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Oxfam: la libertad amenaza, la desigualdad mata (y 2)

El abuso del espantajo de la desigualdad se ha hecho carne en el pensamiento único (me he ocupado de algunas de sus falacias aquí). Apuntamos la semana pasada que Oxfam, ejemplo habitual de dicho pensamiento, había proclamado que la desigualdad mata.

Esta disparatada afirmación aparece en un informe titulado Gobernar para la mayoría, que clama por más gasto público y más impuestos que "eliminen la desigualdad", que es una "epidemia". Para eso los servicios públicos deben ser… ¡gratuitos!

Por si uno levanta la mano para protestar, Oxfam se apresura a aclarar que lo que pide es "un sistema fiscal más justo que recaude más de aquellos con mayor poder económico (…) incrementando la recaudación sobre los más ricos", que por supuesto nunca define, pero el mensaje está claro: todo va a ser estupendo y lo pagarán… otros. 

Para lograr tan benévolo objetivo hay que "luchar contra la desigualdad", es decir, luchar contra las elites, las multinacionales, los paraísos fiscales… pero nunca contra el poder. Al contrario, la desigualdad entre el Estado y sus súbditos no les quita el sueño a los señores de Oxfam: más aún, le dan la bienvenida, oponiéndose a todo lo que sea libre, incluso a las escuelas privadas… si son baratas. Todo tiene que venir de los impuestos y nada con programas "privados u optativos": vamos, que deben ser públicos y obligatorios.

Y si uno persiste en protestar, va la prueba final: "Además, la desigualdad económica pone vidas en riesgo: cada año, solo en los países ricos, mueren 1,5 millones de personas por la elevada desigualdad de ingresos". Esto ya es una cosa muy seria: la desigualdad mata.

La prueba que presentan es el artículo "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies", de Naoki Kondo, Grace Sembajwe, Ichiro Kawachi, Rob M. van Dam, S. V. Subramanian y Zentaro Yamagata. Estos especialistas en salud y nutrición parten de dos ideas asombrosas. Una es la identificación entre desigualdad y pobreza: "Una sociedad muy desigual implica que un segmento sustancial de la población es empobrecido, y la pobreza es mala para la salud"; y la otra es la siguiente:

La desigualdad de rentas afecta a la salud no sólo de los pobres sino también de los ricos (…) por el estrés psicológico derivado de las comparaciones sociales envidiosas así como por la erosión de la cohesión social.

Con estas bases tan disparatadas acometen un metaanálisis, es decir, un análisis de los análisis de otros, referidos en su mayor parte a los países ricos, y concluyen que los estudios demuestran que hay que reducir ya la desigualdad y salvaríamos vidas, "si la relación desigualdad-mortalidad es realmente causal", es decir, precisamente lo que deben demostrar.

Reconocen la heterogeneidad de los estudios, pero no analizan variables tan cruciales como la existencia de Seguridad Social, los mercados de trabajo y la inmigración. Al final admiten que la desigualdad puede deberse a muchas causas, y que el índice Gini resume la distribución independientemente de su forma, de manera que

un Gini elevado puede ser el resultado de un elevado número de individuos muy ricos o de individuos extremadamente pobres.

En resumen, como suele suceder, detrás de las consignas alarmistas que reclaman más y más usurpaciones de la libertad hay más entusiasmo que razones.

Washington y la reconciliación incondicional con Cuba

Un grupo de prominentes ciudadanos norteamericanos –entre los que se encuentran varios notables empresarios de origen cubano– ha escrito una carta pública al presidente Barack Obama solicitándole que suavice las medidas encaminadas a agravar la difícil situación económica de la dictadura comunista de los hermanos Castro.

La carta no es el resultado de una oscura maniobra de La Habana, aunque el régimen y sus servicios de inteligencia la vean con deleite porque coincide con sus intereses, sino la consecuencia de una indiscutible verdad: nadie sabe cómo acelerar desde fuera el fin de una dictadura como la cubana o la de Corea del Norte. Sus autores están convencidos de que la antigua estrategia norteamericana está equivocada.

Es un viejo debate. Quienes redactaron la carta –presumiblemente los empresarios cubanoamericanos– piensan que la estrategia de abrazar al enemigo e intentar fortalecer a la sociedad civil redundará en el debilitamiento de la tiranía. 

¿Logrará su propósito esa carta? No lo creo. No debiera por las siguientes siete razones:

  1. La incoherencia tiene sus límites, más allá de los cuales hay que hablar de esquizofrenia. Washington acaba de declarar oficialmente que el gobierno cubano es terrorista y Raúl Castro le ha dado la razón enviándole a Corea del Norte armas de guerra camufladas bajo toneladas de sacos de azúcar. ¿Por qué abrazar a un régimen terrorista cuando se aprueban sanciones contra Rusia o Venezuela por comportamientos antidemocráticos?
  2. En el momento en que se divulgaba la carta de marras, el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, firmaba un acuerdo de cooperación en Moscú con los servicios de inteligencia de Putin. Luego pasó por La Habana el jefe del Estado Mayor del ejército chino, presumiblemente a formalizar una gestión parecida. En el pasado, Fidel Castro, en Teherán, había advertido que todos juntos podían poner de rodillas al enemigo imperialista.
  3. Según afirma Raúl Castro una y otra vez, y reiteran sus más altos funcionarios, las reformas económicas tienen como fin perfeccionar la dictadura comunista de partido único. ¿Por qué Estados Unidos debe cooperar con una vieja y fallida tiranía que intenta superar las dificultades y consolidarse en su peor momento económico y psicológico, cuando toda la estructura de poder en la Isla sabe que el marxismo-leninismo es un fracaso?
  4. El régimen cubano es un enemigo tenaz y permanente de Estados Unidos. Sus líderes están convencidos de que todo lo malo que sucede en el planeta es culpa de Washington. No se cansan de decirlo. En el pasado La Habana pactó con la URSS y hasta pidió el bombardeo atómico preventivo durante la Crisis de los Misiles. Hoy Cuba se pone de acuerdo con Irán, Corea del Norte, Rusia y los países del llamado Socialismo del Siglo XXI para perjudicar a sus vecinos. ¿Tiene sentido un trato benevolente con semejante gobierno?
  5. Existe, también, el ángulo ético. Durante todo el siglo XX, con razón, Estados Unidos fue acusado de indiferencia moral por el buen trato que daba a dictaduras como la de Trujillo, la de los Somoza, la de Batista o la de Stroessner. Ahora está en el lado correcto de la historia. En Cuba se violan los derechos humanos brutalmente. El año pasado se duplicaron las detenciones de disidentes. Los cubanos no tienen acceso a internet. A las tres horas de haber aparecido 14ymedio, el diario digital de Yoani Sánchez, bloquearon la señal dentro de Cuba. Estados Unidos no debe volver a la indiferencia moral que tanto afectó a su buena imagen.
  6. Hay que tomar en cuenta la razón electoral. La Casa Blanca debe escuchar a los legisladores cubanoamericanos y no necesariamente a los empresarios. De alguna manera, expresan el sentir mayoritario de los cubanos radicados en USA. El importante senador demócrata Bob Menéndez, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, los congresistas demócratas Albio Sires y Joe García y los congresistas republicanos Ileana Ros y Mario Díaz Balart discrepan en muchas cosas, pero están de acuerdo en mantener una política de firmeza frente a la dictadura.
  7. El objetivo de Estados Unidos debe ser que en Cuba se instaure una democracia plural y próspera que deje de expulsar a sus ciudadanos hacia el vecino del norte y con la cual desarrollar unas relaciones respetuosas y normales. El sentido común indica que eso no se logra ayudando a la tiranía de Raúl Castro en medio de una crisis.

