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La riqueza en manos de los demonios

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La riqueza no cae del cielo. Ni siquiera el maná, preciado manjar que llovió de las alturas enviado por Yahvé para consumo del pueblo judío recién liberado, se puede considerar riqueza. Era sustento para que no murieran atravesando el desierto, no era exactamente lo que conocemos como riqueza. La riqueza o excedente, como lo llamaba Adam Smith, procede de la inversión: uno obtiene el fruto tras plantar la semilla y regarla. De igual forma, pero en un grado mucho más sofisticado, se crea la riqueza. Y sin embargo, quienes son partidarios de la intervención sobre su producción se empeñan en pervertir el circuito que parte del esfuerzo del ahorrador y resulta en el lucro (palabra maldita), en la obtención de beneficios. ¿Es lícito el lucro? ¿Es lícito que el gestor político determine qué hacer con él? Esa discusión no es de hoy, es antigua y bien complicada.

Los demonios del ahorro (y los del beneficio)

En 1867, el físico irlandés James Clerck Maxwell trataba de explicar la segunda Ley de la Termodinámica mediante una ficción, el conocido demonio de Maxwell. El científico explicaba que el calor podía no transmitirse de un cuerpo a otro siempre. Imaginaba dos gases de diferente temperatura en un recipiente con una separación en el medio. En esas circunstancias, suponía que un demonio travieso, con capacidad para diferenciar las moléculas de gas con diferentes temperaturas, situado en la división interna del recipiente, separaría las moléculas calientes de las frías y dejaría pasar al otro lado solamente a las calientes, por ejemplo, de manera que al cabo de un rato una parte del recipiente estaría fría y la otra caliente.

De la misma forma, nuestras autoridades se erigen en demonios al estilo de Maxwell y tratan de diferenciar qué ahorro es bueno, qué inversión merece la pena y, en consecuencia, qué negocios y sectores son los que deben salir adelante y cuáles no.

Se diría que tienen, como la ficción de Maxwell, omnisciencia financiera y empresarial. No vale ya la competencia, el instinto de oferentes y demandantes, como señal de cuáles son los negocios solventes. El argumento falaz es que los buscadores de beneficios, que tienen perversas intenciones, un alma oscura y una ambición del tamaño de una catedral, no van a pensar en el bien de todos. Como contrapartida creen que el demonio de Maxwell del gobierno, el gestor político, sabe qué negocios nos benefician a todos y merecen una subvención, un privilegio, etc. Todo el mundo se pregunta cuál es el modelo productivo español de mañana (o de dentro de un rato) y poca gente se niega al sesgo de la subvención del mismo.

La realidad económica y la ficción estatal

No es sorprendente que en nuestra sociedad se entienda que esta intervención es mala cuando se trata de rescatar empresas grandes o bancos. Al fin y al cabo, son buscadores de beneficio, adoradores del lucro y merecen sufrir. Lo entienden ahora, aunque no lo veían tan claro cuando muchos economistas opinábamos que era mejor dejar que quebraran los bancos y las cajas. Entonces dijeron que si quebraban los bancos ya no saldría más el sol.

Pero, a día de hoy, les parece mal que se salve un banco en decadencia a punto de quebrar pero salen a la calle para pedir una subvención para un sector quebrado hace años, como la minería o el cine. Y eso que, de la quiebra bancaria hay víctimas tan necesitadas como las víctimas de la crisis del cine, o los sufridos mineros, que merecen todo mi respeto, como todos quienes ven truncada su vida.

Lo que sí es sorprendente es que no se den cuenta de que los gestores políticos también son buscadores de lucro, de beneficio… pero a costa del contribuyente. Un beneficio que, en muchas ocasiones es monetario (legal o ilegal) y la mayoría de las veces el rédito es en especie: poder, escaños de diputados, puestos políticos. Los empresarios y banqueros con su búsqueda de beneficio crean puestos de trabajo, actividad económica, avivan el comercio. Los políticos electoralistas que miran a corto plazo, no. Porque esas subvenciones, que no siempre reciben los más necesitados, sino los buscadores de rentas más avispados, no generan riqueza.

Claro que sigo pensando que no hay que rescatar grandes empresas y grandes bancos, pero tampoco pequeñas. Lo que sí hay que hacer es facilitar que las mejores ideas encuentren su cauce, el suyo, no el que los demonios políticos al estilo de Maxwell decidan.

Creer que una autoridad político-económica sabe y puede discriminar entre negocios y sectores necesarios o sólidos es pensar que de verdad existe esa ficción utilizada por el científico irlandés. Una ficción votada por la mayoría de los españoles legislatura tras legislatura.

La economía política de los sindicatos de empleados del gobierno

Escrito por Thomas Dilorenzo en . Publicado en Análisis diario.

Una razón importante por la cual tantos gobiernos estatales y locales en los EE UU parecen estar en una perpetua situación de crisis financiera, con sus políticos constantemente planteándose incrementar impuestos ocultos (y no tan ocultos), es que los mismos proveen la mayoría de sus así llamados "servicios" a través de monopolios sindicalizados gestionados por el propio gobierno.

Los sindicatos de empleados gubernamentales tienen señaladamente más fuerza que sus homólogos del sector privado debido a que las entidades para las que trabajan son fundamentalmente monopolios. Cuando los empleados de una tienda de comestibles, por ejemplo, van a la huelga y consiguen paralizar la tienda o la cadena, los consumidores pueden comprar en otra parte, y la dirección es libre de contratar trabajadores de reemplazo. En contraste, cuando un sindicato de profesores de instituto o de conductores de camiones de recogida de la basura va a la huelga, no hay escuela o recogida de basura en tanto la huelga esté en marcha. Esto da al sindicato gubernamental un enorme poder de negociación en tanto que los responsables electos deben enfrentarse a las rabiosas quejas de los votantes acerca de la ausencia de escuela o de recogida de basura, viéndose muy presionados para ceder a las demandas del sindicato.

Además, los profesores de instituto a menudo acceden al estatuto funcionarial tras apenas dos o tres años y la regulación legislativa de dicho estatuto hace extremadamente costoso, si no imposible, contratar trabajadores de reemplazo. Por ello, cuando los burócratas del gobierno van a la huelga, tienen la posibilidad de bloquear indefinidamente el "sector" o industria en que trabajan. Esta es la razón principal de que los gastos de los gobiernos locales y estatales se hayan disparado en los últimos tiempos.

Durante décadas, los investigadores han observado que cuanto más dinero se ha gastado por alumno en las escuelas públicas, peor es el resultado de los estudiantes. Datos similares son frecuentes en otras áreas del gobierno. Como el economista Milton Friedman una vez escribió, las burocracias gubernamentales –especialmente las sindicadas- son como agujeros negros económicos donde "inputs" crecientes (por ejemplo dinero gastado en los programas estatales) conducen a "outputs" decrecientes (esto es, nivel del alumnado, pobreza, etc.). Cuanto más se gasta en los institutos públicos menos educados resultan los estudiantes. Cuanto más se gasta en bienestar, más pobreza hay, y así sucesivamente. Ocurre exactamente lo contrario que en la vida económica normal del mercado libre a través de la cual incrementos en los inputs conducen a más y mejores productos y servicios, no menos.

