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España tiene TDA

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En las últimas semanas, la sociedad española se ha mostrado completamente distraída, pendiente, en especial, del recambio real, el mundial de fútbol y, cómo no, el tiempo que hace. Lo raro es que no haya salido a la palestra algún meteorito a punto de chocar contra el planeta. ¿Y lo relevante?

Lo relevante y lo accesorio

¿Quiere eso decir que lo relevante para los españoles es si reina Juan Carlos o Felipe, si la selección de España es eliminada del Campeonato del Mundo o si el bochorno que nos azota es normal en este tiempo de solsticio de verano? No necesariamente.  Porque, siendo estos tres hechos de diferente naturaleza y rango, tienen la misma limitación: no nos va a sacar de la atonía inversora, ni van a evitar que usted y yo no lleguemos a fin de mes (de nuevo), no van a impedir que quiebren empresas o van a proporcionar millones de puestos de trabajo.  Y, sinceramente, visto lo visto, eso es lo relevante.

Porque es cierto el simbolismo político y el momento histórico que implica que el jefe del Estado sea Felipe VI y que no haya pasado nada, es importante comprobar que somos un país encantado de tener casi diez mil aforados y que sería muy hipócrita rechazar solamente el aforamiento real cuando hay cerca de siete mil jueces aforados, por no hablar de políticos locales y demás privilegiados, ciudadanos de primera, inmunes por la gracia un privilegio al que ni ellos pueden renunciar. Aunque lo cierto es que ni el rey saliente ni el entrante gobiernan, ni tienen potestad para tomar decisiones muy relevantes sin el asentimiento de los que de verdad mandan: los políticos.

También es cierta la debacle de una selección de fútbol que concita lo peor y lo mejor de nuestra sociedad: el triunfalismo pueblerino y la unidad de los españoles frente a un rival. Con lo difícil que es aunar opiniones y gustos en este país, dentro de lo que cabe, había cierto consenso a la hora de animar a la selección, salvo algún escéptico sin gusto por el fútbol que, normalmente, era (éramos) severamente reprendidos. Perfectamente comprensible.

Y finalmente, está el eterno tema de conversación: el tiempo. Comentamos si hace frío en invierno, si hace calor en verano, si hay viento o no lo hay. El tiempo es siempre un punto de referencia en las charlas entre mis conciudadanos.

Pero más relevante que todo eso, el paro, el cumplimiento del objetivo de déficit, la reforma fiscal, la activación de la inversión a partir del fomento del ahorro, me parecen temas en los que debían estar fijas nuestras miradas y nuestra atención. Y ese es el problema.

La España trastornada

El problema es que nos centramos en la solución al paro y entonces el rey abdica. Y ya tenemos motivo para distraernos. Se van los inversores y Pablo Iglesias estornuda. Y, de nuevo, encontramos un recurso fantástico para cambiar de tema. La Comisión Europea se preocupa porque cree que este Gobierno está poniendo en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit (que significa que nos empobreceremos y nos costará más caro salir de la atonía económica) y entonces nos eliminan del Mundial. Y todos olvidamos el roto en el bolsillo presupuestario del Gobierno del Partido Popular y pasamos al sesudo análisis de las capacidades de nuestros casi cuarentones jugadores. Somos como los afectados por el Trastorno de Déficit de Atención (niños o adultos), pero sin el componente de hiperactividad, más bien al contrario, somos como el alumno que desconecta , en el que brota con fuerza la hiedra de la apatía, hasta paralizarle por completo. Al final nadie hace nada ni respecto a los temas económicos ni respecto a los distractores (realeza, fútbol y tiempo meteorológico).

Más allá de lo cuestionado que está el diagnóstico del déficit de atención, solamente hay que leer la definición de trastorno en psicología para darse cuenta de lo que hablo. Un trastorno remite a un patrón de comportamiento asociado con un malestar, un impedimento, o con un riesgo grande de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. En ese sentido, el comportamiento de los españoles en su conjunto no puede ceñirse más a la definición. Lo que me escuece especialmente  es el creciente riesgo de un dolor en aumento en el bolsillo de la sufrida clase media y de una pérdida de libertad que se dispara ante nuestra incapacidad para poner remedio y, muchas veces, de darnos cuenta de lo que nos está sucediendo y de su alcance. 

La pena de no caber en Granada

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Leí en El Ideal de Granada que el presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje, Gerardo Castilla, pidió a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento una "clara moratoria" en la construcción de plazas hoteleras ante la falta de rentabilidad a la que se enfrentan gran parte de los establecimientos ya existentes. "En Granada no cabe ni un hotel más, sobran hoteles", sentenció.

La prueba irrefutable que presentó el señor Castilla fue la ocupación media de los hoteles granadinos: el 55 %. Es decir: "Casi sobran la mitad de los hoteles"; con lo cual "lo que tenemos que hacer es rentabilizar las que tenemos, no abrir más plazas hoteleras".

Vemos aquí un diagnóstico disparatado y una receta inquietante. Un poco de reflexión basta para comprender que nadie puede decidir cuántos hoteles caben en Granada, porque esa es una decisión que toman los visitantes que acuden a esa bellísima ciudad. Pero lo que es un completo despropósito es afirmar que los que caben son ¡los que ya están! 

En efecto, esa decisión también compete a los clientes. En caso contrario los empresarios existentes podrían hacer lo que les viniese en gana en términos de oferta, calidad y precio. Esa situación de falta de competencia promovería la explotación de los turistas. En cambio, la competencia es lo que permite garantizarles una oferta múltiple y accesible. Esa competencia tendría como resultado que los hoteles malos y caros desaparecerían o serían adquiridos por nuevos empresarios menos dispuestos a maltratar a los visitantes.