elblogdemontaner.com

Pablo Iglesias, el Chávez español

La gran revelación de las elecciones europeas celebradas este domingo ha sido, sin duda, la formación Podemos que lidera el joven politólogo y tertuliano Pablo Iglesias. Este profesor de universidad ha sabido recoger muy hábilmente el descontento y la desconfianza hacia la clase política que reflejó en su día el movimiento 15-M mediante un discurso simplista y utópico, cargado de la demagogia y el populismo más abyecto y deleznable, aprovechándose de la profunda ignorancia económica y la triste ingenuidad política de que hace gala buena parte de la población. Iglesias, consagrado ya como el líder incuestionable de la extrema izquierda española, ha sabido cautivar a más de 1,2 millones de descreídos, soñadores e incautos que tienen por denominador común el rechazo frontal al capitalismo y una confianza ciega en el estatismo absoluto como solución a todos los males, pese a que el socialismo radical ha fracasado siempre y en todo lugar, cosechando a su paso los mayores desastres de la historia de la humanidad.

Iglesias, junto a sus fieles camaradas y maestros Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, es un firme defensor del bolivarianismo que rige en Venezuela, del enquistado peronismo que tanta miseria ha causado en Argentina y del despótico castrismo que todavía esclaviza Cuba. Es, en definitiva, un comunista de manual, solo que, gracias a su fluida verborrea y a su cuidada imagen informal, ha logrado transmitir la simpatía y proximidad que demandaban muchos votantes en contraposición a la distancia insalvable que refleja la llamada casta política, identificada hoy como uno de los grandes problemas del país debido, sobre todo, al brutal impacto de la crisis, la extendida corrupción institucional y la absoluta impunidad de la que disfrutan sus miembros. Pablo Iglesias es el Hugo Chávez español o, si lo prefieren, el Sánchez Gordillo culto y refinado, y, a poco que se despiste IU, bien podría convertirse en el nuevo referente de la izquierda, tal y como ha sucedido estos últimos años en Grecia con Alexis Tsipraslíder de la coalición comunista Syriza, que acaba de vencer en las europeas a populares y socialistas helenos y que ya encabeza las encuestas para las elecciones generales, frente al bipartidismo imperante de las últimas décadas. Podemos bebe del granero de votos que han dejado tras de sí las mareas verde (educación) y blanca (sanidad) de empleados públicos interesados en mantener sus privilegios, las plataformas de desahuciados y preferentistas y, en general, los jóvenes de izquierda que tanto abundan en las universidades españolas.

Los periodos de grave crisis como el que actualmente sacude la Unión Monetaria, y muy especialmente los países del sur de Europa, siempre han constituido un caldo de cultivo idóneo para los extremismos. Sucedió con la Primera Guerra Mundial, que derivó en la revolución bolchevique en Rusia y la instauración del fascismo en Italia, y, posteriormente, con la Gran Depresión de los años 30, cuando el nazismo conquistó Alemania. Es en los momentos de grandes dificultades cuando el pueblo, azuzado por la desesperación y la rabia, se agarra a los salvapatrias y cuentacuentos cual clavo ardiendo, sin pararse a pensar en el inmenso destrozo que conllevan sus particulares utopías estatistas. La victoria del Frente Popular de Marine Le Pen en Francia y de Syriza en Grecia -sin olvidar a los neonazis de Amanecer Dorado-, el fuerte apoyo al Movimiento Cinco Estrellas en Italia -convertido en segunda fuerza del país- o la potente irrupción de Podemos en España son una muestra inequívoca del alarmante ascenso que está cosechando el populismo, tanto de izquierdas como de derechas, en el seno del euro. 

¿Pero qué proponen realmente estas nuevas fuerzas políticas? Muy simple: mucho más Estado y menos mercado. Los extremos se tocan y, en este sentido, fascistas y comunistas coinciden en la necesidad de borrar las libertades y derechos individuales mediante una apisonadora estatal mucho más poderosa, obviando así el sufrimiento, la ruina y el colapso en el que acabaron desembocando todos y cada uno de los experimentos de planificación central en el pasado. Basta hojear el programa de Podemos para percatarse del desastre que conllevaría su consecución. Para empezar, el partido de Pablo Iglesias propone impagar la deuda pública y someter a referéndum la pertenencia al euro. La primera medida supondría la quiebra del Estado y, por tanto, el cierre absoluto de la financiación a través de los mercados. España se vería abocada, de una u otra forma, a abandonar el euro y, muy posiblemente, también la UE, lo cual implicaría decretar un corralito financiero para transitar hacia una nueva moneda devaluada. Es decir, los españoles perderían una parte muy sustancial de sus ahorros, como en su día aconteció en Argentina. Y ello sin contar que el Banco de España, tras recuperar la autonomía monetaria, sería utilizado por el Gobierno para financiar buena parte de su gasto y deuda pública, provocando una grave escalada inflacionaria y un empobrecimiento generalizado de la población.

Lo grave es que esto sólo sería el principio del fin. Podemos plantea disparar el gasto público mediante la puesta en marcha de grandes Planes E para combatir el paro -muy original, sin duda-. También defiende reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, así como adelantar la edad de jubilación a los 60 años, elevar las prestaciones no contributivas y, cómo no, derogar la última reforma de las pensiones. Si España ya no se puede permitir financiar el actual sistema, imagínense semejante deriva. Simplemente, insostenible. Además, abogan por subir el salario mínimo, imponer un salario máximo, derogar la reforma laboral, eliminar las ETT o prohibir los despidos en las empresas con beneficios. En resumen, nacionalizar por la puerta de atrás el factor trabajo.

En materia fiscal, Podemos defiende una brutal y generalizada subida de impuestos: más IRPF y Sociedades, un nuevo tributo sobre "grandes fortunas", Impuesto de Patrimonio, Tasa Tobin, supresión de las sicav, IVA del 35% sobre "bienes de lujo"… A ello habría que sumar una ingente banca pública, como si el fiasco de las cajas no fuera suficiente, y la nacionalización directa de los grandes "sectores estratégicos". Iglesias quiere que el Estado tome el control absoluto en las áreas de "telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo", y domine de forma indirecta los medios de comunicación, limitando que una empresa o grupo pueda ostentar más del 15% de un determinado sector, ya sea prensa, radio, televisión, internet, etc.

Y ya puestos, ¿por qué no repartir una "renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo" equivalente a unos 600 euros al mes (umbral de la pobreza)? Poco importa que su coste supere de lejos los 300.000 millones al año; también defienden una moratoria hipotecaria, limitar los tipos de interés, paralizar los desahucios, implantar la dación en pago con carácter retroactivo, extender el alquiler "social", despenalizar la okupación, expropiar y/o disparar los impuestos sobre las viviendas vacías; garantizar la gratuidad de los recibos de agua, luz y calefacción, entre otras muchas barbaridades de toda índole, como la nacionalización de "tierras en desuso" y grandes fincas, el control de precios en los alimentos, el cierre de todas las nucleares y centrales de gas y carbón -y su sustitución por más renovables-, imponer la pesca y la agricultura "ecológicas", limitar la caza, prohibir la tauromaquia o impedir la manida "especulación urbanística".

