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Los orígenes racistas del salario mínimo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Los orígenes racistas del salario mínimo

Que el salario mínimo destruye empleo es evidente para cualquiera que quiera entenderlo. El salario se fija, en el mercado, en función del valor de la aportación del trabajador. Cuando se impone un salario mínimo, todos los trabajadores cuya contribución quede por debajo quedarán fuera. Haití cayó bajo la ocupación de los Estados Unidos en julio de 1915. Cuando se aplicó la primera ley de salario mínimo allí, en 1931, se ilegalizó al 98 por ciento de los trabajadores del país. Las leyes de salario mínimo ilegalizan los posibles acuerdos laborales por debajo del suelo que fijen, con lo que no se ponen en marcha ciertos proyectos empresariales: pierden entonces las dos partes y perdemos todos.

También está claro que hay muchas personas (ciertamente, no en el caso de Haití) a las que no les afectan estas regulaciones, y que los grupos o sectores perjudicados no están diseminados por igual en toda la sociedad. Grosso modo, afectan sobre todo a los jóvenes que no cuentan aún con la formación adecuada, a los inmigrantes y a los grupos que, por las circunstancias que sean, tienen un menor capital humano.

Progreso, raza y salario mínimo

Pioneros en la implantación del salario mínimo son los Estados Unidos. Su impulsora fue la izquierda de entonces, el movimiento progresista, que inspiró a algunos de los presidentes más significativos de comienzos del siglo XX, como Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt. El progresismo define la ideología y la actitud vital de quienes se maravillaron ante la notable mejora de la sociedad en las décadas finales del XIX y las primeras del XX, tan capitalista, e intentaron sujetarla para conseguir nuevos objetivos. Creyeron que la técnica y las ciencias, aplicadas convenientemente, les permitirían ser agentes del progreso. Una fe que les convertiría en semidioses. Sólo había que desechar lo antiguo o tradicional y otorgarles poderes de demiurgo.

Encajen el progresismo con la constatación, o la fe, en que hay razas distintas, y el resultado es la eugenesia. Si podemos mejorar la sociedad por medio de la ciencia, si ya la naturaleza selecciona naturalmente a los mejores, ¿cómo vamos a dejar de lado la genética para mejorar la raza? Que los progresistas eran racistas y partidarios de la eugenesia no es ningún misterio. Ya he citado a Woodrow Wilson. John Maynard Keynes y los fabianos (H. G. Wells, George Bernard Shaw…) están entre los más conocidos.

El salario mínimo era un instrumento ideal para la eugenesia. Y los economistas progresistas se dieron cuenta muy pronto. Lo explicaThomas C. Leonard en Journal of Economic Perspectives. Estos progresistas consideraban que había una parte de la sociedad (los "parásitos", las "razas de bajos salarios", los "residuos industriales", los "inempleables") a la que había que expulsar del mercado de trabajo. Esa era la función social del salario mínimo. No sólo con las razas. El matrimonio Webb, creador del movimiento fabiano en Gran Bretaña, mostró su preocupación por depurar la sociedad de “los criminales y los incorregiblemente vagos (…) los moralmente deficientes (…) y los que son incapaces de producir su mantenimiento por ningún medio”.

Entre los economistas estadounidenses progresistas partidarios de la eugenesia se cuentan nombres como los de Irving Fisher, Frank Fetter o Frank Taussing. También los de Edward A. Ross, que acuñó el concepto suicidio racial para hablar de la inmigración, Simon Patten o Arnold White.

Según explica Leonard, "los economistas progresistas, como sus críticos neoclásicos, creían que imponer salarios mínimos incrementaría la pérdida de empleos". "No obstante", añade, "los economistas progresistas creían asimismo que esa pérdida de empleo inducida por el salario mínimo era un bien social, pues rendía un servicio eugenésico sobre la fuerza laboral". Los Webb veían en ese paro "no una marca de mal social, sino de hecho de salud social". No puede haber "nada más ruinoso para la comunidad que permitirles competir, sin restricciones, como empleados”, sostenían. Una ley de salario mínimo disuadiría a los inmigrantes y expulsaría a los “inempleables”.

Royal Meeker, que trabajó como comisario de Empleo con Wilson, defendía un salario mínimo que privase a "los desafortunados" de un "empleo" en lugar de favorecerles, pues en este caso se correría el riesgo de que se reprodujesen, de que criasen "más de su tipo", seres a los que A. B. Wolfe llamaba "una carga para la sociedad" y contra quienes también pedía un salario mínimo. John R. Commons reconocía: "La competencia no tiene respeto por las razas superiores". Así es el mercado.

También lo reconocían otros enemigos del libre mercado, no necesariamente economistas. Samuel Gompers, el histórico líder de la Federación Americana del Trabajo, advirtió de que "los caucasianos", los blancos, no iban a permitir que su nivel de vida fuera "destruido por los negros, los chinos, los japoneses o por cualesquiera otros"; por eso había que impedir cualquier acuerdo laboral por debajo de determinado límite.

Leonard explica en otro artículo cómo la regulación laboral buscaba igualmente restringir el acceso al trabajo de las mujeres, "madres de la raza" en el mundo de la eugenesia. Los ejemplos se pueden multiplicar, que es lo que Harry G. Hutchinson ha hecho más recientemente.

‘Apartheid’ y más acá

Los orígenes del apartheid están en la regulación laboral impulsada por los trabajadores blancos pobres, en su mayoría afrikáners. Sus primeros éxitos fueron la Ley del Statu Quo (1911), que imponía cuotas de negros por sectores y empresas, y en las leyes que imponían licencias de trabajo, que limitaban la libertad de contratación. Ninguna regulación laboral parecía suficiente, hasta que dieron con un instrumento muy a propósito. Los sindicatos blancos señalaron:

En ausencia de un salario mínimo regulado, los empleadores encontraban beneficioso suplantar a los europeos con alta cualificación, y generalmente más caros, por los no blancos menos eficientes, pero más baratos.

