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Por la privatización real de AENA

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El aspirante a liderar el PSOE canario, Gustavo Matos, declara en su cuenta de Twitter que el PP «privatiza AENA» y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, escribe en su blog que esto «va a salir muy caro» a los canarios.

Según el diccionario de la RAE, privatizar es «transferir una empresa o actividad pública al sector privado», y por privado se entiende «que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares». Sin embargo, cuando oímos que se va a privatizar una empresa, en la mayoría de los casos, no se transfiere la propiedad a los particulares, es decir, a los ciudadanos, sino que el control de dichas empresas sigue siendo público, como por ejemplo las empresas aeronáuticas, de telecomunicaciones o las energéticas entre otras.

El caso de AENA es aún más evidente, porque realmente el 51% de la empresa va a seguir siendo del Estado, por lo que hablar de una privatización como afirma el señor Gustavo Matos no solo es falso, sino que además es tendencioso.

Por otro lado, las tasas aeroportuarias no han hecho más que subir en las últimas décadas y la gran mayoría de los aeropuertos son deficitarios por la mala gestión pública que atiende únicamente a intereses políticos, lo que incluso ha hecho que algunas compañías aéreas se hayan ido de nuestros aeropuertos y nuestros vuelos se han reducido y encarecido.

Sin embargo, si la gestión de los aeropuertos estuviera en manos de los empresarios del sector turístico de las Islas, tendrían el gran incentivo económico de abaratar al máximo las tasas aeroportuarias para así atraer a un mayor número de turistas y, de esta forma, todos los canarios saldríamos beneficiados. Por ello, es rotundamente falso que una supuesta privatización de AENA vaya a salir cara a los canarios como afirma el señor Paulino Rivero y lo que sí sale caro, muy caro, es la actual empresa pública.

Lo ideal sería que fueran los ciudadanos quienes decidieran si privatizar o no AENA, e incluso los aeropuertos, es decir, que se les entregara a los mismos las acciones de la empresa y que ellos decidieran si venderla a otro particular o mantenerla. Pero como esto no va a pasar, porque los políticos que ostentan o han tenido el poder (CC, PSOE o PP) no lo van a permitir y los que lo pretenden (Podemos/IU) quieren incrementarlo aún más, lo ideal sería que se privatizara al 100% AENA y se involucrara a comerciantes y hoteleros, pero no como un todo, sino cada aeropuerto por separado para que de esta forma compitan entre sí y los usuarios, especialmente los canarios, nos viéramos beneficiados.

Los liberales hablamos marciano

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Nunca falla. Si se juntan dos o tres liberales, o dos centenares como los que se reúnen cada año para la Cena de la Libertad, antes o después alguien se referirá a "los socialistas de todos los partidos". Puede que lo haga en un tono muy serio o, tal vez, con un toque de humor, pero alguno de los presentes citará la expresión contenida en la famosa dedicatoria del Camino de servidumbre de Hayek. En el caso español, como el de otros muchos países, la expresión no puede ser más acertada.

Todos los partidos que consiguen representación en cualquier parlamento (autonómico, Cortes Generales o Eurocámara) son en mayor o menor medida socialistas. Hasta los autodefinidos como liberales (por ejemplo, CDC) lo son. Esas cámaras legislativas son la plasmación electoral del "consenso socialdemócrata" del que también tanto nos gusta hablar.

Como cualquier otro grupo humano (ya sea profesional, ideológico, geográfico o de aficionados a determinada actividad), los liberales comparten entre sí una serie de expresiones, cuyo significado dan por sabido y que, además, consideran que responden a una realidad evidente. Ningún defensor de las ideas de la libertad pondrá en duda, por ejemplo, lo que se ha citado al arrancar este artículo: hay socialistas en todos los partidos (o incluso que todos los partidos, al menos los importantes, son socialistas) y existe un consenso socialdemócrata compartido por la inmensa mayoría de la sociedad.

Estas certezas, y el modo de expresarlas, pueden suponer una traba importante a la hora de expandir nuestras ideas. Sin duda es cierto que el ministro de Hacienda español, con sus imparables subidas de impuestos y sus contantes búsquedas de métodos para seguir estrujando nuestras carteras y cuentas corrientes, es un socialdemócrata convencido. Pero haga usted la prueba de decir "Montoro es socialista" delante de alguien que no comparta las ideas liberales. No sólo no le van a enteder, sino que además puede incluso generarse una reacción de rechazo al considerar que quien pronuncia esas palabras es alguien desconectado de la realidad.

Cada vez hay más gente convencida de que vive inmersa en un modelo social y económico neoliberal, cuando no ultraliberal o sometido a la dictadura de los mercados y los poderes financieros. Defender ante quienes piensan así la existencia de un "consenso socialdemócrata" es, en la mayor parte de los casos, una tarea tan titánica como inútil. Una vez más, al usar esos términos tan del gusto de los liberales, se corre el riesgo de ser incomprendido y hasta generar rechazo.

No se trata tan sólo de la presencia en los medios de comunicación, sino incluso del día a día. Quienes defendemos las ideas de la libertad, y queremos expandirlas, hemos de hablar y de escribir de forma de que se entienda lo que queremos decir. Y que resulte atractivo. Lo queramos o no, para gran parte de la población un socialista sólo puede ser "de izquierdas", por ejemplo. Hay más casos, por citar uno más, lo "público" es percibido como un "patrimonio común" (como si cada español tuviera acciones de Paradores o de AENA, entre otras compañías estatales) en vez de como algo controlado por el poder político y con cuya propiedad en realidad nada tenemos que ver.

