José Piñera – Sistema pensiones (FMRS 2014)
Ponencia de José Piñera en el Free Market Roadshow 2014 celebrado en Madrid el jueves 3 de abril.
Ponencia de José Piñera en el Free Market Roadshow 2014 celebrado en Madrid el jueves 3 de abril.
Son muchos quienes tienen una visión estática de la riqueza y caen en el error de considerar que, cuando una persona se convierte en rico, él y sus herederos serán ricos —y cada vez más ricos— para siempre. Sin ir más lejos, el economista de moda, Thomas Piketty, trata de demostrar en su deliciosamente equivocada obra, Capital en el siglo 21, que es muy probable que exista una tendencia dentro del capitalismo a que la rentabilidad del capital se sitúe por encima de la tasa de crecimiento de la economía, de manera que la clase capitalista irá acumulando cada vez una porción creciente de la renta nacional, agravando las desigualdades sociales.
Todavía peor: Piketty también ve probable que los más ricos dentro de la clase capitalista tengan mayores facilidades para obtener una tasa de retorno superior a la de los capitalistas de menor dimensión, con lo que el curso natural dentro del capitalismo será a que los superricos (y sus herederos) se queden con porciones crecientes de la riqueza total. Con tal de demostrar su punto, Piketty echa mano de la revista de billonarios elaborada anualmente por Forbes: si uno agrega la riqueza de la cienmillonésima parte de la población mundial adulta en 1987 (las 30 personas más ricas del mundo) y la compara con la riqueza de la cienmillonésima parte de la población mundial adulta en 2010 (las 45 personas más ricas del mundo), llegará a la conclusión de que ésta ha crecido a una tasa media real del 6,8% (descontando ya la inflación): el triple que el crecimiento anual medio del conjunto de la riqueza mundial (2,1%).
Los superricos, pues, son cada vez más superricos según Piketty, y no porque se lo merezcan merced a su exitosa gestión empresarial, sino simplemente por haber acumulado una enorme cantidad de riqueza capaz de autorreproducirse en modo de piloto automático. Tal como dice Piketty: “Una de las lecciones más impactantes del ranking de Forbes es que, superado un cierto umbral de riqueza, todas las grandes fortunas, hayan tenido su origen en la herencia o en la empresa, crecen a tasas extremadamente elevadas, con independencia de si su propietario trabaja o no trabaja”.
Sin embargo, Piketty da un salto lógico inadmisible: que la riqueza del estrato más rico de la sociedad haya crecido a una tasa de retorno anual media del 6,8% entre 1987 y 2010 no significa que las personas ricas de 1987 sean las mismas que las de 2010. Por ejemplo, si el sujeto A es en 1987 la persona más rica del mundo con 20.000 millones de dólares, podría suceder que en 2010 esa persona A se haya arruinado por completo y que otro sujeto B sea, en ese momento, la persona más rica del mundo con 40.000 millones. ¿Concluiríamos a partir de ese hecho que la conservación y acrecentamiento de la riqueza es un proceso simple y automático que no requiere de ninguna destreza personal por parte del propietario? Evidentemente no.
Por suerte, no hay necesidad alguna de lanzar hipótesis teóricas sobre el crecimiento de la riqueza de los superricos entre 1987 y la actualidad ya que podemos, simplemente, estudiar qué ha sucedido con los superricos de 1987. ¿Su riqueza ha crecido desde entonces a un 6,8% anual, como afirma Piketty, o se ha estancado e incluso retrocedido, habiendo sido desplazados por otros creadores de riqueza?
Los diez hombres más ricos del mundo en 1987
En 1987, la revista Forbes comenzó a elaborar su lista de billonarios. Si le echa un vistazo casi tres décadas después, probablemente se sorprenda de no conocer a casi nadie. Y no, la razón esencial no es que muchos de ellos ya hayan muerto, sino que prácticamente todos ellos han visto mermar su patrimonio de un modo muy considerable.
Comencemos por el hombre más rico del mundo en 1987: el japonés Yoshiaki Tsutsumi, con una fortuna estimada de 20.000 millones dólares. La última vez que apareció en la lista de Forbes fue en el año 2006 y su riqueza se había hundido a 1.200 millones de dólares, que descontando la inflación equivalían a 678 millones. Desde entonces su fortuna ha seguido en declive y ya ni siquiera figura en la lista de Forbes. Pero, tomando como referencia el último valor conocido (678 millones de poder adquisitivo similar al de 1987), tendríamos que su riqueza se habría hundido un 96% desde 1987: según Piketty, debería haberse multiplicado por seis.
Sigamos con otro japonés, Taikichiro Mori, el segundo hombre más rico del mundo en 1987. En aquel entonces amasaba una fortuna de 15.000 millones que le llevaron a convertirse en 1991 en el hombre más rico del mundo, superando a Tsutsumi. Taikichiro Mori falleció en 1993 y legó su fortuna a dos sus dos hijos: Minoru Mori y Akira Mori. El patrimonio combinado de ambos a día de hoy es de 6.300 millones de dólares, equivalentes a 3.075 millones de dólares de 1987: un hundimiento del 80% de su riqueza.
No he sido capaz de encontrar datos referidos a la fortuna actual de los hombres (o de sus herederos) que ocupaban el tercer y cuarto puesto de la lista, Shigeru Kobayashi y Haruhiko Yoshimoto, con unas fortunas de 7.500 y 7.000 millones de dólares respectivamente. Pero el hecho de que estuvieran plenamente invertidos en el sector inmobiliario japonés en 1987 y que apenas exista rastro alguno de ellos (o de sus familias) por internet, parece sugerir que no habrán seguido mucha mejor suerte que Tsutsumi y Mori.
El quinto lugar de la lista lo ocupaba en 1987 Salim Ahmed Bin Mahfouz, cambista profesional y creador del mayor banco de Arabia Saudí (National Commercial Bank of Arabia Saudi). En aquel entonces gozaba de una fortuna de 6.200 millones de dólares. En 2009 falleció su heredero, Khalid bin Mahfouz, con una riqueza de 3.200 millones, equivalentes a 1.700 millones de 1987; esto es, un empobrecimiento del 72,5%.
En el sexto puesto nos encontrábamos con los hermanos Hans y Gad Rausing, dueños de la multinacional sueca Tetra Pak: entre los dos contaban con un patrimonio de 6.000 millones de dólares. En la actualidad, Hans Rausing, de 92 años de edad, posee un patrimonio de 12.000 millones de dólares (y ocupa el puesto 92 entre los más ricos del mundo); Gad murió en el año 2000, pero se estima que sus herederos amasan una fortuna de 13.000 millones de dólares. En total, pues, han pasado de 6.000 millones de dólares a 25.000. Eliminando la inflación, empero, sucede que el enriquecimiento ha sido bastante menor: de 6.000 millones a 12.200, lo que equivale a una tasa de rentabilidad media anual del 2,7%. Muy alejada del 6,8% que sugería Piketty.
En el séptimo lugar estaba un trío de hermanos: los hermanos Reichmann, propietarios de Olympia and York, uno de los mayores promotores inmobiliarios del mundo. Su riqueza también se estimaba en 6.000 millones de dólares, pero cinco años después protagonizaron una de las bancarrotas más sonadas de la historia, lo que dejó reducido su patrimonio a 100 millones de dólares. Uno de los hermanos, Paul, consiguió recuperarse de las cenizas y hoy la riqueza de sus herederos se estima en unos 2.000 millones de dólares, equivalentes a 975 millones de 1987: es decir, unas pérdidas del 84%.
El octavo escalón estaba tomado por otro japonés, Yohachiro Iwasaki, con una fortuna de 5.600 millones. Su heredero, Fukuzo Iwasaki, murió en 2012 con un patrimonio de 5.700 millones, equivalentes a 2.800 millones de 1987: es decir, unas pérdidas patrimoniales del 50%.
Mucha mejor suerte corrió el noveno hombre más rico del mundo de 1987: el canadiense Kenneth Roy Thomson, propietario de Thomson Corporation (hoy parte del grupo Thomson Reuters). En aquel momento disfrutaba de un patrimonio de 5.400 millones de dólares y, cuando murió en 2006, había conseguido incrementarlo hasta 17.900 millones, equivalentes a 9.300 millones de 1987. En este caso, su tasa de retorno media anual ascendió al 2,9%: de nuevo, muy alejada del 6,8% certificada por Piketty.
Por último, nos encontrábamos con Keizo Saji, con un patrimonio de 4.000 millones de dólares. Saji murió en 1999 con una fortuna de 6.700 millones de dólares, lo que descontando la inflación del período los habría dejado en 4.600 millones: esto es, una tasa de retorno media anual del 1,1%.
