo).

Por tanto, Podemos no ha rectificado su programa, pero sí lo está ocultando astutamente para alcanzar el poder. Lejos de promover un debate abierto y democrático de sus ideas —tal como sus líderes proclaman con orgullo—, están anestesiando y camuflando el debate para maximizar sus probabilidades de ascenso al poder. Los mismos tics de propaganda y manipulación política que con acierto le critican a la casta: el politiqués como escudo dialéctico ante la legítima y necesaria fiscalización ciudadana. Parece, sí, que de momento el único recambio posible a la casta viene de la neocasta.

Peligro de tercera recesión en Europa

Escrito por Daniel Lacalle en octubre 4, 2014. Publicado en Artículos en prensa.

Si hay algo revelador en la reacción negativa de los mercados a la intervención del pasado Mario Draghi, presidente del BCE, el pasado jueves, es que sigamos creyendo que el Banco Central Europeo puede hacer milagros. En este caso, pensar que Draghi va a comprar unos bonos privados (ABS) que hoy aún ni siquiera están emitidos y esperar que anuncie todavía más. Unos mercados “’opados’ que no atienden a fundamentales ni riesgos específicos y sólo corren detrás del siguiente ‘manguerazo’ de dinero fácil. Como inversor, desde hace más de diez años me entristece ver a muchos gestores que sólo se lanzan a perseguir beta de banco central –el próximo chute-.

Hace ya meses advertíamos que “El plan Draghi no arregla Europa” y que el estímulo del Banco Central Europeo era, además de innecesario, peligroso.

Los bancos centrales no suplen con el gas de la risa monetario los desequilibrios de los países.

Aferrarse al cuento de que “en EEUU Obama y Bernanke lo han conseguido” es engañoso cuando se niega a Europa la libertad económica, apertura, mercado libre y espíritu emprendedor del continente norteamericano y, sobre todo, porque en los análisis interesados de “lo que ha hecho Obama” olvidamos que la participación laboral se ha desplomado a niveles de 1978 y la recuperación de ‘la impresora milagrosa’ hubiera sido inexistente si no llega a ser por la revolución energética local, que ha llevado a EEUU a producir más que Arabia Saudí. Lean “Cómo el fracking ha salvado a Obama” aquí.

De hecho, la política expansiva compra algo de tiempo, pero los estados europeos, que se niegan de manera arrogante a reformar sus hipertrofiadas administraciones, se acomodan a los estímulos. Como ya ocurrió en 2009, en cuanto ven la más mínima señal de recuperación, frenan las reformas. Enhorabuena, ya crecemos al 1%, podemos descansar. Con esta actitud, en parte apoyada por los ciudadanos que siguen pensando que todo es gratis, los gobiernos se lanzan a garantizar el estancamiento durante unos cuantos años. Ya lo estamos viendo en Japón, donde tras aumentar la masa monetaria un 40% anual van encaminados al crecimiento cero.

El ejemplo más peligroso es Francia, "El nuevo enfermo de Europa”, que tras anunciar tímidas reformas, inmediatamente rechazadas por el establishment intervencionista, vuelve a las andadas con un presupuesto más deficitario y cuya recesión nos puede afectar en España de manera importante, ya que es nuestro principal socio comercial.

Bajo crecimiento, baja inflación, tipos bajos, baja volatilidad… Alta deuda, alto desempleo y altísimos impuestos. Una combinación extrema de fragilidad que nos debe seguir preocupando. Y tras dilapidar en la UE el 32% de su PIB en déficits “para crecer” desde 2008, aún hay quien pide “relajar” los objetivos para salir. No, la crisis de Europa no se ha acabado. Se ha disfrazado con el sirope de chocolate monetario.

En Europa se crean comités, programas, planes de estudio y todo el mundo ignora el elefante que impide el crecimiento. Un gasto público que supera el 49% del PIB de la Eurozona y que sigue creciendo. Y una llamada a los “ingresos perdidos” y “fraude” que recuerda mucho al cuento de la lechera. Lean este post. Una sobrecapacidad productiva del 24-25% heredada de los planes industriales y “de estímulo” casi soviéticos del periodo 2004-2010 y el bombardeo tributario continuado a los sectores que han sobrevivido a la crisis.