Al utilizar términos de uso corriente con un sentido, o una carga valorativa, diferente que el que le otorga la mayor parte de la población, nuestro mensaje pierde fuerza; o incluso parece que queremos decir una cosa distinta a lo que intentamos expresar. En realidad, muchas veces los liberales hablamos marciano, pero una variedad muy peculiar. Nuestros interlocutores creen entendernos pero no lo hacen; las palabras que usamos son las mismas, pero el significado es diferente. A ello hay que sumar que, en ocasiones, lo que decimos les suena a extraterrestre sin más.

Hemos de romper ese elitismo intelectual que, acertadamente, nos atribuye Mariano Rodríguez y tratar de ser capaces de hablar en un idioma comprensible para los demás. Debemos aprender, por ejemplo, de algunos de los últimos premiados por este Instituto Juan de Mariana, como Pedro Schwartz o Carlos Rodríguez Braún. Ellos, como varios más de los galardonados, llevan años siendo capaces de mantener el rigor en su defensa de la libertad al tiempo que saben traducir nuestro marciano a terrícola común.

¿En qué gastan su dinero las familias españolas?

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Aunque muchos informes nos cuentan cómo se distribuye la riqueza, son escasas las publicaciones que detallan cómo se distribuye el consumo. Evidentemente, esto nos lleva a obviar diferentes factores que tienen un impacto directo en el bienestar socioeconómico.

¿Cómo podemos llenar este vacío y estimar cómo evolucionan los componentes del gasto de los hogares? Una posible fuente para hacerlo es el Informe sobre Distribución de la Renta que publica el Consejo Económico y Social con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Dicha publicación apunta, por ejemplo, que el gasto de las familias españolas en alimentos y bebidas sin alcohol ya no supone el 17,8% del ingreso familiar, como ocurría en el año 2000, sino que suma ahora el 14,4%, de acuerdo con los datos para 2010, último año analizado. 

Según estas mismas tablas estadísticas, los españoles destinan un menor porcentaje de sus ingresos a la compra de bebidas alcohólicas y tabaco, cuyo peso sobre la renta familiar total ha caído del 2,4% al 2,1%. Teniendo en cuenta que estos productos tienden a soportar gravámenes elevados, esta noticia es negativa para el fisco, ya que el incremento de los impuestos especiales tiene que ser cada vez mayor para compensar la diferencia observada en cuanto al coste final del producto.

Si atendemos ahora a los artículos de vestido y calzado, comprobamos que las familias españolas también se han enriquecido notablemente entre el año 2000 y el año 2010, ya que su desembolso anual en esta partida ha pasado del 7,5% al 5,6% del gasto total.

Los datos del IPC nos adelantan que, en los últimos años, esta tendencia podría seguir avanzando, ya que el IPC armonizado que mide el precio medio del vestido y el calzado apenas supera el 0% desde el año 2011 hasta el presente ejercicio 2014.

Educación y vivienda

Si nos fijamos en la enseñanza, el coste relativo apenas ha experimentado cambios, pues el desembolso por hogar era del 1,2% en el año 2000 y del 1% en el año 2010.

Otro punto en el que las familias españolas no experimentan grandes cambios es el del gasto en mobiliario y equipamiento del hogar. Dicho capítulo registra en los datos del INE una evolución casi inmutable, siempre en el entorno del 4,9%. De hecho, hasta mediados de la década pasada esta ratio había subido en casi un punto porcentual, si bien el lustro siguiente sirvió para corregir a la baja el crecimiento observado.

También llegamos a un escenario de relativa tranquilidad en el gasto dedicado a vivienda, agua, electricidad y gas. Esta partida sigue suponiendo el 30% de la renta familiar, si bien en el año 2006 su peso había caído por debajo del 25%. Así las cosas, aunque no hay cambios entre 2000 y 2010, el pinchazo de la "burbuja" sí ha desencadenado un mayor gasto por hogar en este capítulo.

¿Qué gastos aumentan?

La cosa cambia en otras partidas que sí han experimentado un aumento de su peso relativo sobre el total del gasto de las familias españolas. Por ejemplo, los costes de la salud suponían en el 2000 el 2,1% del total, mientras que para 2010 este indicador alcanzaba el 3,1%. Eso sí: el grueso de este salto se produjo en los años previos a la crisis, ya que entre 2005 y 2006, esta ratio alcanzó el 3% y, desde entonces, el aumento ha sido mucho menor (0,1 puntos porcentuales más en 2010 que en 2006).

Atendiendo al transporte y las comunicaciones, los hogares españoles también dedican hoy una mayor cuota de su renta anual. En el 2000, estos dos capítulos amasaban el 13,4% del gasto por hogar, mientras que en 2010 sumaban el 15,5%. Por otro lado, también han aumentado la parte de sus ingresos que dedican a ocio, espectáculos y cultura (sube al 6%) y en hoteles, cafés y restaurantes (pasa del 8,8% al 9,1%).

El chavismo se quita la careta

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Nicolás Maduro no pondrá en libertad a Leopoldo López, pese a la evidente injusticia. A Maduro, incluso, le conviene que Leopoldo sea inocente. Como enseñó el padre Lenin, la clave de la obediencia es el miedo, la inseguridad. Es la ominosa certeza de que el Estado puede descargar su fuerza cuando lo decide la policía política sin que exista una previa violación de la ley. Lo importante no es la legalidad, esa despreciable minucia burguesa, sino la revolución.

Pero hay mucho más.

Nicolás Maduro afirma que la diputada María Corina Machado es una asesina que trata de matarlo. La fiscal general, la señora Luisa Ortega Díaz, al frente del sicariato que en Venezuela se conoce como Poder Judicial, acusó de ser cómplices a tres demócratas de la oposición: el exembajador Diego Arria, el exdirector de PDVSA Pedro Burelli y el abogado Ricardo Koesling. En la fantástica trama, como era predecible, también figura el americano feo, Kevin Whitaker, siniestro embajador de Estados Unidos en Colombia. 

