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El pecho breve y el contribuyente espeso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Sostuvo este pasado sábado Ada Colau que los defraudadores fiscales deberían ser considerados terroristas dado que su fraude provoca insuficiencia de recursos en las arcas públicas, lo que a su vez obliga a aprobar recortes en educación, sanidad y dependencia que son responsables de numerosas muertes. Lógica impecable e implacable. Mas, antes de abrazar tan desproporcionadas conclusiones, deberíamos acaso tratar un par de cuestiones previas.

Primero y fundamental: ¿existe la obligación política entre los ciudadanos de pagar impuestos? No pretendo resolver aquí esta intrincada cuestión de filosofía política, pero sí busco resaltar que el pilar que sustenta todo el polémico razonamiento de Colau no se halla indisputado: algunos filósofos tan prestigiosos como Michael Huemer, por ejemplo, argumentan convincentemente que el Estado carece de autoridad política para recaudar impuestos y, en consecuencia, que los ciudadanos no se hallan sometidos a la correspondiente obligación de hacerlo. Mucho antes que Huemer, la Escolástica ya había defendido que las leyes injustas no obligan en conciencia, y siglos después el estadounidense Henry David Thoreau proclamó el derecho a la desobediencia civil precisamente a raíz de su encarcelamiento por negarse a pagar impuestos.

Como digo, no pretendo entrar en el fondo de este debate: únicamente quiero poner de manifiesto que resulta de todo punto razonable sostener que las leyes pueden ser injustas y que los ciudadanos pueden negarse a acatar las leyes injustas. Es decir, resulta de todo punto razonable rechazar que el Estado posea un imperium absoluto para decretar cualesquiera normativas de obligado cumplimiento para el ciudadano. De hecho, la propia Ada Colau ha hecho varios llamamientos a la desobediencia civil contra diversas normativas que considera injustas (como la Ley Hipotecaria o un eventual fallo del Tribunal Constitución que tumbe la Ley de Consultas del Gobierno catalán).

En este sentido, las leyes tributarias, en tanto en cuanto constituyen una sustracción de la propiedad legítima y pacíficamente adquirida por los ciudadanos, bien podrían considerarse leyes injustas contra cuyo cumplimiento cabría objetar en conciencia (huelga aclarar que la propiedad que no haya sido legítima y pacíficamente adquirida no debe ser perseguida por la vía tributaria, sino por la vía judicial). Hoy en día, el derecho a la objeción de conciencia contra las leyes que imponen el servicio militar obligatorio se halla ampliamente aceptado (en España, incluso se ha constitucionalizado): ¿por qué consideramos legítimo objetar contra el mandato estatal consistente en una obligación de hacer (prestarle al Estado el servicio militar) pero no consideramos igual de legítimo objetar contra el mandato estatal consistente en una obligación de dar (pagar impuestos al Estado)? ¿Por qué tildar de terroristas a unos pero no a otros? A la postre, negarse a defender el territorio español podría eventualmente causar muchas más muertes que negarse a pagar impuestos.

Pero asumamos que las leyes tributarias sí son normas justas contra las que no cabe objetar lícitamente. ¿Implicaría que los defraudadores fiscales son terroristas? No. Cualquiera de nosotros carga con obligaciones de imperativo cumplimiento: el deber de cumplir los contratos de buena fe, de pagar las deudas monetarias, de abonar las cuotas de la comunidad de vecinos, etc. Como mucho, podríamos considerar que la obligación tributaria es una obligación de tan imperativo cumplimiento como las anteriores (en realidad, de menos imperativo cumplimiento, porque las anteriores obligaciones surgen del consentimiento entre las partes, mientras que los impuestos no). Pero, ¿acaso calificaríamos de "terroristas" a quienes no cumplieran un contrato, no pagaran una deuda o se escaquearan de contribuir a sostener la comunidad de vecinos? No: serían personas merecedoras de reproche por parte del sistema jurídico, pero de un reproche de magnitud radicalmente distinta a la que merece un terrorista (de entrada, las primeras sanciones quedarían dentro del ordenamiento civil y las segundas dentro del ordenamiento penal). Dicho de otra forma: no parece el paradigma de la proporcionalidad el que un señor que no pague una deuda sea condenado a 30 años de cárcel (o a cadena perpetua o a la pena capital, tal como sucede con los terroristas en otros ordenamientos jurídicos).

No cumplir con las deudas tributarias debería merecer, como mucho, la misma sanción que no cumplir con, por ejemplo, las deudas hipotecarias: a saber, embargo de los bienes presentes y futuros del deudor hasta el pleno resarcimiento de la obligación más una correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Ada Colau, sin embargo, no sólo considera que la deuda hipotecaria debiera extinguirse únicamente con la entrega del bien inmueble hipotecado (lo cual, aisladamente, es un contenido contractual perfectamente lícito), sino que además pretende elevar el reproche jurídico propio del impago de las deudas fiscales hasta equipararlo con el del delito de terrorismo.

¿A qué viene esa doble vara de medir? La razón que ha alegado Colau es que el defraudador está provocando recortes del gasto –en educación, sanidad o dependencia– que a su vez generan muertos: no pagar impuestos, pues, mata en la misma medida en que matan los terroristas. Pero, aun asumiendo que el fraude fiscal generara muertos, el ilícito penal más cercano no sería el de terrorismo, sino el de "omisión del deber de socorro": delito castigado con una pena máxima de doce meses de cárcel (frente a los 30 años del delito de terrorismo). Por tanto, ni siquiera aceptando todas las premisas de Colau cabría considerar terroristas a los defraudadores fiscales.

Además, no perdamos de vista que, en tanto en cuanto los ingresos estatales ascienden a casi el 40% del PIB, es evidente que el Estado dispone de recursos más que suficientes para evitar todas las muertes vinculadas a la desnutrición o a la falta de atención a enfermos o a dependientes (no me queda claro por qué Colau afirma que los recortes en Educación matan). Si el Estado no concentra la totalidad de sus recursos en estas áreas es simplemente porque la mayoría de la población no estaría dispuesta a recortar el gasto en educación, infraestructuras, I+D o salarios de los empleados públicos cuanto fuera necesario para evitar recortes en Sanidad o Dependencia. ¿Significa esto que esa mayoría de la población es culpable de un delito de omisión del deber de socorro o incluso, siguiendo a Ada Colau, de un delito de terrorismo? No, porque no resulta razonable extender el deber de socorro hasta ese extremo; pero técnicamente sí estamos omitiendo el socorro ajeno al priorizar áreas del gasto público que juzgamos más importantes que las vinculadas al auxilio de los necesitados.

