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Sor Lucía vs. Risto

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Sor Lucía Caram, la religiosa argentina, nacida en Tucumán, que vive desde hace años en el monasterio de las monjas de clausura de Manresa, ha ganado fama en los medios, que buscan siempre subrayar sus declaraciones más antiliberales, como si esto fuera original en la Iglesia, o como si el papa Francisco fuera el primero en recelar de la economía de mercado.

Pero la Iglesia, sus representantes y su doctrina social albergan muchos más elementos que el antiliberalismo. De hecho, incluyen elementos liberales, y sobre todo hay algo que la progresía a menudo no entiende. Borja Montoro, el viñetista de Libertad Digital, lo captó maravillosamente hace un año cuando, a propósito de la llegada del nuevo Papa, y del entusiasmo que suscitó entre la corrección política, lo dibujó de espaldas saludando a la multitud y pensando:

Qué chasco se van a llevar muchos cuando se enteren de que soy católico.

Esto es lo que les suele pasar a los papas, las monjas y los curas: suelen ser católicos, y eso significa que pueden tener reacciones liberales ante el pensamiento convencional, como lo demostró la entrevista que a Sor Lucía le hizo el conocido creativo publicitario, escritor y colaborador de la televisión Risto Mejide.

De entrada, cuando le propusieron a Sor Lucía robar en los supermercados para cuidar a los pobres, estrategia que algunos izquierdistas practican y que muchos más disculpa o comprenden, ella se negó en redondo: de robar nada, dijo, robar es pecado, y lo que hicieron ella y sus compañeros fue, como hizo San Francisco, pedir, pedir "a todo Dios", pero no robar.

Preguntada por un culpable de los males, elude los clásicos chivos expiatorios y responde: "Todos somos culpables… todos tenemos que responsabilizarnos". Esta idea de la responsabilidad es profundamente liberal, como lo es también su recomendación de que la gente debería poder ganarse la vida, lo que se opone al dogma políticamente correcto de que el poder tiene que garantizárselo quitándole bienes a unos para dárselos a otros. A la hora de analizar la crisis, Sor Lucía condena a los políticos y banqueros hipócritas, es decir subraya el sector más intervenido por la política y más alejado del mercado libre.

Mejide intenta varias veces meterse con la Iglesia, pero Sor Lucía le pide a él que se comprometa y le habla de religión. Él le tiende trampas pero ella las sortea bien, y siempre asume responsabilidades: "hemos falseado el producto". Y vuelve a la carga: "¿En qué cree Risto Mejide?". En términos de creencias, el popular Mejide parece poco convincente, y abunda en tópicos, como cuando dice que con obras de arte del Vaticano se podría rescatar a un país africano, como si el problema de África y de todos los territorios donde abunda la pobreza fuera realmente obtener dinero del exterior, y no libertad, justicia y paz en el interior.

Desigualdad, pobreza e ideología

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“El Estado del bienestar hace confortable la pobreza, y penaliza cualquier intento de salir de la misma”. Thomas Sowell

Mucho se ha discutido esta semana sobre los datos de pobreza y desigualdad. Parece a veces que el gobierno actual llegó a España en un vergel de igualdad y riqueza y lo ha destruido todo. Pero de esas terribles cifras todos tenemos la culpa.

Para los amnésicos pre-electorales de la desigualdad y la pobreza, merece la pena recordar que:

  • La desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004 comparado con el 30,6 de los 27 países de la Unión Europea. Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11% mientras gastábamos en planes sociales, de estímulo, cheques y todo tipo de gastos protectores. En la UE 27 se mantuvo a niveles de 2004. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte.
  • La pobreza crónica en la infancia creció un 53% en España desde 2004 a 2011, según Ayuda en Acción. La tasa de pobreza infantil en España pasó del 26,2% en 2007 a casi el 30% en 2011, subiendo cuatro puntos en cinco años.
  • El porcentaje de niños en hogares con un nivel de pobreza alta fue del 13,7% en 2010, la tasa más alta de todos los países de la Europa de los 27, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria. El número de hogares con niños que tenían a todos sus miembros adultos sin trabajo creció un 120% entre 2005 y 2011.

Por lo tanto, no es “este gobierno” o “los recortes”. Ni el anterior y su “política social” hicieron nada estrujando la chequera hasta secarla. Es un problema mayor. Un enorme gasto en protección social (26% del Producto Interior Bruto) que demuestra el fracaso absoluto del asistencialismo y de su administración.

Gastar en protección social unos cuatro puntos menos sobre el PIB que la media de la UE y tener un 11% más de desigualdad, dos veces más paro y siete regiones entre las 10 con más desempleo no es consecuencia “de la crisis”, como si la crisis fuera un ovni que hubiera caído por sorpresa. Es consecuencia de un modelo económico equivocado y un estado asistencialista, empobrecedor y excluyente.

Por eso, el debate se centra en el elemento equivocado. El gobierno de mi equipo o del otro y quién es capaz de rascar otros cuantos miles de millones del bolsillo del contribuyente para “gestionar” la supuesta generosidad del estado para –ejem– combatir la pobreza. Crear pobres es crear clientes, y con ello votantes. La pobreza y la desigualdad son sólo una excusa para disponer de más fondos y crear unos cuantos observatorios donde colocar amigos.

El debate es como salir de la espiral de pobreza. Y eso sólo se consigue fortaleciendo a la clase media y aumentando la renta disponible.

LA AMNESIA

Echarle la culpa a uno u otro inquilino de la Moncloa es extremadamente cómodo por dos razones:

  • Refuerza en la psicología popular que los políticos y los presidentes son los Reyes Magos y solucionan los problemas con su varita mágica.
  • Evita reducir un estado burocrático, confiscatorio y dinosáurico que entorpece la creación de empresas, ralentiza el crecimiento económico muy por debajo de su potencial e impide que los sectores pujantes florezcan y sustituyan a nuestro bienamado ladrillo, que es lo que todos los que van “contando baches en mi ciudad” quieren reavivar. Otro plan E.

En definitiva, crea clientes. El que se conforma con una ayuda asistencial de 400 euros, si se le aprieta un poco, siempre puede aceptar 300.

Fernando Sánchez-Dragó comentaba que “el Estado del bienestar convierte al hombre en súbdito, en oficinista, en funcionario, en niño pitongo de beca permanente, en clase pasiva”. El asistencialismo se ha convertido en una excusa para el bienestar del Estado. Y, como comentamos en mi post “Gasto político” , se disfraza como coste social mucho gasto inútil, administraciones duplicadas, etc.

IGUALDAD O PROSPERIDAD

Las políticas redistributivas donde se niega el exceso de gasto público para sostener administraciones injustificables no están creando ni prosperidad ni riqueza, ni combaten la desigualdad. Solo la perpetúan. Porque son una zancadilla a las oportunidades para que la población salga adelante.

Fíjense en el paradigma que nos quieren vender: Obama.

La política implementada en 2007 de imprimir moneda, subir impuestos y gastar más ha beneficiado fundamentalmente al 0,1% de la población –ni siquiera al 1%-, mientras  el número de norteamericanos bajo el umbral de la pobreza se disparaba a 46,5 millones (30 millones, una brutalidad, con George W. Bush, 17 millones con Clinton). Luego les dicen que el paro ha bajado al 6,7%, pero han sacado a 11,6 millones de personas de las listas, el nivel más bajo de participación laboral desde 1978. ¿Dónde está el 0,1% que se beneficia? En Wall Street y Washington. En Inglaterra, Gordon Brown yTony Blair hicieron lo mismo. El que parte reparte y se lleva la mejor parte.

