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Gowex, young man!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora que sabemos del fracaso de Gowex, lo que resulta sorprendente es su éxito. El fiasco consiste en que Jenaro, que a estas alturas no necesita apellido para presentarse con todas las credenciales en el comité nacional de cualquier partido político, falseó las cuentas de la empresa, y apuntó ingresos que sólo existían en sus deseos. Convirtió sus pavorosas pérdidas en jugosos beneficios con los que atraer a nuevos inversores.

Es un caso apasionante que muestra porqué el mercado funciona, y porqué la intervención pública no. El negocio: proveer de un servicio gratuito de WiFi. ¿Cuáles eran los ingresos de la compañía? Consistía en firmar contratos con ayuntamientos, y recibir subvenciones comunitarias. En una segunda fase, generaría ingresos vía publicidad. Es decir, Gowex basa su negocio en el dinero público, bien por contratos, bien por subvenciones. No es necesario. Fon, creada por el empresario hispanoargentino Martín Varsavsky, ha puesto en marcha una red a partir del exceso de banda de los router caseros, y la ofrece a los potenciales clientes. Parte de una iniciativa privada, se basa en la aportación voluntaria y remunerada de los ciudadanos, y ofrece los servicios al mercado.

Hay varios actores del mercado que tenían que haber contribuido al control de la compañía, y que han fallado. El primero, los accionistas. También M&A Auditores, encargada de auditar las cuentas de la empresa. Ernst & Young, una de las consultoras que son pareja de baile obligada por el mercado organizado de acciones, MAB. El propio Mercado Alternativo Bursátil. Y los bancos, que prestaron 30 millones de euros. Todos tienen algo en común. Salen, cada uno de ellos, perdiendo, si fallan en el control de la empresa, como ha sido el caso.

Luego está la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es un organismo público, que controla los agentes del mercado para proteger a los inversores de fraudes como Gowex. La CNMV ha fallado aquí, como lo hizo antes con Pescanova, y antes con Bankia, y antes… A la CNMV ni le va ni le viene su propio fracaso. Es más, en cuanto se pone de manifiesto su incompetencia, aprovecha la ocasión para señalar que lo que se necesita es más control; es decir, más CNMV. Nada que no hagan el resto de los organismos públicos: aprovechar sus fracasos para crecer aún más.

¿Quién ha acabado con este engaño? Una empresa, Gotham, cuyo negocio consiste en contar la verdad. El mecanismo es el siguiente: Vende acciones de una empresa en una fecha futura, a un precio acordado. Luego presenta un informe que da cuenta de la situación real de la compañía, lo que hunde la cotización de la misma. Cuando llega el plazo, compra las acciones al nuevo precio, y las vende por lo que pactó con el comprador. Es un movimiento especulativo que favorece que se imponga la realidad del mercado, y se paralicen las estafas a los inversores. Lo que la CNMV ni sabe ni quiere hacer, lo hace una empresa especulando, y con el beneficio como objetivo.

Jenaro se ha equivocado de profesión; tenía que haberse dedicado a la política, donde su capacidad de arruinar a los demás haciendo grandiosas promesas se premia. Mariano Rajoy lo ha condecorado como “empresario modelo”. Gowex, young man, era el llamado de los políticos, que se hacían fotos con Jenaro. ¡Qué gran acto de justicia! Jenaro es el gran modelo del empresario español, más atento al BOE y a las conexiones políticas que a las necesidades de la gente.

Inmigración (XIII): Hacia el Estado panóptico en los EEUU

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“Entonces la cuestión es saber qué odian más los conservadores: bien un gran gobierno o bien los trabajadores indocumentados. Si es lo primero deberían cesar de beber el veneno restriccionista. Y si es lo segundo, deberían dejar de fingir que son partidarios de un gobierno limitado”. Shikha Dalmia. 

“El comportamiento humano ha desafiado casi siempre los planes mejor intencionados”. Daniel Tichenor.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein.

“De aquí a 20 años será obvio que los ‘baby boomers’ necesitarán a los jóvenes inmigrantes. No sólo California tiene escasez de trabajadores sino el país entero.” Dowell Myers.

 

Los norteamericanos suelen celebrar con orgullo su pasado como nación de inmigrantes, pero temen su inmigración actual. Es uno de los asuntos más controvertidos en dicho país. Los políticos republicanos son partidarios de mayores restricciones y controles de la misma. Quieren a toda costa que el asentamiento de personas extranjeras que vengan a trabajar a su país sea un proceso largo, selectivo y excluyente. Asimismo apoyan, como buenos nativistas, las detenciones y expulsiones compulsivas para aquellos que se salten ese proceso.

Como ya hemos visto, construir un muro en la frontera sur del país no detiene realmente el flujo migratorio, simplemente lo hace invisible (clandestino). Las personas que arriesgan su propia vida para llegar a los EE UU no son fácilmente disuadidas con reglamentos o patrullas fronterizas. Millones de personas quieren llegar y otros tantos empleadores quieren contratarlos. En vez de procurar más canales legales y promover la inmigración legal, se opta por erigir mayores barreras e impedimentos. De la misma forma en que altos niveles de tributación alientan la evasión fiscal o elevados aranceles incitan el contrabando, draconianas restricciones a la inmigración fomentan el traspaso ilegal de las fronteras.

Incomprensiblemente los conservadores abdican de sus convicciones (tal vez porque no son demasiado profundas) en torno a las bondades y la ética del mercado. Perciben al inmigrante llegado a los EE UU como un abusador que utiliza la economía americana como si fuera una simple vaca lechera y no como una tierra de oportunidades para que pueda realizar su contribución y progresar por sí mismo trabajando duramente en beneficio de toda la sociedad.

La esperada reforma migratoria

Las leyes de inmigración llevan sin revisarse en los EE UU más de veinte años. Las masivas deportaciones de inmigrantes clandestinos empiezan a ser ya socialmente inasumibles. El argumento económico a favor de la inmigración hace tiempo que es abrumador en el gremio de los economistas. La reforma del sistema se hizo ya patente en tiempos de Bush. No obstante, el advenimiento del 11-S sirvió de coartada para sabotearla y, so pretexto de salvaguardar la “seguridad nacional”, seguir con el régimen restriccionista a la inmigración.

Desde que Reagan “amnistió” a tres millones de inmigrantes indocumentados, las leyes de inmigración americanas y los controles sobre la población inmigrante se han incrementado progresivamente. Bush intentó en 2007 introducir una reforma migratoria así como un programa de trabajadores huéspedes pero su falta de convicciones claras al respecto y su propio partido impidieron que se llevaran a efecto. El Congreso americano no afrontó la necesaria reforma del sistema migratorio. Es un tema complejo que levanta ampollas.

Actualmente se estima que hay más de once millones de inmigrantes clandestinos. Ocho son mexicanos, casi dos millones son del resto de Centroamérica y del Caribe, otro millón más son asiáticos y unos 300.000 son de origen europeo. El 65% de ellos lleva viviendo más de 10 años de forma continuada en suelo americano. No se les ocurre ni en sueños traspasar la frontera por temor a no poder regresar a sus trabajos o junto a sus familias o allegados en los EE UU.

Obama prometió antes de ser presidente llevar a cabo la tan ansiada reforma y dar una salida digna a los trabajadores indocumentados. Su reforma avanza demasiado lentamente. Esto no ha sido óbice para que durante su mandato las fuerzas y cuerpos de seguridad americanos hayan aumentado significativamente las deportaciones de inmigrantes clandestinos; el número total de expulsiones alcanza los 400.000 deportados por año (en época de Bush eran unos 250.000). Para que nos hagamos una idea, es como si se expulsara el total de la población de la ciudad de Bilbao y Portugalete juntas, o la de Las Palmas de Gran Canaria o la de Palma de Mallorca anualmente de forma ininterrumpida. El que diga que no es necesario reformar en serio el desquiciado sistema migratorio de los EE UU es que no quiere afrontar la realidad.

Pese a que se anda cocinando desde hace más de dos años una nueva reforma sobre la inmigración en los EE UU, los procelosos trámites legislativos americanos y la cabezonería republicana impiden que por el momento salga para adelante.

Mientras, leyes contra inmigrantes en Arizona y Alabama 

A la espera de que se apruebe la reforma migratoria, los legisladores conservadores, deseosos de “hacer algo” al respecto y jaleados por organizaciones antiinmigración (como la hiperactiva FAIR), han ido aprobando sus propias leyes -por llamarlas de algún modo- en los Estados donde gobiernan.

