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Capitalismo y casino

José Antonio Granero Ramírez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, escribió en Expansión: "La historia confirma que el capitalismo sin regulación, basado sólo en el libre mercado, no organiza de forma efectiva la sociedad moderna, y no garantiza estabilidad". Y el francés Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, del Partido Popular Europeo, declaró a ABC"Nuestro mercado financiero no tenía reglas, era un casino".

Desde luego, si la historia confirma algo es justo lo contrario de lo que dice el señor Granero Ramírez, porque la realidad es que la expansión del Estado ha sido tan considerable como generalizada. No hay tal cosa como una sociedad cuya organización se fundamente "sólo en el libre mercado". Pero al mismo tiempo ese enorme crecimiento del Estado, como hemos comprobado en años recientes, ha hecho cualquier cosa menos garantizar la estabilidad.

Tras ese tópico, don José Antonio tiene más, "encontrar el equilibrio óptimo entre mercado y regulación estatal para un desarrollo eficiente y sostenible" o "por la asimetría de la información, no existe la competencia perfecta", y demás argumentos endebles con unos objetivos claros: combatir la libertad, restringir el mercado, imponer tarifas, forzar la colegiación obligatoria, etc. Eso sí, luego de exponer unas ideas endebles con el propósito de obtener beneficios económicos para un grupo, se pone solemne y concluye: "En un mundo que pretende ser más justo y equilibrado, medir todo en términos económicos resulta obsoleto".

Lo del señor Michel Barnier sí que resulta en verdad obsoleto, y además disparatado. En efecto, reprocharle a la economía libre sus deficiencias éticas es muy antiguo, y comparar el capitalismo con un casino también lo es. Lo que resulta chocante es el patente contraste entre lo que dice don Michel y la realidad. Primero, los mercados financieros por supuesto que tienen reglas, fijadas por políticos y burócratas como él mismo. Cuando el sistema intervenido estalla, se precipita la corrección política a echarle la culpa a una supuesta anarquía desreguladora que ni está, ni estuvo ni se la espera.

Para colmo, una vez que ha probado que es capaz de distorsionar la realidad en el caso de los mercados financieros, el señor Barnier pasa directamente al insulto en el caso de los casinos. Vamos a ver: ¿quién le ha dicho que los casinos no tienen reglas?

Raúl Castro y Putin o el romance imposible

Vladimir Putin aclaró tajantemente que su país no pensaba reabrir las operaciones de inteligencia electrónica de la base Lourdes, cercana a La Habana. Eso era lo predecible. Meterse de nuevo en la cama con los Castro no tenía sentido. No debe olvidarse que Putin llegó al poder de la mano de Boris Yeltsin para que completara el entierro del comunismo, no para revivirlo.

Las instalaciones de espionaje creadas en Cuba en 1964 fueron abruptamente clausuradas en octubre del 2001 por órdenes del propio Putin. Esa acción no se la perdonaron Fidel Castro ni los viejos kagebistas nostálgicos del comunismo, como su exjefe el general Nikolai Leonov, quien así lo manifestó en una entrevista concedida hace algunos años a los medios rusos.

En agosto de 1991 el KGB urdió un golpe político-militar para liquidar a Mijail Gorbachev y su política de reformas. A las 24 horas de iniciado el movimiento subversivo, Vladimir Putin, teniente coronel del KGB, renunció a su cargo y se situó junto a Boris Yeltsin, el hombre que hizo abortar el coup d’etat.

Aunque Putin no tenía mucha importancia dentro de la inteligencia, sus excompañeros lo vieron como un traidor, pero en el bando de Yeltsin lo aceptaron como un buen aporte a la Rusia que huía de su pasado bolchevique.

Casi una década más tarde, el 31 de diciembre de 1999, Yeltsin, enfermo y alcoholizado, renunciaría a la presidencia del país dejando a su discípulo Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa con la secreta tarea de que le cuidara las espaldas y lo defendiera de las (fundadas) acusaciones de corrupción.