En el gobierno no existe mecanismo de retroalimentación que recompense (con beneficios) las mejoras productivas y recorte de costes, ni que castigue (con pérdidas) los sobrecostes y la disminución de la calidad del producto o servicio, pues no existe en él beneficios ni costes en sentido contable. De hecho, los incentivos en el gobierno son perversos: en cuanto peor funcionan las burocracias gubernamentales, más dinero suelen conseguir del presupuesto, tras excusar su pobre rendimiento en la supuesta falta de medios económicos.

Existen múltiples estudios en la literatura económica mostrando que los burócratas gubernamentales reciben salarios más altos y mejores ventajas que sus contrapartes igualmente educadas del sector privado. El enorme poder de los sindicatos de empleados gubernamentales transfieren la efectividad de la potestad para imponer impuestos desde los votantes a los sindicatos, lo cual es claramente no democrático. Debido a que pueden tan fácilmente forzar a los responsables electos a incrementar los impuestos para cubrir sus "demandas", son ellos, y no los votantes, quienes controlan la tasa impositiva efectiva. Ellos son los beneficiarios de una peculiar forma de "imposición sin representación" (taxation without representation; lo cual no quiere decir que la imposición con representación sea mucho mejor). Esta es la razón que hace que algunos países tengan leyes que prohíben las huelgas de empleados públicos.

Los políticos se encuentran pillados en una trampa política por los sindicatos de empleados gubernamentales: si acceden a sus demandas salariales e incrementan los impuestos para financiarlas, entonces incrementan la probabilidad de no ser reelegidos en las siguientes elecciones por los enfadados contribuyentes. La "solución" a este dilema ha venido a ser ofrecer a los sindicatos incrementos salariales moderados pero con unas espectaculares promesas de pensión de jubilación. Esto permite a los políticos complacer a los sindicatos a la vez que retrasa los costes hacia el futuro, años después de haber ascendido a mayores responsabilidades o haberse retirado de la política.

Los sindicatos de empleados gubernamentales suelen estar muchas veces menos interesados en el bienestar de sus miembros que en el del propio sindicato en cuanto organización. Los líderes sindicales muchas veces guían los sindicatos principalmente en su propio interés. Consecuentemente emplean la legislación sobre servicio público como herramienta para proteger el empleo de hasta el último burócrata, no importa cuan incompetente o negligente sea. Menos burócratas gubernamentales significan menos subvenciones a los sindicatos, una disminución de la perspectiva de salarios extravagantes, y de prebendas para los líderes sindicales. Esta es la razón por la cual los sindicatos de empleados gubernamentales siempre impugnan en los Tribunales (o amenazan con ello) cualquier intento de despido de cualquier burócrata, a veces incluso de los acusados de conducta criminal.

Despedir a un profesor de instituto incompetente, por ejemplo, puede llevar meses o años de enmarañamiento judicial. Los políticos hace tiempo que descubrieron que la estrategia más conveniente viene a ser recompensarle con un puesto administrativo mejor pagado, que el incompetente empleado aceptará encantado. Esto resuelve el problema de los padres que se quejan de que el profesor de matemáticas no enseña matemáticas a sus hijos, a la vez que evita el pleito que interpondría el sindicato. Esta es la razón por la cual los puestos administrativos de los institutos aparecen monstruosamente inflados y ocupados por profesores que no pueden enseñar pero a los que se les otorga la responsabilidad de "administrar" todo el sistema escolar. Ningún colegio privado podría sobrevivir bajo tan perverso sistema.

Los sindicatos de empleados públicos son también campeones de "featherbedding" –la práctica sindical de forzar al empleador a contratar un número mayor de empleados que el necesario para hacer el trabajo. Si esto ocurriera en el sector privado, los mayores costes salariales harían a la empresa menos rentable o, debido a la competencia, la haría quebrar. Nada de esto ocurre con los monopolios estatales. El "featherbedding" es una estrategia "win-win" para políticos y burócratas, pero una fuente de saqueo de los contribuyentes. El sindicato recolecta incluso más prebendas, mientras que los políticos consiguen crédito por haber generado más empleo a los afines. Los contribuyentes "pagan el pato" recibiendo impuestos más elevados.

Cada sindicato de empleados gubernamentales es una máquina política que protesta y presiona sin descanso por mayores impuestos, mayor gasto público, mayor empleo público (y featherbedding), y mayores promesas de pensiones, a la vez que demoniza a los contribuyentes indecisos como despreocupados enemigos de los niños, los ancianos, las viudas y huérfanos, los pobres, etc. Es el viejo truco que Frédéric Bastiat reflejó en su famoso libro La Ley. Los sindicatos dibujan a los proponentes de la privatización de las escuelas, por ejemplo, no como legitimados críticos de un sistema fallido, sino como si odiasen a los niños. Tratan a los críticos del estado del bienestar no como a personas preocupadas sobre la destrucción de los incentivos laborales y el daño a las familias, sino como si odiaran a los pobres.

Al permitir sindicarse, los monopolios regidos por el gobierno han convertido a los estadounidenses en siervos del gobierno, en vez de sus amos. Han proveído año tras año "servicios" de cada vez menor calidad por más y más dinero. Son un ejemplo de libro del fracaso del socialismo y deberían ser abolidos. Cualquier servicio que ellos provean para el que exista una demanda real puede ser proveído con superior calidad y menor coste por privados, mercados competitivos.

(*) Thomas DiLorenzo es profesor de Economía en Loyola University Maryland    

Capítulo 37 de "Organized Crime", editado en 2012 por el Ludwig von Mises Institute: mises.org

(Traducción: Jorge Bueso Merino)

Cómo crear o conservar un Estado sin morir en el intento

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Érase una nación, o parte de ella, en busca de un Estado. No sucedió. A veces no sucede. Escocia, como sabemos, se mantendrá dentro del Reino Unido. ¿Por cuánto tiempo? Ya eso no es tan claro. Los Estados, especialmente los plurinacionales, son construcciones artificiales flexibles. Mudan sus fronteras, aparecen y desaparecen, cobran importancia o se vuelven insignificantes.

Irlanda, que una vez formó parte del RU, poco a poco, tras ciertos episodios de extrema violencia, fue separándose del conjunto británico a lo largo del siglo XX, hasta que en 1949 constituyó una república totalmente independiente, a la que le ha ido, por cierto, muy bien. Hoy Irlanda, tras su profunda transformación liberalizadora, tiene un PIB per cápita de 41.300 dólares y el Reino Unido sólo llega a 37.300.