En definitiva, una cosa es que, tras aceptar la más que discutible proposición de que no existe un derecho cívico de resistencia legítima a los impuestos, afirmemos que el ordenamiento jurídico debe sancionar a quien incumple sus obligaciones tributarias y otra, muy distinta, pretender equiparar la sanción del fraude fiscal con la del terrorismo. Sólo desde el populismo más exacerbado, conducente a engendrar un odio transversal que sirva como plataforma para tomar el poder, podría identificarse el incumplimiento de una presunta obligación pecuniaria –no nacida del consentimiento del deudor– con el terrorismo, esto es, con el uso deliberado, organizado e intimidatorio de la violencia contra la vida y la propiedad de las personas.

¿Acaso la única alternativa a la casta populista que padecemos es una neocasta hiperpopulista?

Casi toda la izquierda europea gira hacia el liberalismo

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

El cambio de tendencia comenzó en los países nórdicos, entre finales de los años 80 y comienzos de la década de los 90. La crisis económica que atravesaban las economías escandinavas obligaba a replantear elmodelo socialdemócrata desarrollado con intensidad en décadas anteriores. Suecia es el caso de estudio más interesante de todos, pues, desde entonces, ha desarrollado reformas de mercado orientadas a bajar impuestos, reducir gasto público, liberalizar sectores y flexibilizar mercados.

En la Suecia de aquellos años, el Estado controlaba directamente el 70% del PIB, el número de funcionarios duplicaba la media de la OCDE, el paro llegaba al 14%, la deuda de las Administraciones se había duplicado y el déficit sobrepasaba el 11% del PIB. El desorden monetario era tal que su corrección implicó subir los tipos de interés por encima del 500%. En resumen, el mito sueco y su avanzado modelo de Estado del Bienestar se vino abajo.

Comenzó entonces un proceso de cambios en el que los partidos de centro-derecha llevaron la voz cantante, si bien la izquierda pactó el desarrollo de estas reformas y, en algunos casos, las profundizó. Sectores intervenidos fueron desregulados, los impuestos se redujeron legislatura tras legislatura, el sistema de pensiones incorporó cuentas de ahorro individual (fórmulas de capitalización parcial), empresas y fundaciones privadas entraron a competir con el sector público en los servicios de educación y la sanidad -el contribuyente decide libremente el centro al que acudir-.

En suma, se desmontó buena parte del modelo socialdemócrata previo y se apostó por consolidar uno de los marcos económicos más liberales del mundo, como acreditan los índices de apertura de la Fundación Heritage o el Instituto Fraser.

El trío Blair, Schröder y Clinton

Para la izquierda europea, el giro de sus socios escandinavos supuso el primer paso en un progresivo cambio hacia ideas más favorables al libre mercado y cada vez más alejadas del socialismo tradicional. En Gran Bretaña, por ejemplo, buena parte del mandato de Tony Blair estuvo marcado por la continuación de las recetas liberales implantadas por Margaret Thatcher y John Major.

El siguiente componente en esta historia llegó por la vía alemana, con el canciller Gerhard Schröder como protagonista. Bajo su mandato, el país teutón abordó sus problemas de competitividad a principios de la pasada década a través de un programa centrado en liberalizar el mercado laboral y reformar los programas de gasto público que afectan negativamente a la creación de empleo.

Desde Estados Unidos, el ejemplo de Bill Clinton también alentaba a la izquierda europea en su giro centrista. El presidente norteamericano impulsó el libre comercio con Canadá y México, bajó algunos impuestos, congeló el crecimiento del gasto público, aprobó medidas de liberalización en sectores cerrados a la competencia, etc.

La era Clinton se caracterizó, en gran medida, por menos Estado y más mercado, si bien es cierto que parte de estos cambios tienen mucho que ver con la presión de los legisladores republicanos, que, entonces, actuaron de manera similar a los parlamentarios del Tea Party, quienes, desde 2010 hasta hoy, han obligado a Obama a olvidarse de muchas de sus pretensiones económicas más intervencionistas.

Valls, Macron y el inesperado giro de Hollande

Hasta ahora, la izquierda política en los países del sur de Europa se mantenían al margen de este giro pro mercado protagonizado por sus colegas del norte, resistiéndose a abandonar sus viejos postulados. Sin embargo, la Gran Recesión ha planteado un interesante reto a este particular inmovilismo, ya que la respuesta a la crisis ha ido cambiando de perfil conforme han pasado los años y el euro ha actuado como una camisa de fuerza que, de una u otra forma, impone el necesario reformismo.

La prueba más evidente es Francia. El país galo eligió como presidente a François Hollande con ánimo de plantear un giro hacia políticas económicas más socialistas. El mandatario francés cumplió sus primeros años en el cargo rodeado de entusiastas de este tipo de políticas, por lo que tanto la agenda regulatoria como las decisiones fiscales se caracterizaron por la hostilidad hacia la economía de mercado. La punta de lanza de esta estrategia inicial era el polémico gravamen del 75% que Hollande defendía para las rentas altas.

Sin embargo, los malos resultados cosechados han obligado al dirigente galo a replantearse el rumbo económico de su país. El principio del cambio llegó con el nombramiento de Manuel Valls como primer ministro. Este giro inauguró una fase reformista marcada por el compromiso de reducir el gasto público en 50.000 millones de euros. Para unas Administraciones que acumulan cuarenta años de déficits presupuestarios, esta poda supone, sin duda, un cambio de tercio y una ruptura con las propuestas de gurús socialistas como Thomas Piketty.

La consolidación del progresivo movimiento de Hollande hacia ideas más liberales llegó en agosto de 2014, con el nombramiento del segundo gobierno de Manuel Valls. En este nuevo gabinete se prescindió de aquellos ministros que se oponían a las medidas de austeridad y liberalización planteados, incorporándose en su lugar técnicos que sí abogan por aplicar este tipo de recetas.

El caso más ilustrativo es el de Emmanuel Macron, que sustituye al díscolo Arnaud Montebourg al frente del Ministerio de Economía. Desde el primer momento, Macron ha dejado claro que pretende establecer una alianza firme con el ministro de Finanzas, Michel Sapin, para "recuperar la confianza de los inversores y de los franceses".

Al hilo de nombramientos como el de Macron, diarios como Les Echos y Le Parisien hablan ya abiertamente de un cambio de Hollande hacia postulados favorables a la economía de mercado. Desde el periódico Libération se apunta que la llegada de Macron servirá para fortalecer "el rigor presupuestario y los lazos con el sector privado". Le Figaro, por su parte, entiende que el nuevo "hombre fuerte" del Ejecutivo "simboliza el giro de Hollande hacia el socio-liberalismo", mientras que Le Monde ve en su desembarco "la llegada al poder del ala derechista del Elíseo".