Juntos, con perdón, habían armado la de Dios es Cristo. Enterraron la URSS, disolvieron el Partido Comunista, privatizaron con amiguetes el aparato productivo, renunciaron al colectivismo y a la planificación centralizada y transformaron los servicios de inteligencia.

Yeltsin y Putin sabían que Fidel Castro era un estalinista irredento. Y lo sabían porque al desertar el embajador (interino) cubano en Moscú, Jesús Renzolí, quien escapó vía Finlandia con la ayuda del diplomático costarricense Plutarco Hernández, reveló que algunas de las conversaciones conspirativas para restituir la dictadura marxista-leninista en la URSS se habían llevado a cabo en la embajada cubana en Moscú.

No obstante, la base de Lourdes permaneció abierta durante la década en que gobernó Yeltsin. Pero Putin, a poco de asumir el poder, la cerró, y lo hizo tan sorpresivamente que Fidel y Raúl Castro se enteraron por la prensa de la decisión del nuevo líder ruso, propinando un durísimo golpe a la vanidad de ambos personajes.

Sin embargo, la desilusión mayor fue la de Raúl Castro. De los dos hermanos, era él quien siempre había admirado más a Rusia, al extremo de llenar su antedespacho de fotos de mariscales y líderes militares soviéticos. Incluso llegó a declarar, en el juicio-pantomima que organizaron para asesinar al general Arnaldo Ochoa y otros tres oficiales, que él, Raúl, era, en realidad, "un ruso del Caribe".

En definitiva, ¿qué buscan Raúl Castro y Vladimir Putin en esta etapa de las relaciones entre ambos países?

El cubano busca armas para renovar su herrumbroso arsenal de los años ochenta, plantas eléctricas, una línea de crédito e inversiones en las elusivas prospecciones petroleras. Ofrece como garantía los petrodólares venezolanos –su permanente fuente de financiamiento–, pues nada tiene para exportar a Rusia, incluidos los médicos cubanos, innecesarios y muy poco respetados en ese país.

El ruso, por su parte, anda a la captura de mercados para sus cachivaches, especialmente armas, para lo cual –y ésta es una reflexión del sagaz político boliviano Sánchez Berzaín– le conviene arreglar cuentas con Raúl Castro, porque se trata del godfather de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y mantiene unas magníficas relaciones con Argentina, Brasil y Uruguay. Aunque pobre, desorientado y andrajoso, Raúl, paradójicamente es el director del circo y el domador de los enanos.

Hace muchos años, cuando conocí a Boris Yeltsin, le escuché expresar su temor a que el KGB le paralizara el corazón con unas ondas de radio que producían fibrilaciones. Yeltsin no quería nada a Castro.

Ignoro si Vladimir Putin ha controlado a sus excompañeros o si cree que ya pasó el peligro. Tampoco sé lo que realmente piensa de los dos hermanos Castro, pero intuyo que no es nada bueno. Fue en Moscú, en esa época, cuando escuché una expresión llena de desprecio hacia Cuba y el comunismo tercermundista: "Mendicidad revolucionaria". Putin no quiere saber de eso nunca más.

elblogdemontaner.com

Primero vino la prosperidad, luego el Leviatán

El gran Estado benefactor sueco tiene una historia relativamente corta y reciente. Se instaura a partir de los años 60 y sufre su gran crisis a comienzos de los 90. Hasta la década de 1950 Suecia se caracterizaba tanto por la pequeñez comparativa de su Estado como por su bajo nivel tributario. El Estado sueco, medido por la proporción de empleados públicos en el empleo total, era todavía en 1960 menor que el británico o el estadounidense, y su carga tributaria era comparable con la de estos países y estaba por debajo de la de Francia o la de Alemania Federal. Esto es importante recalcarlo, ya que la evolución que llevaría a Suecia a alcanzar unos niveles récord de expansión estatal y tributaria representa una ruptura con una historia caracterizada por lo contrario.

Es interesante notar que, en términos de desarrollo económico comparativo, es justamente en el período anterior a 1960 cuando Suecia exhibe un desempeño extraordinario, mientras que el período que va de 1960 a 1990 –coincidente con la gran expansión estatal– es muy mediocre. Entre 1870 y 1960 Suecia es el país que más crece a escala mundial en términos de PIB per cápita, mientras que entre 1960 y 1990 se ve superado por todos los demás países desarrollados, con excepción de Gran Bretaña y Suiza.