El expolio en impuestos ha llevado a la práctica desaparición de la clase media y la política de impedir a toda costa la implementación real de financiación privada y capital riesgo sigue dejando a las pymes sin financiación, además de sufrir el esfuerzo fiscal más alto de la OCDE. Mientras tanto, se le echa la culpa a unos bancos a los que se les exige sorber y soplar a la vez. Reducir riesgo y aligerar su balance, pero prestar a pymes, estados y familias como si fuese 2007.

Los ciudadanos no están inmunes a nuevos rescates financieros en unos estados que no quieren perder su control sobre sus sectores financieros. Nadie quiere que “sus bancos” adelgacen ni que su tamaño se reduzca y eso lleva a que una Europa hiper-bancarizada no termine de modernizar su sector financiero. En EEUU, la banca supone menos del 80% del PIB del país y financia a menos del 30% de la economía real. El resto es financiación privada y capital riesgo. En Europa, más del 80% de la economía real se financia por crédito bancario. El tamaño del sector bancario es más de tres veces el PIB de la Eurozona. Pues bien, el riesgo de rescates –si no se sale de la crisis de manera sólida- con dinero público sigue siendo alto, ya que la suma de accionistas y bonistas no llegan a un 8% de los pasivos (liabilities). Es decir, que incluso si se quisiera llevar a cabo un bail-in (que el rescate bancario lo paguen los inversores de dicho banco) en la mayoría de los casos no se cubriría ni un 8% de las necesidades de capital.

… Pero hay razones para ser más optimista.

Los riesgos son evidentes. La resistencia al cambio de la aristocracia del gasto público y de la Europa de “mis derechos, con tu cartera” es desesperante.

Sin embargo, Europa está saliendo de la recesión con superávit comercial. Muy importante. Atrás quedan las llamadas a “estimular la demanda interna” y hundir al país.

Los índices manufactureros (PMI) aún siguen en expansión, por encima de 50.

El crédito a empresas se está recuperando ya de forma clara y se prevé un crecimiento del 5% en nuevos préstamos en la UE27, según el BCE. Añadiendo la compra de activos antes mencionada, que supone sólo hasta fin de año unos 240.000 millones de euros, la recuperación de la actividad de financiación a empresas fuera de los sectores ‘ladrilleros’ va a ser evidente.

La deuda de empresas y familias sigue cayendo y se encuentra a niveles de 2007. A pesar de todas las dificultades que aún pueden darse en la banca, el riesgo sistémico se ha reducido con las sucesivas ampliaciones de capital. Sí, los estados siguen gastando más de lo que ingresaban en el pico de la burbuja. Pero Europa no supone el enorme agujero de necesidades de refinanciación anual que era en 2010.

El empleo sigue siendo un problema enorme. Hundiendo la renta disponible de la clase media a impuestos no se va a reactivar el consumo, ni tampoco baja el paro con llamadas a “subir los salarios” por decreto del politburó, mientras se suben los impuestos, como si fuese automático. Una Unión Europea que dilapida casi un 1% de su PIB anual en “políticas activas de empleo” desde 2008 y destruye 4,5 millones de puestos de trabajo debería al menos ser humilde, reconocer el fracaso de esas medidas y reducir tributos a las empresas que sí nos van a sacar de la crisis.

Sí, Europa probablemente siga renqueando en ese mar de sobrecapacidad y planes industriales que paga usted, pero no estamos, ni de lejos, al borde de otra recesión. Eso sí, es una pena que los gobiernos se contenten con hacer pie en vez de nadar.

La taxonomía de lo inmoral

Escrito por José Carlos en octubre 3, 2014. Publicado en Artículos en prensa.

Siempre he sentido debilidad por las inclinaciones erróneas del alma, por las que nos deslizamos las sombras vacilantes, deformes, que somos. Inclinaciones hacia lo erróneo, lo dañino, lo inmoral. Uno de nosotros miente para darse importancia, o para ocultar una mala acción. Otro come a escondidas lo que se dice a sí mismo que es la última onza de chocolate, por lo menos por hoy. Aún otro, mientras camina hacia la infidelidad, echa al fuego del deseo el sentimiento de culpa, deseando que las llamas lo acaben por devorar. Todos somos un poco así. Nos consolamos pensando que nuestras debilidades, las concesiones que hacemos a nuestros instintos, nos hace más animales, más humanos. Y el espectador imparcial de Adam Smith acaba tomando partido por lo que queremos o, al menos, lo que deseamos.