Así, en abril de 2010 la gobernadora de Arizona promulgó una ley (la SB 1070) que convierte en delincuentes a los inmigrantes indocumentados. Esta ley permite a la policía detener e interrogar (stop and ask) a cualquiera si se tienen “sospechas razonables” de que es indocumentado. Da también derecho a los ciudadanos a instar a los agentes del orden a realizar controles sobre los inmigrantes. La aplicación de esta ley tiene un tufo de discriminación racial y animosidad étnica innegables por mucho que los políticos representantes de dicho Estado lo nieguen. Se tensa la costura de los derechos civiles de sus ciudadanos. Esto sin contar con la aplicación obligatoria en dicho Estado del sistema de verificación del status del futuro trabajador (mediante el programa E-verify) y de la conocida sanción como Business death penalty (cierre del negocio) para aquellas empresas que sean reincidentes en la contratación de trabajadores indocumentados (illegals).

Por su parte, el gobernador de Alabama, a pesar de contar dicho Estado con un bajo porcentaje de inmigrantes, aprobó a mediados de 2011 su propia ley de inmigración (la HB 56). Es una de las más restrictivas de los EE UU. Obliga a todo ciudadano a llevar encima en todo momento su documento de identidad (es algo bastante inusual en los EE UU), tipifica como delito el transportar o el rentar una vivienda a un inmigrante indocumentado y anula cualquier contrato firmado con el mismo. Además, requiere a las escuelas públicas llevar censos de sus alumnos para saber quiénes tienen o no documentos (comunicándolo al Estado) e incrementa muchas de las sanciones propuestas en su día por la legislación de Arizona de 2010.

Con legislaciones estatales en la mano como las de Arizona o Alabama es una felonía hacer negocios, establecer relaciones laborales, arrendaticias o contractuales de cualquier tipo con extranjeros “ilegales”, es decir, indocumentados. Es profundamente irónico que Estados que en el pasado violaron –mediante la ley- los derechos humanos para mantener dentro una fuerza laboral negra, barata y esclavizada estén haciendo de nuevo ahora algo parecido pero en sentido inverso: expulsar a una fuerza laboral mestiza, barata… y deseosa de trabajar.

Las consecuencias previsibles de estos dislates no se han dejado esperar: éxodo de inmigrantes (legales y clandestinos) a otros Estados menos opresivos y un poco más hospitalarios, pérdida de miles de puestos de trabajo y economías resentidas en Arizona y Alabama, obviamente.

Pese a esto y a que algunas de las más disparatadas medidas de estas dos leyes hayan sido bloqueadas por el Tribunal Supremo a instancias del Departamento de Justicia estadounidense por interferencia constitucional con la política federal, lo fundamental permanece intacto. Otros Estados (Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah) han seguido el ejemplo de Arizona y Alabama. La demonización continua por parte de los políticos conservadores hacia los latinos (el sector del electorado estadounidense de más rápido crecimiento) evidencia la voluntad de sacrificar poder electoral a largo plazo para la auto-preservación del mismo a corto.

Como criminales, pero con menores derechos 

A los conservadores les encanta decir de manera hipócrita que no están en contra de la inmigración sino sólo contra aquélla que es clandestina, pero reduciendo al mismo tiempo todo lo posible las opciones a los extranjeros para trabajar y vivir legalmente en su país. Cualquiera que haya tenido que vérselas con el aparato burocrático de inmigración de los EE UU sabe que uno acaba perdiendo su status de legal antes o después. La intrincada y severa regulación de la inmigración penaliza al que quiere cumplir con las reglas y es casi imposible no terminar violando alguna de ellas (es lo que suele ocurrir con las malas y prolijas regulaciones).

La ICE (Inmmigration and Customs Enforcement) y demás cuerpos y fuerzas de seguridad americanas (incluidas las locales) tienen encomendada, bajo la denominada Sección 287(g), la aplicación implacable de las normas de inmigración. Han de cumplir todos con dicho mandato, especialmente tras los sucesos del 11-S, hayan sido o no capacitados para ello. Las detenciones de inmigrantes, por ende, han aumentado de forma muy acusada en la última década.

Es preocupante la situación legal de los inmigrantes indocumentados. A pesar de cometer una ofensa civil (haber traspasado la frontera ilegalmente), se les trata como si hubieran cometido una ofensa penal; peor aún, porque no tienen los mismos derechos que los criminales encarcelados: se les detiene sin plazo definido (puede ser más de un año al no aplicárseles el habeas corpus), carecen de abogado de oficio (aunque pueden contratar uno privadamente) y se les obliga a costear su estancia en prisión hasta que llegue el juicio para su deportación. Los juzgados que tratan los asuntos de inmigración no están sometidos a las mismas reglas de procedimiento que las cortes penales. Según la American Bar Association, los jueces de inmigración aplican la ley de forma inconsistente y sesgada a favor de las directrices federales.

Oficialmente, los esfuerzos de la ICE y demás fuerzas de seguridad deberían enfocarse en deportar a aquellos inmigrantes que hayan cometido un delito. Sus actuaciones y redadas lo desmienten. Según el think tank Migration Policy Institution, entre 2003 y 2008 sólo el 27% de los inmigrantes arrestados tenían antecedentes criminales de cualquier tipo. Igualmente, los informes del Departamento de Homeland Security (DHS), controlador del ICE, indican que dos tercios de los inmigrantes encerrados por el ICE no tienen historial criminal alguno y muchos pueden llevar varios años trabajando sin papeles en los EE UU. El abuso de autoridad es serio.

Está claro que desde hace tiempo la aplicación efectiva de las leyes de inmigración en los EE UU no trata a los inmigrantes en general como cumplidores de las leyes sustanciales que tan sólo mantienen disputas civiles o administrativas con el gobierno federal, sino que se les trata peor que a los criminales, con todo lo peyorativo y deshumanizante que eso significa.

“Que hagan la fila como los demás” (republicanos)

Uno de los mantras más repetidos en contra de la inmigración clandestina es que supone un agravio comparativo para aquéllos que están haciendo los trámites legales y esperando pacientemente a que les den respuesta a su solicitud. Se arguye que es parecido al que se salta la fila delante de una ventanilla. La realidad es diferente: los que logran visado de entrada para trabajar o residir en los EE UU son sólo personas cualificadas o con características especiales.

Si exceptuamos a los trabajadores agrícolas, para el resto de trabajadores no cualificados no hay apenas posibilidades de que obtengan visado. Para ellos no existe ventanilla alguna en donde poder hacer la cola. Cuando se recurre al símil de la fila es una forma cínica de echar bolones fuera y de no afrontar el problema de forma honesta.

Lo sorprendente es que los EE UU no tiene una tasa especialmente elevada de inmigrantes si se le compara con otras naciones prósperas. El reconocimiento de una gran fuerza laboral venida de fuera con deseos de ponerse en acción podría ser muy beneficioso para la economía estadounidense.

“Que se les reconozca la nacionalidad” (demócratas)

Los demócratas saben jugar bien sus cartas en torno al tema de la inmigración. Reclaman, con razón, que es un sinsentido mantener en el país durante tanto tiempo una bolsa tan grande de trabajadores clandestinos (muchos llevan viviendo más de 10 años en suelo americano).

Sin embargo, en vez de proponer lo más efectivo, a saber, la flexibilización de todo el sistema restrictivo de inmigración actual para favorecer y extender la entrega del permisos o visados de trabajo (la codiciada green card) para los futuros trabajadores inmigrantes, se enfocan en la amnistía de los actuales indocumentados y en la concesión de la nacionalidad a los mismos, a sabiendas que los republicanos entrarán al trapo, torpedearán dicha medida o será negociada a cambio de mayores recursos para los controles y fiscalizaciones federales de todo tipo. Al final los demócratas serán los buenos de la película y los republicanos, los malos, como de costumbre cuando se aborda este asunto, pero los problemas seguirán sin solucionarse ni enfocarse como es debido.

Al no proponer una liberalización propiamente dicha, lo que demuestran los demócratas es no querer arreglar realmente el problema de la inmigración en los EE UU, sino tan sólo les interesa ganar votantes mediante la “legalización” de los inmigrantes presentes ya en suelo americano. Los que consigan la nacionalidad quedarán muy contentos pero las cosas se les pondrán aún más difíciles todavía a los futuros inmigrantes y a los empresarios o ciudadanos americanos que deseen o necesiten contratar con ellos en el porvenir.

La aspiración del inmigrante que arriba a los EE UU generalmente no es la nacionalidad, ni las prestaciones sociales, ni el poder participar en las votaciones o ser miembro de un jurado; lo que quiere de verdad es salir de una situación desesperada, trabajar duro y ganarse la vida.

La Banda de los Ocho propone más de lo mismo

El año pasado un comité bipartito del Senado, conocido por el nombre de la Banda de los Ocho, lanzó un proyecto de ley en el que se puede atisbar ya por dónde irán los tiros caso de que se lleve adelante: dar prioridad a los controles en vez de a la liberalización de las leyes migratorias.

Esta reforma va a arreglar verdaderamente pocas cosas (amnistía de los indocumentados) y va a complicar muchas otras más (mayores partidas presupuestarias para las agencias estatales como la DHS, gastos compulsivos para la seguridad fronteriza, mayores poderes federales a expensas de los Estados y, lo peor, la introducción a nivel federal del programa E-verify).

