El riesgo moral de las ayudas y privilegios públicos que concede el Estado en una economía intervenida y subvencionada como la europea es fundamental para entender la aversión que la gente tiene a los empresarios. El discurso populista de los nuevos partidos socialistas (Podemos) o de los históricos (PSOE) critica al capitalismo por las malas prácticas que sus políticas planificadoras generan… Y pretenden enmendarlo con mayor intervención estatal.
Estos días se puede leer en la prensa local canaria una serie de noticias que pueden hacernos reflexionar sobre la maldición que sufre su gente pese a vivir en unas islas afortunadas por tantas razones. La historia viene de lejos y tiene que ver con dos complejos hoteleros situados cerca de las dunas y playa de Maspalomas, un enclave privilegiado en el que turistas de todo el mundo deciden pasar sus vacaciones no solo en verano sino cualquier día del año debido a su soleado clima y agradables temperaturas primaverales prácticamente inmutables.
Hace varios años la cadena mallorquina Riu presentó un proyecto de 46 millones de euros para derribar y reconstruir las instalaciones de su hotel Oasis que lleva gestionando desde los noventa pero construido a finales de los sesenta. Fue entonces cuando el grupo canario Lopesan, que también tiene un complejo hotelero en la zona, interpuso un recurso ante el Cabildo para que no se ejecutara el proyecto. Las autoridades públicas lo impidieron y a día de hoy debaten qué hacer en la zona. Entre tanto, Riu tuvo que reabrir su hotel sin poder reformarlo. Los argumentos de Lopesan contra un empresario "de fuera" ponen los pelos de punta y son un claro ejemplo de los efectos del localismo proteccionista en el que un mal llamado empresario se alía con los burócratas de turno para impedir que la competencia pueda innovar o hacer lo que quiera en sus propias instalaciones, de ahí el verbo cabildear.
Este mal no se limita al sector turístico, el estandarte del sector primario canario, el platano, también está podrido. "Sin ayudas, el plátano de Canarias desaparecería", y no lo afirmo yo, lo decía el presidente de los productores plataneros hace dos años quien argumentó también que "el consumidor peninsular tiene que ver al plátano como algo suyo"… y así comprar esta fruta más cara en el mercado aunque previamente la haya subvencionado con sus impuestos. Ayudas que este año ya han cobrado y se elevan hasta los 141 millones de euros que han salido de los bolsillos de los contribuyentes españoles… y europeos (por medio de la PAC, la Política Agraria Común).
No siempre ha sido así, hubo un tiempo en el que la política dejó libertad a la gente y la Ley de Puertos Francos de 1852 facilitó que compañías internacionales alumbraran un provechoso negocio que abasteció de plátanos a muchos europeos sin necesidad de intervención estatal ni saquear a los contribuyentes. La prosperidad duró hasta que los burócratas empezaron a planificar la producción y distribución platanera mediante consejos y comisiones que en el año 1972 desembocaron en la Ley de de Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Desde entonces y hasta ahora, del socialismo franquista al constitucional, el marco jurídico no ha variado en esencia pese a la sucesión de leyes y reglamentos manteniendo un sector agónico a base de exprimir a los contribuyentes.
Años y años de planificación y proteccionismo han generado una mentalidad nacionalista que exige pan y circo. No solo entre los trabajadores y parados (recordemos que Canarias es una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea), sino también entre los empresarios. Si es que se puede llamar empresarios a aquellos que llevan tanto tiempo siendo los palanganeros de los políticos para obtener beneficios a través de subvenciones y privilegios públicos en lugar de lucrarse creando riqueza a través de un proceso competitivo.
“Stress tests are like Cuban universities, everyone passes, but the title is worth nothing”.
Si algo nos han demostrado los episodios recientes de sorpresas negativas de algunos bancos europeos –desde Portugal a Francia o Alemania– es que la banca europea aún no ha solucionado sus problemas. Confundimos el importante ejercicio de transparencia y mejora llevado a cabo desde 2012, con una solución mágica a un problema creado durante una década de exceso. Es imposible cuando los préstamos de difícil cobro aún alcanzan la cifra de 932.000 millones en toda Europa, siendo el 7,6% del total de préstamos en la eurozona, según Price Waterhouse Coopers.
Cuando hablamos de las pruebas de resistencia bancaria ("stress tests"), muchos analistas los miran como notas definitivas, y no como realmente son: un análisis dinámico de circunstancias que cambian constantemente. Y, desde luego, no son infalibles, como se ha demostrado en tantas ocasiones (Dexia, las cajas, los bancos chipriotas, etc.).
El gran público tiende a pensar en los bancos como "entes que acumulan depósitos y ganan mucho dinero", y no es así. Siempre nos fijamos en los beneficios (pérdidas y ganancias contables), y no en la caja y el balance.
Un banco, por cada euro que recibe de depósitos suele endeudarse hasta unas 25 veces. Pero ese depósito, en realidad, es un préstamo, no está durmiendo en una caja fuerte.
Lo que busca una prueba de resistencia es analizar si ante un cambio drástico las entidades conservarían el 10 u 11% de capital que tienen hoy de media
Por cada euro que la entidad concede de crédito, las reglas bancarias le permiten usar más o menos capital dependiendo del riesgo que se asuma para dicha operación. Si le presta a una empresa muy segura y de baja probabilidad de impago, el porcentaje de capital requerido es muy bajo. El resto es deuda. Esos préstamos, si funcionan generan un beneficio, y durante la vida del mismo el banco genera el margen entre lo que le cuesta el dinero y lo que consigue por prestarlo… si se lo devuelven. Si no, el balance se deteriora aceleradamente.
Pues bien, cuando las cosas van mal, ese “capital” se reduce muy rápidamente. Por eso, la gente no entiende como en 2007 un banco podía tener unos coeficientes de solvencia y liquidez razonables y en 2008 estar al borde de la quiebra. El ciudadano no percibe lo rápido que puede desaparecer dicho porcentaje de capital cuando los préstamos de supuesto bajo riesgo pasan a ser incobrables en cadena. Tanto que pueden dejar al banco sin recursos.
Lo que busca una prueba de resistencia es analizar si ante un cambio drástico las entidades conservarían el 10-11% de capital que hoy tienen de media.
¿QUÉ MIDEN LOS ‘STRESS TEST’?