Este desarrollo mediocre se va haciendo cada vez más pronunciado en la medida en que la expansión estatal alcanza sus niveles más extraordinarios. Así, entre 1975 y 1990, cuando el gasto público llega a superar el 60 por ciento del PIB, Suecia muestra el crecimiento económico más lento de todos los países desarrollados. El Leviatán sueco estaba, simplemente, ahogando a la sociedad que le había dado vida y preparando su desmoronamiento a comienzos de los años 90.

Si volvemos la mirada hacia los años del milagro sueco –entre 1870 y 1960– se observa que el notable desempeño de Suecia fue propulsado por un capitalismo pujante y abierto al mundo, es decir, por una economía de libre mercado e industrias de primera clase, basadas en el trabajo y la creatividad de sus obreros, ingenieros y emprendedores, que transformaron un insignificante país nórdico que a mediados del siglo XIX era una economía periférica que exportaba materias primas y alimentos en una verdadera potencia industrial.

El momento crucial de la asombrosa transformación de Suecia fue la liberalización y apertura revolucionaria de su economía a mediados del siglo XIX, conducida por Johan August Gripenstedt, ministro de Finanzas entre 1851 y 1866. Fue entonces cuando definitivamente se rompió con la economía de los privilegios estamentales, las regulaciones estatales abrumadoras, las aduanas internas, el proteccionismo, los impedimentos a la libertad de industria y de comercio así como a la libre circulación de las personas. Sí, la madre de la prosperidad sueca no fue otra que la libertad económica, que potenció el esfuerzo del pueblo y el ingenio y la capacidad emprendedora de sus elites. Ello preparó las condiciones para el espectacular salto industrial en las décadas finales del siglo XIX, cuando la tasa sueca de crecimiento –entre 1870 y 1913– fue la mayor de Europa y los obreros industriales vieron triplicarse su ingreso real. Así, gracias a la fuerza de su capitalismo, un pueblo que había experimentado la última de sus muchas hambrunas en 1868 pudo acceder a un nivel de bienestar nunca antes conocido.

Esto no quiere decir que el Estado no haya sido importante en todo este proceso, muy por el contrario. El Estado sueco desempeñó en verdad un rol decisivo, pero no fue el de engullirse una tajada creciente del ingreso nacional ni el dárselas de empresario ni el de crear un sistema de prebendas y privilegios. El Estado sueco hizo lo que todo Estado que ayuda a generar progreso debe hacer, es decir, crear instituciones que fomenten la libertad individual y protejan la propiedad privada, que exijan el cumplimiento de los contratos y mantengan el Estado de Derecho. También puso su mano allí donde las manos privadas no alcanzaban, como en la construcción de ferrocarriles o en la creación de las llamadas escuelas del pueblo, a partir de 1842, que a fines del siglo XIX daban escolaridad a prácticamente todos los niños del país. Esto fomentó la igualdad de oportunidades, lo que reforzó el impacto positivo de la distribución igualitaria de la tierra que caracterizaba ya de antes a la agricultura local. Fue un Estado subsidiario y solidario, creó instituciones sólidas, hizo aportes económicos estratégicos pero limitados y allanó el camino de la igualdad de oportunidades. Fue, en pocas palabras, un Estado ejemplar y, además, cada vez más democrático.

Esta fue la base económica que daría a la socialdemocracia los recursos necesarios para la realización de sus programas de reformas sociales. Es por ello que quienes predican la adopción del modelo sueco, es decir, la construcción de un gran Estado benefactor, en países sin un desarrollo comparable no hacen sino proponer una quimera.

Sin un capitalismo de primera línea no puede existir ni bienestar ni Estado del Bienestar, esta es la lección más fundamental del desarrollo moderno de Suecia. La otra lección de importancia es que si se quiere lograr y luego mantener ese desarrollo es mejor cuidarse del gran Estado. Lo ocurrido en Suecia a partir de 1960 es una clara advertencia acerca de los peligros de una expansión estatal que termina destruyendo las bases mismas del progreso.