La muy complicada conservación del capital
En contra de lo que muchos suelen imaginar y de lo que Thomas Piketty pretende demostrar, no es nada sencillo conservar tu patrimonio en una economía de mercado: éste siempre se halla al albur de las cambiantes preferencias de los consumidores, de la aparición de nuevos competidores que puedan terminar desplazándote o del posible recalentamiento (y ulterior colapso) del precio de los activos. Es falso que exista un umbral a partir del cual la acumulación de capital opere de un modo cuasi-automático.
Al contrario, cuanto mayor sea el patrimonio personal de un individuo más complicado le resulta rentabilizarlo: las oportunidades para reinvertir a altas tasas de retorno todo su capital son muy escasas a menos que se quiera dar el salto a otros mercados en los que normalmente no se tiene ninguna ventaja competitiva. Las mismas razones que llevan a un Estado grande a ser un pésimo gestor de capitales sirven para explicar por qué losbillonarios se van quedando sin ideas y facultades para gestionar su fortuna… hasta el punto de que no son capaces de reinventarse continuamente y terminan viendo sus haciendas diezmadas. No en vano, la sabiduría popular a este respecto vale más que las elucubraciones de muchos economistas miopes: from shirtsleeves to shirtsleeves in three generations. Hoy, de hecho, ni siquiera se necesitan tres generaciones, bastan tres décadas para perderlo casi todo.
En 2013, los apellidos Tsutsumi, Mori, Reichmann, Iwasaki o Saji son casi irrelevantes. Asimismo, en 1987, muchos de los hombres más ricos del mundo a día de hoy —Bill Gates, Amancio Ortega, Larry Ellison, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin o Mark Zuckerberg— o estaban trabajando en un garaje, o estudiando en bachillerato, o jugando en el jardín de infancia. Veremos cuántos de ellos siguen en la lista dentro de tres décadas y qué otros geniales creadores de riqueza habrán entrado en ella.
"Cuanto más intensamente se defiende y cuanto más se amuralla una civilización frente a una amenaza exterior, menor será lo que finalmente quede por defender". Hans Magnus Enzensberger.
"Construyamos un muro alrededor de nuestro Estado del bienestar, no alrededor del país". Will Niskanen.
"Una de las razones por las que la inmigración abierta no es posible es porque no es compatible con el Estado del bienestar moderno". Chandran Kukathas.
"En vez de tratar en vano de parar la inmigración, deberíamos dedicar nuestras energías hacia la reforma del Estado del bienestar". Alex Nowrasteh & Sophie Cole.
"El hecho de que una ley del Congreso trate a los foráneos de forma diferenciada a los ciudadanos no implica por sí mismo que dicha disparidad de tratamiento sea odiosa". Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo de los EE UU en el caso Matthews v. Diaz.
Antes de la 1ª Guerra Mundial pocos veían la inmigración como un problema. El posterior surgimiento del Estado del bienestar moderno en Occidente lo cambiaría todo. Los inmigrantes dejaron de ser un activo como habían sido siempre a lo largo de la historia para volverse una "carga". Tal vez la frase que mejor resumió esta visión fue la del escritor suizo-alemán Max Frisch a propósito de la llegada de mano de obra extranjera que iba acomodándose en Alemania mediante los programas Gastarbeiter: pedimos trabajadores pero obtuvimos personas. A medida que fue aumentando el peso del Estado providencia, se fueron simultáneamente incrementando en las democracias modernas las barreras a la inmigración.
El afilado análisis del profesor Chandran Kukathas nos señala que si el precio de la justicia social de las sociedades socialdemócratas es la exclusión de los más desfavorecidos de los países que ofrecen las mejores oportunidades, esto no habla muy bien de su justicia social y puede ser un indicio en contra de la idea de la misma. Va siendo hora de replantearse el Estado del bienestar actual porque es incompatible no sólo con la inmigración moderna sino con la globalización en general.
Para que la libertad de movilidad laboral internacional se asiente verdaderamente y no sea fuente de conflictos, es imprescindible que deje de existir una obligación moral hacia el trabajador extranjero por el mero hecho de su proximidad física, es decir, por vivir en una misma jurisdicción política.
Que un haitiano sufra lo indecible dentro de las fronteras de su propio país y desencadene poca o nula reacción entre la población de otro país parece algo normal. Pero que ese mismo haitiano logre tocar suelo extranjero e inmediatamente surja una obligación moral colectiva hacia el mismo por parte de los nativos del país de acogida parece que es una reacción desproporcionada con respecto a la primera. Sin embargo, es precisamente lo que sucede en la mayoría de los países occidentales (a diferencia de otros).
Conviene, por tanto, separar claramente la libertad de movilidad laboral internacional de la inmigración tal y como se la entiende hoy. El concepto de inmigración va generalmente ligado a la residencia permanente, a disfrutar de las prestaciones sociales, a la nacionalidad y a los derechos políticos que van asociados a esta última. Bien es verdad que el acceso a todo ello es bajo condicionantes más o menos estrictos (según cada Estado) pero, al final, todo ello se puede lograr sin grandes dificultades, una vez se haya pasado la arbitraria y muy restrictiva criba inicial de los Estados.
Pese a que, aparentemente, parezca generoso otorgar todos estos privilegios a los trabajadores inmigrantes cuando hayan residido de forma continuada una serie de años y cumplan ciertos requisitos según cada país de acogida, en realidad perjudica gravemente a los futuros inmigrantes que quieran posteriormente acceder al mismo ya que cada vez se irá subiendo más el listón bien a través de trámites engorrosos e interminables (muchas veces excluyentes) o bien se terminará por establecer un muro físico para impedir el acceso de más trabajadores al país (literalmente es lo que están levantando los políticos estadounidenses frente a México, supuesto país vecino y amigo). Esto es un error de enfoque.
El muro no habría que levantarlo en la frontera propiamente dicha sino en el acceso de los trabajadores extranjeros al sistema de transferencias masivas que implica la existencia del dispendioso Estado del bienestar, del que supuestamente son beneficiarios los nativos, sean autóctonos o ya naturalizados. Con ello, los inmigrantes serían mucho mejor tolerados.
Es lo que está sucediendo sólo parcialmente en algunos Estados benefactores que restringen a los recién llegados las prestaciones sociales un número determinado de años (p.ej., la Welfare Reform Act en los EE UU desde 1996). Es justo lo contrario de lo que hoy sucede en España que basta aquí al inmigrante con empadronarse para tener derecho, entre otros, a la asistencia sanitaria gratuita y a la educación pública.
Llegados a este punto, es llamativo comprobar cómo los recelos nativistas saltan inmediatamente para denunciar una situación injusta al percibir que los recién llegados de fuera pueden abusar de los servicios sociales ofrecidos por el actual Estado del bienestar sin haber contribuido suficientemente a ellos, pero esos mismos nativistas parecen indolentes ante abusos mucho mayores realizados por sus propios compatriotas. Los estudios realizados hasta la fecha confirman una y otra vez que los fraudes y mayores abusos en relación con las ayudas o prestaciones sociales de asistencia pública se dan en mayor cantidad y proporción entre los nacionales, no entre los inmigrantes.
En cualquier caso, si se quiere terminar con el caótico sistema actual y abrir más las fronteras a los trabajadores extranjeros debido a sus benéficas consecuencias que suponen para la economía en su conjunto, dado el estado actual de cosas en el mundo real en que los Estado-naciones son fuertemente intervencionistas en las sociedades de acogida, habría que tomar una serie de medidas inmediatas para que los problemas actuales percibidos en el ámbito de la inmigración se atenuasen. El profesor de economía Jesús Huerta de Soto propone, de manera acertada, una serie de reglas estrictas pero respetuosas con los principios liberales que deberían exigirse a los inmigrantes. Serían las siguientes:
a) Los inmigrantes no deberían ser subsidiados por el Estado del bienestar, por tanto debería permitirse abiertamente que se desengancharan de los sistemas públicos de seguridad social y que contratasen sus servicios de asistencia sanitaria, seguros de vida y fondos de pensiones a través de compañías privadas.
b) Los inmigrantes deberían demostrar que en todo momento poseen medios independientes de vida.
c) En ninguna circunstancia debería proporcionarse de entrada el voto político a los inmigrantes para que no interfieran en los mecanismos de coacción política de los países de acogida.
d) Los inmigrantes deberían cumplir en todo momento las leyes materiales del país de acogida, muy especialmente las del código penal.