Los que piden inflación y políticas monetarias deberían revisar el inexistente impacto positivo sobre las clases bajas. Su renta media ha caído entre un 2,6% y un 5% desde la llegada de Obama.

La pobreza sólo se combate con crecimiento, libertad económica y poniendo la alfombra roja a los emprendedores, a los autónomos. Aumentando la renta disponible de las personas, no cercenándola a impuestos para luego repartir algo en ayudas.

Sostener un estado hipertrofiado y ahogar a los sectores económicos a impuestos y burocracia nos lleva a tener los mismos problemas que teníamos hace diez años. Y en unos años, el equipo contrario al que gobierne se llevará las manos a la cabeza diciendo “la pobreza y la desigualdad se disparan con este gobierno”.

Ya va siendo hora de dejar de autoengañarnos. Los presidentes no crean empleo ni los gobiernos arreglan el mundo, ni la economía va mejor por meter un billón más en el bolsillo de Wall Street. Ningún consejo de ministros y ningún comité van a cambiar el modelo productivo. Lo hacen ustedes.

Otro plan de estímulo, otro chute de liquidez brutal, no les va a hacer a ustedes menos pobres, y sólo agranda el enorme peso del sector financiero y la deuda pública. Luego, cuando explota, le echan la culpa a los mercados y vuelve a empezar. Represión financiera.

En un país en el que el 70% del valor añadido lo crean las pymes y la mayor parte del empleo, los héroes son esas empresas, los autónomos y los ciudadanos que sobreviven. Y ellos son la solución a la pobreza. No otra chequera en blanco. Porque, desde luego, regar el sistema asistencialista de dinero no ha servido para nada.

La solución no es gastar más. Hundir a la clase media para sostener un estado hipertrofiado y repartir migajas no beneficia a nadie a la larga. Si fuera así, ¿por qué los sistemas intervencionistas y redistribuidores no tienen pleno empleo y riqueza para todos?

Solo se agranda el agujero. Lo haga Obama, Hollande, Bush, Blair o los nuestros. Y, sobre todo, las soluciones mágicas de imprimir, endeudar y crear inflación no han evitado en ninguno de los casos enormes recortes y empobrecimiento.

La solución es abrir puertas, libertad económica, crear oportunidades para todos y permitir el ahorro que lleva a la prosperidad. No desincentivarlo.

Lo comento en “Viaje a la libertad Económica”: los sistemas intervencionistas se preocupan mucho por los pobres. Por eso crean millones de ellos cada año.

La solución no es gastar más. Hundir a la clase media para sostener un estado hipertrofiado y repartir migajas no beneficia a nadie a la larga. Si fuera así, ¿por qué los sistemas intervencionistas y redistribuidores no tienen pleno empleo y riqueza para todos?

En un estudio de James Gwartney y Robert Lawson (Economic Freedom of the World) se muestra que el 10% más pobre de la población de los países con más libertad económica tienen una renta per cápita de más de 7.000 dólares  frente a los 728 dólares de las naciones peor clasificadas. Las clases bajas y medias se benefician mucho más de la libertad económica que de los sistemas intervencionistas. La población vive hasta 20 años más y la calidad medioambiental y de vida es muy superior en los países con los mayores índices de libertad económica.

Aumentar la renta disponible, reduciendo impuestos, y recortar gastos. Dejar que esas pymes y autónomos crezcan, no ahogarlos para recuperar ingresos de burbuja inmobiliaria.

Lo sabían Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por eso durante sus mandatos, la política de mejorar la renta disponible reduciendo impuestos aumentó en Reino Unido un 34% la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39% en Estados Unidos. No buscaban la igualdad, buscaban la prosperidad.  Entre 1979 y 2007, la renta en Estados Unidos para las clases bajas subió un 18% y para las clases medias, un 40% (Congressional Budget Office). Desde 2008, esas cifras no han aumentado, y para los pobres, ha caído. 

Si ustedes realmente se creen que en el mundo hoy se llevan a cabo las “mismas políticas” que en la época de Reagan y Thatcher, les han colado el mayor gol de la historia. Pocas veces hemos visto mayor control estatal sobre la actividad económica y financiera que en los últimos 14 años.  

La libertad económica ha hecho más por reducir la pobreza que ninguna otra política. Si seguimos pidiendo políticas de igualdad, sólo conseguiremos más de lo que tenemos. Mediocridad.

Medios públicos contra la libertad de expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En las diferentes protestas de sindicatos y otras organizaciones a favor “de lo público” en el ámbito de los medios de comunicación se observan diversas constantes. Una de ellas, que es la que nos interesa en este caso, es que se vincula la existencia de radios y televisiones de titularidad estatal (o autonómica, en el caso de España) con la libertad de expresión, como si una y otra tuvieran algún tipo de relación positiva directa. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Los medios de comunicación públicos son órganos de propaganda al servicio del poder político, con independencia de que sea el Ejecutivo (caso más frecuente en España) o el Legislativo. En cualquier caso, son instrumentos de adoctrinamiento de los ciudadanos pagados por estos mismos. En el caso de que existiera la muy elogiada “independencia” política de los medios, tampoco sería muy distinto.

En estos casos seguirían siendo un órgano de propaganda al servicio de los supuestos representantes de los trabajadores de los medios (el poder sindical, directamente conectado con determinados partidos) o de cualesquieras que fueran las organizaciones encargadas de nombrar a los directivos de las radios y televisiones públicas. Además, se trataría de vender, y seguramente se lograría, la idea de que la supuesta “independencia” garantiza la “objetividad”, con lo que el espectador estaría con la guardia baja ante las posibles manipulaciones o incluso la mera existencia de una línea editorial.

Pero los medios públicos tienen una característica que les hace todavía más nocivos para la libertad de expresión: distorsionan el mercado de los medios debilitando al resto de empresas del sector, hasta el punto de poder poner en peligro la continuidad de algunas de ellas.

Si como ocurría antiguamente en España con TVE (y sigue ocurriendo con las radios y televisiones autonómicas) los medios públicos tienen publicidad, esto significa una merma en los ingresos del resto de radios y televisiones al quedarse con una parte nada despreciable del mercado.

Si se sigue el actual modelo de financiación de Radio Televisión Española, se impone un coste añadido al resto de cadenas, que deben entregar al Estado una parte de sus ingresos para sufragar RTVE. Esto afecta no sólo a las grandes cadenas de ámbito nacional (que al menos se han visto beneficiadas con un aumento de sus ingresos publicitarios al desaparecer la competencia de las cadenas estatales). También han de hacer frente a esos pagos televisiones pequeñas, de ámbito autonómico o local, con cuentas muy ajustadas y para las que el fin de la publicidad en TVE no ha supuesto la llegada de nuevos anunciantes.

Esto último, un incremento artificial de los costes destinado a mantener la televisión pública sin que aumenten los ingresos, se puede traducir en la pérdida de empleos en estas cadenas o incluso en el cierre de alguna de ellas que estuviera ya en una situación especialmente difícil. De esta manera, al querer dar oxígeno a un medio público se reduce la pluralidad en el ámbito audiovisual.