La Comisión de Economía y Salarios de Suráfrica (1925) se planteaba el ya viejo problema de expulsar a los negros del mercado de trabajo para reservar las oportunidades de progreso a los blancos. "El método", señaló, "sería fijar una tasa [salarial] mínima por ocupación u oficio tan alta que sea improbable que se contrate a ningún nativo". Lo recuerda el economista Walter E. Williams en Race and Economics, donde también trae a colación una información del diario The New York Times de 1972:

Los sindicatos blancos derechistas de la construcción se han quejado ante el Gobierno de Suráfrica de que las leyes que reservan empleos cualificados para los blancos se han roto, y deberían abandonarse en favor de leyes de igual salario por igual trabajo. (…) Los sindicatos conservadores de la construcción dejaron claro que su motivación no era la preocupación por los trabajadores negros, sino su inquietud por que la reserva legal de empleo se ha deteriorado tanto por las excepciones gubernamentales que han dejado de ser una protección para los trabajadores blancos.

Esas ideas se resisten a morir. La vieja eficacia eugenésica del salario mínimo calienta los corazones de los progresistas de hoy. En el año 2006 el New York Times publicó un artículo escrito por Michael Dukakis y Daniel J. B. Mitchell. Dukakis protagonizó una de las derrotas más sonadas de las elecciones presidenciales norteamericanas. Fue en 1988, frente a George H. W. Bush. Dukakis es uno de los miembros más izquierdistas del Partido Demócrata, Mitchell es profesor emérito de UCLA, y en su artículo inciden en que "millones de inmigrantes ilegales trabajan por salarios mínimos e incluso submínimos en puestos de trabajo que no están cerca de cumplir los estándares de salud y seguridad". Hay que expulsarlos, y el instrumento ideal es el salario mínimo. Los lectores, los naturales del país,

trabajarán en empleos que sean arriesgados, sucios o penosos en la medida en que se paguen con salarios y condiciones de trabajo decentes.

Más recientemente, en 2013, un empresario de California de nombre Ron Unz propuso una iniciativa legislativa popular que elevaría el salario mínimo de los 8 dólares la hora hasta los 12 en 2016. El objetivo de esta medida es frenar la inmigración. Y la lógica, expuesta dos años antes en un artículo de The American Conservative, es implacable:

La réplica habitual contra las subidas de los salarios mínimos es que "se perderán empleos". Pero en la América de hoy una parte enorme de los empleos que están en los salarios mínimos, o cerca de ellos, los tienen los inmigrantes, en gran parte ilegales. Eliminar esos empleos es un objetivo central del plan; una característica, no un error.

Lo que sí es un error es deslindar el salario mínimo de sus orígenes racistas.

Impotentes sí, incompetentes no

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como teatralizando una lucha de clases verbal en este 1 de mayo, el líder de UGT, Cándido Méndez, ha reaccionado a la acusación de que varios cientos de miles de parados españoles ni estudian ni trabajan (ni-ni), tildando a los empresarios españoles de in-in, es decir, de incompetentes e impotentes. Y ciertamente, lo de “impotentes” no lo pongo en duda: los empresarios (y también los trabajadores) son absolutamente impotentes frente al saqueo fiscal y la asfixia regulatoria que les impone el Estado merced al calor populista y liberticida de grupos de presión organizados como el que encabeza Méndez. Lo de “incompetentes”, en cambio, sí me genera mayores recelos.

Es obvio que muchos empresarios son incompetentes; muchos de ellos, de hecho, comienzan siendo tremendamente competentes y con el tiempo se vuelven incompetentes. Por fortuna, los mercados libres cuentan con un mecanismo muy sencillo para discriminar a los empresarios competentes de los incompetentes: la libre competencia. Los mercados no manoseados por el Estado se caracterizan por la libertad de entrada: cualquiera que sepa satisfacer las necesidades de los consumidores de un mejor modo que el resto de empresarios ya asentados, sólo tiene que lanzar su propuesta de valor al mercado… y competir. De este modo, justo, se logrará separar el grano de la paja: a los relativamente más competentes de los relativamente menos competentes.

Así pues, en un mercado libre, la incompetencia ajena se demuestra compitiendo y desplazando a los rivales, ya que, en caso contrario, uno corre el riesgo de que se le vaya toda la bravucona fuerza por la boca. Por supuesto, España dista de ser un mercado verdaderamente libre: en muchísimos casos no nos encontramos con libertad, sino con un sistema regulatoriamente oligopolizado y privilegiado; lo cual, claro, sólo constituye un muy fundado motivo para defender una amplia liberalización de nuestra economía, en contra de lo que, por cierto, vienen reclamando desde hace tiempo las centrales sindicales.

De ahí que si Méndez cree que el empresariado nacional es incompetente, lo tiene bastante sencillo: primero, reclamar una supresión de todas las barreras regulatorias a la competencia y, acto seguido, demostrar la incompetencia del empresariado nacional compitiendo con él. Si es capaz de hacerlo, si es capaz de pasar de gratuitas descalificaciones y de castigar a sus odiados empresarios patrios comiéndoles la tostada en su terreno, los consumidores y los parados se lo agradecerán: estará generando riqueza por mecanismos voluntarios y pacíficos, creando empleo y prosperidad.

Sucede, empero, que hasta la fecha Méndez no acumula demasiados galones como para acreditar una superior competencia empresarial frente a autónomos, pequeños o grandes empresarios de nuestro país. No ya porque su vida la haya pasado abrevando de la política y del sindicato, sino porque incluso la burocrática corporación sindical que lidera ha tenido que recurrir a la fuerza del Estado —en lugar de a la persuasión de los trabajadores— para medrar. Pese a las gigantescas barreras de entrada y de ejercicio que bloquean la libre competencia sindical en España (tan perjudiciales para el crecimiento de otros sindicatos menores como USO), la UGT necesita recurrir a los impuestos de todos los españoles para operar. Es decir, ni siquiera después de que el Estado la haya prebendado con un cortijo oligopolístico, la empresa sindical de Cándido Méndez ha sido capaz de captar suficientes clientes (afiliados) como para prosperar sin el maná presupuestario del Gobierno. ¿Es verosímil que, habiendo fracasado en su sector, pueda dar un salto exitoso a otros y desplazar a los “incompetentes” empresarios allí asentados?

En el fondo, Cándido Méndez no es más que el modelo de empresario-político que no compite en el mercado para generar valor a los consumidores, sino en la arena estatal para arrebatárselo a los consumidores; el modelo de empresario-político blindado de la competencia que, como en otros sectores regulados como el eléctrico o el financiero, construye su negocio sobre la base de los favores estatales y no del bienestar de sus clientes; el modelo de empresario-político que busca proteger su hacienda cortándoles legislativamente las alas a sus más competentes rivales; el modelo de empresario-político al que más le valdría callar en lugar de criticar sin base a los empresarios honestos que bregan diariamente por mantener a flote sus compañías a pesar del muy hostil clima institucional que empresarios-políticos como Méndez promueven desde sus lobbies.