La exclusión de los derechos políticos y, sobre todo, de las asistencias públicas puede implicar falta de preocupación moral hacia los recién llegados, pero a largo plazo haría correr a los trabajadores extranjeros mejor suerte. Tal y como nos advierte Lant Pritchett, Los Estados del Golfo Pérsico tienen uno de los ratios mayores del mundo de trabajadores extranjeros viviendo dentro de sus fronteras. Mientras estén viviendo allí, los trabajadores invitados no tienen ningún derecho asociado a la nacionalidad del país anfitrión. El hecho de que el ciudadano típico de cualquier Estado del Golfo petrolero no sienta ninguna obligación por el bangladesí que viva en Bangladesh ni tampoco ninguna obligación moral por el bangladesí que viva y trabaje en su Estado petrolero beneficia enormemente a los bangladesíes pobres en general. Esto les permite tener acceso a los mercados laborales de los Estados del Golfo en cantidades inimaginables caso de que tuvieran que ser tratados como iguales políticos por parte de los ciudadanos de esos mismos Estados. Lo miso sucede en Singapur, paradigma de esta exclusión política y público-asistencial con la aceptación al mismo tiempo de numerosos extranjeros trabajadores huéspedes dentro de las fronteras de su pequeño territorio. Los inmigrantes acuden allí a trabajar, no a votar o conseguir subvenciones.
El principio actual vigente en los países occidentales va, empero, en dirección contraria: que no haya trato discriminatorio para ninguna persona que comparta proximidad física en un mismo territorio. Pero precisamente dicho principio empuja a imponer barreras y controles cada vez más severos para evitar la llegada de más trabajadores extranjeros (un sinsentido económico). Por tanto, la discriminación, siendo imperfecta, es la opción menos mala para poder ser menos restrictivo en la entrada de inmigrantes en un territorio dado sin producir excesivos recelos o fricciones entre los nativos o autóctonos.
Actualmente el Estado del bienestar en los países occidentales actúa de freno a mayores flujos de inmigrantes y distorsiona los ya existentes. Si se entiende que la tendencia futura va a ir sin duda hacia un mayor flujo de movimientos migratorios, debería ser reformado de forma urgente el acceso al Estado del bienestar para excluir de sus prestaciones a los recién llegados pero obligarles al mismo tiempo a la contratación de cobertura sanitaria y de ahorro previsional necesario en el existente mercado privado.
Para un socialdemócrata le resulta del todo imposible resolver la disyuntiva entre justicia "social" para los autóctonos y justicia "social" para los potenciales inmigrantes de fuera, a no ser que desde presupuestos ideológicos maximalistas se dé por buena la solución de "papeles para todos", completamente irreal e insostenible. Para un conservador, por su parte, la solución pasa por cerrar las compuertas del corral patrio y asunto concluido (como si fuese tan sencillo). Además de ser también una solución irreal trae consigo, como hemos visto, indeseables consecuencias.
Para un defensor liberal de una política de fronteras más abiertas y sensatas, por el contrario, puede lograrse una solución más realista y sostenible que haga factible la acogida de un número mucho mayor al actual de inmigrantes con, al mismo tiempo, una clara limitación de antemano –nunca de forma retroactiva- en su participación en el Estado del bienestar del país anfitrión.
La crítica que denuncia que los trabajadores "huéspedes" o temporales se convertirían de esta forma en ciudadanos de segunda, creándose una división entre trabajadores "con plenos derechos" y otros que no los tuviesen, no se sostiene porque ello es preferible a condenarlos al inmovilismo y a la miseria en su lugar de nacimiento o bien a la humillante situación de explotación e inseguridad que sufren actualmente los mal llamados inmigrantes "ilegales"; éstos sí que forman una subclase del peor tipo imaginable (ausencia de derechos y expuestos a todo tipo de abusos, entre otros, el de jugarse la vida en el trayecto y el de vivir posteriormente en situación de marginalidad y clandestinidad).
Los lazos de solidaridad, además, tienden a disminuir con poblaciones formadas por grupos cada vez más heterogéneos. En este sentido, es relevante la observación de Bryan Caplan en torno a la combinación explosiva de más inmigración y persistencia del Estado del bienestar: la gente no le importa pagar impuestos elevados para apoyar a personas "como ellos", pero pagar para el mantenimiento de "otras personas diferentes" ya es harina de otro costal. Un control de inmigración que facilite más canales legales y una mayor diversidad cultural mermaría el apoyo a la redistribución masiva. Ambas medidas se retroalimentarían y favorecerían los objetivos de una sociedad más abierta y liberal.
A fin de cuentas, son numerosos los beneficios que acarrearían una liberalización y una legalización de los flujos migratorios tanto en la sociedad exportadora como en la importadora de estos "huéspedes" residentes temporalmente o no en el país de acogida.
Es claro que en cuanto los nuevos trabajadores inmigrantes fuesen llegando legalmente al país anfitrión por la existencia de procedimientos lícitos suficientes y, al mismo tiempo, se viesen obligados a contratar servicios educativos, sistemas de cobertura sanitaria y de previsión privada, por básicos que fueran, la mirada de los nativistas hacia ellos cambiaría radicalmente. Además, con el paso del tiempo podrían también comprobarse que los servicios ofrecidos a dichos inmigrantes por parte de los agentes privados en esos asuntos "sociales" funcionan y que no son tan inhumanos y excluyentes como los socialdemócratas se imaginan. Iría calando poco a poco en la sociedad de acogida que dichos servicios pueden desplegarse de forma normalizada fuera del actual esquema estatalizado.
Muchos de los nacionales, incluso, pedirían desengancharse de lo público al tener enfrente ejemplos vivos de la cobertura ofrecida por el mercado a los trabajadores inmigrantes y a sus familiares al margen de los servicios provistos por el Estado. Intuyo que en ese momento comenzaría el derribo del muro pensado y levantado inicialmente para los trabajadores provenientes del exterior pero que irían erosionándolo desde el interior los propios nativos autóctonos en busca de mayores cotas de libertad de elección también para sí mismos.
Sólo entonces podría empezar a desplegarse espontáneamente una sociedad civil basada no en la falsa "libertad" sin responsabilidad, delegada a los políticos (la que tenemos actualmente en el consenso socialdemócrata), sino asentada en la libertad con responsabilidad (la que proponemos y añoramos los liberales).
Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.
VIH, años 80, homosexuales… En principio, cualquiera diría que es un telón de fondo perfecto para desplegar un mitin cinematográfico a la medida de la causa progresista. Sin embargo, en Dallas Buyers Club sucede algo semejante a Capitán Phillips, donde una ambientación patriotera-conservadora esconde un mensaje bastante progresista. Esto es, una de las grandezas –de las muchas- de Dallas Buyers Clubes es que, mientras la portada del mensaje parece progresista, en verdad nos introduce subrepticiamente pero de modo altamente efectista un ideario radicalmente liberal y libertario.
Así, poco a poco, la película se va definiendo en torno a una batalla: la de los enfermos de VIH frente al Gobierno y la FDA. Dicho de otro modo: la lucha por una cura que sólo se encuentra con la luz de la valiente antorcha de la libertad que el Gobierno desea apagar. Y en el fondo trata de eso, de la libertad sanitaria y de su poder de salvación de los marginados enfermos de VIH de los años 80, si cabe más destacable en una ciudad tan conservadora como Dallas.
El film presenta, de manera tan sorprendente como hiperrealista, un alegato en múltiples frentes en defensa del libre mercado frente a la intervención del Gobierno en la medicina. Y es que los gays no necesitan el mismo e igualitarista trato de una medicina intervenida y regulada, sino que merecen el mejor trato de una medicina de libre mercado. La opción progresista para resolver los problemas de los homosexuales sólo sirve para una cosa: para ser echada por la borda.
En su contundencia, Dallas Buyers Club avanza en metraje cual apisonadora de lugares comunes. Por ejemplo, presenta la medicina estadounidense como lo que realmente es: una medicina regimentada hasta niveles casi soviéticos. También, por ejemplo, ataca la idea de que el VIH es una enfermedad de homosexuales. Su protagonista, Ron Woodroof, encarnado por Matthew McConaughey, es heterosexual y padece VIH.
Ron no deja de ser una suerte de John Galt que hace avanzar el mundo con su aguerrido espíritu anti-Gobierno y empresarial. En su búsqueda de remedios efectivos frente al VIH, tiene que viajar a lo largo del mundo, dado que los bienes (las medicinas) por desgracia no cruzan libremente las fronteras. El libre mercado no sólo se demuestra lenitivo y atenuante del dolor y la enfermedad sino también de la homofobia: Ron, inicialmente homófobo, aprende la tolerancia hacia los homosexuales en su Buyers Club para ayudar a personas con VIH (el libre mercado como epítome de la apertura y la sociabilidad). Así, los hechos se entrelazan cual cuerdas (la económica, la sexual, la civil-social…) para anudar un fuerte nudo: el de la libertad como una sola e indivisible.
O pensemos por un momento en un acto puro de libre mercado como es la solidaridad: una pareja de homosexuales mayores donan una casa para que los buyers club que ayudan a las personas con VIH puedan sostenerse. Todo mientras el Gobierno persigue estas acciones heroicas.
Que la FDA o las agencias públicas sanitarias existen por nuestro bien es un eslogan que aquí se estrella en la cara de los intervencionistas como un boomerang. ¿Es mejor una muerte legal y aprobada por la FDA que vivir sin la aprobación de la misma? La competencia sí resulta brutal en el film al menos en una cosa: ¿quién de los dos es más asesino, el SIDA o el Gobierno?
