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España y el atajo de la violencia

De acuerdo con el sociólogo alemán Franz Oppenheimer, sólo existen dos formas de obtener los medios necesarios para satisfacer nuestras necesidades y deseos. La primera es mediante nuestro propio trabajo y el intercambio voluntario con los demás miembros de la sociedad, forma a la que denominó “medios económicos”. La segunda consiste en la apropiación violenta de la riqueza de los demás, a la que por contraste denominó “medios políticos”.

El hecho de denominar “medios políticos” al empleo de la fuerza, a la extracción forzosa de recursos de las demás personas, no es casual. Una de las mayores fuentes de violencia en nuestras sociedades no es otra que su propio gobierno, su clase política. Como bien decía Ludwig von Mises en La Acción Humana, “conviene recordar que la interferencia del gobierno siempre significa acción violenta o la amenaza de dicha acción. Aquéllos que piden más interferencia gubernamental están pidiendo en última instancia más coacción y menos libertad”.

Lo que el liberalismo propone es minimizar el uso de la coacción en la vida en sociedad. Es sobre los pilares de la libertad y el respeto a la propiedad privada sobre los que deben descansar las relaciones humanas. Son, precisamente, los “medios económicos” que describe Oppenheimer, la libre cooperación social en el marco de la división del trabajo y el intercambio voluntario, el ideal que defiende el liberal no sólo desde el punto de vista ético, sino también desde una perspectiva práctica. Libertad y propiedad privada tienden a traducirse en prosperidad. Coacción y violencia, si bien pueden ser una gran tentación a corto plazo, a la larga siempre devienen en conflicto y miseria.

En España, una buena parte de la ciudadanía cada vez clama de manera más clara por una mayor coacción y menos libertad. El resultado electoral de las elecciones europeas es una buena muestra de lo poco que han calado las ideas liberales. El peso del liberalismo es cada vez menor dentro de los grandes partidos, y los pocos partidos minoritarios que han ofrecido una propuesta liberal han salido escaldados de las urnas. Una gran mayoría de la sociedad española está cada vez más lejos de creer que la mejor solución a los problemas sociales y económicos pasa por el camino de la libertad, por respetar la propiedad de los demás y permitir que sean los propios ciudadanos los que se organicen de la mejor manera posible para solucionar dichos problemas de manera pacífica.

Hay que entender que una gran parte de la sociedad española está desesperada por el efecto de la larga depresión económica. No sólo porque el desempleo lleva años superando el 25%, los salarios están por los suelos y muchas familias están sumidas en la pobreza. Lo más desesperante para una buena parte de la población es la percepción de que no se ve luz al final del túnel, de que esto aún va a seguir así mucho tiempo. La gente, aunque escucha que estamos en el inicio de la recuperación, sigue viendo muy lejos un escenario en el que algo tan básico como encontrar un empleo para mantener a su familia no sea misión imposible.

El problema es que la desesperación es el caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos populistas que aboguen por ofrecer a sus votantes soluciones inmediatas por medio de la fuerza. Es en este contexto en el que irrumpe en la escena política española un partido como Podemos. Más de 1,2 millones de ciudadanos han optado por respaldar con su voto a un partido cuyo programa es un completo disparate.

Uno de los problemas del programa de Podemos es que no se puede pagar. El partido dirigido por Pablo Iglesias propone una cantidad de gasto estratosférica. Además del deficitario Estado de Bienestar existente y toda su batería adicional de propuestas de gasto público, el plan estrella de Podemos consiste en el pago de una renta básica para todo el mundo, sea pobre o rico, a cargo de los presupuestos del Estado. Leyendo el programa queda claro cómo se pretende financiar todo este supuesto jardín del edén: impuestos desorbitados y, sobre todo, emisión de moneda por parte del banco central para pagar directamente los gastos del Estado. La hiperinflación, la pobreza y el caos social están garantizados.

Sin embargo, lo más preocupante no es que el programa económico no pueda pagarse, ni las nefastas consecuencias económicas de la propuesta política de Pablo Iglesias. Lo peor es que todo el programa rezuma violencia. Supone el auge de lo que Oppenheimer denominaba los “medios políticos”, es decir, el uso de la fuerza para obtener los bienes y servicios que demandamos. Es, en resumen, toda una negación de la libertad individual y del derecho de propiedad. Expropiaciones de viviendas, de hospitales y de tierras; planificación centralizada y control político directo sobre un sin fin de sectores, como la energía, la alimentación, el transporte, las telecomunicaciones, la sanidad, el sector farmacéutico o el educativo; creación de una banca pública al servicio de la política; fiscalidad confiscatoria e impuestos sobre la riqueza; prohibición de los despidos para las empresas con beneficios y fijación estatal de los salarios. No es una política simplemente equivocada. Es una política destinada a desatar la miseria y a provocar la ruptura de la cooperación social.

El ascenso de partidos como Podemos y otras fuerzas políticas que proponen similares soluciones puede explicarse por la desesperación de mucha gente que no ve salida a la crisis y por repulsa a la actual clase política. De esas entendibles causas, sin embargo, no sigue que el populismo estatista que se abre paso en España vaya a solucionar los problemas. Más bien, los agravaría. La única solución, ética y práctica, pasa por ir hacia un marco institucional basado en la libertad individual, la cooperación social voluntaria y el escrupuloso respeto a la propiedad privada. Ése es el único camino a la prosperidad. El atajo de la violencia que propone Podemos no lleva a otro sitio que a la catástrofe.

España y la norma: ni contigo ni sin ti

A pesar de los fantásticos juristas que ha dado nuestra tierra, las ideas de Derecho, Legislación, normas parece que no han calado en la mente de los españoles. Convencidos, a fuerza de repetirlo delante del espejo, de que somos los más demócratas, los más constitucionalistas, los más estupendos del mundo, a la altura del “estupendismo” de franceses, ingleses y alemanes, un repaso a lo que dice la calle, una vez oídas las reacciones políticas a la inesperada abdicación de Juan Carlos I, puede servirnos de termómetro de cómo somos en realidad.

Respecto a la abdicación

Es muy pronto. Es muy tarde. Es inesperado. Ya se veía venir. Se va porque quiere darse la gran vida. Se va porque está enfermo de gravedad. El príncipe está perfectamente preparado. El príncipe está muy verde. Vaya faena que le ha hecho a Felipe. Felipe lleva rezando para que esto pase desde hace años. No debería gastarse en celebraciones. Parece mentira que no se celebre ni nada.

Hay que seguir la Constitución que establece la sucesión monárquica con normalidad (cita de artículos). Hay que seguir la Constitución que establece la posibilidad de un referéndum para acabar con el anacronismo de la monarquía con normalidad (cita de artículos). Ningún demócrata puede ser republicano. Ningún demócrata puede ser monárquico. La monarquía es una reliquia franquista. La monarquía es el primer paso de la transición democrática. La monarquía es más cara que la república (muestra de datos en Excel). La república es más cara que la monarquía(muestra de datos en Excel). Los monárquicos van a acabar con el progreso en España. Los republicanos van a acabar con el progreso en España. La Iglesia Católica debería pronunciarse, al fin y al cabo es una monarquía católica. La Iglesia Católica no tiene nada que decir, al fin y al cabo España es un estado laico.

