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El auge de los extremismos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Las elecciones al Parlamento europeo parecen haber convulsionado la Unión Europea. Mientras que en Francia ganaba la extrema derecha de Marine Le Pen, en Grecia lo hacía la extrema izquierda que representa el Syriza, mientras que los neonazis de Amanecer Dorado quedaban en tercera posición. En otros países, los partidos de ideologías similares han experimentado avances preocupantes, como en Dinamarca, donde ha ganado el Partido Popular Danés, que lo definen como populista y xenófobo, en Finlandia, donde el Partido de los Finlandeses se ha hecho con el tercer puesto, o en Alemania, donde el Partido Nacional Democrático, del que se asegura es heredero del nacionalsocialismo, ha conseguido representación en la eurocámara.

En España, la extrema derecha es francamente testimonial y el extremismo triunfador ha sido el de la izquierda. "Podemos", que dirige y gobierna el televisivo Pablo Iglesias, ha dado la sorpresa a la par que ha contribuido a diluir el habitual bipartidismo que suele dominar la democracia española. Este movimiento, ahora partido, que nació ligado al 15M y a la ascensión del perroflautismo, ha sabido aglutinar los votos de un colectivo que no es muy dado a ejercer este derecho y ha atraído a votantes de otras formaciones como IU y, en cierta medida, a gente ligada al sector más izquierdista del PSOE. "Podemos" se ha quedado a un escaño de IU, que, habiendo triplicado su representación con respecto a las elecciones pasadas, ha quedado con un regusto amargo, pues la izquierda de la izquierda le ha quitado poder cuando se pensaban que su ascenso iba a ser meteórico.

Además, en Europa se ha producido un incremento de los partidos que tienen el euroescepticismo como principal recurso electoral, en especial en Gran Bretaña, o de otros que ideológicamente no tienen mucha coherencia ni cohesión, pero que como en partidos como los antitaurinos o los piratas, se sienten unidos en torno a una causa, incluso esperpéntica como el alemán Die Partei, cuyo proteccionismo está dirigido hacia -y cito literalmente- las tetas grandes. Vamos, que Europa les importa entre poco y nada.

El resultado de este disparate es que el Partido Popular Europeo y los socialistas siguen siendo los principales grupos en el Parlamento, aunque con menos representantes, y estos extremistas tienen muchas posibilidades de alcanzar puestos relevantes del poder europeo. En todo caso, tienen la capacidad de hacerse notar y poner en aprietos a los que hasta ahora han hecho y deshecho a su antojo.

Y con todo esto, ¿qué gana, en qué afecta esta nueva situación al ciudadano europeo? Pues, cuando menos, deberíamos estar preocupados. A priori, los extremistas podrían ser "aislados" por las fuerzas centristas, o mejor dicho, las fuerzas más centristas, pero la política es básicamente práctica y las alianzas pueden surgir en cualquier parte, incluso entre extremos aparentemente opuestos. Puedo recordar la alianza entre nazis y comunistas que originó la Segunda Guerra Mundial cuando ambas dictaduras invadieron Polonia, pero alianzas contra natura existen también ahora, como la que mantiene en el Gobierno extremeño al popular José Antonio Monago, con apoyo de IU, o el acuerdo no escrito que hubo entre Julio Anguita y José María Aznar en los últimos años de gobierno de Felipe González.

Se dice que las políticas de ambos extremos, el izquierdo y el derecho, son populistas y, hasta cierto punto, es una apreciación correcta. En ambos casos, los políticos de este tipo de formaciones se centran mucho en la emoción de un hecho, que consideran abominable o admirable, lo relacionan con uno de sus demonios preferidos, captan generalmente la ira o la rabia del votante y aprovechan que el canal (neuronal) está abierto para colocar su mensaje como el mensaje salvador. Así, la culpa del paro puede ser de las grandes corporaciones y empresas o de los inmigrantes, según sea la izquierda o la derecha la que lo denuncie. Que esto sea así o no es lo mismo, el caso es que ya se ha conseguido captar un voto. Da lo mismo si lo que dicen es un disparate o no, pues como el poder está ligado a las urnas, su mensaje queda legitimado. Ésta ha sido la táctica de Pablo Iglesias en España y de Marine Le Pen en Francia.

El problema no está tanto en estos políticos, sino en los que en principio les podrían plantar cara. Como ya he comentado antes, la política es una cuestión práctica y, en el caso de las democracias, muy cortoplacista, como mucho de cuatro o cinco años, que es el periodo máximo en el que se retiene el poder. Para mantenerse en él, el político medio se mueve al centro político, es decir, cambia su discurso para adaptarse a las "necesidades" del electorado, busca la equidistancia, aparentemente sin desplazarse mucho para no espantar a su electorado menos fiel, pero sí lo suficiente como para poder encontrar aliados. En política el centro se mueve, no es un punto fijo, sino que depende de las circunstancias.

Si el electorado ha votado por opciones extremistas, es posible que al político no le importe desplazarse hacia dicho extremismo, si con eso consigue mantener su cuota de poder. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son económicamente intervencionistas; puede que en polémicas como la inmigración no estén de acuerdo, pero sí que lo están en la intervención y, por eso, esta nueva situación es muy peligrosa, pues si la UE ya lo es por su propia naturaleza, lo será más si el político socialdemócrata o conservador medio busca su supervivencia.

Ejemplo de ello es lo que ya está ocurriendo en España. Tanto PP como PSOE han salido especialmente malparados en las elecciones al Parlamento europeo. Sin embargo, a diferencia del voto de derecha, que se ha diluido en el abstencionismo, el de la izquierda se ha atomizado entre muchos partidos que van desde la socialdemocracia más centrista de UPyD al extremismo de Podemos. El PSOE, que en la actualidad se encuentra en un intenso proceso de cambio, con Alfredo Pérez Rubalcaba dirigiendo o creyendo dirigir un proceso que concluirá en su sucesor o sucesora, se enfrenta a dos opciones de gobierno de cara a las siguientes elecciones, primero las municipales y autonómicas, y luego las generales. Por una parte, y siguiendo el ejemplo alemán, una coalición con el PP que no sería descabellada, ya que buena parte de los programas de ambos partidos es intercambiable. En términos económicos desde luego, pues ambos han mostrado un intervencionismo similar y, hasta cierto punto, en determinadas políticas mal llamadas sociales. La otra opción es que el PSOE dé un volantazo a la izquierda y opte por una alternativa que resucitaría la política de Frentes Populares del periodo europeo de entreguerras. IU, Podemos y Equo ya han anunciado su intención de formar coalición de cara a las siguientes elecciones.

En ambas posibilidades hay, como mínimo, un partido que busca un centro que no se está quieto, que depende de las circunstancias, algunas veces ni siquiera de las ideologías, sino de lo que sea necesario para hacerse con el poder o conservarlo; y en ambos casos, el que sale perdiendo es el ciudadano, su libertad, su propiedad. Qué no se podría hacer en Europa, donde las políticas tienen efectos mucho más amplios, con este tipo de alianzas.

Mr. Draghi: es la demanda de crédito, no la oferta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Se puede llevar al caballo al río, pero no se le puede obligar a beber. Ésa debería ser una máxima inscrita en el frontispicio de todos los bancos centrales del planeta, especialmente en momentos de crisis deflacionaria. Pero, atendiendo a lo observado en los últimos años, parece que los institutos emisores de la moneda fiat prefieren seguir creyendo en la inocua omnipotencia de sus actuaciones: esa ingenuidad, de hecho, parece hallarse detrás del reciente paquete de medidas del BCE.