El tiempo demostrará la profundidad de las reformas que se esperan de Macron. De momento, ya sabemos que fue este joven banquero quien, desde su rol como asesor, convenció al presidente francés de la necesidad de aprobar el programa de austeridad anunciado por Manuel Valls tras su nombramiento como primer ministro.

Esta ronda de recortes también incorpora una importante rebaja de impuestos para empresas y familias, algo que ha fortalecido la imagen de Macron como un ideólogo liberal capaz de tumbar la resistencia al cambio de los sectores más izquierdistas del socialismo galo.

Renzi anuncia rebajas fiscales

Asimismo, el primer ministro transalpino, Matteo Renzi, también parece enmarcarse en una tendencia más favorable a la economía de mercado, por lo que tanto Francia como Italia acaban de iniciar una senda que, hasta ahora, tan sólo había pisado la izquierda del norte de Europa.

Renzi se ha propuesto bajar impuestos a las rentas bajas, reformar el mercado laboral para abaratar y facilitar la contratación, reducir el gasto de las Administraciones, continuar el plan de privatizaciones aprobado por el gobierno anterior, acabar con los privilegios sindicales…

Desde círculos anti-capitalistas, estas medidas han sido recibidas con gran hostilidad. Esto vendría confirmando que, efectivamente, el nuevo Ejecutivo transalpino apuesta por abandonar las posiciones sostenidas hasta ahora por la izquierda italiana, abrazando en su lugar una agenda de reformas basada en promover la libertad económica desde diferentes frentes. El tiempo dirá si esta voluntad se traduce en cambios significativos.

Mientras, desde los partidos de izquierda de España, Grecia y Portugal se observan estos cambios con una mezcla de escepticismo y hostilidad. Al fin y al cabo, el revés que supone el giro liberal de sus homólogos en el resto de Europa, convierte a los socialistas del sur en un anacronismo exótico, anclado en viejas ideas que poco o nada aportan al debate económico en el siglo XX.

Razones para rechazar un ‘QE’ europeo

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

He’s never early, he’s always late, first thing you learn is you always gotta wait, I’m waiting for my man. Velvet Underground

No han pasado ni tres meses desde que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunciase su plan de estímulo para 2014, el famoso TLTRO de 400.000 millones de euros. Pues bien, ya tenemos a muchos inversores y analistas pidiendo un estímulo monetario adicional (QE) que lance las bolsas a la estratosfera para mantener la rentabilidad de unas carteras agresivamente expuestas a renta variable, bajo la débil excusa de “la economía real”.

El problema de pedir estímulos monetarios es que Europa no es EEUU, ni en libertad económica, ni en independencia energética, flexibilidad o apertura. El euro, además, no es moneda de reserva global -se usa en menos del 29% de las transacciones mundiales- . Pero, sobre todo, no hay que olvidar que Europa está donde está después de gastarse 200.000 millones en planes de estímulo, un billón en inyecciones de liquidez, recompras de bonos soberanos, y después aumentar el balance del BCE un 128%. Pero “no es suficiente”.  Sin embargo…

No hay un problema de “deflación”. La inflación subyacente en Europa, excluyendo energía y alimentos, es del 0,9%. Es decir, bajan los precios por la caída del crudo y la comida. Ninguno de esos efectos es negativo. Mientras tanto, no es extraño que la segunda preocupación para los ciudadanos europeos sea “el coste de la vida”. Porque mientras los defensores del inflacionismo nos asustan con miedos infundados de deflación, el transporte, los seguros, la educación, las tarifas y los impuestos siguen subiendo -que son inflación para usted y para mí, pero no para los creadores de ratios recaudatorios-. La inflación no es una causa del crecimiento sino, como mucho, una consecuencia. Intentar crearla artificialmente solo lleva a mayor miseria.

Sobra liquidez y sube la oferta de dinero. La liquidez excesiva en el sistema es de entre 129.000 y 130.000 millones de euros, según el BCE. El organismo inyectará además 250.000 millones de euros del TLTRO en el cuarto trimestre. O sea, que sobra liquidez en el sistema equivalente a casi el 40% del PIB de España, mientras la oferta de dinero en la Eurozona ha crecido un 1,8% hasta un récord de 10 billones de euros. Pero la solución es inyectar más dinero, claro.

Un QE no funciona en una Europa bancarizada.Recordemos que al analizar la “expansión crediticia” en Europa debemos unir Banco Central y bancos tradicionales, ya que la imagen de “lo que hace el BCE” se ve distorsionada si no tenemos en cuenta la peculiaridad de una Europa donde la banca financia el 80% de la economía real. El balance “financiero” se ha disparado entre 2004 y 2014 hasta el equivalente a más del 349% del PIBen la Eurozona, y el del BCE a un 20% del mismo. El Balance de la Reserva Federal es un 25% del PIB de EEUU pero su sistema financiero no llega al 100%. En consecuencia, el “sistema de crédito” es mucho mayor en Europa que en EEUU.

Un problema de exceso de gasto, no de ahorro. Lo último que le faltaba a uno leer es la afirmación del presidente del Banco de Japón. Kuroda segura que el problema es de “ahorro”. Con un endeudamiento privado y público -que sigue por encima del 350% del PIB en la eurozona- un gasto público que ha pasado del 40% al 49% en la UE y los Estados consumiendo déficits anuales del 3% de media… Es un problema de “ahorro”. Paren el tren, que me bajo.

Un gasto publico disparado a 49% de PIB. Es importante este problema porque el gasto público se valora en el PIB a coste, no por valor añadido. Es decir, cuanto más consume el Estado de dicho PIB, menos potencial de crecimiento tiene la economía por la enorme cantidad de gasto corriente financiado con deuda y mayores impuestos -ya que la inversión no cuenta como déficit-.

Un problema de exceso de capacidad. A nuestros líderes se les escucha mucho hablar de planes de infraestructuras. Total, si hacemos otro puente inútil, no pasa nada. Hay un puente. Lo paga usted y sus nietos. La utilización de capacidad productiva en Europa tras años de planes industriales, verdes y excesos es, en media, del 76%. Es decir, tiene un 24% de sobrecapacidad. Gastar no soluciona nada, porque cuando se cuenta con esa sobrecapacidad, los nuevos planes requieren de mucho menos empleo –o ninguno, ya que las empresas ya están semiociosas.