Respecto a lo que dicen los partidos políticos

El PSOE es republicano de toda la vida. El PSOE es constitucionalista respetuoso de la monarquía de toda la vida. Artur Más debe ir a la proclamación de Felipe VI porque representa a todos los catalanes. Artur Mas no debe ir a la proclamación de Felipe VI porque representa la opción independentista explícitamente. La izquierda de Podemos, IU, y demás, quieren una guerra civil. La izquierda de Podemos, IU y demás, quieren evitar un conflicto violento en las calles mediante cauces legales. El PP y la derecha le hacen la pelota a la monarquía porque siempre se han llevado bien. El PP y la derecha intentan congraciarse con la monarquía con la que se llevan fatal.

La conclusión: ni contigo ni sin ti

La retahíla de frases contradictorias de ese tipo que se oyen a propios y extraños, gentes con formación o iletrados, en radios, televisiones, corrillos, mesas camillas a la hora del café… no tiene posiblemente fin. Representa el carácter español, que si no sale en las encuestas de mayoría republicana es porque no tenemos un referente glamuroso que podamos despellejar, pero que sea campechano y estirado a un tiempo, como son los miembros de la realeza española (unos más, otros menos). Pero si Felipe González se postulara a sí mismo como presidente de la III República y la lucha fuera de Felipe a Felipe… ya no sé qué pasaría. Creo que nos quedaríamos con el gracejo sevillano frente a la periodista venida a más y su marido.

Y todo esto me lleva a concluir que nos importa un guano el verdadero meollo del asunto. ¿Nos representa el Parlamento? ¿Necesitamos un referéndum porque no tenemos claro que ese PP, ese PSOE y el resto de los elegidos hace apenas dos años expresen nuestra voluntad? ¿Necesitamos elecciones generales cada menos tiempo? ¿Cada dos años? ¿Cada tres meses? ¿Cada día? ¿Si la Constitución es tan importante por qué consentimos que el Tribunal Constitucional esté politizado y funcione tan mal? ¿O a lo mejor no nos importa la Constitución? ¿O sólo cuando truena?

Pues eso, un guano.

Si no hacemos una reforma, la única vía es la congelación de las pensiones

José Ignacio Conde-Ruiz fue uno de los expertos que participó en el grupo de sabios que el Gobierno convocó para que le presentaran una propuesta sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones. Ahora, unos meses después, este doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor en la Universidad Complutense publica un nuevo libro, ¿Qué será de mi pensión? Libre Mercado habló con él, en Madrid, hace unos días.

Su planteamiento es claro, aunque pueda resultar doloroso. Las tendencias demográficas son imparables. No será posible mantener el actual nivel de las pensiones. Sí en poder adquisitivo (y eso sólo si suben la productividad y se crea empleo), pero no en cuanto a la relación entre pensión media y salario medio. Existe un clarísimo problema de ingresos y el sistema está condenado si no se hacen reformas.

– Nuestra posición editorial es favorable a los sistemas de capitalización. Pero usted defiende los modelos de reparto como el que está ahora en vigor en España. Por eso me gustaría empezar por ahí, intente convencer a los lectores de Libertad Digital (y a este periodista) de que es mejor un sistema de reparto como el español que uno de capitalización como el chileno. 

– Lo primero que diría es que el sistema de pensiones español todavía no es el sistema de pensiones que yo propongo. El modelo que yo defiendo es de reparto con cuentas nocionales, algo que seguro que le gusta más a los lectores de su diario.

– En lo que a mí respecta, sí me gusta bastante más que lo que hay ahora.

– En un sistema de reparto, la rentabilidad se calcula multiplicando la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar por la tasa de crecimiento de la productividad; en uno de capitalización, la rentabilidad la marca la tasa de interés de la economía. Ahora que estamos todos muy familiarizados con estas cosas gracias al libro de Thomas Piketty, uno podría decir ‘¿Cómo me vas a convencer, con el actual envejecimiento de la población, de que la primera cifra es mayor que la segunda?’ Yo acepto que de media no es así y que no será así en el futuro a no ser que consigamos grandísimos incrementos de la productividad [porque la población no va a crecer mucho].

Pero cuando uno habla de un sistema de pensiones no sólo hay que mirar la rentabilidad media, sino también la varianza. La tesis que intento defender en el libro es que no estoy en contra de los sistemas de capitalización. De hecho, creo que deberían complementar a los sistemas públicos. Pero el modelo de reparto tiene una peculiaridad que no tiene el de capitalización: el riesgo lo soportan diferentes generaciones. Es algo así como ‘Yo te pago la pensión, porque sé que alguien me la pagará a mí’. Si cuando yo me jubile las cosas van muy mal, la siguiente generación me pagará las pensiones. En un sistema de capitalización, cada generación es completamente responsable de su ahorro. Lo metes en Bolsa y cuando te jubiles, si te ha ido mal o ha habido una crisis o una guerra, algo que tiene una posibilidad pequeña de que ocurra pero que puede ocurrir, pues no tienes a nadie para pagar tu pensión. Digamos que los sistemas de reparto son superiores en cuanto a soportar el riesgo.

Pero además, en esto hay algo que me molesta mucho. Porque quizás tú me dirías: ‘Hombre, si hay un desastre, seguro que el Estado hace algo, porque no va a dejar sin protección a sus pensionistas’. Pero eso es jugar con ventaja. Esto ya ocurrió en EEUU en los años 30. En aquel momento, los ahorros se fueron al garete y nos encontramos con tasas de pobreza entre los jubilados superiores al 50%. Entonces, desde el sector público se planteó: ¿Por qué no les damos a los jubilados una pensión? No habían cotizado nada. Rescataron a estas personas.

Si uno lo piensa tranquilamente, verá que lo eficiente es que tengamos los dos sistemas. El de capitalización te da una rentabilidad que es el tipo de interés, es como invertir en el capital físico de una economía. Mientras que el de reparto te permite invertir en el capital humano (número de personas y productividad). Es lo que idóneamente tú querrías hacer, no poner todos los huevos en la misma cesta, invertir en capital humano y físico.

– Usted pone el foco en la incertidumbre de los sistemas de capitalización. Pero ahora mismo, alguien de mi edad (menor de 40 años) no es que tenga incertidumbre respecto al sistema publico de pensiones… tiene una certidumbre: ya sabe que cuando se jubile no habrá suficientes trabajadores para pagar su pensión. Estos trabajadores pueden decir: ‘Sé que el Gobierno obligará a alguien a pagar mi pensión. Pero cada vez tengo más claro que lo que me llegará a mí será muy poco’.

– Lo que usted me dice es ‘Si no hacemos nada, el sistema está en quiebra’. Y es verdad. Si no hacemos nada, la siguiente generación puede romper el pacto intergeneracional. Pero al final los sistemas se acaban reformando, queramos o no. Todos sabemos que si las condiciones son muy duras de cumplir se va a romper el pacto intergeneracional. Una reforma es como reescribir el pacto.

Para que el sistema de reparto funcione lo que no puede ser es que mantenga las características que tenía cuando la demografía era otra. Tenemos la suerte de haber visto un gran avance social: la longevidad. Esto es una grandísima noticia. A los 70-80 años la mortalidad ha caído mucho. Pero hay una noticia negativa. Lo que no puedes pretender es dedicar esta vida extra que has ganado sólo al ocio, habrá que dedicar algo al trabajo también. La participación laboral de los trabajadores mayores va a tener que aumentar, porque alguien va a tener que pagar las pensiones.