El liberalismo y el problema del estado

Escrito por Alejandro Sala en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El liberalismo y el problema del estado

Tres son, básicamente, las funciones que le competen al estado dentro de un ordenamiento liberal: 1) la defensa frente a un ataque externo; 2) la defensa de los derechos individuales frente a eventuales vulneraciones por parte de miembros de la propia comunidad; 3) el arbitraje en los casos de conflicto de derechos entre ciudadanos. (En rigor, hay una función adicional pero, por razones de espacio y complejidad conceptual, no es posible tratarla aquí).

El punto en debate es si el cumplimiento de esas tres funciones demanda la existencia del estado o, en su defecto, es posible dejarlas al arbitrio de la iniciativa privada. Del resultado de ese debate depende que consideremos posible, o no, la existencia de una sociedad sin estado, llamada, usualmente, anarcocapitalismo. Analicemos, entonces, caso por caso.

Si la defensa frente a un ataque externo no estuviera a cargo del estado, habilitado para coaccionar a los ciudadanos a participar del esfuerzo bélico, el resultado sería que la participación en esa tarea defensiva se tornaría optativa. Y la pregunta es si tal metodología sería eficiente.

La respuesta es negativa porque una acción militar constituye, esencialmente, una gestión con vistas a la consecución de un propósito colectivo, no a la realización de objetivos individuales. Si la participación en la defensa común fuera librada al albedrío de cada ciudadano, todos tendrían incentivos para dejar la tarea en manos de otros y, finalmente, no habría acción de defensa, esencialmente, porque la conveniencia individual de cada uno derivaría en que nadie contribuiría al esfuerzo común. Sería un caso de "tragedia de los comunes", aunque no aplicado a la explotación de un recurso (como en la versión ortodoxa de Hardin) sino a la prestación de colaboración con vistas a la consecución de un fin comunitario. Como el bien a defender es de propiedad común, todos procurarían mejorar su beneficio individual y eso llevaría a que toda la gestión fracase. Por lo tanto, el único modo posible de resolver el problema es que haya una autoridad que obligue a todos a participar del esfuerzo común. Esto, naturalmente, implica un cercenamiento de la libertad individual, pero las circunstancias no dejan margen de elección porque, ante un ataque externo, el principio de la libertad individual queda postergado frente a la necesidad colectiva de impedir el sometimiento al atacante.

Con respecto a la defensa de los derechos individuales frente a eventuales vulneraciones por parte de terceros, la opción es acción estatal o agencias de seguridad privadas. En rigor, la privatización del servicio de seguridad es perfectamente posible. Pero el problema que se plantea es el de la determinación de los alcances y los límites de las acciones que los agentes de seguridad pueden efectuar en el ejercicio de la defensa del orden público y/o privado. Por ejemplo, imaginemos que un supuesto ladrón es sorprendido in fraganti y se da a la fuga con el botín; ¿hasta dónde los agentes de la seguridad privada tienen derecho a atacarlo para sancionar su accionar, sin vulnerar los derechos del malviviente? Esto requiere algún tipo de reglamentación y la determinación de las facultades de las fuerzas de seguridad constituyen una decisión política, no empresarial, y, por lo tanto, es el estado quien debe adoptarla. El criterio que el estado aplique para reglamentar el ejercicio del derecho del acusado y de los derechos de defensa de los supuestos damnificados, constituye una decisión discrecional, adoptada conforme a criterios de aceptación social mayoritaria, cuyos contenidos pueden ir mejorándose gradualmente conforme la experiencia práctica vaya arrojando enseñanzas que permitan perfeccionarla. Pero en cada instancia particular tiene necesariamente que haber determinadas reglas que, para ese momento (y hasta tanto se corrijan eventuales insuficiencias) sean las que estén vigentes y, por lo tanto, en aplicación. No hay margen para dejar a la decisión individual de los actores de cada incidente en particular la legitimidad de los actos de represión del delito, ya que en tal caso nadie sabría exactamente a qué parámetros atenerse para regir su conducta. No queda más alternativa que fijar algún criterio e imponerlo coactivamente para evitar que las relaciones sociales devengan caóticas porque cada cual interpreta sus derechos como le plazca. Por eso es imposible resolver este tipo de problemas por fuera de una estructura de naturaleza estatal.

En relación al problema del arbitraje en caso de conflicto de derechos, típicamente se produce cuando alguna de las partes intervinientes en un contrato demanda a la otra por un supuesto incumplimiento. Puede ocurrir que la parte demandada rechace la acusación o justifique su accionar en algún otro posible incumplimiento previo del demandante. Entonces, se plantea el problema de determinar quién, y en qué medida, es el responsable del conflicto. En principio, esto se podría tratar por medio de jueces privados. Pero el problema es que la legitimidad de la decisión de un juez privado está condicionada por el grado de consenso que tenga su sentencia. Y es obvio que si una de las partes no está conforme, la impugnará, lo cual es legítimo porque podría suceder que el juez no haya fallado conforme a derecho. Esto obliga a establecer instancias de apelación, que también podrían ser privadas. Pero, en último término, tendrá que haber alguna instancia judicial que sea definitiva e inapelable. Quien no concuerde con ese fallo final, deberá someterse a él aunque no le satisfaga. Esa función de tribunal supremo (aun en el caso de que la tarea operativa esté delegada en una compañía privada) tiene necesariamente que contar con la legitimación estatal, para que su resolución sea inapelable y esté respaldada por la facultad de emplear la fuerza para obligar al cumplimiento de sus disposiciones.

Estos ejemplos explican por qué, aunque muy acotada, es necesaria una organización que cumpla funciones estatales para garantizar la libertad y evitar que las relaciones interpersonales deriven en un desorden cuyo efecto práctico sería, precisamente, la desaparición o el achicamiento de los márgenes de libertad individual. Si damos como aceptado que la libertad individual es el valor supremo del sistema social, debemos admitir que, a los efectos de garantizar la defensa, el orden público y el cumplimiento de los contratos, y evitar que se desencadene un caos, es necesaria, dentro de límites mínimos, la existencia de una organización que detente la facultad de ejercer la coacción para evitar los desbordes cuyo efecto sería la vulneración de los derechos de cuya vigencia la libertad depende. El tema suscita acaloradas polémicas en círculos liberales, donde algunos núcleos, partidarios de un orden social sin estado, omiten considerar seriamente cuáles serían las consecuencias reales de la puesta en aplicación del mecanismo que propugnan.

