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Autoconsumo energético libre

Con el pretexto de la singularidad de Canarias, se ha constituido aquí un paraíso dentro del sistema eléctrico para algunas compañías del sector. Todas las inversiones en generación eléctrica en Canarias tienen asegurada una rentabilidad «adecuada». Si los precios de la electricidad en los mercados no aseguran ese beneficio, el Estado lo compensará, cosa impensable e inverosímil en cualquier lugar de la Península o del resto de Europa.

Esta compensación tiene dos partes, una para las inversiones en activos ya realizadas y otra por cada megavatio-hora producido. Además, estas contrapartidas no se calculan en base a los costes reales de las eléctricas, sino por una serie interminable de fórmulas e índices que hacen del cálculo un ejercicio tortuoso solo accesible a los burócratas.

Pues bien, conocemos que los MWh a producir y consumir previstos en 2014 en Canarias, sin tener en cuenta la retribución de las instalaciones ya construidas, deberán ser compensados por el resto de españoles, ya sea a través de los Presupuestos Generales del Estado o de los precios de la electricidad con un total de 639 millones de euros según el informe publicado en enero por la CNMC.

Es decir, la energía en Canarias está subvencionada en esa monstruosa cantidad y podría ser aún mayor si en 2020 se llega al 36% de producción eléctrica con un mix de renovables tal como pretende el Gobierno canario, pues este tipo de fuentes son más caras en un sistema ineficiente de red como el que tenemos, tal como mencioné en mi último artículo.

Sin embargo, dada esa singularidad canaria, las renovables podrían ser una buena oportunidad para rebajar dicha carga, pero no imponiéndolas en el sistema actual como quieren sus lobbys o muchos ecologistas radicales, pues esto empobrecería al conjunto de la sociedad, sino a través del autoconsumo, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos.

Este hecho podría ahorrar una parte proporcional sobre esos 639 millones de euros, correspondiente a la energía autoconsumida. Sin embargo, si esta práctica se generalizara en la Península, los peajes de consumo, que son la fuente de recaudación para el pago de los cerca de 25.000 millones de euros del déficit tarifario, quedarían estrangulados, con lo que el sistema colapsaría y se pondría en peligro el cobro de las primas e incentivos recibidos por las empresas de producción de energía renovable, el Gobierno tendría que asumir el pago del déficit tarifario y las empresas eléctricas bajarían sus ventas a los consumidores domésticos y su facturación y rentabilidad caerían en picado.

Por ello, el Gobierno de España, aprobó en diciembre de 2013 innumerables trabas y multas, que podrían ir de los 600.000 a los 60 millones de euros, para todos aquellos que osaran acogerse al autoconsumo energético.

El Gobierno de Canarias, por una vez, debería defender la libertad de los isleños y reclamar el derecho a autoabastecerse energéticamente y el ministro Soria podría eliminar los peajes abusivos y el resto de trabas burocráticas y favorecer el autoconsumo, al menos en las Islas, como posibilita el artículo 9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, pues esto al menos ayudaría a reducir el enorme déficit tarifario y sobre todo sería una victoria de la libertad de los ciudadanos.

Nacionalismo y liberalismo, incompatibles por necesidad

No es raro encontrar en diversos lugares del mundo partidos políticos y otro tipo de organizaciones, como asociaciones de distinta naturaleza, que defienden tener la doble característica de liberal y nacionalista. Sobre lo primero, suelen defender en sentido amplio la libertad tanto económica como en otros aspectos de la vida de los ciudadanos. En cuanto lo segundo, hay dos opciones.

En unos casos son adalides de una supuesta ‘construcción’ nacional que se traduce en la búsqueda de la creación de un Estado propio para el conjunto de territorios que ellos identifican como propios de lo que consideran su ‘nación’ (lo cual puede lograrse mediante la secesión de un Estado, la unificación de varios o la segregación de territorios de diversos Estados para configurar uno nuevo). En otras situaciones, lo que proclaman es el mantenimiento de la ‘identidad nacional’ de una entidad política ya existente (a la que se pretende mantener en sus fronteras actuales o incluso se quiere expandir territorialmente con diversas excusas).

Aunque se trate de argumentar que nacionalismo y liberalismo son compatibles, en la práctica no lo son en absoluto. La ‘construcción nacional’ o el ‘fortalecimiento de la nación’ son procesos necesariamente colectivistas, en el sentido de que el centro de toda la acción es un sujeto colectivo al que se le dota de supuestos derechos y se le pretenden dar teóricas libertades. Y esto siempre choca de forma frontal con la libertad individual, que de hecho es la única que merece ser llamada y considerada como libertad.

Cuando alguno de esos partidos que pretende ser al mismo tiempo liberal y nacionalista obtiene el poder, se ve que termina primando lo segundo sobre lo primero. Así, establece o mantiene políticas destinadas a premiar el uso de una lengua sobre otras, llegando a castigar el uso de un determinado idioma. No se conforman en esto con regular los usos lingüísticos en cuestiones como la relación con la Administración, sino que entran en ámbitos privados (multar por rotular un negocio en determinado lenguaje y no en otro o castigar a los niños por la lengua que utilizan en el patio del colegio).

También se crean, por ejemplo, potentes medios de comunicación públicos destinados a adoctrinar a la ciudadanía, al tiempo que dedican mucho dinero público a subvencionar periódicos, radios, televisiones y sitios webs privados a cambio de sumisión al poder y su proyecto nacionalista. Por supuesto, no falta la creación de organismos de control, con poder sancionador incluso, destinados a perseguir a aquellas empresas periodísitcas que mantienen su independencia de criterio. En ocasiones, incluso, se llegan a elaborar informes y listas sobre periodistas ‘amigos’ y ‘enemigos’ (pueden usar otros términos que vienen a decir lo mismo). Nada de ello resulta liberal en absoluto.