Mauricio Rojas (Santiago de Chile, 1950), exmiembro del Parlamento sueco y profesor adjunto de Historia Económica de la Universidad de Lund (Suecia).

Universidad de Verano 2014

La IX Universidad de Verano, celebrada entre el 11 y 18 de julio de 2014, volvió a congregar a un gran número de alumnos de toda España y de Hispanoamérica, así como a un gran elenco de profesores. El resultado, unos días de reflexiones, debates y diversión en el siempre acogedor marco de Lanzarote.

El misterio del caso Gowex

Llevamos unas semanas machacados por el escándalo Gowex, desde aire, mar y tierra, esto es, desde todos los medios de comunicación relevantes del país. A ojos de un tercero desinformado, parecería que ha quebrado algún banco, o, por no salir del sector afectado, un Vodafone o un Jazztel.

Pero no, la empresa afectada responde al nombre Let’s Gowex y prácticamente era desconocida para el común de los españoles. Y posiblemente lo siga siendo. Unas cifras pueden dar una idea de la "magnitud" del suceso. La empresa tiene 170 trabajadores, decía que facturaba unos 180 Millones de Euros anuales (aunque parece que no llegaban a 10) y se estima que tiene unos 5.000 inversores minoritarios, con una inversión media entre 10.000 y 15.000 Euros. La mayor parte de las acciones están en manos del equipo gestor (62%) y otro 15% en gestoras de fondos.

Así que la caída de Gowex afecta a la friolera de 5.200 personas, que es menos de lo que cabe en una esquina del estadio Santiago Bernabéu. Y, sin embargo, hete aquí a toda la selva mediática del país hablándonos durante varios días del tema, y lo que te rondaré.

Para mí, ese es el gran misterio que rodea al caso Gowex. ¿Por qué el impacto mediático?

Algún dato más. Gowex se dedicaba, principalmente, a la instalación y explotación de redes WiFi en lugares públicos, típicamente la plaza mayor del pueblo, incluyendo transportes colectivos.

Gowex cotizaba en un mercado bursátil de empresas de alto riesgo (el llamado Mercado Alternativo Bursátil), pensado precisamente con el objetivo de facilitar financiación a este tipo de empresas que no podrían cumplir los más exigentes requisitos del mercado continuo. Cualquier inversor que se meta en el MAB sabe que está jugando con fuego, y de ahí las (relativamente) bajas cantidades invertidas en promedio.

Es más, cabe esperar del inversor medio del MAB que sea un inversor más preparado que el normal. Dicho esto, estoy seguro de que los analistas de prestigio, y desde luego aquellos que usan Value Investing, saben de la importancia del equipo directivo de cara a una decisión de inversión. Es más, algunos expertos dicen que es lo único importante.

Pues bien, una somera investigación sobre el perfil del CEO, un tal Jenaro García, hubiera puesto a cualquier potencial inversor en guardia. Al menos, eso es lo que parece de los datos que revela el informe de Gotham, el grupo de analistas que ha desvelado el escándalo. De hecho, parecería que estuviéramos ante el mismísimo Lobo de Wall Street en versión española.

Vaya por delante que esto siempre es muy fácil decirlo después de descubierto el escándalo, y si no que se lo digan a los de Ernst & Young, que ni cortos ni perezosos le dieron el premio al Emprendedor del año 2011.

Lo cierto es que el señor García debe de ser un vendeburras de cuidado, y tenía engañados a un montón de inversores y a un montón de empleados. Y ya está. Eso es lo que hacen los timadores, si es que lo era, que a lo mejor todo el montaje lo hizo con la mejor intención (y no estoy siendo irónico).

Pero volvamos al misterio del caso Gowex. ¿Cuánto dinero habrá estafado el señor García con este montaje? No encuentro cifras. ¿Serán comparables a las de los ERE de Andalucía? ¿O a las de la familia Pujol en Cataluña? ¿O a las de Urdangarín? ¿Quizá son del orden de las del caso Bárcenas? No sé.