Los republicanos –incluido el Tea Party- caen en flagrante contradicción cuando denuncian que el gobierno federal es demasiado ineficiente e incompetente para gestionar el servicio de correos o el cuidado de la salud (Obamacare) pero piensan que está cualificado para controlar el paso de la gente a lo largo de sus miles de kilómetros de frontera o para llevar a cabo el chequeo laboral de unos doscientos millones de trabajadores en el interior del país. Hasta ahora las medidas restriccionistas de la inmigración no han tenido éxito pues no ha impedido una inmensa inmigración clandestina. La Banda de los Ocho propone las mismas medidas de siempre… y espera un resultado diferente.

Ni siquiera los gobiernos totalitarios pueden controlar las fuerzas subyacentes que mueven los flujos migratorios de las personas. Pueden influir en hacerlos o no visibles (legales o clandestinos), crear mayor o menor sufrimiento en ello, pero nunca impedirlos.

Extender el E-verify a todo el país 

Uno de los asuntos estrella del proyecto de reforma de la ley de inmigración americana será la extensión a nivel federal de la verificación del status legal de los futuros trabajadores antes de ser contratados en cualquier empleo. La novedad es que afectará a todos (inmigrantes y propios americanos). A día de hoy sólo es obligatorio en unos pocos Estados.

Con la reforma se requerirá a todas las compañías norteamericanas, so pena de fuertes sanciones, el gastarse unos 150 USD por cada verificación vía Internet contra una gigantesca base de datos federal acerca del status legal de cualquier candidato potencial a ser contratado. Esto es una tasa en toda regla que grava el empleo. Esto sin contar con los numerosos problemas que puedan ocurrir por la aparición de falsos positivos que impidan o retrasen la contratación de personas “idóneas” (según criterios de los burócratas) pero que, a resultas de errores o bases de datos no actualizadas, aparezcan como indocumentados.

Un país luchando aún por salir de una prolongada recesión, con un desempleo todavía elevado, lo último que necesita es otro requerimiento federal que haga más dificultosa la contratación. Es justo lo que el programa E-verify va a suponer cuando se instaure en todo el país. El gobierno cuando pretende resolver un problema, suele crear otro aún peor.

En un mercado libre, las necesidades del empleador determinarán quién y cuántos inmigrantes son necesarios y no los criterios de los burócratas federales en cada momento que, cuando se trate de la inmigración, deberían limitarse a controles de seguridad.

Los EE UU, a pesar de contar con una sociedad civil extraordinaria e innovadora, va camino de convertirse desgraciadamente en un gran supervisor de los comportamientos e interacciones de sus contribuyentes. Una gran maquinaria escudriñadora tendente al Estado panóptico.

Lo peor no es que este obsesivo control de los inmigrantes cree innecesario sufrimiento o que se esté incurriendo en un coste de oportunidad inmenso, sino que incrementales restricciones a la facultad de los empleadores por contratar a trabajadores, de los arrendadores por arrendar sus propiedades o de cualquier americano por pactar o intercambiar con extranjeros venidos de fuera se da de bruces con el libre mercado y aparta un poco más a los EE UU de sus orígenes como tierra de oportunidades y de fecunda libertad.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.

Por más que lo repitan sus entusiastas votantes, Podemos no puede

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Aunque sus votantes hablen más o más alto, más orgullosos o con más entusiasmo, Podemos no puede; aunque tengan mucha visibilidad en prensa y televisión, salgan cada poco a la calle a manifestarse, acampen en la misma Puerta del Sol, rodeen el Congreso o intenten acallar la voz de otros políticos entre gritos e insultos, Podemos no puede; por más que sus dirigentes vendan la piel del oso antes de cazarlo para arengar a la tropa con cánticos de victoria, Podemos no puede. Por una simple razón: son una minoría cuyas ideas no representan el sentir mayoritario del pueblo como pretenden aparentar. Y en democracia eso es todo lo que importa.

Fruto del sistema electoral acordado en la transición, el comunismo siempre ha tenido una influencia marginal en la política española a través de sus partidos políticos, y únicamente ha decidido elecciones generales prestando o dejando de prestar sus inquietos votantes al Partido Socialista. Resistiéndose, a pesar de todo, a diluirse como el fascismo para superar las ideologías totalitarias como un drama del pasado.

Así, tras los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo —con el fracasado golpe de estado del 23-F por medio— el PSOE de Felipe González se alzó con la victoria en las elecciones generales de 1982, apoyado por una mayoría de los votantes comunistas. Que, a diferencia de la anterior convocatoria, optaron por el pragmatismo del voto útil para conseguir el primer gobierno de izquierdas de la democracia.

No sería hasta 14 años después, que el centro-derecha español logró reagruparse entorno al Partido Popular para volver al poder. Cuando en 1996, José María Aznar se sirvió de la pinza con Izquierda Unida —liderada por Julio Anguita— para echar a Felipe González de la Moncloa. Los socialistas estaban envueltos entonces en varios escándalos de corrupción y en los crímenes de estado cometidos por el GAL. Y la pinza formaba parte de la estrategia de sorpasso, con la que IU aspiraba a reemplazar al PSOE como partido referente de la izquierda. Al final, lejos de sobrepasar a nadie, sus inflexibles planteamientos desencadenaron la escisión de algunas federaciones regionales y de la corriente Nueva Izquierda, llevando a los comunistas a un largo declive hasta su mínimo electoral, situado en el 2.7% del censo.

En 2003, a pesar de comulgar con la ideología política más sanguinaria de la historia, los comunistas escondieron sus camisetas del Che en el cajón, se enfundaron la camiseta del "No a la guerra" y salieron a la calle para evitar que Rajoy sucediese a Aznar como presidente del gobierno. Quien, ignorando la voluntad de la mayoría, había involucrado a España en la Guerra de Irak para apoyar a George Bush, el por entonces archienemigo de la izquierda mundial. Así, con el protagonismo de los artistas de la ceja, aprovecharon la incompetencia de los populares en la gestión del desastre del Prestige y de los atentados del 11-M, para movilizar a todo el electorado de izquierdas y hacer presidente a José Luís Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004.

Estando la izquierda en el poder, explotó la burbuja inmobiliaria, propiciando el pinchazo de la coyunturalmente hinchada recaudación con la que se habían financiado los caramelos populistas de Zapatero: cheque bebé, renta básica de emancipación, reparto de VPO a modo de regalo o lotería, primas a renovables, innumerables subvenciones a industrias deficitarias, etc. Tras incrementar la deuda pública del 36,3% al 70,5% del PIB en solo cuatro años, hasta agotar la capacidad de financiación de su gobierno con disparates keynesianos como el Plan E —las desgraciadas "políticas de crecimiento"— y el mantenimiento del hipertrofiado aparato estatal y autonómico que se había consolidado en la época de bonanza, sus acreedores le cerraron el grifo. Empezaron entonces los recortes, haciendo aflorar el amargor encapsulado en los dulces que había repartido, cual negligente cigarra que olvida lo largo y duro que puede ser el invierno.

Se presentaba así un escenario inédito para los comunistas, que tenían demasiado reciente en la memoria la última legislatura de Aznar, al que ellos habían aupado al poder. Y se sentían traicionados por Zapatero, que ya sin margen de maniobra, se había doblegado a los acreedores internacionales rebajando el sueldo de los funcionarios, congelando las pensiones y rescatando cajas de ahorros con dinero público, para impedir una quiebra en dominó y el impago de su deuda. A cambio, España se salvaba de la quiebra formal y mantenía el acceso al mercado de crédito para financiar sus deficitarios presupuestos.

Ante la magnitud de la tragedia, IU no parecía representar un arma útil para influir en el devenir del país. Y el 15 de Mayo de 2011, indignados por el previsible triunfo de Mariano Rajoy en las siguientes elecciones generales, algunos colectivos de la izquierda más combativa solo vieron una salida: echarse a la calle con los lemas "Democracia real ya!" y "No nos representan", escenificando su negativa a asumir su verdadero peso en un PSOE que se desmoronaba y en la sociedad española. Comenzaron así unas manifestaciones que culminarían con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid y la formación del Movimiento 15-M.

Partidos como UPyD y Ciudadanos, que habían nacido durante el mandato de Zapatero por el descontento de algunos socialistas con la deriva nacionalista del PSE y el PSC, supieron pescar en aguas revueltas y recolectar parte del voto más centrista que abandonó el PSOE.

Al calor del Movimiento 15-M, también surge una nueva generación de líderes comunistas como Alberto Garzón, cuyos agresivos planteamientos revolucionarios y sus artículos de pseudo-economía para legos, disfrazados de verdad científica al estilo marxista, hacen fervor entre sus seguidores en internet y pronto se encarama a la dirección de Izquierda Unida.