Si todo lo anterior puede resultar exagerado, ha de pensarse que eso está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña. Esas son algunas de las políticas de una Convergència Democràtica de Catalunya que se define a sí misma como liberal y está inmersa en la construcción de una nación independiente catalana, para lo que no duda en hacer algo tan antiliberal como gastar ingentes cantidades de recursos públicos en adoctrinar a la ciudadanía y difundir por todo el mundo sus planes.

No vamos aquí a negar que sea posible un independentismo liberal. Al contrario, es perfectamente factible. Hay un ejemplo muy claro de ello: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Amércia –el progresivo alejamiento del sistema político de ese país de sus ideales liberales fundacionales es una cuestión diferente–. En ningún punto de este texto se alude a la existencia de una nación para justificar su separación de la Corona de Inglaterra. No se menciona la protección de la identidad nacional, o su construción, como el motivo de la secesión. Todo el texto gira en torno a la necesidad de liberarse de una tiranía y a la búsqueda de la libertad. No tiene nada que ver con el nacionalismo.

El independentismo liberal es posible, siempre que el objetivo sea limitar la capacidad de coacción del poder político sobre los ciudadanos. De hecho, en teoría también sería posible que un territorio se uniera a otra entidad estatal existente de la que no forma parte (o se juntaran varios Estados para crear uno nuevo) con el objetivo de lograr unas mayores garantías de libertad individual. Lo que nunca podremos encontrar es un nacionalismo liberal.

¿Con qué se limpian la nariz los políticos y las políticas?

Con las mujeres. Con las mujeres cada vez que pueden y, si no surge, pues con los niños, enfermos y necesitados. Pero siempre hay un desliz, un gesto, una excusa relacionada con nosotras, las mujeres, que permite a los políticos y a las políticas usarnos de kleenex, limpiarse los mocos y tirarnos al suelo al terminar. Y si te he visto no me acuerdo. Hablo del affaireCañete/Valenciano, efectivamente.

Esa manía del debate a toda costa

Los políticos españoles no son como los de las series de televisión estadounidenses. No hay un Kevin Spacey paseándose por las alfombras de nuestro Parlamento. Y menos los de segunda división, la europea, donde pelean los políticos que se han quemado en el ruedo nacional o aquellos con nombre propio pero demasiado “mantas” para seguir en primera fila. Esa es la arena del duelo Cañete/Valenciano, la segunda división de la política.

Paradójicamente, todo el mundo, empezando por los medios de comunicación, los analistas, terminando por los propios políticos, dispone de una segunda lectura, una interpretación alternativa de las elecciones europeas. Representan el pulso del electorado y eso es importante de cara a las municipales y autonómicas del 2015. Hay que hacer campaña como si no fueran europeas. Y así se explican eslogans como el de “hacer una Europa más andaluza” de Elena Valenciano. Frase bien desafortunada, por cierto, dados los datos económicos y los escándalos de corrupción que brotan en toda la región andaluza. Así que hay que salir a escena y pelear como si nos fuera en ello el futuro de nuestro partido, inlcuso si no es así, porque restregar al otro una victoria ya es desmoralizante. Es como meter un gol en los dos primeros minutos, que tampoco decide el partido pero escuece un montón y, supuestamente, desmoraliza al contrario. Supuestamente, digo, porque yo he visto venirse arriba a un equipo precisamente espoleado por un gol del contrario en los primeros minutos del partido. Así que lo mismo gana uno de los dos grandes las europeas y los votantes del otro que se han abstenido por castigo, desidia o por lo que sea, se espabilan para las siguientes y votan en masa.

En medio de todo ese nerviosismo y toda esa confusión, a ambos partidos se les ocurre la feliz idea: “¡Hagamos un debate!”. Y los dos candidatos, jaleados por los directores de comunicación, salen al plató pensando que son Indira Gandhi y Winston Churchill y van meterse a la gente en el bolsillo. Pero la realidad es que la gente estaba viendo otro debate (el del reality Supervivientes) y ellos son solamente ellos, Cañete y Valenciano. El resultado es patético.

Un resbalón, dos en el barro

No es de extrañar que, ante una consigna “arriolana” tipo “Nunca reconocer una derrota en debates y elecciones”, Miguel Arias Cañete se saliera por la tangente, como otros, como tantos, y diera un resbalón de los históricos. Tan monumental como el comentario acerca del Prestige del insigne profesor socialista madrileño.

Lo más grave es que, a continuación, Elena Valenciano se ha erigido, con esa superioridad moral de la izquierda que tan mal llevo, en representante única de las mujeres, de todas, como si ser mujer y socialista fuera lo mismo con su frase: “Ha quedado claro que si gana Cañete perdemos las mujeres”. Como si las mujeres fuéramos imbéciles y no supiéramos diferenciar una metedura de pata de una actitud machista de verdad. Porque igual Cañete es solamente torpe, a lo mejor luego es un tipo considerado con las mujeres. Por la misma razón que a nadie se le ocurrió que si no ganaban las elecciones los socialistas fueras a hundir otro Prestige. Porque la gente tiene cierto discernimiento. A pesar de ello, los políticos continúan utilizando a las mujeres como estúpidas, como si fuéramos un pañuelito de papel de usar y tirar, con el que uno se limpia la nariz y nada más. Y lo malo es que hay muchas que se lo creen.

Y así es cómo los dos candidatos han hecho una exhibición lamentable de sus “talentos”. Cañete tiró por la borda su mejor baza, que maneja el tema europeo mejor que Valenciano, y Elena se ha agarrado, sin necesidad, a un clavo ardiendo y se está quemando las manos con esa actitud enconada de salvapatrias. Y la cosa sigue.

Conclusión: ganan los partidos alternativos y, sobre todo, quienes no pensábamos votar nos cargamos de razones. De aún más razones.

Los suizos no necesitan un salario mínimo

Suiza acaba de rechazar por referéndum el establecimiento de un salario mínimo legal de 4.000 francos suizos mensuales, el equivalente a unos 3.270 euros. Algunos sacralizarán el rito electoral del referéndum al margen del resultado obtenido; otros apreciamos ese resultado (o aquel otro en el que rechazaron el establecimiento de un salario máximo) como una clara exteriorización de la madurez institucional de una sociedad que ha alcanzado elevadas cotas de prosperidad precisamente porque esa madurez ha impedido una involución populista de sus instituciones.