La lección fue contundente. El sangriento trauma de la independencia irlandesa sirvió para que Londres afrontara el riesgo escocés de secesión de una manera diferente, mucho más razonable. Las rupturas, ya se sabe, siempre son desagradables, pero pueden ser pacíficas y con arreglo a la ley. Afortunadamente, el país no se volvió a quebrar, acaso, precisamente, porque todos se acogieron a un modo legal de solucionar la disputa.

Tal vez por eso es muy importante que las Constituciones contengan cláusulas que establezcan y regulen la posible separación de las regiones. De la misma manera que existe la ley de divorcio para disolver el vínculo matrimonial cuando una persona desea extinguir sus relaciones conyugales, los Estados deberían contemplar esa amarga posibilidad en su legislación. Ahorraría mucho dolor e, irónicamente, en muchos casos prolongaría las uniones, en lugar de precipitar la ruptura.

¿Cómo deberían ser esas normas? Tal vez, las tres más urgentes serían éstas:

1) Tendrían derecho a solicitar la secesión las regiones con cierta entidad histórica, previamente señaladas en la Constitución, en las que sólo voten los mayores de edad radicados en ese territorio. La idea es cerrar el paso a los arrebatos separatistas, como cuando la ciudad o cantón de Cartagena, en Murcia, en el sur de España, se declaró independiente en 1873 y pidió la anexión a Estados Unidos.

2) No bastaría con una victoria. Serían necesarias dos consultas, acaso separadas por una década, para demostrar que el resultado de las urnas no es el producto de una coyuntura, sino de una tendencia social claramente arraigada y sostenida intergeneracionalmente.

3) Tampoco bastaría una mayoría simple. Sería necesaria una mayoría calificada de, por ejemplo, el 60% de los sufragios o del padrón electoral. La superstición aritmética de que el 50% más uno legitima cualquier decisión no siempre es acertada. Ese uno a las 24 horas puede cambiar de opinión. La democracia es un método para tomar decisiones colectivas que se sustenta en la regla de la mayoría, pero la definición legal de mayoría puede cambiar para que el método dé resultados y no resulte contraproducente. La existencia misma del concepto mayoría calificada demuestra que la democracia es un instrumento, no un fin en sí mismo.

Es urgente crear un marco legal que evite el surgimiento de la violencia. Algunos de los peores conflictos que ha conocido la especie humana se originan en la constitución y en la disolución de los Estados.

¿Cuánta sangre costó, recientemente, la desaparición de Yugoslavia y el surgimiento de media docena de naciones, entre las cuales, al menos una, Kosovo, todavía está en medio del parto? ¿Qué sucede en Ucrania? ¿Cómo será el difícil establecimiento del Estado kurdo, dado que la nación kurda –25 millones de habitantes remotamente originados en la cultura persa– vivaquea entre Turquía, Irak, Irán y Siria? ¿Cómo será ese terrible estallido en el mundo islámico? (Los kurdos, como buenos persas, suelen decir: "Una palma no es un vegetal, un camello no es un animal y un árabe no es un ser humano").

Como Estados Unidos contaba con un procedimiento (más o menos opaco) para formar parte de la Unión Americana –lo que le ha permitido llegar a los 50 Estados desde los 13 originales–, pero no un modo de salida, en el siglo XIX debieron sufrir una espantosa guerra, cuyo costo en vidas humanas norteamericanas ha sido mayor que el de cualquier guerra anterior o posterior en la que el país haya participado.

En suma, si sabemos que los Estados, como las personas, están sujetos a cambios y, al final, a la muerte inevitable, busquemos la manera de acomodar esos cambios y, en su momento, aprendamos a enterrarlos dignamente. RIP.

elblogdemontaner.com

El principal riesgo de España es su Gobierno

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Dice el ministro de Economía, Luis de Guindos, que España no es inmune a la ralentización de la Eurozona: que ése, el parón de nuestros socios monetarios, es el principal riesgo que afronta nuestro país. Las declaraciones son remarcables porque suponen el primer jarro de agua fría que el propio Gobierno lanza sobre su habitualmente desaforado broteverdismo, o más bien sobre su apadrinado raizvigorosismo.

Pero, a diferencia de lo que llega a reconocer Luis de Guindos, el principal problema del estancamiento comunitario no es que el crecimiento español vaya a sufrir: el principal problema es que, por mucho que lo niegue el ministro de Economía, todavía no hemos corregido la mayoría de nuestros desequilibrios domésticos, por lo que un frenazo de nuestras perspectivas de expansión podría degenerar en un mazazo multiplicado sobre nuestra estabilidad financiera.

A la postre, una economía con un déficit del 6% del PIB, una deuda pública del 100%, un inexistente superávit por cuenta corriente, una deuda exterior del 100% y una tasa de paro del 24% constituye un cóctel absolutamente letal: no sólo nuestra expansiva deuda se antoja cada vez menos pagadera, sino que además los factores productivos que deberían estar generando riqueza para poder empezar a amortizarla se hallan desempleados. Es verdad que algunos de nuestros desequilibrios sí se han corregido en parte (el precio de la vivienda está mucho menos inflado que en 2007, el endeudamiento de familias y empresas ha experimentado un intenso proceso de saneamiento y la solvencia de nuestras entidades financieras, aun a costa de saquear a los contribuyentes, ha mejorado durante los últimos años), pero la parcial corrección de tales desequilibrios no basta para que el país vuelva a ser viable.

Así, las dos únicas razones por las que "los mercados" han venido echando ingentes cantidades de capital en la refinanciación de nuestros pasivos (hasta el punto de que los tipos de interés de la deuda pública española se hallan en mínimos históricos) han sido, por un lado, el rescate por la puerta de atrás que Mario Draghi orquestó en julio de 2012 y, por otro, las progresivamente mejores perspectivas de crecimiento de la economía española. Ahora, Luis de Guindos nos informa de que uno de estos dos pilares puede empezar a tambalearse, lo que podría obligar a redoblar la apuesta del BCE para apuntalar el otro (entiéndanse los recientes movimientos de Draghi en ese sentido), tensando la paciencia de los gobernantes alemanes… o, mejor dicho, de la opinión pública alemana (que eventualmente podría terminar diciendo basta).

No es una predicción de lo que va a suceder –los economistas no somos oráculos–, pero sí es una advertencia de lo que podría terminar sucediendo. Desde que buena parte de los españoles se contagiaron del optimismo raizvigorosista del Gobierno, unos pocos hemos venido alertando de que los desequilibrios de la economía española estaban muy lejos de haberse remediado y que, mientras tanto, los riesgos de una recaída al estilo de la vivida en 2012 seguían presentes.