Pablo Iglesias, otro de esos jóvenes líderes, admirador de Julio Anguita y consciente de la incapacidad del apolillado discurso de IU para ampliar la base social del comunismo, decide poner en práctica una idea más posibilista para revivir la ilusión del sorpasso. Así, aprovechando el tirón del eslogan "Yes we can" de Obama, trata de vestir la mona de seda en sus intervenciones televisivas. Su estrategia consiste en superar el lastre que suponen la palabra comunismo y los partidos hasta ahora lo representaban, desplegando una calculada retórica, digna de Goebbels, para reclamar todo el voto disperso de la variopinta izquierda anticapitalista. Nace así el fenómeno Podemos.

Con propuestas que sobrepasan a IU por la izquierda, como la renta básica universal, pretenden comprar el voto de una generación de Ni-Nis que además de no estudiar ni trabajar, tampoco votan, pero sí ven mucha televisión y parecen fácilmente maleables para dar ruido a cambio de la promesa de recibir una paguita, movilizando al resto de la izquierda. El objetivo es servir de nexo entre el voto del proletariado más rancio que representa IU y un PSOE realineado a la izquierda respecto a aquel que rescataba entidades financieras con el dinero del pueblo, para formar un frente amplio que se haga con el gobierno. Siendo así la "palanca de cambio" que vire el rumbo de la política española hacia la izquierda. El hecho de que propuestas como la RBU sean irrealizables carecería de importancia, supuesto que en caso de tomar parte en un gobierno serían minoría y tendrían fácil justificar una posición pragmática ante sus bien adoctrinados votantes.

Pero las matemáticas electorales de Podemos están tan viciadas como las que, ignorando la imposibilidad del socialismo, sustentan sus planteamientos de economía dirigida. Los comunistas no supieron hacer las cuentas en la transición, donde los partidos minoritarios fueron condenados a la marginalidad, ni las saben hacer ahora.

Como demostraron las últimas Elecciones Europeas, su principal caladero electoral se encuentra en los votantes más activos del ala izquierda del PSOE. Esos comunistas que no se pierden ni una cita electoral pero tras el desengaño del sorpasso volvieron al voto útil que hizo presidentes tanto a Felipe González como a Zapatero. Y ahora, decididos a tropezar una vez más con la misma piedra, se han dejado seducir por la mesiánica misión de Pablo Iglesias para abrir un proceso constituyente que instaure la dictadura del proletariado en España y termine con la casta.

A Podemos, como al resto de partidos minoritarios de ámbito nacional, cada escaño le costará entre el doble y hasta siete veces más votos que a PP, PSOE y nacionalistas. De forma que, por cada escaño que ganen IU, Podemos o UPyD con antiguos votantes del PSOE, los socialistas pierden 2 o más asientos, generando un balance negativo para la representación de la izquierda.

A la luz de estos datos, es fácil entender el antagonismo tan visceral que profesan los de Pablo Iglesias a Rosa Díez y el boicot a sus actos. La existencia de UPyD como sumidero de más de un millón de votos socialdemócratas, hace prácticamente imposible que el frente de izquierdas del que habla Podemos participe en el gobierno de España. También desactiva su capacidad para tirar de un desorientado PSOE hacia la izquierda de forma duradera, como les gustaría.

No parece tarea fácil, además, subir a un mismo barco a todos los votantes de izquierdas, en la tesitura de decidir si el objetivo es librarse de los rentistas que viven de su plusvalía, o crear una nueva clase de rentistas, para incrementar su cuota electoral con votos comprados, emulando la Andalucía del PER. Tampoco parecen ponerse de acuerdo si Andalucía y Extremadura deben participar en la redistribución de la renta de regiones más ricas como Cataluña, o solo el proletariado de cerca merece chupar de ese bote. Y es que esto de la izquierda es un concepto muy amplio, que coincidiendo en un punto elemental: hay que robar al rico, dista del consenso sobre todo lo demás.

Mientras el voto de centro-derecha permanezca activo y unido como en los últimos veinte años —no hay mejor combustible y aglomerante que el miedo a unos comunistas y nacionalistas crecidos—, solo es posible un gobierno de izquierdas en España con un una representación de los comunistas en mínimos y un PSOE moderado que recupere a sus antiguos votantes refugiados en UPyD y abstencionistas. Basta comprobar cómo aunque que a Rajoy no le fue suficiente con un 39.94% del voto para gobernar en 2008, Aznar fue presidente con solo el 38.79% en 1996. La diferencia: una Izquierda Unida en mínimos con 2 escaños, o cerca de máximos, con 21 escaños.

Con su indignación, convertida en ilusión vana por un líder populista, los votantes de Podemos se están imponiendo como penitencia un mandato del señor Rajoy tan largo como duren sus delirios de poder. 

No al BIC del Oasis

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

JOSÉ Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, considera que «es de justicia y un gran logro para Gran Canaria» la posible declaración de BIC del entorno del Oasis de Maspalomas. Esta declaración sería un atentado a la propiedad privada y a la libertad de empresa, y, por lo tanto, al interés general y la justicia. No se trata de la protección de un palmeral, que en cualquier caso no se iba a ver perjudicado, más bien todo lo contrario (por mucho que se haya hecho propaganda con maquetas 3D), sino de un caso más de intervención pública que atenta contra la seguridad jurídica, pues unos empresarios con una licencia dada han visto cómo ésta ha sido revocada por una decisión política que ha paralizado una importante inversión y la posibilidad de crear una gran cantidad de puestos de trabajo en Gran Canaria. Hasta el vicecanciller alemán, según la prensa, ha trasladado su queja al Gobierno, a través del ministro Soria, por la inseguridad que crea este conflicto.

Este dislate, propio de repúblicas bananeras y políticos populistas, ha dañado la imagen de Canarias en el exterior y desincentivado posibles inversiones futuras. Cualquiera que desee realizar una inversión en la zona, construyendo o regenerando un inmueble, se lo pensará dos veces debido a los nuevos y tortuosos trámites burocráticos y podría verse chantajeado por burócratas y políticos para conseguir sus licencias, pues allí donde hay intervención pública este tipo de corrupción suele aflorar. Además, quienes se planteen invertir tienen que saber que aunque se tramiten sus proyectos dentro de la legalidad, estos pueden ser paralizados, demorados o cambiados por decisiones de políticos. Por lo que el deterioro de este lugar y la escasez de oferta turística de calidad están garantizados, pues si algo buscan los empresarios es seguridad jurídica y celeridad en los trámites administrativos.

Por otro lado, la protección del Oasis tendría un efecto perjudicial para la consolidación de una de las mejores zonas turísticas de Gran Canaria, Meloneras. Frente a lo que algunos puedan pensar, la competencia no sólo es buena porque te hace madrugar más temprano, sino que además puede servir para mejorar los resultados de tu propio negocio. Si se regenerara el deteriorado ámbito del Oasis, los grandes beneficiados serían los empresarios de la zona, pues verían cómo todo el entorno atraería a más turistas al convertirse, probablemente, en la mejor zona turística de Gran Canaria.

El caso Oasis es un atentado a la justicia y perjudica enormemente a Canarias y muy especialmente a Gran Canaria. Esperemos que por una vez el Gobierno de Canarias mire por nuestros intereses, ya que el Cabildo de Gran Canaria y su gobierno no lo han hecho, y diga no al BIC del Oasis.

Una ciudad disruptiva, una Startup City libre para España

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

“El futuro de la libertad está en las ciudades como Hong Kong”. Giancarlo Ibargüen.

 

Index of Economic Freedom establece a Hong Kong como la economía más libre del mundo.

Fuente: The Freeman.

Los últimos 20 años se han caracterizado por un importantísimo avance tecnológico. Los principales cambios han venido de la mano de las disrupciones acuñadas por Clayton M. Christensen. Estas innovaciones son las que han conseguido competir en el mercado satisfaciendo la demanda de los consumidores con menores precios y en muchos casos desplazando o marginando la tecnología preexistente. La telefonía móvil, las compañías aéreas de bajo coste, las tiendas de ropas de precios más accesibles, los restaurantes de comida rápida o la educación online son muchos de los ejemplos de las que han triunfado.

Gracias a estos avances, los software son cada vez más funcionales e inteligentes, muchos servicios son gratuitos en Internet, es más fácil encontrar nichos de mercado, las habilidades demandadas para encontrar un trabajo o crear una empresa pueden ser aprendidas en muchos casos de forma gratuita online y, lo más importante, es más fácil empezar nuevos negocios que satisfagan y generen riqueza al conjunto de la sociedad tal como ha expuesto recientemente John Chisholm en la revista Forbes. 

Innovación Disruptiva, por C. M. Christensen.

Fuente: http://www.claytonchristensen.com/.