Pues, en efecto, la legislación que busca imponer un salario mínimo interprofesional es una forma de populismo normativo. Tal como explico en Una revolución liberal para España, la imposición legal de un salario mínimo no contribuye a aumentar las remuneraciones salariales percibidas por los trabajadores de un país: al contrario, sus efectos tienden a ser destrucción neta de empleo (o al menos una desaceleración en el ritmo de nuevas contrataciones), reducción de los ingresos de los trabajadores menos cualificados e incremento del número de familias bajo el umbral de la pobreza.

En contra de la propaganda dominante, la legislación del salario mínimo no es necesaria para lograr un salario creciente para el conjunto de la población. El EEUU del siglo XIX nos proporciona un ilustrativo ejemplo: el salario real de los estadounidenses se multiplicó por cuatro entre 1820 y 1914 sin necesidad de que los políticos lo decretaran. Otro ejemplo más actual nos lo proporciona, justamente, Suiza: la Confederación Helvética carece de un salario mínimo normativo, a escala confederal y cantonal (si bien a partir de 2015 el cantón de Neuchâtel dispondrá de uno); por su parte, los convenios colectivos sí imponen remuneraciones mínimas para las distintas profesiones, pero la mitad de la población suiza no se halla protegida por alguno de ellos. ¿Resultado? El salario mediano (que no medio) de Suiza en 2012 fue de 6.118 francos suizos, esto es, unos 5.000 euros mensuales; asimismo, el primer cuantil salarial (el salario más alto del 25% de los trabajadores suizos que menos cobra) fue de 4.771 francos suizos, esto es, unos 3.900 euros mensuales. Desde 1990, los salarios reales se han incrementado en casi un 50%. 

¿Cómo es que los empresarios suizos no se han dedicado a explotar impunemente a los trabajadores suizos no sindicados pagándoles salarios de miseria? Pues porque no es la legislación estatal lo que hace crecer sostenidamente los salarios, sino el respeto a la propiedad privada, la acumulación de capital y la competencia empresarial. En contra de lo que suele pensarse, Suiza no es rica por ser un centro financiero internacional, sino que es un centro financiero (y no financiero) internacional por las mismas razones por la que es rica: estabilidad institucional, ortodoxia monetaria, apertura comercial, tributación relativamente baja y mercados más libres que en su entorno.

Si los españoles deseamos llegar a cobrar en algún momento futuro salarios tan elevados como los suizos deberemos emularlos en los factores que explican las bases de su prosperidad y no pensar ingenuamente que un decreto suscrito por Fátima Báñez, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Juan Rosell para fijar un salario mínimo de 3.270 euros mensuales puede abrirnos las puertas del Edén. No, en todo caso nos abriría, aún más, las compuertas del infierno. El salario mínimo legal es una prohibición regulatoria a trabajar y España no puede permitirse, especialmente en momentos como los actuales, prohibir trabajar. El objetivo de incrementar sostenidamente las remuneraciones de los trabajadores es muy loable y harto deseable: pero para aumentar todos los salarios de una sociedad, incluyendo los más bajos, se necesita más libertad, más ahorro, más inversión y menos impuestos, no más regulaciones.

Una ‘condena’ sin sentido

¿Se imaginan ustedes que mañana España entrara en guerra con Francia? Sí, es difícil plantearse la cuestión, pero piensen por un momento que los galos nos invaden y, como represalia, deciden llevarse al 5 o al 10% de nuestros jóvenes más preparados y encerrarlos en una fortaleza, en una isla, durante 5 años. Su régimen penitenciario sería el siguiente: estarían encerrados en sus celdas durante 10 ó 12 horas al día (más las 8 que dedicarían a dormir y las 2 en las que estarían en la cantina de la prisión apenas tendrían 2-3 de tiempo libre); y este horario se repetiría todos los días de la semana, excepto el domingo, en el que les permitirían salir a dar un paseo por los alrededores.

Bien, dejen de imaginárselo. Probablemente no habrá una guerra con Francia en los próximos años. Y para lo demás, no hace falta demasiada fantasía. Porque el resto del relato está bastante cerca de la realidad diaria de decenas de miles de veinteañeros españoles. No es culpa de un malvado general sediento de venganza. Es la Administración española la que ha decidido condenar así a aquellos que tienen el atrevimiento de querer trabajar para el sector público, especialmente si quieren entrar en los niveles más elevados… y lo llama oposición.

Desde un punto de vista económico, el análisis de este sistema de selección no tiene ningún sentido. Tenemos a un grupo de jóvenes de entre 22 y 25 años con vocación de servicio público y con un grado de madurez, inusual para su edad, que les permite plantearse su futuro laboral a medio plazo. La mayoría están bien formados y están dispuestos a ciertos sacrificios mientras sus amigos comienzan a ganar sus primeros sueldos. 

La sociedad española, egoístamente, debería estar deseosa de exprimirles, de sacarles el jugo en sus cinco-seis primeros años de vida activa y aprovechar sus energías. Cuanto antes se pongan manos a la obra, mejor. Tenemos un problema de productividad, que es aún más acuciante en el sector público. Nadie mejor que un tipo con 25 años responsable y con muchas ganas para elevarla un poquito. ¿Pero qué hacemos? Encerrarles cinco años en una habitación. Y ni siquiera podemos apelar a la Convención de Ginebra.

¿Premio al esfuerzo?

Paradójicamente, éste es un tema del que casi no se habla en el discurso público. Ni siquiera entre los afectados. Los opositores parecen resignados a su suerte. Este columnista no recuerda encuestas sobre la cuestión, pero tiene la sensación de que, si le preguntasen, la mayoría de la población española estaría de acuerdo con el actual formato. Sus defensores hablan de premiar a los mejores, objetividad en la selección, incentivar el trabajo duro o formar bien a los futuros cuadros de la administración. Es sorprendente que tantos errores estén tan extendidos.