El propósito de tales advertencias no era el de adoptar una antipática pose de Pepito Grillo cenizo, sino evitar caer en una autocomplaciente parálisis: que el BCE nos hubiese sacado de la quiebra en 2012 y que, en consecuencia, iniciáramos una etapa de rebote no significaba que el déficit público hubiese dejado de ser un problema, que nuestro mercado de trabajo se hubiese liberado de sus tradicionales rigideces, que no padeciéramos una pertinaz carestía de ahorro o que mágicamente los sectores regulatoriamente oligopolizados se hubiesen abierto a la competencia. En suma, nada de lo anterior significaba que el tiempo y la necesidad de las reformas hubiesen terminado: al contrario, sólo significaba que desde fuera nos habían dado más tiempo para hacer las reformas que previamente nos habíamos negado a hacer.

Pero Rajoy, al igual que Zapatero, optó por dormirse en los laureles de la burbuja de la financiación barata. Cuando la prima de riesgo dejó de alertar del desastre inminente, la reducción del gasto y las liberalizaciones desaparecieron de su agenda. Más bien al revés: tanto el Gobierno nacional como los autonómicos se embarcaron en un irresponsable populismo fiscal orientado a la caza de votos.

Que el ministro De Guindos nos informe ahora de que el crecimiento español se verá necesariamente lastrado por el estancamiento comunitario es un problema no tanto por las décimas de expansión del PIB que dejemos de contabilizar cuanto por la fragilidad que sigue caracterizando a nuestra economía debido a la total ausencia de reformas orientadas a subsanar sus desequilibrios. Nuestro principal factor de riesgo, pues, no viene de fuera, sino de dentro: de un Gobierno que se ha negado a aprovechar los últimos dos años de estabilidad financiera para efectuar con sosiego pero sin freno los ajustes que seguimos necesitando con urgencia. Si volvieran a pintar bastos, las culpas no habría que echárselas a la gripada locomotora europea, sino al dontancredismo de La Moncloa.

Apostar por la industria

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Leí en Cinco Días que las federaciones de Industria de UGT y CCOO enviaron al ministro José Manuel Soria un decálogo de propuestas recogidas en un documento con un título convencional: La reactivación de la industria: un reto de futuro.

El contenido del documento también es convencional, e inquietante. Estos señores creen saber cuánto tiene que pesar la industria en el PIB español. Actualmente es el 16%, y los sindicalistas saben que tienen que subir al 20%. Lógicamente, no tienen ni la menor idea de por qué ha de ser esa cifra y no otra. Eso sí, lo que afirman sin asomo de duda es cómo se alcanza ese paraíso: con menos libertad y menos derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Exigen que "el sector público ejerza el liderazgo en la nueva apuesta por la industria", como si no tuviéramos suficiente teoría ni suficiente práctica sobre lo que significa apostar con dinero ajeno, y lo que cuesta el liderazgo de los políticos y los burócratas en la industria y en cualquier otra actividad.

Y será necesario y venturoso aumentar el gasto público, es decir, crujir al pueblo con aún más impuestos. Es verdad que eso a veces topa contradictoriamente con las reglas de otros burócratas, pero los señores sindicalistas tienen la solución: reclamar que se "reconsideren los parámetros de cálculo de la cifra de déficit público, dejando fuera del mismo la inversión pública productiva". ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Están, claro que sí, muy preocupados por, como diría Barbie, que "fluya el crédito". Y ¿a que no adivina usted qué se les ha ocurrido para que fluya y fluya y fluya? Pues claro que sí: "La creación de una banca pública".

Es verdad que durante años fueron responsables destacados del desgobierno de las cajas de ahorro, la banca pública en España. Pero, en fin, pelillos a la mar. Y eurillos, aún más.

Hablando de eurillos, esta semana tuvimos una noticia inquietante en el mismo sentido industrializador: el Gobierno… tiene un plan para relanzar la industria. También él quiere que la industria pese en el PIB un 20%. Los sindicatos, por su parte, están bastante molestos porque el Gobierno no aclara el grado en que va a volver a quebrantar los derechos de los ciudadanos. Más aún, leí, también en Cinco Días, que según los sindicalistas esto del Gobierno es un "mero alegato" que no precisa los "recursos" (obviamente, ajenos). Ojalá sean sólo palabras y no más acoso a las carteras de los ciudadanos. Pero es de temer lo contrario.

Por qué defiendo el Toro de la Vega

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Vaya por delante que no me gusta el Toro de la Vega, condeno sin ambages el maltrato animal y ni siquiera soy aficionado a los toros, pero defiendo enérgicamente que los vecinos de Tordesillas celebren todos los años, si así lo desean, este histórico festejo, cuyo origen se remonta siglos atrás. Y la razón, por raro o extraño que parezca, no es el respeto a la tradición o a la cultura de un determinado pueblo, como alegan muchos, sino la defensa acérrima de mi libertad, ya que éste es el bien más valioso que posee el hombre y su vulneración, por mínima que sea, conduce, siempre y en todo lugar, hacia la senda de la intolerancia, la represión y la miseria.

El siempre polémico Torneo del Toro de la Vega acabó este año ensangrentado, y no, precisamente, por la habilidad del lancero a la hora de matar el animal, que también, sino porque los asistentes al festejo y los manifestantes que pretenden prohibirlo acabaron a pedradas durante su celebración.

Las protestas de los animalistas, amplificadas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, han retumbado tan fuerte en esta ocasión que el debate ha acabado trasladándose a la arena política, hasta el punto de que el PSOE presentó el pasado jueves en el Congreso una iniciativa para impedir el "maltrato animal" en los espectáculos y fiestas populares que se celebren en todo el territorio nacional. 

Así pues, en caso de prosperar ésta o cualquier otra propuesta legislativa similar, el Estado se arrogará una nueva competencia por la cual podrá prohibir el Toro de la Vega, pero -cuidado- también otras muchas tradiciones en las que participan animales, como el Toro Embolado, el de Coria, el de San Juan, los toros enmaromados típicos de numerosos pueblos de España, y tantos otros festejos en los que, de una u otra forma, el toro forma parte intrínseca de la celebración.

Llegados a este punto se habrán dado cuenta de que, en última instancia, y puesto que el argumento empleado no es otro que el"maltrato animal", el Estado gozaría de plena potestad para prohibir los encierros -véanse los Sanfermines de Pamplona- y, por supuesto, la tauromaquia, tal y como ya ha sucedido en Cataluña. Sí, sí, como oyen… Tarde o temprano, adiós a la fiesta nacional.

La clave de este asunto, como casi todos, radica en la ideología sobre la que se asientan los argumentos que esgrimen los animalistas, y cada vez más políticos, para exigir la prohibición del Toro de la Vega hoy, pero otras muchas más cosas mañana. Y el fundamento no es otro que el reconocimiento de "derechos" a los animales. No en vano, el Parlamento de Cataluña se agarró a este particular concepto para prohibir las corridas de toros en dicha región. Y ello, sobre la base de que el toro "es un animal mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la especie humana, lo que significa que los humanos compartimos muchos aspectos de su sistema neurológico y emotivo".