Sin embargo, nuestras ciudades, nuestro mejor invento, que nos hacen más ricos, inteligentes, saludables y felices, como expone Edward Glaeser en su libro “Triumph of the City”, y sin las cuales no podríamos hablar de sociedades desarrolladas, no han sido capaces de mantener el ritmo de la tecnología. Se han intentado crear las smart cities o ciudades inteligentes, pero éstas no han tenido ningún tipo de éxito. La principal causa de por qué estas ciudades u otras son incapaces de seguir a las tecnologías o no se han desarrollado tecnológicamente es: la planificación central de las mismas mediante infinidad de leyes, planes y trabas administrativas. 

Pirámide o cascada coactiva de planeamiento por G. Calzada y G. Melián.

Fuente: Procesos de Mercado.

Las ciudades españolas son un claro ejemplo. Las leyes urbanísticas de este país son tan pésimas como las que impiden crear nuevos negocios, pues éstas prohíben crear nuevas ciudades o transformar las existentes libremente. Es totalmente imposible que ciudades planificadas centralizadamente con impuestos desorbitados, ingentes trabas administrativas para las empresas y un modelo económico basado en el gasto público y el subsidio puedan convertirse en un Silicon Valley urbano repleto de tecnología o transformarse en un lugar de oportunidades para las personas con menos recursos, como pueden ser Hong Kong o Singapur (donde, por cierto, una asociación industrial promueve el uso de bitcoin).

Estas regulaciones están llevando a las ciudades españolas a la decadencia. Sin embargo, un grupo de emprendedores, de esos que cambian el mundo para convertirlo en un lugar mejor, junto con la Universidad Francisco Marroquín, han puesto en marcha una idea de ciudad disruptiva con el fin de poder sacar de la pobreza al mayor número de personas posibles. Proponen fundar una ciudad modelo o libre con leyes propias, mínima regulación e impuestos bajos o inexistentes en algún lugar de centro o sur América. La idea no es otra que la de crear las condiciones legales y de seguridad para atraer nuevos empresarios o inversores que creen riqueza y una importante cantidad de puestos de trabajo.

La idea disruptiva de las ciudades libres podría ser definida como una gran startup incubadora de nuevas ideas empresariales y empresas creadas por multitud de empresarios. De hecho, recientemente, el término de ciudades libres o freecities se ha ido abandonando y ha sido sustituido con una gran aceptación por el de Startup Cities al crearse el Startup Cities Institute. Éstas ofrecerían el entorno preciso para la creación de nuevas empresas o startups que proporcionarían innovadoras opciones en productos y servicios, crearían un gran número de puestos de trabajo e impulsarían la innovación y el crecimiento económico.

¿Qué pasaría si la política avanzara al ritmo de la tecnología?

Fuente: Startup Cities Institute.

Las nuevas ciudades tecnológicas y disruptivas harían una importante competencia a las existentes y, al igual que Hong Kong consiguió abrir los mercados en China y el país se vio beneficiado con la llegada de capitales extranjeros, la contratación de mano de obra y los desarrollos tecnológicos, allí donde se instalen estas nuevas ciudades las consecuencias serían las mismas: mayor libertad y riqueza.

Honduras ha sido el primer país en cambiar su constitución para permitir crearlas, con lo que se logrará incluir a los pobres en el crecimiento económico, dar a los empresarios las herramientas que necesitan para que sus ideas prosperen y ofrecer a aquellos que más lo necesitan una oportunidad de vida mejor. Ya han sido muchas las grandes empresas, como Goldman Sachs o la Fundación Abu Dhabi para el Desarrollo, las que han mostrado su interés por instalarse en esta futura ciudad hondureña. El futuro es incierto, pero si consiguen llevar a cabo esta iniciativa, podrán convertir la zona en uno de los lugares más prósperos del mundo.

Hong Kong en Honduras.

Fuente: The Economist.

España tiene las condiciones ideales para crear una Startup City. Es una de las puertas de Europa tanto para África como para América y cuenta con un clima extraordinario. Son muchos los que creen que podría convertirse en la Florida o California de Europa, pero esto será imposible si no se crean las condiciones de libertad económica y seguridad jurídica necesarias. Por ello, la creación de una nueva ciudad de las características mencionadas podría ser una gran oportunidad para España y Europa.

España, ¿la California de Europa?, por Domingo Soriano.

Fuente: LibreMercado

Cualquier lugar de España sería bueno, pero si me dieran a elegir, escogería un lugar de las Islas Canarias. Éstas, antes de pasar a ser una de las regiones más pobres de España con una tasa de paro por encima del 30% y una economía subsidiada e hiperregulada, fueron un puerto franco con un futuro muy prometedor. Su estratégica localización geográfica, su excelente clima y sus recursos naturales, más aún si se termina descubriendo petróleo, hacen de las Canarias un lugar ideal para localizar una Startup City o ciudad disruptiva. 

País Vasco y Navarra disponen de un 80% más de financiación por habitante que el resto de regiones

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

En su tradicional mensaje de los sábados, el presidente estadounidense Barak Obama ha acusado a las empresas de su país de trasladar su residencia fiscal a otros países para no pagar impuestos. ¿Su argumento? La madre de todos los argumentos: el patriotismo económico.

Una de cal y otra de arena, pero en distintas unidades de medida

Mientras que, al comienzo de la regañina, el presidente Obama ha apuntado que las empresas de su país han creado casi diez millones de nuevos empleos en los últimos dos años y cuatro meses, y que gracias a eso el desempleo está tan bajo como en el año 2008, ha sido después, cuando ha sacado el espinoso tema de la residencia fiscal, cuando ha puesto en duda el patriotismo de las mismas. ¿En qué quedamos? ¿Son muy patriotas cuando crean empleo y a la vez muy anti patriotas cuando trasladan la residencia por razones fiscales? ¿O solamente lo segundo? ¿Y cómo se mide el grado de patriotismo? Porque las mismas razones que llevan a una empresa a despedir gente, explican que contraten personal y también que intenten beneficiarse de las rendijas legales para pagar menos impuestos: el afán de lucro.

Podemos considerar que el afán de lucro en sí mismo implica ser menos patriota, atributo que a mí me cuesta definir, pero eso de que a veces sí y a veces no, en función de mis necesidades como gobernante, es como poco, un disparate. No hay que olvidar el varapalo que el coste sanitario y su eficiencia está suponiendo para el prestigio presidencial. Según la empresa Rasmussen, hay un 53% de la población que desaprueba su actuación, y el descrédito está a un nivel muy alto. El presidente Obama contaba con un fuerte apoyo allá por el año 2008, u su peor momento lo vivió en septiembre del 2010 cuando un 58% de la población desaprobaba su gestión. Desde entonces se ha mantenido en torno a ese 53% que marca hoy el Rasmussen Report.

El patriotismo económico presidencial

Lo que más me llama la atención es que, reconociendo la labor generadora de empleo, y que son pocas las grandes empresas que tratan de pagar menos en lugar de pagar más, Obama les amenaza con algo que ya sucede y por razones que podrían volverse contra él.

Si, por un lado, reconoce que hay empresas dispuestas a renunciar a la ciudadanía “made in USA” para establecer la residencia de sus empresas en países con una fiscalidad más amable, por otro lado, considera que hay que negar esa ciudadanía, a la que ya están renunciando. ¿Cómo va a impedir que esas empresas residentes en el extranjero tengan menos volumen de negocio en Estados Unidos? No quiero ni pensarlo.

Y luego está el tema ético-legal. Si un presidente está decidido a “hacer algo” porque “aunque sea legal, está mal” (palabras de Obama) respecto a la decisión libre de dónde establecer una empresa privada, ¿en qué más casos va a considerar que la ley permite inmoralidades y va a actuar por encima de la ley? Si no queda claro este punto, uno puede imaginarse que no es Barak Obama quien afirma sino Nicolás Maduro o Bin Laden. Da miedo ¿no?

Para él, el patriotismo económico incluye actuaciones tendentes a “reducir el derroche generado por las lagunas fiscales para invertir en educación o en capacitación laboral, que beneficia a todo el mundo”. Genial: ¿qué decir del presupuesto militar? ¿del déficit presupuestario? ¿del derroche gubernamental?

Y en términos más generales ¿qué hacemos con los políticos anti patriotas en el sentido de Obama? Me refiero a los nuestros. Porque ya imagino las caras compasivas con los ojos emocionados de la progresía española pensando: “Esto sí que es un presidente progresista, ¡hombre ya!”. A esos, les preguntaría cómo de anti patriota es el presidente, los ministros, asesores, directores generales y demás, que han generado un 26% de parados. Y lo mismo respecto a quienes han construido paso a paso un monstruo de deuda pública que vamos a arrastrar por generaciones.

No conteste ahora, cuando la cercanía de las elecciones nos sitúa en el mundo feliz de las hadas y los elfos, hágalo después del 2015 cuando aterrizaremos de mejor o peor manera, en la realidad.

Obama: patriotismo económico a la vista

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Ni Cataluña, ni Madrid, ni Andalucía. Si alguna región tiene derecho a reclamar los titulares tras la publicación de las balanzas fiscales, ésas son Valencia y Baleares. Según los cálculos del equipo de Ángel de la Fuentepresentados este miércoles en el Ministerio de Hacienda, esta dos comunidades son las que sale más malparadas con el actual modelo de financiación autonómica y con el reparto de ingresos y gastos de los últimos años.