Solo sé que los supuestos estafados sabían que se metían en un negocio muy arriesgado y que, con independencia de las mentiras, sabían que podían perder toda su inversión. Así que el escándalo no pasa de ser el de una PYME quebrada, como tantas otras, solo que adornado por un tipo con mucha cara dura.

¿Y esto justifica el impacto mediático? En mi opinión, esta situación tan amplificada tiene víctimas colaterales:

  1. El emprendedor, que queda demonizado, como ese sujeto que quiere hacer pasta a toda costa
  2. El MAB, que aparece ante la opinión pública como un campo de minas incluso para el inversor experto
  3. Las pequeñas empresas en busca de financiación, que ven cómo se les cierra una vía atractiva de obtención
  4. La libertad, pues no tardará el gobierno en utilizar el escándalo como disculpa para imponer regulación en beneficio del ciudadano (pese a que, irónicamente, es el regulador quien vela para evitar que estos engaños ocurran, con la diligencia habitual del sector público, claro)

Así que sí hay ganadores de la amplificación de la noticia: la gran empresa, que verá debilitada la posible competencia proveniente de nuevos emprendedores. Anda… pero si los mass media son grandes empresas que ven amenazados sus negocios por los emprendedores en Internet. ¿Será esta la solución al misterio del caso Gowex?

PPodemos

Puede que Juan Manuel Moreno Bonilla se inventara su currículum, pero desde luego no se ha inventado los valores estatistas sobre los que descansa el ideario del PP. Con su reciente propuesta populista de implantar una renta básica en Andalucía tan sólo ha puesto de manifiesto cuáles son los auténticos principios en torno a los que históricamente se ha construido el PP: una mezcla liberticida de falangismo, de democracia-cristiana y de socialdemocracia.

A la postre, el desnortado proyecto de renta básica entronca perfectamente con la visión estatista de las relaciones sociales que profesa el PP: altos impuestos y asfixiantes regulaciones que pauperizan a una parte creciente de la población con el propósito de que el Estado acuda a su rescate tejiendo redes redistributivas y clientelares.

No tienen más que fijarse en los tres argumentos que han blandido los populares andaluces para justificar su ocurrencia: 36% de paro; 67% de paro juvenil; 3,5 millones de personas en situación de pobreza. Eso es la renta básica impulsada por Moreno Bonilla: el reclamo electoral de un PP andaluz que claudica ante la devastación económica impuesta por sus pares socialistas y que opta directamente por el subsidio generalizado como señuelo para comprar votos.

Hubo un tiempo en el que, contrariamente, el PP aseveraba que la mejor política social era la creación de empleo: es decir, permitir que la gente saliera adelante por sus propios medios sin verse ni parasitada ni subsidiada por los políticos. Lo más probable es que el PP jamás creyera sinceramente en tales palabras, pero al menos blasonaba un discurso que en el fondo era acertado. Hoy no: el PP de Rajoy, el de Montoro o el de Moreno Bonilla promueve una fiscalidad confiscatoria, una hiperregulación sojuzgadora y, a su vez, una subsidiación general de la pobreza que ellos mismos generan y consolidan. Aunque pudiera parecerlo, no hay esquizofrenia alguna en ello: un Estado que te quita con una mano y te da con la otra se convierte en un ente indispensable para sobrevivir, esto es, en un ente al que hay que reverenciar y rendir pleitesía.

Andalucía es, justamente, el mejor ejemplo de por qué décadas de transferencias coactivas de renta desde el resto de España y Europa para, supuestamente, promover el desarrollo y la prosperidad no han funcionado. El crecimiento desorbitado de la administración, de la función pública, de las faraónicas obras innecesarias y de los subsidios redistributivos, combinado con miles de regulaciones que maniatan el desarrollo del tejido empresarial, sólo han conseguido abocar a la región al 36% de paro, al 67% de paro juvenil y a los 3,5 millones de personas en situación de pobreza.