He ahí el núcleo de la sesuda argumentación para acabar con los toros en Cataluña. El toro padece en la plaza de forma similar a como sufriría un hombre, ergo, las corridas quedan prohibidas. No hay más. Por esa regla de tres, aplicando el mismo razonamiento, la Generalidad también debería prohibir la venta de matarratas y la experimentación de roedores en laboratorios, ya que la rata comparte el 90% de los genes del hombre. Además, también son mamíferos y, por supuesto, sufren cuando se les hace daño. Aunque suene a broma, no lo es. En el fondo, esto es lo que subyace en la ideología animalista que profesan los detractores del Toro de la Vega.

Todo gira en torno a un único punto: "Los animales tienen derechos" de forma muy similar al hombre, hasta el punto de equiparar a ambos en ciertos aspectos. Así, desde su perspectiva, lo único que hace a un ser digno de protección moral y jurídica es la capacidad de sentir, ya sea dolor o placer, y, por tanto, los animales son "sujetos de derecho", tal y como defiende Peter Singer, uno de los grandes precursores del movimiento animalista y autor de la obra Liberación Animal. Entre otras cosas, Singer afirma que conceder una protección legal inferior al hombre a seres que padecen dolor por el mero hecho de tener alas o pelaje no es más justo que discriminar a un ser humano por el color de su piel.

Por ello, el llamado animalismo está en contra tanto de las corridas y los espectáculos de toros como de los circos, la experimentación médica y científica con animales, las granjas agroalimentarias, la explotación ganadera, la compraventa de mascotas -los animales no son cosas y, por tanto, no pueden ser propiedad de nadie- y, en última instancia, en contra de que los animales sirvan de comida al hombre, de ahí que propugnen el vegetarianismo y el veganismo -no consumen ningún producto de origen animal, incluyendo leche, huevos, miel, etc.-.

El partido animalista en España (Pacma), uno de los principales impulsores de la campaña en contra del Toro de la Vega, lo explica a la perfección en su web y en su programa electoral. Así, su objetivo es prohibir los toros y todas las tradiciones similares, pero también acabar con la experimentación animal, la caza y la pesca deportivas, el uso y la venta de pieles, la compraventa de mascotas, los circos con animales, así como imponer fuertes restricciones a la industria agroalimentariao prohibir el foie-gras, entre otras muchas medidas.

En este sentido, basta señalar que el Pacma considera que las granjas de explotación avícola, porcina y ganadera "son auténticos campos de concentración", comparando el sacrificio de animales para alimentación con el genocidio de seres humanos, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta formación emplea el término "individuo" para referirse a los animales y "masacre" para aludir a la explotación agroalimentaria. Por el momento, los animalistas no se atreven a defender abiertamente la prohibición general de comer carne y pescado, y si no lo han hecho aún es, simplemente, porque saben que tal despropósito sería frontalmente rechazado por la inmensa mayoría de la población… Pero, tiempo al tiempo, porque ganas no les faltan.

Y lo grave es que el argumento jurídico que serviría mañana para imponer por ley el veganismo es el mismo que blanden hoy animalistas y ciertos políticos para prohibir el Toro de la Vega y las corridas taurinas. Aquí no se cortan, puesto que ya cuentan con un cierto apoyo popular, mientras que en el tema del vegetarianismo aún están muy lejos de conseguirlo, de ahí que, por el momento, aboguen por la "sensibilización social" para que el consumo de carne y pescado disminuya de forma progresiva con el tiempo. No en vano, si se parte del hecho de que el animal es un sujeto de derecho equiparable en ciertos aspectos al hombre, comer animales es casi un acto de canibalismo. Tal y como explica Pacma, "resultaría esquizofrénico estar luchando por los derechos de los animales y comiéndoselos por otro lado".

La raíz del problema es que parten de un error básico: sólo el hombre es sujeto de derechos, y la mera capacidad de sentir dolor no es razón suficiente para ello; sólo el hombre es un ser autoconsciente, capaz de reflexionar sobre sus pensamientos y su propia existencia, de enjuiciar sus juicios y de valorar conscientemente sus actos; sólo el hombre, en definitiva, es un ser moral, con capacidad de decidir libre y responsablemente y, por ello, está dotado de forma natural de derechos y deberes. Equiparar a los animales con el hombre es negar la humanidad misma.

Defiendo el Toro de la Vega, en definitiva, porque defiendo mi libertad, porque ningún otro ser, a excepción del hombre, es sujeto de derechos y porque admitir tal aberración jurídica y moral abriría las puertas de par en par a la prohibición de todo tipo de fiestas tradicionales, encierros, corridas de toros, investigaciones médicas y farmacológicas… Y, en última instancia, la explotación agroalimentaria y el consumo de carne, pescado y demás productos de origen animal. Si se admite lo primero -prohibir el Toro de la Vega-, se admite el resto.

Soy contrario al Toro de la Vega, no me gusta dicho festejo y, por tanto, no participaré ni contribuiré de ningún modo a su mantenimiento, pero respeto el derecho y la libertad de los vecinos de Tordesillas a mantener su tradición, a diferencia de los animalistas y políticos que pretenden imponer su voluntad, gustos y criterios sobre el resto. El Toro de la Vega desaparecerá el día que no haya lanceros dispuestos a matar el toro y la tauromaquia cuando el público deje de asistir a las corridas, sin necesidad de decretos dictatoriales inspirados en animalismos colectivistas.

Si los animalistas quieren acabar con esas prácticas que lo hagan con la fuerza de los argumentos, el convencimiento y la "sensibilización social" que emplean hoy para extender el vegeterianismo, no imponiendo por la fuerza a los demás su particular modo de ver el mundo. Yo respeto su estilo de vida y jamás les obligaría a asistir a una cacería o a una corrida, respeten ustedes el derecho de los demás a poder hacerlo siempre y cuando no perjudiquen a nadie. Y por nadie me refiero a personas, que son los únicos sujetos de derechos, no a animales, que carecen de ellos.

La arqueología, un lujo de nuestros días

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Es relativamente frecuente, cuando uno hace visitas guiadas a yacimientos arqueológicos, y prácticamente inevitable cuando tales yacimientos son prehistóricos, que los guías resalten las bondades del modus vivendi de nuestros antepasados, sobre todo en lo que al respeto al medio ambiente se refiere.

Así, se resalta cómo nuestros ancestros vivían de una forma sostenible y compatible con el ecosistema, al contrario que en la actualidad, donde la falta de conciencia ecológica nos está llevando a la destrucción y el fin de la raza humana que tan bien supieron preservar aquellas personas durante millones de años.