Si el Gobierno se supone garante de nuestra seguridad, en Dallas Buyers Club el Gobierno ofrece algo seguro: una muerte lenta por tortura a los enfermos de VIH en su sistema farmocrático.
Ataviada con una falsa apariencia progresista, Dallas Buyers Club en realidad nos vende la mejor medicina posible. La de la libertad.
@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com
Posiblemente hayan oído hablar ustedes del gato de Schrödinger. Físico austriaco y premio nobel de 1933, Erwin Schrödinger contribuyó significativamente al estudio de la termodinámica y, sobre todo, de la mecánica cuántica. En 1935, para exponer una de las paradojas de la física cuántica, concibió su famoso experimento mental, consistente en encerrar un gato en una caja con un dispositivo radiactivo que tenía 50% de probabilidades de matar al gato en un tiempo dado. Según las leyes cuánticas, el felino está vivo y muerto a la vez, paradoja que sólo puede ser resuelta por un observador abriendo la caja y verificando la salud de la mascota de Schrödinger. Pues bien, similares contradicciones se dan con las teorías económicas y políticas que defienden el intervencionismo.
Y es que, el socialismo, o el intervencionismo si lo prefieren, entendido no como una opción electoral concreta, sino como una forma de entender al individuo, la sociedad y la economía que es común a todos los partidos con representación parlamentaria, adolece de serias e insolubles contradicciones.
Una de ellas es la que puso de manifiesto Ludwig von Mises en su teorema de la imposibilidad del socialismo al inicio de la década de 1920 del siglo pasado y que ha sido actualizada por Jesús Huerta de Soto hace unos pocos años. Esta crítica, demoledora por su lógica aplastante, se centra en la información que los agentes económicos utilizan para tomar sus decisiones –cálculo económico– y que, a su vez, generan como resultado de su propia actuación. Al optar por comprar o no comprar un bien y hacerlo a un determinado precio, estamos generando información que otros individuos utilizarán para decidir si producir más unidades de ese bien, modificar el precio, ajustar costes, dedicarse a otro negocio, comprar otro producto, etc.
Y es que, al intervenir el Estado en la actividad económica intentando planificarla u orientarla en un sentido determinado, lo único que consigue es cortocircuitar el mecanismo que genera la información que necesita para, precisamente, planificar la consecución de sus fines –que pueden ser todo lo bienintencionados que ustedes quieran–. De aquí se demuestra que no es posible intervenir en la economía y, a la vez, lograr el objetivo buscado. Los gobernantes carecen de la información requerida para ello porque han destruido la fuente de la misma, que es el libre ejercicio de la función empresarial. Esta es, de forma muy estilizada, la explicación de por qué el ideal intervencionista es teóricamente imposible.
En una sociedad tan compleja como la moderna, es impracticable que sea el pueblo el encargado de realizar los cálculos necesarios para intervenir en el sentido deseado, por tanto, dicha tarea ha de encomendarse a un reducido grupo de economistas, ingenieros y abogados que, con todas sus buenas intenciones, serán incapaces de recoger, procesar y aplicar toda la información requerida. El necesario fracaso en la consecución de los objetivos conducirá al público a pensar que se debe al insuficiente poder del Estado frente al continuo sabotaje de eso que llaman “los mercados”. De ahí que demanden más Estado, profundizándose en la espiral intervencionista.
De algún modo, este es el razonamiento que subyace en la tesis central de la obra de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, según la cual el intento de planificación económica, con independencia de que sea más intensa o más leve, conduce necesariamente hacia la pérdida de la libertad individual y, en última instancia, al totalitarismo.
Pero existe otra contradicción lógica en la justificación de la necesidad de intervención estatal en el ámbito tanto económico como político. Permítanme que les presente el razonamiento de forma ordenada:
(1) El intervencionista, sea de corte progresista o conservador, reclama que el Estado intervenga en la sociedad y en las decisiones que tomamos quienes formamos parte de ella porque considera demostrado que el humano es un ser egoísta y poco dado a mirar por el bien de los demás. Esto es, si le dejamos a su libre albedrío, tenderá a aprovecharse de sus congéneres, engañándoles siempre que pueda para sacar el máximo provecho económico y así medrar a costa del prójimo. Dar libertad sería como dejar que imperase la ley de la selva, el pez grande se come al pequeño, unos ganan lo que otros pierden, etc.
(2) Por ello, el defensor del intervencionismo piensa que el Estado ha de intervenir para corregir la maldad intrínseca del hombre. Sólo si desde los poderes públicos se controlan, regulan y se pone coto a los desmanes individualistas del ser humano cuando es libre, se podrá construir una sociedad que progrese igualitariamente. Es por eso que valoran tanto el papel del Robin Hood moderno, que, en lugar de hacer un uso virtuoso del arco y la flecha, se trastoca en el mismísimo sheriff de Sherwood para, a golpe de BOE, quitárselo a la clase media para favorecer a los ricos y poderosos mientras aparenta que da a los pobres.
(3) Aceptar los dos postulados anteriores implica asumir asimismo que el Estado no está formado por ángeles asexuados, de bondad infinita y sin un rastro de codicia en su ADN. Antes bien, lo componen políticos y burócratas que son personas de carne y hueso. Seres humanos que, en principio, están hechos del mismo material genético que los que les he descrito en (1). ¿Creen ustedes que deberían estar excluidos de dicha afirmación? ¿Acaso borra el acta de diputado el egoísmo en cuanto se recoge y se sienta uno en su escaño? ¿Creen que desaparece esa maldad intrínseca en el momento que se toma posesión de un cargo público?
(4) Ustedes podrían decirme que el proceso democrático garantiza que se escogen a los mejores. ¿Están seguros? Piensen en su político favorito antes de responder –a mí, por ejemplo, me gusta pensar en Cristóbal Taxman Montoro cuando tengo esa tentación–. O pregúntenles a los que en las últimas elecciones votaron al partido que hoy está en la oposición. No, no hay ningún motivo que nos permita pensar que el procedimiento del sufragio universal asegura la elección de los mejores candidatos, sino de los más hábiles para atraer votantes. En todo caso, aceptemos a efectos dialécticos que el sistema democrático es válido para filtrar y escoger a las personas más honradas, inteligentes, altruistas, generosas, trabajadoras y comprometidas con la sociedad.
(5) Adicionalmente, aceptar los postulados (1) y (2) implica admitir también que los votantes, como humanos libres, somos seres egoístas y codiciosos, criminales en potencia y faltos de sensibilidad ante el sufrimiento humano. Díganme, ¿por qué las personas que formamos el electorado, justo en el momento de ir a votar y sólo durante el instante que escogemos la papeleta y la depositamos en la urna, nos transformamos en seres seráficos y altruistas capaces de dejar a un lado nuestros intereses, nuestras filias y nuestras fobias, y votamos lo que pensamos que es mejor para la sociedad en su conjunto y no lo que es mejor para nosotros mismos? ¿Cómo es posible que seres egoístas y malvados sepan y quieran reconocer el altruismo y la bondad al votar?
En resumen, el argumento intervencionista aduce que, como el hombre es codicioso, hay que ponerle límites y regular su actividad. Pero los que crean las leyes y las hacen cumplir son personas, hechas del mismo material genético de aquellos quienes les eligen, sus mismos congéneres egoístas y desconsiderados. ¿Cómo se soluciona esta contradicción? ¿Puede estar el gato de Schrödinger vivo y muerto a la vez? Esta contradicción se resuelve con libertad.
(*) Ludwig von Mises, El socialismo. Análisis económico y sociológico, Unión Editorial
(**) Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión Editorial
(***) Friedrich A. Hayek, Camino de servidumbre, Alianza Editorial
En la sobremesa de una agradable reunión con profesores de la universidad romana Della Santa Croce (que luego explicaré), estuvimos hablando un momento de las pretensiones y legislaciones sobre una justicia universal que en estos tiempos recientes escuchamos en nuestro país. Ya conocen que se ha aprobado una Ley de Reforma del Consejo General del Poder Judicial que limita la capacidad de los jueces españoles para perseguir delitos fuera del territorio nacional. No voy a entrar en consideraciones jurídicas sobre la conveniencia y oportunidad de esta modificación legal, su alcance verdadero frente a ciertas noticias mediáticas, o su fundamento constitucional (cosas que desconozco en su mayoría).
Lo que me llamaba la atención de ese debate es que ya se trató, en alguna medida, por nuestros doctores de la Escuela de Salamanca. Con el Descubrimiento de América, la Corona española se planteó las razones legales con que podría ocupar, conquistar o colonizar aquellos territorios. Fue la llamada polémica sobre los Justos Títulos, algo que hoy nos puede sonar extraño e incluso caduco, pero que refleja una sensibilidad jurídica que no han tenido otras muchas naciones tanto en aquella época como durante los siglos posteriores; quiero decir que se trató de una reflexión bastante adelantada a su tiempo, como lo fueron muchas de las consideraciones jurídicas, políticas o económicas de los escolásticos salmantinos.