La Europa de Carlos V

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Este mes de mayo celebraremos las elecciones al Parlamento Europeo, y me ha parecido interesante hablarles de uno de los personajes históricos más vinculados a la idea de Europa: nuestro Rey Carlos I de Austria, quinto emperador con ese nombre del Sacro Romano Germánico Imperio. En esta columna daremos un apretado repaso a su política europeísta, si se pudiera llamar así (aunque no es un concepto adecuado a esa época). Pero el caso es que le tocó vivir un momento crítico, precisamente para esta idea de Europa: la ruptura de la Cristiandad con la Reforma de Lutero. Durante los mil años de la Edad Media, y a pesar de las muchas guerras entre sus reinos, se habían identificado ambos términos: el de Europa y el de la communitas christiana. Cosa que cambió por completo con el nacimiento de las confesiones reformadas. Veremos que esa preocupación por la unidad, junto al ansia de paz, fueron dos características importantes de un gobernante que pasó en los campos de batalla casi tantos años de su vida como en los palacios.

He rescatado de la biblioteca tres libros famosos sobre el Emperador Carlos. Comienzo por uno más antiguo de Ramón Menéndez Pidal: La idea imperial de Carlos V, que en realidad es un discurso del año 1938 que da nombre a un volumen con otros ensayos. Este famoso historiador escribía sobre el interés que había despertado Carlos V en varios países europeos, como Bélgica o Alemania. Aunque discute la interpretación que se le ha dado a su "idea imperial", sobre todo por parte de algunos autores alemanes como Brandi. Pidal defiende un sentido de Imperio como herencia del romano, pero esta vez configurado en una geografía europea (ya no mediterránea). Y con dos características: la búsqueda de la unidad y de la paz.

Efectivamente, las dos grandes preocupaciones de Carlos V (tanto en lo militar como en lo religioso) fueron la amenaza turca y la secesión luterana. Aspiraba a una paz interna que respetase el status quo, aunque también estaba dispuesto a mostrar una respuesta enérgica ante lo que considerara una traición a esa unidad: así se entiende el famoso Saco de Roma de 1526 (que no promovió, pero tampoco castigó al militar que lo llevó a cabo). Como expresaba en un discurso de 1528, antes de partir para Bolonia para ser coronado Rey de Romanos, él no quería tomar lo ajeno, sino respetar lo heredado; y mantuvo este mismo criterio poco después, en otra conocida intervención ante el Papa. Fue a su regreso de la defensa de Túnez, donde había encontrado correspondencia del rey Francisco I de Francia con el Turco (algo que le parecía inconcebible): allí exigía a los gobernantes europeos una coherencia en la defensa del ideal cristiano, repitiendo por tres veces ante Paulo III "que quiero la paz, que quiero la paz, que quiero la paz". Pero señalando a la vez que también estaba dispuesto a "rompernos las cabezas" si finalmente no se llegaba a un acuerdo.

Hay otro libro parecido de José María Jover, Carlos V y los españoles, que también contiene tres ensayos históricos. Nos fijaremos en el primero: "Sobre la política exterior de España". Jover transcribe y estudia varias cartas del Monarca a su mujer, la emperatriz Isabel, en las que resume su actividad militar y diplomática. Aquí vemos la referencia a otro episodio memorable para los europeos: la defensa de Viena contra Solimán, en 1532. Aunque los ejércitos no llegaron a encontrarse, Carlos se ocupó de lograr previamente un entendimiento con los protestantes alemanes (en Ratisbona) para hacer frente al enemigo común, al tiempo que movilizaría los Tercios españoles desde Italia y Flandes. Es llamativo cómo escribía a Isabel que no esperaba ninguna ayuda de Roma, ni de los reyes de Francia, Portugal o Inglaterra… Vemos de nuevo aquí esa preocupación por la unidad de Europa, incluyendo ahora las propias fronteras geográficas (y se me ocurre pensar: ¿cómo habría actuado el Emperador ante una situación como la de Ucrania?).

El tercer libro se titula Carlos V, un hombre para Europa, de Manuel Fernández Álvarez (1976). Tiene más bien un formato de manual de historia, recorriendo toda la biografía del Emperador desde su nacimiento en Gante hasta su muerte en Yuste. Pero es un acercamiento desde la perspectiva del "estadista de Europa", mostrando cómo supo equilibrar una política global que incluyese a los territorios de Italia, Alemania, los Países Bajos y, por supuesto, España. Sobre esta cuestión también se ha escrito abundantemente: cómo ese joven príncipe borgoñón, que apenas sabía hablar castellano cuando desembarcó en Santander, finalmente adoptó una estrategia de hispanizar Europa, como señalaba Menéndez Pidal. No me parece un patrioterismo desfasado esta expresión, ya que nuestros monarcas del siglo XVI y sus ministros fueron verdaderamente unos ilustres ciudadanos europeos, que al tiempo estaban orgullosos de sus raíces españolas. En el citado discurso de Roma ante Paulo III, que pronunció en castellano, Carlos V señalaba al embajador francés que "no espere de mi otras palabras que de mi lengua española".

El nombre de Carlos V es hoy reconocido en Europa con respeto: unas becas de Movilidad e Investigación en Estudios Europeos llevan su nombre, al igual que el Premio Europeo Carlos V que otorga la Academia Europea de Yuste. Precisamente, en la edición de este año 2014 fue galardonado el Presidente de la Comisión, José M. Durão Barroso, por "su impulso a la construcción de una Unión Europea cada vez más fuerte". En su intervención, Barroso destacó el protagonismo del Emperador en "la superación de los egoísmos nacionales, los nacionalismos extremos y las guerras". Esperemos que nuestros representantes electos al Parlamento lleven alguno de aquellos ideales políticos del Emperador a las instituciones europeas.