¿Por qué y para qué Nicolás Maduro fabrica una acusación tan ridículamente falsa?

Porque en esta situación cualquier opositor barrería al chavismo en las elecciones. Según las encuestas, los opositores demócratas tienen el 65% de apoyo y el chavismo el 35. Pero como no van a entregar el poder, intentan desbandar a la oposición, exiliarla, como hicieron con Manuel Rosales, o encarcelarla, como hacen con los políticos que alcanzan alguna prominencia, ya sea Leopoldo López o los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

La popularidad del chavismo cae en picado como consecuencia del inmenso caos económico en el que ha sumido a Venezuela y necesita desesperadamente cambiar el foco del debate. Maduro no quiere que la sociedad proteste por el desabastecimiento, la inflación, la corrupción, la oleada que no cesa de crímenes impunes (de 4.500 en 1999 a 21.692 en 2013, aumento del 382%). Quiere centrar la atención en el falso magnicidio y criminalizar cualquier manifestación de inconformidad. Es lo que Cuba recomienda y hace: repriman para sobrevivir.

Desde que Maduro asumió las riendas, la cifra de hogares pobres aumentó en 416.326, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Un 30% más. En 1999 había en el país 6.400.000 pobres. Hoy hay 9.000.000.

Todo esto sucede en medio de la bonanza del ingreso constante de petrodólares. En los 15 años de chavismo, a partir de 1999, el país ha recibido más divisas como consecuencia del precio del petróleo que en toda su historia, desde que obtuvo la independencia de España en 1823.

¿Cómo ha sido posible esta catástrofe? Porque la burocracia y el gasto público crecieron exponencialmente. Durante el chavismo se ha pasado de 900.000 empleados públicos a 2.300.000 (un 156%). La nómina de PDVSA ascendió de 40.000 a 120.000, mientras la productividad –barriles por empleado– se redujo de 75 a 18, y la deuda de la empresa pasó de 6.000 a 40.000 millones de dólares.

Han malgastado irresponsablemente los recursos del país, a lo que se agrega la increíble corrupción propiciada por el Gobierno y la boliburguesía. Según Jorge Giordani, hasta hace poco ministro de Planificación, del Sitme –donde se otorgan las divisas– se esfumaron 20.000 millones de dólares.

La inflación acumulada es del 933%. Cuba les cuesta más de 13.000 millones de dólares anuales, pero cuando se suman el resto de los chupópteros del ALBA, más los maletines a los Kirchner, más todas las compras de influencia internacional, esa cifra acaso se duplica.

Estatizaron decenas de empresas que eran rentables hasta que las controló y arruinó el Gobierno. Intervinieron más de 600 fincas, lo que provocó la destrucción del aparato productivo. Antes de Chávez se importaba el 37% de los alimentos. En época de Maduro ya andamos por el 78%.

¿Para qué seguir? Los chavistas lograron la sorprendente proeza de quebrar Venezuela. Ya no tiene crédito ni, mucho menos, capitales extranjeros. ¿Quién invierte en ese manicomio colectivista sin ley ni justicia, donde el Poder Judicial es una rama de la policía política?

Venezuela hace rato que dejó de ser una república democrática. Rápidamente se convirtió en una dictablanda corrompida. Cada día que pasa se acerca más a una dictadura podrida, pura y dura, que conserva el poder a palos. Están ahora en la fase de quitarse la careta. Es triste, pero tan grave como eso es el silencio cómplice de América Latina. Vergonzoso.

elblogdemontaner.com

Capitalistas ganadores

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Jorge Otero escribió en publico.es sobre "Los capitalistas que siempre ganan". Su visión del capitalismo es tan generalizada como errónea.

Todo el artículo invita al recelo hacia unas personas poco recomendables:

España es una auténtica ganga para los grandes inversores. Todo el mundo sabe que los activos españoles están baratos. La crisis ha tirado los precios –y los salarios– por los suelos y siempre hay gente dispuesta a sacar tajada comprando barato para luego, en un futuro indeterminado, vender más caro.

¿Ah, sí? ¿Todo el mundo lo sabe? Pues si fuera verdad, entonces todo el mundo compraría, los activos dejarían de estar baratos y los precios y los salarios subirían. Nada de esto ha sucedido todavía, precisamente por un aspecto crucial del papel empresarial que el señor Otero ignora: la incertidumbre; porque los empresarios, como descubrió Richard Cantillon hace mucho tiempo, conocen el valor de lo que compran, pero nunca están seguros del valor de lo que pueden vender.

Según don Jorge, hay ricos riquísimos como Bill Gates, George Soros, Amancio Ortega, Warren Buffet o Carlos Slim que "siempre ganan cuando se trata de hacer negocios". Pues no es así, porque no todas sus inversiones han tenido éxito. Pero además nos cuenta el señor Otero que "Bill Gates, al que tampoco se le da nada bien perder dinero, adquirió el pasado octubre el 6% de la constructora de Esther Koplowitz" y "compró barato". ¿Qué pasa con la señora Koplowitz, una mujer muy rica? ¿Acaso es tonta, perdió dinero al vender barato al odioso extranjero?

Pues claro que no. La verdad es que don Jorge no sabe si Bill Gates ganó con esa compra y Esther Koplowitz perdió. Eso sólo lo puede decir el tiempo, porque, al revés de lo que dice su artículo, no es verdad que los capitalistas ganen siempre.