Por eso, nada apunta a que esta cuestión esté en la agenda del Gobierno. Hay en marcha una anunciadísima Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) pero no parece que vaya a llegar a las pruebas de acceso del funcionariado. Ni siquiera en la abundante literatura regeneracionista que ha surgido en España con la crisis ocupa este tema un lugar destacado. Hay excepciones, como los interesantes artículos que Jesús Fernández Villaverde y Pablo Ibáñez Colomo publicaron hace un par de años en Nada es gratis, pero casi nadie parece preocupado en exceso. Es un derroche de recursos evidente, pero ocupa muchas menos páginas en los medios que las estaciones del AVE vacías o los chiringuitos autonómicos. Al fin y al cabo, no es ladrillo, sólo capital humano.

El primer equívoco está en equiparar la exigencia del proceso selectivo a su dureza o su duración. El segundo reside en pensar que el estudio de la oposición debe servir para preparar al candidato para el puesto que tiene que ocupar. Ninguno de estos dos presupuestos tiene por qué ser cierto.

Las mejores instituciones académicas del mundo seleccionan a sus candidatos por sus aptitudes, con pruebas tremendamente exigentes, que sólo una exigua minoría logra aprobar. Fernández Villaverde e Ibáñez Colomo proponen "test estandarizados que miden la capacidad de razonamiento verbal y numérico" y para los que una preparación de tres semanas es más que suficiente. Es una opción muy buena, más aún si se complementa con pruebas en las que los aspirantes tengan que enfrentarse a situaciones similares a las que se encontrarán en su puesto de trabajo.

En realidad, en el diseño de las pruebas hay muchas alternativas, pero el objetivo debe ser reclutar a los mejores, no sólo a los que dispongan de la paciencia o la capacidad económica para aguantar cinco años y pagarse una academia.

Luego, una vez se haya filtrado a los candidatos, será el momento de prepararles con algún curso similar a un máster, en el que habría que mantener un elevado nivel de exigencia. En la actualidad, ya se hace y para numerosos puestos de la administración hay que realizar un curso post-oposición. Nada impide que se siga haciendo. Además, estos estudios pueden servir para fijar los destinos y premiar a aquellos que más se esfuercen.

Pero para llegar hasta ahí no hace falta un artificial filtro que mantenga a miles de jóvenes inactivos durante un lustro. Por no hablar de que aquellos que no pasen la prueba no perderán el tiempo en una labor que luego nadie les reconocerá (un tema que nunca se toca es qué pasa con los opositores fracasados).

También cabría preguntarse si son la memoria y la paciencia las cualidades principales que deben valorarse para los trabajadores públicos de primer nivel. Para ser un buen juez, un inspector de Hacienda o un abogado del Estado no hay por qué saberse de pé a pa cientos de temas que en muchos casos nunca tendrá que aplicar. Y eso por no recordar algo tan evidente como que las leyes no son inmutables. De qué sirve que un candidato cante de forma perfecta las claves de una norma que puede cambiar en cualquier momento. De hecho, no hay más que escuchar las lógicas quejas de los opositores cuando a mitad del proceso les cambian la legislación. Buena parte del trabajo hecho, tirado a la papelera.

Como apuntan Fernández Villaverde e Ibáñez Colomo: "La preparación de oposiciones en España tiene poco que ver con la realidad del trabajo de un funcionario en la medida en la que evalúa otras destrezas. (…) El mejor proceso de selección es el que es capaz de identificar a los candidatos que mejor vayan a desempeñar su trabajo. Que un proceso de selección proporcione más o menos conocimientos es del todo irrelevante".

Al final, las oposiciones para los altos niveles administrativos son procesos muy largos y con una tasa de éxito relativamente pequeña. Hace un par de años, Libre Mercado publicaba un artículo sobre la situación de los funcionarios y la lógica que hay detrás de su proceso de selección. En lo que respecta a los exámenes de acceso, las cifras eran desalentadoras: "Por ejemplo, una persona que comience abogado del Estado, a los cinco años sólo tiene un 20% de posibilidades de haber aprobado; por el contrario, un 16% aún sigue presentándose y un 64% ha abandonado. Los que aprueban no son sólo los más preparados, sino también los más constantes". Cuántos talentos con vocación habrán desistido (o ni siquiera habrán comenzado el proceso) ante esta perspectiva. O, por decirlo de otra manera, ¿es ésta la mejor manera de atraer a los jóvenes más ambiciosos o inquietos?

Ni siquiera existe la excusa de la igualación con los países de nuestro entorno. El método español es la excepción, no la norma, como puede verse en el documento realizado por el Gobierno español durante nuestro último semestre de Presidencia de la UE en 2010. En este informe, se describe el estatus y el proceso de selección del funcionariado en los 27.

Sí, la contratación del sector público debe ir ligada a controles y debe impulsar la meritocracia. Son los mejores los que deben acceder a los puestos en disputa, no los que tengan menos conexiones. En este sentido, es evidente que el modelo español limita el favoritismo. Lo que no está nada claro es que para conseguir este resultado haya que imponer a nuestros mejores jóvenes una condena tan injusta como absurda.

** Para la realización de esta columna, pedimos ayuda a algunos españoles que han opositado en los últimos años a puestos de la Comisión Europea. Estas pruebas son extraordinariamente exigentes y muy disputadas. Miles de candidatos de los Veintisiete se presentan cada año y el número de plazas en juego es bastante reducido. Por su interés, reproducimos a continuación la experiencia de una de estas opositoras (que aprobó las pruebas con una de las mejores notas de su promoción):

"En la Comisión reformaron el sistema de oposiciones en 2010. Antes evaluaban mayoritariamente conocimientos teóricos, al estilo español. Consistía en el aprendizaje de un temario que ni siquiera estaba específicamente definido (como al menos suele ser en España). Con el nuevo sistema introducido, la evaluación se centra en diferentes competencias. En mi caso la oposición se desarrolló en dos etapas:

1. Test de razonamiento verbal, numérico y abstracto (generalmente se realiza en la lengua materna del candidato): es un test informatizado, en el que en cada pregunta te dan 4 opciones a elegir una. Es tipo psicotécnico. Miden agilidad en lógica verbal, lógica, cálculo matemático y razonamiento abstracto. En esta etapa aprovechan para hacer la mayor criba, ya que se presentan miles de candidatos y sólo pre-seleccionan, como máximo, a un número tres veces mayor que el de plazas disponibles.