El problema de Iglesias, y el de la izquierda en general, es que desconoce cómo se genera y se desarrolla la riqueza. El socialismo piensa que es algo dado, cual maná caído del cielo, y que la economía es un juego de suma cero, de modo que la función del Estado consiste en redistribuir justamente los recursos. Sin embargo, como bien demuestra la historia, lo único que acaban repartiendo es miseria, muerte y coerción, exceptuando, cómo no, a la privilegiada cúpula que ostenta el poder. En este sentido, es paradigmático que la gran receta de los indignados consista, básicamente, en sustituir la actual casta por otra (la suya) exacerbando el poder político que tanto critican hasta límites insospechados. Así pues, en realidad, no son antisistema, sino prosistema. Por último, valga como ejemplo la siguiente frase de Pablo Iglesias para evidenciar su particular estilo de hacer política…

Yo pienso en Francia, últimamente, mucho. Y recuerdo una frase que me entusiasmó de Jean-Luc Mélenchon: "Si gano las elecciones, lo primero que haré es hacer que el Ejército desfile por los Campos Elíseos para mandar un mensaje a los mercados financieros". Ya me gustaría a mí poder hacer lo mismo.

Ciento cincuenta años de libertad económica en cuatro gráficos

Desde hace décadas, instituciones como la Fundación Heritage o el Instituto Cato han promovido la publicación de diferentes índices de libertad económica dedicados a analizar la evolución del capitalismo en el mundo. Estos informes suelen tomar como referencia cuatro grandes variables: calidad institucional, eficiencia regulatoria, marco fiscal y mercados flexibles.

Combinando una evaluación de todos estos criterios, estos índices permiten conocer qué países se acercan más al ideal liberal o, por el contrario, siguen el camino opuesto y apuestan por un paradigma cada vez menos compatible con la economía de mercado.

De acuerdo con estos informes anuales, algunos de los países que mejor respetan los principios del laissez faire serían Hong Kong, Singapur, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Irlanda, Dinamarca, Estonia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, Alemania o Suecia. 

Tomando esta metodología como punto de partida, el profesor de la Universidad Carlos III Leandro Prados de la Escosura se ha propuesto estudiar la evolución de la libertad económica entre las economías más ricas del mundo. El resultado es una gráfica que resume ciento cincuenta años de libertad económica.

A primera vista podemos ver que la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de continuo progreso en materia de liberalización económica, ya que la puntuación de los países de la OCDE saltó del 6,5 al 8,5 en apenas medio siglo. La tendencia se invirtió con el estallido de la I Guerra Mundial y con las medidas económicas adoptadas en el periodo de entreguerras.

Después de 1945, el final de la II Guerra Mundial supuso un cambio para mejor. Buena parte del progreso logrado entre 1850 y 1910 se había perdido, pero la segunda mitad del siglo XX sirvió para recuperar buena parte del terreno perdido. De hecho, frente a una puntuación inferior a 7,5 en 1950, el Índice Histórico de Libertad Económica llegó a más de 9 puntos en el último año estudiado (2007).

¿Qué elementos empujaron el cambio en cada una de estas fases? Analizando los diferentes factores que influyen en la elaboración de estos índices, Prados de la Escosura concluye lo siguiente:

  • De 1850 a 1915, el principal factor de avance fue el fortalecimiento de los derechos de propiedad.
  • En la primera mitad del siglo XX, el colapso de la libertad comercial influyó significativamente en el retroceso del capitalismo.
  • Especialmente en la década de 1950 y en el periodo comprendido entre 1980 y 1970, la reactivación del comercio y el declive del proteccionismo contribuyeron a la recuperación de la libertad económica en la OCDE.
  • Considerando todo el periodo (1850-2007), el principal factor de progreso fue la mejora de los marcos institucionales, con la protección de la propiedad privada como eje central.

¿Qué tal le ha ido a España según el Índice Histórico de Libertad Económica? La siguiente gráfica, publicada por el propio Prados de la Escosura en el blog Nada es Gratis, desgrana el comportamiento de nuestro país en comparación con la OCDE.

A la luz de la gráfica, resulta evidente que España ha experimentado un gran avance a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Si en 1950 la puntuación de nuestro país era de 5,5 frente al 7,5 de la OCDE, en 2007 ambas líneas convergen en el entorno de los 9 puntos.

Los factores que han impulsado la mejora en España han guardado cierto parecido con la evolución de la OCDE, aunque hay diferentes aspectos que conviene analizar con detenimiento:

  • Por un lado, la desregulación vivida en la segunda mitad del siglo XIX fue casi inexistente, frente a los avances significativos del resto de países.
  • En el periodo 1950-1980, la apertura comercial española fue mucho menor a la media de la OCDE.

Au Revoir! Los impuestos empujan a miles de franceses al extranjero

Desde 2007, los contribuyentes franceses han asumido la friolera de 200 subidas de impuestos. Este tsunami fiscal ha incluido tasas financieras, gravámenes especiales, aumentos de las grandes figuras impositivas, etc. Como consecuencia, la recaudación del Fisco ha saltado del 49,9% al 51,8% del PIB galo.

El aumento no ha sido suficiente para evitar el grave problema de déficit público que arrastra Francia desde hace décadas. De hecho, mientras que el desfase entre ingresos y gastos llegaba al 2,7% del PIB en 2007, los números para 2012 elevaban este número hasta niveles cercanos al 5% del PIB.

Esta marea tributaria está generando un creciente enfado entre los contribuyentes franceses. Según una reciente encuesta de Ipsos publicada por Le Mondeel 72% de los galos cree que paga "demasiados impuestos". A esto se suma que el 43% opina que rendir cuentas ante el Fisco "no es un ejercicio de ciudadanía". 

En este contexto, no debe sorprender el creciente exilio tributario que está experimentando nuestro país vecino. Este fenómeno lleva décadas manifestándose de forma creciente, si bien el estallido fiscal de los últimos años ha acelerado el ritmo de salida.

New York Times ha tratado el tema, destacando que "Francia lleva muchos años sufriendo la salida de ciudadanos de mucho talento que eligen irse a otros países. Sin embargo, el actual éxodo de empresarios y jóvenes tiene lugar justo en el peor momento posible. Francia ha tenido un crecimiento anémico en el último lustro, con un paro que crece hasta llegar ya al 11%. Muchos analistas temen que el país va camino de la esclerosis económica".

"Estamos sufriendo una sangría de talento"

La Cámara de Comercio e Industria de París, organismo que representa a más de 800.000 empresas, ha echado más leña al fuego destacando que los directivos franceses están cada vez más preocupados por esta cuestión. "Estamos sufriendo una sangría de talento", denuncia un informe publicado por la organización.

El pesimismo también ha cundido entre buena parte de los ciudadanos. Una encuesta del Pew Research Center destacó en 2013 que "no hay ningún país europeo con tan poco espíritu e ilusión como Francia". Esta decadencia, denunciada desde hace años por analistas como Nicolas Baverez, bien puede convertir al país galo en el nuevo enfermo de Europa, ya que tiene lugar justo cuando la periferia empieza a recuperar el crecimiento económico.