La inflación y la devaluación no son la solución. El euro se ha depreciado alrededor de un 12% desde que Draghi lanzo el TLTRO y no sólo no han mejorado las cosas en Europa, sino que siguen igual. Sin valor añadido, la devaluación hunde la balanza comercial con la subida de las importaciones. Las deudas no se pagan con inflación porque se disparan los precios de lo que compras. Por eso los países inflacionistas no reducen su endeudamiento. Además, no existe correlación empírica entre inflación y empleo, como explico en detalle en mi estudio “Por qué la inflación no es la solución al paro” .

EL “RIESGO DE JAPONIZACIÓN”

¿Riesgo? Ninguno. Certeza. Lo comentábamos hace dos años .Pero la japonización de Europa no empieza ahora, empezó en 2001 con los enormes planes industriales y el exceso de crédito para construir capacidad “porque sí”. Cuando cada país, cada región, casi cada barrio, tenía que tener las mismas infraestructuras, mismo sector financiero, misma capacidad instalada. Y cuando dejamos la estela de ese exceso, el efecto placebo de mejorar ligeramente el empleo se convierte en el efecto embudo de empeorarlo mucho más tras la orgía.

“HAY QUE HACER ALGO”

Lo último que me faltaba leer es que, como los gobiernos no van a reducir el gasto público, ni bajar los impuestos para dinamizar la economía, y con ello atraer inversión y empleo, el Banco Central Europeo tiene que “hacer algo”. Poner cara de velocidad y hacer como que estás muy ocupado, como me decía un buen amigo sobre la gestión de la Unión Europea.

El gas de la risa monetario. Te hace sonreír pero no te cura. La política monetaria no compensa ni sustituye las ineficiencias de los países. Ni crea empleo. Un CEO de una gran empresa española me decía “el BCE te puede llevar al río, pero si no tienes sed no te puede obligar a beber”. Y es que ese es el error de diagnóstico en Europa. No se muere de sed, está empapada hasta el colodrillo, y hasta que no se sustituyan planes intervencionistas de enorme coste por valor añadido y competencia, no crearemos empleo. Sustituir, no añadir.

Eso en una Unión Europea que gasta casi un 0,8% de su PIB en políticas de empleo “activas”y casi el 1,3% en medidas pasivas destruyendo empleo a pesar de planes de estímulo e inyecciones.

El QE (expansión cuantitativa) sólo genera mayor burbuja financiera, retrasa o impide la limpieza de los sectores hipertrofiados y el dinero se va a financiar Estados que no ven necesidad de ser más eficientes, así que derrochan más. Incentiva el endeudamiento y el gasto improductivo, no lo reduce. Las bolsas y bonos que suban o que bajen, pero que no le hagan a usted pagarlo con el cuento del “empleo”.

Le damos un aura mágica a los bancos centrales que no tienen. En Europa necesitamos rediseñar el modelo de crecimiento desde el sector exterior, valor añadido, apertura, control presupuestario y permitiendo absorber y limitar esa sobrecapacidad que nos cuesta a todos en impuestos y subvenciones. No con experimentos monetarios que, además, ya han fallado antes. La solución a los errores no es repetirlos pero más grandes, a lo bruto. Ni decálogos que parecen la carta a los Reyes Magos de un burócrata, ni “esperar a ver” confiando que los tipos bajos enmascaren los problemas estructurales.

La soberbia de los colectivistas

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Es relativamente frecuente encontrar por la calle a gente con la cara del Ché estampada en su camiseta, manifestaciones en las que se enarbolan diferentes símbolos comunistas e incluso partidos políticos que todavía hoy se declaran seguidores de Marx -Carlos, no Groucho- y se enorgullecen de ello. A pesar de que cien millones de muertos los contemplan, gozan de una tolerancia social que, por ejemplo, los seguidores de la rama nacional-socialista -por suerte- no tienen. El colectivismo estatista es un continuo ideológico que supera la brecha entre izquierda y derecha, el socialismo es transversal y desde que desde el centro político se pretender planificar una sociedad de forma coactiva y a través del monopolio estatal solo pueden encontrarse diferentes grados de colectivismo.

El socialismo, además de un error teórico y una fábrica de miseria en la práctica, tiene como punto de partida la soberbia del socialista que se cree mejor que los demás. Autopresume su bondad y cae en la fatal arrogancia para organizar las vidas ajenas sin tener en cuenta ni las consecuencias ni lo que quieren los organizados, a quienes se les presume, en el mejor de los casos, ignorancia, y en el peor, maldad. El colectivista puede planificar la vida social porque él es bueno y sabe lo que los demás necesitan frente a quienes no tienen esa conciencia o son egoístas y avariciosos.

Este desprecio hacia los demás ofrece una ventaja a los socialistas en el debate público en el que se permiten dar lecciones y cuestionar la mera existencia de las propuestas alternativas a las suyas. Las discusiones superan el plano racional y desde su atalaya moral pontifican sobre todo tipo de cuestiones que terminan inmiscuyéndose en la vida de todos. Los mecanismos mentales del progre están más cerca de la fe que de la razón. De ahí su confianza en el mesías/político y las soluciones milagrosas. Esta visión pseudo-religiosa ha sustituido la posición de la Iglesia en el debate público y se apoya en el Estado para convertir su moral en ley.

No obstante, hay principios como la libertad individual y el respeto a la propiedad que ningún colectivismo ha sido capaz de borrar. Esa ansia de libertad es inseparable del ser humano y es el único baluarte que le protege de la servidumbre. Al defender el liberalismo se incide demasiado en la prosperidad social que genera cuando en realidad ser libre siempre es mejor que estar sometido pese a que ello no conllevara más progreso. Por ello, a pesar de esa soberbia en el debate público, los colectivistas esconden siempre sus verdaderas intenciones que chocan frontalmente con la voluntad de libertad y la propiedad individual.

No es de extrañar tampoco que el último invento político que ha conseguido captar la atención de los votantes haya sido una de las marcas blancas del comunismo, ese chavismo con coleta que utiliza a los indignados como organización pantalla para llegar al poder y hacer la revolución desde el núcleo del sistema.

Los colectivistas se permiten el lujo de pasear su soberbia en público pese a sus fracasos debido a que los defensores de la libertad no se los recuerdan suficientemente. Ya lo dijo Jefferson, "el precio de la libertad es una eterna vigilancia".

El cambio de modelo productivo que no llega

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Este jueves el INE hizo públicas las cifras desagregadas del crecimiento del PIB de la economía española durante el segundo trimestre del año 2014. La mayoría de medios han destacado el crecimiento intertrimestral e interanual de la economía -0,6% y 1,2%, respectivamente-, pero mucho más relevante es estudiar la evolución desagregada de sus componentes.