Otro error habitual es asociar las inversiones de los ricos a la malvada e improductiva especulación:

La economía productiva en España sigue bajo mínimos –26% de paro– pero la especulativa despegó en 2013.

Con ese argumento, cuando el paro estaba en el 8% en España no había "especulación", lo que, dada la evidencia de la burbuja inmobiliaria, es un apreciable desvarío.

Y, por fin, esta joya de la coherencia progresista:

El entusiasmo del Gobierno del PP es evidente, pero no puede ocultar una realidad: los magnates invierten en España, sí, pero una diminuta parte de sus enormes fortunas.

¿En qué quedamos, señor Otero? Si sus inversiones no son buenas, ¿para qué queremos que inviertan más?

La revolución de Tesla

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tesla Motors es una de las compañías más increíbles del panorama actual, no sólo por ubicarse en la vanguardia de la revolución del coche eléctrico o por haber sido creada por Elon Musk –uno de los genios empresariales de nuestra era–, sino por el ejemplo que acaba de ofrecer a la humanidad: liberar todas sus patentes para potenciar el desarrollo y la producción en masa de vehículos eléctricos.
Tal como explico en Una revolución liberal para España, las patentes son una forma de monopolio intelectual de carácter temporal otorgado por el Estado a una compañía o a un individuo. Como monopolio que son, suprimen la libre competencia entre ideas e innovaciones durante un período de tiempo, encareciendo artificialmente los nuevos productos y reduciendo su disponibilidad para el gran público. Es verdad que suele pensarse en las patentes como un mecanismo indispensable para promover la inversión en I+D, pero, tal como documentan extensamente Boldrin y Levine, no existe evidencia alguna de que la introducción o el reforzamiento de la legislación de patentes haya contribuido a incrementar los recursos destinados privadamente a la I+D. Lo que, por el contrario, ha tendido a suceder es que las patentes incentiven la sustitución de una investigación de arquitectura modular (código abierto: cada investigador contribuye descentralizadamente a impulsar mejoras incrementales en un corpus de conocimiento socialmente compartido) por una investigación de arquitectura integral (código cerrado: cada investigador centraliza toda la inversión en innovación excluyendo al resto de agentes del corpus de conocimiento que él ha desarrollado). Tal como expresa diáfanamente Elon Musk: “El liderazgo tecnológico no se define por las patentes –pues la historia ya ha mostrado reiteradamente que conceden escasa protección contra ciertos competidores–, sino por la capacidad de una compañía para atraer y motivar a los más talentosos ingenieros del mundo”. En suma, las patentes no disparan el gasto en innovación, sólo modifican el modo en que se despliega. Pero, en cambio, las patentes sí dan lugar a incentivos perversísimos; así, paralizan la innovación en los sectores recién patentados, encarecen los costes de investigación, judicializan el proceso innovador y alientan los comportamientos oportunistas en la constitución de nuevas patentes (patentes inútiles, preventivas o submarino). Elon Musk es muy claro al respecto: “Al comienzo pensaba que las patentes eran positivas y me esforzaba por conseguirlas. Y tal vez fueron positivas en algún momento pasado, pero en la actualidad sólo sirven para minar el progreso, reforzar la posición de corporaciones gigantescas y enriquecer a los abogados, que no a los inventores”. Mas, como ya dijimos, el mayor perjuicio de las patentes lo sufren los consumidores, quienes se ven penalizados con bienes más escasos y caros de los que podrían disfrutar en ausencia de patentes. Aunque los copiadores están muy mal vistos en nuestra sociedad, no sólo buena parte de nuestro progreso procede de emular, reproducir y modificar tangencialmente los comportamientos y avances ajenos, sino que en muchos casos sólo es posible multiplicar la oferta de bienes y servicios –hasta volverla verdaderamente asequible para todo el mundo– por la vía de efectuar múltiples copias descentralizadas del prototipo. Si, por ejemplo, Ford gozara del monopolio perpetuo de la producción de vehículos mediante cadena de montaje, es harto dudoso que hoy los coches se hallaran ampliamente disponibles en todo el mundo: simplemente, la compañía Ford sería incapaz de atender por sí sola un mercado tan amplio. Pues tres cuartos de lo mismo sucede con la generalización del coche eléctrico. Elon Musk reconoce explícitamente la incapacidad de Tesla Motors para producir suficientes coches lo suficientemente rápido: “Dado que estamos produciendo casi 100 millones de vehículos anuales mientras que el parque mundial de coches es de aproximadamente 2.000 millones, es imposible que Tesla genere coches eléctricos lo suficientemente rápido como para hacer frente al cambio climático. Asimismo, tengamos presente que el mercado es enorme: nuestros verdaderos competidores no son los diminutos fabricantes de coches eléctricos distintos de Tesla, sino la gigantesca flota de vehículos de gasolina que son fabricados día a día en las fábricas de todo el mundo”. Más copia no sólo es más innovación, sino más producción y másbaratura. Pero las patentes impiden la saludable copia. En definitiva, Tesla Motors acaba de lanzar un potente mensaje a todos los gobiernos y empresas del planeta: abandonen el monopolio estatal de las ideas y abracen el libre mercado innovador. Esperemos que este revolucionario ejemplo sea el comienzo de cambios mucho más profundos en la mal llamada legislación de propiedad intelectual.

¿Y si liberalizamos el taxi?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en ¿Y si liberalizamos el taxi?