¿Qué ha hecho el BCE?

Básicamente, aprobar una inyección de financiación barata al sistema financiero por tres canales.

El primero, penalizar a los bancos que mantengan depósitos en el BCE en lugar de prestarlos: esto es, imponer tipos de interés negativos sobre los depósitos. Actualmente, los depósitos bancarios en el BCE ascienden a 350.000 millones de euros.

Segundo, dejar de “esterilizar” las compras de deuda pública que efectuó entre mayo de 2010 y febrero de 2012 bajo el mecanismo del Securities Markets Programme. Básicamente, durante esos años el BCE estuvo comprando deuda periférica en los mercados secundarios, pero financiaba esas compras colocando semanalmente depósitos a una semana al sistema financiero: es decir, la liquidez que añadió comprando deuda la retiraba incentivando a que los bancos la aparcaran en depósitos remunerados en el BCE. Ahora, el banco central dejará de subastar semanalmente esos depósitos, de modo que los bancos tendrán disponible toda esa liquidez. El importe aproximado de la liquidez que dejará de drenarse es de 175.000 millones de euros.

Tercero, el BCE ofrecerá en septiembre y en diciembre de este año financiación a la banca por importe equivalente al 7% de la cartera de créditos que los bancos hubieran extendido al sector privado no financiero europeo (familias y empresas) a fecha de 30 de abril de 2014 (se excluyen de ese cómputo los créditos hipotecarios): es lo que se conoce como Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO). El BCE estima que la financiación ofrecida por esta vía ascenderá a 400.000 millones de euros. Además, desde marzo de 2015 a junio de 2016, se ofrecerá trimestralmente a la banca la posibilidad de pedirle prestado al BCE una cantidad de financiación equivalente al triple del crédito neto que le hayan otorgado al sector privado (de nuevo, excluyendo del cómputo los créditos hipotecarios).

Y por si lo anterior fuera poco, Draghi también ha prometido (forward guidance) que los tipos de interés se mantendrán en los actuales niveles durante tanto tiempo como sea necesario y ha apuntado al establecimiento futuro de nuevos mecanismos de provisión de liquidez: un programa de compra de titulizaciones de préstamos empresariales e incluso, ha amagado, un Quantitative Easing.

Las medidas del BCE, por tanto, van a proporcionarle a la banca un muy importante volumen de financiación que podría canalizar hacia el sector privado: para que nos hagamos una idea de su magnitud, tan sólo la liquidez que quedará liberada en 2014 (alrededor de un billón de euros) equivale a todo el endeudamiento actual de las empresas españolas. No es un monto ciertamente pequeño, y son muchos quienes ya se están frotando las manos pensando en cómo ese chorreo crediticio “reactivará” el gasto interno de la Eurozona. Sólo hay dos problemas. Primero: a corto plazo, es muy probable que este paquete de medidas apenas surta efecto alguno. Segundo: si surtieran efecto, las consecuencias serían harto negativas.

¿Y si el caballo no quiere beber?

De entrada, deberíamos plantearnos en qué cambian estas medidas la situación subyacente de la Eurozona: las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles (el propio Draghi ha rebajado hoy su expectativa de crecimiento para la Eurozona), el paro sigue por las nubes en la periferia y familias y empresas siguen muy endeudadas (aunque sustancialmente menos que hace cinco años). Ninguno de estos elementos invita a que el sector privado quiera endeudarse mucho más de lo que se está endeudando hasta la fecha: es decir, en términos agregados, nada.

No en vano, este paquete de liquidez ha sido aprobado en un contexto en el que, según constata el propio BCE, el crédito a las empresas está cayendo un 2,7% en su tasa interanual: es decir, las empresas amortizan más deuda de la que piden prestada en un razonable y necesario proceso de saneamiento financiero. Sabido es que el banco central aspira a revertir este proceso, ralentizando las amortizaciones de deuda y, sobre todo, aumentando la concesión de nuevos préstamos por parte del sector financiero. Pero, ¿en qué sentido todas estas medidas del BCE contribuyen a que aumente el nuevo crédito? Sin duda, aumentan la ofertapotencial de crédito, pero no queda claro cómo van a hacer repuntar la demanda solvente: y ese es el auténtico quid de la cuestión.

A la postre, en la actualidad los bancos europeos ya cuentan con excedentes de liquidez para prestar. Sin ir más lejos, ya hemos comentado que disponen de 350.000 millones de euros depositados en el BCE a un tipo de interés que hasta hoy era del 0%. ¿Por qué no los prestan (o por qué los están prestando a un ritmo inferior al de las amortizaciones de créditos)? Dejando de lado los nuevos requisitos de capital que vengan impuestos por Basilea III (y sobre los que las medidas de liquidez del BCE no influyen), el motivo esencial es que la demanda solvente de crédito sigue siendo muy pequeña en comparación con los deudores que se están desapalancando (aunque en los últimos meses estamos asistiendo a una progresiva mejora de la misma). Darles más financiación a los bancos no modifica en absoluto esta circunstancia… salvo si lo que se pretende es que las entidades financieras extiendan créditos a deudores que hoy ellas mismas aprecian como insolventes.

¿Y si el caballo sí quiere beber?

La oferta de crédito bancaria no estaba constreñida hasta la fecha por la falta de liquidez de los bancos, sino por la ausencia de demanda solvente de crédito. Aumentar la liquidez de los bancos no hará que la demanda se vuelva más solvente y, por tanto, que los bancos se lancen a prestar de nuevo. Lo normal si el BCE inyecta masivamente nueva liquidez es que ésta se canalice hacia activos seguros, como la deuda pública o los depósitos del BCE (exactamente lo mismo que sucedió en EEUU).

Acaso por ello el banco central ha optado por penalizar con tipos negativos sus depósitos y por condicionar parte de la provisión de liquidez a su materialización en préstamos a empresas. Pero ninguna de estas medidas se antoja suficiente para que los bancos quieran prestar más… a menos que la borrachera de liquidez inducida por el BCE les conduzca a relajar sus estándares crediticios y a volver a prestar sin mirar a quién. Sin duda, ese es el mayor riesgo a largo plazo de las medidas que tomó ayer el BCE: no es un escenario ni mucho menos inexorable, pero cuanta más liquidez ociosa acumulen los bancos, mayor será la tentación de aparcarla en algún activo (especialmente, si se castiga su tenencia de activos libres de riesgo).

Los riesgos, pues, vuelven a ser los de siempre: que este alud de liquidez termine filtrándose donde no debe: a saber, a los pobrecitos países periféricos (que ya llevan cinco años sufriendo la burbuja de crédito barato creada por Occidente) o a los demandantes internos de crédito subprime. Los mismos que se quejan del alocado y especulativo ánimo de lucro de las entidades financieras son los primeros que, cuando la banca trata de minimizar sus riesgos, la presionan para que vuelva a las andadas.

Europa no necesita chutes de liquidez para volver a crecer, sino reestructurar su economía y sus finanzas: cuando emerjan oportunidades de inversión (liberalización de la economía) a riesgos razonables (estabilidad institucional, consolidación presupuestaria, saneamiento bancario y amortización de deuda privada), el crédito volverá a fluir con normalidad. Si el crédito no fluye ahora no es por falta de liquidez, sino por falta de esas oportunidades de inversión a riesgos razonables. Tratar de alterar el orden lógico del proceso (que el crédito fluya antes de que aparezcan las oportunidades de inversión a riesgos razonables) sólo acicatea emprender inversiones con muy bajos retornos esperados y a riesgos altos: la economía de burbuja que nos ha abocado al colapso actual y que, por lo visto, algunos se apresuran en querer recuperar.

