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Mónica de Oriol tiene razón

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha levantado una gran polvareda con sus polémicas, aunque muy certeras, recomendaciones sobre la política laboral y fiscal que está desarrollando el Gobierno. España, que desde hace tiempo vive sumida en la demagogia de lo políticamente correcto, no está acostumbrada a afrontar la cruda realidad, tal y como es, sin ambages ni medias tintas.

De hecho, la izquierda, en una nueva muestra de represión y violencia, se ha apresurado a condenar sus declaraciones, llegando incluso a solicitar la "guillotina" y el "gulag" para la empresaria en las redes sociales. Así se las han gastado siempre los comunistas, a golpe de hoz y martillo para someter y esclavizar a sus súbditos. Por desgracia, a este país le sobran palabras huecas, cargadas de buenas intenciones pero vacías de contenido, y le faltan líderes políticos y empresariales capaces de describir la cruda realidad al conjunto de españoles, sin ningún tipo de complejos.

Juan Roig, presidente de Mercadona, es, junto a De Oriol, un buen ejemplo de ello. No en vano, sus escasas apariciones en público no suelen dejar indiferente a nadie: "Nos hemos pasado como país treinta pueblos", "si tomamos medidas nos sobrará dinero, si no, nos vamos al carajo", afirmaba en 2012; "los empresarios son los que nos pueden sacar de la crisis", añadía el pasado año.

En este sentido, el único pecado que ha cometido De Oriol consiste, simplemente, en hablar claro, ofreciendo, además, algunas de las recetas que necesita España de forma urgente para combatir eficazmente la vergonzosa lacra del paro, cuyo origen radica, precisamente, en el recetario estatista que tanto aplauden los amantes de lo políticamente correcto. Pero, ¿qué ha dicho De Oriol para causar tanta escandalera? Verdades como puños, ni más ni menos.

En primer lugar, pide eliminar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados, especialmente los denominados ni-nis, jóvenes que ni estudian ni trabajan y cuyo nivel de formación es inexistente. Su cabida en el actual mercado laboral es casi nula. No por casualidad, España es, junto con Grecia, líder en desempleo juvenil de la OCDE, con casi un 54%, más que duplicando la media de la UE (22,7%) y multiplicando por siete la de Alemania (7,7%). Además, casi el 19% de la población entre 15 y 29 años son ni-nis.

Las causas de este problema radican en las graves rigideces que sigue presentando la regulación laboral y un mediocre nivel de formación(sólo el 26% de los jóvenes españoles tiene estudios medios, mientras que en Alemania y Austria, con un paro juvenil inferior al 10%, dicho nivel asciende al 63% y 70%, respectivamente), lo cual dificulta en exceso la contratación juvenil debido al elevado coste que impone el Estado. Y es que, efectivamente, por mucho que duela, el valor añadido que pueden aportan muchos de estos jóvenes sin estudios es muy inferior al sueldo que estarían obligados a pagar por ley los empresarios. ¿Resultado? Paro.

El salario mínimo en España está fijado en 753 euros al mes (en doce pagas), pero muchos olvidan que el coste real para la empresa ronda, en realidad, los 1.200 euros mensuales, casi el doble, una vez sumados los impuestos, las cotizaciones y el resto de cargas que fija arbitrariamente el Gobierno. Los trabajadores menos cualificados, cuya productividad es inferior a dicho umbral, quedan, automáticamente, excluidos del mercado de trabajo. Es decir, el intervencionismo público les condena al paro.

En este sentido, el salario mínimo es una muestra más de los nefastos efectos que causa la injerencia estatal en los precios. El sueldo no es más que un precio -en este caso, de la fuerza laboral-, y si éste es superior al valor de mercado (el precio que están dispuestos a pagar los empresarios en función de lo que demandan sus clientes y, por tanto, todos nosotros), lo que se genera, de forma inevitable, es desempleo. Es la ineludible ley de la oferta y la demanda. Así pues, la eliminación del SMI beneficiaría a los parados menos capacitados y más vulnerables, justo lo contrario de lo que afirman políticos y sindicatos.

La izquierda y los defensores de lo políticamente correcto, sin embargo, prefieren que esos desempleados sigan marginados, sin posibilidad alguna de encontrar trabajo, al menos en el mercado legal. De ahí que muchos no tengan más remedio que acudir a la economía sumergida para subsistir. Asimismo, resulta paradójico que los comunistas y los sindicalistas hayan crucificado a De Oriol, escudándose en ofrecer "sueldos de miseria" a estos parados, cuando ellos son el paradigma de la esclavitud y la pobreza más extrema del mundo, como bien ejemplifican sus particulares paraísos estatistas, desde Argentina y Venezuela hasta el modélico régimen cubano, cuya población recibe un sueldo oficial de 15 dólares al mes y una cartilla de racionamiento. Que estos genios de la ingeniería social se atrevan a dar lecciones de dignidad laboral es, cuanto menos, surrealista, y que sus soflamas tengan eco entre la opinión pública es, sin duda, un síntoma de ignorancia muy grave.

Es más. De Oriol, lejos de equivocarse, se queda corta. España no sólo debería eliminar el salario mínimo para los ni-nis o los parados menos formados, sino borrar de una vez por todas esa ignominiosa traba estatista. Muchos países europeos carecen de ese umbral y, curiosamente, sus trabajadores gozan de un salario medio muy superior al español –unos 1.000 euros extra de media– y una tasa de paro mucho más baja -de apenas el 7%-. De hecho, hasta el Banco de España defiende la eliminación del SMI, solo que con la boca mucho más pequeña para no molestar demasiado ni alejarse en exceso del muy políticamente correcto pensamiento dominante.

En cuanto al resto de propuestas, la empresaria también apuesta por reducir el coste del despido improcedente a 18 días por año, frente a los 33 actuales, para acabar con la perversa dualidad -diferencia entre fijos y temporales- que sigue gobernando el mercado laboral español, así como aplicar la denominada "negociación colectiva" tan sólo a nivel de empresa. Se trata, igualmente, de medidas bien encaminadas, si bien lo ideal sería implantar la libre fijación de condiciones entre empresario y trabajador, sin más cortapisas que la firma de un contrato privado acordado voluntariamente entre las partes.

Asimismo, De Oriol critica la actual prestación de paro por no incentivar la búsqueda de trabajo, lo cual no es nuevo, ya que la inmensa mayoría de organismos insiste en la urgencia de reformar las políticas activas de empleo, incluyendo el FMI o el Banco Mundial, cuya socialdemocracia, por cierto, está fuera de toda duda. De igual modo, propone una sustancial rebaja de impuestos y reducir las cotizaciones sociales para impulsar el crecimiento, al tiempo que se recorta el empleo público, cuyo ajuste ha sido mínimo pese al enorme déficit presupuestario que sufre España. Menos trabas burocráticas y un menor intervencionismo económico son otras de las recetas que ha lanzado la presidenta del Círculo de Empresarios para facilitar la actividad económica.

Recomendaciones, todas ellas, razonables y bien encaminadas, ya que, sin duda, permitirían acelerar la salida de la crisis y bajar el paro de forma drástica. Sin embargo, frente a la sensatez de tales políticas, parece que en este país prima la necedad de lo políticamente correcto. Muchos prefieren que España mantenga el statu quo, el mismo que ha propiciado un paro superior al 25%, propio de un país Tercer Mundista, antes que reconocer el rotundo fracaso del socialismo imperante a la hora de generar riqueza y bienestar para el conjunto de la población.