– Muchas veces, me da la sensación de que aquellos que defienden el modelo de reparto lo hacen porque la transición sería muy complicada. Pero que en el fondo no piensan que sea superior a la capitalización. Usted mismo reconoce en su libro que el modelo chileno ha dado grandes rentabilidades.

– El problema de la transición sería un añadido, pero yo defiendo el sistema de reparto incluso sin tener en cuenta esta cuestión. Aunque [si hubiera que empezar de cero] yo haría uno mixto.

También te digo una cosa, muchos de los que defienden el modelo chileno dicen ‘El sistema está muy bien, pero si al final todo el ahorro se hunde porque el cobre se desploma y Chile entra en una guerra con Argentina… ¿Qué pasaría? Entonces el Estado metería un sistema de reparto’. Y a eso yo respondo que entonces me están haciendo trampas. Hay cierta hipocresía cuando los defensores del sistema de capitalización saben que, en el fondo, si hay problemas un Estado no va a dejar sin protección a sus jubilados.

Creo que el sistema de reparto debe ser el pilar y se debe complementar con el otro. Está claro que la pensión media respecto al salario medio va a caer, por lo que la gente debe complementar sus ingresos con una pensión privada. Hay que pensar si queremos que cada uno se lo plantee por su lado o el Gobierno debe obligar a que cada uno aporte a un modelo de capitalización.

– Su libro se titula ¿Qué será de mi pensión? Ésa es la pregunta que se hace la mayoría de los españoles. ¿Qué le recomendaría a alguien de 30-40-50 años que estuviera pensando en esta cuestión?

– Ver vídeo.

– La tesis que usted defiende en su libro es la de un modelo de reparto con cuentas nocionales, algo parecido a lo que hay en Suecia. Con este sistema, cada uno recibe a través de su pensión más o menos lo mismo que aportó. ¿Es así?

– Más o menos. El libro parte de una premisa y es optimista. Sigo pensando que el sistema de reparto es un gran invento, esa idea de asegurar a los jubilados. Si lo piensas bien, es como una familia. En una familia, tú te ocupas de tu padre cuando éste no puede trabajar, luego tus hijos se ocuparán de ti, etc.

Por qué digo que soy optimista. Porque ya se han hecho reformas. La primera reforma cruzó la línea que marcaba que había que dejar de trabajar a los 65 años. Era un poco absurdo porque cuando se introdujo ese límite no más del 30% de la población llegaba a esa edad. Ahora es el 90%.

La segunda reforma, en la que yo tuve el honor de participar en el comité de expertos, planteó que el sistema tiene que ser sostenible. No se pueden pagar las pensiones con cargo a la deuda, porque entonces te cargas las pensiones. Dijimos que los ingresos deberían ser iguales al gasto. Y el Gobierno planteó una ley en la que decía ‘Mientras los ingresos sean inferiores al gasto, las pensiones se congelan’ [suben sólo un 0,25%]. Ésa es la ley que tenemos hoy en día.

Por lo tanto, se ha generado un incentivo tremendo a reformar el sistema, porque si no se hace nada las pensiones quedarán congeladas para siempre. En ese caso, el que se jubile irá perdiendo capacidad de compra cada año. Eso genera mucha angustia al jubilado, que piensa: ‘Si tengo la suerte de vivir hasta los 90 años, ¿qué pensión me va a quedar?’ Gestionar un patrimonio menguante en el tiempo y que no sabes cuánto te tiene que durar, porque no sabes cuánto vas a vivir, es ineficiente e injusto.

Mira, hay dos modelos de sistemas de pensiones de reparto: los asistenciales (tipo Beveridge, como en Reino Unido o EEUU) y los contributivos (como el español). En los primeros, te aseguran una pensión de subsistencia, pero muy parecida para todos. La otra opción es mantener la contributividad, que el que cotice más también gane más. Esto además genera incentivos a trabajar. Pero tienes que mantener esta contributividad de una forma que no sea tan injusta como ahora mismo. Ahora te encuentras a personas que han trabajado 40 años y les ha ido mal al final de su vida laboral (han perdido el empleo con 60 años) y cobran pensiones bajísimas cuando habían cotizado muchísimo. La idea es que todas las cotizaciones valgan por igual.

– Sí, pero perdone, en la práctica esto supondrá bajar las pensiones de la mayoría, porque casi todos cotizamos más al final que al principio de nuestra vida activa.

– Las pensiones vamos a tener que bajarlas igual [respecto al salario medio], pero esto es una forma de que la bajada no sea tan injusta. Además, yo no quiero que cada uno se tenga que jubilar a la misma edad. Quizás tú tengas una salud peor que la media o valores más el ocio. Si todas las cotizaciones tienen el mismo peso, en el momento de la jubilación tú le calculas cuánto ha cotizado y le dices: ‘Si te jubilas con esta edad te queda una pensión de tanto; si te jubilas dentro de cinco años será de tanto’ Y que cada uno decida. Esto el sistema lo aguanta: son los sistemas de cuentas nocionales. Siempre que se actualice y sea proporcional entre lo que cotiza y lo que recibe, no hay ningún problema.

– Habla de sistemas asistenciales y contributivos. El nuestro se vende como contributivo, pero mi sensación es que dentro de veinte años lo será sólo en el nombre. Es decir, la diferencia entre la pensión mínima y la máxima será tan pequeña que en realidad funcionará como uno asistencial.

– Ése es el principal riesgo que tenemos. En el libro apuntamos el peligro de la reforma silenciosa: se congela la pensión máxima mientras que se sube la base máxima de cotización. Eso es transformar el sistema de contributivo a asistencial por la puerta de atrás. La contributividad está en la Constitución. Si lo quieres limitar, tienes que decirlo. Es un camino que se podría tomar, pero me gusta más que exista contributividad, que el trabajador tenga ese incentivo para trabajar. Algunos grupos de izquierda están proponiéndolo, yo creo que sin darse cuenta.

– Incluso con cuentas nocionales, necesitamos más ingresos y el número de trabajadores va a caer. La proporción entre pensión y salarios va a caer y no se está explicando.

– Eso va a acabar ocurriendo, no queda otro remedio. Pero yo puedo complementar mi pensión por las dos vías de las que ya hemos hablado: complementando con un sistema privado o trabajando más tiempo.

– ¿Pero cuánto más tiempo? ¿Cuándo nos vamos a jubilar?

– Si tienes una esperanza de vida de 95 años, ¿de verdad te molesta tanto jubilarte a los 70? Yo creo que vamos a llegar a un escenario flexible. La edad de jubilación va a depender de muchas cosas, como de lo que hayas conseguido ahorrar mientras trabajabas. Además, será más fácil compatibilizar un trabajo con una pensión. Quizás trabajar a jornada reducida y recibir parte de la pensión. El mundo que llega es un mundo en el que el 30% de los habitantes tiene más de 65 años y el 50% tiene más de 50 años. Esto va a cambiar. No somos conscientes. Seguramente, cuando tú tengas 70 años lo normal para ti será trabajar.

– Siempre nos fijamos en el que cobra (el pensionista) pero no tanto en el que paga (el cotizante). Desde la UE y el FMI se nos pide que bajemos cotizaciones para reducir el coste del empleo, ¿es eso posible sin la quiebra?