De momento, mi apuesta es que este paquete de medidas del BCE será poco relevante en el corto plazo: pero si no lo fuera, si consiguiera forzar un incremento sustancioso del crédito a pesar de la insuficiencia de demanda solvente, tan sólo estaríamos cavando un nuevo agujero antes de haber tapado el que ha estado a punto de engullirnos.

Canarias, única región del mundo que dice “no” al petróleo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Canarias, y en menor medida España en su conjunto, constituye una excepción a nivel internacional, ya que, lejos de aprovechar todo su potencial petrolífero y gasístico, aun siendo éste escaso, opta por poner todo tipo de trabas y dificultades a su explotación.

De hecho, una parte de la población canaria, alentada desde el propio Gobierno de las Islas y plataformas ecologistas, rechaza frontalmente esta fuente de riqueza y empleo bajo el lema "petróleo NO, gracias". Y ello, a pesar de que esta comunidad autónoma es una de las más castigadas por la crisis económica. No en vano, su actual tasa de paro supera ampliamente el 30%.

Los detractores del oro negro arguyen, básicamente, que la prospección y explotación de crudo es una gran amenaza medioambiental, dando casi por hecho que el desarrollo de esta actividad acabará provocando un gran desastre ecológico, de una u otra forma, con el consiguiente impacto negativo sobre su principal actividad económica, el turismo. Sin embargo, este argumento no se sustenta sobre bases reales.

Tras un largo período de análisis, el Gobierno autorizó la semana pasada a Repsol la realización de prospecciones petrolíferas a unos 60 kilómetros de las costas canarias para evaluar la existencia y viabilidad de las reservas de crudo que, en teoría, alberga el subsuelo marino en esa zona. Se trata, por tanto, de un mero sondeo que, en ningún caso, implica luz verde para su posterior explotación. Lo único que se ha aprobado es la exploración del terreno tras el informe favorable de impacto ambiental otorgado por el Ejecutivo. Para poder extraer el crudo en una fase posterior, la petrolera necesitaría otra autorización expresa por parte del Ministerio de Industria.

La cuestión es que el riesgo que conlleva dichas prospecciones es, simplemente, despreciable, por no decir nulo, ya que la probabilidad de que suceda un incidente (que, además, no tiene por qué ser grave) es de tan sólo el 0,003% como máximo. El propio Ministerio de Medio Ambiente señala a este respecto que en España se han realizado más de 260 exploraciones similares hasta 2011 y no se ha producido ningún daño al entorno. Asimismo, el inversor y experto en el sector energético Daniel Lacalle indica que "en el mundo hay 650 plataformas perforando anualmente aguas de todo tipo y en tres años tan sólo ha habido dos incidentes", por lo que el riesgo real es irrisorio.


De hecho, España destaca por contar con un índice exploratorio muy bajo en comparación con otros países europeos. Los sondeos exploratorios, tanto en tierra como en mar, realizados en España en busca de petróleo y gas se han desplomado desde los años 80, tal y como muestra la siguiente gráfica, pero nunca han supuesto impactos dañinos relevantes sobre el medio ambiente.

El potencial petrolero de España

Con el tiempo, se ha ido instalando la idea de que España carece de capacidad alguna para producir hidrocarburos, pero lo cierto es que el desarrollo de técnicas de extracción alternativas, como el fracking, y el descubrimiento de nuevas bolsas en los últimos años, especialmente en Canarias, han abierto un nuevo escenario de posibilidades para la industria petrolífera y gasística a nivel nacional.

"España es un país poco explorado, pero con gran potencial para generar recursos energéticos propios, tanto en el terreno del gas convencional y no convencional, como en el del petróleo", según un informe elaborado por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) en colaboración con GESSAL, compañía española de referencia internacional en la exploración del subsuelo.

En concreto, según el sector, España contaría con un potencial de gas (convencional y no convencional) de 2.500 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas), una cifra equivalente a 70 años de consumo en España y un valor de mercado próximo a 700.000 millones de euros, tomando como base los estándares de hoy en día.

Mientras, la estimación para el petróleo asciende a unos 2.000 millones de barriles de crudo, el 20% de consumo español durante 20 años, cuyo precio de mercado superaría hoy los 200.000 millones de euros. En total, España contaría con unos recursos medios por valor de casi 1 billón de euros, equivalente a la producción total del país en un año (PIB).


Y Canarias sería, precisamente, la gran beneficiada, ya que su potencial de producción de crudo alcanzaría los 1.200 millones de barriles (60% del total) y otros 226 bcm en gas (50%). Sólo en petróleo, Canarias albergaría más de 120.000 millones de euros al precio de mercado actual, el equivalente a tres veces su PIB regional, según la estimación base que maneja la industria.

Según un reciente informe elaborado por ACIEP y la consultora Deloitte, el desarrollo de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos en España tendría un impacto positivo y a largo plazo sobre el crecimiento del PIB y el empleo.

Así, en ausencia de impedimentos administrativos y regulatorios, este sector supondría una "aportación al PIB superior al 1% del nivel actual durante un periodo superior a 30 años" en el escenario base. Entre 2014 y 2065, el valor añadido bruto que acumularía dicha actividad superaría el billón de euros. Y, en concreto, generaría más de 40.000 millones al año entre 2036 y 2044, el período de máximo impacto, equivalente a más del 4% del PIB actual, superando en importancia a otras actividades como el transporte o el sector primario.

Asimismo, en términos de empleo, supondría generar más de 260.000 puestos de trabajo a tiempo completo el año de mayor impacto, 2033. Y a todo ello, se sumaría el impacto positivo sobre la balanza comercial, ya que España reduciría su elevada dependencia energética, sobre todo en materia de gas.

Estas estimaciones corresponden a España en su conjunto, pero teniendo en cuenta el alto potencial de crudo y gas que posee Canarias ésta sería, sin duda, la región más beneficiada en caso de aprovechar todo su potencial en este ámbito, tanto en términos de PIB como de empleo. Sin embargo, las Administraciones Públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, han mostrado una gran reticencia a desarrollar esta actividad.

No en vano, el tema de las prospecciones canarias colea desde el año 2000, y ha sido ahora cuando, finalmente, se ha autorizado. Asimismo, cabe recordar el rechazo frontal por parte de algunas CCAA y los partidos de la oposición al fracking, pese a las ventajas energéticas que supondría para España su explotación.

En este sentido, la ACIEP se queja de que, "a pesar del cumplimiento de las compañías del sector con los protocolos estipulados por los organismos nacionales sobre la protección del medioambiente", se encuentran con "grandes dificultades" para obtener los obligatorios permisos de exploración.

"Son requeridos dilatados trámites para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, así como las dificultades que las compañías operadoras encuentran con las distintas administraciones que gestionan la tramitación de los permisos de investigación, dada la diversidad de actuación, solapes de funciones entre administraciones e interpretación del reglamento actual", añaden. Es decir, las facilidades y la imprescindible seguridad jurídica brillan por su ausencia en este campo.