El taxi es un oligopolio cuyo funcionamiento perjudica tanto al conjunto de los consumidores como a los potenciales trabajadores y empresarios de este sector. Su actual modelo, propio de la primera mitad del siglo XX, es absurdo y contraproducente de inicio, pero el sinsentido de su mantenimiento es cada vez más evidente para una parte creciente de la población, muy especialmente los jóvenes, conforme avanza la revolución tecnológica que está experimentando el mundo. A diferencia de lo que suelen aducir los intervencionistas de todos los colores, en el mercado libre no caben prácticas monopolísticas de ningún tipo, ya que, por definición, no existen barreras de entrada. Por el contrario, el Estado mantiene determinadas actividades al margen de la libre competencia, beneficiando con ello a privilegiados lobbies, como es el caso de los taxis, las farmacias, los estancos o los colegios profesionales. En el fondo, esta especie de proteccionismo estatal no es más que un vestigio del arcaico sistema gremial que regía en el Antiguo Régimen.

La actividad del taxi es un claro ejemplo. No en vano, la Administración Pública limita la entrada de nuevos operadores en el negocio mediante la concesión de licencias, decidiendo así la oferta de forma unilateral y arbitraria, al tiempo que impone una serie de condiciones a los taxistas (formación, tipo de vehículo, horarios, etc.), llegando incluso a regular o fijar directamente el precio del servicio. Este tipo de trabas genera incentivos perversos. En primer lugar, los dueños de las licencias, constituidos en lobby, presionarán a la Administración para congelar o reducir al máximo posible la concesión de nuevos permisos con el fin de limitar la competencia en beneficio propio. Y es que, conforme la oferta crezca menos que la demanda, el valor de las licencias activas aumentará, con el consiguiente beneficio extra en caso de venta -las licencias se pueden transferir-, y el precio del servicio subirá por encima del valor de mercado, dañando a los consumidores y restando eficiencia, ya que los tiempos de espera tenderán a dilatarse y existirán grandes dificultades para encontrar taxi en las horas punta.

La OCDE analizó el impacto de estas trabas en un amplio informe elaborado en 2007 y encontró una serie de factores comunes en los países que imponían grandes barreras de entrada para trabajar como taxista. Entre otras cosas, constató, efectivamente, que el número de licencias tendía a permanecer relativamente estático a lo largo de los años, con lo que la ratio de taxis per cápita bajaba conforme la población iba en aumento, el valor de las licencias subía de forma sustancial y la oferta no cubría satisfactoriamente la demanda existente, con mayores tiempos de espera, una menor calidad en el servicio y precios más altos.

Por el contrario, los países que han apostado por liberalizar este sector presentan claras ventajas respecto al sistema vigente. Aunque la desregulación no ha sido completa, ya que sigue existiendo una fuerte intervención estatal en materia de precios y prestación del servicio, la apertura de las licencias se ha traducido en un sustancial aumento de operadores, una mayor cobertura geográfica, más eficiencia y precios más bajos para el consumidor. Desde que Nueva Zelanda liberalizó el servicio en 1989, por ejemplo, el número de taxis se ha triplicado en las principales ciudades del país, la oferta es mucho más amplia y especializada (dividida en segmentos, zonas geográficas y perfil de cliente) y las tarifas han descendido en términos reales (descontando la inflación).

Irlanda hizo lo propio en el año 2000. El Tribunal Supremo de Irlanda sentenció en 1999 que el Gobierno había restringido las licencias de taxi de forma abusiva, impidiendo la entrada a nuevos operadores y limitando el libre desarrollo de este sector, dificultando con ello el acceso de la población a este servicio. Efectivamente, en 1978, el Gobierno aprobó un decreto para frenar la concesión de licencias. Como consecuencia, en Dublín, su número se mantuvo intacto en 1.800 unidades desde 1978 a 1991, mientras que a finales del año 2000, justo antes de su desregulación, las licencias apenas se situaban en 2.720, lo cual supone un crecimiento medio de poco más del 2% anual durante este período. Sin embargo, fue en esta etapa cuando se fraguó el milagro económico irlandés: la población ocupada aumentó un 63%, la tasa de paro bajó al 4% y el volumen de turistas se multiplicó por tres.

Todo ello se materializó, por tanto, en un peor servicio para los clientes, pero en un negocio redondo para los taxistas. El 75% de los irlandeses afirmaba, antes de la liberalización, tener grandes dificultades para encontrar una taxi libre en las horas punta y los tiempos de espera superaban de media los 90 minutos en determinadas partes del día. Asimismo, el precio de las licencias en Dublín se disparó desde los 7.400 dólares en 1980 a casi 110.000 en el año 2000, superando a muchas capitales europeas.

La reforma del año 2000 flexibilizó el sistema, permitiendo acceder al taxi a todo aquél que cumpliera los requisitos legales establecidos y, como consecuencia, la oferta se disparó. El número de taxis en Dublín ya rozaba las 9.000 unidades apenas dos años después, y hoy se estima que operan de forma regular cerca de 14.000 taxistas. Mientras, en el conjunto del país, su número ha pasado de menos de 5.000 a más de 20.000 durante la pasada década, con todo lo que ello supone en cuanto a la creación de empleo y riqueza.

También existe una oferta más variada, como, por ejemplo, los taxistas a tiempo parcial, que prestan servicios sólo durante unas horas o días concretos de la semana, compaginando esta profesión con otras actividades, embolsándose así un sueldo extra. Y, como es lógico, a mayor oferta, menor precio. Muchas compañías de taxis cuentan con tarifas planas y una amplia gama de descuentos, sobre todo fuera del área de Dublín, con el consiguiente ahorro para el consumidor. Además, esta apertura se ha traducido en una mayor profesionalización de la industria, mejorando con ello su calidad e imagen pública. La demanda de taxis, por su parte, aumentó más de un 80% en Dubín entre 1997 y 2008, mientras que el tiempo medio de espera se redujo a apenas 5 minutos, sin que repercutiera un ápice en la calidad del servicio. Otros países como Suecia, reino Unido, Holanda y algunas ciudades de EEUU también han apostado por la liberalización, mayor o menor, del servicio.