La cuestión estribaba en discernir con qué autoridad se justificaba esta expansión territorial; y la primera respuesta, de plena tradición medieval, era atribuirlo a una donación papal. Como autoridad suprema del Orbe cristiano (no olvidemos que la Europa de 1500 conservaba todavía la unidad religiosa), se acudió a pedir al Pontífice romano diversas Bulas de donación para aquellas nuevas regiones. Claro, este argumento sería inmediatamente desmontado por las nuevas iglesias reformadas que no reconocían esta suprema autoridad. En todo caso, el argumento se fue trasladando a una supuesta prerrogativa del Emperador, recibida bien como concesión pontificia o bien como extensión de su autoridad temporal en aquellos aspectos que no podría intervenir la autoridad espiritual de Roma.
Lo que ya vemos aquí es la pretensión de una autoridad universal. Argumento contra el que Francisco de Vitoria dictó sus primeras Relecciones en la Universidad de Salamanca. Consultado por el poder político (algo que vuelvo a destacar, también en honor de aquellos gobernantes) y a partir de su propia reflexión intelectual, Vitoria llegó a la novedosísima conclusión de que el único derecho que podían esgrimir los españoles en su aventura americana era el de libre comunicación y comercio entre los pueblos. Que sentenciaría con esa atrevida afirmación de "el emperador no es señor del orbe", como explica en la Relectio de Indis de 1539: "nadie hay que por derecho natural tenga el dominio del mundo". Ni siquiera el Romano Pontífice, para escándalo de muchos coetáneos de nuestro fraile dominico: "ninguna potestad temporal tiene el Papa sobre aquellos bárbaros ni sobre los demás infieles".
Sería muy complicado resumir la historia de la aplicación de este principio o su dificultosa aceptación en la sociedad española; aunque sí debemos reconocer que tuvo una cierta influencia jurídica y moral. Porque lo que quería ahora es recordarles cómo estos razonamientos tuvieron un eco importante casi cien años después en el sabio escritor holandés Hugo Grocio, y a través suyo en el pensamiento jurídico y político de toda la Europa moderna, ilustrada y protestante (tanto en Gran Bretaña como en Alemania).
Esto era lo que hablaba con algunos profesores de un proyecto de investigación sobre Markets, Culture and Ethics, dependiente de la citada universidad romana, que amablemente me habían invitado a que dictase una conferencia sobre el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca. No voy a escribirles sobre este punto, ya que como buenos seguidores del Instituto Juan de Mariana lo conocen perfectamente…Y al hilo de aquella conversación surgió la cuestión de la justicia universal y los escolásticos, a los que Grocio se refiere en su obra Mare Liberum (sobre lo que también he escrito en estos Comentarios).
En mi opinión, Vitoria no estaría de acuerdo con los supuestos de esa justicia universal, que algunos defienden, por el principio de la libertad individual: cada persona es titular de derechos de propiedad privada, acción política o creencias religiosas que ninguna autoridad exterior puede violar. Desde esta perspectiva, por lo tanto, los españoles debían respetar los bienes de los indios americanos, su organización política e incluso sus religiones primitivas: en todos los casos no se podía atentar contra tales derechos ni intervenir militarmente. Vitoria ya había escrito que "si se propone la fe a los bárbaros y no la abrazan, no es razón suficiente para que los españoles puedan hacerles la guerra ni proceder contra ellos por derecho de guerra". Porque también, como Grocio recordaba en el Mare Liberum, "los señores de estos, aunque sean infieles, son legítimos señores, ya gobiernen con un sistema político monárquico absoluto o democrático, y no pueden ser excluidos del dominio de los suyos a causa de que son infieles".
Otra cosa sería discernir bajo qué supuestos una autoridad exterior podría intervenir en los asuntos particulares de otra sociedad. Por ejemplo, Vitoria parece que sí permitía a los españoles defender a las víctimas indefensas de algunos sacrificios humanos practicados por aquellos pueblos precolombinos. Esto nos recuerda las circunstancias de genocidio que contemplan algunos supuestos de la justicia universal (aunque reconozco no haber estudiado cómo ha quedado redactado este punto en la nueva Ley…). Lo que pienso que buscaban Vitoria y sus discípulos no era justificar un mundo gobernado por una misma autoridad (aunque se tratara del mismísimo Papa o del Emperador), sino promover una communitas orbis, una asociación racional y civilizada de todas las naciones bajo unos mismos derechos universales de convivencia y ejercicio de la libertad individual. Precisamente por ello se considera a Vitoria el fundador del derecho internacional moderno.
En el año 2011 se estrenaba una película dirigida por Roman Polanski y basada en una novela de la escritora francesa Yasmina Reza que, en España, se tituló exactamente igual que este artículo.
Dos niños se peleaban en el colegio y sus padres quedaban para solucionar el tema. Pero el tema acababa como el rosario de la aurora. La historia mostraba hasta qué punto, en ocasiones, el ego desmedido de los padres puede perjudicar a los hijos. Nosotros estamos viviendo cómo afecta la invasión desmedida del Estado, nuevo "padre" de nuestros hijos sobre la principal institución de nuestra sociedad: la familia.
En pleno siglo XXI
Aunque parezca exagerado el párrafo inicial, resulta que se están dando casos que a muchos nos dejan boquiabiertos. Y no se trata precisamente de países tercermundistas dominados por tiranos, sino dos de los, supuestamente, líderes de nuestra época: Alemania, el líder europeo y, Estados Unidos, el líder mundial.
El primer caso fue denunciado por la cadena de televisión Fox. Justine, diagnosticada de una enfermedad mitocondrial de origen genético de niña, lleva una vida normal, hasta que, con quince años, aflora su mal y sus padres la llevan al médico. El equipo que la trata la medica y gracias a los cuidados de la familia, puede llevar una vida feliz. Pero al cabo de un tiempo aquejada de gripe acude al Boston Children’s Hospital donde un equipo diferente desmiente el diagnóstico de la enfermedad mitocondrial y emite un nuevo diagnóstico, una enfermedad mental. Pero los padres no se fían de este nuevo diagnóstico y lo cuestionan. Entonces, el equipo médico nuevo denuncia a los padres por sobremedicar a Justine, dado que para ellos no existe la enfermedad mitocondrial, y le retiran la custodia a los padres. Justine es ingresada en una institución mental, no le administran medicación para su enfermedad y el caso está en manos de los tribunales de Connecticut. El antiguo equipo médico, psicólogos, abogados… todos han tenido que acudir a los tribunales para asegurar que los padres de Justine son unos padres entregados y amorosos, la hermana y el padre han aparecido en programas de televisión reclamando al estado que le devuelvan a su hija, realmente secuestrada por las autoridades.
El segundo caso es mucho más habitual. Se trata de una familia alemana en la que los padres decidieron educar a sus hijos en casa, era una familia de homeschoolers. Pero no es una opción admitida en este país. El pasado agosto tras un proceso judicial los padres, se sentenció que la conducta de estos padres que se negaban a llevar a sus hijos a la escuela pública era ilegal.
En septiembre, sin previo aviso, una veintena de asistentes sociales y policías rodeaba la casa familiar del pueblo de Darmstad y se llevaba a los niños. Un policía le daba un codazo a la madre cuando intentaba besar a uno de los hijos. La hija mayor de catorce años fue llevada a la fuerza, y los padres se vieron tratados como delincuentes. En octubre, tras el compromiso de los padres de acatar la sentencia judicial, devolvieron a los niños a su hogar, pero manteniendo la custodia estatal. La familia solicitó que se le devolvieran la custodia y los pasaportes a los hijos, que están aún retenidos, para poder irse a vivir a un lugar más libre. Pero les fueron denegadas ambas peticiones.
¿Cómo hemos llegado a esto?
¿Qué razones poderosas llevan a estados como el estadounidense y el alemán a gastar recursos de los ciudadanos en arrebatar a niños de sus hogares? Aunque se pueda argumentar que son dos casos aislados, son muy graves, son dos familias amorosas, no estamos ante padres alcohólicos, abusadores, maltratadores, sin recursos… Son familias como la suya o la mía. ¿No hay en las dos democracias más relumbrantes del soberbio Occidente mecanismos que eviten estos atropellos?
Por increíble que parezca, cuando salen a la luz estas noticias hay muchas personas de bien que arremeten contra mi indignación porque creen sinceramente que el Estado protege mejor a los niños que los propios padres. La educación en casa, aún, a pesar de los esfuerzos de madres escritoras como Laura Mascaró, por ejemplo, por explicar que los padres homeschoolers no celebran ritos satánicos ni obligan a comer gusanos a sus hijos, sino que crecen en contacto con otros niños y son tan "normales" como los demás, es objeto de enormes tabúes que frenan su desarrollo.