2. Lo que llaman el Assessment Center. Es en la segunda lengua elegida por el candidato (en mi caso fue el inglés). Fueron varios ejercicios que se realizaron en dos fechas diferentes y en los que se evalúan específicamente las competencias definidas como relevantes para las plazas:

  • Ejercicio escrito (en mi caso en ordenador): te presentan un caso similar a uno real. Te dan un dossier con documentos con una situación de trabajo similar a la que podrías encontrar en el puesto al que aspiras. Te piden que hagas un análisis de la situación y propongas propuestas concretas como ya si estuvieras representando a la Comisión. Todo en un plazo de tiempo bastante corto (entre hora y media y dos horas).
  • Un ejercicio de grupo oral: había cuatro examinadores observando. El ejercicio incluía a siete candidatos, a los que nos presentaron un dossier en papel, con información de otra situación muy similar a una real de trabajo. A cada uno le asignan un rol de representación e información adicional diferente de la de los otros. El objetivo del ejercicio es discutir y llegar a una propuesta conjunta en representación de la Comisión.
  • Dos entrevistas orales (con dos examinadores en cada una de ellas): en estos encuentros hay preguntas más particulares sobre las competencias que se evalúan, la experiencia y los conocimientos teóricos y prácticos específicos de la oposición a la que te presentas.

En mi caso, las capacidades que se evaluaban eran análisis y resolución de problemas, comunicación (oral y escrita), capacidad de obtener resultados de calidad, aprendizaje y desarrollo, priorización y organización, resistencia y recuperación, trabajo en equipo, liderazgo. Además de estas competencias generales, hay una serie de competencias específicas. Por ejemplo, para mi puesto eran conocimientos y experiencia en cooperación al desarrollo y en la política exterior común de la UE. En general, todas las oposiciones siguen la misma estructura, aunque algunos ejercicios cambian. He de reconocer que quedé positivamente sorprendida con el proceso. No fue nada fácil, aunque lo había preparado, pero me agradó ver que con los ejercicios se fomentaba el análisis y se replicaban situaciones de trabajo muy creíbles y reales".

Evitemos la próxima crisis de deuda

“Central banks, no matter how clever, cannot prevent crises”. Larry Elliott

Caer en la complacencia y la euforia tiene enormes riesgos cuando la recuperación es tan frágil.

Mientras Alemania y España mostraban ser los únicos motores de crecimiento de la Eurozona en el primer trimestre, la deuda pública ha seguido aumentando hasta casi un 95% sobre PIB entre los países del euro. Lo comentábamos en octubre, la deuda sí es el problema. Dejarse llevar por la caída de las primas de riesgo a mínimos de la serie histórica sin atacar de manera agresiva el gasto y el endeudamiento hace que ciertos “sustos” cobren especial relevancia. Son una señal de alerta.


El jueves, las primas de riesgo se disparaban en toda la Eurozona –en algunos casos hasta un 16%- ante el rumor –posteriormente desmentido- de que el Gobierno griego podría imponer un impuesto retroactivo sobre los inversores en bonos soberanos

En el mercado hay miedo a un retorno de las políticas intervencionistas por parte de gobiernos que piensan que las inversiones son donaciones. Y ocurre cuando esos mismos gobiernos se entregan a la complacencia de que “lo peor ha pasado” y empiezan a hablar, debate tras debate pre-electoral, de gastar y aumentar los déficits.

No se nos debe escapar que este repunte agresivo de las primas de riesgo coincidía a su vez con los mensajes de Jens Weidmann del Bundesbank apoyando posibles estímulos monetarios del banco Central Europeo, que analizábamos hace unas semanas aquí. Así que nadie puede echarle la culpa a Merkel y los socorridos chivos expiatorios germanos tan queridos por nuestros defensores de “la culpa es de todos menos mía”. Es una prueba adicional de que la caída de la rentabilidad de los bonos europeos ha tocado fondo. Mucho cuidado con la burbuja de bonos ya que, con o sin estímulos del BCE, alcanza niveles de saturación. 

El episodio del jueves es un “susto” puntual que no debemos ignorar, como cuando nos sale un lunar sospechoso. Los Estados están demasiado cómodos ante una trampa de exceso de liquidez de 180.000 millones de euros en Europa, añadido al dinero que sale de mercados emergentes y entra en los mercados europeos tras disiparse el riesgo de ruptura del euro. Este exceso de liquidez lleva a perpetuar la burbuja de bonos, y los Estados ignoran los errores de caer en ella. Estamos preparando la siguiente crisis si caemos en dicha trampa. No se soluciona reduciendo el aumento del déficit y echándose a dormir, sino recuperando los límites establecidos -3% déficit y 60% deuda/PIB-.

¿Por qué? Porque debemos evitar tirarnos en plancha y sin flotador a ese mismo escenario que criticábamos en 2010-2011, la dependencia de los "malvados" mercados, a los que hoy adoramos porque compran nuestros bonos a un tipo de interés similar a Estados Unidos y a los que maldeciremos el día que los vendan. La actitud pro-cíclica de los Estados de utilizar las épocas de bonanza crediticia para endeudarse más es el error de la cigarra.

En una conversación con Bloomberg me preguntaban si nos enfrentamos a un cambio de tendencia para los bonos españoles o simplemente a una toma de beneficios. En mi opinión, es una combinación de ambos factores. Los inversores han pasado de no tener nada de deuda europea en sus carteras a estar sobreponderados. Ha sido una inversión adecuada, pero como todo, tiene un recorrido. Además siempre es un riesgo mantener bonos europeos en medio de unas elecciones en las que los candidatos tienden a dar mensajes agresivos y populistas.