Este flagrante empobrecimiento de la estructura social y económica de Andalucía no se debe a su defecto de intervencionismo estatal sino a su marcado exceso. ¿Y qué propone el PP andaluz como alternativa? Darle una nueva vuelta de tuerca tal a ese intervencionismo estatal que deje como moderados a la coalición gobernante de PSOE e IU: en concreto, subsidiar todavía más a los ciudadanos mientras se mantienen —o incrementan— todos los obstáculos regulatorios o fiscales que les impiden a esos mismos ciudadanos prosperar autónomamente.

Los españoles no somos incapaces de generar riqueza para el resto de españoles o para el resto del mundo: somos incapaces de generarla dentro del abusivo marco regulatorio y fiscal que nos imponen los mismos políticos que luego tratan de comprar nuestras voluntades devolviéndonos unas migajas del dinero que previamente nos han arrebatado. No necesitamos un Estado que nos coloque menesterosamente de rodillas ante una casta, o ante una neocasta, que practique la beneficencia a nuestra costa. Necesitamos un Estado que no nos impida levantarnos y prosperar, tal como se levantan y prosperan cada mañana los suizos, los australianos, los neozelandeses, los hongkoneses, los taiwaneses, los singapurenses o los surcoreanos: sociedades inmensamente prósperas y con pleno empleo para su ciudadanía, a pesar de que hace 35 años muchas de ellas exhibían una renta per cápita similar a la española o incluso sustancialmente inferior. ¿La clave? Imperio de la ley, impuestos bajos, burocracias moderadas y respeto a la libre empresa. Ninguno de los partidos españoles con representación parlamentaria defiende tal camino hacia el bienestar común: tampoco, por supuesto, el Partido Popular.

Al final, es verdad que la emergencia de Podemos en el panorama político español ha tenido el efecto perverso de desplazar el debate político hacia el estatismo. Pero también ha tenido la regeneradora virtud de mostrarnos sin camuflajes la verdadera cara y las verdaderas ideas del Partido Populista gobernante. La renta básica de Moreno Bonilla en un contexto de altísima fiscalidad y omnipresentes regulaciones no constituye una excentricidad programática dentro del Partido Popular, sino el desarrollo lógico y consecuente de sus principios antiliberales: abajo la riqueza autónomaarriba la pobreza subsidiada. Sí, PPodemos.

Usos e imposturas

Cualesquiera que sean las circunstancias de su ejercicio dentro de una sociedad dada, la función de juzgar cabalmente constituye una de las actividades más díficiles y complicadas que un ser humano pueda emprender.

Se exige, en primer lugar, acotar los hechos que tengan relevancia jurídica teniendo en cuenta que las propias normas jurídicas en las que finalmente habrá de subsumirse el caso influirán en su interpretación. Se produce en la práctica una inescindibilidad entre el hecho y su típicación en el precepto concreto. Con ese objetivo en mente, debe acometerse una investigación previa o una preparación de pruebas por las partes interesadas que conformarán la fase previa al juicio definitivo.

En segundo término se requiere la práctica de una serie de pruebas de forma contradictoria ante un juez –o jueces- que valore jurídicamente los hechos que considere probados y les atribuya unas consecuencias determinadas. Estás últimas varían, según los órdenes jurisdiccionales, pero singularmente en el orden penal, los estados han reservado para sus tribunales, previa acusación pública o privada, la potestad de privar de libertad a los individuos condenados como responsables de delitos que se consideran menos graves y graves. En buena lógica parece que de la grave responsabilidad asumida por un juez penal se derivaría la necesidad de extremar el cuidado en su selección, de suerte que solo lleguen a desempeñar un cargo de ese tipo personas dotadas de contrastable ecuanimidad y metódico conocimiento del Derecho.

Viene al caso esta disgresión a propósito del último ejemplo de la larga lista de decisiones chocantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: Me refiero naturalmente a la Sentencia profundamente injusta que absuelve a diecinueve acusados de varios delitos con motivo del asedio al Parlamento de Cataluña el 14 de junio de 2011 y tan solo condena a uno por una falta de daños.