Debilidad, e incluso ternura. Pero no con todos los fallos de nuestro deleznable carácter; sólo con lo que hacemos con lo que nos pertenece. Hay otras inclinaciones que nos llevan a nuestro propio averno, al que arrastramos a los demás, y lo que les pertenece. El asesinato, el robo, el fraude, la política. Aquí las acciones se cubren, en ocasiones, con algún manto de legitimidad, del que la ideología es el más potente. ¿Asesinato? Era un enemigo de la clase obrera. ¿Robo? Nosotros preferimos llamarlo solidaridad. ¿Fraude? Son las pensiones del futuro. ¿Política? Democracia.

Incluso entre los páramos, las ciénagas, las selvas, los desiertos y las simas del alma hay un criterio moral que separa lo legítimo de lo ilegítimo. Lo nuestro, de lo ajeno. Es sencillo. ¿Nos pertenece? Es nuestra pequeña o gran miseria. ¿No nos pertenece? Estamos cometiendo un crimen.

Un jueves de miseria, como este, lo que me ha sugerido el asunto de las tarjetas en negro de Bankia es esta apresurada taxonomía de lo inmoral. Y así me ahorro el insulto.

La sistemática tergiversación de Say

Escrito por Juan Ramón Rallo en octubre 3, 2014. Publicado en Artículos en prensa.

A través de un artículo de Paul Krugman llego a un post del economista italiano Franceso Saraceno titulado Jean-Baptiste Hollande. Aunque la anotación tiene ya unos meses, se encuentra de plena actualidad dado las recientes críticas que le están cayendo al otrora azote de la austeridad, François Hollande, a propósito del supuesto ajuste presupuestario vivido en el país occidental con un mayor Estado.

Según Saraceno, Hollande aseveró hace unos meses que “necesitamos actuar sobre la oferta. ¡Sobre la oferta! No hay contradicción entre la oferta y la demanda. De hecho, la oferta genera la demanda”. Según el italiano, Hollande está resucitando la archirrefutada Ley de Say, ésa que Keynes en su momento resumió con esa disparatada máxima de que “la oferta genera su propia demanda”. Para mostrarnos el grado de disparate implicado en la Ley de Say, Saraceno nos ofrece un párrafo de John Stuart Mill donde aparece resumida:

"Los medios de pago con los que la gente compra la producción de otras personas consisten en aquellos bienes que ellos poseen. Todos los vendedores son inevitablemente compradores. Si de repente pudiéramos duplicar la capacidad productiva del país, duplicaríamos la producción de mercancías en cada mercado; pero, al mismo tiempo, estaríamos duplicando nuestro poder adquisitivo. La demanda de todo el mundo se duplicaría junto con la oferta: todo el mundo sería capaz de comprar el doble porque todo el mundo tendría el doble que ofrecer a cambio."

El párrafo de Mill parece una ridiculez, ya que en un primer vistazo nos está diciendo que la gente está dispuesta a demandar el doble de lo que actualmente está consumiendo: el doble de comida, el doble de televisores, el doble de viviendas, el doble de ropa, el doble de mesas, el doble de sillas, etc. Es decir, el párrafo parece estar negando la posibilidad de que se produzcan errores de inversión, de que algunas mercancías se fabriquen en exceso, de que aparezcan sobreproducciones parciales en una economía. Si eso fuera así, sería obvio que la Ley de Say sería un disparate propio de economistas poco formados.