Los stress test buscan un difícil doble objetivo. Por un lado, analizar el impacto en unas estructuras financieras tan frágiles de eventos como una recesión, pérdidas en las carteras de bonos soberanos, depreciación agresiva de monedas, etc. Por otro lado, los stress test intentan ser lo suficientemente justos para que no salga un ejercicio inútilmente negativo que ponga en peligro la confianza en las instituciones. Es decir, una cosa es ser estricto y no aprobar a todos los alumnos -que no ayuda a nadie como vimos en las pruebas de resistencia ridículas de 2011-, y otra cosa es suspenderlos a todos, algo que hunde a la clase y la reputación del profesor.
¿A QUÉ SE ENFRENTAN LOS BANCOS EN ESTA RONDA DE PRUEBAS?
La banca española parte de la ventaja del viejo mal alumno que se enmienda y pasa a la primera fila a hacer el examen delante del maestro, para que nadie sospeche que copia. La reforma financiera ha sido clave, y los ejercicios de transparencia y ampliaciones de capital de los últimos tres años han ayudado enormemente. El hecho de que todo el mundo sepa, con luz y taquígrafos, las dificultades que aún tienen -no lo neguemos- ha hecho que el proceso de estabilización haya sido eficaz. Han mejorado solvencia y reducido el riesgo sistémico.
La reforma financiera ha sido clave, y los ejercicios de transparencia y ampliaciones de capital de los últimos tres años han ayudado enormemente
Un problema de préstamos de difícil cobro, mora del 13% y alta exposición a préstamos a las administraciones públicas no se soluciona en dos años, pero los depósitos se han estabilizado y se han vendido grandes paquetes de activos inmobiliarios tóxicos. Eso no hace a la banca “totalmente saneada”, sino fuera de la UVI usando un símil hospitalario. Pero aún está en planta, como todo el sistema financiero europeo.
Las pruebas de resistencia de 2014 serán muy exigentes y asumirán, entre otros riesgos:
Un escenario adverso de caída del PIB de Europa del 0,7% en 2014, -1,5% en 2015, además de una caída del 21% en el precio de las casas, con aumento de inflación.
Perdidas en la cartera de bonos soberanos por quitas o aumentos de la prima de riesgo. Aumentos de 150 puntos básicos en las primas europeas o de 200 en la de EEUU. Asume un 6,5% de quita en España, por ejemplo, 6% en Francia o 7,6% en Italia y 4,4% en Alemania en los bonos a 5 años.
Posible depreciación del 25% de las monedas húngara y polaca, y 15% de la checa, rumana o croata.
A pesar de que puedan parecer estimaciones agresivas, el impacto esperado en los bancos es relativamente pequeño. La banca española se ve fundamentalmente afectada por el análisis de caída del PIB, al tener préstamos considerados más cíclicos -muchos de ellos expuestos a Latinoamérica-, y por el impacto en su cartera de bonos soberanos. Pero no parece que en el escenario adverso ninguno de los grandes bancos vaya a tener problemas para superar un 6% de capital.
La banca española se ve fundamentalmente afectada por el análisis de caída del PIB, al tener préstamos considerados más cíclicos y por el impacto en su cartera de bonos soberanos
Sin embargo, no olvidemos que estos ejercicios son teóricos y, como todo, la realidad suele mostrar efectos inesperados. Pero el ejercicio es importante.
Ahora no esperemos que el crédito se vaya a disparar porque los bancos pasen el examen teórico de la UVI. Siempre que salen los resultados me preguntan “¿Van a empezar los bancos a prestar?”.
Aunque el nivel de crédito privado ha empezado a recuperarse lentamente, con un crecimiento esperado de 0,5% al sector privado -unos 4.400 millones de euros en 2014-, la Unión Europea sigue siendo, con mucha diferencia, el sistema más bancarizado de la OCDE.
La banca europea es el instrumento más intervenido, regulado y controlado por los estados de la OCDE. No sólo el peso de la banca pública, sino por la nefasta intervención en procesos de desinversión y compra, lo que ha empujado a prestar a toda costa; sin olvidar el “crowding out”, por el que los estados acaparan el crédito que se niega a familias y empresas, incentivando la compra de deuda soberana a través de la regulación, como explicaba aquí.
En Europa la banca financia el 80% de la economía real, mientras en Estados Unidos es alrededor del 30%.
Los activos totales de la banca de la eurozona suponen el 349% del PIB de la misma. Una reducción de un 12% desde 2008. Una cifra muy superior a la de EEUU o Japón (gráfico cortesía de Merrill Lynch). Si bien es cierto que parte de ello se explica porque los bancos europeos tienen mayores depósitos, es un sistema bancario hipertrofiado.
La expansión de crédito adicional no es la panacea, ya que olvidamos de dónde venimos… Un brutal crecimiento del crédito desde 2001, como muestra el gráfico. Morgan Stanley estima que los bancos europeos han vendido o refinanciado entre un 20 y un 25% de los 700.000 millones de préstamos de difícil cobro que exigía la regulación que solucionasen con urgencia en 2014.
La banca no puede soplar y sorber a la vez. No puede fortalecer su balance, evitar tomar riesgo excesivo y a la vez prestar como si fuera 2008 solo porque pensamos que el crédito es la solución. Primero porque no pueden y segundo porque no deben.
Los stress tests de 2014 no son iguales que los de 2011. La banca europea ha mejorado. Se espera que los préstamos de difícil cobro se reduzcan en 2014 mientras el beneficio operativo suba un 4,2% después de tres años de caída. El riesgo sigue existiendo, pero ya no es tan grave como en 2011. Pero forzar a prestar es un gran peligro.
Los test de 2014 no son iguales que los de 2011, ya que la banca europea ha mejorado
Como explicaba en “El Plan Draghi no arregla Europa”, todas las inyecciones de liquidez no solucionan un problema clave. ¿Dónde ponemos todo ese dinero? Europa cuenta con una sobrecapacidad industrial media del 25%. Cuando le pregunté en la CNBC a un alto directivo del BCE donde pensaban que se iban a invertir los 400.000 millones de euros del TLTRO, no supo darme un solo sector clave para invertir tal cantidad de dinero.
El crédito vuelve, pero esperemos, por nuestro bien, que no alcance los niveles de 2004-2010. Como decía Von Mises: “Nadie puede esperar que un argumento lógico cambie el fervor semi-religioso de aquellos que creen en la salvación a través del gasto y la expansión de crédito”. Me temo que, a base de tipos de interés negativos, inyecciones de liquidez y estímulos, queremos volver a la burbuja de crédito antes de que la banca europea recupere su fortaleza. Luego, cuando pinche, culpamos al ‘libre mercado’. Y tan panchos.