Riesgo mínimo y reversible

El argumento que suelen emplear los políticos es el del elevado riesgo medioambiental asociado a la extracción de crudo. Pero, una vez más, los datos invalidan dicho argumento. En el caso de Canarias, si se encontrase crudo y el Gobierno autorizara su extracción, Repsol podría invertir más de 9.000 millones de euros en esta operación. Se estima que desde 1950 se han perforado más de 16.000 pozos petrolíferos en el mar y, sin embargo, los incidentes graves han sido escasos y, en todo caso, reversibles.

En cuanto a plataformas petrolíferas destacan, sobre todo, dos casos: el acaecido en el Mar de Timor en 2009, causada por un derrame de gas y petróleo en dos plataformas petroleras de la compañía PTTEP Australasia, y el del Golfo de México en 2010, considerado hasta la fecha como el mayor desastre medioambiental de EEUU.

Lo que se conoce menos, sin embargo, es que la petrolera BP concluyó las tareas de limpieza del vertido el pasado abril, cuyo derrame afectó a la costa este estadounidense, tras invertir más de 14.000 millones de dólares y 70 millones de horas de personal. Dicho de otro modo, la mayor catástrofe ecológica de EEUU se saldó por completo en el plazo de cuatro años.

Además, la mayoría de incidentes relacionados con el petróleo son por el choque o hundimiento de buques de transporte, no por las plataformas. El caso del Prestige, que sacudió la costa gallega en 2002, es la referencia más importante a nivel nacional, y aún así su impacto sobre la pesca y el turismo fue mínimo, tal y como se ha encargado de demostrar el paso del tiempo.

El ejemplo de otros países

La industria insiste en que la exploración y producción de hidrocarburos en España debe ser visto como una "oportunidad" de riqueza y empleo y no como una amenaza. Un número cada vez mayor de empresas, nacionales y extranjeras, están mostrando un creciente interés por invertir en España en busca de hidrocarburos, convencionales y no convencionales.

Por el momento, ya existen unos 70 permisos de exploración otorgados por las Administraciones, pero otros tantos aún están pendientes de autorización, lo que supone un incremento del 80% en los últimos cinco años, lo cual carece de precedentes.

Sin embargo, las reticencias que ofrece el propio Gobierno, junto al rechazo expreso de algunas CCAA, especialmente Canarias, arroja muchas dudas sobre su potencial desarrollo. Este tipo de trabas son algo excepcional a nivel internacional. Todos los países han apostado por explotar al máximo sus yacimientos de hidrocarburos. El siguiente mapa refleja la producción mundial de crudo en función del número de barriles diarios en los distintos países, según CIA World Factbook.

Valga como ejemplo dos casos relevantes. Por un lado, EEUU y su actual revolución energética gracias al fracking. La primera potencia mundial está transitando desde la importación de gas al autoabastecimiento e incluso la exportación gracias a las nuevas técnicas de extracción, mientras que su precio se ha reducido a la mitad en los últimos años. Además, se perfila como el mayor productor de petróleo del mundo a corto plazo, por delante de Arabia Saudí y Rusia.

Por otro, destaca Noruega, un país conocido por su naturaleza y que, sin embargo, no ha renunciado a explotar su riqueza petrolífera, sino todo lo contrario. Gracias a campos offshore (plataformas en el mar), Noruega se ha convertido en el mayor proveedor de petróleo y gas de Europa y el segundo exportador mundial de gas tras Rusia. Este sector supone cerca del 21% de su PIB y el 26% de sus ingresos fiscales, sin que ello haya perjudicado a la pesca ni al medio ambiente.

El desempleo en España: costes y responsabilidades

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Aunque los datos del paro y las afiliaciones a la Seguridad Social del mes de mayo han sido bastante buenos, siempre en comparación con otros meses, el desempleo sigue siendo uno de los caballos de batalla de nuestra economía. Las recomendaciones de la Comisión Europea publicadas el mismo día de la abdicación real, así lo atestiguan.

Por eso no está de más ahondar un poco en el ineficiente entramado de incentivos que nuestro mercado de trabajo ofrece y las consecuencias que tiene en la evolución del desempleo en nuestro país. A nadie se le escapa que si una persona puede salir adelante cobrando el seguro de desempleo y trabajando bajo cuerda en mejores condiciones que aceptando un trabajo "oficial", va a mantenerse en la economía sumergida. El coste de esa actitud consiste, por un lado, en el importe del subsidio por desempleo cobrado y, por otro lado, la recaudación que no se cobra por la actividad ilegal. Para eliminar ese comportamiento que financiamos todos los españoles habría que eliminar los incentivos, evitar que saliera rentable, acabando con la economía sumergida y eliminando o reduciendo el subsidio de desempleo. De ambas alternativas, la segunda es mucho más sencilla pero también más impopular. La combinación del cobro por estar parado y el pésimo funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo (organismo financiado por todos para buscar empleo a los parados) cierran el círculo.

Hay un fenómeno dentro del problema del desempleo español que lo hace especialmente preocupante: el paro juvenil. Seguimos entorno al 50% de jóvenes que quieren trabajar y no encuentran dónde. Las causas son varias: por ejemplo, un horrible sistema de enseñanza, con un abandono escolar bastante alto, y un nivel de preparación insuficiente. Y también, un elevado número de jóvenes que abandonaron la escuela atraídos por los altos sueldos en la construcción en plena burbuja inmobiliaria. Una vez pinchada la burbuja, contraído el sector, cerradas las constructoras y muchas empresas de bienes y servicios relacionados, esos jóvenes que dejaron el colegio siendo adolescentes, se encuentran sin cualificación y sin posibilidades. Para ellos se van a dedicar muchos millones de euros españoles y europeos, en forma de Planes de Empleo Juvenil, y van a obtener reducciones, subvenciones y atenciones para evitar que su situación se prolongue. Al fin y al cabo, son la savia de nuestra economía, el futuro de nuestro país ¿cómo no cuidarles y ayudarles?

Pero ¿de quién es la responsabilidad de ese paro? ¿Un contrato de trabajo es como los votos matrimoniales en los que te aseguran ese puesto de trabajo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte separe a la empresa y al trabajador? ¿Es responsable un joven de 16 años? ¿Lo suficiente como para decidir si sigue estudiando o se pone a trabajar? El abandono de la educación secundaria superior en la época de la burbuja inmobiliaria explica que la tasa de paro de los jóvenes menos educados creciera casi 30 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2010 y se situara en el 49,6%, mientras que aquellos jóvenes con el Instituto terminado sufrieron un paro bastante menor y aquellos con educación universitaria vieron aumentar el desempleo en 20 puntos porcentuales menos. En términos de coste financiero para los españoles que pagamos impuestos, la decisión individual de abandonar sus estudios para ganar dinero, dado que los datos nos llevan a pensar que ese sueldo no fue invertido sino gastado, ya que ahora reclaman una subvención para poder vivir, ha traído consecuencias en términos, no solamente del subsidio que ahora les pagamos, también en planes de formación, planes de empleo juvenil, ayudas a empresas que contraten a estos jóvenes, etc. Alguien debería hacer esos números y calcular el coste de las decisiones en el bolsillo de todos. Porque ser mayor para decidir implica asumir el coste de tus decisiones.

Precisamente, el efecto más negativo de todos es el mensaje de que cualquier decisión equivocada, tomada a la ligera, aunque repercuta en el bolsillo de todos los españoles, a ti no te va a costar un euro, simplemente porque eres joven. Nadie te va a reclamar, más bien al contrario, te ayudarán desde los púlpitos políticos a victimizarte para pasar a ser un dependiente más de ayudas y privilegios estatales, las modernas cadenas de la nueva esclavitud.