Aires de libertad: Societat Civil Catalana

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

CIU y ERC llevan insistiendo desde hace varios años de manera reiterada en mantras como que están "oprimidos" (por el Estado Español) o que el gobierno español roba y expolia a Cataluña. A base de repetir soflamas de esta naturaleza han logrado que sectores de la población, que no habían comulgado con el independentismo, se hayan sumado al mismo, particularmente con el inicio de la crisis económica. Cada 11 de septiembre es una oda al victimismo, compatible con la manipulación de la historia.

Para ello, la Generalitat no ha escatimado medios a la hora de hacer proselitismo de sus intenciones rupturistas. La Asamblea Nacional de Cataluña es el gran ejemplo pero no el único. Junto al citado órgano, un buen número de asociaciones, medios de comunicación y fundaciones se esfuerzan en captar adeptos para sus fines. El dinero público al servicio de los intereses sólo de una parte de la sociedad.

La condescendencia simplista con que sectores académicos y políticos del "resto de España" encaran estos envites, no ha hecho más que espolear a CIU y ERC, nunca calmar a las formaciones aludidas. En consecuencia, hablar de choque entre los nacionalismos catalán y español sólo describe actitudes buenistas que no solventan el problema.

Igualmente, PP y PSOE se empeñan en hablar de conceptos como federalismo o reforma de la Constitución con los cuales sostienen, ingenuamente, que el nacionalismo catalán va a recular. Sin embargo, de los liberticidios recurrentes de la Generalitat en materias como la libertad de expresión o de elección de lengua para la escolarización, poco han dicho que no sea retórica.

Con todo ello, no debemos sorprendernos por que hayan aparecido partidos como Ciudadanos que se han enfrentado sin tapujos al nacionalismo excluyente en el Parlamento de Cataluña. La irrupción de Societat Civil Catalana sigue la estela de organizaciones, como el Foro de Babel, que aglutinó a "rebeldes" que se oponían al statu quo.

De la misma manera, Societat Civil Catalana, en su manifiesto fundacional, ha servido para sacar a la superficie hechos que estaban "olvidados" como el progreso de Cataluña con el resto de España, los vínculos profundísimos que unen a los catalanes con el resto de españoles o a nivel más global, que una Cataluña independiente se quedaría fuera de la UE, idea esta última que CIU y ERC menosprecian.

De un modo más particular, es pertinente que Societat Civil Catalana rechace que Cataluña esté oprimida por España. Al mismo tiempo y sin demagogia lanza un deseo que refleja a las claras el panorama actual de la citada comunidad autónoma: "aspiramos a que Cataluña vuelva a ser un punto de atracción intelectual y económica, un hogar donde se respire una atmósfera dinámica, emprendedora y cosmopolita". En esta última premisa, por tanto, apreciamos una clara referencia a la Cataluña de los setenta, aquella que constantemente evocan con conocimiento de causa periodistas (Jiménez Losantos), intelectuales (Amando de Miguel, Albert Boadella) o músicos (Loquillo).

Como era previsible, el recibimiento por parte del establishment nacionalista de Societat Civil Catalana ha combinado la indiferencia con las recurrentes acusaciones de fascistas, menospreciando de este modo, entre otras cosas, su origen plural. Nada sorprendente. El PPC, Ciudadanos, Vidal Quadras, Inés Arrimadas, Albert Rivera…ya sufrieron la estigmatización, fenómeno que por otro lado, también encontró palmeros en el resto de España. De nuevo el buenismo rodeado de múltiples complejos apareció. Defender a los citados políticos no formaba parte de lo políticamente correcto; por el contrario, el ataque y los insultos a ellos sí. Resultado: el nacionalismo excluyente ganaba una partida sin necesidad de emplear grandes esfuerzos.

En definitiva, la Cataluña real, no la oficial, se moviliza. De cara a hacer llegar su mensaje, sería bueno que se le brindara plataformas mediáticas (algo que al nacionalismo le sobra). El escenario que afrontará en el medio y corto plazo estará plagado de dificultades. 

El nuevo rapto de Europa

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Desde el primero de abril, día en el que se dio el pistoletazo de salida de la campaña europea, nos encontramos sumergidos en un vaivén de slogans que son soltados al aire como los globos en las fiestas infantiles. Y da la sensación de que los candidatos y demás políticos involucrados en dicha campaña, exactamente igual que los niños de la fiesta se emboban mirando cómo sube el globo, una vez soltada la frase se entretienen mirando el termómetro electoral, para ver cuántas décimas porcentuales ganan al otro.

Explicaba el profesor Luis Díez del Corral en su libro El Rapto de Europa que la palabra “rapto” puede entenderse como secuestro o como lapsus que priva de sentido a quien lo padece. En mi opinión, las elecciones al Parlamento Europeo son una exhibición del nuevo rapto de Europa, una conmemoración del secuestro de una realidad que probablemente no regrese nunca.

El canto difónico de los partidos políticos españoles

Los partidos mayoritarios españoles, en lugar de presentar un programa detallado, elaborado y defenderlo como si se lo creyeran, se muestran los dientes el uno al otro de cara a las futuras elecciones en nuestro país. El resultado es una suerte de canto difónico, en el que se oyen dos voces que salen de la misma persona, separadas normalmente por una variación de un armónico.

De esta forma, las palabras de Cañete, Valenciano y el resto de la pandilla, hablan de la troika, de los ciudadanos europeos y del gran proyecto europeo, y a la vez, nos cuentan las miserias del partido de enfrente, la responsabilidad del contrincante en la crisis, lo bien que lo hacemos, lo bien que lo hicimos y que si no ganamos viene el hombre del saco, así que ¡vótanos!

El ciudadano español, además, ha de soportar el coro de maracas de los medios de comunicación afines a unos y a otros (cada cual tiene uno, como se tiene un cepillo de dientes) que maquillan cifras, informan sesgadamente y sobre todo, marean muchísimo, con el fin último de que su candidato gane para seguir siendo ‘el’ medio de comunicación del partido en el gobierno (presente, pretérito o futuro). Como resultado, al cabo de apenas un mes la sensación generalizada es de confusión total. O bien te aplasta la responsabilidad de dejar que el PP o el PSOE aparezcan renovados tras las elecciones europeas, y votas pensando en la batalla nacional, o bien, te reconoces perdido en el espacio y decides no votar. Porque nadie cuenta la diferencia entre Juncker y Schulz, nadie te dice cómo va a afectar a tu presupuesto familiar, si la unión bancaria y presupuestaria son una meta para ya o es mejor esperar, los motivos que sustentan una u otra opción, y por qué es necesariamente una meta.