De acuerdo a sus datos, la "financiación media a competencias homogéneas" entre las quince comunidades del régimen común ascendió en 2011 a 2.077 euros per cápita. Sin embargo, para Baleares esta cifra caía hsata los 1.790 euros y para Valencia a los 1.804 euros. ¿Y quiénes salían más beneficiadas? Pues curiosamente, quitando el excepcional caso de Ceuta y Melilla, hablamos dos de las regiones más ricas de España. Aquellas que no pertenecen al régimen común: País Vasco (3.868 euros) y Navarra (3.414 euros). El privilegio de la foralidad, que defienden con tanto ardor las dos comunidades, parece que sigue dando réditos.

En realidad, como apuntamos el miércoles, los resultados de las balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda eran bastante previsibles. En general, existe una fuerte correlación entre la renta per cápita de las regiones y su saldo positivo o negativo. Así, Madrid y Cataluña están entre las que más aportan a la caja común, algo lógico teniendo en cuenta que también son dos de las autonomías más ricas.

 

 

Balanzas fiscales

Sin embargo, dentro de este panorama, esta correlación no se cumple en todos los casos. Como puede verse en el anterior gráfico, existen regiones que están bastante alejadas de la línea que marca la relación entre financiación y renta. Sobre todo, llama la atención la situación de País Vasco y Navarra. Dos de las autonomías con una renta per cápita más elevada están también entre aquellas con un saldo positivo (reciben más de lo que aportan). El regimen fiscal de las provincias vascas y de Navarra siempre ha sido polémico. Y con estos datos encima de la mesa no sería extraño que se reabriese el debate sobre su excepcionalidad.

Financiación y saldos

Los datos de las que más se ha hablado estos días probablemente son los 16.723 millones de euros de saldo negativo de Madrid y los 8.455 de Cataluña. Sin embargo, al final esto son sólo las cifras totales del sistema y no dicen demasiado sobre el diseño del sistema de financiación o su justicia. Como ya hemos dicho, en prácticamente cualquier país del mundo, lo normal es que las regiones más ricas paguen algo más.

Por eso, para ir un paso más allá de la mera exposición de los grandes números, Ángel de la Fuente ha publicado en Fedea, el organismo del que es director, una segunda parte del estudio de las balanzas fiscales, junto a Ezequiel Uriel (de la Universidad de Valencia) y Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza). Los autores han preferido mantener al margen este informe del oficial que puede consultarse en la web del Ministerio de Hacienda, entre otras cosas porque contiene algunos elementos de opinión y análisis de los datos que no parecía conveniente mezclar con las cifras oficiales. Sin embargo, en realidad buena parte de la miga de las famosas balanzas fiscales, que tanto tiempo se llevaban esperando, se encuentra en esta segunda parte y en los cuadros finales del informe oficial, los que incluyen los datos del gasto territorializable.

Quizás lo más sencillo sea comenzar con la tabla correspondiente a la "Financiación regional a competencias homogéneas per cápita". Es decir, cuánto recibe cada región suponiendo que todas ellas tuvieran las mismas obligaciones para con sus ciudadanos. Como puede verse, destaca una cifra por encima de todas, los 4.231 euros de Ceuta y Melilla. Pero más allá de estos dos casos, que cualquiera puede entender que son excepcionales, son muy llamativas las cifras de las dos regiones forales. Mientras la media nacional es de 2.077 euros, País Vasco alcanza los 3.868 euros y Navarra los 3.414 euros.

Financiación a competencias homogéneas

La siguiente tabla va un paso más allá y ajusta estos datos a las diferencias en el coste de los servicios públicos entre las diferentes regiones. También tiene en cuenta el esfuerzo fiscal y la financiación observada tras el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias normativas. En este caso, la media de las regiones de régimen común se ha establecido en 100. Mientras, las dos regiones forales alcanzan un nivel de 180 (160 para Navara y 185,9 para el País Vasco). Es decir, que estas dos autonomías tienen un 80% más de recursos por habitante que las demás para hacer frente a sus servicios públicos.

Financiación a competencias homogéneas ajustada

En lo que tiene que ver con la financiación autonómica (una cuestión que no equivale a las balanzas fiscales) las cuentas son las que pueden verse en la siguiente tabla. Los cálculos se han hecho simulando cómo habría quedado cada autonomía si hubiese recibido la misma cantidad de recursos por habitante ajustado. Así, en esta clasificación Valencia y Andalucía, con 1.893 millones y 1.687 millones negativos, son las más perjudicadas en términos absolutos. Como puede verse en la última columna, para el caso de la comunidad levantina, los autores creen que se podría eliminar el 93,8% de su déficit fiscal sólo con que recibiese lo que le corresponde.

Sobrefinanciación autonómica

11.365 millones

Sin embargo, a pesar de todos estos datos, los propios autores apuntan en la parte final de su trabajo que estamos hablando de un problema relativamente acotado. Así, en el epígrafe de conclusiones, aseguran que "aproximadamente dos tercios de tales saldos se deben simplemente a que en los territorios más ricos se pagan más impuestos por habitante que en los pobres. El tercio restante proviene de la distribución del gasto público y aquí sí que hemos encontrado indicios claros de cosas preocupantes, aunque de una escala en principio manejable".

Aquí es donde debería centrarse el esfuerzo. Es el llamado gasto territorializable, aquellos programas cuyos costes y beneficios sí se distribuyen con una lógica territorial. Hablamos del "gasto territorializable en sentido estricto, esto es, la financiación regional y local, el gasto en infraestructuras y transporte, las ayudas regionales y el gasto en servicios colectivos o de ámbito local como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana" y también de aquellas "peculiaridades regionales en la normativa tributaria que permiten a ciertos territorios disfrutar de sustanciosas rebajas fiscales que, a los efectos que aquí nos interesan, habría que considerar como ayudas regionales".

Componente ‘problemático’ saldos fiscales

El resumen de este gasto territorializable "potencialmente problemático" puede encontrarse en el anterior cuadro. Como vemos, hablamos de unos 11.365 millones de euros, poco más del 1% del PIB, una cantidad relativamente sencilla de afrontar. De esta cantidad, 8.811 millones corresponde a gasto ejecutado de forma poco equitativa entre las regiones y 3.475 a los regímenes fiscales especiales de los que disfrutan las dos comunidades forales, Canarias, Ceuta y Melilla. El resultado final en términos per cápita apunta a una infrafinanciación de Valencia de más de 800 euros por habitante y de 638 euros para el caso de Murcia. En el lado positivo, aparecen País Vasco (2.070 euros por habitante de sobrefinanciación), Navarra (1.479 euros por habitante) y Canarias (1.289 euros), junto al caso previsible de Ceuta y Melilla. La conclusión de los autores es que

"una mayor igualdad en la distribución de las partidas de gasto e ingreso de carácter territorializable sería sin duda deseable desde el punto de vista de la equidad. Un buen sitio para empezar sería con una reforma en esta dirección de los sistemas de financiación territorial, con especial atención al caso foral. Tampoco estaría de más una evaluación crítica de los programas existentes de ayudas regionales, tanto por el lado del ingreso como por el del gasto, con el fin de determinar si estos están alcanzando sus objetivos y si lo están haciendo a un coste razonable".

El cálculo del cupo

En lo que hace referencia a los regímenes forales, existen dos cuestiones diferentes que en ocasiones se solapan. Por una parte está la discusión acerca de si este sistema diferenciado está justificado o no. Pero más allá de ese debate, lo primero que deberíamos preguntarnos es si, ya que existe, al menos está bien calculado. Es decir, si lo que aportan estas regiones al conjunto es lo que debería ser o si además del régimen legal especial tienen ventajas derivadas de concesiones políticas durante la renegociación de las cantidades que cada año se transfieren.

Éste no era el objeto del informe sobre balanzas fiscales. Pero el profesor De la Fuente ha tratado la cuestión en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Y su conclusión es que no estamos sólo ante un problema de diseño del modelo, sino también de aplicación práctica del mismo. Por ejemplo, en 2011, en su intervención ante la Comisión que el Parlamento catalán formó para el estudio de un nuevo modelo de financiación, denunció que no sólo el cupo vasco sería imposible de ampliar a otras regiones, sino que uno de sus problemas era que no estaba bien calculado. Es decir, que como recoge Mikel Buesa en su blog, "se está aplicando de forma incorrecta y enormemente ventajosa, por tres razones":

  • "El sistema ha eximido a las regiones forales de contribuir al sistema de nivelación interregional a través del que el Estado aporta recursos a las regiones de menor renta con el fin de que éstas puedan prestar servicios similares a los de territorios más ricos. Esta exención ha reducido la aportación del País Vasco a las arcas estatales en 1.790 millones de euros anuales, según datos de 2007".
  • "La valoración del resto de las competencias estatales no transferidas al País Vasco está enormemente sesgada a la baja. Las cifras que se ofrecen sin explicación alguna en un anexo de una página a la última Ley quinquenal del Cupo suponen, en mi estimación, una reducción adicional del cupo de otros 1.740 millones de euros".