Liberalicemos el mercado de órganos

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

De todas las áreas de las relaciones humanas intervenidas y reguladas, probablemente aquélla que atañe a los órganos humanos es una de las más insuficientemente advertidas y aun comprendidas. El comercio con órganos es algo fuera de la ley. Como tantas veces, y ésta no es en absoluto excepción, tendemos a pensar que la regulación e incluso la prohibición no son sólo buenas sino totalmente necesarias.

En efecto, no hablamos de “intercambio” o “venta” de órganos más que cuando nos referimos a mercados negros o fuera de la ley. Pues cuando nos referimos a este tipo de intercambios de modo legal, hablamos exclusivamente de “donación”, “donante”, etc. En suma, es sólo legal dar un órgano si a cambio no se recibe nada; o, dicho de otro modo, sólo es posible darlo de manera gratuita. Tanto se cuida el Gobierno de prohibir que el receptor dé algo al donante que prohíbe que cada parte conozca la identidad de la otra.

Pongamos atención a este hecho de la “gratuidad”. En el fondo, lo que hace realmente el Gobierno con la prohibición del intercambio de un órgano a cambio de algo es intervenir y controlar los precios: Prohíbe que el precio de los órganos sea otro distinto de cero. Ya el Nobel Milton Friedman, en su célebre obra “Libertad de Elegir”, nos advirtió hace décadas de las nefastas consecuencias del control de precios. Y este caso, obviamente, no es distinto.

Todos convendremos que cero es por necesidad lógica un precio máximo inferior al precio de mercado (aquel punto en que oferta y demanda coinciden). Cuando esto sucede (cuando el precio máximo está por debajo del precio de mercado), la gran consecuencia inevitable es una creciente demanda para una menguante oferta: escasez. Si bajáramos a cero el precio de cualquier cosa (sean coches, fregonas o servilletas), la oferta se derrumbaría al mínimo imaginable. Y esto es lo que vemos actualmente.

Múltiples estudios y análisis médicos y sociales sobre la cuestión convienen en el problema real de esta escasez, y algunos de ellos lúcidamente se replantean la idoneidad de la actual prohibición.

Otro problema es que, debido a esta escasez, el órgano político o Gobierno se inviste de un poder enorme para decidir quién tiene prioridad sobre quién: decide quién vive y quién no.

Por desgracia, como en otros aspectos de la vida y la sociedad, tendemos a confundir el mercado negro o fuera de la ley con lo que sucedería si el mercado fuera legal. Es innegable que actualmente el mercado de órganos está copado por mafias, caracterizado por precios exorbitados, homicidios y delincuencia. La mayoría no se para a pensar que esto es así, y precisamente así, como consecuencia de nuevo inevitable de la prohibición del Gobierno. Al sacarse de la legalidad el mercado de órganos, los encargados de éste son por necesidad los expertos en saltarse la ley: los delincuentes, las mafias. Operar sorteando constantemente la ley tiene un coste insoportable: en lógica los precios de los órganos en los mercados negros son desorbitados. Nadie se juega acabar el resto de su vida en la cárcel por unos cuantos euros. Y una vez situados fuera de la ley, matar o robar órganos sólo es una extensión de la ilegalidad.

Así pues, dos consecuencias directas de la prohibición del Gobierno son la escasez de órganos y el precio artificialmente alto de los órganos en un mercado mafioso. Y esto, se suponía, era por nuestro bien.

Es harto curioso cómo todos los llamados movimientos liberadores, feministas, etc., que tanto han bregado por la propiedad de nuestros propios cuerpos no vean que ésta es parte de su causa. A día de hoy, nadie ha demostrado que tus pulmones o riñones sean menos tuyos que tu vagina. Y tan moral o inmoral puede ser vender tu riñón, como tu cuerpo como objeto sexual o tus manos como obrero industrial. Al final, lo que es moral hacer con lo de uno mismo lo debe decidir ése uno mismo. Lo coactivamente moralizante es decidirlo uno por y para los demás.

La liberalización del mercado de órganos traería precios mucho más bajos (que los del mercado negro), no sólo por el levantamiento de la prohibición y la eliminación de los costes de operar al margen de la ley y el aumento consecuente también de la oferta. La posibilidad legal de lucro, como en cualquier otra área, capitalizaría enormemente el sistema sanitario, en este caso, en cuanto a operaciones de trasplantes. Aunque hay quienes creen que la prohibición ayuda a evitar robo de órganos, precisamente es su estímulo. El descenso de precios de la liberalización sería el más fuerte desincentivo. Por lo demás, todo tipo de agresión o intercambio forzoso debe estar perseguido y castigado en una sociedad libre.

Así, no sólo habría más oferta y precios en descenso por múltiples motivos. Es de esperar que se redujeran las enormes listas de espera, reduciendo además los costes de tratamiento durante esa larga espera.

Incluso en el más liberal escenario, es esperable que haya una muy reducida población que aún no tendría medios para costearse un trasplante. En este caso, hay mucho que contraponer a esa presunta objeción. En primer lugar, es más que cuestionable que esas personas muy pobres hubieran sido o son mejor atendidas en el actual escenario de prohibición; cabe pensar más bien lo contrario ante la elevada escasez y reducida oferta. En segundo lugar, un escenario de mayor libertad siempre redunda en mayor solidaridad de los ciudadanos. Sería esperable ver asociaciones, fundaciones, etc., que costeen esos trasplantes para personas con elevada necesidad tanto médica como económica. El abaratamiento de los procedimientos clínicos que mencioné anteriormente actuaría como estimulante para la ayuda mutua. La actual mayoritaria oposición a la liberalización del mercado de órganos por esos motivos actúa como auto-refutación: se presume que, como mínimo, esa mayoritaria población ayudaría a esos necesitados de trasplantes en una sociedad libre.

En cualquier caso, un mercado y sociedad libres es exactamente eso: libre. A nadie se le debe prohibir solicitar algo a cambio de lo que ofrece (sea dinero, cualesquiera bienes o la realización de acciones por la otra parte), como a nadie se le debe prohibir regalarlo o donarlo.

Levantemos ya la absurda, insostenible e injustificable prohibición sobre el mercado de órganos. Liberalicémoslo. Para salvar nuestros derechos y libertades. Y nuestras vidas.

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com

Renta básica universal insolidaria y empobrecedora

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

La Red de la Renta Básica, integrada en la Asamblea Popular de Gran Canaria, presentó estos días una iniciativa legislativa popular para otorgar a todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, una renta básica con carácter «universal, individual, incondicional y suficiente que cubra sus necesidades básicas», la misma que llevó recientemente en su programa la nueva agrupación política Podemos. Según los promotores, la consideran «de justicia» y «la mejor herramienta para acabar con la desigualdad».

Una renta universal de 8.114 euros anuales, umbral de la pobreza, para todos los 34,2 millones de españoles mayores de edad tendría un coste aproximado de 308.000 millones de euros, el 30% del PIB. Si restamos los nueve millones de pensionistas y los que ya cobran por desempleo y otras prestaciones sociales, nos ahorraríamos en torno a 100.000 millones. Por ello, «el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB», tal como ha publicado recientemente el doctor en economía y director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo.

Ni la A. P. de Gran Canaria ni Podemos han explicado que para llevar a cabo este propósito habría que aumentar el gasto público en más de un 60% del PIB, cosa inviable si no se elimina el Estado del Bienestar o se expropia a los españoles gran parte de sus ahorros duplicando la presión fiscal o saliendo del euro y devaluando nuestra moneda en al menos un 30%. Como la eliminación del Estado del Bienestar seguro que no está entre las posibilidades barajadas, no hay que ser ningún genio para saber que cualquiera de las otras alternativas puede que nos haga más iguales, pero lo que es seguro es que nos haría a todos mucho más pobres.