Durante la primera semana de este mes de julio se han celebrado un par de interesantes seminarios con la idea de fondo del atlantismo. Por orden cronológico, primero fue un curso del Campus FAES (el día 4) y después el VII Foro Atlántico patrocinado por la Fundación Internacional para la Libertad, que se celebró en la Casa de América el 8 de julio (como verían anunciado en la web de nuestro Instituto).
En ambos casos escuché un argumento común con el que pensaba comenzar: la idea de Occidente es mucho más que un espacio geográfico en torno al Océano Atlántico. Se trata de un proyecto cultural y político que descansa en la libertad como forma de organización social. Podemos asegurar que es la raíz de los grandes avances de la historia de la humanidad; y, a pesar de su nombre, está abierto a todas las culturas del mundo. Como indicaba el Presidente Aznar, en la presentación del primer evento, hay países de la Europa más continental que podemos llamar atlánticos (hablaba de Eslovaquia o Polonia); del mismo modo que, como una llamativa paradoja, la nueva Alianza del Pacífico que están promoviendo México, Perú, Chile y Colombia es sin duda también una iniciativa atlantista.
Este curso del Campus FAES se titulaba "La cuenca atlántica: desafíos y oportunidades". Dirigido por Cayetana Álvarez de Toledo, fue inaugurado por Charles Powell (Real Instituto El Cano) y se desarrolló durante dos días en varias mesas presididas por José María Aznar, Josep Piqué, Carlos Alberto Montaner o Ana Palacio. Entre los ponentes destaco a intelectuales como Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards y Guy Sorman; o políticos como Sebastián Piñera, María Corina Machado, Michèle Alliot-Marie y Mikulkas Dzurinda.
La Mesa del Presidente Aznar giraba en torno al Atlantic Basin Initiative, un proyecto radicado en el Center for Transatlantic Relations de la John Hopkins University de Massachusetts. Entre sus objetivos destacaré la consecución de un crecimiento sostenible respetando la dignidad humana; o facilitar un entorno favorable al desarrollo empresarial, con la mirada puesta en afianzar la seguridad en lo que podríamos llamar el hemisferio occidental. Esta iniciativa también se preocupa por la cooperación educativa y tecnológica, por la expansión de una cultura de respeto a la Ley, o por atender problemas concretos como por ejemplo la energía. En este sentido, Aznar señalaba el importante futuro que tienen las reservas energéticas en nuestra cuenca atlántica (algo generalmente poco conocido; pero que explicaba desde la comprensión de unos sistemas jurídicos que defienden el derecho a la propiedad individual del subsuelo; lo que permite la existencia de muchas pequeñas empresas libres y a salvo del monopolio estatal). También insistía en ese carácter abierto de la civilización occidental, que por supuesto incluye a todos los países libres de Iberoamérica, pero sin olvidar a algunas naciones africanas que comparten los mismos valores e ideales. En cierta medida, su discurso sale al paso de la proyección de un mundo futuro adscrito al Pacífico: pero no en términos de confrontación, sino de análisis estratégico.
Dentro de las paradojas que he señalado destaca la de Chile, como explicaba con humor el escritor Jorge Edwards: un país alargado (citando a Vicente Huidobro decía que los cuatro puntos cardinales de Chile son tres, el Norte y el Sur) a la orilla del Pacífico, pero que sin reparos puede llamarse atlántico desde sus orígenes. Su libertador, Bernardo O’Higgins, fue hijo natural de un gobernador irlandés al servicio de España. Aunque también reflexionaba sobre cómo las ideas occidentales que llegan a esos países a veces han sufrido transformaciones dramáticas.
Otro destacado conferenciante, Mario Vargas Llosa, insistió en esa idea de un Occidente que trasciende la geografía: habló de la coexistencia en diversidad, del respeto a los derechos humanos y de la necesaria libertad individual (en lo cultural, lo político o lo religioso). Pero también nos recordaba que Occidente ha dado lugar a otras experiencias completamente lamentables, como los nacionalismos y los fascismos. También los países de América Latina han conocido esas "aberraciones"; del mismo modo que el marxismo que todavía perdura en Cuba es una "profunda deformación" producida por la cultura occidental. Sin embargo, terminó reconociéndose optimista respecto al futuro de aquellas naciones iberoamericanas.
Vargas Llosa me sirve de gozne para comentarles más brevemente la edición del Foro Atlántico de este año. Él mismo actuó de introductor a las conferencias celebradas en la Casa de América: seguramente aprovechando su estancia en Madrid, acudieron también Sebastián Piñera, Jorge Edwards, Carlos Alberto Montaner y Maria Corina Machado. A los que añadimos un panel sobre el Nacionalismo (con Francesc de Carreras, Esperanza Aguirre y Rosa Díez) o la presentación de otro libro de la saga del perfecto idiota latinoamericano con Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza.
Termino con sus reflexiones sobre los nacionalismos, que consideraba un problema fundamental para la Unión Europea, y muy particularmente para España. Los calificó de algo "dramático" y que no hay que dejarlo resolverse por sí solo. El nacionalismo está reñido con la cultura de la libertad. Hay que saber distinguir entre el aspecto positivo de la pertenencia a un lugar con su exageración, que ha sido en la historia fuente de guerras, discriminación y causa de muchos horrores contra la dignidad humana.
La reciente publicación de las balanzas fiscales entre autonomías no ha satisfecho a prácticamente ninguno de nuestros políticos regionales. Pero más allá de las refriegas electoralistas, el documento elaborado por Ángel de la Fuente sí debería llevarnos a un muy hondo replanteamiento del modelo de financiación autonómica.
¿Sirven de algo las balanzas fiscales?
La primera cuestión a resolver es si las balanzas fiscales proporcionan algún tipo de información útil. A la postre, hemos escuchado en reiteradas ocasiones que “los impuestos los pagan los individuos, no los territorios”, por lo que supuestamente carecería de importancia conocer el saldo fiscal de un territorio (esto es, cuántos impuestos se pagan en relación con el gasto público recibido).
La crítica puede parecer lógica, pero tiene problemas serios. Al cabo, la manera que tiene un contribuyente de recuperar parte de sus impuestos abonados es disfrutando del gasto público en el que esos impuestos se materializan. Si paga muchos impuestos y disfruta de muy poco gasto, el contribuyente está tanto más explotado fiscalmente.