El modelo de la BBC, mediante el canon por la propiedad de un aparato de televisión, es simplemente un robo. Se obliga a los ciudadanos a estar suscritos a un canal que tal vez no quieran ver nunca. En cualquier caso, los medios públicos al final siempre reciben financiación pública que sale de los impuestos de los ciudanos, incluyendo algunos que no quieren verlas jamás.

En el caso de España, ocurre algo similar en otros países, otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver la relación entre medios de comunicación públicos y libertad de expresión y de prensa es la existencia de la agencia EFE. No se suele hablar de este caso, pero su efecto es especialmente nocivo. Creada en los inicios de la dictadura franquista, es la principal proveedora de teletipos para una gran cantidad de medios, al tiempo que está bajo control político al ser estatal. Eso significa que gran parte de la información que llega a los medios corre el riesgo de estar manipulada al servicio del Gobierno de turno (o por los sindicatos, o una confluencia de ambos).

Para la libertad de prensa, y por el respeto a los ciudadanos, lo mejor es la inexistencia de medios públicos. Sería necesario privatizarlos y para eso se puede optar por varias fórmulas. Además de la venta a una o varias empresas, existen otras opciones.

Lo ideal sería dividir el capital de estas empresas en acciones que se repartieran entre los ciudadanos (que a la postre son quienes han pagado con sus impuestos la creación y el mantenimiento de esas empresas) y después cada accionista-ciudadano podría hacer con sus participaciones lo que quisiera, mantenerlas sin más, mantenerlas sindicadas con otros accionistas, o venderlas. Otra opción viable sería convertir esos medios en cooperativas, y que los trabajadores empleados fueran los propietarios cooperativistas y tuvieran que hacer frente a la gestión y los gastos sin ayuda pública.

Si no es posible ninguna de las opciones anteriores, hay que cerrar esos órganos de propaganda y distorsionadores del sector de los medios que son las radios, las televisones y las agencias públicas. Si se admite que no es lógico que el Estado sea propietario de medios impresos (como sí lo era durante el franquismo o en cualquier régimen comunista de Europa central y oriental, o lo es en Cuba), debería resultar insostenible aceptar que sí posea medios audiovisuales o una agencia de noticias.

Recuperación del Ethos: individual e inclusivo

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El libro Regenerar la Democracia, Reconstruir el Estado (2012), del catedrático de derecho administrativo D. Gaspar Ariño Ortiz, comienza con un primer capítulo dedicado a la crisis de principios, valores y creencias que desvertebran España: 

La democracia antes y más que un sistema de gobierno, es un sistema de valores, que demanda una educación político-moral… para que el sistema político o el sistema económico funcionen correctamente y den frutos de bienestar y prosperidad generales, es necesario que estén permeados, impregnados, por un sistema de valores, que inspire el comportamiento de las personas, especialmente de líderes, sociales, políticos y empresariales.  

Toda regeneración es exógena. Los políticos son juez y parte y el cambio les haría perder poder y dinero. Es necesario pues, crear un estado de opinión que presione a los políticos.

En el anterior artículo, vimos una nueva teoría de la evolución institucional hacia la sociedad civilizada o abierta que reclama la importancia de que actúen líderes inclusivos en tres ámbitos:

  1. La recuperación de los valores (instituciones morales).
  2. La regeneración de la democracia (instituciones jurídicas).
  3. La reducción del Estado (instituciones políticas).

Hoy comentaremos la importancia de recuperar los valores morales propios de una sociedad abierta frente al deterioro institucional que supone los valores tribales de las religiones arcaicas y de las ideologías colectivistas. 

1. Recuperación del Ethos individual e inclusivo.

El "ethos" es el conjunto de los patrones de comportamiento, las instituciones morales o, si se prefiere, las normas de conducta con las que actúa la mayoría de la población de un territorio.

El proceso de evolución sociocultural hacia una sociedad abierta requiere ciertos patrones de comportamiento abstractos y universales que, generación tras generación, arraigan por evolución sociocultural entre la mayoría de la población de un territorio de modo que hacen que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político.

Es decir, una sociedad civilizada se caracteriza por un "ethos" común individual e "inclusivo" formado por instituciones morales como, entre otras, el respeto por la vida, por la libertad individual, por la propiedad privada (plural), por el cumplimiento de los contratos, por los derechos subjetivos frente al Estado, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos, por el libre comercio, por la función empresarial…

El proceso de evolución sociocultural es muy lento porque las normas de conducta se adquieren por aprendizaje neurolingüístico situado a medio camino entre lo racional y lo irracional y, especialmente, porque también requieren que prevalezcan líderes inclusivos en el orden político.

Estos líderes inclusivos se identifican porque ejercen las potestades para las que les ha elegido el pueblo, con mínima coacción y mínimo intervencionismo, dotando de triple seguridad (interior, exterior y jurídica) al territorio y respetando el "ethos" individual e inclusivo con un Estado de Derecho, digno de tal nombre, es decir, que proporciona justicia independiente y ajustada al cumplimiento estricto de la Ley, facilitando el libre ejercicio de la función empresarial y no entorpeciendo el libre intercambio entre millones de ciudadanos.

2. Deterioro del Ethos: arcaico-colectivista, extractivo-destructivo.

También vimos que la nueva teoría de la evolución institucional permite observar el rápido proceso de involución sociocultural hacia una sociedad más cerrada, cuando en el orden político prevalece una oligarquía de líderes extractivos y destructivos que atacan el orden de mercado con virulencia para perseguir sus fines concretos y propios. 

Con el crecimiento del tamaño de las formas de lo "Político" (ciudad, diputaciones, autonomías, gobierno central) y, en particular, con el incremento exponencial del tamaño del Estado-Administración, aumentan el grado de oligarquización y la colectivización de la sociedad, lo que describimos como un proceso de involución institucional desde una sociedad abierta y civilizada hacia una sociedad más cerrada y colectivista.

El ethos arcaico y colectivista se amolda perfectamente al relativismo moral de una clase dirigente, por lo que también puede emplearse la denominación de ethos extractivo y destructivo que caracteriza el comportamiento de las autoridades que depredan los presupuestos públicos y que deterioran e incumplen la legislación para conseguir mayores cotas de poder político.

El ethos arcaico y colectivista caracteriza a las sociedades más cerradas como las tribus y los regímenes políticos colectivistas, en donde arraigan los valores relativistas que favorecen las políticas intervencionistas de la oligarquía.

Permite imponer los arbitrios políticos sobre el orden de mercado, los derechos civiles y las haciendas de la población por medio del derecho positivo, el estatismo y el cientifismo constructivista.

El ethos arcaico y colectivista atropella los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley, porque quedan sujetos al arbitrio del relativismo moral que dictan los intereses de la oligarquía de élites extractivas y destructivas. Se puede identificar tanto en la sociedad tribal como en la sociedad colectivista y se distingue por cuatro características:

2.1. Negación de la libertad individual

La negación de la individualidad del ser humano libre o, si se prefiere, la anulación de la libertad individual es el ethos común que sirve de nexo de unión entre las religiones arcaicas y las ideologías colectivistas.

2.2. Imposición de un mito cohesionador

El orden social se consigue mediante un mito cohesionador que proporciona la seguridad al colectivo de hombres-masa y que mantiene en el poder a los dirigentes.