– El FMI está muy influenciado por el sistema asistencial de EEUU o Reino Unido. Allí, como todo el mundo recibe más o menos lo mismo, me da igual si lo financio con impuestos o con cotizaciones. Pero un sistema contributivo es distinto y normalmente tiene cotizaciones más altas que uno asistencial. Si financias la pensión con el IVA, rompes el principio de contributividad. El que consume, aunque no cotice, dirá ¿yo he contribuido, dónde está mi pensión?

Mira, si yo soy un empresario, cuando valoro lo que me cuesta un trabajador no diferencio entre salario y Seguridad Social. Todo lo paga el trabajador. El FMI está obsesionado con bajar las cotizaciones, pero lo mismo puedes conseguir bajando el IRPF y no pones en peligro el sistema. Con las cotizaciones parece más automático, pero al final el trabajador dirá ‘Si te han bajado dos puntos las cotizaciones, págamelos a mí’. No me disgusta la devaluación fiscal, pero hay que tener cuidado con cómo se hace.

– Usted plantea una reforma bastante profunda, ¿cuándo? ¿Es posible políticamente aprobarla ahora mismo?

– Hay que hacerlo cuanto antes. Esperar con las pensiones es muy arriesgado porque la gente tiene que adaptarse. Habría que hacer un cálculo y a las personas de una determinada edad (quizás 50 años, aunque habría que calcularlo) decirles: ‘Tu pensión será el máximo que te toque según se calcule con el modelo actual y con el modelo de cuentas nocionales’. Al resto, todo el mundo con cuentas nocionales.

Creo que hemos colocado el tren en la vía con las dos últimas reformas. Una la hizo el PSOE y otra el PP. Las dos reformas han hecho que el tránsito a un sistema nocional sea mucho más fácil que antes. Si no, la única vía para la sosteniblidad sería la congelación de las pensiones. Eso sí, el cambio se tiene que hacer con un gran pacto nacional por las pensiones. Un partido solo, con la oposición del otro sacando ventaja electoral, sería imposible que lo hiciera.

La inmensa tarea de los nuevos reyes de España

Francisco Franco murió en 1975 seguro de que el futuro de España estaba "atado y bien atado". Nunca he creído la hipótesis de que el Caudillo preparó una transición post mortem hacia la democracia. Franco era un hombre de orden y cuartel, melancólicamente convencido de que los demonios familiares del separatismo y la anarquía inevitablemente conducirían a los españoles a la catástrofe, a menos que una mano dura lo evitara.

Afortunadamente, Juan Carlos, el joven Borbón seleccionado, educado y designado por Franco para continuar su régimen autoritario al frente del Estado, tenía una idea diferente de España. Sabía que sólo podía o valía la pena reinar en una nación democrática en la que la Corona estuviera subordinada a la Constitución y al Parlamento, como era la norma en el norte de Europa Occidental.

El monarca no perdió tiempo. Con la ayuda de las Cortes, acertadamente reclutó a Adolfo Suárez como presidente de Gobierno. Fue el negociador ideal para lograr un cambio que parecía imposible: a trancas y barrancas, porque no fue fácil, los franquistas se transformaron en demócratas, los socialistas abandonaron el marxismo, los comunistas renunciaron al leninismo, los vascos y catalanes silenciaron y aplazaron sus pulsiones nacionalistas, el ejército se subordinó a la jefatura de los civiles –salvo el limitado espasmo golpista de 1981–, la Iglesia católica bendijo la metamorfosis y todos admitieron la monarquía. 

Juan Carlos, heredero de una dinastía desacreditada ante los ojos de los españoles, dos veces derribada por una sociedad que no amaba ni respetaba a la familia real, a lo que se agregaba el origen espurio de su poder, arbitrariamente impuesto por Franco, los necesitaba a todos para poder reinar con legitimidad moral (tenía la política), pero todos necesitaban a Juan Carlos para ocupar cierto espacio en un orden democrático que surgió milagrosamente en apenas tres años.

La transacción funcionó espléndidamente, al menos por un tiempo. Los españoles, como se ha dicho mil veces, no se hicieron monárquicos, pero sí juancarlistas. Casi todo el país agradeció al Rey el establecimiento de la democracia y su actitud decidida cuando varios militares trataron de derribar el Gobierno por la fuerza. El consenso general era que sin la tutela de Juan Carlos y su predicamento en las Fuerzas Armadas el tránsito hacia la democracia se habría interrumpido.

Esa primera transición duró 39 años. Algo más que el franquismo. En ese periodo, con aciertos y fallos, los grandes partidos gobernaron en el ámbito nacional o regional, solos o en coalición, y las instituciones funcionaron razonablemente bien. Sólo faltaba por ponerse a prueba la transmisión de la autoridad dentro de la monarquía.

Acaba de suceder. Con la abdicación de Juan Carlos I y el acceso al trono de su hijo, quien reinará como Felipe VI junto a Letizia, la reina, se cierra el ciclo y comienza una segunda etapa en la que las prioridades generales son otras: propiciar la creación de empleo, lo que entraña generar el surgimiento de empresas; combatir la corrupción; enfrentarse constructivamente al separatismo vasco y catalán, si ello es posible; y revitalizar la monarquía, hoy muy devaluada por los escándalos económicos del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, y por el comportamiento un tanto frívolo de Juan Carlos I, quien se marchó con una amiga a África a cazar elefantes en medio de una severa crisis económica.

La inmensa tarea que Felipe y Letizia tienen por delante desde el día uno de su reinado es convertir a los españoles de juancarlistas desengañados en monárquicos convencidos de la utilidad de una institución que los conecta con su vieja historia nacional y forma parte de las señas de identidad colectivas, como sucede en Holanda, Inglaterra o Escandinavia.

Los dos tienen el talento, la formación, las virtudes y la simpatía que se necesitan para poder consolidar la monarquía, pero esa peculiar institución no se sostiene de manera autónoma, sino dentro de la estructura de un Estado que tiene que funcionar con probidad y eficiencia, para ganarse el respeto de una sociedad que necesariamente debe percibir que posee posibilidades de mejorar progresivamente su calidad de vida si hace los necesarios esfuerzos.

El prestigio de Juan Carlos creció mientras España prosperaba y cayó en picado cuando la economía se hundió. Felipe y Letizia serán pronto los reyes de España. Están llenos de buenas intenciones, pero les tocará a Rajoy y a los que vengan detrás gobernar bien para que la monarquía se sostenga. En 1981 el rey salvó a la democracia. Ahora la democracia debe salvar a los reyes.

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Venganzas, monopolios, derechos, delirios

Rafael J. Álvarez entrevistó a Lara Alcázar en El Mundo. La líder del grupo feminista Femen perpetró escalofriantes desvaríos, como, por ejemplo: "Nos toca la venganza histórica contra el genocidio de mujeres a lo largo de siglos". Me limitaré, empero, sólo a dos ideas económicas.

Aseguró la señora Alcázar: "Somos pobres porque los hombres tienen el monopolio de los negocios". Como resulta evidente que la pobreza en el mundo ha disminuido en el último siglo, entonces doña Lara se verá ante la incómoda tesitura de reconocer que o bien no somos pobres o bien los hombres no tienen el monopolio de los negocios.

En segundo lugar, Rafael Álvarez le hizo una pregunta pertinente y poco habitual. Le dijo que si fuera verdad que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, entonces el paro femenino debería ser cero, porque los empresarios las contratarían siempre a todas. A eso doña Lara respondió: "Porque el hombre da menos problemas, según los empresarios".