Pese a ello, el mercado del taxi no es completamente libre, ya que el Estado sigue interviniendo en la fijación de las tarifas e impone ciertos límites y condiciones que acaban distorsionando de forma grave la libre competencia. Aún así, la simple eliminación de topes en la concesión de licencias administrativas ha tenido claros beneficios para los clientes del taxi, que ahora disfrutan de precios más bajos y una mayor oferta, pero también para los propios trabajadores y empresarios del sector, cuyo número ha aumentando de forma exponencial.

Lo ideal, sin duda, sería erradicar el perverso sistema de licencias de raíz, permitiendo que el mercado (todos nosotros) y no el Estado (políticos) determine libremente la prestación y los precios del taxi sin ningún tipo de cortapisas para que, de este modo, se amolden a nuestras necesidades y preferencias concretas. En España, sin embargo, al igual que en otros muchos países, sucede justamente lo contrario, puesto que el consumidor debe tragar, sí o sí, con las condiciones que marca arbitrariamente el poder público en beneficio del privilegiado lobby del taxi. No es casualidad, por tanto, que el número de licencias se haya estancado en Madrid, pasando de 15.500 en 1994 a tan sólo 15.700 en 2012, al igual que en el resto de España, cuyo volumen se mantiene congelado en unas 70.000, encareciendo las licencias y disparando de forma artificial el uso lucrativo de las mismas a costa del consumidor y otros potenciales taxistas.

Pero la irrupción de nuevas aplicaciones está revolucionando el sector del transporte de particulares en vehículos privados, ya que plataformas como Blablacar, Cabify o Uber están dando una solución muy satisfactoria al problema subyacente de poner en contacto cliente y conductor sin necesidad de intermediario alguno, fijando de antemano y con plenas garantías las condiciones y tarifas del viaje. La tecnología está evidenciando ahora, mejor que nunca, el verdadero rostro de la intervención estatal, consistente en entorpecer o impedir el acuerdo libre y voluntario entre las partes (en este caso, particulares) para beneficiar a unos pocos (taxistas con licencia administrativa), bajo el manido argumento de la "competencia desleal" y el falaz "intrusismo".

Este fenómeno no es nuevo. Los gremios siempre han intentado impedir la entrada de nuevos operadores para elevar de forma maniquea sus beneficios mediante la restricción de la competencia, solo que ahora se valen del poder monopolístico que ejerce el Estado para lograr sus objetivos. Y, curiosamente, la tecnología siempre ha sido uno de los grandes enemigos de este tipo de lobbies. Los luditas, por ejemplo, se dedicaban a atacar fábricas y destrozar máquinas porque, según argumentaban, su introducción suponía el despido de muchos obreros. Esta filosofía, por tanto, abogaba por el mantenimiento de los arados en el campo y los durísimos y sacrificados trabajos manuales en la industria. Es decir, tirar de los bueyes en lugar de emplear tractores, y pico y pala en vez de excavadoras. Imagínense por un momento qué hubiera pasado si los antiguos escribas, dedicados a laboriosa copia de textos manuscritos, amenazasen con huelgas y sabotajes a las autoridades de la época para prohibir el uso de la imprenta a partir del siglo XV. Es posible que hubieran conservado su tedioso empleo, pero a costa de frenar el avance de toda la humanidad.

Y lo mismo sucede con las quejas y presiones que ejercen hoy en día los dueños de periódicos de papel contra Google, los autores y productores de música contra Spotify y las plataformas P2P, o las editoriales de libros contra Amazon, entre otros muchos casos. La dinámica de fondo es idéntica: privilegiar a algunos para perjudicar al resto, negarse a aceptar la realidad y amoldarse a los cambios exigiendo al Estado que les proteja de la competencia. Por suerte, perderán esta batalla, al igual que en su día perdieron los ludistas y los gremios profesionales con la llegada de la Revolución Industrial. El mundo vive hoy una nueva revolución, esta vez tecnológica, y el que no se suba al carro perderá el nuevo tren del desarrollo. De nosotros depende que nos quedemos o no en tierra. La guerra del taxi contra Uber es, simplemente, el penúltimo ejemplo de la eterna confrontación entre defensores y opresores de la libertad del individuo. Si es taxista, no lo dude, y empiece a utilizar Uber.

La sentencia del ‘caso Coca-Cola’ reabre el debate sobre la interpretación judicial de la reforma laboral

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Este viernes, la Audiencia Nacional declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) había presentado para 1.190 de sus empleados. A pesar de que la mayoría de los trabajadores afectados habían aceptado las condiciones de la empresa ("muy generosas" según la compañía y que incluían la recolocación en otras plantas de todos los despedidos), el tribunal ha decretado que ha habido problemas formales, mala fe y falta de información a lo largo de todo el proceso, por lo que habrá que readmitir a los afectados, incluso a aquellos que se habían acogido voluntariamente a la oferta.

La sentencia no es la primera de este tipo que se ha publicado en los dos últimos años, aunque sí estará entre las que hagan más ruido, dada la relevancia mediática del caso. De hecho, en realidad se trata de uno más entre los numerosos fallos judiciales que han revocado una decisión empresarial cubierta, al menos en teoría, por la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se une así, como explica Carmen Llorente en este artículo de Diario Jurídico, a los casos de Air Europa, Roca, Tragsa, Liberbank, Telemadrid o la Radio Televisión Valenciana.