El diagnóstico, por tanto, es un dislate: no puede seriamente afirmarse que los hoteles de Granada tienen que ser los que ya están, ni uno más, ni uno menos.

Pero la receta de don Gerardo Castillo, además, es inquietante: reclama que el poder político y legislativo impida la apertura de más establecimientos hoteleros. Obviamente, tampoco las autoridades pueden saber cuántos hoteles caben en Granada. Ahora bien, lo que sí tienen los políticos, por desgracia, es la capacidad de impedir que se abran otros, y lo malo es que, presionados por los que ya están, vayan y, en contra del interés general, lo hagan.

El Estado benefactor y la revolución que nos falta

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

La profunda crisis que España ha atravesado ha impuesto una serie de tareas urgentes para evitar el naufragio nacional. Se trata de un panorama lo suficientemente acuciante y convulso como para que ahí se agote el esfuerzo de reforma emprendido. Sin embargo, ello dejaría pendiente todo lo importante, es decir, los problemas de fondo que atentan contra el bienestar de los españoles.

Una de las reformas pendientes más decisivas es la del denominado Estado del Bienestar. Sus excesos fueron un elemento determinante de la crisis, pero lo que se debe cambiar es mucho más profundo que lo referente a cuánto se gasta. Se trata de sus formas de organización, que se han hecho cada vez más anacrónicas y lastrado nuestra capacidad de progresar.

El Estado del Bienestar español es una variante de aquel tipo de Estado que se impuso en prácticamente toda Europa Occidental y que llegó a ser considerado como un rasgo distintivo del modelo social europeo. Sus raíces son antiguas. Ya en el siglo XIX surgieron conceptos como el de Estado Social (Sozialstaat) en Alemania y Estado Providencia (État-Providence) en Francia. A mediados del siglo XX se acuñó en Gran Bretaña el concepto de Estado del Bienestar (Welfare State), pero sus formas más acabadas se alcanzaron en los países nórdicos, donde la presencia estatal llegó a niveles sin precedentes en sociedades democráticas. 

Lo característico de todas estas propuestas fue la centralidad del Estado como responsable y gestor del bienestar ciudadano. Para ello se crearon sistemas que fueron un fiel reflejo de las sociedades industriales en que estaban naciendo, con su centralización jerárquica, sus planificaciones tecnocráticas, sus cadenas de mando de arriba abajo, sus productos estandarizados y el papel pasivo del consumidor, que era el eslabón final de una larga cadena de decisiones. En política social, este arquetipo tuvo su réplica en las grandes organizaciones y programas estatales, con soluciones estandarizadas para ciudadanos cada vez más estandarizados. 

El ciudadano fue así convertido en un receptor de servicios modelados desde arriba por las élites políticas y tecnocráticas, sin mayor posibilidad de elegir alternativas a no ser que dispusiese de un poder adquisitivo relativamente fuerte. La libertad de elección y la diversidad fueron de esta manera transformándose en el privilegio de las clases más acomodadas de la sociedad.

Este modelo estatista, jerárquico y homogeneizador fue relativamente eficiente en su momento y alcanzó algunos logros importantes. Pero hoy ya no es así. Desde los años 70 del siglo pasado venimos experimentando una verdadera revolución de los modelos organizativos que asocia la eficiencia a la flexibilidad, la descentralización, la diversificación, las estructuras menos jerárquicas y, sobre todo, la capacidad de dar protagonismo al consumidor. La orientación hacia productos y soluciones estándar pertenece hoy al pasado, tal como lo hacen las grandes jerarquías piramidales y las planificaciones centralistas.

Esta revolución organizativa se impuso en el paisaje empresarial global por una simple razón: las firmas que no se renuevan pierden eficiencia y capacidad competitiva frente a aquellas reformadas o nacidas dentro del nuevo paradigma organizativo. En el sector público, sin embargo, las cosas han sido muy diferentes. Al tratarse de un sector no sometido a la presión de la competencia ni dependiente de la libre elección de sus usuarios, ha podido mantener modelos organizativos cada vez más anacrónicos. Mientras la regulación les asegure su posición monopólica respecto de sus consumidores cautivos, los entes públicos pueden continuar existiendo sin inquietarse por su eficiencia o la calidad de sus productos. El impacto negativo de sus ineficiencias puede por ello acumularse durante largo tiempo, hasta que, tal como en Suecia a comienzos de los años 90 o en España hoy, una profunda crisis obliga a repensarlo todo.

El anacronismo mencionado se hace especialmente crítico cuando afecta a sectores tan vitales para el conjunto del desarrollo social como el de la educación. El caso de las universidades españolas, enfermas de endogamia y amiguismo, es patente. Brillan por su ausencia entre las mejores del mundo y por el blindaje de su casta docente-funcionarial frente a toda competencia que amenace su buen pasar. También lo es el de la educación primaria y secundaria, con profesores que están entre los mejor pagados del mundo –y entre los que menos trabajan–, pero con resultados lamentables.

Hoy no es posible el progreso de organizaciones o sociedades que encapsulan a sus integrantes en un medioambiente protegido de la presión transformadora del desarrollo a escala global. Lamentablemente, el sector público español es sinónimo de ese encapsulamiento contraproducente, y su casta funcionarial parece estar dispuesta a defenderlo a muerte.

En suma, prescindiendo de los problemas relacionados con el tamaño, el gasto excesivo y las promesas ilusorias, el Estado del Bienestar, tal como lo hemos conocido en España, adolece de graves problemas de estructura que se van agudizando al progresar la globalización y la revolución organizacional propia de la era de la información.