Otra vez, aquí hay una nueva y desasosegante alternativa para la líder feminista. O bien la mujer no gana menos que el hombre por el mismo trabajo, o bien los empresarios son masivamente imbéciles y desaprovechan una obvia oportunidad de beneficio.

Es evidente que todos los hombres no son superiores a todas las mujeres. Lo probó el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo. En declaraciones a Carlos Herrera en Onda Cero defendió a los okupas y aseguró:

La vivienda, o es un bien especulativo o es un derecho humano, y nosotros creemos que es un derecho humano.

Reveladoramente, ni se le pasó por la cabeza a don Antonio que la vivienda podía ser el derecho de quienes la adquieren. Eso nunca, porque eso es la propiedad privada, es decir, el fundamento de una sociedad libre. En vez de ello, el preclaro progresista sólo identificó dos opciones que niegan la propiedad privada. En un caso por ser "especulativa", y en otro caso por ser un "derecho humano", es decir, un extraño derecho que legitima al poder para que viole los derechos de los ciudadanos, puesto que, naturalmente, cuando el señor Maíllo dice que la vivienda es un derecho humano no está pensando en regalar libre y voluntariamente su propia vivienda al prójimo.

Asimismo, aseguró que la gente se suicida todos los días por culpa de los desahucios. Ante semejante disparate, Arcadi Espada le hizo la pregunta que Josu Mezo ha hecho famosa en La Brújula de la Economía"¿Y eso usted cómo lo sabe?". El inefable líder progresista respondió: "Está en los medios". No se refería al centro de las plazas de toros, añado.

Consecuencias no previstas: La Iglesia y el capitalismo

La propiedad, el derecho mercantil, el individualismo… son valores e instituciones que han posibilitado, facilitado y en última instancia favorecido la aparición del capitalismo. Pero ¿cómo aparecieron en nuestra sociedad pasada? Deepak Lal, especialista en desarrollo económico, propone dos momentos en la historia de Occidente o, más bien, de la Cristiandad, que han sido decisivos a este respecto. Dos momentos que no crearon estas instituciones, pero que favorecieron su desarrollo. Ambos recogidos de otros autores, los dos referidos a cambios impuestos por la Iglesia, y los dos también obrados por sendos papas de nombre Gregorio.

El primero de ellos es Gregorio I, el Grande. Nada más ocupar el arzobispado de Canterbury, en 597, San Agustín (no confundir con el de Hipona), le envió un cuestionario al Papa con nueve preguntas. Cinco de ellas se referían a cuestiones familiares. Y su respuesta tuvo consecuencias que han durado hasta la generación de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres. En gran parte, esas consecuencias forman parte del modo como vemos la vida.

La cita a Jack Goody en su libro The Development of the Family and Marriage in Europe. En él dice que los usos tradicionales respecto de la familia “permitían e incluso favorecían las prácticas de, en primer lugar, casarse con parientes cercanos. En segundo lugar, casarse con viudas que sean parientes cercanas (probablemente por herencia, del cual el levirato era su forma más extrema). En tercer lugar, la transferencia de niños por medio de la adopción. Y, finalmente, el concubinato, una forma de unión secundaria”. Gregorio prohibió las cuatro prácticas en su respuesta. Una prohibición que, según Goody, no está basada en las Sagradas Escrituras. Tampoco tiene el respaldo del derecho (romano), ni de la moral, es decir, de la costumbre.

“Combinadas con el mandato contra el divorcio, que se retrotrae a las palabras de Cristo en Mateo 19:3-9, todas las prácticas rechazadas tenían un aspecto en común”, nos dice Deepak Lal: “Se referían a las estrategias de la herencia: la herencia de la propiedad familiar, la provisión de un heredero, y el mantenimiento del estatus en una sociedad agrícola muy estratificada”. Unos usos que solucionaban el problema de la herencia. Al prohibirlos, la Iglesia llevó a una situación en la que “un 40 por ciento de las familias quedarán sin ningún heredero varón inmediato”, dice Goody. De esta nueva situación había una clara beneficiaria: la propia Iglesia, que heredaba muchas de las propiedades que, de otro modo, se distribuirían entre otras personas cercanas a las fallecidas, por las antiguas estrategias familiares.

Una consecuencia de este cambio fue que los matrimonios se retrasasen, que los solteros trabajasen fuera del ámbito del hogar, y no dentro, y que con la creación de un nuevo matrimonio se crease un nuevo hogar. Todo ello favoreció el control de la natalidad lo que, a su vez, favoreció que Europa escapase de la trampa maltusiana antes que otras sociedades (Rusia, India, China).

Otra fue que la riqueza que llegó a atesorar la Iglesia fue fenomenal. Despertaba envidias, y su propiedad era el objeto de deseo de señores y reyes. Pero entonces se produjo una segunda revolución, en el derecho detallada por Harold Berman en Law and Revolution. El cambio partió del ámbito religioso y político, que en aquella época (siglo XI) no estaban deslindados.

Gregorio VII, según John Julius Norwich, “a lo largo de su vida se guió por un ideal: la sujeción de toda la Cristiandad, de los emperadores abajo, a la autoridad de la Iglesia de Roma”. Lo hizo con 27 proposiciones que se conocen como Dictatus papae y que, entre otras cosas, decían que todos los Papas heredaban la santidad de Pedro, que sólo él puede nombrar a los príncipes de la Iglesia, que sólo él puede declarar canónico un texto, o que tenía la facultad de deponer a cualquier rey o emperador. De hecho le echó un pulso a Enrique IV, que el titular del Sacro Imperio Romano acabó perdiendo. Gregorio VII declaró nula cualquier obligación de los súbditos hacia Enrique, e incluso amenazó con cualquiera que siguiera manteniendo ese vínculo con él con la excomunión. “Si se hubiera observado por completo” esta prohibición, señala Norwich, “el gobierno de Enrique se desintegraría en consecuencia, y sería incapaz de mantenerse en el trono”. Los príncipes le dieron a Enrique un año y un día para lograr la absolución papal, y amenazaron con elegir otro emperador si no la conseguía.

De forma paralela, Gregorio VII impulsó el desarrollo de una rama del derecho que facilitase la producción y el comercio y que, en consecuencia, enriqueciese aún más a la Iglesia. La institución, que se había puesto por encima del César, podía hacer dos cosas. Por un lado intervenir en la evolución del Derecho, y por otro extender esos cambios a todo el ámbito cubierto por su manto, dado que acababa de asentar su autoridad sobre todos los demás.

Según la tesis de Berman, “la Iglesia-Estado”, que fue el resultado de los cambios impuestos por Gregorio VII, “fijaron el ejemplo para la ciudad-Estado” medieval, “y el derecho canónico fijó el ejemplo para el derecho de las ciudades, y para el derecho comercial”. El derecho comercial, en suma, se desarrolló indirectamente a partir de los cambios impuestos por el Papa a finales del siglo XI. Y ese derecho mercantil, que se desarrolló en los siguientes tres siglos, alumbró la creación de numerosas instituciones propias del capitalismo: de los títulos de crédito a las hipotecas sobre bienes muebles, del derecho concursal a los instrumentos de crédito; de la societas del Derecho Romano a la responsabilidad limitada.

En definitiva, que la historia tiene algo de accidente, y de resultado no previsto de acciones que están encaminadas al provecho propio.