En este sentido, las balanzas fiscales ponen de manifiesto la diferencia entre los impuestos pagados por los residentes de una región y el gasto público recibido por esos mismos residentes: a mayor diferencia, más explotación fiscal media dentro de esa región. De ahí que, aunque sea verdad que los impuestos los pagan los individuos y no los territorios, como esos individuos sólo tienen opción de recuperar los impuestos abonados a través de los servicios estatales que se presten en su territorio, las balanzas fiscales sí nos indican cuán maltratados fiscalmente están sus habitantes.
Es verdad que no se trata de un indicador perfecto: por ejemplo, si a un madrileño le arrebatan 20.000 euros en impuestos para entregárselos en forma de subvención a un getafense, el saldo fiscal de la Comunidad de Madrid por esta operación será cero y difícilmente podrá decirse que el madrileño ha recuperado parte de sus impuestos porque éstos se reinviertan en Madrid.
Es verdad, también, que dentro de cualquier región arbitrariamente definida podríamos encontrar subbalanzas fiscales (entre la capital madrileña y el resto de ciudades de la comunidad o incluso entre barrios de la comunidad madrileña) hasta llegar a calcular una balanza fiscal individual. Pero que el indicador tenga sus limitaciones (como todo indicador) no invalida su utilidad: sólo implica que los cálculos tendrán un cierto margen de error y, sobre todo, que estamos valiéndonos de magnitudes medias (los residentes en un territorio pueden estar maltratados fiscalmente como media sin que todos ellos lo estén).
¿El método carga-beneficio es el adecuado?
La siguiente cuestión a dilucidar es si el modo en el que se han calculado las balanzas fiscales es el más adecuado. Grosso modo, existen dos métodos para imputar ingresos y gastos: el método carga-beneficio (que es el empleado en el informe) y el método flujo monetario. El primero imputa el gasto público a aquel territorio donde residen los ciudadanos que se benefician de los servicios provistos por ese gasto público; a su vez, los impuestos se imputan a aquel territorio donde residen quienes en última instancia soportan su carga. El segundo método, en cambio, imputa los gastos allí donde se materializa y los impuestos a aquellos que los abonan en primera instancia.
Por ejemplo, supongamos que en toda España sólo existe un hospital de maternidad en Madrid y que, por los motivos que sea, en la región madrileña nadie tiene hijos. ¿Quiénes serían los beneficiarios de ese servicio hospitalario? Según el método carga-beneficio, todas las madres del resto de España que acudan a él; según el método flujo monetario, los trabajadores del hospital madrileño Otro ejemplo: las cotizaciones sociales que pague una empresa catalana por disponer de una sede con trabajadores en Extremadura se imputan a los trabajadores extremeños, pues son ellos los que en última instancia lo pagan. De ahí que, aunque ambos métodos son útiles y tienen su relevancia, el método carga-beneficio es el más correcto y relevante.
Acaso la única salvedad que pueda efectuarse en este punto se refiere a aquellos gastos generales que presuntamente benefician por igual a todos los españoles: por ejemplo, la alta dirección del Estado, la representación exterior, la defensa o la I+D. Estos gastos, que ascendieron a 17.400 millones de euros en 2011, se imputan equitativamente a todos los españoles a través del método carga-beneficio. Y aunque sea correcto hacerlo así, también es cierto que, en este caso, aquella región que concentre las entidades encargadas de la provisión de estos servicios generales obtiene un beneficio sobre el resto. En este sentido, suele aducirse que esa región privilegiada es Madrid, donde se ubican todas los Ministerios y demás burocracia estatal; motivo por el cual el método carga-beneficio sobreestimaría el déficit fiscal de esta región.
La crítica tiene parte de razón, pero tampoco debemos exagerarla: de los 17.400 millones de servicios generales, sólo 1.000 se corresponden con gastos indudablemente concentrados en Madrid. De los otros 16.400, alguna parte recaerá en Madrid, pero ni mucho menos su totalidad: por ejemplo, la acción exterior del Estado (2.200 millones) afluye al exterior; la defensa (8.500 millones) no está concentrada en Madrid, que sólo tiene un cuarto de todas las bases militares; el gasto en gestión tributaria (1.600 millones) se difumina, en un 90%, hacia los servicios territoriales; el gasto en I+D (2.600 millones) se asigna a centros investigadores y universidades de toda España, etc.
¿Qué nos dicen las balanzas fiscales de 2011?
Sentado lo anterior con sus pertinentes matices, uno puede utilizar los datos de las balanzas fiscales con una razonable confianza. ¿Y qué nos dicen estos datos? Pues, básicamente, que los ciudadanos de cuatro comunidades autónomas —Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana— están costeando las sobredimensionadas burocracias del resto de autonomías, muy en especial de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Cada madrileño paga 2.700 euros extraordinarios en impuestos —y cada catalán y balear alrededor de 1.500— para financiar las transferencias de 2.700 euros anuales que recibe cada extremeño, las de 1.900 que recibe cada canario o las de 1.500 que recibe cada asturiano.
Los incentivos perversos que tal organización hacendística provoca son gigantescos. Primero, destruye la corresponsabilidad fiscal: los ciudadanos residentes en comunidades netamente receptoras demandarán más gasto público aunque ello implique pagar mayores impuestos (pues no son ellos quienes, en última instancia, los están pagando) y, a su vez, tenderán a ser más condescendientes con el despilfarro del que no es su dinero. Segundo, elimina todo incentivo a la competencia fiscal entre autonomías en la medida en que gran parte de los ingresos termina redistribuyéndose dentro del sistema. Tercero, atrofia el desarrollo de las regiones dependientes de las transferencias externas, las cuales pasan a convertirse en rentistas del resto de España: el caso más paradigmático es el de Extremadura, que obtiene el 17% de su PIB (¡el 17%!) del resto de españoles (o dicho de otra forma: la principal industria de Extremadura es el cabildeo político para sacar tajada presupuestaria). Y cuarto, se gesta una comprensible tensión entre los ciudadanos de aquellas regiones que contribuyen netamente y los de aquellas otras que son receptoras netas: la reciente explosión del independentismo catalán es difícilmente entendible sin toda esta fortísima redistribución interna de la renta mal calificada de “solidaridad interterritorial”.
Los resultados de las balanzas fiscales deberían llevarnos a una revisión en profundidad del modelo de financiación autonómica: si hemos descentralizado la mayor parte de los gastos del Estado, deberíamos hacer lo propio con los ingresos. No es de recibo que una familia media madrileña esté pagando más de 7.500 euros anuales en impuestos para transferirlos al resto de España.