Cuando no existen los valores morales tradicionales y la nación es un concepto "discutido y discutible", los líderes extractivos y destructivos imponen una nueva moral relativista y "guían" la sociedad mediante una agenda de principios colectivos: alianza de civilizaciones, negociación con terroristas, memoria histórica, ideología de género, redistribución de la riqueza, subvenciones "sociales", aumento del tamaño del Estado…

En las religiones paganas, el mito cohesionador son los sacrificios humanos rituales que permiten mantener el control del grupo mediante el culto al Sol o a los dioses paganos para que favorezcan al colectivo y que solo saben interpretar los líderes. 

En las ideologías comunista y socialista, los mitos cohesionadores que provocan los sacrificios de otros seres humanos y que sostienen a la oligarquía y "guían" a la sociedad cerrada son utopías más mecanicistas como, entre otros: el altruismo hacia un grupo social, la solidaridad hacia la clase proletaria, la propiedad comunal de los medios de producción, la redistribución de la riqueza, o la acción de lucha contra la burguesía, la pobreza, el cambio climático, las tradiciones, la religión, el enemigo interior o exterior…

En las ideologías nacional-socialista y nacional-separatista, los mitos cohesionadores se producen también con coacción, violencia y sacrificio en masa de seres humanos por arcadias más biologicistas como, entre otras: el "Lebensraum" (espacio vital), el "Zeitgeist" (espíritu del tiempo), el lenguaje exclusivo, la cultura más sofisticada, la etnia más inteligente o la raza supuestamente superior.

2.3. Coacción y violencia en contra de los derechos individuales

El ethos arcaico y colectivista somete un grupo o bien una sociedad a los designios de la casta dominante. Se subliman los mitos cohesionadores que sirven de escusa para justificar las acciones políticas y se relativizan los valores morales, para poder atropellar y aplastar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de trato ante la Ley del grupo que es dominado (guiado) por la oligarquía de élites extractivas y destructivas.

2.4. Culto a la tribu y al Estado-Administración

El ethos arcaico rinde culto a los caciques y hechiceros tribales en supuesto contacto con los dioses para proveer la felicidad en la Tierra con una colectivización total de los recursos de la tribu.

El ethos colectivista rinde culto a otra forma de lo político más sofisticada, técnica y artificial, que es el Estado-Administración, controlado por una oligarquía para proveer la felicidad de la población mediante la colectivización de los medios de producción y/o su distribución entre las diferentes clases y grupos sociales.

De hecho, en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el principal mito cohesionador es el culto al Estado Minotauro o Total con un tamaño cercano o superior al 50% del PIB, en la creencia mitológica de que puede proveerse una completa felicidad en la Tierra.

Se puede afirmar con rotundidad que la "auctoritas" de la Iglesia y el ethos católico de la "nación" perdieron su fuerza cohesionadora y fueron sustituidos en el siglo XX por la apokatástasis que, en palabras del catedrático Dalmacio Negro, significa que:

Al menos desde el punto de vista político, parece ser la herejía dominante hoy en día en Occidente, culturalmente cristiano, pero en el que, atendiendo a los hechos, lo sagrado habría abandonado la Iglesia según el teólogo Cavanaugh, para encarnarse en el Estado… Esta herejía sería la causa soterrada del socialismo y del estatismo, que prometen y ofrecen la salvación en este mundo.

El auge de la religión secular, consecuencia de la divinización del conocimiento (cientifismo) y el culto a su sumo sacerdote el Estado (estatismo), suponen la relativización del valor insustituible de la vida humana, de la libertad, de la propiedad privada y de las instituciones morales propias de la sociedad civilizada o abierta.

3. Recuperación del Ethos occidental de origen judeocristiano

En Occidente, las raíces del ethos común se encuentran en la religión judeocristiana, cuando ha sido y cuando es liderada por fieles, intelectuales y líderes "inclusivos" que creen en los valores, patrones de comportamiento, normas de conducta o instituciones morales del orden de mercado frente al orden político u oligárquico.

En el cristianismo se halla la base espiritual y religiosa del respeto por la vida de cada ser humano, por su libertad de decidir, por sus propiedades, por su familia, por el cuidado del "nasciturus", por la veneración a los ancianos, por el intercambio pacífico de bienes y servicios resultado de la función empresarial…

Esas mismas raíces, respetuosas con el ser humano libre, también pueden encontrarse en el pacifismo del ethos Oriental desarrollado en torno al budismo, al igual que en las manifestaciones del cristianismo moderno y pacífico y en la filosofía de la libertad del individuo que se basa en la no-coacción.

En todo caso, la recuperación del ethos común no está al alcance de cualquier religión o de cualquier filosofía, si promueven la violencia y la imposición de normas de conducta sobre su grupo o sobre el resto de la sociedad. Tampoco está al alcance de una religión o de una filosofía, cuando sirve de guía a los líderes extractivos y destructivos.

Las raíces del ethos individual e inclusivo se hallan en la religión y en la filosofía, cuando fieles, intelectuales y líderes actúan de forma inclusiva al arraigar los patrones de comportamiento que caracterizan a la sociedad civilizada o abierta, con respeto por los derechos individuales y confianza en la naturaleza libre del ser humano.  

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Había motivo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Había motivo

Cinco años de crisis, cinco, y nadie había acertado a explicar de un modo sencillo, comprensible y coherente las razones que nos condujeron a ella y que, hasta la fecha, nos han impedido superarla. En el Instituto Juan de Mariana y sus aledaños se ha escrito mucho sobre el tema, incluso antes de que estallase la burbuja. Aquí, en estas páginas, se fueron marcando los jalones que nos llevaban al desastre. Pero en España se lee poco, y menos aún sobre temas económicos. La literatura sobre la crisis ha abundado, pero por lo general y con contadas excepciones es zarrrapastrosa. Los que negaban la burbuja con vehemencia hoy la reconocen y tienen incluso la desfachatez de decir que ellos ya habían advertido de los desequilibrios. No digo nombres porque el que más y el que menos ya sabe de quién estoy hablando.

Otros, los profetas del Apocalipsis habituales, los mismos que llevan ciento y pico años anunciando el colapso inminente del capitalismo, se ilusionaron tanto con la quiebra de Lehman y el pinchazo inmobiliario que han terminado haciendo un ridículo importante. Por último, al menos en España, por la profundidad y duración de la depresión económica, la charlatanería ha sido tanta y tan intensa que el español medio no sabe bien quién es más culpable de su desgracia; si los bancos, los mercados, los políticos, la injusticia de los egoístas o la tiranía de los hombres malos.

Por estas y muchas más razones había motivo para poner la crisis y todo lo que le precedió en imágenes. Pero, ay, el empeño era largo, los medios cortos y pocos creían que fuese a interesar a demasiada gente. Tal vez por eso, porque pensábamos que era imposible, Juan Ramón y yo nos pusimos al tajo. Empezamos escribiendo un guión que bebía directamente de uno de sus libros más recientes. Todo un desafío concentrar tantas ideas en tan poco espacio, pero Rallo es de los que se crece ante la adversidad y parió un texto de alta graduación teórica sin comprometer la sencillez. Eso había que taparlo con infinidad de planos y buscar colaboradores que se prestasen a responder unas cuantas preguntas.