Por ello urge su reforma, cambiar la relación entre el Estado y la sociedad civil en que se funda. El Estado-patrón, que desde arriba pretendía hacerse cargo del bienestar ciudadano, debe dejar paso a un Estado diferente, que apoye el libre accionar de los ciudadanos sin pretender imponerles preferencias o formas de vida que no han elegido. Para eso nos hacen falta la libertad de elección y empresa en los servicios públicos, y lo que nos sobran son los funcionarios y muchos políticos.

bibliotecademauriciorojas.wordpress.com

La reforma fiscal que España necesita

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

"For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle". (Winston Churchill)

Una reforma fiscal debe estar orientada a conseguir los siguientes objetivos:

– Mejorar la renta disponible de las personas, para apoyar el consumo.

– Apoyar el crecimiento económico, para generar mejores ingresos fiscales futuros.

Es decir, olvidar el objetivo recaudatorio cortoplacista del Sheriff de Nottingham arrancando monedas al que sobrevive y apostar por el crecimiento y una mayor calidad y sostenibilidad de ingresos fiscales.

Todas las reformas fiscales que olvidan esos objetivos fracasan.

Las líneas generales de la reforma planteada por el Gobierno el viernes recuperan esos objetivos tras el fallido intento de subir impuestos que exigía el aparato, la izquierda, Bruselas y los aristócratas del gasto público. Tras subirlos todos, los ingresos solo mejoraron en 3.664 millones de euros.

Aprender de los errores y recuperar los principios tradicionales de bajos impuestos y crecimiento es un paso adelante, y no puede más que valorarse positivamente. Pero hace falta más.

La reforma fiscal debe plantearse también como una mejora de renta disponible y lanzadera de crecimiento desde el recorte del gasto. La sociedad española no saldrá de la resaca del exceso de obra civil e inmobiliaria hasta que no pinche las superestructura de gasto que se creó al calor de dicho exceso, un aumento del gasto público de casi el 50% en cuatro años. Seguimos siendo uno de los países con mayor gasto político innecesario, entre subvenciones (10.000 millones anuales), administraciones duplicadas (22.000 millones anuales) e ineficiencias (miles de empresas y observatorios públicos con más de 40.000 millones de euros de deuda) y todo ese gasto político que comentábamos aquí (http://www.dlacalle.com/extractos-de-viaje-a-la-libertad-economica/ ).

Plantear que la reducción de impuestos es imposible y no atacar ese enorme despilfarro o, lo que es peor, justificarlo, es un insulto a las familias y empresas que trabajan duramente para llegar a fin de mes. Porque es el dinero de todos lo que estamos tirando.

Los recortes fiscales expansivos son importantes, y los que dicen que nunca se ha aumentado ingresos bajando impuestos, además de despreciar el esfuerzo de los trabajadores y analizar desde una perspectiva recaudatoria cortoplacista, mienten (lean http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2012/10/15/do-tax-cuts-increase-government-revenue/). Rusia, EEUU, Singapur, Reino Unido, Suecia, Chile o Uruguay vieron aumentos de ingresos con bajadas de impuestos. En Reino Unido, 24.000 millones de libras de aumento con la bajada del tipo marginal.

Es curioso que los que se pasan el día diciendo que hay que imitar a Obama rechacen de plano una reforma que va en un sentido similar a la estructura de EEUU. Ojala les leyera pedir la fiscalidad de EEUU. Vean el grafico.

Es por ello que la medida anunciada el viernes debe valorarse de manera positiva, ya que revierte la subida del IRPF de 2011, apoya a las familias numerosas, las más castigadas en casi todas las reformas desde 1979, y mejora la fiscalidad de empresas para facilitar la contratación.

Una reforma fiscal confiscatoria, como la que plantean algunos, que buscase recuperar ingresos extraordinarios creados por la burbuja inmobiliaria, es suicida. Recordemos que suponía casi 50.000 millones de euros anuales excepcionales para las arcas del estado. Intentar recuperar esos ingresos con lo que ha sobrevivido del colapso burbujero es imprudente.

Intentar apostarlo todo a la lucha contra el fraude, que es necesaria, parte de las estimaciones optimistas de cuento de la lechera que comentábamos en mi artículo "PIB, fraude y las estimaciones peligrosas" (http://www.dlacalle.com/pib-fraude-fiscal-y-las-estimaciones-peligrosas/ ). Estimaciones optimistas de ingresos futuros para justificar gastos muy reales y concretos hoy. Suicida.

Mejorar renta disponible y facilitar la contratación. No excepcional, ni ideal, pero merece valorarse. La reforma fiscal planteada por el Gobierno el pasado viernes tiene varios puntos positivos, como hemos comentado, y varios interrogantes.

– Es tímida, al plantearse en dos años. Algunos atribuyen objetivos electoralistas. No lo sé, pero no está mal que alguien haga electoralismo bajando impuestos y no tirando de la chequera para hacer otra ciudad del circo.

– El impacto negativo de la eliminación de deducciones en la inversión de las empresas debe analizarse en detalle.

– Supone, según primeras estimaciones, una subida a algunos ciudadanos en algunos tramos. Aunque en media se percibe un impacto positivo en general, se debe aclarar este punto. Lean el excelente análisis de Eduardo Segovia (http://www.elconfidencial.com/economia/2014-06-21/los-que-ganan-entre-33-000-y-35-000-euros-veran-como-su-tipo-marginal-baja-10-puntos_150187/ ).