Por supuesto, una mayor descentralización fiscal implicará que las autonomías que hoy son receptoras netas de fondos deberán replantearse de raíz sus presupuestos. Pero no confundamos ese necesario replanteamiento presupuestario con la típica demagogia de dejar a las regiones “pobres” sin servicios educativos o sanitarios “de calidad”. Primero, porque el gasto sanitario y educativo representa el 60% del gasto autonómico total (y el gasto autonómico ni siquiera es la totalidad del gasto desplegado en una región), de modo que podrían recortarse otras partidas presuntamente menos relevantes. Segundo, porque hay formas de recortar el gasto educativo y sanitario sin merma en la calidad de sus servicios (por ejemplo, recortar los salarios de su personal, adecuándolos al poder adquisitivo medio de esas regiones: ¿por qué el sueldo base de un profesor extremeño ha de ser el mismo que el de un madrileño?). Y, tercero, porque las regiones receptoras siempre cuentan con una simple alternativa a recortar el gasto: subir impuestos a sus ciudadanos.
Ahora mismo, son los impuestos extraordinarios soportados por los ciudadanos de otras regiones los que costean parte de los gasto de las receptoras netas: por ejemplo, los andaluces reciben como media unas transferencias netas de 880 euros por ciudadano (el 5,5% de la renta per cápita andaluza) mientras que los catalanes abonan como media unos impuestos extraordinarios de 1.100 euros (algo más del 4% de su renta per cápita)… ¿por qué no invertir los términos? En tal caso, las transferencias interterritoriales se reducirían sin merma del gasto en ambas regiones.
En suma, las balanzas fiscales, con todos sus defectos y limitaciones, ponen de manifiesto hasta qué punto el Estado controla y abusa de la renta que arrebata a sus ciudadanos. Cuantos más altos sean los tributos y más gasto distribuya el sector público, mayores tensiones entre ciudadanos tenderán a aparecer. Lejos de crear instituciones cuyo fundamento último sea la pugna política por el reparto del botín deberíamos avanzar hacia instituciones que promuevan la cooperación voluntaria y pacífica entre todos los ciudadanos. Y, para eso, necesitamos una reducción muy considerable de la carga fiscal que vaya de la mano de una profunda descentralización administrativa.
Hay días en que la actualidad se conjura para dar una sonora bofetada a los líderes de izquierdas. Como el pasado miércoles, sin ir más lejos, cuando la EPA ratificó la tendencia al alza de las cifras de empleo, dejándolos sin capacidad de reacción al cumplirse el peor de sus presagios, porque la gente empieza a encontrar trabajo y hasta es capaz de volver a votar al PP. Los chavales de Pablemos, que no saben nada de la realidad pero de manipulación de las conciencias lo saben todo, ya habían advertido en uno de sus documentos internos de que si España comienza a crear puestos de trabajo y la gente percibe una mejora en las condiciones económicas, el invento se les puede ir al carajo. El de ganar las elecciones generales, me refiero, que es a lo que han venido para devolvernos la democracia secuestrada por "la casta".
En ocasiones como esta, cuando la realidad contraviene sus deseos, los socialistas envían un propio a comparecer ante la prensa para balbucear las clásicas consignas de estirpe sindical y evitar el sofoco a los verdaderos líderes del partido. Para eso está, por ejemplo, el gran Valeriano Gómez, liquidador de la estafa de la promotora de viviendas sociales de la UGT en los noventa y ministro del paro de ZP con el nuevo siglo ya entrado como principales jalones de su biografía política. Otro tanto hacen las centrales sindicales de progreso, muy molestas también por que haya gente que encuentre trabajo en la empresa privada en lugar de estar en casa tocándose los sindicatos, trincando subsidios o haciendo cursos de formación.
Unos y otros denuncian que la mayoría de los contratos de trabajo que se realizan son temporales, lo cual demuestra la existencia de una intolerable precariedad. La izquierda quiere que te quedes en casa parado hasta que aparezca un empresario con un contrato indefinido; si no es así, te pide que le des con la puerta en las narices y sigas esperando. Sin embargo, la verdadera precariedad es provocar las monstruosas cifras de paro que ha creado el socialismo en España cada vez que ha gobernado, una situación de la que estamos saliendo con cuentagotas pero a ritmo cada vez mayor.
Incluso con Rajoy en el Gobierno, España puede salir de la crisis antes de las próximas elecciones generales, para desgracia de una izquierda lamentable que jamás ha vacilado en poner su interés electoral por encima del de todos los españoles. Así nos va.
La acometida rupturista liderada por el actual gobierno de Cataluña se ha convertido en el principal reto al que se debe dar respuesta en los próximos meses. Hasta la fecha, la reacción o bien había sido aislada y canalizada a través de voces individuales, o bien a través de plataformas que, ubicadas en territorio catalán, no habían tenido el eco merecido, entre otras razones por la "política" de comunicación que viene desarrollando el bipartito CIU-ERC.
En este sentido, notables iniciativas como Sociedad Civil Catalana sufrieron en sus propias carnes la doble y peligrosa combinación de ninguneamiento y acusación de españolistas. Aún así, ha desarrollado su trabajo de forma ejemplar y lo hará de igual modo en los próximos meses.
La Plataforma Libres e Iguales, con su irrupción, ha generado un torrente de repercusiones. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, por el apoyo de intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa o Albert Boadella. Ambos conocen a la perfección las consecuencias que provocan los nacionalismos identitarios. Además, tampoco es la primera vez que denuncian el panorama que se viene cocinando en Cataluña. De hecho, en el caso del director de teatro, la asfixia nacionalista ha motivado su cambio de residencia a Madrid. ¿Un centralista encubierto? No, simplemente alguien que ama la libertad y por tanto, la defiende.
En segundo lugar, debemos valorar la defensa a ultranza de la Constitución española (e indirectamente de la Transición). En efecto, desde diferentes sectores que van allá del nacionalismo catalán, la Constitución de 1978 está siendo injuriada. La izquierda radical de nuestro país, para la que todo vale siempre y cuando los métodos los decida ella, ha liderado un ataque plagado de ofensas y en el que no desprecia compañeros de viaje en su estrategia liberticida, cuyo fin último es la voladura del edificio creado hace casi 40 años.