Los segundos los teníamos, los primeros no. Como los colaboradores eran de primera, no queríamos que el footage fuese de segunda, así que no nos quedó otra que arrastrar la cámara -sí, una única y solitaria cámara- como la Piquer arrastraba su baúl por toda la Piel de Toro. Grabamos en Madrid, en Alicante, en Benidorm, en Albacete, en Guadalajara, en Ávila, en Asturias, en Lanzarote, en Mallorca… en Fráncfort, en Estrasburgo, en Stuttgart y hasta en la Antigua Guatemala, que es una de las ciudades más bonitas de América. Se trataba de aprovechar los viajes privados para plantar el trípode, encuadrar y dar al REC en cuanto se nos presentase la oportunidad. Cuando se hace un documental con un presupuesto de cero euros esta es la única manera de trabajar si lo que se pretende es que, al final, salga algo decente.

Sobre esa colección de imágenes se montó la voz de Juan Ignacio Ocaña, uno de los mejores narradores de España, y algo de música de fondo cuyo primer requisito era que estuviese libre de derechos de autor porque no, para eso, para liquidar los derechos a la SGAE, tampoco teníamos.

Todos esos ingredientes los metimos en un ordenador de hace seis años y los fuimos poniendo en orden. Al final el resultado es el que es, mejorable, sin duda, pero lo suficientemente claro como para cumplimentar nuestro primer y casi único objetivo: explicar la crisis y dar algunas soluciones prácticas para salir de ella. Una explicación que, por lo demás, no cae en el maniqueísmo tan al uso de buenos y malos. En el mundo real no hay héroes ni villanos. A lo largo de los últimos quince años cada uno de los agentes económicos actuó como era de prever con los numerosos y cambiantes incentivos y desincentivos que se fueron encontrando. Los espectadores dirán la última palabra porque, a diferencia de los pirracas de siempre, nosotros sí creemos que el mercado -usted, su primo, su vecino, el de enfrente que pasea al perro al atardecer- tiene razón. El tiempo lo dirá, si dice bien tal vez Juan Ramón y un servidor, saquemos como el Quijote fuerzas de flaqueza y nos metamos en otro imposible.

No llamen a esto capitalismo

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Probablemente han visto ustedes la película El show de Truman, que narra los avatares de un hombre de treinta años que ha nacido, crecido y vivido los 10.909 días de su existencia dentro de un reality show. Su protagonista, Truman Burbank –interpretado por Jim Carrey–, ha pasado todo ese tiempo creyendo que era libre y dueño de su propio destino cuando, en realidad, todo lo que le rodeaba era pura ficción. Es decir, toda esa percepción de libertad y control de su propia vida era una farsa, estando su existencia sujeta a los designios del creador del show, Christof –Ed Harris– y las audiencias. Pues bien, algo similar ocurre en Occidente, que creemos que disfrutamos de un régimen de libre mercado cuando, en realidad, se trata de capitalismo de amiguetes –crony capitalism.

Y es que es habitual leer en columnas de opinión y escuchar en tertulias radiofónicas o debates televisivos ataques al capitalismo, tildándolo de salvaje, inhumano, egoísta, ruin o cualquier otro epíteto negativo que se les ocurra. Parece, cuando se les presta atención, que viviéramos en el paraíso liberal, en la Arcadia del libre mercado. Sin embargo, lo que describen políticos, tertulianos y otros profesionales de la opinión cuando critican al capitalismo no son sino acciones y sus consecuencias, que poco tienen que ver con el sistema genuino de libre mercado, que tanto progreso y bienestar ha aportado a la sociedad en las pocas ocasiones que se le ha dado la oportunidad.

Díganme, ¿creen que puede catalogarse de capitalismo un sistema en el que las Administraciones Públicas concedieron en 2012, según recoge el anuario de la firma de rating española Axesor, más de 3.000 millones de euros en subvenciones a sociedades mercantiles? Tan sólo 50 de las 35.000 empresas subvencionadas con el dinero de sus bolsillos, un 0,14%, acapararon el 20% de todas esas ayudas. ¿Creen que esa cantidad se empleó en apoyar a pymes? No, ese ranking lo encabezan fabricantes de automoción (133 millones de euros), empresas mineras del carbón (100 millones de euros), empresas de telecomunicaciones (80 millones euros) o energéticas (70 millones de euros). Buena parte de ellas, empresas del Ibex o multinacionales.

Todo ello sin contar el rescate a la banca, que según las normas de contabilización de las autoridades comunitarias de defensa –sic– de la competencia ascendieron –según el informe de la antigua CNC– a 84.630 millones de euros y que, en total, podrían alcanzar fácilmente los 100.000 millones de euros. Y todo ello sin contar, naturalmente, las privilegiadas condiciones de liquidez facilitadas por el Banco Central Europeo (BCE), que actúa a modo de red de seguridad de la que ningún otro ser mortal dispone para el desarrollo de su actividad, aparte, claro está, de proporcionarles pingües beneficios en forma de carry trade.

Sin embargo, los rescates estatales de empresas privadas no se circunscriben únicamente al sector financiero. Todos tenemos en mente empresas que se han visto auxiliadas con dinero de los contribuyentes cuando se han visto en dificultades. Todas comparten la característica esencial de ser grandes y tener conexiones políticas. Si ustedes tienen una pyme a punto de quebrar, una hipoteca que no pueden pagar o una deuda con Hacienda, esperen sentados, y preferiblemente a la sombra, a que vengan los políticos a rescatarles. Pero si tienen un exministro o similar sentado en un consejo de administración o de asesor, estén tranquilos. ¿De verdad puede alguien pensar que el liberalismo que defendieron Locke, Smith, Bastiat, Mises, Hayek, Hazlitt, etc. es esto?

El capitalismo se define por ser un sistema de beneficios pero también, pese a que esto se olvida con frecuencia, de pérdidas. No obstante, cuando el sistema se corrompe y las ganancias se continúan privatizando, pero las pérdidas de unos pocos escogidos se socializan, deja de ser un mercado libre y se convierte en capitalismo de amiguetes. Como Truman en la película, podemos sentir la apariencia de libertad, pero la realidad es otra. Y eso inflige un daño mayor en la sociedad, pues este sistema ha usurpado el nombre al capitalismo de libre mercado y ha puesto en bandeja la excusa a los enemigos de la libertad. Como el capitalismo es el mal, aumenta la regulación, y se crean más oportunidades para que los amiguetes puedan sacar tajada.

Y es que existen empresarios genuinos que hacen su dinero compitiendo limpiamente en el mercado y se juegan su capital tratando de acertar los deseos de sus clientes y seleccionar los proyectos que son rentables. Y existen otros, empresarios también, que medran en sus negocios gracias al favor del Gobierno, bien sea erigiendo barreras de entrada, adjudicando subvenciones y créditos blandos u otorgándoles contratos y otros privilegios.

Es esencial distinguir entre ambos tipos de empresarios, dado que los primeros, aun buscando el propio interés, contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo, mientras que los segundos se limitan a redistribuir la riqueza para beneficio suyo y de sus contactos en la Administración. Beneficio que, por definición, obtienen siempre a costa de otros. Estos capitalistas simplemente no podrían sobrevivir en un mercado libre, ya que necesitan para vivir de sus amiguetes.