El plan Draghi no arregla Europa

"The ECB moves into uncharted territory with negative deposit rates"Bloomberg.

La euforia se ha desatado, de nuevo. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), lanzaba el jueves un paquete de medidas que, según algunos comentaristas "rebaja el coste de las hipotecas, combate la deflación, reactiva el crédito y mejora las exportaciones". Todo en uno, como el elixir del amor y tónico reconstituyente de los vendedores ambulantes. Nos encantan las soluciones mágicas. Aunque se haya aplicado lo mismo en 2009-2010 y no funcionase. Repetir. Les recomiendo el articulo de Juan Manuel Lopez Zafra "Y Draghi cogió su fusil" en El Confidencial.

Sin embargo, las dudas sobre la propuesta son muy relevantes y empiezan por el diagnóstico.

El plan del BCE lleva a los agentes financieros a tomar aún más riesgos al bajar los tipos de interés a niveles ínfimos y al forzar el crédito, aunque no se haya solventado el problema de deuda europeo.

– Europa tiene un problema de sobrecapacidad y exceso de deuda, no de falta de crédito, con un exceso de liquidez de 180.000 millones de euros que el propio BCE muestra en sus documentos. Intentar forzar el crédito no es la solución. Se repite el mantra de que hay un problema de concesión de préstamos y no de sobrecapacidad, pero como bien comentaba Eduardo Segovia en El Confidencial"La inyección del BCE no será la panacea para que vuelva el crédito".

¿En qué vamos a gastar que tenga un impacto real en el PIB y en el empleo? Veamos, según datos de Eurostat, BCE y Goldman Sachs, Europa tiene una sobrecapacidad del 20% en energía, incluyendo capacidad de generación, regasificación y refino suficiente para atender la demanda prevista en 2030 (IEA). Además, un 23% de sobrecapacidad en aeropuertos e infraestructuras, sobre todo autopistas, y un 28% en espacio de oficinas y congresos. Sobra capacidad portuaria, un 17%, y de almacenamiento… y falta tecnología… Que ni sufre de falta de crédito ni es intensiva en empleo.

Europa no sólo tiene un problema de sobrecapacidad en activos reales,
 fruto de esos "planes industriales" estatales casi soviéticos de 1991-2010, sino un exceso de crédito y tamaño del sistema financiero. Los activos totales del sector bancario superan el 274% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013 (un 334% incluyendo filiales extranjeras), comparado con Japón, donde es un 192%, y Estados Unidos, con un 83%. No es, por lo tanto un problema de cantidad de crédito o que sea barato. El propio BCE en su informe "Is Europe overbanked?" (Junio 2014) analiza que el ratio de crédito bancario privado (familias y empresas) sobre el PIB se disparó entre 1991 y 2011 desde un 38% hasta más del 100% del PIB, muy por encima de Japón y Estados Unidos. No existe ningún ejemplo de expansión de crédito mayor al vivido en España entre 1995 y 2011, donde se triplicó el credito sobre el PIB. Ni siquiera China.

Nadie duda de que hay empresas puntuales que tienen problemas de financiación, también existían esos casos en la orgía crediticia, pero no es el problema agregado. El diferencial entre coste de préstamos a pymes y grandes clientes en la periferia se explica en un 80% por el excesivo peso en ese crédito del sector inmobiliario, hostelero y energético subvencionado.

Lo que falta en Europa es tecnología, sin embargo, es precisamente la política de los estados de sostener los sectores sobrecapacitados e ineficientes y rechazar los sectores que bajan los precios y compiten la que hace que Europa sea donde menos se apoya con capital a los sectores tecnológicos. Como en el caso de las telecomunicaciones en Francia, donde el ministro Montebourg se quejaba de "las bajadas de precios", pidiendo una fusión entre empresas para evitarlo. Si no hay una buena subvención, no lo queremos.

El plan del BCE, por lo tanto, atiende a la máxima keynesiana de que la sobrecapacidad no importa, es el pasado, sólo importa "convertir las piedras en pan", como decía Lord Keynes en 1943.

El llamado TLTRO (inyecciones de liquidez enfocadas) esconde reactivar el ladrillo. Muchos me dicen que "excluye el préstamo inmobiliario". Claro, pero no la construcción. Y genera efecto empuje a la banca, ya que se fuerza a que presten al imponer tipos negativos a los depósitos -aunque sigan con desequilibrios importantes-. Es decir, los bancos van a tener que buscar riesgo de suficiente cantidad donde prestar. Si sumamos todos los supuestos proyectos que no encuentran financiación en Europa de pymes no llegan a ser una fracción ínfima de los 400.000 millones de euros del plan Draghi. Sin embargo, al imponer tipos negativos, ¿dónde prestan si les obligan? La construcción. Recuerden mis palabras.

Los tipos de interés negativos ya se implementaron en Dinamarca entre 2012 y 2014. Ni mejoraron el crédito, ni aumentó el consumo, ni se redujo el paro. Ante evidencias tan contundentes, obviamente habrá que repetir. Se recurre a "esta vez es distinto", "no fue suficiente" y "no es comparable" y tan tranquilos.

Mientras, el plan Draghi muestra efectos claros:

– Las primas de riesgo se desploman, llevando al incentivo perverso de que la burbuja de activos financieros se amplíe y a que los estados gasten más sin solucionar los desequilibrios. Total, la deuda es barata, gastemos. Ya subiremos impuestos después. España, por ejemplo, ya vuelve a aumentar el gasto público y a debilitar su balanza comercial tirando de una demanda interna que se presume como inversión. Veremos si termina como tal.

 Las bolsas y bonos basura se disparan. Curioso que el BCE, como el bombero pirómano, alerte sobre la burbuja de activos financieros mientras baja tipos hasta cero o negativos. Es como alertar de los malos efectos del alcohol abriendo barra libre.

 El euro no se deprecia. El tipo de cambio euro/dólar a cierre de este articulo se situaba por encima del nivel anterior a la conferencia del BCE. Una caída irrelevante de un 2,5% desde máximos. Los dos LTROs anteriores y las medidas de aumentar la masa monetaria un 6% anual del BCE tuvieron el mismo efecto. El euro no se debilita. ¿Por qué? El euro, según el BIS, sólo se usa en el 39% de las transacciones globales y fundamentalmente entre países de la Eurozona. No es una moneda de reserva global como el dolar donde la política monetaria pueda "exportar inflación" al resto del mundo. Por lo tanto, los efectos inflacionistas no los disolvemos en otros mercados. No vamos a exportar más por devaluar. Reino Unido devaluó su moneda un 25% desde 2008 contra la cesta de las monedas con las que comercia y sus exportaciones crecieron un 9,4%, menos que las italianas, francesas (+9,8%), alemanas (+17%) y las españolas (+23%). Además, un euro debil nos lleva a hundir la balanza comercial al dispararse las importaciones. Repetir el agujero de 2009.

– La búsqueda keynesiana de la inflación no llega porque se perpetúa la sobrecapacidad en los sectores ineficientes y no se mejora la renta disponible de las familias con altos impuestos y subvenciones improductivas que hacen que los costes de las empresas aumenten. Sin embargo, en unos años les dirán que la política del BCE ha sido un éxito porque "no hay inflación". Es curioso.