Ahora bien, si uno ha leído a Mill debería preguntarse ¿por qué Saraceno detiene su cita en ese punto? ¿Por qué no cita, no ya el siguiente párrafo, sino la continuación de ese mismo párrafo? Veamos cómo continúa Mill:

"Probablemente, claro, algunas cosas serían producidas en exceso. Aun cuando la sociedad estuviese dispuesta a duplicar su consumo agregado, podría disponer ya de suficientes cantidades de algunas mercancías, prefiriendo en cambio más que duplicar la producción de otros bienes, o materializar ese nuevo poder adquisitivo en la fabricación de nuevos bienes. En tal caso, la oferta tenderá a adaptarse y el valor de los bienes se alineará con su coste de producción. De hecho, resulta absurdo pensar que todos los bienes caerán de valor y que, en consecuencia, todos los productores serán insuficientemente remunerados. Si las utilidades de los bienes no cambian, el nivel de precios resulta irrelevante, ya que la remuneración de los productores no depende de cuánto dinero obtengan, sino de cuántos artículos pueden comprar en el mercado a cambio de los que venden: si todas las mercancías se duplicaran en cantidad, esto también incluye duplicar la mercancía que actúa como dinero, de manera que los precios no cambiarían como no lo harían las utilidades.

Una sobreproducción generalizada, un exceso de todas las mercancías sobre su demanda es una imposibilidad, en la medida en que la demanda consiste en medios de pago [en producción]."

Mill era perfectamente consciente de que podían aparecer sobreproducciones parciales: de que los inversores de una economía pueden equivocarse y producir demasiadas viviendas, demasiados ferrocarriles, demasiados automóviles, etc. La Ley de Say no trata sobre eso, sino sobre algo mucho más simple: para demandar hay que producir. No existe demanda sin oferta: demandar sin ofrecer equivale a comprar sin pagar. Para adquirir bienes hay que tener renta y para tener renta hay que vender bienes (o servicios).

Es verdad que la oferta con la que se demanda puede no ser oferta presente sino oferta futura (comprar prometiendo entregar producción futura: es decir, endeudarse), pero eso no cambia la muy sencilla realidad: no puede existir una carestía de demanda en relación con la oferta, pues la demanda es oferta. Cuestión distinta es que nuestra oferta actual de bienes y servicios no se corresponda con la oferta deseada: esto es, que produzcamos demasiado de unos bienes y demasiado poco de otros bienes. Pero las sobreproducciones parciales no son sobreproducciones generales (no hay demasiado de todo, sino demasiado de unos bienes y demasiado poco de otros). Es simplemente deshonesto tratar de refutar la Ley de Say equiparándola con una ley que niega la posibilidad de sobreproducciones parciales (“la oferta crea su propia demanda”).

Saraceno no es el primero que cita a Mill a medias. El propio Keynes lo hizo mucho antes, ya en La Teoría General, cortando la cita de Mill exactamente en el mismo tergiversador punto. Además, démonos cuenta de otro detalle más grave. ¿Por qué Keynes y Saraceno critican la Ley de Say pero jamás citan al propio Say? ¿No sería más lógico buscar citas del propio Say que expusieran lo calamitosas que eran sus teorías? Pues no y por una razón elemental: Say se expresaba con mucha más claridad que Mill. Al francés no se le puede tergiversar: no se le puede hacer decir lo que no quiso decir. Por ejemplo, lean cómo Say era plenamente consciente de la existencia de sobreproducciones parciales:

"Una sobreproducción de mercancías particulares se produce porque la oferta de esa mercancía ha desbordado su demanda debido a una de esas dos razones: o porque se ha producido en exceso o porque la producción de otras mercancías es insuficiente."

Es más, si el economista italiano hubiese leído con algo más de detalle a Say no habría caído en algunos de los errores más clamorosos de su post. En él Saraceno nos intenta mostrar lo absurdo de las declaraciones de Hollande apelando a la típica encuesta a empresarios que señalan que sus dificultades económicas provienen esencialmente de la falta de demanda sobre sus productos (en concreto, un 70% de los empresarios que reconocieron tener dificultades los atribuyeron exclusivamente al lado de la demanda). Así, concluye Saraceno: “El mensaje parece bastante claro: desde el comienzo de la crisis los problemas de las empresas francesas han procedido de una insuficiente demanda. Keynes tiene razón, Say (y François Hollande, y la Comisión Europea y Angela Merkel) está equivocado”.

A este respecto, sin embargo, vean precisamente cómo comenzaba Say el capítulo de suTratado de Economía Política donde exponía su famosa ley:

"Es habitual escuchar entre los emprendedores de distintos sectores industriales que sus problemas económicos no residen en el lado de la producción, sino en las dificultades para vender sus mercancías; que la producción siempre sería abundante si existiera suficiente demanda para absorberlas. Cuando la demanda por sus mercancías es demasiado lenta, retraída y poco efectiva, los emprendedores tienden a afirmar que el dinero es escaso; su objeto de deseo es un consumo vigoroso que acelere las ventas y eleve los precios.