Desde el año 2000 hasta hoy, el número de franceses que reside en otros países ha crecido un 60%. ¿Qué ruta siguen les exilés? Más de 50.000 viven en Silicon Valley, miles se han desplazado a Hong Kong, Ciudad de México, Nueva York, Shanghai… Sin embargo, los destinos favoritos siguen siendo Gran Bretaña, Suiza y Bélgica. Solamente en Reino Unido encontramos una población francesa de más de 350.000 personas.

Pinault también cruza el Canal

El exilio tributario de Gérard Depardieu levantó mucho revuelo en Francia, animando a que estas cuestiones se estudien con mayor detenimiento y preocupación. El nuevo Primer Ministro galo, Manuel Valls, ha tomado nota y ha anunciado que su Gobierno reducirá el gasto público y bajará los impuestos para impulsar la recuperación.

Sin embargo, las voces anti-mercado siguen teniendo mucha fuerza en el país galo. No hay que olvidar que los gobiernos de centro-derecha que encabezaron Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy fueron incapaces de frenar esta deriva. A esto se une el discurso anti-capitalista de líderes radicales como la nacionalista Marine Le Pen o el socialista Jean-Luch Mélenchon.

Ante semejante panorama político, no es de extrañar que la tercera fortuna de Francia haya dejado el país. El exilio tributario de François-Henri Pinault supondrá la salida de un empresario especializado en el sector del lujo que amasa una fortuna de casi 11.000 millones de euros.

Pinault, de 51 años, está casado con la actriz Salma Hayek y dirige un gran conglomerado en el que encontramos firmas de alto nivel como Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni, Girard-Perregaux o Gucci. La corporación da empleo a 33.000 personas.

En defensa de la abstención electoral

Entre los días 22 y 25 de mayo, se celebran en los países miembros de la Unión Europea las elecciones al Parlamento Europeo. En concreto, el 22 de mayo tendrán lugar en el Reino Unido y los Países Bajos, el 23 en Irlanda, entre el 23 y el 24 en República Checa, el 24 en Letonia, Eslovaquia y Malta y el domingo 25 en el resto de países, incluido España. En ellas se elegirán por sufragio universal directo, libre y secreto los 751 diputados europeos que integrarán la eurocámara en el periodo comprendido entre 2014 y 2019. Las alternativas que el ciudadano de a pie tiene a su alcance son básicamente dos: participar en las elecciones o abstenerse de hacerlo. Lamentablemente, la segunda opción no es legal en todos los países de la Unión Europea. Los votantes de Bélgica, Chipre, Grecia, Italia y Luxemburgo están obligados a votar. De no hacerlo, se pueden enfrentar a multas de hasta 1.000 Euros, como en el caso de Luxemburgo. En las últimas elecciones europeas, la abstención alcanzó niveles récord en España: un 55,10%. Es decir, que hubo más españoles que no votaron que aquellos que sí lo hicieron.

Si uno elige la opción de participar en unos comicios en España, son tres las alternativas que tiene a su alcance: puede votar a un partido político concreto, puede votar en blanco o bien puede optar por el voto nulo. Tanto el voto en blanco, como en ocasiones el voto nulo, se consideran una abstención activa, es decir, el ciudadano participa en las elecciones pero manifestando una postura de protesta al mostrar disconformidad con los partidos políticos que concurren a las elecciones o con el propio sistema electoral. Los partidos políticos desean a toda costa que el ciudadano vote y participe. Tanto es así, que muchos países realizan hasta campañas publicitarias (pagadas con el dinero de los ciudadanos) pidiendo la participación electoral. Recientemente, el gobierno de Dinamarca tuvo que retirar una campaña publicitaria de este tipo, por lo grotesco e inapropiado del video. El protagonista del mismo es Voteman, un hombre que según narra el video se olvidó de votar en las últimas elecciones europeas, lo que provocó que no tuviese "ninguna influencia en la protección del clima, en las subvenciones agrícolas, en los productos químicos en los juguetes y en la cantidad de canela autorizada en los rollos de canela", que es un pastel muy popular en Dinamarca. Para que se hagan una idea del esperpento y lo insultante que resulta esta campaña publicitaria, que roza el acoso al ciudadano escéptico con ejercer su derecho al voto, nada como ver el vídeo. Lo peor de todo son los cerca de 27.000 euros que le costó a los daneses la elaboración del spot, por no mencionar el elevado coste de contratar los espacios publicitarios que debió de copar en la televisión danesa. Afortunadamente, en el caso de España este tipo de acciones están prohibidas por ley. Según lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ningún poder público puede realizar una campaña pidiendo la participación, al entender que la abstención es una opción tan legítima como el ejercicio del derecho al sufragio.

Observando videos de este tipo no es de extrañar que la inmensa mayoría de la población en los países occidentales piense que "votar es un deber cívico". Otro argumento que se suele escuchar para que uno vote es uno aún peor que el anterior: "si no votas, luego no te quejes". El tercer argumento que se suele esgrimir para animar a la participación electoral es el de contrarrestar el voto que obtendrán partidos de ideología contraria. Así, se suelen escuchar frases del tipo: "si no votas, estás ayudando a que ganen los rojos/azules/verdes/etc." En primer lugar, conviene recordar y enfatizar que votar es un derecho, nunca una obligación. La diferencia entre uno y otro concepto es abismal. Libertad frente a coacción o voluntariedad frente a violencia. Uno no es peor ciudadano por no ejercer su derecho al voto. Lo que hace que un ciudadano sea ejemplar no es que participes en unos comicios sino que sea una persona íntegra, que respete el principio de no agresión, que cumpla con su palabra y sus contratos y que trate a los demás como le gustaría que le tratasen a él. En segundo lugar, la idea de que para poder criticar durante los próximos cuatro años la gestión que realizan los políticos electos con mi dinero y el del resto de ciudadanos haya que votar es cuanto menos pueril y estúpida. Ese mismo argumento podría ser dado la vuelta y podríamos llegar a la (errónea) conclusión de que aquellos que han ejercido su derecho al voto no pueden quejarse ya que con su participación aceptaron el resultado electoral que esas elecciones arrojasen. En realidad, cualquier ciudadano tiene todo el derecho del mundo a criticar la gestión de los políticos, faltaría más. En contra de nuestra voluntad, a los ciudadanos nos roban mediante la fuerza cerca del 50% de lo que producimos mediante impuestos (incluido el más oculto de todos: la inflación). Tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos de la gestión y administración que los políticos hacen del enorme poder y presupuesto que manejan. No solo manejan nuestro dinero sino que, gracias al sistema democrático, si el 51% de la población quiere limitar la libertad individual del 49% restante, el sistema permite que se produzca esta violación de libertades individuales. Bastante sufrimos los ciudadanos como para que además haya que cumplir unos requisitos mínimos para poder expresar libremente nuestro malestar sin que seamos aleccionados con un "si hubieses votado, podrías quejarte". El tercer argumento es matemáticamente falso. Si uno decide no votar en favor de un partido político u otro, su abstención no tendrá la más mínima influencia en el resultado final.