En tercer lugar, la transversalidad de libres e iguales, es un aspecto muy a valorar. Destacadas figuras del PP, PSOE o UPyD se han unido en defensa de España y no lo han hecho a modo de respuesta cortoplacista, sino con vocación de perdurar. Para ello plantean la batalla de las ideas, reto que tiene una traducción práctica. Por un lado, no a la consulta del 9 de noviembre y por otro, oposición a una negociación más o menos encubierta con quienes quieren celebrar aquélla.
Sobre el primero de los puntos, aunque es una verdad palmaria, no siempre se ha combatido adecuadamente la particular visión del derecho de autodeterminación por el que ha apostado el nacionalismo periférico a través de un recurso ladino a la ambigüedad. Gracias a esta polisemia viciada, pervierten la realidad y transforman una ilegalidad en un ejemplo de exaltación de la libertad. Ver para creer, pero así es…
En cuanto al segundo de los puntos, por la trayectoria del denominado "nacionalismo moderado" catalán, no es descartable, sondeos en mano, que finalmente acabe por canjear su órdago rupturista por algún tipo de medida en principio de menor calado, pero igual de peligrosa para la convivencia entre todos los españoles. Dentro de este apartado se incluyen desde una mejora en el sistema de financiación (difícil de vender para aquellos a los que han convencido de que España roba a Cataluña) hasta un tratamiento diferenciado de Cataluña en el texto constitucional.
Esta última opción implica una aberración jurídica difícilmente superable pero que podría llevarse a efecto, opuesto que es una solución defendida por determinados sectores académicos, periodísticos e intelectuales. Se trataría, en definitiva, de una modificación parcial de la Constitución para satisfacer (contentar momentáneamente, más bien) sólo a una de las partes, no al todo. Error mayúsculo que jamás detendría el supuesto problema a resolver, puesto que si algo caracteriza al nacionalismo, es su insaciable voracidad.
La pasada semana estuve en la edición 2014 de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Esta vez, muy poquitos días, pero los suficientes como para disfrutar de los asistentes, tanto profesores como alumnos, pero también de los organizadores, que se aseguraron de que todo fuera propicio y trabajaron para que los demás disfrutaran. Gracias por eso a Inés, Raquel, José Ignacio y Luigi.
Mi charla se centró en la figura del free-rider, sus incentivos, cómo evitarlo, etc. Cuando existe un bien del que no se puede excluir a nadie de su consumo, como sí podemos hacer con los bienes privados, y además, su consumo no implica que se agota, aparecen necesariamente aquellos que sin aportar nada, se benefician de ello. Se trata de los gorrones, los caraduras, los aprovechados, los tramposos. Pero, sin justificar a estos defectores, hay que tener muy claro, que van a existir siempre, porque está en la naturaleza humana. Por supuesto, depende del tamaño del grupo y de otras muchas circunstancias, como quién ofrece ese bien tan singular, que haya más o menos free-riders y que la solución elegida para su detección y eliminación sea una u otra.
Por ejemplo, si se trata de una pequeña comunidad, el ostracismo es una buena solución. La vida en comunidad es un beneficio para cada uno de los individuos. Nos ahorra energía, tiempo y recursos invertidos para la supervivencia y la reproducción. Ningunear al que se comporta egoístamente y hace trampas a los demás es una manera de elevar sus costes de supervivencia. Suele funcionar.
Pero ¿qué pasa en grupos grandes?, ¿cómo hacemos en sociedades tan sofisticadas como la nuestra? El castigo es otro: el juicio, la multa, la cárcel. Es decir, hemos creado instituciones a tal efecto. Entonces, el problema del free-rider se convierte en evitar que le pillen, porque en este tipo de sociedades modernas ese es el factor clave. En ese aspecto, España, patria de Lazarillos de Tormes y pilluelos, aparece como un paraíso de la hipocresía: tapamos la trampa que no nos atrevemos a hacer pero pedimos que cuelguen del palo mayor al que envidiamos porque tiene más que nosotros. Moralmente, ambos comportamientos son deplorables, pero si se trata de “uno de los nuestros” hacemos la vista gorda. En otros países, sin embargo, la detección del free-rider no requiere un entramado estatal muy desarrollado porque la ciudadanía denuncia al que no colabora.
Y aquí aparecen lo que he llamado free-riders de segunda generación. La detección y castigo de free-riders, dado que su proliferación arruinaría la vida en común, es también un bien público, es algo de lo que todos se beneficiarían sin poder imputar quién no ha de hacerlo, y además, mi beneficio por la eliminación de un tramposo no disminuye el tuyo. ¿Quién debe proveer a la comunidad de este bien público? ¿Debemos colaborar todos en su detección? ¿Debemos colaborar en su castigo? Y de esta manera nos encontramos con aquellos que colaboran en la oferta del bien público inicial (por ejemplo, ayudan a limpiar el río, pagan su billete de Metro…), pero no señalan y/o castigan a quien no ayudan debiendo hacerlo. Esos son los free-riders de segunda generación. En nuestra sociedad, para empezar, tenemos a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones medulares de justicia (como el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo), los órganos reguladores, las auditoras designadas por el poder político para auditar cajas y bancos intervenidos que no cumplen con su deber, que son verdaderos detectores de segunda generación, y cuyo comportamiento tiene más consecuencias de las que parecen evidentes. Y, por añadidura, la sociedad, cada uno que no denuncia a los free-riders de primera y de segunda generación, son cómplices de esas consecuencias.
Porque no se trata solamente, como solemos analizar los economistas, de los costes, de las pérdidas, en términos pecuniarios, es decir, de los recursos invertidos y desperdiciados en la detección y el castigo. Hay algo peor: los incentivos que se generan.
Porque todos los seres humanos, si vemos la posibilidad de beneficiarnos a costa del resto, excepto si entran en juego valores morales, que no todo el mundo tiene realmente arraigados, acaba por caer. Y ¿quiénes tienen más incentivos que los que manejan dinero ajeno? ¿o que pueden disfrutar de las prebendas que ofrece el poder con abuso? Cuando además tienes la posibilidad de bloquear la actuación de esas instituciones que actúan de “check and balance”, de contrapesos, tienes todo en tu mano. Y así nos va.
Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Nada. Pasa que nos quejamos, miramos, asentimos a aquellos que vienen con disfraces nuevos (sí, con coleta) a contarnos medias verdades y subir al escenario, para disfrutar de lo mismo que los demás. Y poco más.
La diversidad institucional permite que haya think tanks, agrupaciones, plataformas, que denuncien, que alcen la voz y que señalen con el dedo. Tiene un precio. El precio de decir que no solamente el emperador, sino que toda la corte va desnuda.