(…)

[Y, ciertamente], un hombre dedicado a invertir su tiempo de trabajo en crear objetos de valor y que proporcionen algún tipo de utilidad no puede esperar que ese valor sea apreciado y remunerado a menos que otras personas dispongan de medios para adquirirlo. Ahora bien, ¿en qué consisten estos medios? En el valor contenido en otros productos, como los frutos de la industria, del capital y de la tierra. Todo lo cual nos conduce a una conclusión que a primera vista podría resultar paradójica: a saber, que es la producción la que permite la demanda de otros productos."

La encuesta que enlaza Saraceno, por tanto, no demuestra nada: la falta de demanda es un síntoma o de falta de producción presente valiosa o de falta de producción futura igualmente valiosa (la famosa falta de crédito). Si es un problema de falta de oferta presenta, entonces la cuestión es cómo cambiar el modelo productivo actual: liberalización económica, impuestos bajos, presupuestos equilibrados y estabilidad financiera. Si, en cambio, es un problema de falta de oferta futura (falta de crédito), entonces la cuestión es cómo mejorar la existencia de producción futura (de nuevo, el cambio de modelo productivo) o cómo reducir los extraordinarios compromisos presentes (sobreendeudamiento presente) sobre esa producción futura: desapalancamiento mediante el aumento del ahorro interno.

No hay más. Los empresarios, personas no necesariamente versadas en la ciencia económica, pueden confundir los síntomas (falta de demanda) con las causas profundas (falta de oferta presente o futura). Los economistas no deberían: les basta con leer a Say para entenderlo. Si Saraceno lo ha leído, mal por ocultar el auténtico significado de la Ley de Say. Si Saraceno no lo ha leído, peor por criticar a Say sin haber leído a Say

La era Rajoy: más gasto y más impuestos

Escrito por Juan Ramón Rallo en septiembre 30, 2014. Publicado en Artículos en prensa.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 serán los últimos que elabore Rajoy con mayoría absoluta. En tal caso, pueden servirnos para enjuiciar la austeridad practicada por un Gobierno del PP "sin ataduras" durante la presente legislatura. Y a este respecto, el titular resulta obvio: la deuda está devorando al Gobierno de España. No ya porque, según el propio Ejecutivo, en 2015 la ratio de deuda sobre el PIB vaya a superar el 100% (sin trucar el PIB con drogas y prostitución sería el 103%), convirtiendo a Rajoy en el gobernante que más habrá incrementado la deuda pública en toda nuestra historia (sí, más que Zapatero), sino por algo mucho más elemental: el aumento de los pasivos gubernamentales acaecido durante la era Rajoy habrá contrarrestado totalmente los moderados recortes aprobados en el resto de partidas de gasto del Gobierno central.

Podemos observarlo fácilmente con la siguiente tabla: el gasto total presupuestado por el Gobierno de Rajoy para 2015 será básicamente el mismo que el presupuestado por Zapatero para 2011, a saber, 161.992 millones de euros frente a 162.980,7 (un recorte de apenas el 0,7%). La razón, empero, no es que no se hayan producido recortes en los gastos ministeriales: entre 2011 y 2015, el gasto agregado de los Ministerios se habrá reducido un 20%, esto es, 16.200 millones de euros.

La razón, por el contrario, es que los intereses de la deuda pública aumentan en 8.100 millones de euros, las pensiones de los empleados públicos (clases pasivas) en 2.700 millones y las transferencias a ayuntamientos, autonomías y la Unión Europea en 4.500 millones.