Al principio de El Show de Truman, si lo recuerdan, aparecen una serie de entrevistas a los actores del programa, entre ellas al supuesto mejor amigo de Truman, Marlon –Louis Coltrane–, que dice: “Es auténtico, todo es real, aquí nada es falso, nada de lo que ven en este programa es falso… sólo está controlado”. Piensen ahora en todas las regulaciones, trámites y restricciones que nos imponen todos y cada uno de los niveles de la Administración Pública. ¿Creen que viven en la selva del libre mercado? Intenten montar una simple cafetería y adéntrense en la jungla burocrática para dar de alta su negocio, algo que, según el informe Doing Business 2014 del Banco Mundial, lleva en España 23 días en promedio, con unos 10 trámites y un coste medio de 1.000 euros.

Y, si aún no han visto el foco caer, como le ocurre al principio de la película al protagonista y que hace que empiece a albergar sospechas, valoren si es un mercado libre aquel en el que el 60% de la tarifa eléctrica se va en cargas fiscales y subvenciones que fija el Gobierno, aquel en el que el 50% del precio de la gasolina corresponde a impuestos, aquel en el que el Estado atosiga al ciudadano con más de cien figuras impositivas distintas y en el que este debe trabajar 130 días sólo para pagar sus tributos. Aquel, en definitiva, en el que el sector público pesa en la economía más del 40% del producto interior bruto (PIB). ¿Es esto capitalismo salvaje o estatismo desbocado?

Una de las principales críticas que se realizan a las sociedades capitalistas es la desigualdad. No se tolera que en una sociedad haya ricos y pobres, que algunos acumulen riqueza y otros deuda y que permitan la existencia de diferencias salariales de varios órdenes de magnitud entre los directivos de las empresas y sus trabajadores menos cualificados. Sin embargo, la realidad es que todas las sociedades son desiguales, incluso las supuestamente comunistas. Miren si no dónde viven y a qué lujos tienen acceso los Raúl Castro, Nicolás Maduro o Kim Jong-un de este planeta y compárenlo con el nivel de vida de sus oprimidos súbditos.

La cuestión no es tanto la existencia o no de desigualdades, que a nadie en su sano juicio le pueden parecer deseables, sino su origen. ¿Son ricos los ricos gracias al botín obtenido en el ejercicio de la fuerza, como ocurre en las sociedades feudales, o gracias a los monopolios concedidos por el Estado, como ocurre en los sistemas mercantilistas? ¿O han alcanzado su posición económica porque han sabido anticipar y satisfacer las necesidades de otras personas y han obtenido su recompensa?

¿Ofrece el entorno institucional oportunidades e incentivos para mejorar la propia condición o, por el contrario, fomenta la existencia de grupos reducidos que concentran el poder político y económico y que bloquean sistemáticamente la movilidad social, creando techos artificiales de cristal? Por ejemplo, les invito a reflexionar sobre lo siguiente: ¿a quién beneficia realmente la progresividad fiscal? Piénsenlo por un momento y díganme si aplicando un impuesto confiscatorio del 56% a las nóminas más altas no impide la acumulación de ahorro de aquellos profesionales de mayor cualificación y que han empezado desde cero, a fuerza de esfuerzo y sacrificio.

Díganme si esta progresividad agresiva no dificulta que puedan invertir en proyectos empresariales y competir con quienes ya están instalados en la aristocracia político-económica, con mayor facilidad para eludir el pago de impuestos y con un acceso infinitamente mayor a los circuitos de poder político. ¿Aún piensan que la progresividad fiscal beneficia a los pobres? Recuerden la isla en la que vivía el Truman de la película y las dificultades que le ponían cada vez que intentaba abandonarla.

En definitiva, ¿prefieren ustedes (1) un sistema capitalista corrompido como el actual, que permite que unos cuantos amiguetes se lucren a costa del resto, o (2) un mercado auténticamente libre, que promueva la sana competencia, elimine barreras de entrada, multiplique las opciones de los consumidores, suprima las subvenciones y créditos blandos y que asegure que la única forma de hacerse rico sea sirviendo a los demás, creando productos que hagan la vida más fácil, utilizando los recursos de forma eficiente e innovando continuamente a favor de la sociedad? No les quepa la menor duda de que quienes defendemos el capitalismo abogamos por un mercado genuinamente libre y rechazamos el capitalismo de amiguetes, incompatible con el primero.

Obama vuelve a las andadas: quiere aumentar impuestos por un billón de dólares

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Después de dos años de creciente gasto público por parte del gobierno federal estadounidense, la llegada al Congreso de numerosos legisladores vinculados al Tea Party supuso un cambio de rumbo en la política fiscal del país norteamericano. Así, en 2011, 2012 y 2013, la Administración Obama se ha visto obligada a reducir el déficit y recortar el gasto público.

Sin embargo, la proximidad de las elecciones legislativas que renovarán numerosos curules del Congreso y del Senado ha motivado un cambio de actitud por parte del Ejecutivo. Con ánimo de fortalecer el discurso del Partido Demócrata, la Presidencia ha publicado una propuesta fiscal que incluye una subida de impuestos valorada en un billón de dólares.

Concretamente, Barack Obama espera que esta presión fiscal adicional quede articulada a lo largo de los próximos diez años. A cambio, plantea un escenario de gasto realmente polémico, pues contempla un aumento de los desembolsos en los dos últimos años de su gobierno (2015 y 2016) y programa después un recorte de gasto que asumiría su sucesor a partir de 2017.

El plan fiscal de Obama también pretende anular algunas de las medidas de austeridad presupuestaria pactadas entre republicanos y demócratas a lo largo de las últimas disputas fiscales. Concretamente, Obama quiere aumentar el presupuesto de sus Ministerios en 56.000 millones de dólares y apenas promete compensar esta medida con un ajuste de 28.000 millones que, además, se compondría en gran parte de subidas impositivas y no recortes de gasto.

Las proyecciones no son realistas

Las críticas a la propuesta de Obama no han tardado en llegar. Analizando los diez años de aplicación del nuevo plan fiscal de la Casa Blanca, la Oficina Presupuestaria del Congreso apunta que la deuda pública crecería hasta el 80% del PIB. Sin embargo, el Ejecutivo plantea un escenario muy diferente, anticipando una caída de las obligaciones del gobierno federal hasta niveles inferiores al 70% del PIB.

Según la propuesta fiscal de Obama, los ingresos federales subirán del 17% al 19% del PIB durante sus últimos años de gobierno. A continuación, el sucesor asumiría un esquema tributario que acabaría llevando estos niveles hasta el 20%. Sin embargo, la Oficina Presupuestaria estima que el fisco no podrá aumentar sus ingresos más allá del 18% del PIB.

La discrepancia también llega cuando analizamos el gasto. Según los estudios de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el gasto crecerá durante el resto de la Presidencia de Obama y seguirá aumentando también en los años que siguen. Así, los desembolsos crecerán de menos del 21% a más del 22% del PIB.

Problemas estructurales

Las disputas fiscales que libran republicanos y demócratas parecen obviar de forma sistemática algunos problemas estructurales de la estructura de ingresos y gastos del Gobierno federal estadounidense. Por ejemplo, el número de estadounidenses que no paga el Impuesto sobre la Renta se ha multiplicado por cinco desde 1970; además, los programas de gasto social consumen hoy el 70% del presupuesto frente al 50% de hace veinticinco años.