El perfil de la oferta

Comencemos por lo básico: el PIB es el valor de mercado de la producción interna de un país a lo largo de un año o de un trimestre. En el segundo trimestre de 2008 (antes del colapso definitivo de la burbuja), el valor de todo lo que se producía internamente en la economía española era de 273.561 millones de euros; en el segundo trimestre de 2014, es de 257.476 euros: es decir, en seis años hemos acumulado una caída del 5,9% del PIB.

Ahora bien, tal como decíamos, más importante que visualizar lacaída agregada del PIB resulta indagar por la variación sectorial. Al cabo, en 2008 España exhibía un “modelo productivo” absolutamente distorsionado que nos abocaba de un modo inexorable hacia la crisis; la superación de la misma ha de basarse, por necesidad, en un cambio de nuestra especialización sectorial y esa especialización sectorial queda reflejada en el PIB.

En este sentido, la reducción del PIB de 16.085 millones de euros trimestrales se descompone del siguiente modo: la producción de la agricultura, la industria, la construcción, las actividades de información y comunicación, las actividades financieras y las actividades profesionales ha caído en 25.234 millones de euros desde 2008. ¿En qué nos hemos especializado para reemplazar esa pérdida de producción con valor equivalente a 25.234 millones de euros? La producción del comercio, transporte y hostelería, de las actividades inmobiliarias, de la Administración Pública y de otros servicios, así como los impuestos indirectos netos, aumenta en 9.149 millones.

 

Sin embargo, la revalorización registrada por algunos sectores es más que dudosa: las actividades inmobiliarias son en su mayoría rentas imputadas a los propietarios de viviendas, el valor de la producción de la Administración Pública se valora por su coste (es decir, aunque su utilidad sea nula, si el Estado gasta más, el PIB aumenta) y los impuestos netos son una mordida sobre la producción privada. De ahí que la producción de aquella parte del sector privado que crece de manera sana sólo aumenta en realidad en 3.873 millones de euros frente al desplome del resto de la economía privada de 25.234 millones.

El modelo productivo de España, pues, está lejos de haber cambiado. Sólo el turismo (encuadrado en la rúbrica de “comercio, transporte y hostelería”) está compensando realmente el desplome de la actividad acaecido desde 2008: todo lo demás está o estancado o en retroceso.

Es verdad que poco a poco parece que la economía empieza a reajustarse, pero el ritmo es exasperantemente lento: desde el segundo trimestre de 2013, el valor de la producción de la industria ha aumentado en 487 millones de euros, el del comercio, transporte y hostelería en 1.861 millones, el de las actividades profesionales en 382 millones y el de los otros servicios en 193 millones (pero, por el contrario, la agricultura se ha reducido en 477 millones, la construcción en 673 millones, las actividades financieras en 105 millones y los servicios y las comunicaciones en 542 millones).

En principio, parecería que nos estamos empezando a especializar en turismo y ocio, en industria y en servicios profesionales, pero mucho cuidado: industria y servicios profesionales ni siquiera han recuperado los niveles de actividad de 2011, por lo que bien podríamos encontrarnos ante un mero rebote por relanzamiento de la capacidad ociosa existente. Y, en cualquier caso, lo que sí queda lejísimos es que industria y servicios profesionales reemplacen los casi 21.000 millones de euros trimestrales que se ha destruido desde 2008 en construcción y finanzas: al ritmo de expansión del último año, tardaríamos casi un cuarto de siglo en lograr que industria y servicios profesionales completaran este cambio de modelo productivo.

Inversión estancada

Sucede que, para completar el cambio de modelo productivo, España necesita ingentes dosis de inversión. Todo el capital que fue dilapidado en el ladrillo apenas puede reutilizarse en la nueva economía hacia la que debemos dirigirnos, lo que significa que necesitamos bienes de capital completamente nuevos. Para lograrlos existen dos opciones: o producirlos dentro de España o comprarlos fuera de España.

La primera de estas opciones -la producción interna- la tenemos indudablemente abierta: podemos dedicar nuestros factores productivos internos a fabricar nuevos bienes de capital que reemplacen a los inservibles creados durante la burbuja. El problema es que si usamos la producción como inversión no la estamos usando como consumo. Los españoles, por tanto, necesitarían renunciar a consumir una mayor parte de la nueva producción para así poder destinarla a la inversión: es decir, deberían ahorrar más (renunciar a consumir parte de la producción). Sin embargo, no parece que esto esté sucediendo: desde 2010, la inversión en activos distintos de la construcción se ha mantenido estancada entre el 7%-8% del PIB y, una vez superada transitoriamente la quiebra de 2012, ni siquiera muestra robustas tendencias a seguir expandiéndose en términos nominales.

¿España, la Florida de Europa? Más bien, Venezuela o Argentina

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

Los habitantes de Florida que ganan menos de 6.800 euros pagan el 10% de impuestos federales sobre la renta, los que ingresan entre 6.800 y 67.500 € pagan entre el 15 y el 25%, si las rentas son entre 67.500 y 308.000, los tipos se mueven entre el 28 y el 35%, y el tipo máximo es del 39,6% para las rentas superiores a 308.000 euros. En España, mientras, los que ganan menos de 17.700 euros pagan un 24,75% de IRPF nacional, los que ingresan entre 17.700 y 53.400 entre el 30 y el 40%, las rentas de entre 53.400 y 300.000 pagan entre el 47 y el 50% y el que gane más de 300.000 euros tendrá que ingresar a hacienda el 52%.

En el Estado de Florida, los impuestos sobre la renta a nivel estatal están prohibidos por su constitución. En España, todas las comunidades autónomas cobran impuestos sobre la renta a sus habitantes. La comunidad autónoma con menores tipos es Madrid, con un mínimo de 23,9% y un máximo de 51,5% y una de las que más grava, Cataluña, posee un tipo mínimo de 24,75% y un máximo de 56%.

El impuesto de sociedades en Florida a nivel federal es del 15% para aquellas empresas que tengan beneficios inferiores a 38.000 euros. Si son superiores, entre 38.000 y 250.000, tributarían entre el 18 y el 34%; y únicamente las empresas con beneficios por encima de los 14.000.000 pagarán el 35%. A esto hay que sumar que el Estado de Florida tiene un impuesto de tipo único para las sociedades de 5,5% y que las empresas tienen importantes desgravaciones fiscales. Sin embargo, en España, a la espera de la reforma fiscal, toda empresa que obtenga beneficios inferiores a 300.000€ paga el 25% y las que lo tienen superiores, el 30%.