Gasto público presupuestado en 2011 y 2015 (en millones de euros)

	2011	2015
Casa Real	8,4	7,8
Cortes Generales	216,4	202,1
Tribunal de Cuentas	62,2	60,9
Tribunal Constitucional	26,4	23,0
Consejo de Estado	10,5	9,9
Deuda pública	27.400,0	35.490,0
Clases pasivas	10.489,3	13.184,9
Consejo General del Poder Judicial	74,2	54,8
Mº de Asuntos Exteriores y Cooperación	2.645,7	1.043,3
Mº de Justicia	1.680,5	1.475,0
Mº de Defensa	6.928,9	5.764,9
Mº de Hacienda y AAPP	3.473,2	2.184,8
Mº del Interior	7.821,9	7.421,3
Mº de Fomento	8.937,0	4.979,6
Mº de Educación, Cultura y Deporte	3.918,3	2.759,6
Mº de Empleo y Seguridad Social	22.592,7	22.421,4
Mº de Industria, Energía y Turismo	5.514,6	5.740,6
Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	2.807,5	1.839,5
Mº de la Presidencia	449,0	442,1
Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	2.674,3	1.919,5
Mº de Economía y Competitividad	7.480,8	2.314,7
Gastos diversos de Ministerios	2.248,8	2.640,3
Otros gastos: autonomía y UE	45.520,1	50.012,4
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	162.980,7	161.992,3
Seguridad Social	124.418,6	136.117,0
TOTAL GOBIERNO CENTRAL + SEGURIDAD SOCIAL	287.399,3	298.109,3

En conjunto, pues, lo comido por lo servido: las obligaciones financieras (intereses de la deuda), las obligaciones previsionales hacia los empleados públicos (clases pasivas) y las obligaciones derivadas de los acuerdos de financiación con otras administraciones (ayuntamientos, autonomías y UE) han aumentado tanto como se ha reducido el gasto ministerial.

Como resultado, todo el ajuste del déficit del Gobierno central que se programa experimentar entre 2011 y 2015 (cerca de 25.000 millones de euros) habrá procedido de un aumento de los impuestos a los españoles (no entro a valorar ahora mismo la verosimilitud de las previsiones de ese ajuste: tan sólo constato que el objetivo del Gobierno central es cargar todo el ajuste vivido durante esta legislatura sobre las espaldas de los contribuyentes).

Es más, si añadimos el presupuesto de la Seguridad Social al presupuesto del Gobierno central, nos encontramos no sólo con que el gasto total del sistema no decrece, sino que aumenta de manera muy sustancial: en concreto, en 10.700 millones de euros (un 3,7% más que en 2011).

Por consiguiente, tan sólo el aumento del gasto derivado de las obligaciones previsionales hacia empleados públicos y trabajadores en el sector privado (que creció en 14.400 millones entre 2015 y 2011) prácticamente arrambló con toda la "austeridad" del gasto ministerial: esto es, la partida presupuestaria que más se sobredimensionó no fueron ni los intereses de la deuda, ni la financiación territorial, sino las pensiones públicas (de hecho, aunque el gasto en intereses y en financiación territorial no hubiera aumentado, el gasto total de 2015 superaría al de 2011 por la sola influencia de las pensiones).

La lección a aprender de estas cifras debería ser obvia: el brutal desequilibrio presupuestario que vivía España en 2011 (y que en su mayor parte sigue viviendo a día de hoy) sólo podía solventarse por el lado del gasto afrontando una revisión inmediata y omnicomprensiva del modelo de Estado y, en particular, del modelo de Estado de Bienestar (tal como propusimos algunos en su momento).

En 2012 resultaba urgente revisar el modelo de financiación autonómica y municipal y, sobre todo, recortar las pensiones públicas. Rajoy, como socialdemócrata que es, se negó a hacerlo: en su lugar, optó por parchear las cuentas públicas recortando moderadamente el gasto ministerial para así venderles a los ciudadanos un profundo ejercicio de austeridad que, en realidad, jamás practicó.

Como consecuencia, los desembolsos en intereses, en pensiones y en transferencias territoriales siguieron aumentando hasta absorber cualquier tímido recorte ejecutado en otras partidas del presupuesto. Y si el gasto total del sistema no baja sino que sube, la única forma de cuadrar las cuentas es una: machacar con muchos más impuestos a los ciudadanos.

Ése, la numantina resistencia a reducir profundamente el gasto y la desenfrenada voracidad por multiplicar los impuestos a los ciudadanos, es el verdadero resumen de la primera legislatura de Mariano Rajoy. Nula austeridad por el lado del gasto; brutal parasitismo por el lado de los ingresos.