Desechados los principales argumentos que critican la abstención electoral, pasemos ahora a analizar los argumentos a favor de la misma. En primer lugar, es evidente que si uno vota está legitimando el sistema, lo está aceptando. Teniendo la opción de no participar en él, hacerlo supone claramente aceptar las normas de juego del sistema. De tal forma, todas aquellas personas que no aceptan el sistema harán un sano ejercicio de coherencia si rechazan participar en él. Siguiendo con el primer argumento, un segundo motivo es que la abstención es una forma de deslegitimar el resultado de los comicios electorales. Cuando unos resultados electorales de unas elecciones generales cuenten con una abstención del 50% de los votantes, el Gobierno resultante tendrá muy poca legitimidad. Así que la mejor forma de debilitar al statu quo político y al sistema es abstenerse. El tercer argumento es, sencillamente, que un voto en términos matemáticos es insignificante. La probabilidad de que nuestro voto individual altere el resultado de unos comicios es tan remota como la probabilidad misma de ser agraciado con el Gordo del sorteo de Navidad. Esto es algo que los votantes suelen olvidar: su voto en términos matemáticos no es relevante. Sin duda, la suma de muchos cambia los resultados de unos comicios pero, a no ser que tengamos poderes sobrenaturales o cometamos fraude electoral, sólo podremos votar una vez.

Otro argumento en pro de la abstención es el hecho de que, aun en el caso de que encontremos a un partido con el que nos sentimos mínimamente representados, no tenemos garantía alguna de que cumplan su programa electoral. En otras esferas de la vida, si alguien llega a un cargo prometiendo ciertos resultados y no cumple, acaba despedido. En política, no hay ninguna ley o norma que permita exigir a los políticos electos cumplir con su programa electoral. La mejor muestra de esta triste realidad que muchos quieren olvidar es precisamente esta última legislatura del Partido Popular. En campaña electoral criticaron la subida del IVA del Gobierno de Rodríguez Zapatero y prometieron bajar impuestos, no crear un banco malo, reducir el déficit público y liberalizar la economía. En el ecuador de la legislatura, podemos afirmar categóricamente que el actual Gobierno no sólo ha incumplido su programa sino que ha hecho prácticamente lo contrario de lo que prometía hacer en su programa electoral. Subieron el IVA, el IRPF y tantos otros impuestos más, hasta encadenar más de cincuenta subidas de impuestos. Crearon un banco malo, socializando entre todos el rescate a la banca, cuando la alternativa liberal del famoso "bail-in" era la manera más justa de recapitalizar la banca. La reducción del déficit público brilla por su ausencia cuando, seis años después de la caída de Lehman Brothers, el Reino de España tienen un déficit público que roza el 7%. Y sobre la liberalización de la economía, mejor no hablar. Lo único que ha hecho mínimamente bien el Gobierno de Rajoy es la tibia reforma laboral que, si bien logró flexibilizar el mercado de trabajo y reducir los costes para el empresario, se quedó corta. Por tanto, votar a un partido no es garantía de nada, es un voto de confianza a unos completos desconocidos que históricamente han robado al ciudadano y pisoteado sus libertades mientras sus egos se llenaban de tanto poder acumulado.

Por último, pero no menos importante, si se piensa fría y racionalmente uno tiene mejores cosas que hacer con su tiempo que acudir a las urnas el día de una jornada electoral. Teniendo en cuenta que nuestro voto individual apenas tiene valor en cambiar la composición parlamentaria, que al votar legitimamos el sistema y a los políticos, que somos igual de buenos ciudadanos tanto si votamos como si no lo hacemos y que incluso si votamos no tenemos garantía alguna de que se cumpla lo que nos han prometido, creo sinceramente que podemos hacer cosas mucho más interesantes que acudir a un colegio electoral un día festivo. A mí se me ocurren infinidad de planes más valiosos y gratificantes que hacer antes que votar. Así que si se anima a abstenerse este domingo, siéntase cómodo con su elección si es recriminado por un supuesto ciudadano ejemplar y recuerde: ser un ciudadano ejemplar y votar son dos cosas que no guardan relación alguna.

Británicos y alemanes abandonan España tras la histórica subida de impuestos

La histórica subida de impuestos aprobada por el Gobierno del PP no sólo ha afectado a los contribuyentes nacionales, sino también a los residentes extranjeros que viven en España. Y dentro de este ámbito, muy especialmente, a los trabajadores y jubilados comunitarios. Los constantes e intensos aumentos fiscales se están traduciendo en un elevado éxodo de europeos que optan por regresar a sus respectivos países de origen ante la agresiva ofensiva fiscal puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda.

La población extranjera comenzó a descender en 2011 y, desde entonces, España ha perdido algo más de 750.000 residentes foráneos, sobre todo en los dos últimos años. El número de extranjeros a fecha 1 de enero de 2014 apenas superaba los 5 millones de personas, 736.000 menos que a 1 de enero de 2012, lo que supone una caída del 12,8%, según refleja el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero esta pérdida se debe, en gran medida, a la salida de comunitarios. Los residentes de la UE cayeron desde los 2,6 millones a principios de 2012 hasta los 2,04 millones el pasado enero. Es decir, casi 555.000 europeos, equivalente al 21,3% de este colectivo, abandonaron España en los dos últimos años. Se trata de un hundimiento inédito.

Y, sobre todo, llama la atención la salida de alemanes y británicos, con casi 118.000 personas desde enero de 2012, más del 21% del total. En concreto, han huido más de 40.000 alemanes y 77.000 británicos durante este período, con caídas superiores al 20% en ambos casos, tal y como refleja el siguiente cuadro.

Población extranjera en España

En la actualidad, el número total de británicos y alemanes apenas ronda los 436.000 frente a los 554.000 residentes en enero de 2012, cuando echó a andar el actual Gobierno del PP. Dicho éxodo se concentró en 2013, momento en el que los extranjeros notaron realmente en su bolsillo la citada subida fiscal.

Según los asesores consultados por Libre Mercado, el aumento del IRPF, la entrada en vigor del nuevo convenio fiscal entre España y Alemania a finales de 2012 y, muy especialmente, la obligación de declarar a Hacienda los bienes radicados en el extranjero han provocado una importante fuga de residentes (y contribuyentes) de ambas nacionalidades.

"Los impuestos en España son muy altos", afirman desde Abacus Spain, en Palma de Mallorca, perteneciente al Club de Asesor, la mayor red de asesorías fiscales de España. Esta firma, especializada en atender a residentes británicos, pone como ejemplo el caso de los capitanes de barco, que están exentos de tributar en Reino Unido y que, sin embargo, aquí pagan el tipo máximo del IRPF (52%) debido a sus elevados sueldos. Asimismo, las pensiones británicas también están exentas del pago de impuestos, cosa que no sucede en España.

Muchos jubilados ingleses no declaraban su pensión en España por desconocimiento y falta de información. Sin embargo, Hacienda ha emprendido en los últimos meses una intensa campaña de inspecciones para aflorar pensiones extranjeras que está afectando tanto a españoles repatriados como a residentes foráneos.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la obligación de declarar su patrimonio en el exterior. "Esto no les ha gustado nada", aclaran los asesores. La reacción de los británicos no se ha hecho esperar. Muchos han hecho las maletas, han puesto a la venta sus casas y han regresado a Reino Unido. Ahora, "vienen a España sólo en verano".