La Europa “arrebatada”

Y, volviendo a Díez del Corral, que afirmaba en 1954 que Europa se arrebataba y era arrebatada a un tiempo, lo que está sucediendo es un nuevo rapto.

La Europa que reclaman tanto PP como PSOE, es una unidad de destino en la intervención, diría parafraseando una definición de España de otros tiempos. Una intervención que conduce a un Estado europeo tan totalitario o más que el Estado nacional actual, sancionado por una población a la que se le extrae su riqueza sin preguntar y que se mantiene democráticamente amedrentada. La propaganda que afirma que si no votas todo lo malo que sobrevenga es merecido es de lo más sucio y rastrero que hay. Y de ahí, en adelante: las siete plagas caerán sobre nuestras cabezas si no aceptas mis políticas, si gana la derecha quitan el pan de la boca a tus hijos, si gana la izquierda también pero más socialmente. Pero Europa no es eso aunque traten de secuestrar su significado.

Cuando algún iluso se atreve a presentar un proyecto de Europa más libre, menos centralizada e intervenida, enseguida se recurre a todo tipo de descalificaciones, como antieuropeísta o euroescéptico, como si el escepticismo fuera malo. Más aún si uno se declara abstencionista y aconseja esa opción. Entonces los insultos y las maldiciones traperas son lo normal.

Hace muchas décadas que Mises y Hayek explicaron por qué la economía central planificada era un unicornio, un mito imposible de alcanzar, en cuya persecución se desperdiciaba el esfuerzo, tiempo y dinero de muchos trabajadores. Yo añadiría a la vertiente económica la jurídica y la política. Cuanto mayor sea la unidad de gestión (económica, jurídica y política), mucho peor. Se pueden obtener mejores resultados sin comprometer la libertad de los ciudadanos.

Pero nuestros políticos prefieren, por su propio interés, seguir embaucando a los votantes europeos con cantos de sirena. Eso sí, cantos difónicos.

Mario Soares, o la conciencia de la izquierda

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

En una entrevista en El País, el veterano socialista portugués Mario Soares es definido como "conciencia de la izquierda", porque "aprovecha cualquier oportunidad para apalear a los mercados". Considerando que los mercados son el ámbito de las transacciones libres de los ciudadanos, como sabe cualquier que haya visitado desde El Corte Inglés hasta el mercadillo del pueblo, no se entiende bien por qué hay que saludar a quien está presto a moler a palos a la gente que pacíficamente compra y vende.

Para llegar a esa extraña conclusión uno tiene que inventarse unos mercados que no tienen nada que ver con lo que la gente conoce y frecuenta como tales. Es lo que hace Soares, que despotrica contra los mercados alegando que "son ellos los que cuentan, las personas no". Como si en los mercados hubiese cucarachas y no personas. O repite el tópico: "Los mercados tienen que estar al servicio de la gente, y no al revés". Que se dé un paseo por cualquier mercado y verá que, si no son intervenidos por el poder, sólo pueden estar al servicio de la gente: en otro caso, desaparecen.

Es tal la negación de la realidad, que don Mario afirma seriamente que el Estado "se ha echado a perder porque lo están vendiendo". Primero, si eso fuera así, habría desaparecido la coacción, y la gente no estaría obligada a pagarle al Estado, igual que no está obligada a pagar en una tienda, salvo que voluntariamente escoja comprar algo que allí se vende. Y segundo, ese proceso en ningún caso significa que nadie ni nada "se ha echado a perder". Al contrario, si esa compraventa voluntaria tiene lugar, todas las partes ganan. 

Al final, se ve lo que es la conciencia de la izquierda. Recomienda el prócer progresista no pagar la deuda: "Es lo que hizo Argentina y no le pasó nada". Lo que le pasó a la Argentina después de repudiar el pago de su deuda es que el PIB cayó más del 10% en el año 2002, posiblemente el mayor empobrecimiento de su historia. Y a eso llama Soares "no le pasó nada".

Con esa delirante visión de las cosas, se comprende que este modelo de la "conciencia de la izquierda" recomiende para Europa precisamente lo que han perpetrado los gobernantes argentinos durante décadas, hasta lograr arruinar un país que era muy rico: "Bastaría con darle a la manivela de fabricar euros".

Viaje al patrón oro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

 El oro es el dinero por excelencia, ya que, durante miles de años, ha sido empleado de forma natural y voluntaria por los individuos para intercambiar bienes y servicios y como reserva de valor. Fue en el año 650 a. C. cuando los lidios, habitantes de un reino que ocuparía hoy parte del territorio turco, comenzaron a acuñar el metal amarillo como moneda. El patrón oro fue adoptado posteriormente por griegos, romanos, chinos y otras civilizaciones, y perduró hasta bien entrado el siglo XX. Hoy, sin embargo, ha sido relegado al estatus de reliquia, como si se tratase de un mero vestigio del pasado carente de relevancia tras la implantación del sistema fiduciario, en 1971, cuando EEUU abandonó definitivamente el patrón oro establecido en los acuerdos de Bretton Woods (1944). Curiosamente, muy al contrario de lo que se pregona, lo extraño, lo excepcional, es el actual sistema monetario, carente de respaldo real, y no el oro. El patrón de cambio vigente es una anomalía histórica que tarde o temprano acabará por colapsar, tal y como ya sucedió en el pasado con experimentos similares.

El pensamiento dominante, por tanto, ha convertido en algo normal lo que, sin duda, supone una perversión moral y económica de nefastas consecuencias: la emisión monopolística de papel moneda por parte del estado y su banco central sin más respaldo que la nula credibilidad de nuestros gobernantes. Muchas de las dificultades y turbulencias de las últimas décadas, junto a la constante depreciación que sufre el dinero, derivan de la derogación del patrón oro. De ahí, precisamente, la importancia de conocer los fundamentos y claves de dicho sistema. Éste es el objetivo que persigue el economista Juan Manuel López Zafra enRetorno al patrón oro. El libro hace un recorrido no lineal por la larga historia del metal amarillo como moneda, parándose en algunos de los episodios más significativos e importantes para entender tanto su funcionamiento como su particular evolución, sobre todo en los dos últimos siglos, hasta su total sustitución por el dinero fiduciario.