Los argumentos simplistas contra el homeschooling que, como diría Carlos Rodriguez Braun, generalizan los casos marginales, pavimentan el camino que hemos recorrido hasta llegar donde estamos. Tal vez leer más sobre el tema ayudaría. Y que estos casos fueran portada de noticieros y periódicos, también.
Cuatro y La Sexta dedicaron ayer su celebración dominical a los recientes escándalos que han socavado nuestro sistema financiero, "el mejor del mundo" según aseguraron en su día Solbes y ZP. El programa de Risto Mejide en Cuatro contó con la presencia del juez Elpidio Silva, suspendido del cargo por su intervención en el caso Bankia, mientras que en La Sexta fue Ana Pastor la encargada de dar la réplica sacando a la palestra el escándalo de las participaciones preferentes con un invitado de excepción. Mejor dicho, dos: el ciudadano Isidoro, preferentista jubilado, y el exdirector de la sucursal de Cajamadrid en Linares, Antonio Gómez, que también tenía cosas que decir.
Isidoro es un pensionista con un capital acumulado a lo largo de su vida laboral de unos 120.000 euros que, en lugar de dedicarlo a montar un negocio con fines sociales o repartirlo directamente entre las ONG de máximo progreso, decidió invertir en productos financieros para optimizar al máximo su rentabilidad. Es lo que los progres, antes del escándalo de las Cajas de Ahorro, llamaban un "especulador". Ahora, en cambio, las personas en la situación de Isidoro son "ancianos estafados por los bancos gracias a la derecha", a pesar de que el culpable de que este producto tóxico se comercializara fue el gobernador del Banco de España nombrado por un gobierno de izquierdas, las cajas que lo colocaron (no los bancos) eran de todos los colores del espectro político y la derecha llegó al poder cuando el escándalo ya estaba en todo su esplendor. Tres detalles que los medios de comunicación progresistas olvidan metódicamente cuando tratan este asunto y que ayer Ana Pastor no consideró tampoco necesario aclarar.
Pero más allá de la caprichosa manera de adjetivar de los progres según sus prejuicios ideológicos y las circunstancias de cada momento, pocas dudas caben de que el invitado de Ana Pastor, Isidoro, fue sorprendido en su buena fe al confiar en lo que le contaban en la sucursal en la que tenía sus ahorros depositados. Los riesgos de las participaciones preferentes eran excesivos para ese perfil inversor, está claro, pero es que los propios directores de las sucursales tampoco parece que tuvieran una idea cabal de lo que estaban vendiendo a tenor de lo que contó el segundo invitado de Pastor. Antonio, director de una sucursal de Cajamadrid, explicó que los directores se limitaban a repetir a los clientes el rollazo que los jefes de zona les endilgaban en reuniones periódicas, con lo que queda claro que la mala costumbre de no leer lo que se firma en España tiene un carácter transversal.
El ciudadano Isidoro está muy cabreado y con razón, aunque probablemente no tanto como Ana Pastor, a la que estas injusticias irritan especialmente. Tanto que a veces se le pasa explicar que la ruina de las Cajas de Ahorro, el escándalo de las preferentes y los desahucios de morosos hipotecarios surgieron cuando nuestro gobierno no era reaccionario como ahora, sino de mucho progreso. O lo aclara en futuros programas o algunos de sus más fieles seguidores podríamos comenzar a cuestionarnos su imparcialidad.
Prólogo a la edición española de La maquinaria de la libertad, de David Friedman, publicada por Innisfree (disponible en papel y en Kindle), y vídeo de la presentación en Barcelona, junto a Guillem Laporta, organizada por el Instituto Von Mises. La charla es en castellano y catalán.
La familia Friedman se radicaliza un poco más con cada generación. Milton Friedman, el Nobel de economía, defendía un Estado mínimo; su hijo David, el autor del presente libro, apuesta por una sociedad sin Estado; y el joven Patri, ansioso por poner en práctica el anarquismo de su padre, dirige un instituto que promueve la colonización de alta mar. No está claro que la nueva hornada pueda continuar con la tradición familiar (¡ya han tocado techo!). Lo que sí está claro es que la estirpe Friedman tiene el gen liberal, y que cada uno ha defendido la máxima de la libertad (vive y deja vivir) a su manera, con remos distintos pero siempre navegando en la misma dirección.
La Maquinaria de la Libertad hace navegar esa máxima hasta sus últimas consecuencias, y lo hace de una forma heterodoxa, tal y como corresponde a un personaje heterodoxo. No en vano David Friedman es profesor de derecho, economista, físico, geek de la tecnología, amante de la ciencia ficción y escritor de novelas fantásticas, y este idiosincrásico perfil empapa su obra más popular y celebrada, ahora traducida al español.
Jefferson dijo que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Para Friedman, el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Todas las funciones del Estado se dividen, según nuestro autor, en dos categorías: aquellas que pueden suprimirse o privatizarse hoy, y aquellas que pueden suprimirse o privatizarse mañana. Y la mayoría pertenecen al primer grupo. Desde la sanidad a los tribunales pasando por la educación, la gestión de las calles o la policía, no hay servicio que el mercado, de forma descentralizada y competitiva, no pueda proveer mejor que el Estado. A esta corriente liberal anarquista, que no encomienda ninguna tarea al Estado, se la conoce con el nombre de anarcocapitalismo o anarquismo de mercado, y La Maquinaria de la Libertad es uno de sus libros de cabecera.
El anarcocapitalismo es una corriente fundamentalmente contemporánea, pese a sus precedentes. Nace en Estados Unidos a mediados del siglo XX y toma cuerpo en la década de los 70, cuando irrumpe la literatura de este nuevo movimiento. Entre las obras pioneras del género cabe destacar The Market for Liberty (1970), de Linda y Morris Tannehill; Power & Market (1970) y For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (1973), de Murray Rothbard; y por supuesto The Machinery of Freedom (1971), de David Friedman. De todas ellas la de Friedman es la más desenfadada e informal, aunque no por ello menos rigurosa y convincente. David Friedman hilvana sus razonamientos teóricos con ejemplos y analogías ilustrativas, ideas de negocio creativas, hipótesis futuristas y especulaciones, fuertes dosis de sentido del humor y sano escepticismo. Quizás por ello sea la obra anarcocapitalista que conecta mejor con el profano.
A pesar de las conclusiones radicales a las que llega Friedman, no se trata de una obra dogmática ni escrita desde el absolutismo moral. Antes al contrario, Friedman reconoce que hay problemas que, dependiendo del contexto, quizás no tengan una solución liberal, y argumenta siempre desde un punto de vista pragmático, haciendo hincapié en las consecuencias de las acciones más que en su moralidad intrínseca. El de Friedman es un radicalismo razonable. Es precisamente su escepticismo y su pragmatismo el que le llevan a defender un orden social sin Estado, un anarquismo de propiedad privada, por entender que los incentivos que éste instituye (competencia y soberanía del consumidor, experimentación descentralizada, dispersión del poder coactivo) son los que más favorecen la paz, la prosperidad y la felicidad. Friedman no busca el sistema perfecto, busca el mejor sistema. Así, no basta con encontrar defectos o debilidades al anarcocapitalismo. De eso ya se encarga el propio Friedman. De lo que se trata es de compararlos con los fallos del intervencionismo y comprobar si los estatistas no están intentando matar una mosca a cañonazos, con los consiguientes daños colaterales.
Murray Rothbard, el principal valedor del anarcocapitalismo moderno, acusaba a Friedman de no odiar al Estado, de analizar su existencia y su justificación desde una perspectiva meramente académica, como si el Estado fuera un error intelectual y no una banda mafiosa que pisotea sistemáticamente los derechos de los individuos y mereciera nuestra condena moral[1]. Friedman le daba la razón, sin arrepentirse[2]. Su enfoque tiene la ventaja de estar libre de servidumbres, pues no siente el impulso de hacer que sus argumentos lleven a una determinada conclusión coherente con unos principios éticos concretos. Por eso resulta especialmente convincente cuando de hecho llega a las mismas conclusiones anarquistas que Rothbard.