Tras oír estos comentarios, uno siempre se queda con las ganas de preguntarle al guía de turno si sabe cuánta gente vivía en aquella época en el mundo, y cuánta vive ahora. La respuesta sería, según observo, que por ejemplo durante la segunda glaciación no vivían en toda la Tierra más de medio millón de personas. Compárese con los 9.000-10.000 millones que la habitan en la actualidad.

Es indiscutible, además, que los recursos a disposición de los habitantes de la Tierra eran más o menos los mismos entonces que ahora. Así que algo bien habrá hecho la raza humana que convive en esta sociedad moderna para que el uso de los mismos recursos, permita la subsistencia de 20.000 veces más personas.

O, dicho de otro modo, si el ser humano se pusiera a vivir de la misma forma en que lo hacían esos ancestros, tan alabada por los arqueólogos, solo podría sobrevivir 1 de cada 20.000 personas. Supongo que los arqueólogos creen que estarían entre los elegidos.

Y para que hablar del nivel de vida. ¿Qué jornadas laborales tenían los cazadores de mamuts? ¿Gozaban de días de vacaciones? En fin. Puede que ahora tengamos una forma de vida menos ecológica que la de nuestros ancestros, pero es sin duda mucho más eficiente y no digamos cómoda.

Pero aún hay más. La propia arqueología no deja de ser una disciplina de lujo, que solo una sociedad tan rica como ha llegado a ser la actual puede permitirse.

No hay vestigios arqueológicos de excavaciones arqueológicas (¿metaexcavaciones?) en ninguno de los yacimientos investigados. Los antiguos no se podían permitir realizar excavaciones arqueológicas en los sitios en que vivían o que tenían cerca. Se reutilizaba lo que se pudiera y se construía encima, pero nadie se dedicaba a excavar para ver cómo era el palacio de la gente que allí había habitado 500 ó 1000 años antes.

La disciplina de la arqueología comienza a practicarse en el siglo XIX, casualmente cuando el nivel de vida de la sociedad empieza a despegar, posiblemente a consecuencia de la contaminante revolución industrial. Así que en la medida en que el modo de vida del ser humano se hace menos ecológico, comienzan a aparecer los arqueólogos. Los mismos que en unos 150 años estarán quejándose de la poca conciencia ecológica que tiene el ser humano de nuestro tiempo.

Para mayor ironía, la mayor parte de los yacimientos arqueológicos se han descubierto como consecuencia de la pretendida construcción de infraestructuras que posibiliten ese modus vivendi tan opuesto al de nuestros ancestros prehistóricos. Por ejemplo, el yacimiento de Atapuerca se descubrió al barrenar una colina para facilitar el paso del tren.

Es cierto que muchos trabajos de arqueología se financian con nuestros impuestos, por lo que muchos arqueólogos (evidentemente, la sabiduría en este campo no está reñida con la ignorancia en economía) pueden caer en la tentación de pensar que su trabajo no depende de esa sociedad consumista formada por empresas contaminantes y consumidores insensibles. Pero no es así: sin la expropiación estatal de la riqueza generada por la vilipendiada sociedad consumista, no habría dinero para su trabajo y, bueno, se tendrían que dedicar a otra cosa.

Conste que me interesa la arqueología (bueno, más bien los resultados de su investigación) y no me pierdo visitas a ruinas importantes allí donde tengo oportunidad. Y conste que pago sin protestas el importe de la entrada, y que seguramente fuera donante para que siguieran este tipo de trabajos en un mercado libre, porque me apasiona y me parece fundamental entender cómo vivieron nuestros antepasados.

Pero, al mismo tiempo, creo que el arqueólogo, por muy enamorado que esté de su trabajo, debe mantener el respeto por la sociedad actual y su modo de vida. Y reconocer, públicamente, que es ese modo de vida el que le permite vivir como arqueólogo, y el que permite vivir a 10.000 millones de personas en lugar de a los menos de un millón que él estudia.

Suecia: ¿el fracaso de la educación privada?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los resultados electorales del pasado domingo en Suecia arrojaron una estrecha victoria para los socialdemócratas (43,7% de los votos) frente al supuesto centro-derecha, que obtuvo el 39,1% de los sufragios. Pese a la nimiedad de la diferencia entre ambas opciones políticas, no han sido pocos los que se han apresurado en sentenciar que esta derrota del centro-derecha sueco ilustra el fracaso de las reformas liberalizadoras y privatizadoras emprendidas por el ex primer ministro, Fredrik Reinfeldt: fracaso especialmente visible en el ámbito de la educación.

A la postre, la calidad del sistema educativo sueco —acreditada, por ejemplo, a través de sucesivos informes PISA— ha venido hundiéndose desde que a comienzos de los 90 (por ejemplo, en el año 2000, Suecia obtuvo una puntuación en matemáticas de 510 puntos, frente a los 478 de 2012), momento en el que se reformó el sistema educativo para permitir la apertura de escuelas privadas (escuelas independientes, tal como son conocidas) financiadas con cargo al presupuesto público: un modelo muy similar a las escuelas concertadas españolas. De la correlación, pues, pasamos a la causalidad: dado que el deterioro de la calidad educativa coincide temporalmente con la apertura de centros concertados, entonces la calidad educativa se ha deteriorado porque se han abierto centros concertados. No sólo eso, a juicio de muchos el fracaso de la privatización sueca ya permite demostrar indubitadamente que el modelo privado no funciona en educación: una tesis más que discutible.

¿Privatización de la educación?

De entrada, conviene aclarar los términos: Suecia no ha privatizado la educación, únicamente se ha limitado a dar cabida a las escuelas concertadas. Una escuela concertada no es una escuela privada en un entorno de libre competencia: es una escuela que el Estado sigue sufragando con cargo al dinero de los contribuyentes. Más que al capitalismo de libre mercado, la escuela concertada se aproxima al modelo de capitalismo corporativista (crony capitalism). Por tanto, como mucho la experiencia sueca ilustraría el fracaso del modelo corporativista en educación, pero no del capitalismo de libre mercado.

Sin embargo, ni siquiera ofrece suficiente evidencia de que el capitalismo corporativista fracase en educación. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple: sólo el 14% de los estudiantes suecos acude a escuelas concertadas; el otro 86% sigue acudiendo a la enseñanza pública. Las cifras de participación en la escuela privada o concertada se hallan, de hecho, por debajo de la media de la OCDE, donde alcanzan el 20%. Y los resultados medios de la OCDE en PISA superan a los de Suecia.

Es más, los países o regiones con un mayor porcentaje de alumnos en la escuela privada son Macao, Hong Kong, Holanda e Irlanda (todos ellos, con más del 50% de alumnos en la privada y, en el caso de Macao y Hong Kong, con más del 90%); países que se encuentra en lo más alto del informe PISA: baste decir que todos obtienen más de 500 puntos en las tres disciplinas que mide PISA (frente a los 485-478 de PISA), que Hong Kong supera a Finlandia en las tres materias y que Macao y Holanda la superan en matemáticas). Por tanto, la educación privada y concertada no está ni mucho menos reñida con una excelente calidad frente a la pública (de hecho, la concertada y la pública en el fondo no son tan diferentes: contenidos regulados por el Estado y financiación obtenida coactivamente del contribuyente).