En todas estas situaciones, las empresas u organismos públicos presentaron un ERE respaldado, según creían ellos, por la nueva regulación, que permite a las empresas realizar despidos objetivos por causas económicas (colectivos o individuales) si tiene "pérdidas actuales o previstas" o una "disminución persistente de ingresos o ventas" durante tres trimestres consecutivos, comparados con el mismo período del año anterior. 

Hay que recordar que el despido objetivo lleva aparejada una indemnización de 20 días por año, con 12 meses de límite. Por lo tanto, uno de los objetivos de la reforma era reducir el coste del despido, que se entendía que era una de las grandes barreras a las que se enfrentaban los empresarios para formalizar más contratos indefinidos. Hasta la aprobación de la reforma, la gran mayoría de los despidos en España se declaraban "improcedentes" (45 ó 33 días por año, en función del contrato y hasta 42 mensualidades de límite).

¿Seguridad jurídica?

En este punto, la clave no reside sólo en el coste total, sino también en la seguridad sobre las decisiones empresariales. La gran mayoría de los despidos era improcedente, en gran parte porque era una manera de quitarse problemas por parte del empresario. Ante la perspectiva de enfrentarse a un largo juicio, con los costes que esto tiene, y a una sentencia desfavorable, prefería despedir, pagar a 45 días y olvidarse del tema. Eso sí, luego a la hora de contratar a un nuevo empleado esta restricción estaría muy presente en su decisión.

Con los cambios aprobados en 2012, se suponía que estas dudas quedaban superadas. En teoría, estaba muy claro cuándo se podía despedir por causas objetivas (lo de los tres trimestres). Sin embargo, como puede verse, los tribunales no han admitido muchos de los ERE presentados. Y se plantea la cuestión de si están en riesgo algunos de los efectos buscados con la reforma. En este sentido, la sentencia del caso de Coca-Cola Iberian Partners es muy significativa porque contiene los dos reproches más habituales que los jueces han hecho a la reforma Báñez.

En primer lugar, la Audiencia Nacional apunta a la falta de ciertos requisitos formales. Ésta ha sido una reclamación constante desde 2012. En los ERE, la reforma eliminó la necesidad de una autorización administrativa previa y, a cambio, estableció innumerables requisitos formales que, además, serían causa de nulidad en caso de incumplirse. Los expertos advirtieron desde el principio de que sería muy difícil que un ERE cumpliera con todas y cada una de estas exigencias.

En el caso que nos ocupa, la Audiencia considera que no se informó a los representantes de los trabajadores de la constitución de un nuevo grupo de empresas: "Se ha producido, por tanto, un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa".

Pero no es sólo una cuestión formal, los tribunales han decidido, en muchos casos, que el despido objetivo esté fundamentado. Sí, incluso aunque se suponía que la reforma iba a eliminar esta exigencia, estableciendo sólo un criterio objetivo ("descenso de ingresos o ventas durante tres trimestres"), los jueces están interpretando la ley con un particular criterio. De esta forma, se acepta que la empresa puede estar en la situación requerida, pero incluso así piden que justifique que los despidos son necesarios. Como explica Carmen Llorente, el Tribunal Supremo ya estableció en el caso de Cortefiel que "tras la reforma laboral, a los tribunales corresponde emitir un juicio no solo sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida propuesta".

En la misma línea, la Audiencia considera, en el caso de CCIP, que "no se ha proporcionado la información reclamada por los representantes de los trabajadores durante la negociación (…) sobre cuál era la forma de distribuir la producción entre plantas y líneas antes de la reestructuración y cómo se prevé hacerlo después. Y esa información sí era relevante para valorar las causas y negociar sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos y sus efectos, por lo que esa omisión informativa sí se anuda a la consecuencia de la nulidad del despido". No es exactamente una petición de causalidad entre despidos y situación económica, pero sí apunta en esa dirección. En este caso, obliga a la empresa a que justifique ante los sindicatos por qué tomas unas determinadas decisiones organizativas, para que se pueda estudiar si éstas son susceptibles de un cambio.

¿Jueces o empresarios?

Los empresarios siempre se han quejado de que no es normal que los jueces se metan a dilucidar si una decisión puramente organizativa, como es un despido, está o no justificada. Ésta era la realidad con la anterior ley, pero se suponía que iba a cambiar con la reforma.

Sin embargo, entre las exigencias formales y los requisitos de justificación, aquellos deseos podrían estar quedando en nada. De esta forma, vuelve una pregunta clásica en el mercado laboral española, ¿quién toma las decisiones en las compañías: los jueces o los dueños?

Desde diversos ámbitos se ha apuntado a que exige un fuerte sesgo en los tribunales en favor de las interpretaciones más estrictas de la ley. O por decirlo de otra manera, que los jueces podrían estar poniendo su ideología por encima de todo lo demás a la hora de redactar sus sentencias.

¿Por qué Montoro va a por su vivienda?: la recaudación del IBI sube un 60%

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

"Las casas se han convertido en un punto de recaudación de impuestos". Así de claro se muestra un inspector de Hacienda cuando se le pregunta por la evolución de la fiscalidad municipal aplicada a los activos inmobiliarios. Su respuesta la corroboran los datos. A lo largo del último lustro, pocos gravámenes han experimentado un aumento recaudatorio como el vivido por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Concretamente, los ingresos tributarios derivados del cobro del IBI se acercan ya a los 12.000 millones de euros anuales, lo que significa un aumento de unos 5.000 millones de euros frente a las cifras alcanzadas en el año 2007, antes de la crisis y en plena "burbuja inmobiliaria". Comparando los datos de 2007 con los de 2012, vemos que el crecimiento de la recaudación por IBI supera el 50%. Si a esto le unimos los niveles de ingresos esperados para el ejercicio 2013, vemos que el diferencial frente al periodo precrisis asciende ya al 60%.