Llama la atención desde el principio de la sentencia, respaldada por el voto de dos magistrados de la Sala, la reiteración del término "conflicto" para referirse a unos incidentes violentos protagonizados por numerosos asistentes a una manifestación que, en principio, no debería degenerar en un tumulto dirigido contra los parlamentarios y el gobierno autónomo catalán, si no hubiera, como señala el voto particular discrepante, un pactum scaeleris, es decir, un acuerdo por el que varias personas convienen la realización de una actividad criminal, que suele suponer la condena de los partícipes como coautores del hecho o hechos ilícitos realizados.

La instrucción judicial fue atraída en un estadio preliminar a la competencia de la Audiencia Nacional [Art. 65.1º a) LOPJ] al calificarse muy pronto los hechos como un delito de coacciones especiales contra los miembros de una Asamblea legislativa autónomica dirigidas a impedir su asistencia o coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto (Art. 498 C.P) en una sesión donde se iban a debatir y votar determinados medidas presupuestarias que disgustaban a los organizadores de la manifestación, en concurso ideal con otro delito de atentado agravado (Art. 550 y 551.2 CP).

La propia dilación del procedimiento –el juicio no se celebró hasta tres años después- da una idea de las dificultades que la instrucción debió atravesar. En cualquier caso, los pseudoargumentos jurídicos fundamentales para justificar la actuación de los manifestantes violentos se contestaría con una sola línea: El derecho a la manifestación protegido constitucionalmente (Art. 21.1) requiere el cumplimiento de dos condiciones: que sea pacífica y sin armas, en la medida que éstas constituyen un indicio de intimidación o coacción frente a otras personas.

Mas, lejos de ello, los magistrados Ramón Sáez Valcárcel (ponente) y Manuela Fernández Prado descienden en un camino de ampulosa retórica y citas inconsistentes de las doctrinas del Tribunal Constitucional español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (¿es un guiño a alguien citar las sentencias de los casos Castells y Otegui contra España en las que se invocó la libertad de expresión, cuando hay otras más representativas?) e incluso el Tribunal Supremo norteamericano. Básicamente estos ilustres magistrados pretenden colar la especie de que la justificación de los "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión frente a otros derechos resulta equiparable a los de una manifestación violenta.

Pero van más allá: aluden a una dramática falta de acceso de estos manifestantes (a los que atribuyen la representación de los sectores más débiles de la sociedad) a los medios de comunicación, pues éstos estarían en manos privadas o de titularidad estatal, pero gestionados con criterios partidistas, como presupuesto que vendrá a justificar excesos de su parte. Y como claúsula de blindaje, se sirven de una singular apología de los piquetes para trasladar la responsabilidad de lo acontecido a las autoridades competentes por no establecer un perímetro "para hacer compatible, de un lado, la acción de los piquetes, que se erigían en portavoces de un sector de la sociedad, de los representados, que buscaban confrontarse físicamente y dialogar con los representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las consecuencias de los presupuestos que se iban a votar aquella jornada, con, de otro lado, la libertad de los diputados de acceder a la asamblea para ejercer sus funciones". Una cosa es la probable incompetencia de las autoridades en la ordenación de las protestas en espacios públicos y otra muy distinta basar en ella la irresponsabilidad de quienes participan en esas manifestaciones.

Frente a un tribunal politizado en el sentido apetecido por las defensas de los acusados caben todas las sospechas de que no reúne las condiciones necesarias para desempeñar la función de juzgar. A la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los recursos de casación anunciados, si se observa el voto discrepante, emitido a modo de sentencia alternativa con distintos hechos probados y fundamentos de derecho por el tercero de los magistrados, las sospechas pasan a ser indicios de la impostura de la mayoría.

El honor de la burguesía

La economista Deirdre McCloskey está a punto de publicar el tercer volumen de su saga en la que estudia el origen del enriquecimiento de la revolución industrial. Gracias a ese fenómeno, muchos pobres salieron de una situación de miseria y se consolidó la burguesía en Europa. Los argumentos de McCloskey se salen de lo habitual y se centran en el cambio en la percepción del lucro y el beneficio. Mirando a nuestro alrededor se diría que estamos regresando a la era preindustrial.