De Oriol podrá caer mejor o peor, pero su diagnóstico no puede ser más certero. Todos esos que se han indignado con sus palabras, por el contrario, proponen como única alternativa agravar hasta el extremo la nefasta receta intervencionista que nos ha traído hasta aquí y, por tanto, lo único que merecen sus mensajes es el desdén y el desprecio más absoluto.

No podemos votar con los pies, Profesor

El mes pasado tuvimos ocasión de comentar el excelente libro de Juan Ramón Rallo, “Una revolución liberal para España”. La verdad es que el libro está siendo un verdadero éxito. El Profesor lo ha presentado ya en Madrid, Barcelona y Sevilla. Ha acudido a entrevistas con los principales medios económicos, tanto liberales como no -Vozpopuli, LibreMercado, esRadio o elEconomista-. Además, recientemente hemos conocido la inclusión del Profesor en una “lista negra” de economistas enfrentados con este Gobierno. Señal inequívoca de que algo bien estará haciendo Juan Ramón.

El libro merece muchísimos comentarios. Tanto elogios como los que brindó un servidor o José Luis Ricón como matizaciones y críticas como la de Andrés Casas. Y sobre uno de los temas del libro querría yo volver a reflexionar: las ciudades “autónomas” que propone Juan Ramón en el libro al hilo de la consabida capacidad de votar con los pies que tanto han defendido diversos economistas en España (Diego Sánchez de la Cruz, Adrià Pérez, Carlos Rodríguez Braun, María Blanco, etc. Y la lista sigue).

El argumento es sencillo y es de meros incentivos. Si un gobernante aumenta los impuestos y cercena las instituciones privadas (de propiedad individual o de mano común) junto con la autonomía de la voluntad corre el riesgo de perder a su ciudadanía. Algo que ya estudió la Public Choice respecto de la fuga de cerebros y que en España ha traído como paradigma a la Comunidad de Madrid con sus mayores libertades y sus menores impuestos.

Sucede, no obstante, que votar con los pies no resulta sencillo a nivel personal. Algo que sí reflexiona Juan Ramón. Uno ha tejido una valiosa red de contactos en su lugar de residencia (capital social), cuenta con la institución de la familia (lo que Huerta de Soto diría que genera seguridad al individuo) e, incluso, tiene su mayor fuente de renta en su lugar de residencia (habida cuenta de que la diversificación de la procedencia de los flujos de caja para los ciudadanos es casi inexistente). Por ello, expone Juan Ramón, si las Administraciones son pequeñas, territorialmente hablando, se consigue ese doble efecto verdaderamente sano: el ciudadano puede votar con los pies con mayor facilidad al reducir el desplazamiento necesario y tiene a sus políticos más cerca para elevar sus protestas. Al cabo, y perdonen el simplismo del símil, es como cambiar de comunidad de vecinos porque te suben las cuotas a un nivel inasumible.

El problema viene no sólo auspiciado por este apego a la red de contactos tejidas y al lugar de residencia, el problema viene con la ley fiscal. Supuesto, obviamente, no contemplado en el libro del Profesor pero existente a día de hoy. La Hacienda Pública, perra vieja y sabia, ya ha previsto el sufragio con los pies y ha trabajado muy duro para evitarlo. Alguno pensará que tal trabajo es orientado a mantener a los ciudadanos en sus residencias con leyes fiscales más benévolas y sencillas. Pero nada más lejos de la realidad. El duro trabajo del legislador fiscal ha ido orientado a lograr que el ciudadano que abandona su territorio siga tributando y rindiendo cuentas ante el territorio que abandona. Veamos algunos ejemplos de semejante mordida:

  • IRPF: La ley del IRPF considera residente y por tanto contribuyente del IRPF a todo aquel que resida más de la mitad del año en España o que perciba más de la mitad de sus rentas en España. Con que se dé una condición ya tributa. Es decir, el que emigra pero percibe todas sus rentas, verbigracia, por dividendos de El Corte Inglés, tributa por el IRPF. Pero hay un caso más sangrante. Supongamos que un individuo emigra a trabajar para ACS en Inglaterra. Las rentas del trabajo las paga la filial inglesa. Pero, según la ley del IRPF el contribuyente sigue residiendo en España salvo que haga un complejo papeleo. Porque para la Hacienda será un contribuyente ausente “esporádicamente”. Pero si tal ciudadano, en vez de Inglaterra, acude a las Islas Caimán la cosa empeora mucho. Deberá probar fehacientemente la residencia en las Caimán durante más de medio año y después de probarlo durante ese año deberá esperar 4 años más. Si uno va hoy a las Caimán seguirá tributando por el IRPF hasta 2020.
  • ISD: Si uno quiere que cuando muera se le aplique a sus herederos un impuesto de sucesiones como el de la Comunidad de Madrid deberá acudir presto al citado lugar. Con 5 años de antelación a su fallecimiento como mínimo. Si no, se le aplicará el maravilloso 30% andaluz, en caso de que uno sea sevillano.
  • Impuesto de Sociedades: el abandono de la residencia fiscal debe ser por “motivos económicos válidos”. ¿Cuáles son esos? Pues los que el burócrata de turno decida, como no podría ser de otra manera.

En fin, ejemplos similares los hay en patrimonio y otros impuestos. Evitando a toda costa ese voto con los pies. Tanto fuera de las fronteras españolas como a nivel intracomunitario entre distintas autonomías. Lo cómico de todo esto es que, una vez logra el individuo salir de España, seguirá tributando lo que perciba en rentas aquí por el Impuesto de la Renta de No Residentes.

Miguel Sebastián miente

El exministro de Industria Miguel Sebastián se ha desmarcado con unas declaraciones cuando menos llamativas en un artículo titulado Algunas reflexiones sobre la situación energéticapublicado en el número 41 de Cuadernos de Energía. Dentro del mismo, este político y economista nos proporciona su particular visión sobre diversos asuntos relacionados con la actualidad del sistema energético español, entre los que destaca la problemática de las energías renovables.

De acuerdo con Sebastián, los gobiernos de Aznar y de Zapateroindujeron un desarrollo artificialmente rápido de la energía renovable en España, cargando a nuestra economía con un sobrecoste energético que perjudica notablemente nuestra competitividad y que, por tanto, lastra nuestra capacidad de recuperación. Destaca en medio de este desaguisado, según Sebastián, “la burbuja fotovoltaica”, que condujo en 2008 a instalar una potencia de 3.000 MW en paneles fotovoltaicos, siete veces por encima del objetivo del Gobierno y más de lo que durante ese ejercicio instaló el resto del mundo; 3.000 MW a los que, además, se les prometieron unas primas de 3.000 millones de euros anuales durante 25 años, esto es, “la friolera de 75.000 millones de euros a costa de la factura de la luz de los consumidores españoles”. De ahí que el exministro de Industria denuncie que las primas a las renovables se terminaran convirtiendo en “una transferencia de rentas desde las pymes y la industria, innovadora, productiva y exportadora, hacia los terratenientes o financieros que desplegaron los huertos solares por toda España”.

En este sentido, Sebastián lamenta haberse quedado solo dentro de su partido y de su Gobierno a la hora de defender el pinchazo de esa burbuja fotovoltaica: “El Ministerio de Industria estaba solo frente a todos”. A estas alturas de la película, pues, ya sólo restaría tratar de encajar el golpe y mostrarnos generosos con el resto de países de nuestro entorno para que puedan aprender de nuestros errores: “Debemos comunicar nuestra experiencia de país pionero a otros países para evitar que se repitan dichos errores y puedan aprender de nuestra experiencia”.

Hasta aquí parecería que el ministro que capitaneó la gestación de la burbuja renovable se hubiera colocado los ropajes de estadista honesto para relatarnos el martirio que tuvo que soportar durante aquellos años, rodeado de insensatos conmilitones que echaban por tierra todos sus esfuerzos por aportar algo de cordura al asunto. Sólo existe un problema con esta narrativa: Sebastián miente.