Sin embargo, y con todo, tras estas medidas España seguirá siendo uno de los países con mayor esfuerzo fiscal de la OCDE, casi el 40%.

Lo llevamos comentando desde hace años, la reforma fiscal que España necesita debe ser ambiciosa y valiente, empezando por:

– Bajar más los impuestos a empresas y familias. Rebajar cuotas a autónomos, de una manera clara y que haga a estas personas valorar positivamente la decisión de montar su negocio independiente. Algo se comenta en esta noticia de El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-21/rajoy-pide-colaboracion-para-incorporar-a-la-reforma-fiscal-cosas-que-sean-razonables_150320/), veremos si es correcto. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota mucho menor, en línea con los países de nuestro entorno  -a todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.

– Apoyo fiscal a PyMes. La tarifa plana es una buena medida para mejorar la transición a gran empresa. En España, el 70% del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de Europa. España es el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en Reino Unido se tarda un día en crear una empresa). En vez de penalizar con más regulación y coste, facilitar la transición eliminando trabas, no “suavizándolas”.

El informe “Doing Business” del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Según Morgan Stanley (“adopting Anglosaxon flexibility could boost GDP by 15% in the long run”), España se beneficiaria de un entorno menos asfixiante y restrictivo, con una regulación eficaz, no confiscatoria. Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados.

Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en “facilitadoras” en vez de “obstructoras”. Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.

Lo comentaba el viernes con mis seguidores en Twitter, la reforma fiscal ideal es reducir el esfuerzo fiscal a niveles pre-2004. Leo a demasiados “expertos” que quieren un esfuerzo fiscal aún mayor al actual, a pesar de que jamás ha funcionado para relanzar la economía.

El déficit no se reduce confiscando, se reduce con crecimiento económico, prosperidad y prudencia presupuestaria.

Los ingresos fiscales mejorarían aumentando el porcentaje de rentas altas. Igualando a la baja no se recauda. Ninguna sociedad ha mejorado ingresos fiscales redistribuyendo la miseria, sino aumentando las oportunidades para prosperar y enriquecerse

En definitiva, tenemos que crear un país “España 2.0” donde se maximicen las posibilidades de que las familias y empresas prosperen. No repartir la miseria. La solución no es ir bajando la definición de rico hasta que no quede ninguno, sino permitir que se enriquezca el mayor porcentaje posible de la población. Tenemos que crear cultura emprendedora, aprender y no demonizar el fracaso, olvidar la envidia, premiar el esfuerzo y el éxito.

La reforma fiscal no es la panacea, es un mero instrumento. Necesitamos la reforma integral de la economía nacional. El crecimiento y la riqueza son los objetivos a perseguir. Hace falta mucho más… Y España puede conseguirlo.

‘Podemos’ y la batalla de las ideas

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

Los resultados de las pasadas elecciones europeas dejaron, para sorpresa de propios y extraños, a un claro ganador: Podemos. Un partido político -aunque ellos prefieren denominarse plataforma de ciudadanos- de apenas cuatro meses de vida ha logrado ser la cuarta fuerza política con más de 1.200.000 votos y contando con apenas 110.000 euros de presupuesto para la campaña electoral. Podemos ha sabido capitalizar el malestar de una buena parte de la población, especialmente del movimiento ciudadano 15-M y sobre todo, ha sabido aprovechar el gran tirón mediático de su líder, el politólogo y tertuliano Pablo Iglesias.

Pocos días después de dichos comicios, los medios de comunicación comenzaron a desgranar el programa de Podemos y muchos fueron los que se llevaron las manos a la cabeza. No es para menos: sus propuestas, especialmente en materia económica, son liberticidas y empobrecedoras a partes iguales. Fuerte aumento del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo, renta básica universal, reducción de jornada laboral a 35 horas semanas y de la edad de jubilación a los 60 años, nacionalización de las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, la sanidad, la farmacia y la educación, prohibición de las empresas de trabajo temporal y del despido en empresas con beneficios o monetización de deuda por parte del Banco Central Europeo son sólo algunas de las perlas económicas que Podemos defiende a capa y espada. Socialismo del Siglo XXI puro y duro, al estilo de Venezuela. Por algo los ideólogos de Podemos (Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón) llevan años asesorando (y cobrando) del Gobierno de Venezuela. El modelo de Venezuela, esto es, un Estado onmipotente y fuertemente opresor, es el ideal (al menos en cuanto a dirección se refiere) para los dirigentes de Podemos.

Pero lejos de de ser una pésima noticia que en España un partido político como Podemos coseche semejante éxito, hay una nota positiva que no debemos infravalorar: el retorno de la batalla de las ideas a la esfera política. Algo que no se puede criticar a Podemos es de ser un partido político que tenga un programa oculto o que no tenga un ideario político claramente definido y con el que se sienta comprometido. La mayoría de partidos adolecen de esa transparencia ideológica, ya que intentan confundir al electorado sin definirse en multitud de cuestiones con la esperanza de no ahuyentar votos potenciales. Con el auge de Podemos, por primera vez en mucho tiempo no se debaten banalidades como quién miente más o quién es menos corrupto sino que se debaten ideas, la viabilidad de implantar un proyecto político y las consecuencias que esto tendría para el ciudadano. Y este hecho es motivo de alegría por dos motivos. El primero de ellos es que hasta ahora la batalla en la esfera política era básicamente populista, demagógica y vacía de contenido en cuanto a ideas se refiere. Como es evidente, esa batalla ha estado siempre perdida por parte de los liberales y los defensores de la libertad. El segundo motivo es que, en mi humilde opinión, tenemos muchas posibilidades de ganar dicha batalla ideológica ahora que hemos retornado a este escenario.