Hay un universo más allá de los números

La genialidad de la economista americana es que se sale de todas las convenciones a la hora de encontrar las razones que explican los datos de crecimiento de los siglos XVIII y XIX. Tras el éxito de sus dos primeros volúmenes, Bourgeois Dignity: Why Economics Cant Explain the Modern World (2010) y  Bourgeois Virtues: Ethics for An Age of Commerce (2006), ambos publicados por la Universidad de Chicago, McCloskey se atreve con un tercer volumen que está por salir, en el que persiste en su intento por sacar las tripas del fenómeno económico más relevante desde la llamada Revolución Neolítica, cuando el hombre aprende a "domesticar" las especies vegetales y aparece la agricultura.

Cuando se observa el llamado "palo de hockey", es decir, el gráfico que representa la renta per cápita media desde la Edad Media hasta nuestros días, y que se llama así porque tras una larguísima etapa con una evolución prácticamente plana, se dispara a partir de 1820 en un crecimiento exponencial, lo que le hace parecer un palo de hockey tumbado, no puede uno sino preguntarse qué pasó para que sucediera ese fenomenal cambio.

Los economistas han tratado de ofrecer todo tipo de respuestas: desde el institucionalismo de Douglass North que hace recaer el peso en el desarrollo de instituciones que reforzaron los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, pasando por el carácter individualista británico, o el imperio de la ley, han sido las más relevantes, además de la revolución agrícola o el avance de la tecnología. Pero para Deirdre McCloskey la diferencia entre el antes y el después es que mientras que hasta el siglo XVII el comercio era algo feo, deshonesto, a diferencia de otras actividades "nobles" como la guerra, a partir de ese siglo, la percepción de la búsqueda del lucro cambia por completo. Quienes antes eran mal vistos se convierten en ciudadanos tan honorables como los demás. Dice Donald Boudreaux en el magnífico artículo que escribe entorno a las ideas de McCloskey, que considerar deshonesto el comercio y la búsqueda del beneficio, actuaba como un impuesto, no aplicado por el Estado, sino por la sociedad y de manera espontánea. Así que no era rentable ganarse la vida de forma poco digna si podías evitarlo. Y si no podías, era carísimo limpiar tu nombre para que, al menos, tus hijos tuvieran más oportunidades que tú.

La dignidad económica de nuestros días

Hoy en día, ese impuesto ya no recae sobre cualquier actividad comercial. Depende de tu patrimonio previo. Una persona con recursos limitados está "autorizado" por la sociedad a buscar su beneficio económico sin que le demonice nadie. Pero si esa persona tiene un patrimonio elevado, ese mismo interés está condenado al insulto y el vilipendio. Como si la virtud se definiera de manera distinta según el sujeto a estudio y la bondad, la maldad, el egoísmo o la prudencia no fueran lo mismo para mí que para usted.

Por la misma razón un especulador está marcado por el mal siempre que la economía vaya mal. Pero si estamos cambiando de tendencia y la misma persona se decide a hacer lo mismo: invertir legalmente a través de alguna de las figuras existentes en el mercado financiero internacional, el demonio se torna ángel y el vil especulador pasa a ser un amable e interesante inversor.

Pero hay un caso aún más sorprendente en nuestros días: el caso de los políticos. Cuando una persona tiene representación parlamentaria y juega al juego político es un miembro de la casta, pero si yo, por ejemplo, que suelo ser muy crítica con el mundo de la política, sus tejemanejes, etc., decido participar en la vida política y presentarme a las elecciones, utilizando todas las manipulaciones del lenguaje, de los datos y las técnicas de comunicación de la política, entonces soy un regeneracionista que va a salvar a España, a Europa y al mundo de la casta política… estoy por encima de la casta y, por tanto, el que elaboro los juicios morales acerca de lo que hacen los demás: los especuladores son malos, el lucro es indigno… Y así, tal vez volvamos al momento económico preindustrial muy digno para algunos pero muy pobre para la sufrida clase media. Y lo haremos porque PODEMOS.