El informe contra las primas a las renovables

A comienzos del año 2009 formé parte de un equipo de investigación dentro de la URJC (dirigido por Gabriel Calzada y en el que también se hallaba la profesora Raquel Merino, así como el supervisor técnico José Ignacio García Bielsa) que se dedicó a estudiar los efectos de las primas a las energías renovables en España. Las conclusiones del informe dejaban poco margen de dudas para el optimismo: la intervención gubernamental dirigida a promover políticamente el desarrollo de las energías renovables había hipertrofiado el sector y creado una descomunal burbuja, especialmente en la industria fotovoltaica; es más, el derivado incremento de la factura eléctrica o de los impuestos —necesario para financiar las milmillonarias primas prometidas— terminaría destruyendo 2,2 puestos de trabajo netos en el sector privado por cada puesto de trabajo que se pensaba haber creado dentro del sector renovable.

El propósito del informe era doble: por un lado, poner de manifiesto —una vez más— los devastadores y descoordinadores efectos que acarrea el intervencionismo político en cualquier área del mercado, con la esperanza de que, en la medida de lo posible, se rectificara y se minimizaran sus nocivos efectos; por otro, alertar a los países de nuestro entorno de que no emularan el itinerario intervencionista de España, responsable de haber hipotecado el desarrollo de nuestro sistema eléctrico —y de todas las industrias intensivas en consumo eléctrico— durante al menos tres décadas.

¿Cuál fue la respuesta que recibimos los autores a raíz de este informe apreciablemente preocupado por el porvenir de nuestro país y, también, por el de nuestras sociedades vecinas? Descalificaciones, críticas y presiones desde todos los ámbitos y poderes fácticos de este país: gobiernos de cualquier signo político, universidades, grandes bancos, constructoras, corporaciones eléctricas y medios de comunicación dependientes de las consignas y de la publicidad —institucional o privada— de los poderes fácticos anteriores. En suma, se nos echaron encima todos aquellos lobbies, políticos y burócratas que abrevaban en este latrocinio regulatorio ideado para extraer y saquear las rentas de familias y empresas (como ahora reconoce el propio ministro de Industria que acogió esas primas).

El argumento más recurrente en aquel entonces fue el de tratarnos de “antipatriotas” porque estábamos dificultando que algunas compañías españolas se lucraran endosándoles este timo de la estampita a algunos países como EEUU (ése es el uso que se le da a la ‘marca España’: una canallesca patente de corso para aprovechar el buen nombre comercial de nuestro país con el propósito de camuflar las corruptelas y los fraudes más variados). Desde el diarioPúblico, de hecho, incluso inventaron su propia conspiranoia reptiliana y bilderbergiana para demostrar que esa irreductible aldea gala —pero aldea, al fin y al cabo— que es el Instituto Juan de Mariana era en realidad el cerebro maquiavélico que, desde las sombras, manejaba los hilos de gran parte de la política nacional e internacional con el ánimo de maximizar la cuenta de resultados de las petroleras estadounidenses. Ninguna patraña era suficiente para ocultar y desviar la atención del asunto esencial: la parasitación de las familias y empresas nacionales por parte de ciertos grupos de presión españoles que ahora pretendían hacer su agosto timando a los políticos estadounidenses.

Atendiendo a las declaraciones actuales de Miguel Sebastián, uno esperaría retrospectivamente que el exministro de Industria se hubiese posicionado junto a los autores del informe, tanto por sus conclusiones (burbuja renovable, encarecimiento de la energía y destrucción de empleo) cuanto por sus objetivos (rectificar el rumbo de la política energética española y alertar a los países vecinos de que no cometieran el mismo error). Pero, ¿hizo esto Sebastián? No.

Miguel Sebastián, al ataque

El exministro de Industria no sólo no apoyó el informe contra las primas políticas a las energías renovables, sino que ni siquiera se quedó callado a modo de asentimiento silente. Al contrario, Miguel Sebastián se marchó de gira por EEUU para desprestigiar las conclusiones del informe (ésas mismas que hoy grosso modo suscribe) y para endosarle el muerto de este tocomocho español a la Administración Obama, esto es, a todos los ciudadanos estadounidenses. Así, por ejemplo, en una entrevista que concedió al Houston Chronicle el 7 de noviembre de 2009 (fecha en la que, según sus parámetros actuales, la burbuja renovable ya estaba absolutamente desbocada y era del todo punto innegable), se narraba que Miguel Sebastián “acababa de visitar recientemente numerosas ciudades estadounidenses para promover que empresas y administraciones estadounidenses trabajaran de la mano de compañías renovables españolas” y se recogían diversas declaraciones del exministro donde exaltaba la conveniencia de invertir en energías renovables —por cuanto promovían el empleo, el crecimiento y la innovación— al tiempo que despreciaba el informe por tener una “motivación política”.

En aquel entonces, ya era obvio que Sebastián o no se había leído el informe o distorsionaba su contenido a conveniencia (según la entrevista, nuestro informe ligaba la destrucción de empleo en la construcción con la promoción política de las energías renovables, cosa que no hacía ni lejanamente). Con la nueva información contextual que Sebastián nos proporciona, semejante entrevista adquiere ahora una nueva dimensión interpretativa: o el exministro de Industria mentía con descaro entonces o miente con descaro ahora. Sea como fuere, queda claro que su tour por EEUU y la campaña de acoso que concertadamente se lanzó contra el informe en España tenían un único propósito: seguir instrumentando el sistema eléctrico español (e idealmente, también el estadounidense) para consolidar el saqueo regulatorio de consumidores y contribuyentes en privativo lucro de políticos y grupos de presión. El mismo Miguel Sebastián que hoy se nos presenta como el incomprendido mártir de una política energética que no suscribía fue, en realidad, el líder de los alcahuetes nacionales que marcharon a EEUU para colocarles a los mistermarshallianos yanquis la basura regulatoria que acababa de hipotecar por décadas el sistema eléctrico español.

El caso no sólo ilustra, por enésima vez, que este sistema eléctrico español lleva desde hace décadas bajo la planificación directa e indirecta del Estado y que, por consiguiente, no puede considerarse en absoluto un ejemplo de mercado eléctrico libre (los detalles de cómo funcionaría o ha funcionado éste pueden hallarse en Una revolución liberal para España). Pero lo verdaderamente relevante no es esto: si algo sirve para poner de manifiesto el doble discurso de Miguel Sebastián es cuán pútridas, sectarias e irreparables son las tripas de la política en nuestros hipertrofiados Estados modernos. Incluso cuando los políticos (presuntamente) son conscientes de que están minando la libertad y la prosperidad de los ciudadanos, no dudan en imponer sus intereses comisionistas y los de los lobbies a los que privilegian con sus regulaciones, al tiempo que persiguen a todos aquellos que denunciamos que el emperador está desnudo. Mas, precisamente por ello, hay que seguir repitiendo y constatando que, en efecto, el emperador está desnudo.

La sanidad estadounidense no es un ejemplo de libre mercado

Cuando nos planteamos cómo funcionaría una sanidad privada dentro del marco de un mercado libre, rápidamente se nos viene a la cabeza el caso de EEUU. En efecto, EEUU carece de un sistema de sanidad pública al estilo europeo (ya sea el modelo Beveridge de Inglaterra o España, donde es el Estado el que se encarga de proveer los servicios sanitarios a cambio del pago de impuestos, ya sea el modelo Bismarck de Alemania o Austria, donde el Estado obliga a los ciudadanos a contratar un seguro obligatorio altamente intervenido y regulado), de modo que, en principio, podría emplearse como campo de prueba de los efectos de la privatización y liberalización de la sanidad.