El impuesto sobre las ventas, más conocido como IVA, en Florida no existe para todos los productos y para los que están gravados es de entre el 6 y el 7,5%. En España, este impuesto es del 21%, aunque algunos bienes o servicios tienen un tipo reducido del 10%.

En Florida, el gasto público es de 160.000 millones de euros para una población de casi 20 millones de habitantes frente a los 450.000 millones de España para 47 millones, casi un 20% más por habitante. La deuda pública en Florida es de 170.000 millones y en España hemos llegado la estratosférica cifra de 1 millón de millones o lo que es lo mismo 1 billón de euros.

Los derechos de propiedad son respetados y la corrupción, aunque elevada comparado con otros estados de Estados Unidos, es pequeña si la comparamos con otros países. En España nunca hay suficiente dinero público porque los políticos quieren gastar más y más dinero, los propietarios son maltratados con multitud de regulaciones e impuestos y la corrupción es frecuente .

Las empresas se crean en Florida con bastante facilidad en no más de 5 días, mientras que en España las empresas con capital nacional tardan en torno a 1 mes y las que tienen capital extranjero y tienen suerte, 3 meses.

El mercado laboral en Florida, al igual que en todo Estados Unidos, es bastante libre. La intervención del Gobierno en los pactos privados entre empresarios y trabajadores es casi inexistente mientras que en España está hiperregulado y no existe libertad para contratar o ser contratado en las condiciones que las partes acuerden.

Por estas razones, la renta per cápita de los habitantes de Florida no ha dejado de crecer desde 1990, aunque hubo un retroceso únicamente en el año 2009 debido a la crisis, ascendiendo hoy a 32.000 euros, y la tasa de desempleo es del 6,2%. Por el contrario, España está estancada económicamente, posee una tasa de paro de más del 25% y una renta per cápita de 20.100 euros, un 37% menos que la del Estado de Florida.

España podría ser la Florida de Europa, como muchas personas aseguran, pues posee las condiciones climáticas necesarias para convertirse en un país rico gracias a su potencial turístico tal como hicieron los estados del Sun Belt de Estados Unidos, que crecieron entre 1990 y 2000 por encima de la media nacional. Para ello, habría que disminuir radicalmente el gasto público e impuestos, reducir las regulaciones a la mínima expresión y salvaguardar la propiedad privada y los contratos. Un buen comienzo podría ser crear alguna Startup City disruptiva y libre en España como expusimos en el comentario anterior.

Sin embargo, mientras España sea un país que vive bajo un infierno fiscal, haya escasa libertad económica, donde los políticos tienen barra libre para despilfarrar el dinero de los contribuyentes y se maltrata a las empresas y ciudadanos con un sinfín de trabas burocráticas, dicha posibilidad debe ser calificada de utopía, pues, de seguir así, lo posible y lo probable, sin que ni siquiera llegue a Gobernar la izquierda radical, es que terminemos pareciéndonos a la actual Venezuela o Argentina.

¿Bravo por Obama?

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Este verano sigo con preocupación y curiosidad las noticias sobre las intervenciones "selectivas" de aviones norteamericanos en el norte de Iraq. Desde luego que las atrocidades de ese ejército yihadista del Estado Islámico merecen toda nuestra condena, a pesar de que algunos se empeñen en medio justificar su existencia debido a la ya un poco lejana invasión de Bush o la famosa foto de Las Azores. Resultaría un tanto hipócrita ponderar a Sadam Hussein (como a veces se lee entre líneas) por una supuesta tolerancia (que habría que analizar despacio) con las minorías cristianas o yasidíes que ahora son masacradas violentamente. Yo no soy capaz de comparar la perversidad de uno u otro régimen: solo puedo insistir en la necesidad de establecer sistemas de convivencia en los que se respete la libertad religiosa y civil de unos ciudadanos que, también en el ejercicio de su libertad, decidan quiénes les gobiernan y puedan remover a sus líderes de sus cargos cuando no lo hacen bien. Ésta es una lección que hemos aprendido en Occidente después de tiempo y sufrimientos, y que considero perfectamente transferible al resto de culturas, civilizaciones o creencias religiosas. Como bien ha señalado el Papa Francisco, al que me referiré enseguida, "matar en nombre de Dios es una blasfemia".

La curiosidad que les decía se debe a la coincidencia de haber sido el mismo Presidente americano, que fue elegido por su mensaje de retirar las tropas de Iraq, el que se haya visto obligado a intervenir militarmente allí mismo. Es cierto que por ahora no hay un ejército de ocupación, ni aparentemente daños en la población civil. Por otra parte, las noticias que nos llegan deben estar bastante controladas; al principio incluso escuché en la radio que apenas hubo más que un bombardeo sobre unas piezas de artillería, que se tuvo que repetir para lograr su objetivo. Últimamente parece que la cosa va más en serio, e incluso dicen que Obama se está encontrando con alguna respuesta disconforme en su país.

Confieso que los EEUU me desconciertan un poco: es una sociedad con un sentido de los derechos individuales muchas veces envidiable, pero en la que conviven al mismo tiempo los más aburridos clichés de la progresía occidental. Por eso, no deja de tener un poco de morbo que sea Obama el que haya ordenado esos bombardeos: tampoco me parece el mejor Presidente desde la óptica de quienes defendemos con pasión la libertad, pero al menos quería señalar que en esta ocasión ha sido más valiente que otros muchos (¡si no todos!) gobernantes europeos que se paralizan ante cualquier slogan pacifista que les haga perder popularidad.

¿Dirán entonces que podemos justificar la guerra? De ninguna manera: hace siglos ya dejó escrito Cicerón que en tiempos de guerra se desmorona el orden legal ("silent leges inter arma"); tampoco suele ser una solución útil, como me gusta repetir con esa frase de la que desconozco su autor: "war is a bad business". Pero sí conviene asumir con realismo la naturaleza humana que, frente a las bondades rousseaunianas o los buenismos zapateristas, en muchas ocasiones trata de abusar del prójimo. Para los cristianos, se trata de un efecto del pecado original y el Catecismo de la Iglesia Católica especifica que "el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal" (nº 2264).

¿Dónde están los límites? Pueden leer algunas consideraciones interesantes alrededor de ese punto: la prudencia para intervenir militarmente cuando no haya otra salida o la adecuación de las armas y los medios al peligro objetivo. Incluso se habla, como en aquellos viejos tratados De iure belli de nuestros escolásticos salmantinos, de la necesidad de que "se reúnan las condiciones serias de éxito" (nº 2309): vaya, que puestos a entrar en una guerra, hay que estar seguros de ganarla…! (en fin, no pretendo frivolizar de ninguna forma en un asunto tan grave).