De hecho, no olvidemos que incluso la privada y concertada española, una vez se la corrige por el distinto nivel socioeconómico de sus alumnos, obtiene resultados muy similares a los de la pública finesa. Por tanto, con estos contraejemplos difícilmente el fracaso de la educación concertada de Suecia ilustra siquiera el fracaso del modelo concertado (no hablo ya del modelo verdaderamente privado y libre).

¿Ha fracasado la escuela concertada en Suecia?

Sin embargo, en realidad, ni siquiera puede afirmarse con un mínimo de seguridad que el modelo sueco de escuelas concertadas haya fracasado. De entrada, es difícil hacer naufragar todo un sistema educativo con apenas el 14% del alumnado. Pero es que el propio informe PISA, de hecho, se manifiesta en contra de esta posibilidad: “En Suecia no existe ninguna diferencia significativa entre los estudiantes que acuden a las escuelas privadas y a las escuelas públicas, una vez ajustado su situación socioeconómica. Entre 2003 y 2012, la puntuación de las escuelas pública se deterioró en 33 puntos, mientras que la de las privadas cayó en una menor pero no significativa magnitud de 25 puntos”. Es decir, que las escuelas concertadas, si acaso, han contribuido a mejorar la nota media del sistema.

Esta misma conclusión se desprende de un reciente estudio del Ministerio de Trabajo sueco. Según el informe: “Hemos hallado que un aumento del porcentaje de escuelas independientes [concertadas] mejora los resultados medios en la última etapa de la escolarización obligatoria así como los resultados educativos de largo plazo. Estos hemos son muy robustos frente a otras posibles explicaciones como la inflación de notas o las tendencias previas a la reforma de 1992”. No parece demasiado verosímil que un tramo marginal de la educación sueca, que obtiene mejores resultados que el tramo público y que, en consecuencia, tiende a mejorar las calificaciones medias del sistema, sea el responsable del sostenido deterioro de su calidad.

Entonces, ¿a qué se debe este imparable hundimiento de la calidad del sistema educativo sueco? Sinceramente, carezco de una respuesta concluyente, pero hay otras explicaciones mucho más factibles que no suelen mencionarse en tanto no son tan fáciles de instrumentar políticamente.

Primero, empecemos por los factores que no parecen ser responsables: la culpa del deterioro educativo no la tiene la falta de gasto (Suecia gasta más de 95.000 dólares en formar un estudiante, el décimo país que más gasta de la OCDE y por delante de Finlandia); tampoco la aglomeración de estudiantes en las clases (las ratios de profesor-alumno y de alumno por clase están por debajo de la media de la OCDE); la tampoco la segregación curricular (todos los estudiantes siguen el mismo plan de estudios hasta los 16 años); tampoco las abusivas repeticiones de curso (solo un 4% de los suecos ha repetido alguna vez curso, frente al 12% de media en la OCDE); tampoco la inmigración (aunque la población inmigrante ha aumentado en los últimos años, caen tanto los resultados de los inmigrantes como de los nativos: es más, caen con mayor intensidad los de los nativos).

¿Qué otras explicaciones podrían explicar la diferencia? El menor número de horas escolares (un alumno de 15 años está 741 horas en clase, frente a las 942 de la media de la OCDE), la escasa disciplina que se vive en las aulas suecas (el 34% de los estudiantes comunica que sus compañeros impiden el normal desarrollo de las clases, frente al 28% de media de la OCDE), el absentismo/retraso de los alumnos (Suecia tiene el mayor porcentaje de la OCDE en retrasos de los estudiantes para llegar a clase: el 56% llegan tarde frente al 35% de media), la escasa implicación del profesorado en la formación del alumno (el 21% de las escuelas sufre de absentismo/retrasos del profesorado frente al 13% de media), los nuevos métodos pedagógicos implantados por el Estado a partir de 1992 o, sobre todo, la escasa autonomía de las escuelas suecas (sólo el 24% de las escuelas escoge el currículum frente a la media del 36% de la OCDE).

Cualquiera de las anteriores explicaciones resulta más factible que el escaso peso que exhibe la concertada: muy en particular, la menor autonomía con la que cuentan las escuelas suecas (pues la autonomía permite experimentar diversos tipos de métodos formativos y pedagógicos para comprobar cuál funciona mejor para cada estudiante o grupo de estudiantes en particular).

La educación, también cuestión de libertad y diversidad

Pese a todo lo anterior, imaginemos por un momento que una organización estatalmente castrense de la educación arrojara mejores resultados en competencias básicas como la aritmética, la lectura o la escritura que la educación privada y que además resultara más barato (en realidad, ni una cosa ni la otra: en España, por ejemplo, la educación es mala y cara). ¿Significaría ello que la educación pública es necesariamente superior a la privada? No: la educación no es sólo una cuestión de estrecha eficiencia técnica, sino también de libertad y diversidad.

Resulta en sí mismo valioso que los estudiantes (o sus tutores) puedan escoger aquellas materias curriculares y aquellos métodos pedagógicos que mejor se adapten a las necesidades de cada niño: ni todas las personas son iguales —no tienen las mismas habilidades, capacidades, gustos o aficiones— ni tiene sentido querer reducirlas proustianamente a un mínimo común denominador. Tampoco tiene sentido que se imponga a los estudiantes materias adoctrinadoras contra las que razonablemente podrían objetar en conciencia. La formación de las personas les corresponde, en primera instancia, a esas propias personas o a sus tutores: no al Estado.

Por consiguiente, si la demanda educativa exige libertad, variedad y heterogeneidad, la oferta deberá proporcionarlas. Pero una oferta diversa y libre no se consigue, por definición, planificando y encorsetando la diversidad y libertad, sino permitiendo la libre competencia de modelos de educación: es decir, privatizando la educación. Un sistema educativo libre y competitivo (con ayudas privadas y subsidariamente públicas a las familias de menor renta) es el mejor camino hacia una educación que enriquezca humana y profesionalmente a los alumnos. Suecia no es un ejemplo de esta educación libre y competitiva —no sólo porque el 86% de la educación sea pública sino porque, muy revelaradoramente, el homeschooling está enormemente restringido en Suecia— y solo por ello, al margen de los resultados de PISA, ya merecería un suspenso.

Hay que sacudirse (del socialismo)

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Ahora que asciende la intención de voto de unos predicadores del “socialismo de siglo XXI” ante la acelerada deslegitimación del régimen político que, no obstante, les ha preparado el terreno idelógico en los medios de comunicación y la enseñanza, conviene conmemorar el veinticinco aniversario de distintos acontecimientos que precipitaron el derrumbe del “socialismo real” en Europa Central y Oriental. Acaso el desmenuzamiento de las calamidades a las que se vieron sometidos esos países por culpa de ese sistema, así como su liberación parcial durante los últimos años del siglo XX, sirvan para hacer recapacitar a muchos incautos que se niegan a reconocer las consecuencias nefastas de esos movimientos políticos.