Mas, en este sentido, los resultados son bastante deplorables: EEUU gasta alrededor de 17 puntos del PIB en su sistema sanitario –casi el doble que la mayoría de países europeos–, sin que sus resultados sean espectacularmente superiores (la sanidad estadounidense está a la cabeza en la implantación de nuevas tecnologías, así como en el uso de medicina preventiva, pero esos elementos diferenciales no parecen justificar el gigantesco sobrecoste). Así las cosas, el debate sobre la superioridad de la sanidad pública quedaría definitivamente zanjado: calidad análoga a la mitad de precio.

El asunto, empero, no es ni mucho menos tan sencillo. Tal como explico extensamente en Una revolución liberal para Españael sistema sanitario estadounidense no puede considerarse representativo de un mercado libre. Por el lado de la oferta, la competencia dentro de, por ejemplo, la profesión médica se halla artificial e injustificadamente perturbada por las licencias y los colegios profesionales. Y, sobre todo, por el lado de la demanda, el 90% del gasto sanitario estadounidense se canaliza a través de dos agentes distintos del propio paciente: las aseguradoras y el Estado (para que se hagan una idea del despropósito: en España el gasto público en sanidad asciende al 6,9% del PIB… y al 8,2% en EEUU). Ni siquiera en España la socialización de la demanda alcanza un grado tan elevado como en EEUU.

En particular, de cada 100 dólares que se gastan en la sanidad estadounidense, 45 los desembolsan las aseguradoras, 45 los programas estatales Medicaid y Medicare y sólo 10 el paciente de su propio bolsillo. Dicho de otro modo, los estadounidenses pueden gastar 100 dólares asumiendo únicamente un coste de 10. ¿Quién paga los 90 restantes? El resto de sus compatriotas (ya sea a través el Fisco o a través de sus pólizas de seguros). En EEUU, pues, no hay una correspondencia entre costes y beneficios sanitarios: cada ciudadano gasta 100 para recibir 20 porque, en última instancia, él sólo soporta un coste de 10. El incentivo para disparar el gasto es el mismo que si un millón de personas acudieran juntas a un restaurante, pidieran individualmente aquellos platos que quisieran y dividieran entre todos la factura final.

Y, en efecto, el estudio más exhaustivo que se ha realizado hasta la fecha acerca de los sobrecostes sanitarios en EEUU no deja espacio para demasiadas dudas: los sobrecostes se deben esencialmente a un crecimiento descontrolado de la demanda (canalizada sobre todo a la medicina de tipo preventivo), que es capaz de soportar precios crecientes debido a que nadie tiene el incentivo a dejar de gastar. Por mucho que aumente la oferta, la demanda crece más rápido, multiplicando los precios. De hecho, en otros tramos de la sanidad estadounidense donde no se produce esta socialización del gasto (porque los programas estatales o los seguros no los cubren) no se observa ningún crecimiento anormal de los costes: es el caso, por ejemplo, de los servicios de odontología.

En Europa, donde la sanidad pública es gratuita para el usuario (que no para el contribuyente), podrían ciertamente darse unas consecuencias similares a las de EEUU de no ser porque nuestros políticos racionan y contingentan los servicios sanitarios que reciben sus ciudadanos (los famosos recortes sanitarios son una práctica estructural del sistema, aunque se hayan hecho más visibles con la crisis): en el Viejo Continente, los dueños de nuestra salud no somos nosotros, sino los políticos y burócratas que organizan el sistema según sus gustos, necesidades e intereses (listas de espera, adopción tardía de nuevas tecnologías, tratamientos y medicamentos no cubiertos, aglomeración de pacientes…). Dicho de otra forma: los incentivos perversos sobre la demanda que conducen a hipertrofiar el gasto sanitario son los mismos en EEUU que en Europa, pero en Europa los políticos controlan severamente la oferta e impiden que el gasto se sobredimensione; es como si, una vez llegáramos al restaurante, el dueño del mismo nos limitara la cantidad y la calidad de lo que cada comensal puede solicitar: por mucho que nos incentivaran a solicitar muchos y muy caros platos, no podríamos.

Pero ¿cuál es el motivo de que la demanda sanitaria estadounidense se haya socializado hasta ese nivel? No, no crean que la causa deriva del libre y normal funcionamiento de los mercados: el problema viene tanto del establecimiento de Medicaid y Medicare (1966) como, sobre todo, del poderoso incentivo que supone, desde 1954, la exención en el impuesto sobre la renta y en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social de los gastos asociados a la contratación de un seguro sanitario en favor del trabajador. Para gastar 100 dólares en sanidad en EEUU es necesario que el trabajador ingrese 200 dólares antes de impuestos… salvo que ese gasto de 100 se canalice a través de un seguro sanitario contratado por el empresario (en cuyo caso, basta con ganar 100 antes de impuestos: un descuento del 50%). Los acicates a canalizar todo gasto sanitario a través de un seguro contratado por el empresario son, pues, enormes, incluso con respecto a gastos que no deberían estar cubiertos por los seguros (como la mayor parte de la medicina preventiva).

Esta socialización del 90% del gasto sanitario estadounidense –inducida por el intervencionismo estatal– es el principal responsable de la hipertrofia de precios. EEUU no es un buen ejemplo de mercado libre sanitario, donde la mayoría de gastos sanitarios se deberían sufragar a partir del ahorro propio y sólo aquellos de naturaleza extraordinaria y catastrófica serían cubiertos por seguros: Singapur, o incluso Suiza, guardan mayores semejanzas y su gasto sanitario está absolutamente bajo control, al tiempo que su calidad es extraordinaria. Si algo ilustra el caso estadounidense son los efectos potencialmente devastadores del estatismo, incluso en sus dosis en apariencia más inocuas.

Nada de lo cual, por cierto, debería llevarnos a caer en la complaciente aceptación de la sanidad pública europea. El envejecimiento demográfico provocará en las próximas décadas o una hipertrofia del gasto sanitario o una creciente degradación de la calidad de los servicios (ya observable vía recortes), que sólo podrá contrarrestarse con innovaciones disruptivas dentro de la sanidad. La privatización y liberalización de este sector resultará fundamental para encontrar competitivamente nuevos modelos de organización que logren mantener a raya los costes y que se adapten a las cada vez más variadas y personalizadas necesidades de los pacientes (y no de los burócratas, como en Europa). Pero para todo ello debemos arrebatar la gestión de la sanidad a los políticos y a los burócratas y devolvérsela a los ciudadanos: no emulando a EEUU, sino liberalizando de verdad.

El problema de agencia y el mercado de take-overs (II)

En la primera parte de este artículo, se describió el problema de agencia, específicamente en el ámbito de las sociedades anónimas. En este caso, la relación principal-agente se establece entre los accionistas y los ejecutivos de la empresa, más en concreto el Consejo de Administración.

Dijimos entonces que la forma más directa para que el accionista discipline a su agente es mediante la venta de la acción. De esta forma, el precio de la empresa baja y puede haber emprendedores que se hagan con el control de la misma y eliminar las prácticas negligentes o simplemente ineficientes del anterior equipo ejecutivo, consiguiendo así poner en valor la empresa.

Quedan así alineados los intereses del accionista (que la empresa suba de valor) con los del agente (que mantiene su retribución mientras genere valor). Y este debería de ser el fin de la historia.

Pero, obviamente, no lo es. Alternativamente a mejorar su gestión para evitar ser despedidos, los consejeros pueden acudir a otro tipo de mecanismos que les permitan mantenerse en el puesto con independencia de los resultados de su gestión, o que al menos dificulten el cambio tanto que se impida la rentabilidad de la toma de control de la empresa hasta el punto de que los posibles interesados renuncien a ello.