En un reciente estudio pendiente de publicar sobre la relación entre inflación y paro demuestro empíricamente que en Europa ni el aumento de crédito, ni la inflación, ni la expectativa de la misma han sido variables explicativas del descenso del paro desde la creación del euro. Mientras, el riesgo en activos financieros, bonos y deuda se dispara.

Y cuando explote les dirán que la culpa es del mercado, que se tomó un riesgo injustificado y se prestó sin control, responsabilidad de Alemania, claro…  y que la solución es regular…y que el banco central imprima -aumentar el crédito-. Lo mismo, una y otra vez.

La solución de Europa es tecnología, limpieza de sobrecapacidad, bajar impuestos, fomentar el ahorro, dejar que los sectores ineficientes y obesos se limpien ordenadamente, dejar que las empresas crezcan y creen empleo reduciendo burocracia y acabando con la cultura de la subvención improductiva. No echarle chocolate al pimiento jalapeño que es lo que hace la política monetaria. Luego, tras el sabor dulce, pica igual.

Keynes decía en 1943 que con la expansión monetaria habían encontrado la formula para convertir las piedras en pan. Sus discípulos están convirtiendo el pan en piedras.

El BCE fracasará en reactivar el crédito: no hay demanda solvente

Y el Banco Central Europeo (BCE) actuó… Otra vez. El presidente de la institución, Mario Draghi, anunció el jueves el mayor paquete deestímulos monetarios desde que estalló la crisis:

  • Nueva rebaja de tipos de interés, hasta situarlos en el 0,15%, un nuevo mínimo histórico.
  • Tasa negativa del 0,1% sobre los depósitos que los bancos mantengan en el BCE.
  • Extensión de la barra ilimitada de liquidez financiera hasta 2016.
  • Nuevo préstamo extraordinario a la banca (TLTRO) de la zona euro de hasta 400.000 millones de euros y con vencimiento en 2018, a condición de que se destine a familias y empresas no financieras, excluyendo la compra de vivienda.
  • Futura compra de valores respaldados por activos (ABS).
  • Suspensión de la esterilización de las compras de deuda iniciadas en 2010, cuyo volumen ronda los 165.000 millones de euros.
  • Incluso deja la puerta abierta a la compra directa de deuda pública en caso de que sea necesario (OMT).

En definitiva, nuevas facilidades e inyecciones monetarias de todo tipo para tratar de relanzar la débil economía de la zona euro y elevar la inflación desde el 0,5% actual hasta el objetivo del 2% que fija su mandato estatutario. Su objetivo es simple: reactivar el crédito en los países más débiles de la Unión (Francia inclusive). El BCE, al igual que el resto de grandes bancos centrales, pretende que el crédito vuelva a crecer para que aumenten las inversiones y el consumo, elevando así el PIB y el empleo.

En los últimos meses, el mercado venía descontando una nueva actuación por parte del BCE debido a la contracción crediticia que estaba registrando la zona euro. Tal y como avanzó Libre Mercado el pasado febrero, la mayor preocupación del BCE se resume en el siguiente gráfico, en donde se observa la caída del crédito a empresas y familias en el conjunto de la Unión.

 

 

Crédito al sector privado en la zona euro

El miedo de la institución es que la zona euro sufra una contracción crediticia similar a la registrada por Japón durante su crisis en los años 90, tras el estallido de su particular burbuja inmobiliaria. Éste era, y sigue siendo, el indicador clave al que se agarra el BCE para aprobar nuevosestímulos monetarios.

Crédito privado en Japón y zona euro

Su argumento es que los bancos no prestan dinero a familias y empresas al ritmo deseado para impulsar el crecimiento y, por tanto, se ve forzado -en teoría- a aplicar medidas extra para incentivar la concesión de crédito, ya sea de forma indirecta (tipos negativos en los depósitos o nuevos créditos extraordinarios a los bancos) o directa (compra de deuda pública y privada).

¿Problema? No funciona y, si lo hace, sus efectos serían muy perjudiciales. El BCE lleva siguiendo la misma política monetaria desde el inicio de la crisis, inyectando, de una u otra forma, liquidez en el sistema financiero para que el crédito vuelva a crecer, pero la raíz de la crisis no estriba en falta de liquidez sino en un problema de solvencia. Por ello, el crédito no volverá hasta que vuelva a existir demanda solvente.

El crédito es una cuestión de dos partes: oferta y demanda. Por mucha oferta que exista en el mercado, si las familias y empresas están sobreendeudadas, su petición de nuevo crédito será escaso; pero es que, además, su nivel de solvencia es también muy débil debido al impacto de la crisis (paro, reducción de beneficios, quiebras empresariales, etc), de modo que el abanico que tienen los bancos para prestar es limitado.

Como consecuencia, el crédito se contrae: la amortización de préstamos supera en volumen a la concesión de nuevo crédito. Y esto, lejos de ser negativo, es imprescindible para sanear y depurar los excesos y las malas inversiones acometidas durante la burbuja inmobiliaria. Tal y como explica el economista Juan Ramón Rallo"se puede llevar al caballo al río, pero no se le puede obligar a beber".

[…] las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles (el propio Draghi ha rebajado hoy su expectativa de crecimiento para la Eurozona), el paro sigue por las nubes en la periferia y familias y empresas siguen muy endeudadas (aunque sustancialmente menos que hace cinco años). Ninguno de estos elementos invita a que el sector privado quiera endeudarse mucho más de lo que se está endeudando hasta la fecha.

[…] la demanda solvente de crédito sigue siendo muy pequeña en comparación con los deudores que se están desapalancando (aunque en los últimos meses estamos asistiendo a una progresiva mejora de la misma). Darles más financiación a los bancos no modifica en absoluto esta circunstancia… salvo si lo que se pretende es que las entidades financieras extiendan créditos a deudores que hoy ellas mismas aprecian como insolventes.

La oferta de crédito bancaria no estaba constreñida hasta la fecha por la falta de liquidez de los bancos, sino por la ausencia de demanda solvente de crédito. Aumentar la liquidez de los bancos no hará que la demanda se vuelva más solvente y, por tanto, que los bancos se lancen a prestar de nuevo. Lo normal si el BCE inyecta masivamente nueva liquidez es que ésta se canalice hacia activos seguros, como la deuda pública o los depósitos del BCE (exactamente lo mismo que sucedió en EEUU).

El efecto de las medidas

Dicho de otro modo, la contracción del crédito es el efecto, no la causa, de la crisis de solvencia que padecen las economías del sur. Mientras familias y empresas no recompongan sus balances y la economía en su conjunto se reestructure y redireccione hacia actividades productivas y rentables (sector exportador, por ejemplo), el crédito no aumentará, y si lo hace corre el riesgo de generar nuevas burbujas insostenibles (deuda pública).

De hecho, el BCE ha adoptado medidas similares en el pasado y su efecto ha sido nulo, cuando no contraproducente. Así, el tipo de interés no ha dejado de bajar desde el estallido de la crisis, registrando mínimos históricos, una y otra vez, pero no ha funcionado.

En España, por ejemplo, la concesión de nuevos préstamos a familias y empresas sigue siendo mucho más cara que en los países más solventes y sólidos de la zona euro, debido a sus propias debilidades económicas. De hecho, estos recortes pueden ser incluso negativos, ya que los bajos tipos de interés incentivan el endeudamiento y, sobre todo, desincentivan la amortización de la deuda y la liquidación de las malas inversiones acumuladas en el pasado.