  • "El tercer problema tiene que ver con un ajuste en principio técnico que se realiza para conseguir que cada administración se quede con la parte del IVA que en última instancia soportan sus ciudadanos (y no con la que se ingresa físicamente en su territorio, que puede ser muy distinta). Los cálculos necesarios para realizar el ajuste se realizan utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. Según mis cálculos, esto supone otra rebaja de la aportación vasca a las arcas estatales por importe de 950 millones de euros".

En opinión de este experto, "si la ley del Concierto se aplicase de una forma razonable y la aportación vasca se incrementase en las cantidades previamente señaladas, el País Vasco pasaría a tener un déficit fiscal casi acorde con su renta y su financiación por habitante estaría en 102 con la presión fiscal observada, lo que posiblemente habría que elevar hasta el entorno de 110 si el cálculo se hiciese a igual normativa fiscal. En cualquier caso, la financiación vasca estaría dentro del rango observado para las comunidades de régimen común en vez de muy por encima del mismo, como es el caso actualmente. Una cosa es el sistema foral per se, y otra muy distinta la forma específica en la que este se ha aplicado, con resultados escandalosamente favorables para el País Vasco y Navarra. El sistema foral en sí no es un buen sistema, aunque podría ser soportable como una anomalía restringida a una pequeña parte del territorio español".

Las cajas eran banca pública

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Trece mil millones de euros nos ha costado a los contribuyentes españoles tapar los agujeros de Catalunya Bank. Moderada calderilla para un país donde el estatismo militante ya generalizó el adagio de que "el dinero público no es de nadie". Y no siéndolo, claro, cómo no caer en la tentación de enterrarlo y dilapidarlo en cualesquiera alocados proyectos del gusto de nuestros iluminados próceres.

Acaso por ello parte de nuestros políticos –desde Podemos hasta una parte del PSOE– hayan optado por auspiciar una nueva vuelta de tuerca en el dispendioso panorama financiero patrio reivindicando el retorno de la banca pública. Sí, de la banca pública: un modelo de entidad financiera aparentemente ignoto en nuestro país.

A la postre, ¿cuáles son los rasgos esencialmente característicos de un banco público? Primero, que esté controlado por el Estado. Segundo, que su gestión no se oriente a maximizar beneficios, sino a proporcionar crédito en condiciones laxas a personas que lo necesiten. Tercero, que se socialicen pérdidas y ganancias. ¿Se les ocurre alguna modalidad de entidad financiera cuya existencia se haya basado en tales principios? En efecto: las multiquebradas cajas de ahorros. 

Las cajas de ahorros eran fundaciones privadas de interés social cuya asamblea general estaba normalmente copada por representantes de las corporaciones municipales y de las administraciones autonómicas donde se hallaban ubicadas. De ahí que fueran los propios gobiernos autonómicos y municipales los que determinaran la composición de sus consejos de administración, habitualmente repletos de apparatchiki de las distintas formaciones políticas. El control de las cajas de ahorros por parte del Estado era, pues, máximo: las cajas se convirtieron en los brazos financieros de los mandatarios regionales de turno.

De hecho, la gestión de las cajas no se orientaba a maximizar ningún privativo beneficio de unos inexistentes accionistas: las cajas de ahorro españolas se caracterizaron por situarse a la vanguardia de la concesión del crédito hipotecario y promotor durante el boom del ladrillo en condiciones abiertamente laxas y antieconómicas. Lo importante no era ganar dinero, sino maximizar el crédito otorgado a familias, empresas y administraciones públicas. Al cabo, los beneficios obtenidos a resultas de tan imprudente actividad eran, por un lado, destinados a reforzar las reservas de la entidad y, por otro, reinvertidos abnegadamente en la comunidad a través de la obra social.

No había, por consiguiente, beneficios que fueran privatizados: las ganancias o bien se quedaban en la propia caja o bien regresaban a la sociedad. Pero, evidentemente, la banca pública no consiste solamente en socializar beneficios, también en socializar pérdidas; y eso fue lo que terminó sucediendo con los milmillonarios quebrantos de nuestras cajas: que fueron cargadas a las espaldas de todos los contribuyentes.

Así las cosas, cuesta distinguir las cajas de ahorros de la banca pública: ambas están controladas por el Estado, ambas mantienen unos estándares laxos de concesión de crédito y ambas se asientan sobre el principio patrimonial de socializar pérdidas y ganancias. Acaso se alegue que las cajas de ahorros fueron víctimas de una corrupción político-empresarial generalizada que las llevó a convertirse en un instrumento para el latrocinio de la casta que las dirigía y de quienes pastoreaban a su alrededor. Pero justamente ese es uno de los riesgos ciertos a los que se expone todo órgano estatal (tal como vienen denunciando desde antaño los economistas liberales de la Escuela de la Elección Pública): el riesgo de que el órgano estatal sea capturado por los burócratas que lo dirigen y por los lobísticos buscadores de rentas que intentan instrumentarlo a su favor; y el riesgo de que, al ser capturado por ellos, se convierta en un mecanismo para transferir riqueza desde unos contribuyentes explotados hacia unos cuadros explotadores. En suma: que las cajas degeneraran en herramientas al servicio de las élites extractivas no desmiente su naturaleza de banca pública, sino que más bien la confirma.

No, el estrepitoso fracaso de la banca pública (de las cajas de ahorros) no debería llevarnos a reclamar más banca pública, sino la completa separación entre banca y Estado: lo que no sólo pasa por acabar con las entidades financieras controladas por nuestros políticos sino, sobre todo, por eliminar todos los múltiples y distorsionadores privilegios que el Estado otorga a los bancos, ya sean éstos públicos o privados.

Extraña rendición ante el mercado libre

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

El periodista y escritor Javier Reverte aludió en ABC al fracaso europeo, "que tiene dos caras: la de un capitalismo que ha vuelto a recuperar sus hábitos de voracidad despiadada y la de una ideología socialdemócrata que no ha sido capaz de sujetar las riendas al desbocado capital financiero". Diagnosticó así la situación de los socialistas: “su rendición a los dictados de las leyes del mercado ha supuesto una capitulación sin condiciones” de su idea original de “conciliar la libertad con la justicia social”, y el resultado ha sido que "la riqueza es hoy más poderosa que los gobiernos". Aquí hay tres errores.

Veamos primero la piedad capitalista. Uno podría recaer en las habituales caricaturas de los capitalistas malvados, pero lo que no puede hacerse nunca es dar a entender implícitamente que la perversidad censurada depende críticamente de la institución que es objeto de censura. Digamos, si afirmamos que el capitalismo es despiadado y no decimos nada más, estamos sugiriendo que el no capitalismo rebosa de piedad. El señor Reverte no puede no saber que esto último no es verdad, porque las instituciones del capitalismo –la propiedad privada y los contratos voluntarios– han sido más o menos quebrantadas en el planeta en el pasado, y nada permite concluir que su quebrantamiento está asociado con más piedad que su preservación.

El segundo equívoco estriba en diseñar el perfil de la impiedad capitalista. Don Javier presume de diagnosticarlo: el capitalismo era menos voraz pero ahora es más voraz. No hay forma de probar esto seriamente. Si el capitalismo fuera más voraz nunca habría permitido que sus beneficios fueran expropiados; al contrario, habría arrinconado al Estado y habría reducido su tamaño, peso y poder. Asombrosamente, eso es lo que dice el señor Reverte que ha sucedido: "La riqueza es hoy más poderosa que los gobiernos". La verdad es justo la contraria, porque nunca los Estados han sido más grandes, nunca las regulaciones han sido más intrusivas, nunca los impuestos han sido más elevados.

El tercer error se refiere a la socialdemocracia. Cualquiera que la conozca mínimamente sabe que no es cierto que se haya "rendido" al mercado libre. Ningún socialista de ningún país jamás ha hecho tal cosa, y, al contrario, todos los socialistas del mundo reivindican un papel importante del Estado que limite el mercado libre, y cuando gobiernan llevan a la práctica esa idea, como hemos visto reiteradamente en España y muchos otros países.

Por fin, la noción de "conciliar la libertad con la justicia social" jamás ha sido una idea peculiar del socialismo sino la cálida ficción que ha amparado el crecimiento del Estado, o que al menos ha bloqueado su reducción apreciable, en todos los países y bajo todas las ideologías de todos los partidos.