Un ejemplo de cómo obstaculizar el cambio es hacer que el Consejo se renueve por turnos (staggered board). Así, si cada año se renueva solo un tercio del Consejo, es claro que un inversor que quiera hacerse con el control de la compañía va a tener que esperar al menos dos años para poder implementar sus decisiones, plazo que puede ser excesivamente largo para la rentabilidad que se pretende obtener, aparte de permitir a los miembros del Consejo reaccionar contra la adquisición si la perciben como hostil.

Por otro lado, se pueden argumentar las ventajas de tener un staggered board, básicamente en la necesidad de mantener cierta continuidad en la gestión ante planes de acción plurianuales. Es claro que si todos los años cambian los gestores, tenderán a buscar siempre la ganancia al corto plazo.

¿Cuál es la solución correcta? La teoría económica no puede predecirla, dependerá de cada caso. Lo único que hay que hacer es asegurar que los accionistas puedan decidir en cada momento cómo quieren que funcione su Consejo.

Ello, lógicamente, nos llevaría a ver cómo son los procesos de decisión interna de la compañía, que a su vez pueden ser manipulados por los miembros del Consejo para dificultar los cambios contra sus intereses. Ahondando por este camino no tardaríamos en llegar al estatuto de funcionamiento de la compañía, y, por fin, a la regulación, sí, que en nuestro país comienza (pero no termina) con la Ley de Sociedades Anónimas.

Como se ha visto en el ejemplo ilustrativo, los intentos del Consejo por blindarse ante adquisiciones hostiles (al Consejo, no a la empresa) por vía estatutaria están en principio sujetos a la tensión del mercado, pues son los accionistas los que pueden o no autorizar los blindajes que éstos se quieran proporcionar, en función del coste-beneficio que observen. Para ello, los accionistas se pueden organizar en torno a activistas, como ocurre en los EEUU.

De hecho, en este país y gracias a la presión de determinados grupos (destancado entre ellos ISS – Institutional Shareholder Services), se están eliminando los staggered boards de la mayor parte de las empresas cotizadas. Así, cambia el balance de poder desde los miembros del Consejo, que ahora están sujetos a renovación anual, en favor de… empresas como ISS que tienen la confianza de muchos accionistas, entre ellos de los fondos de pensiones, para cambiar o mantener a los consejeros. En todo caso, esto tampoco debería ser preocupante, pues no es más que la dinámica de mercado en movimiento, en continuo proceso de prueba y error, y con los mecanismos de retroalimentación adecuada para ir corrigiendo los excesos que constantemente se producen.

El uso de estatutos sociales no es la única forma en que el Consejo se puede blindar: también se puede acudir, cómo no, a la intervención gubernamental. Por ejemplo, promocionando leyes en que se precise autorización de los políticos para una toma de control. O incluyendo umbrales sutiles en las leyes de organización que impidan en la práctica el control por parte de los accionistas.

Ejemplos no faltan en España, en que cada cambio en el control de una empresa cotizada está sujeto al escrutinio de la opinión pública, en lugar de simplemente al arbitrio de sus accionistas. Endesa o el más recientemente Deoleo son nombres que rápidamente saltan a la memoria. También cabría incluir aquí las preceptivas autorizaciones de las autoridades de competencia en caso de adquisición de empresas en un mismo mercado.

Recapitulando: la solución del problema de agencia en el caso de las sociedades anónimas pasa básicamente por la posibilidad de que terceros se puedan hacer con el control de las empresas mal gestionadas con las menores trabas burocráticas y regulatorias. Solo así la venta de la acción por el accionista minoritario podrá llegar a suponer disciplina efectiva sobre el agente. Y solo así el accionista podrá obtener el valor adecuado a la inversión realizada.


Las reflexiones realizadas se generaron en una de las Sesiones del X HARVARD COURSE IN LAW AND ECONOMICS, organizado por la Fundación Rafael del Pino y el Harvard Law School, por lo que es de justicia expresar agradecimientos a sus organizadores y especialmente al profesor Guhan Subramanian, quien dirigió la citada sesión. 

Lo que no les cuentan de la deflación

Probablemente han visto la película de 1993 Una proposición indecente, en la que un acaudalado Robert Redford ofrece un millón de dólares a una joven pareja recién arruinada en Las Vegas –Demi Moore y Woody Harrelson– por pasar la noche con la chica. En cierto modo, se trata de una versión cinematográfica de la historia en la que un caballero –atribuido apócrifamente a W. ChurchillGroucho MarxB. Shaw o M. Twain, entre otros– pregunta a una chica si se acostaría con él por una cifra desorbitada de dinero. Tras responder que sí, vuelve a preguntarle si lo haría por una cantidad irrisoria. Cuando la señorita, ofendida, replica que qué se ha creído que ella es, el caballero le responde que lo que es ya le ha quedado claro, que ahora está negociando el precio.

Pues bien, algo similar ocurre con el debate sobre la evolución del índice de precios al consumo (IPC) y la necesidad o no de intervenir para acercarse al objetivo arbitrario del 2% establecido por los bancos centrales y aceptado por las corrientes mayoritarias de economistas. Que la inflación es un robo oculto al ciudadano está claro y la discusión sobre su nivel deseable no es sino una mera negociación sobre hasta cuánto debemos soportar los ciudadanos para enjugar los excesos de endeudamiento propiciado por políticos y banqueros durante la burbuja previa y la crisis posterior, con los rescates al sector financiero y las vanas medidas de estímulo keynesiano.

Hemos debatido largo y tendido en este espacio sobre la naturaleza de la deflación, en qué consiste, los diferentes tipos y sus causas, así como sobre la bondad o iniquidad de los procesos deflacionarios (Monetae Mutatione,"¿Quién teme a la deflación?", 27/02/2014). También sobre si existe riesgo real o no de deflación, el temor irracional a la misma por parte de gobernantes, periodistas, economistas y banqueros, y la conveniencia o no de intervenir para tratar de detenerla con medidas inflacionarias (Monetae Mutatione,"Apoplitorismofobia", 14/11/2013). Asimismo, tuvimos ocasión de discutir las limitaciones del IPC para medir de forma coherente un fenómeno eminentemente monetario como es la inflación (Monetae Mutatione, "¿Dónde se esconde la inflación?", 17/07/2013).

Aun así, hay al menos tres aspectos sobre los que apenas se pueden encontrar análisis cuando se abordan las bajas cifras de inflación actuales, que tanto parecen preocupar a la mayoría de los economistas. Una carencia de análisis motivada, seguramente, por la miopía característica de la macroeconomía y la sobresimplificación excesiva con sus agregados y estadísticas que muchos, con sus modelos mecanicistas, asimilan a variables matemáticas como con las que se trabaja en el campo de la física en vez de considerarlas como representaciones imperfectas de la realidad de la acción humana.

El FMI define la deflación como un descenso sostenido en un indicador promedio de los precios, como es el IPC. Sin embargo, al utilizar este índice se está descartando información que puede ser esencial para entender la naturaleza de los cambios económicos: (1) al ser agregado, oculta cómo se ha formado el valor que toma el indicador en cada medición y (2) al restringirse a bienes de consumo, obvia en el análisis la evolución de los precios del resto de bienes que se intercambian en una economía y que son mayoría: materias primas, bienes intermedios y bienes de capital; (3) además de omitir de forma absoluta el comportamiento de los precios de los activos financieros.

¿Puede llamarse a esto descenso generalizado de los precios?