Los bonos periféricos deberían cotizar a una prima baja, como explica el grafico cortesía de Goldman Sachs, al reducirse el riesgo sistémico europeo. Las dudas sobre la banca y el euro son mucho menores. Sin embargo es incuestionable que existe un entorno de complacencia cuando las primas de riesgo caen a mínimos históricos mientras la deuda sube y los déficits siguen sin ajustarse adecuadamente. El mercado de bonos es siempre una comparativa entre riesgos equiparables y el de la periferia simplemente no es equiparable al de Estados Unidos o Reino Unido.

Comentaba ya hace unos años que no se sale de una crisis de la mano de las mismas medidas que la crearon: un endeudamiento excesivo y gasto muy por encima de las posibilidades de la economía bajo el mantra de “invertir en la recuperación”. Si la crisis de endeudamiento saltaba hace siete años con una OCDE que superaba el 300% de PIB de deuda total –pública y privada-, estamos saliendo de ella con un 350%. Y, además, estamos trasladando riesgo a unos bancos centrales descapitalizados, como si la expansión de los bancos centrales no se pagase. La pagamos todos, sea con impuestos, inflación, perdiendo el valor de nuestros ahorros en devaluaciones o todo junto. 

Toda esa deuda, barata o no, se tiene que refinanciar en un futuro. La liquidez extrema y la euforia crediticia no duran eternamente. Stiglitz y Krugman mienten cuando dicen que no importa el total de deuda mientras el coste sea bajo. Japón, con casi un 240% de deuda sobre PIB, se gasta un 22% de su presupuesto anual en pagar intereses de la deuda a pesar de pagar sólo un 0,6% por sus bonos a diez años. Un coste “artificialmente bajo” porque el 87% de su deuda se la comen los propios japoneses en fondos, planes de pensiones y seguridad social.

La deuda adicional y los déficits como “instrumento para salir de la crisis” han demostrado ser un cuento tras dilapidar cientos de miles de millones en estímulos en Europa para acabar peor.

DOS VARIABLES CLAVE: BALANZA POR CUENTA CORRIENTE Y CONSUMO

La última crisis de deuda se generó cuando los países más endeudados vieron su consumo desplomarse y sus déficits por cuenta corriente dispararse, como muestra “House of Debt”. Una combinación letal que nos llevaba a creernos que no pasaba nada porque nos engañábamos diciendo que “tenemos margen”.

Hoy podemos estar orgullosos en Europa, y España en particular, de haber corregido los brutales desequilibrios de la época de los “estímulos”. En España el déficit por cuenta corriente llegó a ser de 94.000 millones de euros, una monstruosidad. En 2013 se registraba superávit de 7.130 millones y un déficit menor de 6.400 millones en febrero de 2014. Sin embargo, elconsumo sigue siendo la asignatura pendiente, aunque se haya frenado la caída. Con una política depredadora de aumentos de impuestos ese consumo es el talón de Aquiles que puede relanzar la crisis de deuda si los gurús de Bruselas se lanzan, como en 2008, a suplir el consumo privado con gasto público y planes de estimulo estatales. 

Salir del agujero de “estimular la demanda agregada desde el gasto público” y sanear la balanza por cuenta corriente nos ha alejado del riesgo de caer en otra crisis de deuda a pesar del alto déficit de las Administraciones Públicas. Ahora toca relanzar el consumo. O preparamos la siguiente crisis de deuda. Paga usted.

Richard Cantillon: contribuciones a la ciencia económica

En 1755 fue publicado el libro Essai sur la nature du commerce en général. Su autor era Richard Cantillon y muchos consideramos esta obra como el primer tratado científico y sistemático de la economía política. En palabras de Jevons "el primer tratado de economía". Ello le convertiría en el verdadero padre de nuestra ciencia.

Por otra parte, Cantillon hace en el Essai una aproximación a los fenómenos y procesos de mercado desde una perspectiva subjetivista y dinámica, que lo convierte en el primer economista de la tradición después conocida como la Escuela Austríaca de Economía.

Muy brevemente, quisiera mostrar algunas de las aportaciones de Cantillon:

Epistemología. Observamos cómo, a lo largo del Essai, Cantillon argumenta de forma lógica deductiva, una lógica de causa-efecto. Argumentación que, por otra parte caracterizó al pensamiento clásico en contraposición con la metodología matemática-positivista que caracteriza a gran parte de la ciencia económica actual.

Incertidumbre y figura del empresario. El irlandés entiende al entrepreneur como una figura clave e indispensable en la economía, apareciendo de forma continuada en su análisis económico. La función empresarial está sujeta a la incertidumbre, y el entrepreneur es el agente que compra a precios conocidos para vender a precios desconocidos. El beneficio siempre es incierto.

Teoría subjetiva del valor. Aunque no lo señala explícitamente, Cantillon entiende que los precios que se dan en el mercado difieren de sus "valores intrínsecos". Por valores intrínsecos, no se refiere a la teoría del valor-trabajo, sino a lo que podríamos hoy denominar costes de producción. Este punto ha llevado a grandes confusiones y malas interpretaciones.

Formación de los precios. En el Essai se presenta una moderna teoría de formación de precios. La oferta depende "de la proporción de los artículos que se ofrecen a la venta" y la demanda "depende del dinero dispuesto a comprarlos". A su vez la demanda es subjetiva y "depende del humor y la fantasía de los hombres y del consumo que de tales productos se hace".

Efecto Cantillon. Brillante aportación de Cantillon, que señala que el dinero no es neutral. El dinero nuevo que se produce no entra en la economía de manera neutral sino desagregada generando cambios en la estructura de precios relativos. Por tanto se produce una redistribución de rentas entre primeros y posteriores receptores de ese incremento de oferta monetaria.

Tipo de interés. Según el irlandés el interés viene determinado por la oferta de fondos prestables. El aumento de la oferta monetaria no afecta al interés, sino al poder adquisitivo del dinero.