Zafra aborda las intrínsecas y exclusivas cualidades que otorgan al oro su función monetaria y recorre, brevemente, los tres modelos que se desarrollaron bajo su vigencia: el patrón oro clásico, el oro en lingotescomo respaldo del papel moneda y el oro como patrón de cambio. Una de las partes más interesantes del libro es, sin duda, la dedicada a los desastrosos precedentes fiduciarios, en donde distintos gobiernos, en distintas épocas, abandonaron la sana ortodoxia que impone el metal para embarcarse en la emisión masiva de papel moneda, con idénticos resultados: hiperinflación y caos económico y social. Así, por ejemplo, recoge el episodio de John Law bajo el absolutismo francés del siglo XVIII, cuando, siendo ministro de Finanzas del reino, abandonó la convertibilidad para imprimir billetes con total libertad, instaurando uno de los primeros fraudes piramidales de la historia moderna. También incluye un apartado dedicado a la Revolución Francesa y el experimento de los assignats, la moneda del pueblo, cuyo valor, en teoría, descansaba en la expropiación masiva de tierras por parte del Estado. La hiperinflación posibilitó el ascenso al poder del general Napoléon Bonaparte en 1799. Algo parecido sucedería casi un siglo después en Alemania, con la hiperinflación de los años 20 en la República de Weimar y el posterior auge del nazismo. Todo ello evidencia los gravísimos problemas que conlleva la manipulación arbitraria de la moneda por parte del poder político.

Asimismo, Zafra demuestra con numerosos datos que los períodos de mayor prosperidad económica y estabilidad de precios son aquellos en los que se han dado dos circunstancias simultáneamente, la existencia de paz y la vigencia del patrón oro, como bien muestra la exitosa experiencia de EEUU y Reino Unido durante buena parte del siglo XIX. Por desgracia, el keynesianismo imperante, gran amante de la inflación, la deuda y el gasto público, comenzó a imponer sus criterios en la primera mitad del pasado siglo, dejando así manga ancha al estado para emitir a voluntad, con el consiguiente quebranto para el conjunto de la sociedad, especialmente para los ahorradores. En este sentido, la obra aborda con especial brillantez la Gran Depresión de los años 30 en EEUU, desmontando la manida y no menos falsa afirmación de que uno de los principales culpables fue el patrón oro. Zafra concluye todo lo contrario:

Fue la ausencia de un patrón definido de oro lo que provocó el estallido del desempleo y la extensión de la crisis.

El oro es el último garante de la responsabilidad de los gobernantes, ya que limita su capacidad de endeudamiento público, garantiza la estabilidad de precios –evitando así el perverso y oculto impuesto de la inflación–, restringe la artificial expansión del crédito –origen las recurrentes burbujas económicas– y, como consecuencia, posibilita un marco idóneo para la acumulación de capital, la base que permite crear riqueza y empleo. Por ello, el autor dedica la última parte del libro a defender la necesidad de regresar al patrón oro, a la libre circulación de monedas con respaldo real, quitando así el dinero de las sucias manos de los políticos. Son muchos los que rechazan esta opción, pero Zafra explica que no sólo es posible, sino deseable.

Solo el retorno al oro, como extintor de la deuda pública, y un control del crédito garantizado por la salvaguarda de los depósitos con un respaldo del ciento por ciento permitirán recuperar la cordura que nuestra sociedad ha perdido en algún meandro de los ríos Keynes y Friedman.

Su diagnóstico no puede ser más certero. Como en su día afirmó el ilustre filósofo francés Voltaire,

una moneda de papel, basada sólo en la confianza del gobierno que la imprime, acaba siempre volviendo a su valor intrínseco, es decir, cero.

El lector que tenga una mínima curiosidad por saber cómo funciona el actual sistema monetario encontrará en Retorno al patrón oro una obra inspiradora y reflexiva en la que se apuntan las grandes claves para volver a disponer de un dinero sólido, fiable y, sobre todo, sano. Como bien señala Zafra, "de ello depende el bienestar de nuestro hijos".

Juan Manuel López Zafra, Retorno al patrón oro, Deusto, Barcelona, 2014, 192 páginas.

Capitalismo, filantropía y solidaridad voluntaria

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los principales argumentos que esgrimen los enemigos de la libertad para justificar la existencia del Estado es el de garantizar la redistribución de renta. Sin esa redistribución -afirman los estatistas-, la acumulación de riqueza de los ricos impedirá a las clases económicamente menos favorecidas de la sociedad cambiar su situación. Ya saben el famoso meme: los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Se me ocurren dos grandes objeciones a esta idea errónea. En primer lugar, es una falacia que la acumulación de riqueza por parte de los individuos y familias más acaudaladas del planeta impida a los más pobres revertir su situación. En segundo lugar y aun en el caso de que esa errónea teoría fuese cierta, también es cuestionable que la única (o mejor) solución para lograr que los más pobres accedan a la parte de la acumulación de riqueza de los más ricos sea mediante la coacción. La primera objeción es fruto de ignorancia económica, la segunda de una clara actitud estatista y coactiva, valga la redundancia.

Con respecto a la falaz asunción de que es necesario que el Estado impida que los ultra ricos acumulen riqueza con el paso del tiempo hay dos problemas. Por el lado de los más desfavorecidos, sus oportunidades de prosperar en la vida y la acumulación de riqueza de los ricos son dos fenómenos que nada tienen que ver. El que un rico acumule capital no impide que un pobre haga lo mismo. En los años 30, algunas de las familias más ricas del planeta eran los Rockefeller, los Morgan o los Du Pont. Que esas familias tuviesen unos patrimonios gigantescos no impidió que, por ejemplo, un niño nacido en 1930 en el seno de una familia de clase media-baja en la ciudad de Omaha se convirtiese, décadas más tarde, en el hombre más rico del planeta. Ese hombre es Warren Buffett. Del mismo modo, que Bill Gates fuese el hombre más rico del mundo durante prácticamente dos décadas tampoco impidió que otro joven proveniente de una familia sin una acumulación de capital significativa se convirtiese en el mil millonario más joven del mundo. El joven del que hablo es Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook. Las oportunidades que tienen los individuos para prosperar en la vida y probar fortuna nada tienen que ver con que los ricos acumulen riqueza.

Pero la cosa no acaba aquí.