Los liberales tenemos un arma poderosísma cuando a la batalla de las ideas se refiere: argumentos. La ciencia económica ha demostrado a lo largo de la Historia en infinidad de ocasiones las consecuencias que determinadas políticas como las que defiende Podemos pueden provocar. Ahí está Venezuela, Cuba, Corea del Norte, la República Democrática Alemana o la difunta Unión Soviética. El socialismo es un sistema económico que es terriblemente dañino para el ser humano. A la hora de refutar malas ideas económicas, creo que los liberales tenemos las de ganar. Sin ir más lejos, Juan Ramón Rallo, el director del Instituto Juan de Mariana, lleva años escribiendo artículos que refutan prácticamente punto por punto todas y cada una de las principales propuestas en materia económica (aquí podéis leer una recopilación).

Alegrémonos entonces de este viraje hacia las ideas de la escena política en España y, ahora más que nunca, no nos relajemos y cojamos fuerzas para librar como nunca se ha hecho antes en España nuestra batalla, la de las ideas.

¿Son los peores los políticos que llegan arriba?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En su clásico Camino de Servidumbre, Hayek dedica un capítulo a explicar por qué son los peores los que llegan arriba en las organizaciones burocráticas o estatales. Para Hayek, la observación empírica del tipo de dictadores que han encontrado normalmente los regímenes totalitarios (¿por qué nunca sale un dictador bueno?), tiene una razón causal, que hace imposible que progresen hacia tan alto nivel individuos "buenos". Para Hayek lo que ocurre es que la persona afectada tiene que resolver un conflicto entre moralidad y éxito, por lo que solo alguien que esté dispuesto a sacrificar la primera puede conseguir el segundo.

Estamos en estos momentos viviendo las intrigas palaciegas para hacerse con la cúpula de uno de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios en nuestro país. Para comprender dicho proceso, es imprescindible, a mi entender, el magnífico artículo descriptivo que el periodista Jesús Cacho publicó hace unas semanas en VozPopuli.

Con independencia de los personajes involucrados y las técnicas utilizadas, lo que me interesa es la observación de las habilidades que ha de dominar un político para triunfar en España. Y, como se puede deducir de la narrativa del periodista, ninguna de ellas tiene absolutamente nada que ver con la satisfacción de las necesidades de esos individuos por los que teóricamente trabajan los políticos.

Así, observamos políticos que controlan perfectamente el funcionamiento del aparato; que saben posicionarse ante determinados temas de opinión pública para no quemarse; que dominan los tiempos; que manejan con enorme soltura los resultados de las encuestas internas; que saben buscar protector en el partido cuando les abandona el actual; que aplican los resortes adecuados para manipular las redes sociales…

Todas ellas, habilidades completamente inútiles para servir a los ciudadanos que les votan. Pero imprescindibles si han de llegar a algo dentro de su partido. ¿Por qué ocurre esto?

Es muy sencillo y muy general. Todos tratamos de prosperar y de mejorar nuestra situación. Eso lo hacemos mejorando el desempeño en nuestra actividad diaria, tratando de complacer mejor a nuestros jefes, que en el fondo son nuestros clientes. Innovamos, somos más eficientes, adquirimos experiencia… pensando en cómo hacer que nuestro jefe nos valore más. Incluso, si vemos que nuestro jefe, nuestro intermediario con el cliente, hace mal cosas que se podrían hacer mejor, puede que nos planteemos saltárnoslo y hacer las cosas a nuestra manera en nuestra propia empresa.

Esa es la esencia de la mejora en la sociedad humana regida por el libre mercado: el premio al que mejor sirve a los congéneres.

Los políticos no son una excepción a la norma. El tipo que se meta en política tratará de innovar, ser más eficiente, adquirir experiencia… en el tipo de actividades que haga que su jefe le valore más. Sin embargo, en los partidos políticos y en España, la cadena de satisfacciones no llega al cliente final, al ciudadano, por razones que no son objeto de este artículo.

Por tanto, si bien los políticos se esmeran tanto en sus quehaceres como pueda hacerlo cualquier individuo en su trabajo, lo cierto es que las habilidades cuyo desarrollo les parece requerido, no son ciertamente aquellas deseables para la sociedad, y posiblemente sean perniciosas para ella. El político eficiente no consigue su premio por servir mejor (directa o indirectamente) a sus congéneres.

Y aquí enlazamos con lo que decía Hayek sobre los "peores". No es que lleguen al poder por ser los peores: si fuera así, llegarían los peores al poder en todos los ámbitos de la vida, no solo en política. Es que el sistema (totalitario) hace que, si no eres el "peor" no puedas triunfar.

Lo mismo parece ocurrir con los partidos políticos en España. No es que los políticos sean personas negligentes, descuidadas o corruptas: es que, para triunfar, han de dominar habilidades que nada tienen que ver con lo que cabría esperar de un Gobierno decente. Básicamente, habilidades de imagen, de intriga, de posicionamiento interno y por el estilo.

Si el sistema democrático español exigiera de sus políticos otro tipo de habilidades, serían otros los políticos que ahora mismo están en el poder, o peleando por él. 

La conclusión es obvia: para solucionar los problemas políticos que aquejan a España, no basta con cambiar los políticos. Es necesario cambiar el sistema que premia a ese perfil de político.

Austria se suma al bail-in

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Austria se suma al bail-in

El negocio bancario actual procede de efectuar dos arbitrajes difícilmente sostenibles en un mercado libre: el arbitraje de plazos (captar financiación de ahorradores a corto plazo e invertirla en proyectos a largo plazo) y el arbitraje de riesgos (captar financiación de ahorradores con perfil de riesgo bajo e invertirla en proyectos de alto riesgo).