Talento e impuestos: una apuesta perdedora

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Cristóbal Montoro era un hombre feliz el pasado 20 de junio, cuando presentó su esperadísima reforma fiscal. El ministro de Hacienda apareció ante los medios con un puñado de cuadros en los que se iban desgranando los detalles del proyecto. Y de todas las tablas con las que adornó su exposición, probablemente en ninguna se detuvo tanto tiempo como en la que mostraba el ahorro en los rendimientos del trabajo que conseguiría cada contribuyente según su nivel de renta.

Según las cuentas de su departamento, todos los trabajadores españoles pagarán menos IRPF en 2016 que en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa. ¿Todos? Bueno, todos no. El ministro repitió en varias ocasiones (con cierto tono de orgullo) que sí habrá un pequeño grupo de asalariados que saldrá de la legislatura pagando más que cuatro años antes.

Como puede verse en la siguiente tabla, aquellos que ganen más de 100.000 euros tendrán una factura fiscal en el IRPF de 2016 superior a la de 2011. No es mucho (del 0,5% al 1,5% aproximadamente), pero Montoro asegura que es la demostración de que las medidas del impuesto han sido siempre "equitativas", para que el que más gane no sólo pague más, sino que cada vez soporte una parte mayor de la recaudación. La retórica de castigar al rico no es privativa de Podemos o IU.  

El problema es que cuando uno toma decisiones fiscales desde el Gobierno, los ciudadanos también responden. Del mismo modo que una subida en los impuestos al tabaco reduce el consumo de cigarrillos, un incremento en la tributación al trabajo perjudicará a la creación de empleo. Y si se trata de impuestos a los grandes sueldos, pues serán este tipo de profesionales los que se alejarán, un poquito más, de España.

En este sentido, resulta curioso que, los mismos políticos que se pasan el día hablando de nuevas tecnologías, inversión en I+D+i, innovación, emprendedores o atracción del talento, mantengan luego, sin mover un músculo, un argumentario sobre los impuestos que penaliza exactamente a los más brillantes trabajadores de esos sectores.

No nos engañemos: los mejores investigadores, científicos, ejecutivos o empresarios también son los que más cobran. Su trabajo, capacidad y talento les proporciona un sueldo elevado y quieren quedarse con el mayor porcentaje posible del dinero que legítimamente han obtenido. Si España quiere competir con otros países para atraer ese talento, con todos los benéficos efectos que eso generaría en términos de riqueza o productividad, no hay duda de que la política fiscal será determinante.

Talento, deporte y fiscalidad

No es fácil medir exactamente cómo afecta una subida en los tipos marginales del IRPF a los mejores ingenieros, abogados o informáticos. Estas profesiones agrupan a cientos de miles de personas con diferentes categorías salariales, remuneración fija y variable, beneficios empresariales, etc… Además, un trabajador normal tiene muchos otros motivos además de los impuestos para elegir uno u otro lugar de residencia (cercanía a grandes centros de negocios, cuestiones familiares, idiomas,…)

Sin embargo, sí existe un grupo de profesionales de alto nivel adquisitivo que puede servir, al menos de forma aproximada, para un análisis estadístico de cómo reaccionan los grandes sueldos a las subidas de impuestos: los deportistas. Para empezar, su número es relativamente manejable, hablamos de cientos de personas, no decenas de miles. Además, de nuestros grandes atletas, especialmente los que juegan en deportes de equipo, conocemos bien sus sueldos y su trayectoria profesional año a año. Son trabajadores con mucho talento y cada poco tiempo son tentados por diversas empresas de su sector. Normalmente, tienen que tomar decisiones en uno u otro sentido varias veces a lo largo de su carrera. A primera vista, parece una muestra estadística casi perfecta.

En EEUU, además, lo tienen aún más fácil, puesto que allí existe la figura del agente libre: ese jugador de las grandes ligas (NBA, NFL, MLB, NHL) que cuando acaba su contrato con una franquicia tiene absoluta libertad para elegir destino. El español Pau Gasol, por ejemplo, ha estado en esta situación este verano.

Con este planteamiento, es factible analizar cómo afecta la tributación del Estado en el que esté radicado el equipo elegido. Evidentemente, no sólo los impuestos determinarán la decisión final. Cualquier deportista valorará el proyecto del equipo, sus posibilidades de ganar títulos y también, por qué no decirlo, el impacto publicitario de la ciudad o la franquicia. Vamos, que no es lo mismo para las marcas que sus jugadores vistan la camiseta de los New York Knicks que la de Minnesota Timberwolves.

En cualquier caso, sí pueden extraerse algunas conclusiones. Por ejemplo, este artículo de The New York Times recoge dos estudios muy esclarecedores sobre el tema. En el primero, de James Alm, Bill Kaempfer y Edward Batte Sennoga, se analizan las decisiones de los agentes libres de las grandes ligas de béisbol. La conclusión es que, manteniendo el resto de variables constantes, una subida de un punto en el impuesto sobre la renta provoca que el equipo de ese Estado tenga que pagar a su fichaje entre 21.000 y 24.000 dólares más al año. Puede parecer una cantidad pequeña en comparación con los presupuestos de las grandes franquicias, pero hay que recordar que puede haber varios puntos de diferencia entre los IRPF de dos estados (en España, por ejemplo, hay hasta siete puntos entre las autonomías con los tipos marginales más altos y los más bajos). Y además este incremento de salario lo lógico es que se extienda a buena parte de la plantilla (al menos todos los que lleguen como agentes libres).

En la NBA, se produce una situación algo distinta según un estudio de la Universidad de Cornell. Allí, el límite salarial impide que los propietarios actúen con tanta alegría. Por eso, los impuestos altos se traducen en una pérdida de talento. O por decirlo de otro modo, a los equipos en estados con altos impuestos les resulta más complicado fichar grandes jugadores (de nuevo, manteniendo el resto de condiciones estables).

En resumen, los dos estudios muestran que los equipos de estados con un castigo fiscal más elevado lo acaban pagando. O lo hacen con sueldos más altos (lo que afecta a medio plazo a su competitividad) o lo hacen perdiendo opciones de fichar talento (caída de la productividad). ¿Podrían extrapolarse estas conclusiones al resto de industrias?

Además, no es una cuestión puntual de estos deportes. Los grandes medios norteamericanos informan con frecuencia de cómo los tributos afectan a las decisiones de sus grandes estrellas. Por ejemplo, aquí Business Insider clasifica a los equipos en función de sus impuestos sobre la renta. Por cierto, los equipos de Texas y Florida salen muy bien parados, algo que no extrañará al aficionado español a la NBA: algunos de los movimientos más interesantes de las últimas temporadas han beneficiado a las franquicias de dichos estados.

Incluso, ha habido propuestas para introducir un límite salarial flexible, que sea más alto para los equipos que tengan que pagar impuestos más altos, para así mantener el equilibrio competitivo en el que se basan las grandes ligas estadounidenses. Muchos economistas son conscientes de que las diferencias tributarias acabarán generando diferencias deportivas. Es más, ya hay noticias de jugadores que incluyen cláusulas en sus contratos por las que, si son traspasados a un Estado con impuestos más altos, deberán ser indemnizados en la cuantía correspondiente.

De hecho, ni siquiera es una cuestión que afecte sólo a los deportes de equipo. Hace unos meses se montó un fuerte escándalo en EEUU cuando Phil Mickelson, el segundo jugador de golf más conocido y rico del mundo tras Tiger Woods, declaró que su factura tributaria era excesiva y aseguró que se estaba planteando cambios en su vida (quizás irse de California, su Estado) para pagar menos impuestos. Las voces de la corrección política salieron rápidamente a criticar a Mickelson, con el manido argumento de que un privilegiado millonario nunca paga demasiados impuestos. Claro, luego se encontraron con la realidad, cuando el propio Tigre reconoció que su cambio de residencia de California a Florida, al comienzo de su carrera profesional, tuvo mucho que ver con esta cuestión.

Al final, habrá quién diga que tampoco hay tantos deportistas profesionales y que no es éste el sector que nos sacará de la crisis. Pero como apuntamos antes, su importancia radica más en su condición de ejemplo. Probablemente, otros profesionales talentosos se comporten de la misma manera que estos atletas y, ante dos ofertas de dos grandes empresas, midan muy mucho el tema impositivo a la hora de tomar una decisión. Hablamos de miles de ingenieros, matemáticos, empresarios innovadores, inventores, médicos o ejecutivos. ¿Cuánto pierde un país por no ser capaz de atraerlos? ¿Cuánta riqueza generan a su alrededor? ¿Cuál es el multiplicador del talento? ¿Cuántos puestos de trabajo crearía el gasto derivado de sus enormes sueldos? ¿Qué nivel de productividad pierde su economía? La realidad es que Tiger Woods lleva 20 años siendo el deportista mejor pagado del mundo. No sólo se dedica al golf. También tiene empresas y fundaciones. Realiza cientos de actos publicitarios al año. Incluso, es más probable que juegue un torneo si tiene lugar cerca de casa. En California, ya ni se acuerdan. Pero hace dos décadas, todo eso estaba en sus manos.