No son los únicos. Los alemanes también están regresando. Ignacio del Val, experto fiscal del bufete germano Rödl & Partner, coincide en que la combinación de más IRPF, declaración de bienes en el exterior y el nuevo convenio fiscal entre ambos países ha hecho mella entre estos residentes, sobre todo entre los jubilados, obligados ahora a declarar su pensión.

Así, aunque se suele poner el acento en los tipos del IRPF, lo más importante es la base imponible (masa salarial sobre la que se aplica), y la cuestión es que en Alemania, gracias a las deducciones y a los distintos tramos existentes, pagan menos que en España. Las subidas fiscales y las nuevas exigencias que impone Hacienda, como la declaración de bienes en el exterior y las obligaciones derivadas del nuevo convenio bilateral de colaboración fiscal, han elevado los costes de residir en España.

La situación es algo distinta en el caso de los directivos alemanes que trabajan aquí, ya que aún se pueden beneficiar de las ventajas fiscales derivadas de la denominada Ley Beckham, pero Del Val añade que "ahora tienen que declarar absolutamente todo", incluido su patrimonio en Alemania, lo cual supone una "importante carga administrativa".

La visa por vivienda, un fracaso absoluto

Al mismo tiempo, el Gobierno ha fracasado estrepitosamente en su intento de impulsar la compra de vivienda a cambio de conceder permisos de residencia. Desde la entrada en vigor de esta medida el pasado septiembre, tan sólo 81 inversores extranjeros se han acogido a la llamada golden visa.

De éstos, 72 han optado por la compra de una vivienda por un precio igual o superior a 500.000 euros. Otras formas de conseguir el permiso de residencia es con la compra de depósitos por un millón de euros o de la puesta en marcha de proyectos empresariales de "interés general". Sólo tres corresponden a estos proyectos empresariales y los otros seis a inversión en capital.

El dinero que mueve Europa

"La financiación está volviendo lentamente a Europa". Semejante afirmación resulta del todo inverosímil para cualquier pequeño empresario, autónomo o simple consumidor. No en vano, el volumen de deuda viva a nivel agregado para nominales inferiores al millón de euros continúa en caída y la tasa de renovación es menor. Pero la afirmación no deja de ser verdadera porque se deje sentir poco por la gran mayoría de la población.

Tras los primeros síntomas de debilidad de las economías emergentes muchos inversores apuntaron a Europa. Confiados de que los procesos de saneamiento de balances habían sido ya realizados en algunos sectores y que en otros, paulatinamente, estaban en marcha. A día de hoy, las empresas cuentan con posibilidad de liquidez. En una reciente entrevista para Capital & Corporate el CEO de Atlas aseveraba que la cantidad de liquidez en el mercado iba en aumento, así como el apetito inversor. Si bien el volumen aún es escaso como para satisfacer la demanda, la liquidez fluye. Un ejemplo de ello sería el resurgimiento de la financiación CLO (collateralized loan obligations) para grandes empresas, que en Europa pasó de mover menos de 500 millones en 2012 a un volumen superior a los 7.400 millones de euros de deuda garantizada en 2013 y a alcanzar los 2.000 millones de volumen entre enero y febrero de 2014, según datos de Debtwire. Si bien el precio sigue siendo alto (incluso acudiendo a financiación en dólares, con yields menores): las refinanciaciones medias durante los últimos doce meses fueron a un interés 112 puntos básicos por encima de la deuda anterior (para refinanciaciones superiores a los 500 millones de euros), situándose de media en 600 pb por encima de su respectivo benchmark. Finalmente, si observamos el mercado de fusiones y adquisiciones financiadas con deuda en Europa el crecimiento es espectacular. Frente a los 140.000 millones de euros de deuda utilizada en operaciones de M&A en Europa en 2012, en 2013 fueron 260.000 millones y sólo en enero de 2014 ya se situaba el volumen por encima de 30.000 millones de euros.

El producto peligroso que sí están manejando los bancos (y quién sabe si en unos años da tanto que hablar como los MBS) es la deuda unitranche. La deuda unitranche combina en un producto crediticio crédito ordinario o incluso privilegiado especial – CLO, por ejemplo – con crédito subordinado. No es, como el caso de los MBS, un activo a descontar formado por colaterales con riesgos y plazos distintos. Es un derecho de crédito que mezcla clases distintas de deuda – con su importancia a la hora de la ejecución por impago – en aras de una rebaja del tipo de interés. Y su volumen no es menor, sólo en 2013 y en M&A se utilizaron créditos unitranche en Europa por un importe superior a los 10.000 millones de euros. La estimación total superaría los 100.000 millones de euros de crédito unitranche vivo en 2013 en Europa.

Y si nos movemos por el lado del uso de fondos propios las noticias también son halagüeñas. Las recapitalizaciones totales (esto es, canje o conversión de obligaciones en participaciones o acciones) ascendieron a 2.000 millones de euros en 2012, a 6.100 millones de euros en 2013 y a finales de enero de 2014 el volumen ya se situaba por encima de los 1.500 millones de euros.

Los inversores que están trayendo esta financiación a Europa dan cuatro razones que les impulsan a hacerlo: (i) liquidez abundante; (ii) exceso de caja fruto de desinversiones en emergentes; (iii) aumento de las facilidades institucionales a la hora de la concesión del crédito; y (iv) alta demanda de los mercados de deuda – donde recordemos que sólo a emisiones high yield han entrado 7.000 millones de euros en Europa desde enero de 2013 –.

Una vez puesta sobre la mesa la situación de liquidez y aumento paulatino del crédito para grandes empresas a nivel europeo resulta del todo necesario reflexionar por qué tal situación aún no se percibe en España. La respuesta nos la dio recientemente Luis de Guindos al afirmar que nuestra economía presentaba una alta tasa de bancarización. Esto es, los flujos de financiación para empresas y autónomos dependen excesivamente de los bancos nacionales. Además, es una dependencia que se refleja a todos los niveles. Incluso en el denominado shadow banking español: de las últimas 30 operaciones LBO realizadas en España por encima de 500 millones de euros sólo dos no estuvieron financiadas por bancos: la de Geriatros (que la financió ICG) y la de Grupo Cartonplast (que la financió HayFin). El resto se apalancaron sobre los bancos, sobre todo los nacionales (15 operaciones en las que participó el Santander, 14 el BBVA y CaixaBank…). Si comparamos estos datos con Reino Unido salta a la vista lo que comentamos: HIG, ICG, Investec y Bluebay estuvieron en más del 60% de las operaciones LBO. Situación similar ocurre en Alemania, y eso por no hablar de Norteamérica o el Sudeste asiático.

La dependencia española de los bancos es un enorme problema. Cualquier autónomo o pequeño empresario que precise financiación acude presto a la sucursal de su distrito. Financiación que se suele conceder (cuando se concede) bajo garantía hipotecaria de un determinado activo. Piensen en el caso de una persona que quiera abrir una panadería. El banco, sin realizar el menor estudio sobre el negocio, otorgará el crédito si el futuro panadero accede a constituir una hipoteca sobre el horno que piensa adquirir. Y el futuro panadero no podrá acudir a nadie más porque la vía de family & friends en España tiene escasa relevancia y no existen fondos o instituciones destinadas a emprendedores (con la muy sana excepción del fondo de 80 millones de euros que acaba de levantar Ambar Capital para emprendedores).