Si los bancos son capaces de ejecutar tan distorsionadores y descoordinadores arbitrajes de manera masificada es porque cuentan con dos privilegios otorgados por el Estado: uno, el acceso al banco central como prestamista de última instancia capaz de refinanciar los vencimientos de deuda a corto plazo; dos, las garantías estatales existentes sobre los pasivos bancarios, ya tengan éstos un carácter explícito (Fondo de Garantía de Depósitos) o implícito (expectativa de rescate absoluto entre los acreedores bancarios merced a la filosofía too big to fail).

Mientras subsistan estos privilegios otorgados por el Estado a la banca, difícilmente podrá hablarse de un mercado financiero libre: esto es, de un mercado donde los bancos no sólo son libres de actuar, sino donde también deben responsabilizarse íntegramente de las consecuencias de esas acciones libres.

Por desgracia, nuestras sociedades están dando pocos pasos en esa dirección: el espíritu de los tiempos parece avanzar en la dirección de mantener la práctica totalidad de esos privilegios mientras se regulan algunas prácticas bancarias. Un doble error por cuanto no ataca la esencia del problema (los arbitrajes de plazo y de riesgo que acometen los bancos) y por cuanto deja un gigantesco espacio abierto a las corruptelas político-financieras (no olvidemos que los bancos son el principal sector ‘lobbista’ de Europa).

Hay, sin embargo, un campo en el que afortunadamente sí estamos avanzando aunque de manera muy lenta y poco decidida: penalizar con quitas a ciertos acreedores bancarios de entidades quebradas.

El bail-in

El mecanismo europeo para resolver entidades financieras contempla la figura del bail-in, es decir, imponer quitas y conversiones forzosas de deuda en acciones para recapitalizar una entidad insolvente. El bail-in es lo contrario del bail-out: en lugar de socializar los riesgos de la banca entre los contribuyentes, los concentra entre los acreedores de las entidades. En los últimos años se ha aplicado a los tenedores de deuda subordinada en Irlanda, Holanda y España (preferentistas), y a la totalidad de los acreedores en Chipre.

El último en sumarse a esta saludable iniciativa ha sido el Gobierno austriaco, quien incluso ha revocado las garantías otorgadas en 2009 a los acreedores subordinados del banco nacionalizado Hypo Alpe Adria, lo que les obligará a soportar una quita a los casi 900 millones de euros en deuda subordinada pendiente de pago. Si bien es cierto que, a diferencia de los casos anteriores, las quitas adoptadas en Austria se ubican en la zona gris de la legitimidad, por cuanto el estado federado de Carinthia sí había garantizado explícitamente la deuda de la entidad (aunque también es discutible hasta qué punto los contribuyentes deben seguir asumiendo los agujeros derivados de un muy lesivo e injusto aval estatal).

Pero, al menos, la actitud del gobierno austriaco sí pone de manifiesto un progresivo y bienvenido cambio de tendencia que esperemos se consolide en toda Europa: no hay razón para que los Estados sigan alimentando y protegiendo al cartel bancario de su irresponsabilidad trasladándoles sus quebrantos al conjunto de los contribuyentes. En este sentido, no deja de ser curioso que, por ejemplo, uno de los mayores críticos de las quitas sobre los tenedores de deuda subordinada sean los propios competidores del Hypo Alpe Adria: conscientes de que si se retiran las garantías estatales sobre todos los bancos, su coste de financiación se encarecerá, los rivales del Hypo ya se han apresurado a pedirle al gobierno que rectifique y rescate a la totalidad de los inversores de su entidad competidora.

Y sí, ciertamente menores garantías estatales sobre la banca supondrán unos costes de financiación más elevados para los bancos: pero serán unos (mayores) costes de financiación que reflejarán con mayor fidelidad los riesgos reales que están asumiendo estas entidades. La situación actual equivale a que el Estado conceda un subsidio a los bancos para que se comporten de manera irresponsable: el coste de financiación se rebaja artificialmente para que, a su vez, los bancos puedan excederse a la hora de conceder crédito insosteniblemente abaratado.

Ojalá el bail-in vaya generalizándose y extendiéndose, no sólo sobre los acreedores subordinados, sino sobre todos los acreedores de las entidades financieras, incluyendo los depositantes. No hay razón para que los Estados fuercen a los contribuyentes a soportar la totalidad de los riesgos reales asumidos por los acreedores de la banca: si éstos desean inmovilizar parte de su patrimonio en forma de pasivos bancarios, deberían soportar los riesgos derivados de invertir en esos pasivos (lo que, en consecuencia, disciplinará a los bancos al impedirles adoptar un perfil inversor altamente arriesgado). Las pérdidas (y las ganancias) nunca deberían socializarse entre los contribuyentes: al contrario, deberían concentrarse entre los inversores. Bail-in y no bail-out.

Hacienda son ellos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Ante el derrumbamiento del régimen político que, con algunos claros y demasiados oscuros, ha dirigido el destino de los españoles durante casi cuarenta años, son numerosos los sectores y grupos que muestran sus cartas con vistas a influir en la configuración de lo que pueda venir. La semana pasada le tocó el turno al sindicato de inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el cual acaparó titulares  al referirse con un circunloquio a la legalización de la prostitución y el comercio de drogas blandas para recaudar en su informe "Reforma Fiscal Española y ‘Agujeros Negros’ del Fraude".