Los múltiples programas de flexibilización cuantitativa llevados a cabo por la Reserva Federal tienen el propósito de estimular artificialmente la actividad económica mediante la expansión de la masa monetaria y del crédito.
En principio los motivos que las autoridades monetarias esgrimen para defender sus políticas son loables; todos queremos que la economía vaya bien y que los ciudadanos sean lo más prósperos posible. Pero las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados.
Una mala política a menudo provoca efectos contrarios a aquellos que se deseaban obtener. Cabe preguntarse, pues, si estos programas de expansión monetaria, los quantitative easing, son el camino para obtener la prosperidad económica o, por contra, generan más problemas de los que pretenden resolver.
En un primer artículo sobre las políticas de la Fed decía que el primer problema que tienen es que, de hecho, retrasan la recuperación. La recesión es precisamente la fase de saneamiento de las distorsiones provocadas durante la época de la burbuja sobre la estructura productiva.
Es preciso que ésta se sanee, se amortice el exceso de deuda y que los factores productivos se reorganicen formando una nueva estructura productiva acorde con las preferencias reales de consumo y ahorro de los ciudadanos. Las políticas expansivas son un intento de mantener funcionando la estructura productiva caduca y de posponer las necesarias reestructuraciones, y provoca el retraso de los reajustes y alarga la fase depresiva.
También vimos que las autoridades ni siquiera logran totalmente este objetivo, pues cuando una economía endeudada en exceso entra en recesión y descubre que no es capaz de soportar más crédito, la demanda de crédito se desploma.
Aunque es cierto que muchos agentes siguen intentando mantener sus inviables proyectos gracias al crédito fácil, muchos otros hacen caso omiso a las facilidades crediticias promovidas por la Fed y se limitan a amortizar sus créditos y reajustar sus planes. O, dicho de otra forma, se puede llevar al caballo al río, pero no se le puede obligar a beber.
Explicaba en mi segundo artículo sobre la expansión monetaria que es precisamente por este motivo por el que el segundo gran problema que se suele vincular a este tipo de políticas, la inflación, no tiene efectos inmediatos. Buena parte de ese “dinero” de nueva creación que la Fed inyecta vuelve rápidamente a los balances del propio banco central, y queda en forma de líneas de crédito no utilizadas en favor de la banca comercial.
Pero veíamos que esto genera un enorme problema a largo plazo, pues a medida que se vaya reactivando la demanda de crédito y los bancos hagan uso de esa nueva base monetaria, existe un gran riesgo de alta inflación si la Fed no contrae previamente su balance.
El tercer gran problema que causan las políticas expansivas como los quantitative easing es, en mi opinión, el más grave de todos. Y es que sientan las bases de la que será la siguiente crisis. ¿Cómo ocurre esto? Podemos pensarlo, de manera simplificada, desde dos puntos de vista complementarios.
El primero de ellos es el denominado “efecto Cantillon”. El economista Richard Cantillon escribió que cuando se inyecta dinero de nueva creación en una economía nunca se hace de manera homogénea y neutral. Es decir, no se incrementan proporcionalmente, de la noche a la mañana, los saldos de tesorería de todos los agentes.
Por el contrario, ese dinero entra primero por ciertos sectores, y a medida que los primeros receptores van realizando transacciones se va extendiendo, llegando en oleadas sucesivas al resto de la economía en un proceso que puede durar años.
Esto provoca que los precios relativos de esos primeros sectores que entran en contacto con el nuevo dinero suban en relación con aquellos a los que llega más tarde, creando una distorsión en la estructura de precios relativos. Puede darse que aunque el nivel general de precios no suba o suba muy poco, se esté produciendo toda una revolución en los precios relativos que no se revela en las cifras de contabilidad nacional.
El efecto de este desajuste transitorio de los precios relativos es muy perjudicial en el largo plazo. Aquellos sectores cuyos precios relativos suben más rápido, atraen capital y factores productivos, consolidando una nueva distorsión en la estructura productiva. Se origina, en resumen, una burbuja en esos sectores. No tenemos más que pensar en lo que sucedió en el sector inmobiliario durante la época del último boom, o en las puntocom en la anterior.
A este “efecto Cantillon”, como decía, también se suma un segundo mecanismo complementario que provoca resultados similares: la reducción artificial de los tipos de interés consecuencia de las expansiones monetarias y crediticias. El economista Ludwig von Mises explicó cómo esto provoca distorsiones cíclicas en el aparato productivo que en última instancia desencadena los ciclos económicos.
El tipo de interés es un precio fundamental en el mercado, pues coordina la oferta de recursos disponibles (ahorro) con los recursos utilizados (inversión) para cada plazo y riesgo. Cuando los tipos de interés se reducen artificialmente, sin corresponder a aumentos reales del ahorro, esta coordinación se rompe. Se envía a los inversores y empresarios una información distorsionada que les lleva a acometer o mantener inversiones que en realidad no son rentables, pues no casan con los recursos disponibles y las verdaderas preferencias de consumidores y ahorradores. Como en el caso anterior, la expansión monetaria provoca la acumulación de malas inversiones sistemáticas.
Pero como explicó Mises, una vez que ese efecto transitorio pasa, los precios relativos inexorablemente tienden a reajustarse a lo que dictan las preferencias reales de los agentes económicos. Es entonces cuando se pone de manifiesto que ese capital que fue atraído por error a los sectores receptores del dinero de nueva creación son, en realidad, inversiones ruinosas.
Se desencadena de nuevo el inevitable proceso de liquidación y reorganización de los factores productivos de acuerdo a las demandas reales de la población. Es decir, en el largo plazo habremos vuelto a generar otra recesión económica.
En conclusión, las políticas que durante la presente crisis están llevando a cabo la Fed y otros bancos centrales no sólo retrasan la recuperación y aumentan el riesgo inflacionario a largo plazo. Además, sientan las bases de la que será la nueva crisis en el futuro. Por bienintencionadas que puedan ser las metas de las autoridades, por este camino no nos librarán de repetir la misma historia.