Teoría del ciclo económico. Cantillon, banquero durante una gran parte de su vida, no presenta una completa teoría del ciclo. Pese a ello, apunta claramente en el Essai que las expansiones crediticias generan "desorden" y distorsiones en la economía que acaban irremediablemente en crisis económicas. Se ve como Cantillon tiene en mente una teoría monetaria del ciclo.

Mercantilismo. El irlandés no solamente rechaza la idea de identificar riqueza con la acumulación de oro y plata, sino que, tal y como hemos visto, advierte de los peligros que un aumento de oferta monetaria puede generar en el Estado.

Origen del dinero. Cantillon explica por qué los metales como el oro, la plata o el cobre han servido a los hombres como dinero y analiza otros artículos y los motivos por los cuales han sido considerados peor dinero.

La Fed y el síndrome de abstinencia

Suecia viene de vuelta del Gran Estado. Hace una veintena de años su famoso sistema de bienestar se desplomó. Una impresionante crisis a comienzos de los 90 fue el precio que pagó por la soberbia de un Estado que se creyó todopoderoso. Así, hubo de reinventar el Estado del Bienestar para salvarlo de sus propios excesos y monopolios. Hoy, después de dos décadas de profundas reformas, Suecia ha vuelto a ser un referente internacional, del cual países como España tendrían mucho que aprender. Tanto es así que hace no mucho The Economist dijo que Suecia y otros países nórdicos eran "el supermodelo del futuro".

El Estado del Bienestar puede ser construido de diversas maneras. La forma tradicional ha sido la de un Estado benefactor o Estado patrón que a través de monopolios de gestión pública ofrece a los ciudadanos ciertas soluciones predeterminadas a sus necesidades básicas. En este caso, el Estado es el sujeto activo y los ciudadanos, los objetos pasivos de sus intervenciones. Ese fue el camino seguido por Suecia hasta la crisis de los 90. De allí en adelante ha probado un camino totalmente diferente, reduciendo el tamaño del Estado, rompiendo sus monopolios de gestión y, sobre todo, cambiando la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Este nuevo Estado del Bienestar puede ser llamado Estado Solidario, dado que su objetivo es empoderar a los individuos y no ponerse por encima de ellos. Para lograrlo se le ha dado directamente al ciudadano el poder de usar el financiamiento público que le garantiza el acceso a una serie de servicios básicos. Con ese fin se han diseñado distintos sistemas de subsidio a la demanda, como los bonos o vouchers del bienestar. Junto a ello, se han abierto los servicios públicos a la competencia y a una amplia colaboración público-privada que no excluye a los actores con fines de lucro. 

En la actualidad, este sistema rige para casi todos los servicios de responsabilidad pública: educación, salud, cuidado de niños, atención a la vejez, apoyo a los discapacitados, etc. Ello ha llevado al desarrollo de un amplio sector privado, mayoritariamente con fines de lucro, que colabora con el Estado a fin de brindar esos servicios a los ciudadanos. Así, para dar sólo algunos ejemplos, casi la mitad de los centros de salud públicos del país son gestionados privadamente, igual que la mayoría de las casas de reposo de la capital, Estocolmo, y más de la mitad de los jóvenes de esta ciudad asiste a escuelas secundarias públicas con sostenedores privados. Hoy existen unas 15.000 empresas que dan empleo a más de 200.000 personas en lo que es una extensa red de colaboración público-privada. Estas empresas forman la base de un pujante capitalismo del bienestar, que es un componente esencial del nuevo Estado del Bienestar sueco (y de otros países nórdicos).

Ahora bien, la premisa fundamental de todos estos cambios ha sido la accesibilidad universal e igualitaria a los servicios públicamente financiados, con independencia de quién los gestione. Por ello, en caso de existir copago, los ciudadanos pagan lo mismo por los servicios recibidos, sean estos producidos por el sector privado o por el público. Al respecto, no se permite ningún cobro extra ni tampoco excluir a ningún tipo de usuario; el Estado cubre los costos no cubiertos por el copago de acuerdo a normas iguales para todos los proveedores. En el caso de la escuela, la gratuidad es absoluta, no existe copago de ningún tipo. Todo el costo de la educación debe ser cubierto por el voucher o bono escolar, que es igual para sostenedores públicos y privados. De esta manera, todas las escuelas se han abierto a todos los jóvenes, lo que ha evitado el incremento de la segregación socioeconómica.

Un tema muy discutido ha sido el del lucro, que en Suecia se acepta sin restricciones. Al respecto, es de interés preguntarse sobre el origen del lucro, ya que, como se ha visto, las empresas no pueden realizar ningún cobro que supere el copago que reciben los gestores públicos o, en el caso de la escuela, sólo deben financiarse con el bono recibido. Pues bien, el margen de ganancia está simplemente dado por la ineficiencia comparativa del sector público. Todo el lucro proviene de la capacidad de producir servicios más atractivos a costos inferiores que los ofrecidos por el sector de gestión pública, que es el que, a través de sus costos, determina el nivel de los bonos o vouchers del bienestar.

Por ello, eliminar el lucro y al empresariado del sector del bienestar no le reportaría ahorro alguno al fisco ni a los contribuyentes. Lo único que se lograría sería cerrar las puertas a miles de emprendedores que han sido de gran provecho para quienes han elegido sus servicios y también para el sector público, que, bajo la presión de la competencia, ha debido hacerse más atractivo para ciudadanos, que ya no son sus súbditos o clientes cautivos, sino consumidores libres o, dicho de otra manera, ciudadanos empoderados.

Muy interesante es hacer notar que durante estas dos décadas de intensa desmonopolización y privatización sucesiva de la gestión pública no se ha registrado una sola huelga que haya tenido como objetivo detener u obstaculizar el proceso. Esto sorprenderá muchísimo al lector español, acostumbrado a ver los desplantes de la casta funcionarial que se ha adueñado de los servicios públicos. Bueno, lo que pasa es que en Suecia esa casta no existe. Los empleados públicos son, salvo contadas excepciones muy justificadas, trabajadores como todos los demás, y por ello no se han lanzado a una lucha por defender un estatus privilegiado que nunca han tenido.