En una sociedad compleja y plural, tampoco debería extrañar que individuos y grupos diversos se pronuncien sobre las cuestiones públicas; incluida la política fiscal del Estado en su doble vertiente tributaria y presupuestaria. No obstante, si ya resulta aconsejable a priori analizar con mucha precaución las opiniones de quienes se dedican a investigar a los contribuyentes e imponer sanciones, por su condición de juez y parte, tras la lectura de esta extensa (305 folios) amalgama de reflexiones, admoniciones y propuestas, se constata de forma cruda y brutal hasta qué extremos totalitarios han llegado estos aprendices de brujo.

Animo a otros investigadores liberales a calibrar el alcance de cada una de las 238 propuestas de este sindicato de intocables (no todas desechables) pero en este comentario de urgencia me centraré en los presupuestos ideológicos que las producen. Así, aunque los autores esgrimen su carácter "técnico" y dicen que en su organización se dan cita personas de distinta ideología (página 20) no tienen empacho en señalar que: "La salida de España de esta situación crítica requiere, lógicamente, de variadas reformas estructurales y, además, no será posible sin relevantes alteraciones en la Políticas dominantes en la UE, pues creemos firmemente que las llamadas ‘Políticas de austeridad’ a ultranza ponen en peligro la propia viabilidad del modelo social y económico europeo y ralentizan la recuperación del crecimiento económico respecto de las denostadas ‘Política de gasto’" (página 15).

El anterior aserto no les parece contradictorio con otra perla que encontramos en la página 45: "(…) nadie puede negar que, en el marco de las sociedades europeas en las cuales se integra España, dentro del "modelo social de mercado" que caracteriza la UE, una provisión adecuada y suficiente de bienes y servicios públicos en áreas como la educación, la sanidad y los diversos servicios sociales resulta imprescindible, pudiendo discutirse el grado de intervención del sector privado en su gestión y en la provisión, pero no en el diseño y caracterización mínima de tales servicios públicos.

Ello conlleva, inexorablemente, un peso de la actividad pública en el PIB que, con márgenes debatibles, puede situarse en el entorno del 40% y, automáticamente, supone obtener recursos públicos que cubran tal volumen de actividad económica, fundamentalmente, por medio de tributos".

Asumiendo de forma paranoica que el fraude fiscal constituye el origen de todos los males de la sociedad española, hasta en dos ocasiones (páginas 12 y 19) se burlan del contenido de la Constitución (Art. 2), de la cual, por otra parte, se proclaman adalides: "(..) por razones de profesionalidad, de oportunidad y hasta de carácter cívico, contribuimos con ésta, nuestra Propuesta de medidas de Lucha contra el fraude fiscal, a este debate relativo al modelo de sistema tributario español que necesitamos para salir de la crisis y construir de verdad un Estado Social, Democrático y de Derecho, patria común e indivisible de todos los españoles (¡sic!)".

Su culto al Estado ofrece reminiscencias de la "culminación del espiritu objetivo" hegeliano, cuando, al borde del éxtasis, nuestros conspicuos publicanos claman (página 36): "Como punto de partida, es una obligación más exigible que nunca que los poderes públicos actúen sobre el fraude al Estado protector (¡!), social y democrático de Derecho". Asimismo, aunque identifican correctamente la distribución de competencias tributarias en la constitución entre gobierno y legislativo, confunden (página 21) a la AEAT con una institución representativa de la sociedad. Además, no dejan de recordar su carácter de corporación privilegiada que debe ser especialmente escuchada para la reforma fiscal anunciada por el gobierno. Del propio documento se atisba como costumbre del Ministerio de Hacienda la intervención del cuerpo de inspección en la preparación de la legislación que le afecta.

Olvídense de encontrar reflexiones críticas acerca de las imperfecciones y limitaciones del mal llamado "Estado del bienestar", agravadas en España por las burbujas financiera, productiva y estatal. ¿No existe una relación de causalidad entre presión impositiva y fraude fiscal? ¿No resulta perfectamente previsible que los individuos muestren cierta resistencia a que les quiten lo suyo? ¿Cuando se habla de garantizar la suficiencia de ingresos para el estado, cabe desconocer el crecimiento exponencial del gasto de las administraciones públicas ("burbuja estatal") durante los años anteriores al estallido de la crisis y aun después? Los autores ni siquiera se plantean estas preguntas a efectos dialécticos, para después descartarlas.

Antes al contrario, "el objetivo fundamental de las Políticas de austeridad (la reducción del déficit público sobre el Producto Interior Bruto) pasa inexorablemente por una mejora en la recaudación y en un sistema tributario sostenido por todos y sin ‘agujeros’, ‘loopholes’, que drenen recaudación y generan todo tipo de ineficiencias" (página 16).

Solo cabe agradecer a los autores un detalle. Transcurridos algunos años del lanzamiento por parte de la propaganda gubernamental de aquella frase falaz, encontramos una clave para comprender la auténtica realidad: Están acompañados por otros, pero Hacienda son ellos.

Esa bendición para el taxi llamada Uber

Escrito por Francisco Muñoz en . Publicado en Análisis diario.