La pasada semana ha tenido lugar en Puerto del Carmen, Lanzarote, la IX Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. En apenas diez años, los cursos de verano que organiza el Instituto Juan de Mariana se han convertido en uno de los eventos liberales más importantes y esperados en nuestro país, especialmente para el público más joven. Y tanto entusiasmo no es para menos. Durante una semana, un grupo de más de cincuenta estudiantes venidos de lugares tan lejanos como Guatemala, Nicaragua o México junto con otros tantos ponentes hemos disfrutado de una experiencia tremendamente enriquecedora al aprender y debatir sobre el liberalismo. Ponentes liberales del más alto nivel, como Carlos Rodríguez Braun, Martín Krause, Juan Ramón Rallo, María Blanco o Miguel Anxo Bastos nos han hecho disfrutar con su sabiduría y sus firmes convicciones en defensa de una sociedad libre.
Son muy pocas las ocasiones a lo largo del año en las que uno tiene la oportunidad de compartir tanto tiempo rodeado de personas que defienden con tanta pasión y entusiasmo las ideas liberales de respeto de la propiedad privada, de la libertad individual y de los contratos voluntarios. La experiencia es doblemente enriquecedora. En primer lugar, es de agradecer el poder escuchar y charlar con personas tan afines ideológicamente en temas en los que nuestras ideas tristemente son minoritarias. En segundo lugar y más importante aún, es tremendamente divertido comprobar cómo los liberales tenemos unos principios en común pero que discrepamos en multitud de temas.
Precisamente gracias a esas discrepancias surgen debates interesantísimos de los que todos aprendemos. A veces la gente se sorprende de que los liberales no tengamos la misma opinión en todos los temas de debate. Pero lo extraño es precisamente lo contrario: coincidir en todo. Evidentemente es mucho más cómodo desde el punto de vista intelectual adherirse a una opción ideológica y suscribir punto por punto todo lo que esa ideología defiende. Los liberales podemos pecar de muchos defectos pero la vaguería intelectual no es uno de ellos.
El magnífico programa de este año ha sido de lo más completo. Los alumnos han podido disfrutar de bloques de charlas relacionadas con cuestiones monetarias, con las claves del progreso, del credo de la libertad, de la política contra la libertad y, como novedad, han realizado un taller sobre retórica y comunicación de ideas liberales dirigido por dos expertos en la difusión de dichas ideas: María Blanco y Luis Alberto Iglesias. Tan buena fue la acogida de dicho taller que muy probablemente quede instaurado para futuras ediciones. Y es que, tan importante es tener buenas ideas y principios como el aprender la mejor forma de difundirlos.
Alumnos y ponentes hemos vuelto a casa con las pilas cargadas y con más y mejores argumentos a la hora de dar la batalla de las ideas. No debemos de olvidar que lo único que necesitamos para ganar esta batalla ideológica es tener unas firmes convicciones que defender y un tesón inagotable. Con estas dos armas, PODEMOS lograr avanzar hacia la sociedad que todos los liberales deseamos ver: una más libre, más voluntaria y cooperativa y, en definitiva, más próspera y mucho menos coercitiva. Algunos ya estamos deseando que llegue la X Universidad de Verano. Y es que la décima promete.
En esta semana el juez Andreu escuchará las palabras de una lista de declarantes en el caso de Bankia, denunciado por el partido UPyD. Las pérdidas para los ahorradores afectados, para los ciudadanos que rescatamos la mutación originada en Caja Madrid y las consecuencias no evidentes, pecuniarias o no, de la mala gestión y de los líos políticos, no deberían quedar en el olvido y disolverse en el tiempo como lágrimas en la lluvia, que diría el replicante Roy Blatt en la película Blade Runner.
Las sorpresas increíbles
El ex director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, enarca las cejas sorprendido todavía por el desarrollo de los acontecimientos. Reconoce que empezó a dudar “a título personal” en octubre del 2011 una vez que Bankia había salido a Bolsa y se dio cuenta de que aquello no era fiable definitivamente en primavera del 2012, cuando la auditora Deloitte puso en cuestión las cuentas de Bankia.
Increíble. Increíble que Martínez Tello se sorprenda tanto cuando una agrupación de inspectores del Banco de España elevaron informes acerca de lo sospechoso del tema, en concreto, "deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno" de Bankia, y que no hubiera una política de refinanciación “documentada y aprobada al nivel adecuado". Y lo hicieron un año antes de que el máximo responsable de la supervisión del Banco de España empezara a sospechar, ni más ni menos que en diciembre del 2010. Pero, al parecer los informes elevados se quedaron en las nubes, o no llegaron al completo, o no a la persona adecuada.
Pero ahí no acaba la sorpresa. Aún reconociendo que la segunda ayuda que Rodrigo Rato solicitó era insuficiente, y que Deloitte pidió una evaluación externa que nunca se presentó, Martínez Tello considera extrañísimo y sorpresivo el informe del FMI de abril del 2012 en el que consideraba a Bankia “vulnerable”. Increíble también esta segunda sorpresa, ¿no?
El caso Bankia, el musical
Si no fuera por lo que duelen los 19 mil millones de euros “inyectados” a Bankia, sería para contratar a alguien con luces suficientes para hacer un buen guión, un Alex de la Iglesia, por ejemplo, y decirle: “Hala, ahí tienes material para hacer una película de éxito, una mini-serie y hasta un musical”.
Porque, como en la magnífica película El Golpe (The Sting) de 1973, dirigida por George Roy Hill, y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford en el papel de estafadores, al final se van a fingir muertos y nadie pagará los platos rotos. Una vergüenza por diferentes razones. En primer lugar, porque en una sociedad supuestamente civilizada y justa, el que la hace, la paga. En segundo lugar, porque hay ahorros afectados de clientes pero también de quienes han aportado esos miles de millones de euros para el rescate. Tercero, porque el informe de los inspectores señalaba la politización del consejo y que se antepuso el interés de los consejeros al de la entidad y ese es un hilo del que hay que tirar, caiga quien caiga, si de verdad queremos regenerar el sistema. Y cuarto, porque es un referente, es un caso ejemplar que debería mostrar a todos, ciudadanos y políticos, que hay algo de luz en medio de tanto barro.
Y si no tenemos unas leyes, unos tribunales y unos jueces con coraje suficiente como para que salgan a la palestra los responsables y que haya penas de cárcel y castigo aleccionador para todos, los de arriba y los de abajo, entonces estamos condenados. Estamos condenados a que aparezca un tipo con coleta y convenza a la gente de bien pero hastiada de todo de que estos tipos son el mal encarnado y que es mucho mejor una redistribución de la propiedad, la nacionalización de las empresas y la autarquía. Menos con Cuba y Venezuela, claro.
A diferencia de las películas de Hollywood, cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia.
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