Tipos medios de interés al sector privado

Pero es que, además, esta laxa política monetaria puede acabar generando burbujas en los países más sólidos de la zona euro. Los bajos tipos de interés incentivan la expansión del crédito en las economías del norte. En Alemania, por ejemplo, el precio de la vivienda ha subido de forma muy sustancial en los últimos años.

Por otro lado, los tipos negativos sobre los depósitos ya se aplicaron en Dinamarca durante la crisis financiera sin que alcanzara los objetivos pretendidos. Asimismo, no es la primera vez que el BCE aprueba préstamos masivos para la banca europea. A finales de 2011 inició un programa que inyectó hasta 1 billón de euros en la banca comunitaria, pero este dinero fue reinvertido en la compra de deuda pública periférica, aprovechando así del arbitraje de tipos (carry trade): los bancos españoles, por ejemplo, captaron unos 300.000 millones de euros al 1% para comprar deuda pública española que les rentaba un 5%, con el consiguiente beneficio. Esta operación sirvió para rebajar de forma artificial la prima de riesgo de España durante unos meses.


Igualmente, la compra de títulos (ABS) o la adquisición directa de activos (Quantitative Easing) tampoco tiene por qué traducirse en un incremento del crédito hacia el sector privado (aunque sí hacia el público).

Valga como ejemplo Japón o el más reciente caso de EEUU, en donde la Reserva Federal (FED) ha puesto en marcha este tipo de medidas y, sin embargo, el crédito hacia el sector privado ha evolucionado al ritmo que lo ha hecho la propia economía estadounidense.

Pero lo más preocupante en el fondo, más allá de la efectividad o no de tales medidas, consiste en el intento desesperado de la banca central para elevar el crédito y la inflación a toda costa. La raíz del problema en España no radica en la contracción económica actual sino en la expansión crediticia sin base real (no sustentada en ahorro) que tuvo lugar durante los felices años de la burbuja inmobiliaria. Familias y empresas están realizando grandes esfuerzos para recomponer sus deteriorados balances y liquidar sus malas inversiones.

Es decir, el sector privado de está desapalancando, lo cual, lejos de ser negativo, es esencial para volver a crecer sobre bases sólidas. Prueba de ello es el superávit exterior que presenta hoy la economía española -un auténtico brote verde-. Y ello, a pesar de que el sector público sigue gastando mucho más de lo que ingresa (déficit), con el consiguiente incremento de la deuda, cuyo nivel avanza hacia el 100% del PIB.

El riesgo de sobredosis monetaria

Cuando la Fed puso en marcha los programas de quantitative easing, apenas un mes después de declararse en quiebra Lehman Brothers, muchas voces clamaron que la inflación se dispararía de manera inminente.

Seis años después, sin embargo, la inflación sigue sin llegar. Pero, ¿quiere eso decir que ha desaparecido todo riesgo inflacionario?

A primera vista puede parecer intuitivo y cierto el argumento de quienes defendían que la expansión monetaria traería un proceso inflacionario a corto plazo. No es más que la vieja relación cuantitativista, por la que un aumento de la cantidad de dinero se traduce en un automático aumento de los precios. 

El propio Ben Bernanke, en un discurso en 2002, defendió esta misma idea: “El gobierno de EE.UU. tiene una tecnología, llamada imprenta (o su actual equivalente electrónico), que permite producir tantos dólares como desee sin coste. Incrementando el número de dólares en circulación, o incluso amenazando de forma creíble con hacerlo, el gobierno de EE.UU. puede reducir el valor del dólar en términos de bienes y servicios, lo que es equivalente a incrementar los precios en dólares de esos bienes y servicios”.

Los programas de flexibilización cuantitativa implementados por el autor de este discurso, seis años después y ya ocupando la silla de presidente de la Reserva Federal, en apariencia son eso, darle a la imprenta. Lo que pasa es que, si bien la relación cuantitativista tiene un fondo de verdad, la transmisión no es tan automática como parece. 

Estas políticas monetarias no convencionales se articulan a través de compras por parte de la Fed de bonos del Tesoro o titulizaciones hipotecarias. 

A cambio, el banco central reconoce depósitos a la vista en favor de los bancos. Es con el transcurrir del tiempo, a medida que los bancos van aumentando el crédito contra esos depósitos en la Fed y los agentes van realizando transacciones, como esta operación termina por transformarse en dólares en circulación en los bolsillos de la población. 

La cuestión es que tras estallar una de las mayores burbujas crediticias de los últimos cien años, lo natural y saludable es que los agentes tiendan a desapalancarse y que el crédito se reajuste. Y mientras dura ese proceso es muy difícil que esos nuevos dólares se pongan en circulación tan rápido como para generar una alta inflación en el corto plazo. 

Durante este tiempo, gran parte de esa expansión monetaria inyectada por la Fed se encuentra en depósitos de los bancos en la propia Reserva Federal. No tenemos más que asomarnos a la estructura del pasivo del banco central para comprobar que buena parte de esos nuevos fondos siguen “bajo el colchón” de la Fed, como excesos de reservas.

Federal Reserve Liabilities

Hay que decir que muchos analistas argumentan que, aunque los precios del consumo no han sufrido una alta inflación, sí que se han experimentado alzas importantes de precios de activos financieros, como la bolsa o la renta fija, como consecuencia directa de las políticas de la Fed. 

Esto puede tener buena parte de razón, y por ello los analistas temen que el frenazo a las políticas expansivas de la Fed pueda traducirse en caídas de precios en activos financieros. Pero que eso sea cierto no da la razón a los que predecían que las políticas de la Fed causarían una generalizada inflación en bienes de consumo a corto plazo.

A largo plazo, sin embargo, la historia es otra. En algún momento el reajuste del crédito se estabilizará, los agentes volverán a demandar crédito y los bancos se empezarán a apalancar sobre esas reservas ahora ociosas. Cuando esa enorme masa monetaria inyectada durante estos años, la denominada bomba de los $2,58 trillones de dólares, comience a circular, sí puede generar una importante inflación. Y eso la Fed lo sabe.

Para evitar una sobredosis monetaria, no sólo es importante que la Fed frene el ritmo de compras de activos, como está haciendo, sino que debe empezar a retirar esa enorme masa monetaria antes de que ocurra. Tiene, nos guste o no, que volver a reducir su balance para evitar un grave problema monetario a largo plazo.

Distintos medios financieros, como el Financial Times o el Wall Street Journal, vienen publicando en los últimos tiempos las distintas alternativas que tiene el banco central para ir reabsorbiendo esas reservas que amenazan con causar un grave problema. 

La Fed lleva ya algún tiempo haciendo pruebas periódicas con instrumentos como el Term Deposit Facility o los Reverse Repos, con la idea de emplearlos cuando llegue el momento de drenar reservas y subir tipos.

Sin embargo, el profesor Robert Auerbach, de la Universidad de Tejas y ex economista del Comité Bancario de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice que con esto no basta

Afirma que la única forma de “desactivar la bomba de los $2,58 trillones de dólares” es, directamente, que la Fed venda los activos en el mercado. De ser verdad, esperemos que para entonces el mercado tenga apetito. De lo contrario a Janet Yellen le puede estallar la bomba en las manos.

@ignaciomoncada para Estrategias de inversión

Ignacio Moncada es analista financiero de inversiones en Nueva York. Es miembro del Instituto Juan de Mariana y del Ludwig von Mises Institute.