El ‘catastrazo’

Desde 2007, el número de inmuebles censados en España ha crecido de 32,6 a 37,6 millones. Este aumento de la oferta, cercano al 15%, ha convivido con una caída generalizada de los precios. Sin embargo, los valores catastrales sobre los que se calcula el IBI han sido revisados al alza de forma continua y sistemática. 

Así, mientras que el valor catastral medio en 2007 llegaba a los 44.000 euros, los últimos datos disponibles lo elevan ya por encima de los 61.000 euros. En suma, hablamos de un aumento cercano al 40%. Si a esto le sumamos el aumento de los tipos aplicados a este gravamen, el panorama para el contribuyente resulta aún más desolador.

Quienes defienden esta vía de ingresos fiscales como solución a los males presupuestarios de las Administraciones Públicas españolas destacan que estas medidas han permitido que los Ayuntamientos cierren el ejercicio 2013 con sus cuentas en positivo. Sin embargo, el aumento de la plantilla de empleados de los consistorios choca con este discurso, ya que la "austeridad privada" que supone el aumento continuado del IBI choca con el aumento del gasto público derivado de las contrataciones de personal. Concretamente, los Ayuntamientos cerraron 2013 con 608.000 empleados, un aumento interanual de casi 30.000 personas.

Si nos fijamos en los ingresos de los consistorios españoles, vemos que las cifras de 2013 son casi idénticas a las de 2007. Si antes de la crisis recaudaban 66.231 millones de euros, el pasado año se cerró en 65.059 millones.

Toledo duplica su recaudación por IBI

Para el periodo comprendido entre 2007 y 2012, el aumento de la recaudación por IBI ha alcanzado niveles escandalosos en algunas capitales de provincia. Es el caso de Madrid, donde los ingresos derivados de este gravamen han aumentado un 79,4%. Algo parecido ocurre en Almería, donde el crecimiento ha sido del 82,1%.

Aún peor lo tienen los contribuyentes de Murcia, Ávila y Cuenca. En estos tres municipios, la recaudación por IBI se ha disparado un 86,2%, un 86,6% y un 89,1%, respectivamente. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Toledo, donde las revisiones al alza del IBI han disparado los ingresos del consistorio en un 98,5%.

Incluso en las capitales de provincia en las que el aumento es menor, las cifras son preocupantes. Tenerife y Valencia son las dos urbes que experimentan un auge más limitado, pero igualmente hablamos de una subida acumulada del 17,9% y el 20,5%, respectivamente. A continuación encontramos a Alicante y Cádiz, donde el aumento llega al 23,3% y al 24,2%.

Más fiscalidad inmobiliaria

Las continuas revisiones de la fiscalidad municipal han disparado notablemente el esfuerzo tributario de los contribuyentes españoles. No obstante, las vías de ingresos han cambiado notablemente: caen los ingresos derivados de la edificación y la compraventa, pero suben los retornos fiscales imputados a los propietarios de activos inmobiliarios.

Para Hacienda, descargar un mayor castigo fiscal sobre la tenencia de viviendas, locales o terrenos permite desarrollar una vía de ingresos en la que el margen de elusión o evasión es mucho más limitado. Es por eso que la propuesta de "reforma tributaria" que elaboró la Comisión Lagares invitó al Fisco español a aumentar más aún la carga impositivaque se aplica en este ámbito. Y esta idea es, precisamente, una de las medidas que el Gobierno baraja incluir en su reforma fiscal.

Asimismo, el FMI y la OCDE también han pedido a España que explore este camino, por lo que los propietarios de inmuebles pueden convertirse, tras la próxima "reforma tributaria", en uno de los colectivos peor tratado por la fiscalidad española.

Líder mundial en impuesto de transmisiones

Igualmente, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales vemos que el marco fiscal español está muy lejos de ser moderado. De hecho, España es el país que más impuestos aplica por este concepto, tanto si hablamos de inmuebles de lujo como de propiedades más modestas.

Así, adquirir en España un activo inmobiliario de 2,7 millones de euros acarrea un gravamen medio del 10%, lo que equivale a 270.000 euros. India y Reino Unido aparecen en segundo y tercer lugar del ranking mundial elaborado por UHY, aunque en este caso el gravamen sería del 8% y del 7%, respectivamente. En Francia o Alemania, el Fisco se llevaría la mitad: un 5%. Más atractiva aún es la situación vigente en Japón e Italia (3%), Países Bajos y Canadá (2%), EEUU y Estonia (1%) o Rusia y Eslovaquia (no aplican este tributo).

Planteando la compra de un inmueble más modesto, valorado en 115.000 euros, vemos una vez más que España está a la cabeza en cuanto a impuestos cobrados. En el caso descrito, Hacienda se volvería a llevar otro 10%, esta vez equivalente a 11.500 euros. A continuación, encontramos a India, donde el castigo fiscal sería del 8,5%. Mucho más amable es el marco aplicado en Argentina, Francia o Alemania (5%), si bien el 3% de Italia, el 1% de Japón o el 0,5% de EEUU resultan aún más atractivos. En Reino Unido o Israel, por el contrario, esta transacción no implicaría ningún pago a Hacienda.

Todos estos costes tributarios complican la reactivación del sector inmobiliario. Como ha explicado Elena Sanz, la caída del precio de la vivienda no se ve reflejada en muchos casos debido al aumento de los impuestos aplicados al ámbito inmobiliario. Lo vemos en el caso del IBI y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero también en el fin de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda o en la subida del IVA.