Por otro lado, en una sociedad libre, el que quiere lograr mediante intercambios voluntarios bienes y servicios que han producido otros con su trabajo y esfuerzo deberá ofrecer bienes o servicios que los otros valoren. De esta forma, a través del mercado es imposible conseguir más de lo que nosotros aportamos a los demás y para conseguir nuestros fines necesitamos satisfacer las demandas del resto.

Sin embargo, lo que esta empobrecedora e infinanciable renta plantea es poder vivir sin trabajar ni generar valor para los demás, o dicho de otra forma, esclavizar a unos para satisfacer a otros sin que estos ofrezcan nada a cambio. Por todo ello, esta renta sería injusta e insolidaria, pues eliminaría la cooperación social de mercado para ser sustituida por el individualismo egoísta y antisocial, es decir, obtener cosas sin tener que contribuir por ellas.

Inmigración (XI): ¿importando o descendiendo el crimen?

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

“La guerra aquí en casa… es incluso más mortífera que la guerra en Irak y en Afganistán”. Newt Gingrich. 

“Menos inmigrantes significa menos criminalidad“. Silvio Berlusconi. 

“El problema del crimen en los EE UU no está causado (ni siquiera agravado) por los inmigrantes, cualquiera que sea su status legal”. Rubén Rumbaut & Walter Ewing. 

“Cuanto más tiempo se vive en un grupo, más probable es que se llegue a ser como dicho grupo”. Ronit Dinovitzer.

Desgraciadamente, cualquier noticia delictiva en la que participe algún inmigrante recibe una atención desmesurada por parte de los medios de comunicación, dejando la impresión, no respaldada por los datos o las frías estadísticas, de que hay una ola de criminalidad originada por los inmigrantes.

Repetidas encuestas llevadas a cabo en los EE UU confirman un dato bastante deprimente: alrededor del 70% de los encuestados percibe un nexo causal entre mayor inmigración y mayor tasa de criminalidad (aquí tampoco nos libramos de ese prejuicio: los análisis llevados a cabo en España por parte del CIS sitúan dicho porcentaje en torno al 65%). Los hechos, sin embrago, dicen otra cosa.

Estudios solventes en los EE UU

El sociólogo de la Universidad de Harvard, Robert J. Sampson, es uno de los estudiosos actuales más reconocidos en los EE UU en tratar de comprobar si la creencia popular de vincular inmigración con el crimen tiene correspondencia o no con la realidad. Los resultados de sus investigaciones desmienten tajantemente dicha percepción.

Por su parte, un informe del FBI de septiembre de 2009 constató que los índices de delitos violentos se habían desplomado por todo el país desde inicio de los años 90. Desde entonces estos ratios se han mantenido. Criminólogos y otros expertos han ido confirmando esta sorprendente tendencia. Por irónico que parezca, ésta se ha dado conjuntamente con un aumento de la inmigración, tanto legal como ilegal.

Más recientemente, dos analistas de los EE UU, Kristin Butcher y Anne Morrison Piehl, han demostrado que las tasas de encarcelación por delitos de inmigrantes (incluidos los nacionales nacidos en el extranjero) con respecto a los nativos llevan bajando consistentemente desde hace décadas: en 1980 estaba en un 1% por debajo de la tasa de encarcelación de los nativos, en 1990 estaba un poco más del 1% por debajo y en 2000 estaba casi en un 3% por debajo. La ola de criminalidad extranjera de la que ya se hablaba hace 30 años no tenía fundamento alguno y mucho menos lo tiene ahora. Estos datos tienen aún más relevancia cuando se considera que la inmigración, tanto legal como ilegal, se ha disparado en las últimas décadas en los EE UU. Estos datos son corroborados por el propio censo del Departamento de Justicia americano.

Según otro estudio de Rubén Rumbaut y Walter Ewing de 2007, a pesar de que la población de indocumentados inmigrantes se ha doblado desde 1994 (fecha de la firma del acuerdo de libre comercio NAFTA), el índice general de crímenes violentos contra las personas ha bajado desde entonces en un 34,2% y los delitos contra la propiedad han bajado en un 26,4%. Ciudades con importante población de inmigrantes como Los Ángeles, Nueva York, Miami o Chicago muestran para el mismo periodo de tiempo parecidos índices a la baja.

Ejemplo de activismo anti-inmigración

A pesar de estos reveladores datos, los activitas anti-inmigración les encanta sacar datos aislados o sesgados para activar temores entre la población y los legisladores. Tomemos el caso del informe del Government Accountability Office (es decir, el brazo observador y/o investigador del Congreso) en el que se afirma que casi un cuarto de los encarcelados en prisiones federales son extranjeros. Lo que no aclaran los restriccionistas al utilizar ese dato es la proporción y peculiaridad de los reclusos del sistema de prisiones federales en relación con el resto de las cárceles de los EE UU.

De acuerdo con el Departamento de Justicia americano, a finales de 2005 solo el 8% de los 2,2 millones de personas confinadas entre rejas correspondía a reclusos de las prisiones federales. El 92% de los reclusos, por tanto, se encontraban en las cárceles estatales (el 57%) o en las locales (34%) en las que un alto porcentaje eran nativos. Pero, lo más importante aún es saber que la gran proporción de los reclusos extranjeros en las referidas prisiones federales se debía (y se debe) a violaciones de las leyes de inmigración que son ofensas civiles –no penales- tal y como pueden ser las infracciones de tráfico, pero con la particularidad de que son tratadas como ofensas federales. Como vemos, en este asunto los nativistas muestran a modo de espantajo parte de las estadísticas oficiales sin contar toda la verdad.

El “milagro” de El Paso

La ciudad fronteriza de El Paso en Texas tiene una abrumadora población de inmigrantes; El 80% de la misma es hispana y un cuarto de los residentes paseños son nacidos en el extranjero. Una buena proporción de la población inmigrante vive ilegalmente. El índice de pobreza allí es más del doble que la media estadounidense. Asimismo las políticas de control de armas son bastante laxas debido a que se halla en un Estado que cuenta con una de las legislaciones más pro-armas de los EE UU. Si a esto se suma que El Paso se sitúa en la ribera del río Grande justo enfrente de la mexicana Ciudad Juárez, una de las más violentas del hemisferio occidental debido a la desquiciada guerra desatada contra las drogas, deberíamos tener -según la lógica nativista- todas las papeletas para encontrarnos con una ciudad regida por el crimen. Pues no es así, ni mucho menos.

El Paso desde hace tiempo es una de las ciudades más seguras de los EE UU, su ratio de crímenes violentos contra personas y propiedades es francamente bajo. Numerosos criminólogos estadounidenses afirman que ciudades fronterizas como El Paso, San Diego o Laredo (donde el 90% de su población es hispana), así como otras ciudades con gran población inmigrante como Nueva York, Los Ángeles o Miami no son seguras a pesar de la gran proporción de inmigrantes viviendo en ellas, sino que lo son precisamente debido a ella.