En efecto, a lo largo de aquel mágico año de 1989 fueron cayendo régimenes que, bajo el yugo soviético que los uncía, mantuvieron en condiciones de esclavitud a tantos millones de personas con distintos grados de virulencia y vesanía. No olvidemos que todavía el 5 de febrero de aquel año murió tiroteado el joven Chris Gueffroy, víctima de los disparos descargados por la policía comunista de Alemania Oriental cuando intentaba cruzar el Muro de Berlín hacia el Oeste. Es decir, no mucho antes de su derribo el 9 de noviembre siguiente, después de que los dirigentes de la RDA, arrastrados por la huida masiva de ciudadanos por las fronteras de Austria y Hungría, declarasen la libertad de circulación antes de su imparable caída.

Aun así, las reformas del Imperio Soviético propiciadas por la llegada a la secretaría del Partido Comunista de Mijail Gorbachóv el 11 de marzo de 1985 tuvieron un efecto catalizador para los gobiernos de su órbita, entre otras razones, porque los nuevos líderes instigaban cambios imposibles (Perestroika y Glásnost) para apuntalarlos. La contumacia por mantener la planificación central y la mayoría de los medios de producción en poder del Estado, es decir, un sistema socialista con meros retoques cosméticos, aceleró su proceso de autodestrucción frente a otros regímenes comunistas como el chino, que permitieron el funcionamiento de mecanismos de mercado bajo una férrea dirección que masacraría sin contemplaciones a los manifestantes de la Plaza de Tian’anmen que reclamaban otras libertades, el 4 de junio de 1989.

Dentro de los países europeos, Polonia se convertiría en el pionero de los cambios. Con el precedente de la grieta abierta en 1980 por el acuerdo entre el sindicato independiente Solidaridad y el gobierno, truncado por el golpe de estado del general Jaruzelski de 13 de diciembre de 1981; nueve años después comenzarían las negociaciones políticas de la “mesa redonda” entre representantes del régimen y el Comité ciudadano de apoyo a Solidaridad (el sindicato semiclandestino) bajo la observación de las iglesias católica y evangélica. El 5 de abril de 1989 los mencionados interlocutores llegaron al acuerdo que permitió la convocatoria de las elecciones semilibres del 4 de junio en las que los comunistas se reservaron 138 de los 299 escaños de la futura cámara baja (Sejm). No obstante, las candidaturas apoyadas por el Comité ciudadano de apoyo a Solidaridad triunfaron de forma apoteósica, ya que sus candidatos coparon el Senado y 160 de los 161 escaños de libre elección de la primera Sejm.

De esta manera, Tadeusz Mazowiecki se convertiría el 24 de agosto en el primer líder no comunista que, tras 41 años, asumía responsabilidades de gobierno en un país bajo la órbita soviética. Como recuerda Leszek Balcerowicz -laureado este año con el premio Milton Friedman que otorga el Cato Institute- en un libro-entrevista titulado “Trzeba się bić” (Hay que sacudirse) que parece anunciar su vuelta a la política, el recién elegido primer ministro le formuló una propuesta de convertirse en su “Ludwig Erhard”.

Aunque rechazó tal ofrecimiento en un primer momento, las reticencias se disiparon después de que Mazowiecki le aseguró que no secundaría las famosas reformas híbridas del llamado “socialismo de rostro humano” (término para referirse a las reformas de Aleksander Dubček en la Checoslovaquia de 1968), sino que promovería un plan de transformación radical del régimen comunista y que lucharía contra la galopante inflación. Por su parte Balcerowicz supeditó la aceptación del cargo de Ministro de Economía a la obtención de potestades de selección del personal de los ministerios económicos y de la consideración de máximo director de toda la política económica del gobierno.

Para ese momento, aunque se habían abierto enormes esperanzas de reforma política, los acuerdos de la Mesa Redonda de gobierno y oposición fueron acompañadas de medidas como la indexación de los salarios a la inflación, un “remedio” que contribuyó a situar el índice anual en un 600 por ciento. Durante la época comunista la gente se había acostumbrado hasta cierto punto a los síntomas propios de una economía socialista donde se imponen controles de precios: el desabastecimiento y colas kilométricas en las tiendas para conseguir todo tipo de productos. Unos índices de inflación transparentes de tres dígitos constituían una novedad muy peligrosa para la estabilidad del país y el establecimiento de la democracia.

Se abrían, pues, dos alternativas ante Balcerowicz y su equipo, formado en parte por personas pertenecientes a grupos de reflexión procapitalistas que había organizado en su juventud y en parte por funcionarios conocedores del funcionamiento real de la administración polaca que, al menos, no eran hostiles al capitalismo: Introducir los cambios en la economía de forma gradual o de forma fulminante. Después de sopesarlas, optaron por convencer al gobierno de la idoneidad de una terapia de choque, habida cuenta de la situación catastrófica de la economía. Se trataba de que la rapidez en los cambios permitiera reducir el período de dificultades para la sociedad polaca y el aumento de las oportunidades de éxito. El propio Balcerowicz se encargó de presentar el plan ante el parlamento, si bien su entrada en vigor se aplazaría cinco meses desde su anuncio en septiembre de 1989 hasta el 1 de enero de 1990 para dar tiempo a desengranar sus detalles en la legislación precisa.

Para hacerse una idea de la profundidad de los cambios producidos, baste pensar que con el año nuevo pasaron a ser libres casi todos los precios controlados; se introdujo la convertibilidad del zloty con un fondo de mil millones de dólares prestado por el FMI como garantía; se liberalizó el comercio internacional y se adoptó un plan de estabilización para controlar la inflación. La privatización parcial de empresas estatales llevaría más tiempo. Al mismo se renegociaba de manera inteligente el pago de la mastodóntica deuda que los gobiernos comunistas polacos habían contraído con acreedores extranjeros y nacionales. En suma, de la noche a la mañana se pasaba de un sistema económico socialista a establecer los cimientos de otro de mercado.

Veinticinco años después, con todas las limitaciones de un proceso inacabado e incluso de las ralentizaciones y marchas atrás producidas, Balcelrowicz puede enorgullecerse de haber salvado a su país de la catástrofe. Las reformas radicales emprendidas entonces frente a otros países que no las adoptaron, como su vecina Ucrania, marcan la diferencia: Ambos países compartían en 1989 un nivel de vida equiparable. Actualmente, Ucrania apenas llega al treinta por ciento del polaco y no puede oponer un régimen de libertades y de sometimiento al derecho frente al expansionismo ruso.