Es por todo ello que no me han extrañado las declaraciones del Papa Francisco a propósito de la situación en Iraq: "es legítimo detener a un agresor injusto". Ya pueden suponer que lo expresaba con toda la cautela que cabe esperar: "no estoy diciendo bombardear o hacer la guerra, sino detener". Eso forma parte del juicio ponderado que reclama la Iglesia a los gobernantes, no solo respecto a cuándo intervenir, sino también a cómo hacerlo. Proponía por ejemplo que "una única nación no puede juzgar cómo debe ser frenado un agresor injusto".

Aquí el Papa me ha recordado una apreciación del Catecismo (nº 2308) que también se encuentra en la doctrina del Vaticano II (Gaudium et Spes): "sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa". Es un tema complejo esto de la "autoridad competente", que nos evoca esas referencias a una "gobernanza mundial" que a veces hemos escuchado desde Roma (mayormente a propósito de cuestiones económicas), y sobre la que personalmente recelo. De lo que no cabe duda, me parece, es que los países representados en la ONU tienen una muy seria responsabilidad moral en la defensa, en estos días, de las minorías cristianas y yasidíes a las que aludía al comienzo de este Comentario.

Aumenta la radicalidad, desciende la libertad

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

 Este fin de semana hemos asistido a uno de los elementos que caracteriza al nacionalismo visceral catalán. Así, un grupo que se arrogaba la representación de Cataluña, simuló disparar a un edil del PPC. Nada nuevo. Se trata de un fenómeno habitual que puede remontarse a los años de liderazgo de Vidal Quadras y que se mantuvo durante la jefatura de Josep Piqué. Entonces (2003-2007), la excusa consistió en que los populares se oponían a la reforma del Estatuto de Autonomía (1979), argucia política con la que el PSC aspiraba a competir en nacionalismo con CIU o ERC.

En aquel entonces, cualquier discurso o intervención pública de quienes rechazaban la reforma, por ejemplo en las universidades, era boicoteada y los ponentes estigmatizados como "fascistas". En paralelo, la izquierda abertzale, la misma que no ha pedido perdón a las víctimas por los crímenes cometidos por ETA, campaba a sus anchas por los diferentes espacios públicos catalanes.

Es previsible que conforme nos acerquemos a la Diada (11 de septiembre) o a la fecha de la supuesta votación separatista (9 de noviembre), los ataques contra quienes no comulgan con los dogmas rupturistas se multipliquen. Igualmente, lo cual es más grave (o surrealista, o contradictorio) quienes los profieran es muy probable que se amparen en el victimismo, expresado en frases del tipo "España no nos comprende".

Si la solución a este embrollo generado por el nacionalismo catalán son pactos particulares (bilaterales) para satisfacer a una de las partes, en este caso a una comunidad autónoma, entonces sí que el error será mayúsculo ya que, por un lado, el nacionalismo es insaciable, y por otro, se agraviará de manera gratuita al resto de entidades territoriales. Este es el gran elemento del discurso nacionalista: conferir derechos a territorios, no a ciudadanos. Y, en íntima relación con esta tesis, delimitar categorías de ciudadanos, de tal manera que unos son de primera y otros de segunda.

La equidistancia de algunas formaciones políticas, en teoría de ámbito nacional, tampoco ayuda a resolver el problema. Precisamente el PSC, que ahora navega sin un rumbo claro, tuvo la posibilidad de alterar el curso de la historia entre 2003-2010. Sin embargo, no sólo no lo hizo, sino que optó por enfatizar su componente nacionalista, menospreciando de este modo a un amplio porcentaje de sus votantes.

Para encarar de manera exitosa la "cuestión catalana" hará falta mucha pedagogía y elaborar un proyecto a largo plazo ya que la herencia de casi cuatro décadas de nacionalismo identitario es difícil borrarlas de la mente de sus ciudadanos. Además, la condescendencia que se ha percibido en muchas ocasiones por parte de los poderes centrales hacia "el nacionalismo moderado" tampoco ayudará.

En este sentido, se han permitido vulneraciones sistemáticas de los derechos y libertades de los ciudadanos por ejemplo a través de la educación o por mejor decir, de la adulteración de la educación. Buen ejemplo de ello es la visión de 1714 que se enseña a los niños en las escuelas o la interpretación de la Guerra Civil española como un ataque de Franco a Cataluña. Se trata de mantras cuya falsedad ha sido puesta de manifiesto por historiadores, periodistas y juristas catalanes pero que, precisamente por ello, han caído en la categoría de traidores.

Finalmente es más que reprochable el escaso protagonismo que se está dando a aquellas organizaciones de la sociedad civil que desde antiguo vienen luchando contra el nacionalismo obligatorio. Si en el pasado fue el Foro de Babel el que recibió la combinación de insultos-ataques por parte del oficialismo, ahora le toca el turno a Sociedad Civil Catalana, entidad que, salvo en determinados medios y columnas, no ve reflejado su trabajo en defensa de la libertad. Por tanto, menos hablar de pactismo o de seny y más potenciar y publicitar a quienes se levantan contra las murallas que se quieren imponer.

Merkel, la peregrina

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El lunes por la mañana, desde el Parador de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, la canciller alemana Angela Merkel, ofrecía una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El presidente desgranó una a una las opiniones y posturas del gobierno respecto a cada una de las noticias y acontecimientos veraniegos: los conflictos armados, Cataluña, Francia, la energía, nada se le ha escapado a Rajoy. Por su parte, Merkel ha estado cariñosa, correcta y ha cumplido con creces para con quienes la han invitado a recorrer parte del Camino de Santiago.

Una conversación natural

Por lo que explicó Rajoy, entre paseo y paseo, arboleda y arboleda, en el incomparable paisaje gallego del Camino de Santiago, hablaron de todo. Se diría que la naturaleza favoreció el encuentro, que las meigas obraron sus beneficios y él y ella, ella y él, se comunicaron, compartieron opiniones, como si fueran amigos de toda la vida. Tanto fue así que Ángela ya ha hablado de los cimientos sólidos de una relación. Entre países, pero relación. Y es que el entorno hace mucho. Dónde va a parar. Entre las frías oficinas de Bruselas pisando moquetas y la alfombra verde de las tierras galaicas, qué elegirían.

En la rueda de prensa, que seguí por televisión y por Twitter a la vez, como debe ser, los periodistas trataban de descubrir mensajes ocultos entre tanta dulzura por parte de ambos. Y fueron saliendo. Merkel apoya a Luis de Guindos como sucesor de Juncker al frente del Eurogrupo. ¿De manera permanente o apoya una presidencia temporal? No se sabe, pero le apoya. Y eso es algo, es mejor que no apoyarle. Que ya imagino que la canciller se ha dado cuenta de que De Guindos es partidario de las políticas “lo-que-sea-menester”.