El inmigrante generalmente es una persona que ha dejado a su familia en su país de origen y lo que persigue es trabajar para mandar ayuda a sus seres queridos o traerlos junto a sí. Lo último que desea es tener problemas con la justicia o verse involucrado en comportamientos arriesgados que puedan impedirle llevar a cabo esas metas. Esta actitud cautelosa es especialmente acusada en aquellos que se encuentran indocumentados porque podrían ser objeto de deportación. Tal y como mantiene Jack Levin, criminólogo de la Northeastern University, “si quieres vivir en una ciudad segura, busca una con una gran población de inmigrantes.”

Menos propensos a cometer crímenes

Dado que la inmigración trae a los países receptores un número desproporcionado de jóvenes varones y dado que viven muchas veces en zonas o barrios desorganizados, se podría esperar que los inmigrantes exhibiesen “lógicamente” tasas de delincuencia mayores que las de la población nativa. Sin embargo, tal y como argumentó Gary Becker, el delito no se explica por el entorno social o por la irracionalidad del autor sino por los incentivos racionales, por cálculos económicos de los beneficios y los riesgos y por los reducidos horizontes temporales de la persona que delinque. Ninguna de las razones anteriores empuja más al emigrante que al nativo hacia el delito. Más bien al revés.

Los datos resultantes de casi un siglo de investigaciones en diversos países sobre la relación entre crimen e inmigración concluyen que, por lo general, la población inmigrada exhibe tasas de delincuencia inferiores en grados diversos (según el lugar y el periodo que se considere) a la de la población autóctona.

Hay, como es natural, excepciones parciales a esta evidencia mayoritaria pero se deben a incentivos concretos de momentos o lugares determinados más que a la propia propensión delictiva intrínseca de dichos grupos inmigrantes.

Para quitar telarañas imaginarias es muy recomendable leer al respecto los trabajos de investigación de referencia de Johan Thorsten Sellin (1938), Charles Kindelberg (1967), Franco Ferracuti (1968), Stephen Steinberg (1981), Michael Tonry, (1997), Hagan y Palloni (1998), Ramiro Martínez y Matthew T. Lee (2000) o Robert J. Sampson (1987, 2008).

Bandas de criminales transnacionales

La globalización de la criminalidad organizada es muy distinta a la inmigración. Los casos minoritarios de extranjeros que forman parte de bandas de criminales transfronterizas nada tienen que ver con la lógica de los flujos migratorios y, en la mayoría de los casos, sus integrantes se trasladan de un país a otro como meros turistas o visitantes ocasionales.

Las noticias reales y graves de delincuencia llevada a cabo por medio de estas bandas sirven de coartada a los nativistas para endurecer, aún más si cabe, las leyes de inmigración. El problema aquí no es que el gobierno esté dejando entrar a demasiados extranjeros sino que no está consiguiendo excluir a aquellos que son más peligrosos.

Puede resultarnos de ayuda una analogía de este asunto que Daniel Griswold, analista del Cato Institute, hace con el comercio: se puede llevar a cabo perfectamente una política de comercio abierto, con todas sus consecuencias beneficiosas para el conjunto de la economía, al tiempo que se lleva un control por parte de las autoridades para excluir la entrada de aquellos bienes que puedan suponer una amenaza para la seguridad o salud públicas (alimentos tóxicos o contaminados, explosivos, materiales radiactivos, etc.). De la misma manera, podemos ser partidarios de una política más abierta a la inmigración pero no dejar de hacer por ello los pertinentes controles para tratar de excluir a las personas indeseables en la medida de lo posible.

Favorable evolución del crimen en España

En nuestro país, un estudio al respecto de varios autores muestra que existe también una evolución favorable en el descenso de la criminalidad en España y que la llegada de inmigrantes explicaría –sólo parcialmente- esos buenos datos.

La inmigración en España es un fenómeno extremadamente heterogéneo (como sucede en casi todos los países) pero un nativista recalcitrante podría argüir que la española en particular está condicionada por la presencia de grandes grupos de jubilados provenientes fundamentalmente de Europa. Estos son menos propensos a delinquir y, por tanto, la favorable conexión entre descenso acusado de la delincuencia y la llegada de inmigrantes podría estar afectada. No se puede negar esa posibilidad.

En cualquier caso, lo que a todas luces no hay es una correlación entre mayor inmigración y aumento de los ratios delincuenciales en el país de acogida, por mucho que algunos irresponsables (o ignorantes) se empeñen en establecer dicha conexión.

También buenas noticias y estudios en Canadá

En los últimos 40 años la incidencia del crimen ha bajado significativamente en Canadá. Parece que la inmigración también juega un papel no desdeñable en ello.

Uno de los primeros investigadores en dicho país del fenómeno de la delincuencia relacionada con la inmigración fue John Hagan. Sus descubrimientos fueron concluyentes: cuanto mayor proporción de inmigrantes había en una población dada, menor eran sus índices de criminalidad.

Por otra parte, el sociólogo Ron Levi de la Universidad de Toronto afirma que los datos de su reciente estudio contradicen, una vez más, la creencia popular de “a más inmigrantes, más crímenes”. Según dicho autor, los nuevos inmigrantes apenas cometen crímenes aunque reconoce que sus descendientes son más propensos a perpetrarlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, una vez los inmigrantes se han establecido en Canadá, el promedio delincuencial es, con todo y con ello, menor que el promedio de la sociedad canadiense en general.

La socióloga de la misma universidad, Ronit Dinovitzer constata que a medida que se prologan las generaciones de inmigrantes en suelo canadiense y se apartan de sus orígenes extranjeros, sus miembros se van asemejando cada vez más a los nativos. Con el transcurso del tiempo tienden a igualarse todas sus pautas de comportamiento, tanto si son referidas al consumo, al número de hijos concebidos, a los hábitos de vida, a la propensión a endeudarse, al uso de tarjetas de crédito… o a la comisión de delitos.

Los inmigrantes nos hacen más seguros

Parece que los análisis estadísticos –no sólo de los EE UU- nos conducen a esta sorprendente conclusión: la llegada de inmigrantes nos hace más seguros. Por desgracia, buena parte de las políticas de inmigración del siglo XX han estado guiadas por estudios cuestionables y por prejuicios o creencias erróneas antes que por investigaciones solventes o estudios científicos sobre la materia.

Es decir, los datos nos muestran que los inmigrantes en su conjunto son menos propensos a cometer delitos a no ser que se trate de descendientes de la primera o segunda generación, en cuyo caso su ratio delincuencial tiende a converger con el de los autóctonos.

No nos dejemos engañar por nuestros prejuicios o impulsos intuitivos; cuando un nativista declara que con la llegada de inmigrantes se aumenta la criminalidad blandiendo cualquier noticia de un delito cometido por un extranjero, está haciendo una mala inducción o cometiendo una falacia de generalización apresurada.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

La propuesta ‘estrella’ de Podemos: 650 euros al mes para todos sin ninguna condición

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Definida como "activista por la soberanía alimentaria", dijo doña Esther Vivas al Diario de Teruel:

Vivimos en un mundo que genera hambre en un planeta de la abundancia (…) hay comida para alimentar a 12.000 millones de personas –casi el doble de la población mundial–, mientras que uno de cada siete seres humanos en el mundo pasa hambre (…) Es la cara más cruenta, el ejemplo más claro de que este sistema no funciona.