La semana pasada un buen puñado de ciudades europeas amaneció sin taxis, y no pasó nada. El taxi es simplemente un modo de transporte más en una ciudad moderna, el más caro y exclusivo, dicho sea de paso, ya que los otros modos están fuertemente subsidiados por la administración, lo que encarece los servicios discrecionales. Los taxistas sacaron sus automóviles de la calle para protestar por la irrupción de un nuevo servicio de transporte en forma de aplicación para teléfonos móviles llamado Uber. No es la primera app de este estilo aunque sí es la más disruptiva. Uber permite que cualquiera con un teléfono móvil pueda emplear su coche privado como transporte discrecional de viajeros. El mecanismo es simple. Por un lado los demandantes de transporte, por otro los ofertantes y entre medias la dichosa aplicación distribuyendo tráfico. En principio no tiene nada de malo. En un lugar como Madrid hay siempre miles de personas que necesitan ir de un lado a otro. Pueden hacerlo en Metro, en tren o en autobús, pero muchas veces, por cuestiones de horario o de preferencia personal, el medio elegido es el automóvil, que imprime a la movilidad urbana comodidad, intimidad y rapidez. Pero, ay, Uber no se limita a coordinar la oferta y la demanda, sino que establece un sistema de precios que permite la remuneración de los transportistas. Con la tutela y el apoyo logístico de Google, valiéndose de la geolocalización, cobra una tarifa sensiblemente inferior a la de los taxis convencionales. Inferior, he ahí la clave de todo.

Hasta la fecha el servicio remunerado de transporte de viajeros en automóvil por la ciudad de Madrid era monopolio del gremio del taxi, que goza de ciertos privilegios otorgados por la administración a cambio de someterse a una draconiana regulación. Una regulación que al común de los mortales nos sorprendería de conocerla en detalle. El ayuntamiento fija los precios, dicta horarios de trabajo, determina el número de plazas, el modelo de coche que pueden comprar los taxistas para efectuar el servicio y hasta el tipo de combustible que utiliza. Todos estos condicionantes –y unos cuantos más– han convertido al taxi en uno de los sectores más intervenidos y rígidos de España.

En un mercado complejo y cambiante como el del transporte, el corsé regulatorio que padecen los taxistas repercute directamente en la demanda, los viajeros, que carecen de alternativas y observan como la diversificación de servicios y precios que se da en otros sectores brilla por su ausencia en el del transporte urbano de viajeros en coche. Y es en este punto donde entra Uber. Los taxistas contemplan con asombro, preocupación, envidia y rabia que cualquiera pueda ofrecer el servicio que ellos prestan en exclusiva sin tener que someterse a la maraña de regulaciones e impuestos con la que se han acostumbrado a vivir. Su enojo tiene fundamento ya que las reglas no son las mismas para unos y para otros. Pero lo curioso es que, en su gran mayoría, no han aprovechado la ocasión para pedir a la administración que afloje el asfixiante dogal regulatorio, sino todo lo contrario. Claman para que el Gobierno cierre a cal y canto cualquier iniciativa que les arrebate un solo viajero con disparatadas penas como las que recientemente anunció el ministerio de Fomento. Un incomprensible “¡Vivan las caenas!” entonado a coro por un grupo de laboriosos y sacrificados autónomos.  

El hecho, constatable en la realidad –esa misma a la que pretenden dar la espalda–, es que su protesta no ha podido obtener peores resultados. Con una huelga tan salvaje como la del miércoles pasado han multiplicado las descargas diarias de Uber hasta convertirla en una de las más populares, y la publicidad gratuita hecha por los mismos taxistas la ha dado a conocer entre gente que desconocía su existencia. Uber, en definitiva, ha recibido el espaldarazo definitivo en nuestro país de la mano de los taxistas. Increíble pero cierto. Los creadores de la aplicación han debido quedarse estupefactos en su oficina de San Francisco tras enterarse de la noticia. Nada sorprendente si partimos de que los taxis en Madrid están representados por dos asociaciones de marcado carácter lobista, lideradas por equipos escasamente preparados, amantes de las algaradas callejeras y la descalificación personal, que no conciben otra forma de obtener mejoras que arrastrándose por los pasillos del ayuntamiento buscando el apoyo de los mismos burócratas que hacen la vida imposible a los taxistas en el día a día.

La solución, por lo tanto, no es matar al mensajero, cometer un ubericidio, porque a estas alturas ya es imposible, habida cuenta de la oposición de la comisaria Neelie Kroes. Los taxistas harían mal en olvidar una importante lección, elemental en los tiempos que corren, si los políticos proscriben Uber, mañana aparecerá otra con un nombre distinto, más difícil de detectar, perfeccionada hasta extremos que hoy no podemos ni imaginar. Los taxistas europeos en general y los madrileños en particular han de adaptarse al nuevo tipo de demanda que pide servicios diferenciados, alejados de los estereotipos clásicos. Es necesario ofrecer lo que la gente solicita y no obligar a utilizar un servicio estandarizado en que miles de ofertantes concurren con el mismo servicio, el mismo precio y hasta el mismo automóvil.

La entrada de estas nuevas aplicaciones puede ser el acicate que empuje al sector a emanciparse del yugo regulatorio que constriñe el servicio y las iniciativas empresariales. Uber es, aunque parezca chocante, una bendición, la excusa perfecta para que la vieja y honorable profesión de taxista se libere y entre de una vez en el mercado. A fin de cuentas, el fin último de este negocio no es servir a una enloquecida ordenanza municipal ni a la rancia ley de transportes terrestres que debe ser modificada urgentemente, sino crear valor para los dueños de un taxi al tiempo que se satisfacen las necesidades de sus usuarios. En esto último los taxistas llevan la delantera. Son cien años mejorando, acumulando conocimiento, puliendo errores, evolucionando a pesar de las mil limitaciones impuestas por el Leviatán burocrático. Quizá no se pueda derrotar a Uber –y a todas las aplicaciones que vengan después porque los bits son libres–, pero si se le puede plantar cara ofreciendo la garantía de profesionales experimentados, la excelencia en el servicio y un trato personalizado para cada cliente.