España tiene un gran trabajo por delante para transformar su viejo Estado, secuestrado por su casta funcionarial, de lastre a motor del progreso. De ello dependerá gran parte de su futuro. Es imperioso abandonar la senda del Estado patrón y emprender, como Suecia lo muestra, la construcción de un Estado solidario, que sepa unir la libertad ciudadana y la solidaridad social con la fuerza creativa de la competencia, la diversidad y el capitalismo.

Suecia y el capitalismo del bienestar

Cada vez que la Reserva Federal se encierra para debatir el devenir de la economía americana, Wall Street contiene la respiración.

Cada seis semanas, los miembros del Federal Open Market Committee, capitaneados por Janet Yellen, se reúnen en el Eccles Building, en Washington DC, y durante dos días deliberan sobre el rumbo de la política monetaria en una atmósfera de máxima confidencialidad.

A su conclusión se emite una nota, apenas un folio, que en el mercado se analiza a fondo. Se interpreta cada palabra, cada coma. Se busca entre líneas anticipar futuras decisiones del banco central. En la actualidad es tal la obsesión, que se llegan a buscar pronósticos bursátiles hasta en el número de palabras del comunicado.

No es de extrañar que hoy en día las decisiones de la Fed acaparen la atención de los agentes en el mercado. La razón es sencilla: en la actualidad existe una extraordinaria dependencia de las políticas de la Reserva Federal. Esto de por sí, sin entrar a analizar los motivos, ya es un síntoma que debería preocuparnos. Una economía capitalista jamás debería depender demasiado de un solo agente, sea quien sea. 

Este hecho vuelve a la economía esencialmente frágil, muy vulnerable a decisiones, problemas o errores que pueda cometer ese agente. Lo ideal, siguiendo teorías como la de Nassim Taleb, sería justo lo contrario: que sea antifrágil. Que los shocks no la debiliten, sino que la refuercen. Pero hoy por hoy la Fed tiene ese gran poder sobre qué rumbo debe tomar la política monetaria. Al mercado no le queda otra que, a lo sumo, tratar de anticiparse a las decisiones que la Fed vaya a tomar.

La pasada semana hubo reunión del Federal Open Market Committee, y tras la ya clásica inquietud previa a la resolución, se decidió proseguir con el tapering al ritmo esperado. Se reducen en 10.000 millones de dólares las compras mensuales de activos. Los miembros de la Fed decidieron ignorar el muy preocupante dato de crecimiento económico trimestral publicado ese mismo día, que pese a esperarse en el entorno del 1,2% fue de tan sólo un 0,1%

El tercer programa de flexibilización cuantitativa, o QE3, ha caído ya desde los 85.000 millones mensuales iniciales hasta los actuales 45.000 millones. Del total, 25.000 millones seguirán siendo empleados en monetizar deuda pública americana y los restantes 20.000 millones para adquirir titulizaciones hipotecarias (Mortgage-Backed Securities). En total, un decreciente pero aún importante chorro monetario mensual que se espera que llegue a su fin en octubre de este año.

Desde que estalló definitivamente la crisis financiera, a mediados de 2008, la Fed lleva casi seis años aumentando la masa monetaria con la idea de que esa es la solución a los problemas de la economía americana. El balance de la Reserva Federal se ha disparado en estos seis años desde un trillón de dólares a más de cuatro trillones, nada más y nada menos. 

Esta política busca “estimular” artificialmente la actividad mediante el aumento de la masa monetaria y el crédito. Lo cierto es que cuando muchos agentes están hiperendeudados y no pueden asumir más crédito para consumo y nuevas inversiones, lo normal es que dicho efecto positivo a corto plazo siempre sea menor de lo esperado. Como suele decir el economista Juan Ramón Rallo, se puede llevar el caballo al río, pero no se le puede obligar a beber.

De lo que no cabe duda es que a corto plazo esta política puede provocar una cierta sensación de alivio entre muchos agentes que de lo contrario deberían reestructurarse. Esto es lo que persigue la Fed cuando procura que sus inyecciones monetarias terminen en los balances de los bancos. Pretende, por un lado, que se sigan refinanciando los proyectos que sin asistencia serían inviables. Y por otro lado, trata de reinflar mediante el crédito el gasto de familias y empresas para que sigan manteniendo viva la antigua estructura productiva. 

En mi opinión esto es un error. La recesión es precisamente la fase de saneamiento de los excesos y las distorsiones causadas durante la fase de la burbuja. Cuando la burbuja estalla se hace evidente que una parte de la estructura productiva no correspondía a las verdaderas demandas de los consumidores y es necesario que se reajusten. La crisis termina cuando la estructura productiva se ha saneado, los factores productivos se han reorganizado y se puede volver a crecer sin estímulos. Inyectar dinero, reinflar el crédito y reducir los tipos de interés sólo tiende a alargar la agonía. Pospone y ralentiza el momento de la recuperación.

La Fed no lo puede todo, y pese a la política monetaria muchas empresas y familias sí que se están reestructurando. Esa es la buena noticia. La mala es que otros muchos siguen viviendo del oxígeno crediticio del banco central. Son como drogadictos que, en lugar de desintoxicarse del exceso de crédito, siguen enganchados a la droga de la Fed. No es de extrañar, por tanto, que las decisiones de la Reserva Federal paralicen Wall Street, que cobre una enorme relevancia anticipar adecuadamente el rumbo de sus políticas

Esa ansiedad, esa inquietud entre empresarios e inversores en cada anuncio de la Fed, no es otra cosa que una manifestación del síndrome de abstinencia que provoca la progresiva reducción de la dosis, y que subirá de nivel tarde o temprano en forma de subida de tipos. Entonces, quienes siguiendo la política de la Fed aún dependan del crédito artificialmente barato, volverán a la casilla de salida. Como decía Warren Buffett, cuando baja la marea es cuando se descubre quién nadaba desnudo. Y es que un problema inicial de distorsiones por exceso de crédito no se resuelve con adicionales manguerazos masivos de crédito.

@ignaciomoncada para Estrategias de inversión