Pues bien, tras el último informe estadístico del INE, hemos podido comprobar como muchos se han rasgado las vestiduras con el dato del 0,2% de caída del nivel general de precios. Cabría preguntarse si una variación porcentual de dos décimas puede considerarse como un desplome de los precios, que es lo que se desprende de las manifestaciones de alarma que pueden leerse en los circuitos mainstream habituales. Permítanme contextualizar el dato ahora que llega la época de terrazas. Es como si una caña de cerveza pasara a costar de 1,5 € a 1,497 €. No parece que esos 0,3 céntimos de euro de diferencia vayan a hacer que nadie deje de tomar cañas ante la expectativa de que el precio siga cayendo. Ni tampoco que el barista vaya a ir a la quiebra, ¿no creen?

Tampoco parece que la baja inflación que tanto atemoriza a muchos haya causado estragos en el consumo esta Semana Santa, con niveles de ocupación hotelera que no se veían desde el inicio de la crisis. Gran culpa la tiene el buen tiempo que hemos disfrutado, sin duda, pero no puede decirse que los turistas hayan decidido postergar su consumo ante una expectativa de precios decrecientes, tal y como auguran los que sufren de apoplitorismofobia.

Pero el IPC es un agregado estadístico y carecería de sentido aplicar el resultado a todos y cada uno de los productos que consumimos –mención aparte merece el hecho de que sean fiables los datos de porcentajes con decimales obtenidos a través de encuestas a una muestra de comercios–. La cuestión es que si echamos una ojeada a las diferentes rúbricas que constituyen el IPC nos daremos cuenta de que el desplome terrible de los precios es, como mínimo, una exageración. No en vano, del último informe el 56% de los productos recogidos en el IPC subieron de precio, mientras que sólo el 44% reflejó un descenso, situándose la mediana en algún punto entre el 0% y el 0,1% y con variaciones entre el -6,9% y el 6,5%. ¿Es esto un desplome generalizado de los precios?

El comportamiento relativo de los precios señaliza el fin del ciclo depresivo…

Por otro lado, llama poderosamente la atención que los mismos que se escandalizan con una evolución negativa de los precios al consumo de dos décimas omitan de forma tan ostentosa en su análisis la caída de los precios de los bienes intermedios y de capital en el mes de febrero un 2,8% y un 0,3% respectivamente, cuando el IPC del mismo periodo fue del 0%.Son datos, claro está, que hacen difícil sostener la tesis dominante de la espiral deflacionaria, por la que la caída de los precios de venta arruina a los empresarios y deprime más aún la economía. Olvidan los defensores de la inflación que en estos procesos también baja, y más intensamente, una parte relevante de los costes.

Un comportamiento relativo que la corriente mayoritaria de economistas obvian en su averiado análisis, pero que resulta muy relevante para entender las fases del ciclo económico. Porque lo que señalan estas cifras es que estamos asistiendo a la fase final del ciclo de depresión. Son datos, pues, que tienen toda la lógica si se examinan con una teoría adecuada del ciclo económico, aquella que considere que la estructura de producción se organiza por etapas y que, en las economías más desarrolladas, estas tienen más peso en la actividad que el consumo final, que tanto obsesiona al pensamiento económico mayoritario.

… que puede verse cortocircuitado por la burbuja de activos financieros

No obstante, no es posible refrendar de forma empírica la evolución del ciclo económico con los datos mostrados ya que, como saben, y pese al comportamiento marginalmente más responsable de las autoridades monetarias europeasaún estamos sentados sobre una enorme bola de liquidez creada en el pasado y alimentada por los programas de impresión de dinero de los bancos centrales del resto del mundo, fundamentalmente la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Japón (BoJ). De este modo, a la sana recuperación emprendida por los países europeos, se superponen los efectos de la expansión monetaria, haciendo poco previsible la evolución futura (ver Monetae Mutatione, "QE-n: la madre de todas las burbujas", 25/9/2013).

Una liquidez extraordinaria que, como ya comentamos, no se ha trasladado a los precios al consumo, pero que se deja sentir en los otros grandes olvidados del análisis dominante, los precios de los activos financieros. Vean si no la evolución de la renta variable en los últimos meses, así como de la renta fija, especialmente la pública. Datos que tampoco parecen refrendar la tesis de los tintadictos de que la deflación agrava la situación de la deuda por la pérdida de valor del colateral. Es cierto que parte de ese colateral, la que fue hinchada artificialmente de precio en la burbuja (p. ej., activos inmobiliarios), jamás recuperará su casi inexistente valor, pero el principal colateral que utilizan nuestros bancos (deuda pública), no parece que esté desplomándose.

Y tampoco parece que los datos de la morosidad bancaria se estén resintiendo por las temidas cifras bajas de inflación de los últimos meses, como temen los defensores de mayores cifras de inflación. Pues aun teniendo en cuenta el cambio de metodología en el mes de enero, las últimas cifras publicadas por el Banco de España muestran un descenso de la mora tanto en términos relativos del 13,53% al 13,42%, como en términos absolutos –los créditos de dudoso cobro han descendido cerca de 2.100 millones de euros de enero a febrero–.

Pregúntense, pues, ¿a quién favorecen realmente las medidas que con tanto énfasis reclaman muchos para aumentar el nivel de inflación? Permítanme ser demagogo por un instante, pero cuando oigan a alguien decir que los precios estables ponen en riesgo la recuperación, les están diciendo que apoyen que les suban el precio del pan, la carne de cerdo o la fruta fresca, para que así el Ibex se infle artificialmente un poco más o al Estado le cueste un poco menos seguir endeudándose. No obstante, ese no sea quizás el daño peor que pueda hacerse a la economía. Mucho más perjudicial es el efecto distorsionador que la inflación monetaria tiene sobre la estructura productiva en general y sobre el actual proceso de recuperación en particular.

Por tanto, no se dejen llevar por la tentación del dinero fácil, como hacía la pareja formada por Demi Moore y Woody Harrelson en la película que les recordaba al inicio. Ni tampoco se dejen seducir por los cantos de sirena de los millonarios, como el interpretado por Robert Redford para que se dejen corromper. Pues, al final, las consecuencias suelen ser peores que si uno se empeña en recuperarse dignamente de los reveses económicos.

Chivos expiatorios de la crisis: las ventas al descubierto

No falla. En cada crisis financiera e incluso en cada mercado bajista se saca a pasear al mismo chivo expiatorio: las ventas al descubierto. (Ver otros chivos de las crisis: aquí y aquí). ¿El argumento? Los especuladores que abren posiciones cortas perjudican a las compañías por vender sus acciones y hacer que la cotización se desplome. En el caso de los Estados, el ataque a los bajistas es todavía más furibundo: son antipatriotas que venden deuda estatal haciendo que la deuda se encarezca, la economía se hunda y los derechos sociales de los países retrocedan. 

¿Y todo por qué? Porque invierte con la idea de que el mercado (o un activo concreto) está sobrevalorado. Sólo eso.

Lo primero que hay que aclarar es que tanto las ventas a corto como las ventas al descubierto no son nada extraño ni ningún engaño del sistema financiero. La venta a corto consiste en la venta de activos que han sido tomados en préstamo de un tercero (bróker normalmente) con la intención de comprar idénticos valores en una fecha posterior para devolvérselos a ese tercero. Las ventas al descubierto se producen sin tener prestado el activo previamente. En este sentido, cualquier negocio con un fondo de maniobra y/o necesidades operativas de fondos negativas está realizando una operación similar. Por ejemplo, un supermercado, que vende su producto rápido y al contado pero paga a proveedores a 60, 90 o más días. En este caso venden algo que tienen prestado pero que todavía no es formalmente de su propiedad. Operación beneficiosa para todas las partes. Ocurre absolutamente todos los días.