Entre los ajustes que reducirían significativa y permanentemente el gasto del gobierno federal, encontramos ejemplos como los tres siguientes:

  • Las subvenciones al sector agrícola suponen 22.000 millones de dólares cada año.
  • Las duplicidades administrativas, detectadas en 162 diferentes capítulos presupuestarios, tienen un coste de 25.000 millones de dólares por ejercicio.
  • El gasto del Ministerio de Defensa que no se dedica a programas y acciones de seguridad incluye año tras año casi 10.000 millones de dólares para supermercados dependientes del Pentágono y cerca de 11.000 millones de dólares en subsidios educativos para hijos de familias militares.

La receta ‘mágica’ de la sanidad pública

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

La siguiente es la historia real de una familia española: "Todo comenzó el pasado mes de septiembre. Esta familia tiene tres miembros: padre, madre y un hijo de un año y medio. Todos ellos tienen contratado un seguro médico privado. Al poco de cumplir un año, los padres detectaron que el niño dormía peor, tenía diarreas y ciertos problemas para hacer la digestión. No parecía nada grave, pero acudieron a su médico de cabecera. Les pidió unos análisis y los resultados apuntaron a una posible alergia/intolerancia al huevo y la leche.

Al parecer, su caso no era preocupante, les dijeron que lo normal es que poco a poco el cuerpo del niño fuera tolerando mejor estos alimentos. Mientras tanto, les recetaron una leche especial, pero bastante cara: según sus cuentas, les saldría a unos 100-150 euros al mes, incluso aunque el niño ya comía sólido y sólo tomaba uno o dos biberones al día. Eso sí, la sanidad pública cubre este tipo de alimentos hasta los dos años, con lo que teóricamente podrían ahorrarse esa cantidad.

Hasta ese momento, habían realizado a través de su seguro médico todo el proceso, que duró en total unas dos semanas. Entonces, pidieron cita con el pediatra de la sanidad pública. Su intención inicial era, simplemente, que les recetasen la famosa leche. Ya sabían que el niño era alérgico. Tenían el diagnóstico. Y conocían la solución. De hecho, en su primera visita, el pediatra de la sanidad pública confirmó todas estas circunstancias. Miró los análisis, comprobó los valores y certificó que, efectivamente, el niño tenía un problema con estos alimentos. Pero había un inconveniente: "La receta la tiene que sellar el inspector. Y para que os la selle, las pruebas se las tiene que hacer en la Seguridad Social". El padre se sorprendió: "¿Es que no es fiable el laboratorio que utiliza mi seguro médico?". "No, en absoluto, seguro que los datos están bien", le respondió la pediatra (por cierto, extraordinariamente amable y profesional), pero es que el procedimiento "es así".

  • En esta tesitura, pidieron hora con el especialista-alergólogo de la pública. Se la dieron… para dos meses después. Mientras tanto, la leche se la pagarían ellos.
  • La cita no era para hacer las pruebas. Simplemente serviría para que el especialista dictaminara qué análisis había que hacer. Y el alergólogo pidió los mismos análisis que ya había hecho el seguro meses antes.
  • Por lo tanto, había que pedir cita para estas pruebas. En su hospital de cabecera no había sitio hasta varios meses más tarde. Así que siguieron buscando hasta que encontraron un hueco en otro centro para sólo unas semanas más tarde.
  • Así, más de tres meses después de saber que su hijo era alérgico, estos padres se pasaron una mañana en un hospital para que le hicieran unas pruebas cuyos resultados ya conocían. Les dieron los nuevos datos. No hubo sorpresas. La sanidad pública certificó que el niño no toleraba bien la leche y el huevo.

  • Pidieron cita de nuevo con la pediatra, que les recetó la misma leche que llevaba tomando desde casi cuatro meses antes. Unos días después, el inspector selló el volante y, por fin, pudieron acudir a la farmacia con su receta".

Hasta aquí los hechos. Habrá quien diga que tampoco es tan grave. Hablamos de tres-cuatro meses de espera y para una dolencia menor. Además, estos padres pudieron hacer frente a los 100-150 euros mensuales de la leche sin demasiados problemas. Cada día vemos en los periódicos historias mucho más terribles, sobre personas con dolencias que les impiden hacer una vida normal y a las que les han dado cita para dentro de 15 ó 16 meses o ciudadanos que han desarrollado una enfermedad grave por un diagnóstico tardío. Lo relevante de la peripecia de esta familia es que es un ejemplo muy bueno de muchos de los males que aquejan a nuestro sistema público.

– Quizás sea lógico que la sanidad pública quiera realizar una comprobación de unas pruebas que no ha hecho pero, ¿de verdad hacen falta todos estos procesos para certificarlo? ¿durante casi cuatro meses? ¿cuánto le costó al sistema público repetir las pruebas? ¿cómo influye esta burocracia en las listas de espera?

– Por otro lado, este matrimonio tenía recursos y un seguro privado. Ahora, imaginemos a una familia con un poder adquisitivo más limitado. Ellos no saben que su hijo es alérgico, porque no tienen una sociedad privada que le haya hecho las pruebas. Sólo ven que el niño tiene pequeños problemas estomacales (hay que recordar que los síntomas eran leves). Irán al pediatra, que con suerte les mandará al alergólogo, que pedirá las pruebas, para volver con ellas al pediatra y que le receten la leche. Este proceso, que debería hacerse en unos días, se demorará ¡cuatro meses! Y eso si se preocupan de buscar un hueco, porque en su hospital de cabecera el tiempo de espera era mayor. Durante ese tiempo, le habrán estado dando a su hijo un alimento que es malo para su salud. Y hablamos de una cuestión menor. Pero, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedades graves (quizás no diagnosticadas) encerrados en este laberinto burocrático?

– Habrá quien piense que quizás el problema fue de la pediatra, el inspector o el alergólogo. Nada más lejos de la realidad. Todos aquellos con los que esta familia se cruzó en su periplo por la sanidad pública les trataron con una enorme profesionalidad. Algunos, como la pediatra, fueron además muy amables y cariñosos. Pero ninguno podía hacer otra cosa. El procedimiento es el que es.

– Quizás alguien crea que el paso a eliminar es el del inspector. ¿Por qué esa exigencia burocrática? El caso es que también en los seguros privados hay numerosas pruebas que necesitan de una autorización. Además, parece lógico, en un momento de costes crecientes e ingresos menguantes, que la sanidad pública controle sus gastos.

Hay una pregunta clave que todos nos deberíamos hacer: ¿por qué tantos españoles tienen un seguro médico privado, si en teoría podrían disfrutar de los mismos servicios gratis? La respuesta reside en los incentivos de todos los que participan en el proceso.

En un hospital privado, los incentivos son claros: ofrecer el mejor servicio posible (para que el cliente siga asegurado) al menor coste (para obtener beneficios). Todos, desde el médico de medicina general, al inspector, a cada uno de los especialistas, están alineados dentro de este sistema. Claro, habrá fallos, como en cualquier organización humana, pero los incentivos los empujan en la buena dirección. Esta familia nos cuenta cómo las confirmaciones a las pruebas se dan por teléfono o internet y apenas unos minutos después de solicitarlas. Las citas se distribuyen para que sean más cómodas para el cliente y eficientes para el hospital: por ejemplo, si tienen unas pruebas y es posible, les citan a las 10.00 para hacérselas, a las 10.30 para darles los resultados y a las 11.00 para que vean al doctor que les dará la receta. El paciente está satisfecho (pierde una mañana, no tres) y la aseguradora, encantada (es mucho más barato hacerlo así).