La defensa que hace Friedman del capitalismo es eminentemente utilitarista: la libertad es deseable no porque tengamos un derecho natural a ella sino por ser útil para conseguir los fines sociales que queremos (paz, prosperidad y felicidad para el mayor número). Pero Friedman no es un utilitarista al uso. Sus intuiciones éticas le llevan a rechazar el utilitarismo como criterio último (no está dispuesto a sacrificar la libertad de una persona para incrementar la felicidad de otras dos), lo cual queda patente en varios pasajes de su obra[3]. No obstante, Friedman considera que los argumentos utilitaristas son más persuasivos. Además, él es economista, la ética no es su especialidad. Por ejemplo, Friedman piensa que las drogas deberían poder consumirse y venderse legalmente como cualquier otro producto en el mercado. Opina que los individuos tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que les plazca, incluido ingerir sustancias adictivas y perjudiciales para su salud. Pero si alega esta razón probablemente solo convencerá a quienes compartan las mismas intuiciones éticas. Sin embargo, si explica que las leyes antidroga generan delincuencia debido al aumento de los precios y a las disputas en el mercado negro, y que la falta de transparencia permite una adulteración aún más perjudicial para los consumidores, entonces es posible que pueda convencer incluso a gente que no cree que los individuos tengan derecho a ingerir lo que les plazca.
En este sentido La Maquinaria de la Libertad no es una obra exclusiva o principalmente para liberales. Es una obra para todos los públicos, socialistas de izquierda y derecha. Friedman ataca la concepción marxista de la explotación y el interés, las licencias y regulaciones que en nombre de la competencia la constriñen a favor de determinados lobbies, la redistribución horizontal (el vecino de clase media subsidia tu sanidad mientras tú subsidias la suya), o el funcionamiento de la democracia vis a vis el del mercado en la provisión de servicios. Tomemos este último. Friedman compara el poder de influencia de un grupo de renta baja en democracia y en el mercado. En un caso se enfrenta a un lobby con más votos, en otro caso a un grupo con una renta más alta. Al pujar por servicios, la desigualdad en democracia tiene unos efectos desfavorables mucho mayores: votando el lobby con más votos siempre gana, pero comprando el grupo con más renta ve como ésta mengua cada vez que puja, así que solo podrá ganar la puja algunas veces. En democracia, además, se produce lo que la mayoría vota, pero en el mercado se produce todo aquello que cualquiera (ya sea mayoría o minoría) esté dispuesto a comprar. Por eso, afirma Friedman, los pobres en nuestra sociedad suelen estar peor atendidos cuando el servicio lo ofrece el Estado (educación, protección policial) que cuando lo ofrece el mercado (ropa, comida).
La Maquinaria de la Libertad también supone un desafío para los liberales clásicos, aquellos que creen que los servicios de gendarmería (ley, tribunales, policía y defensa nacional) solo pueden ser provistos en régimen de monopolio público y financiados con impuestos. Friedman propone un escenario en el que todos los servicios, incluidos los anteriores, son comprados y vendidos en el mercado. Si no tuviera que pagar impuestos, Pedro podría contratar los servicios legales y de protección de la agencia A, y su vecino Juan los servicios de la agencia B. Cada uno contrataría la protección que se adecuara más a sus preferencias y a su bolsillo, y las empresas competirían entre sí para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, tal y como hacen hoy Securitas, Prosegur, FBS o los tribunales de arbitraje, a años luz de la ineficiencia estatal. Las agencias ofertarían un determinado código legal (o se vincularían a tribunales con un determinado código legal), al cual se sometería a los que agredieran a sus clientes. Si el acusado perteneciera a otra agencia de protección, la disputa entre ambas se resolvería de la forma más económica, o sea, pacíficamente. Como es habitual en el mundo de la empresa, los litigios entre agencias de protección se llevarían a tribunales de arbitraje de reconocida solvencia y reputación estipulados de antemano. El resultado sería una variedad de agencias de protección en un mismo territorio, compitiendo en precio y calidad para atraer clientes y con acuerdos previos para llevar a los tribunales cualquier acusación o disputa que surja entre sus clientes.
Pero si cada agencia o tribunal puede ofertar leyes distintas, ¿no sería demasiado complejo, imprevisible y caótico el marco legal al que deben atenerse los ciudadanos? En primer lugar, no olvidemos que actualmente también estamos sujetos a distintos códigos dependiendo de con quién nos relacionamos: en la empresa, en el club deportivo, en la congregación religiosa, en la asociación del barrio, en nuestra comunidad de vecinos etc. En segundo lugar, la tendencia a la diversidad legal, propio de un sistema descentralizado que busca ajustarse a las preferencias dispares de los individuos, se vería compensada por la presión a la estandarización legal, que simplifica y agiliza las transacciones. Las compañías papeleras compiten entre ellas, ofrecen precios y tipos de papel de distinta calidad, pero todas venden DIN-A4 y otros formatos estándar para que sean compatibles con cualquier impresora. Miles de empresas e instituciones financieras también compiten entre sí, pero se acogen al estándar VISA de tarjetas de crédito para que sus clientes puedan comerciar con más facilidad. La sana competencia no está reñida con cierto grado de estandarización si eso beneficia a los clientes.
El anarquismo de Friedman, pues, es un anarquismo sin monopolio público de la fuerza, no un anarquismo sin ley y orden. Este matiz es fundamental, porque los críticos que solo ven hombres de paja acusan a los anarcocapitalistas de ingenuos por defender un sistema poblado por santos, donde todos cooperan y nadie utiliza la fuerza. Friedman no habla de abolir el uso de la fuerza para combatir el crimen, sino de privatizarlo y descentralizarlo. La naturaleza humana es la que es, y nadie (salvo los comunistas) pretende cambiarla. Pero la imperfecta naturaleza humana no exige que haya una sola “agencia de protección” con jurisdicción sobre un territorio (el Estado) en lugar de múltiples agencias compitiendo entre ellas en ese mismo territorio. Antes al contrario: el planteamiento anarcocapitalista es que, si tiene que haber coacción, es mejor dispersarla que concentrarla. Si está dispersa, tienes a dónde acudir en caso de que una de las facciones cometa abusos. Si está concentrada, el potentado tiene poder absoluto. Pensemos en términos de estados a escala internacional. Si un gobierno mundial se volviera totalitario, no habría a donde huir. Pero con 200 estados, pese a los costes de emigrar, tenemos la opción de exiliarnos si las cosas se tuercen en uno de ellos. El anarcocapitalismo lleva esta lógica de la descentralización y el voto con los pies hasta sus últimas consecuencias. Sería como derribar las barreras de entrada en el mercado de los estados (en lugar de 200 habría miles) y que no hiciera falta emigrar para elegir cuál contratamos.
Algunas críticas simplistas al anarcocapitalismo tienen poco recorrido. Ayn Rand, la célebre novelista y filósofa liberal, estaba obcecada en su defensa de un código legal objetivo y uniforme, obviando que la experimentación descentralizada, la diversidad y la competencia son tan necesarios en el ámbito de la ley y el orden como en el de cualquier otro servicio. Su argumento de que las agencias de protección batallarían entre ellas cada vez que sus respectivos clientes tuvieran una disputa tampoco se sostiene habida cuenta de lo costoso que resultaría ese estado de guerra permanente en contraste con solucionar los conflictos en un tribunal de arbitraje, como es común hoy en día. También en la actualidad surgen frecuentes disputas entre ciudadanos de distintos Estados que se resuelven pacíficamente en los tribunales sin que aquellos se declaren la guerra[4].
Otras objeciones, no obstante, tienen más enjundia. Tyler Cowen, por ejemplo, en su crítica a las tesis de Friedman sostenía que si las agencias de protección pueden cooperar entre sí para resolver sus conflictos y adherirse a determinados estándares legales también pueden cooperar entre sí para formar un cártel que acabe deviniendo en Estado[5]. La cooperación funciona en las dos direcciones. Si el conjunto de agencias puede reprimir a otra agencia que se comporta de forma agresiva (o se dedica a amparar a clientes criminales), el conjunto de agencias también puede cooperar para reprimir la entrada de nuevos competidores o empresas que no quieran adherirse al pacto colusorio general. Como se trata de una industria “network” (los servicios ofrecidos son más valiosos cuantos más usuarios están asociados al mismo), aquellas empresas que estén fuera del network (y no tengan acuerdos de resolución de conflictos con las demás agencias) serán menos atractivas para los consumidores y perderán su patrocinio.
Bryan Caplan y Edward Stringham recogen el testigo y responden a Cowen[6], argumentando que la cooperación en las industrias network se da a distintos niveles, no es un “todo o nada” (o se coopera en todo o no se coopera en absoluto). Hay industrias network, como la financiera, que cooperan en algunos ámbitos (tarjetas de crédito) pero compiten en los demás. Caplan y Stringham acusan a Cowen de confundir la estandarización con la colusión. En el caso de la estandarización, las empresas cooperan (estandarizan su producto) porque eso es lo que desean los consumidores. Si éstos quieren que sus DVD funcionen en cualquier reproductor, o que una tarjeta de crédito pueda utilizarse en cualquier cajero automático, sus productores tenderán a ofrecer un producto estandarizado. La empresa que quiera salirse del network verá caer su demanda, pues para la gente tendrá menos valor tener un DVD que no puede reproducirse en cualquier aparato o ser miembro de un banco que emite tarjetas que no funcionan en todos los cajeros. Pero una colusión en precios altos entre distintas empresas, por ejemplo, no es un estándar que los consumidores quieran. Así, cualquier empresa individual tendrá incentivos para salirse del cártel y ofrecer el producto un poco más barato (y acaparar así más mercado). Por eso un estándar que sirve a los consumidores es más estable que un cártel que abusa de ellos. Es cierto que en el caso específico de la industria de la seguridad y la defensa, puesto que su negocio es precisamente el uso de la fuerza, un cártel podría emplearla para suprimir disidentes o nuevos competidores. En este sentido el cártel podría ser estable una vez formado. La cuestión es si llegaría a formarse teniendo las empresas incentivos económicos para no hacerlo y acaparar más mercado.