Es verdad que Pedro Sánchez ha apuntado que mejor buscar trabajo a los españoles que a Guindos, como si su partido no hubiera creado millones de parados y colocado simultáneamente a los ministros salientes dentro y fuera de España. No voy a hacer la lista por no hacer sangre.

También es verdad que hubo manifestaciones protestando por los recortes y la austeridad “a modo Rajoy”, es decir, una austeridad aumentando el gasto, menos, pero aumentando; unos recortes ineficientes, sin disminuir asesores pero tocando las narices.

Los periodistas metieron el dedo en la llaga, como debe ser, preguntando a Merkel por los malos datos de la economía alemana el pasado trimestre y a Rajoy por el referéndum ilegal de Cataluña.

No han respondido mal. Lógico, el abrazo al santo y el paseo por los bosques celtas debe dejar a uno bien templado. Que si los datos alemanes son puntuales, que si podemos seguir confiando en que Alemania va a ser la locomotora de Europa. Que si es un disparate el tema del referéndum, que si no se va a realizar, que si es ir en contra de la corriente unificadora de la Europa del siglo XXI. Sin grandes aspavientos pero con asertividad.

Merkel: dinero y crecimiento

Y así, en medio de tanta paz, de repente Ángela, en un arrebato sublime, al ser preguntados ambos por las medidas presentes y futuras del Banco Central Europeo, ha dicho textualmente: “Hay un error que se repite habitualmente: no es cierto que se consiga más crecimiento con más dinero”. Y habló de los tipos de inversión, de la innovación tecnológica, y de que el dinero no es riqueza.

Y yo recordé a Adam Smith y a todos aquellos quienes, unos cuantos siglos atrás, comenzaron a explicar eso mismo a los mercantilistas, que eran esos empresarios aliados a los gobiernos y a los bancos (¡qué cosa tan moderna! ¿no?). Mis ancestros ideológicos empezaron una cruzada que continúa, una peregrinación a lo largo del tiempo, comparable a lo s esfuerzos de Santiago el Apóstol en la tozuda Península Ibérica. Pero parece que es más rentable electoralmente hacer pensar a la gente que esos cristalinos de colores valen mucho más que el oro de las minas, y así nos venden por razones electorales medidas que devastan nuestra riqueza: la capacidad de ahorrar, de invertir, de crear empleo, de crear riqueza. 

Rajoy, ante esa afirmación de Angela Merkel, ha mantenido un respetuoso silencio. Imagino lo que estaría pensando: “¿Entonces los reyes son los padres?”.

Las alarmantes cifras del ‘infierno fiscal’ español

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta semana hemos conocido que las Comunidades Autónomas han aprobado 84 subidas de impuestos entre 2012 y 2013, pero semejante aumento no fue suficiente para evitar un desplome de la recaudación derivada de los tributos regionales.

Semejante tsunami fiscal no cogerá por sorpresa a quienes siguen desde hace años este tipo de informaciones. De hecho, si ampliamos el campo de estudio para considerar también el año 2011, llegamos a una cifra aún más escalofriante, ya que las autonomías han subido más de 120 veces los impuestos desde entonces hasta 2014.

La creatividad de los legisladores regionales para generar nuevos ingresos fiscales es arrolladora. No en vano, en 2013 conocimos que las Comunidades Autónomas han creado 42 nuevos tributos a lo largo de la crisis, lanzando nuevos gravámenes que se aplican a todo tipo de actividades económicas. En total, la CEOE calcula que hay 100 gravámenes propios ligados a las Haciendas autonómicas, si bien la recaudación que generan no llega al 2% de los ingresos tributarios regionales. 

Sin embargo, el Gobierno central no se ha comportado de forma muy distinta. En círculos empresariales se habla ya de las "50 Sombras de Brey" para referirse al medio centenar de medidas con las que, directa e indirectamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha revisado al alza la factura tributaria que pagan las sociedades españolas. A esto se unen las múltiples subidas de impuestos aprobadas bajo Gobierno de Rodríguez Zapatero: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, Impuestos Especiales…

A nivel local, el escenario tampoco es mucho más favorable para los contribuyentes. El caso más sangrante es el Impuesto de Bienes Inmuebles, un tributo cuya recaudación no ha caído en ninguno de los años de la crisis.

De hecho, el esfuerzo de los contribuyentes para el pago de este gravamen no ha parado de crecer: si en 2008 suponía 8.352 millones, los últimos datos disponibles (2012) elevan esta cifra hasta casi 12.000 millones. Hablamos de un aumento del 53% en apenas un lustro.

Hay regiones en las que las alzas del IBI han sido especialmente drásticas. Los municipios andaluces están a la cabeza, ya que ingresan por este concepto una cantidad equivalente al 1,49% del PIB regional, o lo que es lo mismo 2.100 millones de euros. El segundo lugar lo ocupa la Comunidad Valenciana, con un podio completado por Murcia, donde las subidas del IBI en los Ayuntamientos suponen, de media, un crecimiento del 66%.

Presión fiscal y esfuerzo fiscal

Cuando se analiza la recaudación total de las Administraciones Españolas en comparación con el PIB, vemos que la presión fiscal española se coloca por debajo de la media europea. Esto no significa necesariamente que España sea un país de impuestos bajos, ya que el resto del Viejo Continente se caracteriza precisamente por extraer un alto nivel de rentas del bolsillo de los ciudadanos.

No obstante, la variable clave para analizar la incidencia de los impuestos en el bolsillo de los españoles no es la presión fiscal (recaudación sobre PIB), sino el esfuerzo fiscal (pago efectivo de impuestos sobre la renta de las personas físicas o los beneficios empresariales). Es aquí donde comprobamos que España se coloca a la cabeza de Europa, superando la media continental en un 20%.

¿Cómo se explica entonces que la recaudación total, medida por la presión fiscal, suponga un porcentaje más bajo sobre el PIB? La razón estriba en la estrechez de la base de contribuyentes. Con un paro superior al 25% y miles de empresas quebradas, el esfuerzo fiscal crece enormemente porque quienes cargan con el grueso de la recaudación son cada vez menos personas, mientras que el gasto público que se quiere financiar vía impuestos o deuda no se ha reducido durante la crisis, sino que ha aumentado.

Por tanto, el particular infierno fiscal de España se caracteriza porque un número cada vez más pequeño de contribuyentes (empresas y trabajadores) soporta un nivel de imposición cada vez más alto.