El problema final es que tenemos un banco con una garantía hipotecaria de un bien mueble que desconoce, dependiendo de los flujos de caja que provengan de un negocio no investigado y sin el know-how necesario para la gestión del impago – si este llegare – o el uso eficiente de los bienes que trabe en embargo para la satisfacción de su deuda: un verdadero caos.

Esta es la principal razón que está frenando la liquidez en España. Nuestro sistema bancario se enfrenta a un stress test que se impulsa desde la Unión Europea en los próximos meses. Si bien es cierto que no hay gran temor frente al mismo (no es un estudio pormenorizado realizado por Oliver Wyman como el de 2012 si no un benévolo test orquestado por la UE), sí que hay ciertas restricciones a observar cuando el mismo se combina con Basilea III. Frente a ello, las grandes empresas acuden a los pocos fondos que se están movilizando a España. Profesionales que realizan un estudio exhaustivo de los negocios antes de prestar un solo euro. Pero su presencia en España es todavía menor.

En conclusión, nos encontramos con un mercado europeo que empieza a notar la liquidez. Los volúmenes suben e incluso van proliferando cierto tipo de productos (como el unitranche) altamente especulativos. En España, mientras el nivel de bancarización siga siendo tan elevado, las vías de inyección de capital a la economía serán escasas. 

Las empresas españolas no tributan al 3,5%

Reza un muy extendido mito que las empresas españolas apenas pagan en concepto de Impuesto de Sociedades el 3,5% de sus beneficios anuales: un escandaloso chollo tributario que contrastaría con la (innegable) asfixia fiscal a la que son sometidas las clases medias y que explicaría los insufribles recortes del gasto público que hemos padecido desde el año 2010.

Ciertamente, se trata de un mito que, a diferencia de otros, sí posee cierta base: la propia Agencia Tributaria nos ofrece datos oficiales para el año 2011 donde se observa que los holdings empresariales apenas le abonaron al Fisco español 3.012 millones de euros sobre unos beneficios contables de 85.948 millones, es decir, el 3,5% que tanto retumba en toda tertulia política que se precie. En cambio, las compañías que no formaron ningún grupo consolidado padecieron una mordida fiscal del 16,7%. Conclusión: las grandes empresas evaden impuestos a través de los holdings y las pymes soportan en solitario la dura carga del Impuesto de Sociedades. Pero que, como decimos, el mito posea una cierta base no significa que se ajuste a la realidad: más bien al contrario, se está haciendo un populista y manipulador uso de estas cifras para justificar la voracidad tributaria de Montoro.

A la postre, si uno observa las cifras con un poco más de detenimiento, comprobará que los grupos empresariales consolidados abonaron un tipo del 3,5% sobre sus resultados contables positivos; ahora bien, sobre su base imponible positiva los holdings pagaron el 17,7%, una cifra muy cercana al tipo que soportaron las empresas que no formaron parte de ningún grupo (19,2%). Pero, ¿en qué se diferencia el resultado contable de la base imponible? El Impuesto de Sociedades no se paga a partir del resultado contable, sino de la base imponible, la cual se calcula aplicando al resultado contable los ajustes extracontables que establece la ley. En el caso que nos ocupa, los dos ajustes que contribuyen de un modo más notable a minorar un beneficio contable de 85.948 millones de euros hasta dejarlo en una base imponible de 17.058 millones de euros son dos: los ajustes por consolidación (43.399 millones de euros) y la exención por doble imposición (21.123 millones de euros).

El primero, los ajustes por consolidación, se refiere a las operaciones necesarias para integrar los resultados contables de las distintas sociedades individuales que forman parte de un grupo: al cabo, la golosa cifra de 85.948 millones de euros en resultados contables positivos surge de añadir, sin corrección alguna, los beneficios individuales de cada empresa inserta en un grupo y con un resultado positivo. Pero esta cifra debe ser enmendada especialmente en dos instancias: la existencia de resultados contables negativos por parte de otras empresas que integran ese mismo grupo (si dentro de un grupo se hallan la empresa A y la empresa B, y la primera gana 100 y la segunda pierde 25, el holding ha ganado 75, no 100) y las operaciones entre empresas del grupo (por ejemplo, las distribuciones de beneficios entre empresas del grupo no tributan hasta que son repartidos a terceros).

El segundo, la exención por doble imposición, se refiere a los beneficios que las empresas del grupo han obtenido en países extranjeros y que ya han tributado en el extranjero. Dicho de otra manera, los beneficios contables de 85.948 millones de euros a los que se refiere la Agencia Tributaria son los beneficios obtenidos por el holding en todo el mundo (renta mundial) y sobre los que, en parte, ya ha pagado impuestos allende España, por lo que se les exime de volver a tributar sobre la parte ya gravada. Así pues, no es que el holding no pague impuestos, es que no los paga todos en España: una partida que resultará especialmente significativa en unos momentos de crisis interna en los que, por tanto, los grandes grupos empresariales obtienen porciones crecientes de sus beneficios fuera de nuestro país.

Con estos dos ajustes (y otros de importe mucho menor), el resultado contable positivo de 85.948 millones de euros queda reducido a una base imponible positiva de 17.058 millones de euros y, sobre esos 17.058 millones de euros, los grupos consolidados abonaron en España 3.012 millones de euros, es decir, el 17,7%. Querer que los grupos consolidados tributen sobre todos sus resultados contables equivale a querer que paguen impuestos sobre las pérdidas de parte de sus sociedades y sobre los beneficios que han obtenidos —y por los que ya han tributado— fuera de España.

Pero, ¿cuánto pagan realmente?

Es probable que los argumentos anteriores no resulten del todo convincentes para muchos lectores. De hecho, la razón que suele aducirse para explicar por qué las grandes empresas apenas pagan impuestos es que optimizan su fiscalidad canalizando parte de sus operaciones a través de paraísos fiscales y redistribuyendo sus ganancias entre aquellos países con un menor yugo fiscal. Es decir, lo que podría estar confirmando la explicación anterior es que, en efecto, las grandes empresas se escaquean de pagar impuestos a través de diversas lagunas legales. Pero, ¿es así? Nada más sencillo para verificarlo que acudir a las cuentas anuales consolidadas de los grandes grupos empresariales y calcular cuántos impuestos están realmente pagando sobre los beneficios contables cosechados.

En la siguiente tabla he recogido los beneficios mundiales antes de impuestos que obtuvieron en 2011 las compañías que actualmente forman parte del Ibex 35 así como los impuestos que abonaron en todo el mundo (un impuesto con signo negativo significa que la compañía obtuvo un crédito fiscal).