Antes de entrar en por qué la señora Vivas cree que el "sistema no funciona", conviene subrayar algunas evidencias. La primera es que nunca ha habido en toda la historia de la humanidad menos hambre que ahora. La segunda es que el hambre, en efecto, no es en la época moderna un problema de recursos sino de libertad. Si los comunistas mataron a millones de personas de inanición en Rusia, China o Corea del Norte no fue porque faltara comida, sino porque faltó libertad y porque las dictaduras socialistas arrasaron con las instituciones de la libertad: la propiedad privada y los contratos voluntarios. La consecuencia fueron unas terribles hambrunas. No es, por tanto, la escasez de recursos lo que lleva a que el socialismo empobrezca al pueblo. Si no hay medicinas en La Habana ni harina en Caracas no es porque no existan esos bienes sino porque el antiliberalismo de las autoridades impide que sean producidos y lleguen a los consumidores. Habría que coincidir, pues, con doña Esther: claramente, es un "sistema" que no funciona. Sin embargo…

Nuestro gozo en un pozo. Resulta que la señora Vivas le echa la culpa del hambre a… las empresas. Veamos su razonamiento: 

Llegamos a esta situación porque actualmente son unas pocas empresas las que acaban monopolizando la producción, la distribución y el consumo de alimentos (…) anteponen sus intereses de ganar dinero con la comida en lugar de priorizar el acceso de las personas a la misma.

Y tras demonizar al comercio y a los transgénicos concluye que Nestlé, Monsanto, Kraft, Mercadona, El Corte Inglés o Alcampo

son las que deciden qué comemos y las que monopolizan el sistema (…) para conseguir productos a un precio competitivo.

No cabe encontrar en estas palabras algo que sea verdad. Ante todo, la industria alimentaria no está monopolizada en el sentido de que alguien maneje arbitrariamente los precios, encareciéndolos artificialmente con respecto a los que existirían en un mercado libre. Hay grandes empresas, igual que las hay en la industria textil, pero no quiere decir que Inditex pueda hacer con los precios y las calidades de los productos que vende lo que desee.

El segundo error es el antiguo desvarío de que las empresas son malas porque quieren ganar dinero en lugar de regalar sus productos. Pero el beneficio empresarial no es solamente un ingreso legítimo, sino que es imprescindible para que los ciudadanos puedan tener acceso a los bienes. Una larga experiencia demuestra que los inconvenientes de que existan capitalistas empalidecen frente al drama que padecen los pueblos cuando los empresarios no existen. Es el drama que sufren cuando el poder político (porque sólo él puede hacerlo) impide el comercio o pone trabas al progreso técnico, como el que representan los productos transgénicos.

Son precisamente los amigos de la coacción del poder político y legislativo los que, para avalar sus incursiones punitivas contra la libertad de la gente, deben sugerir que dicha coacción es necesaria porque la gente es imbécil. Detrás de todo estatista hay un paternalista, alguien que cree que las personas no pueden ser dejadas en libertad, porque no sabrán o no podrán decidir. Es el caso de doña Esther Vivas, que seriamente sostiene que cuando vamos a El Corte Inglés o a Mercadona no somos nosotros los que elegimos qué cosa vamos a comprar, sino que Isidoro Álvarez y Juan Roig, pérfidos y agazapados, nos obligan a comprar lo que ellos quieren.

Por fin, anotemos que la señora Vivas no sólo se halla en flagrante contradicción con la realidad, también con ella misma. Empieza diciendo que las malvadas empresas son "monopolistas", pero termina asegurando que hacen justo lo contrario de lo que hace cualquier monopolista, a saber, "conseguir productos a un precio competitivo".

Hambre y empresas

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

La gran repercusión que han otorgado los círculos económicos progresistas a los estudios de Thomas Piketty ha puesto la"desigualdad de ingresos" en el centro del debate público estadounidense.

Sin embargo, muchas reflexiones del profesor galo y sus seguidores tienden a ignorar un factor esencial para explicar el dinamismo que caracteriza al mercado. Hablamos de la movilidad social, es decir, de los procesos dinámicos que cambian de forma continua la composición de la riqueza nacional.

¿A qué conclusiones llegamos cuando consideramos estos aspectos? Por ejemplo, consultando los estudios de Mark Rank y Thomas Hirschl, vemos que el 73% de los estadounidenses han estado entre el 20% más rico del país durante al menos un año de sus vidas. Un 56% ha llegado a figurar entre el 10% más acaudalado, mientras que el 39% ha llegado a ocupar un puesto entre el 5% más afortunado.

Llegar al 1% más rico tampoco resulta del todo inaccesible, ya que el 12% de los estadounidenses han entrado en este nivel de ingresos durante al menos un año de sus vidas. El reto, claro está, radica en permanecer en este segmento de ingresos: la movilidad social es tan alta que solamente el 0,6% de los estadounidenses acumula una década entre el 1% más rico.

Como ha explicado Mark Rank en las páginas del New York Times, "la evidencia empírica muestra que los estadounidenses se mueven hacia arriba y hacia abajo en la escalera de ingresos. Estos datos ponen claramente en duda la noción según la cual Estados Unidos presenta una estructura de ingresos rígida e inmutable".

El estudio antes mencionado, elaborado por el propio Rank y por Thomas Hirschl, siguió a estadounidenses de entre 25 y 60 años durante un periodo de casi medio siglo. A través de 44 años de datos, ambos profesores comprobaron que las tesis de economistas como Piketty subestiman el gran dinamismo de la economía de mercado.

En este sentido, ambos profesores subrayan que "la imagen de un 1% rico que permanece de forma estática en una posición privilegiada es claramente incorrecta. En vez de hablar del 1% y del 99% como si se tratase de realidades fijas, tiene más sentido explicar este tipo de datos".

El prestigioso economista Thomas Sowell ya trató esta cuestión hace años explicando que "los alarmistas de la desigualdad no hablan de gente de carne y hueso, sino de categorías abstractas como el 10% más rico o el 10% más pobre. Siempre habrá estas diferencias, salvo que todas las personas tuviesen el mismo nivel de ingresos. No obstante, estos grupos no contienen a la misma gente durante el paso del tiempo: detrás de las estadísticas sobre desigualdad están las realidades de personas que se enriquecen o se empobrecen, en un marco de continuos cambios y evoluciones".

Los datos de Mark Rank y Thomas Hirschl confirman la tesis de Sowell, pero no estamos ante un estudio aislado. Por ejemplo, acaba de publicarse otro interesante informe centrado en analizar la "movilidad social" en Estados Unidos. Lo firma el equipo del prestigioso economista de Harvard Raj Chetty las conclusiones son significativas.

De acuerdo con el documento, "hoy existen las mismas posibilidades de movilidad social que en los años 70. No es cierto que un joven que llega ahora al mercado de trabajo lo tenga más difícil para llegar a disfrutar de un nivel de ingresos superior al de su familia".

Según los autores del informe, la ratio de "movilidad social" se ha mantenido "extremadamente estable. La probabilidad de que un niño nacido en el último quintil de ingresos llegue a formar parte del 20% más rico del país es del 9% para los nacidos en 1986 frente al 8,4% que registraban quienes llegaron al mundo en 1971. De hecho, si algo ocurre es una ligera mejora de la "movilidad social en EEUU".

Pero hay más. Informes del Massachusetts Institute of Technology explicaron en 2009 que, de hecho, las tasas de movilidad registradas en los años 70 eran muy similares a las de las décadas de 1950 y 1960. Estos hallazgos fueron confirmados a finales de 2013 por los trabajos de Markus Jäntti y Stephen P. Jenkin. Por tanto, la tendencia a largo plazo que sugieren estos estudios es que apenas se han dado cambios entre 1950 y la actualidad, por lo que la movilidad social sigue siendo elevada y significativa, refutando a diario las tesis de economistas como Thomas Piketty.