Las ventas al descubierto proporcionan un servicio de gran valor a los mercados y a la sociedad. El especulador que arriesga y abre cortos está poniendo de manifiesto que hay compañías que están cotizando muy por encima del precio que deberían, es decir, que su valor está por muy por debajo de su precio negociado. Dicho de otra manera, la compañía está cotizando a precios altos no porque su modelo de negocio y beneficios sean fuertes y sólidos. Nos avisan de que la situación actual es insostenible y llegará a su fin. Nos indican que el emperador está desnudo. Y así fue: los grandes hedge funds anticiparon la crisis y el problema subprime con años de antelación.

Quizás una de las cosas que más molesta a nuestra hipócrita sociedad es el hecho de que puedan ganar dinero fácilmente con ello. La realidad es muy distinta. La mayoría de hedge funds tiene rendimientos muy discretos y un gran número de ellos ha desaparecido durante la crisis actual debido a sus nefastos resultados. De hecho, corren más riesgo. Al realizar ventas cortas, existe el riesgo de perder incluso más que el 100% del capital negociado, dado que las acciones no tienen un techo que limite sus alzas. Que se lo digan a Adolf Merckle cuando sufrió un short squeeze en 2008. Y es que las posiciones cortas nunca pueden configurar un mercado.

Esto nos lleva a la cuestión de quién es el culpable de los mercados bajista y del encarecimiento de la deuda. Desde luego, unos cuantos hedge funds no pueden hacer cambiar la realidad ni convertir peras en manzanas. Los hedge funds no someten al mercado, tratan de anticiparse a él. ¿A qué se han anticipado en esta crisis?

Pues previeron con gran acierto la dimensión del desequilibrio entre ingresos y gastos públicos. Desequilibrio que, por cierto, arrastran los países desde hace décadas, pero que desde el 2007-2008 se ha manifestado como inasumible. La economía española, por ejemplo, está en permanente déficit, es decir, no puede ingresar más que lo que gasta. Esto, simple y llanamente, significa que no somos solventes. No podremos devolver las deudas que contraemos. Es decir, estamos técnicamente quebrados. Nadie ha forzado, ni puede forzar de ninguna manera, a los gobiernos a endeudarse. Nadie. Ellos han elegido endeudarnos a nosotros y a futuras generaciones para no disminuir el gasto social actual y, de esa manera, no perder popularidad y votos futuros.

Como hemos señalado, algunos inversores abrieron posiciones cortas porque veían clara esta situación. Lo lógico es que invirtieran a la baja para no perder los ahorros y capitales de sus clientes. Imagínese que usted sabe que en su población va a haber un terremoto devastador dentro de dos meses. Estoy seguro de que se marcharía ante tal acontecimiento futuro. ¿Sería usted el culpable del terremoto o un antipatriota por abandonar la población? Desde luego que no, usted sólo estaría reaccionando y defendiéndose. Lo mismo cabe decir de un inversor que abre posiciones bajistas cuando cree que se va a producir un cataclismo económico debido a la nefasta gestión de políticos, autoridades monetarias, banca y empresas.

Y esto no lo puede cambiar el regulador, la CNMV, prohibiendo las posiciones cortas en algunos valores. Entre otras cosas porque los alcistas venderán igualmente cuando se percaten de la sobrevaloración de los activos. No se puede poner puertas al campo y obligar a la gente a tener confianza en algo en lo que no cree. Lo que sí puede hacer la prohibición es aumentar la volatilidad, aumentar la horquilla (al eliminar la contrapartida), eliminar volumen, eliminar liquidez de los mercado y hacerlos más ineficientes. Olvidando, una vez más, que las ventas en descubierto son un elemento fundamental en la estabilidad de los mercados.

Capitalismo inhumano

Nicolás Guerra Aguiar, colaborador de «Canarias 7», afirmaba en un artículo publicado el pasado jueves que nuestra crisis económica «fue inteligentemente programada e impuesta desde el más inhumano capitalismo que domina hoy». Ese mismo día, Pablo Iglesias, candidato a las elecciones europeas del nuevo partido de extrema izquierda Podemos, defendía las mismas ideas en las Islas.

El capitalismo nace cuando dejas a los seres humanos en libertad. Es decir, se organizan libremente cooperando a través del mercado intercambiando bienes y servicios mediante acuerdos voluntarios. Además, para que esto ocurra, tiene que existir la propiedad privada y unas normas claras que protejan los derechos y garanticen el cumplimiento de los contratos.

Este comportamiento humano y capitalista de cooperación social es el que ha contribuido a la creación y acumulación de riqueza y que la pobreza haya ido desapareciendo en nuestras sociedades. Sin embargo, lo que sí es inhumano son los millones de personas que viven bajo el yugo del socialismo compartiendo la miseria y sin ningún tipo de libertad. Por esta razón, nunca he comprendido por qué muchos intelectuales, artistas y personajes de la cultura hablan de capitalismo inhumano pero nunca de socialismo inhumano.

Tampoco es comprensible afirmar que la crisis fue «inteligentemente programada» por el capitalismo, pues este no es nadie en concreto sino que son las distintas personas de nuestra gran sociedad cooperando entre sí y satisfaciendo las necesidades de los demás. Por ello, es difícil, o mejor dicho imposible, que todas ellas programen una crisis económica y, de hacerlo, no podría ser tildado de inteligente.

De la misma forma, no es lógico sostener que el capitalismo ha impuesto la crisis, pues aquel no impone nada, es decir, cuando uno entra en un supermercado lo hace libremente y nadie le obliga a comprar nada. Estoy convencido de que el señor Guerra habrá entrado alguna vez en uno de ellos y nunca le han obligado a entregar su dinero.

Pero lo más sorprendente es decir que en el mundo domina el capitalismo y que es el causante de la crisis, pues, además de que son muchos los mercados intervenidos, el origen de la misma estuvo en uno de los mercados más regulados del mundo, el financiero. Frente a lo que algunos creen, el sistema financiero actual nada tiene que ver con las sociedades libres o capitalistas, sino que está totalmente planificado a través de los bancos centrales y los gobiernos.

Bien podría probar don Nicolás a dejar de pagar los impuestos y entonces verá quién es el que realmente domina en la actualidad. La respuesta le ayudará a conocer quién ha sido el causante de nuestra crisis.

A vueltas con la policía judicial

Determinadas actuaciones de ciertas unidades de la policía nacional integradas en la Comisaría de Policía Judicial, así como los relevos de sus mandos en los últimos años plantean la inquietante cuestión del funcionamiento politizado de las distintas policías españolas. 

En efecto, la lucha partidaria por el control del estado no se ha detenido ante las puertas de departamentos que cabría presumir blindados en su profesionalidad, sino que, antes al contrario, se perfilan como campos donde los partidos políticos del sistema libran una nada soterrada batalla por aprovechar sus medios y efectivos para proteger sus intereses y atacar a las fuerzas contrarias.

Obviamente, las discordias partidistas acerca del control a su favor de la policía no pasarían de una disertación académica, si en medio de ese campo de Agramante no se hubieran producido acontecimientos estremecedores, que ponen en cuestión la esencia misma de la utilidad del Estado como garante de una mínima libertad y seguridad para las personas que lo soportan.