 

Beneficios antes de impuestos 
(millones de euros)

Impuestos 
(millones de euros)

Tipo efectivo
(sobre resultado contable)

Santander

7.939

1.776

22,4%

Telefónica

6.488

301

4,6%

BBVA

3.770

285

7,6%

Inditex

2.351

580

24,7%

Iberdrola

3.454

549

15,9%

Repsol

4.058

1.514

37,3%

Amadeus

668

213

31,9%

Caibabank

1.159

106

9,1%

Abertis

1.025

249

24,3%

AIG

542

-40

 

Bankia

-4.369

-1.339

 

Popular

444

-39

 

Ferrovial

440

61

13,9%

Sabadell

187

-48

 

Gas Natural

2.022

496

24,5%

Grifols

80

29

36,3%

REE

683

223

32,7%

ACS

1.243

181

14,6%

MAPFRE

1.636

414

25,3%

Enagás

520

155

29,8%

Bankinter

240

58

24,2%

DIA

177

83

46,9%

ArcelorMittal

2.680

882

32,9%

Mediaset

151

38

25,2%

OHL

542

194

35,8%

Bolsas y Mercados Españoles

219

63

28,8%

Técnicas Reunidas

155

19

12,3%

Ebro Foods

143

-9

 

Indra

233

52

22,3%

Jazztel

37

-12

 

Gamesa

69

18

26,1%

Acciona

224

53

23,7%

Viscofan

127

26

20,5%

Sacyr

-2.141

-539

 

FCC

54

27

50,0%

Es fácil observar que la mayoría de compañías sufren un carga fiscal superior al 20% y, desde luego, muy por encima del tan popularizado 3,5% (algunas excepciones como Telefónica o BBVA son meramente coyunturales, ya que en 2010 abonaron tipos superiores al 20%). De hecho, si agregamos todos los resultados contables positivos y sacamos el tipo medio efectivo del conjunto de empresas, llegamos a la conclusión de que, en 2011, las empresas del Ibex 35 soportaron una carga fiscal del 19,5%… dieciséis puntos más de lo que suele predicarse (y, para más inri, por encima del tipo efectivo que abonaron las empresas que no integraron un holding): en concreto, su resultado contable agregado fue de más de 43.000 millones de euros y los impuestos pagados superiores a 8.500 millones. Por supuesto, lo anterior no significa que estos 8.500 millones de euros se ingresaran a las cuentas del Fisco español, sino que se los pagaron a algún gobierno del resto del mundo: en otras palabras, fueron más de 8.500 millones de mordida fiscal arrebatados a sus legítimos propietarios. 

A la vista está, pues, que el tan manido tipo efectivo del 3,5% constituye una grosera distorsión de la realidad dirigida a justificar el insaciable apetito tributario del Estado. Las mayores empresas de España pagaron en 2011 un 19,5% de impuestos sobre su resultado contable positivo. Teniendo en cuenta que el tipo medio efectivo del IRPF de 2010 (último dato conocido y anterior a la mordida del PP) fue del 17,34% (y en rentas de hasta 18.000 euros, inferior al 10%), no parece ser cierto que las empresas se estén yendo de rositas mientras los salarios son esquilmados fiscalmente. La realidad es que tanto beneficios como salarios están siendo esquilmados por el Estado: ojalá fuera cierto que todos, empresas y trabajadores, pagáramos el 3,5% de impuestos. Pero para ello necesitaríamos una revolución liberal que reformulara el mastodóntico modelo de Estado que sufrimos.

Contra las legislaciones de protección de datos

A poco de la celebración de unas elecciones al Parlamento Europeo, otra de las instituciones fundamentales de la Unión Europea, su Tribunal de Justicia constituido en Gran Sala, ha vuelto a poner de manifiesto los derroteros liberticidas que los poderes públicos de la UE impulsan al amparo de un intervencionismo asfixiante que regula y manipula todos los aspectos de la vida.

Me refiero al dislate plasmado en la sentencia del pasado 13 de mayo, que da respuesta a las cuestiones prejudiciales de derecho comunitario que elevó la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional española, en el asunto de la Agencia de Protección de datos española y Mario Costeja González contra el buscador de Internet por antonomasia: Google.

Vaya por delante, frente a lo que sostienen algunos euroescépticos, que en esta materia, como en muchas otras, no es el tamaño del Estado o la federación lo que conduce al recorte de las libertades. Antes al contrario, el triunfo de la hiperregulación en Europa se produce en todas las instancias gubernamentales, desde el Ayuntamiento más pequeño a la organización supranacional, pasando por los gobiernos intermedios. Los ataques a la libertad se pretenden justificar con la invocación de intereses generales superiores, tales como la recaudación de impuestos, la lucha contra el terrorismo y la prevención del blanqueo de capitales; y el pretexto de la protección de derechos individuales, como el derecho a la intimidad.

A este respecto cabe recordar que ya la Constitución española de 1978 (Art. 18.4) anunció que la Ley limitaría el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Un aserto que no ha impedido que, durante los años transcurridos, el estado haya impuesto a individuos y empresas crecientes obligaciones formales de informarle sobre aspectos íntimos de sus vidas que, obviamente, no tenían otro destino que ser tratados por medios informáticos muy sofisticados. Por ejemplo, con solo teclear el famoso número de identificación fiscal (NIF) que debe de tener todo ciudadano, una legión de funcionarios y empleados al servicio de distintas administraciones públicas puede radiografiar sus ingresos y patrimonio, así como la existencia de procedimientos administrativos de ejecución de deudas tributarias (que no precisan de autorización judicial) o de la seguridad social contra la persona natural o jurídica en cuestión. Por mucho que se quiera desviar la atención contra quienes se dedican de forma declarada al procesamiento de ciertas informaciones que bien deben solicitar (no exigir) o bien obtener de fuentes abiertas (públicas o privadas) los principales violadores de la intimidad de las personas no son otros que los poderes públicos. Su obligación de confidencialidad no desvirtúa el hecho evidente de que el cúmulo de datos de que disponen les hace especialmente propensos a las filtraciones y el desvío de la información para usos ilícitos, además del intrusivo que ya caracteriza de por sí a los ficheros públicos.

Pues bien, en paralelo a esa expansión estatal, desde finales del siglo XX, la homogeneización y coordinación de los sistemas jurídicos de los países europeos se vio reforzada por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En cuanto más atañe al caso examinado, se ha encomendado a las Agencias de Protección de Datos nacionales la inspección (y sanción en su caso) del cumplimiento de unas legislaciones de protección de datos, que contemplan ( Art. 12 b) ) la garantía a los interesados de un denominado “derecho” de obtener del responsable del tratamiento de datos la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a la Directiva, así como un denominado derecho de oposición (Art. 14 a) del interesado a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa.

Es cierto que después de que Google recurriera la sanción de la Agencia de Protección de datos española ante la Audiencia Nacional (que, a su vez, planteó al TSJUE la consulta sobre la interpretación de las disposiciones de la directiva de marras) ha sorprendido que el tribunal contradiga la opinión del Abogado general de la Unión Europea. En un momento procesal anterior, ésta manifestó que Google está sujeta a la legislación de la UE sobre tratamiento de datos y protección de la intimidad, pero no obligada a eliminar la información sensible de su índice de búsqueda, “siempre que el proveedor del servicio no indexe o archive datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web”.

Sin embargo, con un “derecho” aplicable dado por esa Directiva 95/46 -traspuesta al Derecho español por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal- una vez asumido que el buscador resulta responsable del “tratamiento de datos”, no puede sorprender que el tribunal llegue a la conclusión de que, si el interesado lo solicita, esté obligado a eliminar los enlaces a páginas webs publicadas por terceros que contengan información relativa a su persona, aunque este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de esas páginas web y la publicación fuera lícita.

En suma, que la raíz de este ataque desproporcionado contra la labor de catalogación y almacenamiento de información que realizan los buscadores de Internet no reside en una interpretación jurídica alocada de las normas aplicables, sino en la propia vigencia formal de una directiva y de unas legislaciones nacionales que deberían derogarse en sus actuales términos.