Mientras, el sistema público es presa de sí mismo. El pediatra, el alergólogo, el inspector… Todos los protagonistas de esta historia hicieron lo que debían, seguir el procedimiento. Y éste está diseñado para controlarles. El objetivo no es tener contento al paciente (aunque la mayoría de los profesionales se esfuerzan porque así sea), sino cumplir con un modelo diseñado desde arriba. Nadie tiene tampoco ningún incentivo en cambiar un proceso que se demuestre ineficiente, ¿qué gana un médico enfrentándose a su superior por una receta? ¿Qué le importa a un gerente de un centro de salud si un usuario está descontento? La sensación es que las personas son buenas en su trabajo; el sistema, nefasto.

Y no es sólo cuestión de hospitales o médicos. Pensemos en los pacientes y en sus propios incentivos. Esta familia tiene ciertos copagos en su seguro para servicios especiales. Plantear esto en la sanidad pública sería motivo de excomunión para cualquier político español.

Por otro lado, ¿tiene sentido que a este matrimonio (que afortunadamente tiene recursos económicos) le salga totalmente gratis esta leche especial? ¿Por qué todos los jubilados, ya sean millonarios o cobren la pensión mínima, tienen el mismo descuento en los medicamentos? ¿Podemos mantener este sistema?

La sostenibilidad financiera de la sanidad pública es uno de los grandes retos que tenemos por delante como sociedad. Los costes serán crecientes por el envejecimiento de la población: los estudios apuntan a que en el año 2025, tratar a un paciente de menos de 65 años costará unos 2.200 euros (a precios constantes de 2010). Para los que tengan entre 65 y 79, esta cantidad se multiplica por cuatro, hasta los 8.570 euros. Para los que tengan entre 80 y 94 años, el coste será de 15.000 euros (siete veces más que al paciente convencional). Y para los mayores de 95 el coste será de 28.500 euros (catorce veces más).

No existe una solución fácil. Pero sí hay muchas opciones para que los incentivos de los involucrados en el sistema público estén mejor alineados: permitir a los pacientes escoger doctor y retribuir a estos en función de la valoración de aquellos; dar libertad a hospitales y centros de salud públicos para organizarse y controlar sus procesos, y premiarles según sus resultados sanitarios y económicos; mejorar la colaboración con las aseguradoras privadas, para beneficiarse de los recursos que éstas emplean (creerse sus pruebas, por ejemplo); incentivar al usuario a que no malgaste los recursos,… Eso sí, hay que dejarle claro al ciudadano que no hay una receta mágica. De hecho, sería un milagro que la consiguiésemos en menos de los cuatro meses que tardó esta familia en tener la suya.

Deoleo y el falso interés nacional

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Apela populistamente el Gobierno al "interés de España" para justificar la injustificable entrada de la SEPI en el capital de Deoleo. A la postre, se nos dice, estamos ante la principal comercializadora de aceite del mundo y el sector olivarero constituye uno de los puntales de la economía española. ¿Cómo oponerse, pues, a la adquisición estatal de un paquete accionarial en Deoleo so pretexto de mantener su "españolidad" y así defender nuestros intereses "nacionales" dentro de unos mercados cada vez más globalizados? Como suele suceder, semejante argumentario está plagado de trampas retóricas cuyo único propósito es manipular a la ciudadanía para que acepte anestesiada los tejemanejes intervencionistas del Estado.

Lo esencial es repetir una vez más lo que ya debería ser evidente para todos: los intereses del sector olivarero español no son los intereses de todos los españoles, simplemente son los intereses del sector olivarero español y, en todo caso, de aquellos que sientan algún tipo de vinculación económica o emocional con él. Podrán tratarse de intereses muy legítimos y respetables, pero no por ello se convierten en intereses del conjunto de ciudadanos. Muchos españoles no tienen por qué compartir interés alguno con Deoleo o con el sector olivarero patrio, al igual que no tienen por qué compartirlo con el ganadero, el financiero, el textil o el petrolero. En algunos casos, incluso, los intereses de algunos españoles pueden llegar a ser contrapuestos a los del sector olivarero (será el caso de, por ejemplo, los productores españoles de mantequilla o margarina, incluyendo el sector ganadero español).

Pero entonces, ¿por qué se nos insiste una y otra vez en que los intereses de la parte (el sector olivarero) coinciden con los intereses del conjunto (la totalidad de españoles)? Pues para que aceptemos sumisamente que el Gobierno nos meta la mano en el bolsillo a todos y transfiera nuestro dinero a aquellos a quienes califica de depositarios de los intereses del conjunto de los españoles: es decir, se trata de una simple treta propagandística concebida para extraer rentas del conjunto de la sociedad en beneficio privativo de una facción organizada. Y no, tampoco muerdan el anzuelo gubernamental de que el objetivo de esta operación es comenzar a articular una política agraria o industrial dirigida a potenciar el funcionamiento de nuestra economía; justamente, en Una revolución liberal para España explico que tanto la ciencia económica como la evidencia empírica apuntan a la misma dirección: la política industrial suele ser un ruinoso experimento político para transferir rentas desde grupos desorganizados a grupos organizados 

Al cabo, si algunos españoles (muchos o pocos) sienten algún tipo de vinculación (económica o emocional) con el sector olivarero y juzgan esencial que Deoleo siga siendo una compañía española, ¿qué les impedía a todos ellos efectuar una colecta de fondos para adquirir mancomunadamente una participación significativa en Deoleo? ¿Por qué debe ser la SEPI la que, arrebatando el dinero a todos los españoles –tanto a aquellos que sí desean costear la españolidad de Deoleo, por encuadrarla dentro de sus intereses, como a aquellos que no desean costearla, por serles irrelevante la nacionalidad del accionista de control—, proceda a entrar en el capital de esta empresa? ¿Por qué el Gobierno socializa entre todos los costes de una operación dirigida a beneficiar únicamente a una parte? No hay ninguna razón para ello salvo, como decimos, la imposición coactiva de los intereses particulares de unos ciudadanos sobre los igualmente legítimos intereses particulares del resto de ciudadanos.

Por desgracia, todo apunta a que el PP seguirá haciendo un uso sectario de este sentimiento grupal con tal de acaparar poder y recursos. Sin ir más lejos, el cartel electoral del PP, Miguel Arias Cañete –a la sazón, ariete ideológico de la operación Deoleo–, ya se está comenzado a vender como el mejor defensor de nuestros intereses colectivos: en pocas horas, ya se nos ha prometido desde diversos frentes que Cañete defenderá en Europa los intereses de los castellano-manchegos, de los extremeños, de los cántabros y, por supuesto, de los españoles. Muchos y contrapuestos intereses me temo que deberá defender Cañete en Bruselas, cuando, como es sabido, se limitará a defender los suyos, los de su partido y los de los lobbies que los alimentan. Como con Deoleo, el PP recurre a la propaganda colectivista para comprar arteramente sumisión social. La alternativa es mucho más sencilla: permitir la libre y pacífica confluencia de los intereses personales y sociales sin que ningún grupo instrumente la coacción estatal para imponerse sobre el resto. Es decir, la alternativa liberal: ésa que tan denodadamente socava el PP.