Una vez analizada la situación desde la perspectiva de los pobres, toca ahora hacerlo desde la de los más acaudalados. El sofisma económico mencionado hace una asunción que, lamentablemente para los anticapitalistas, no se cumple. Esa asunción es que, una vez un individuo o un grupo familiar acumula una ingente cantidad de riqueza, lo único que sucederá es que esa riqueza aumente con el paso del tiempo. Craso error. La riqueza, igual que se genera, se puede destruir. En eso son expertas las segundas y especialmente las terceras generaciones familiares. Pero más allá de una mala gestión del patrimonio familiar, el motivo fundamental de esa compleja preservación del capital es que el libre mercado no entiende de apellidos. Las mayores fortunas del planeta no tienen miles y miles de millones en el banco rentando un interés, sino que tienen una gran cantidad de acciones, normalmente de una misma empresa. Y aquí es donde viene el problema: si los beneficios esperados de un negocio de éxito pasan a ser cuestionados y finalmente caen en picado, la riqueza de esa familia se habrá evaporado. Por poner un ejemplo, el dueño de la cadena de videoclubs Blockbuster -que fue una empresa de enorme éxito y que acabó perdiendo el 99% de su valor en Bolsa- pasó en cuestión de años de ser un hombre tremendamente rico a convertirse en alguien con una riqueza mucho más modesta. De obligada lectura es el reciente artículo de Juan Ramón Rallo hablando precisamente de la voraz rotación de los apellidos de los ultra ricos en la lista de Forbes con el transcurso de las décadas. También merece la pena leer el artículo de Gray Matter titulado "From Rags To Riches To Rags". Este profesor y su colega Thomas A. Hirschl han estudiado la evolución de los ingresos de los norteamericanos durante los últimos 44 años y las conclusiones no pueden ser más reveladoras. El 12% de la población se encontrará en algún momento en el 1% más rico por ingresos. Mejor aún, el 39% estará al menos un año en el top 5%, un 56% lo hará en el top 10% más rico y un sorprendente 73% se encontrará entre el 20% con mayores ingresos en algún año dado. El libre mercado -no el corporativismo estatista imperante- enriquece sin miramientos del mismo modo que empobrece. No hay un trato de favor ni privilegios a la hora de conservar capital: si el negocio que ha generado una gran acumulación de capital ya no logra satisfacer las necesidades de una masa crítica de la sociedad, la riqueza desaparecerá. Esto explica la cantidad de americanos que algún año de su vida se encontrarán entre los más ricos del país.

Como comentaba al principio, aun en el caso de que la falacia de que los ricos impiden a los pobres prosperar por acumular riqueza fuese cierta, tampoco deberíamos asumir que la redistribución coactiva del Estado sea la solución. El libre mercado y los individuos, de forma libre y voluntaria, han llegado a una mejor solución. Ignoro si es por casualidad o si hay un interés por no darle mucha publicidad al asunto, pero lo cierto es que en los últimos años ha acaecido un hecho sin precedentes: las mayores fortunas del planeta, lideradas por Bill Gates y Warren Buffett, se han comprometido de forma libre y voluntaria a donar en vida al menos el 50% de su patrimonio a causas benéficas. El proyecto, lanzado en 2010, se llama "The Giving Pledge". Hasta la fecha, cerca de 120 mil millonarios con una riqueza acumulada valorada en más de $600.000 millones, se han comprometido a donar a causas filantrópicas la mitad de sus inmensas fortunas en vida. Entre los logros de estos acaudalados filántropos se encuentra el caso de Bill Gates, que está a punto de lograr erradicar la polio en todo el mundo. Ya va camino del 99%.

Cierto es que algunos de los promotores, como es el caso de Warren Buffett y su cruzada por que EEUU suba los impuestos a los ricos, están a favor de que la redistribución de renta se haga de forma coactiva. Pero no es menos cierto que esos 120 ultra ricos de Forbes acceden de forma libre y voluntaria a donar una gran parte de su riqueza para mejorar, en muchos casos, la vida de los que menos tienen. Este altruismo tiene una parte de lógica: cuando uno se ha beneficiado enormemente de un sistema como es el capitalismo que premia a quienes mejor saben darle a la sociedad aquello que demanda, se siente extraordinariamente recompensado. Quienes experimentan ese enriquecimiento se sienten tan sumamente gratificados que, en muchas ocasiones, desean devolver a la sociedad parte de esa riqueza obtenida: solidaridad voluntaria, la única solidaridad posible.

Como el mundo en el que nos ha tocado vivir dista mucho de ser una sociedad capitalista libre, no todas las personas que acumulan ingentes cantidades de riqueza la han obtenido de forma lícita, compitiendo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de privilegios estatales ni enchufes políticos. Por citar dos ejemplos, ni Carlos Slim ni Roman Abramovich se caracterizan por ser dos mil millonarios que hayan obtenido sus gigantescas fortunas sin privilegios estatales fruto del libre mercado. En el caso del primero, su estrecha relación de amistad con el que fuese presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, jugó un papel decisivo en la construcción de su imperio. En el caso del segundo, su acceso privilegiado al círculo del entonces presidente Boris Yeltsin le permitió sacar tajada del proceso de privatización tras la perestroika. Curiosamente, estos dos ultra ricos han declinado participar en el proyecto "The Giving Pledge". Desconozco si, al no haber obtenido su enorme riqueza gracias al libre mercado sino al capitalismo de amiguetes -como se conoce en nuestro país al crony capitalism-, no tengan ese sentimiento de gratitud hacia la sociedad que sí tienen aquellas personas que han obtenido su riqueza de forma libre y voluntaria, con el voto de los millones de clientes de sus empresas. Pero me aventuro a pensar que algo de influencia ha podido tener.

La auténtica democracia es el libre mercado y aquellos que obtienen muchos "votos" en el mercado se dividen en dos grandes grupos: quienes sí los merecen suelen ser generosos y altruistas y el resto parece ser más avaricioso y egoísta. Así que la forma óptima para que los ricos ayuden a los más pobres parece simple: más libre mercado (que es la esencia de la prosperidad) hará más ricos legítimos y esos ricos, sin que nadie se lo imponga, suelen tender a ser solidarios y querer ayudar a quien más lo necesita. Mientras esta cooperación voluntaria y altruista a escala planetaria tiene lugar, los enemigos de la libertad seguirán argumentando que la redistribución coactiva de renta de ricos a pobres es necesaria para garantizar una "igualdad de oportunidades". Que no le den gato por liebre.