A este respecto, el sistema político español ha tenido una curiosa evolución, pues, al mismo tiempo que ha descentralizado el poder político en Comunidades autónomas y ha cedido competencias a la Unión Europea, ha concentrado en el ejecutivo una ingente cantidad de decisiones, hasta subordinar claramente a las Cortes o el poder judicial a sus designios. El estamento político – formado por los dirigentes de unos pocos partidos que han copado el reparto de los puestos clave de organizaciones fuertemente jerarquizadas con el refrendo de las urnas – constituye el ejemplo más pintiparado de una "élite extractiva" que no ha cejado en ridiculizar las declaraciones constitucionales sobre un poder judicial, integrado por jueces "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (Art. 117.1 CE) que "controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa" (Art. 106 CE) y "ejerce la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado" (Art. 117.3 CE).

De modo análogo, los partidos turnantes dan por descontado que deben aprovechar su estancia en el poder para ralentizar las investigaciones policiales que les afecten y, por el contrario, impulsar un paso más adelante aquéllas que involucran a sus rivales. La manipulación resulta táctica, ya que en última instancia un entramado institucional que no discuten les garantiza auténticas patentes de corso, más allá del escándalo momentáneo. La lucha sin cuartel por el poder, obteniendo ventajas coyunturales por el dominio de los resortes decisivos, no resulta incompatible con la identificación de intereses comunes.

Nuevamente, sorprende hasta el punto que han llegado los políticos para garantizar su impunidad y la de sus allegados. Una larga retahíla de instrumentos, legales e ilegales, configurados con el paso del tiempo les ha rendido unos resultados nada desfavorables para sus intereses, habida cuenta de la ausencia de nombres de importancia en el banquillo de los acusados de casos que se remontan en el tiempo como la trama Gürtell/Bárcenas , la financiación de Convergencia i Unió, los EREs de Andalucia, Mercasevilla, el caso "Urdangarín" o la estafa procesal dada por la destrucción y manipulación de pruebas y vestigios de la masacre del 11-M.

Así, a pesar de las previsiones constitucionales, no solo se ha apuntalado la dependencia del poder judicial al ejecutivo y legislativo, sino que también se ha mantenido una dependencia dual de la Policía Judicial desde la promulgación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986.

Aunque la Constitución pareció distinguir dos tipos de policías; una encargada de las labores de seguridad ciudadana (Art. 104 CE) bajo la dependencia del Gobierno y otra judicial (Art. 126 CE) dependiente de los jueces y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Es decir, si bien los jueces y fiscales dirigen a las fuerzas policiales que les auxilian en su labor, éstas quedan bajo el mando organizativo de los distintos gobiernos que cuentan con ellas (incluidos los gobiernos autónomos y ayutamientos). Más aún, esas unidades de policía judicial no se desgajan de los cuerpos policiales a los que pertenecen y su asignación depende de los planes en ese sentido del Ministerio del Interior de turno.

Como anticipó el antiguo fiscal del Tribunal Supremo en un artículo doctrinal, Candido Conde-Pumpido Ferreiro (no confundir con el hijo magistrado y luego Fiscal General del Estado) la dualidad de dependencias de esos policías adscritos a las unidades de policía judicial podía suscitar problemas de confrontación y de "obediencia" a dos superiores. Observando la realidad que ocurría en aquel tiempo, este jurista, que ilusamente creía en la independencia del Ministerio Fiscal, concluía que "los policías de las unidades adscritas sí saben a quién elegir en la obediciencia: a sus mandos naturales que tienen el poder de disciplina (…)". Pues eso.

La defensa liberal de los trabajadores

Justo este pasado 11 de abril, el Viernes de Dolores, este diario digital destapaba la punta de un iceberg que, por desgracia, tiene pinta de crecer en los próximos meses. Se trata del fraude en los cursos para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, e impartidos en concreto en la provincia de Málaga.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sigue investigando, pero las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora son de vergüenza.

Dame pan y dime tonto

Lo que es seguro es que de las veinte empresas adjudicatarias de la ayuda solamente tres cumplían con los requisitos. Las otras diecisiete cometían irregularidades. Bien no colocaban al 66% de los alumnos, como estaba estipulado en las condiciones para recibir el dinero, llegando a obligar a los parados a firmar la renuncia al puesto de trabajo. Bien la lista de alumnos que enviaban era fraudulenta. O bien, una vez recibido el 75% del dinero de la Junta, la empresa desaparecía como por arte de magia.

Los cerca de 200 testigos que ya han declarado han explicado que no había vigilancia alguna por parte de la Junta de Andalucía. Hablamos de una cantidad de 1,5 millones de euros solamente en una provincia en la comunidad autónoma con más paro de la Unión Europea, que además es la región con un índice de pobreza más alto de España. El pasado diciembre, el informe Pobreza 3.0 apuntaba que el 40% de la población andaluza rondaba el círculo de la pobreza. En esas circunstancias, ¿no deberían ser las autoridades especialmente cuidadosas con cada euro gastado?

Y con ello me refiero a la medida del impacto que los cursos van a tener en la población desempleada, el uso eficiente de la ayuda, la estricta observancia de los requisitos por parte de las empresas que ofrecen los cursillos seleccionados, encuestas de satisfacción a los estudiantes (estos cursos datan de hace cuatro años). En fin, toda una serie de medidas que asegurara que el euro pagado por el contribuyente, ese que se ha empobrecido y que sigue manteniendo a pensionistas, parados y a todos los demás, es un euro bien gastado. Es una cuestión de respeto. En primer lugar, al desempleado al que se le vende algo que no es. En segundo, al sufrido paganini. Y, no se nos olvide, en tercer lugar, al votante que cae embaucado ante la defensa del trabajador por los socialistas, en concreto por un partido político que tiene la desvergüenza de llevar la palabra Obrero en su nombre. Yo imagino a los líderes socialistas andaluces, de los de pura cepa, de los que argumentan "si eres obrero, ¿qué vas a votar si no es al partido que te representa y lleva tu nombre?", como he tenido que oír alguna vez. ¿Dónde están los escraches a los que no vigilaron? ¿Dónde está la exigencia al negligente, la rendición de cuentas? ¿Dónde están los parados andaluces reclamando lo que les prometieron? ¿De qué color va a ser esta "marea" de gente reclamando honestidad? Porque hoy es Málaga, pero se anticipa una ola de denuncias en el resto de la geografía de Andalucía.

La liberación de los trabajadores

Por esas casualidades que tiene la vida, ayer estaba escribiendo sobre la revolución liberal chilena y, cotilleando en la página de José Piñera, uno de los actores principales de la misma. Y encontré este párrafo que extraigo de su discurso como ministro de Trabajo en la celebración del 1 de mayo del año 1980, en el que anunciaba la reforma del sistema de pensiones tan exitoso para los trabajadores chilenos:

"Toda forma de trabajo es un ejercicio constante de la libertad humana. Mediante su trabajo creador, el hombre no sólo expresa y manifiesta su condición libre, sino que también acrecienta día a día la magnitud de su libertad. El hombre, trabajando más y mejor, se libera de la servidumbre de las ciegas fuerzas de la naturaleza, de la esclavitud geográfica, de las imposiciones del clima y del medio ambiente. El hombre, trabajando más y mejor, se libera también de las coacciones sociales y de las presiones políticas. En efecto, su capacidad creativa le permite erguirse con firmeza frente al posible atropello de un Estado totalitario, que para imponerse requiere una masa anónima de siervos tan dóciles como carentes de educación laboral. Y con el producto de su mayor y mejor trabajo, el hombre conquista ese tanto de propiedad privada, de libertad económica, que es la base de su libertad social y política, pues le impide ser arrasado por un poder central absoluto: sólo el que nada tiene puede caer bajo el yugo de esas fuerzas impersonales e irrestrictas".

Y la historia acaba bien. Cosa que la izquierda liberticida, que profana vergonzosamente el término "obrero", jamás perdonará al liberalismo. Trabajadores españoles, no nos dejemos engañar más, nuestra lucha es la de la libertad.