Cowen tampoco contempla en su crítica que en una misma industria a menudo hay varios network compitiendo entre sí. En el ámbito de las tarjetas de crédito, miles de empresas cooperan bajo el network VISA, pero éste a su vez compite con el MasterCard o el American Express. Las deseconomías de escala compensan la presión hacia un único estándar.
Pero más allá de los incentivos estrictamente económicos Friedman destaca el papel relevante que pueden jugar los valores morales de las personas y su percepción de lo que es legítimo en un determinado contexto. En la actualidad la policía y el ejército también podrían sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen. Es razonable pensar que existen ciertas restricciones morales internas que se lo impiden y que podrían darse igualmente en una sociedad anarquista. Incluso a nivel internacional los Estados están lejos de entrar en colusión tanto como teóricamente podrían, o de neutralizar a la mayoría de los estados “disidentes”, ya se trate de paraísos fiscales, dictaduras opresoras, amenazas comerciales etc. El argumento de Cowen no explica por qué en lugar de surgir un cártel estatal mundial los estados respetan (relativamente) la soberanía de los demás estados y compiten entre sí en múltiples ámbitos.
Friedman, especialista en análisis económico del derecho, explica que en la actualidad los costes de la legislación se externalizan (todos pagan por lo que quieren algunos), lo que resulta en una sobreproducción de leyes y políticas ineficientes. En un escenario de ley privada cada uno paga lo que contrata, y esta internalización de costes presiona a favor de un marco legal más liberal. Por ejemplo, las leyes actualmente reprimen muchos “crímenes sin víctima” (aquellos en los que la supuesta víctima ha consentido, como el consumo y la compra-venta de drogas, la prostitución, el suicidio asistido, el juego, llevar el velo o no ponerse el cinturón de seguridad). Votar a favor de esta legislación es gratis, y los costes de investigar, perseguir, juzgar y encarcelar a los infractores se reparten entre todos los contribuyentes. No obstante, en un escenario de ley privada el coste de imponer tus valores personales, fuerza mediante, corre de tu propia cuenta. Si te molesta que el vecino consuma pornografía o fume un porro ya no puedes esperar que el Estado le reprima con el dinero de todos, tendrás que contratar los servicios adicionales de una agencia con un código penal más puritano. Y como la gente está dispuesta a pagar más para proteger su persona y su propiedad que para reprimir los vicios inofensivos de los demás, tenderían a producirse leyes liberales[7].
Friedman sugiere así un matiz importante que otros autores anarcocapitalistas pasan por alto: un escenario anarquista (sin monopolio público de la violencia) no tiene que ser necesariamente liberal. Es concebible que las agencias y tribunales que descentralizadamente producen leyes para sus clientes ofrezcan normas antiliberales (si es que hay demanda para ello), y los conflictos que surjan entre clientes de agencias con códigos ideológicamente dispares se resuelvan con trade-offs y compensaciones dependiendo de qué facción está dispuesta a pujar más.
La mayoría de autores anarcocapitalistas saltan del escenario estatista al escenario anarquista dando por supuesto que en este último habría una fuerte mayoría social que demanda leyes liberales. Dada la naturaleza de esa transición (parece lógico que la oposición al Estado implique una oposición generalizada a normas liberticidas) es probable que así sea, pero no es baladí considerar, como hace Friedman, qué sucedería si la sociedad anarquista no estuviera tan uniformemente comprometida con los valores de la libertad (o con el tiempo dejara de estarlo). Su análisis es igualmente útil para explorar las consecuencias de la diversidad de opiniones dentro del propio movimiento liberal en un escenario anarquista. Por ejemplo, si la opinión pública estuviera dividida (como lo está el liberalismo) entre partidarios del derecho al aborto y antiabortistas, o entre partidarios de la pena capital y detractores, ¿qué tipo de leyes se producirían? Pues, siguiendo a Friedman, cabe especular que agencias con distintas normas encontrarían el modo de coexistir pacíficamente, haciendo concesiones y compensaciones para evitar enfrentamientos violentos que dispararían sus costes.
La Maquinaria de la Libertad describe el mejor sistema al que se puede aspirar. La pregunta es cómo vamos de aquí hasta allí. Que el anarco-capitalismo sea naturalmente estable no resuelve la cuestión de cómo llegamos a él en primer lugar. Tampoco cabe sugerir una hipotética y expedita transición de un Estado mínimo a una sociedad sin Estado, dando por resuelta la cuestión de cómo llegamos al Estado mínimo partiendo del Leviatán actual. Sobre todo porque hay buenas razones para pensar que el Estado mínimo es un escenario inestable que tiende al Leviatán.
Imaginemos dos mesas en un restaurante, con 20 comensales en cada una. En la primera los costes se socializan, esto es, las facturas individuales se sumarán y se dividirán por 20. En la segunda mesa los costes se internalizan: cada persona paga por lo que consume. ¿Qué mesa habrá gastado más al final de la velada? En la primera cada comensal piensa: “si pido un plato más caro el precio se reparte entre los demás”. Y como todos piensan lo mismo, piden en promedio platos más caros, disparando la factura.
En el contexto estatal, argumenta Friedman, los individuos tienden a despreciar los costes de que otros reclamen prestaciones y regulaciones (pues se diluyen entre todos los contribuyentes) y al mismo tiempo tienden a codiciar las prebendas estatales (cuyos beneficios recoge en exclusividad el recipiente). El resultado no es otro que una demanda creciente de prestaciones y regulaciones por parte de la población. Así es como el Estado mínimo, legitimando los impuestos y la socialización de costes, no lo es por mucho tiempo. Los intentos de limitar esta tendencia a través de una constitución, separación de poderes y otros mecanismos internos resultan a la larga infructuosos. Como decía Anthony de Jasay, es como poner un cinturón de castidad a una doncella y dejar la llave al pie de la cama[8]. Si es el propio Estado el que se pone los límites (a través del parlamento, el tribunal constitucional, etc.) puede modificarlos o reinterpretarlos cuando se vea empujado a ello. La historia de los Estados Unidos ilustra que el propósito y el significado original de una constitución cuasi-minarquista no resiste la presión del Estado por crecer y rebasar los límites que ésta impone. Así pues, quizás la disyuntiva sea entre el Leviatán y la sociedad sin Estado, siendo cualquier propuesta intermedia inestable a largo plazo.
Pero, ¿por qué estamos encasillados en el primer equilibrio, que es el peor? Siendo estable, es lógico que ahora sea difícil salir de él. Pero al menos deberíamos poder explicar por qué la sociedad ha vivido bajo Estados la mayor parte de su historia moderna (con algunas excepciones relevantes, como la Islandia medieval[9], el “no tan salvaje” oeste[10] o los comerciantes sujetos al derecho mercantil[11]). Friedman afirma que detrás del marco institucional actual está la percepción popular de que el Estado es necesario. En este sentido, para superarlo basta con convencer a la gente de que no es así, con libros como La Maquinaria de la Libertad o ejemplos prácticos que ilustren las ventajas del mercado vis a vis el Estado: fondos de inversión que aporten pensiones más altas que la Seguridad Social, escuelas privadas que eduquen mejor que las públicas, empresas de seguridad que proporcionen mayor protección que la policía nacional o tribunales de arbitraje que solucionen disputas de una forma más eficiente que el sistema de justicia público.
Con todo, puede que haya razones más profundas, y menos racionales, que expliquen el arraigo del estatismo. Daniel Klein lo llama “el romance” de la gente con el Estado[12]. Klein arguye que las personas se sienten atraídas por la idea de un proyecto colectivo que trascienda sus humildes acciones y los coordine a todos en pos de un fin común. Los individuos, en relación con el Estado, experimentan un sentimiento de coordinación mutua, poseen una percepción común de la naturaleza, el funcionamiento y la finalidad del proyecto colectivo. En el mercado, este sentimiento de percepción compartida está ausente. La coordinación es indirecta, cada individuo persigue su propio interés, lo que resulta en intercambios que traen prosperidad y armonía social. Pero a primera vista el mercado son individuos corriendo en distintas direcciones, con intereses enfrentados, sin que sea su intención hacer una sociedad más justa y próspera. No en vano Adam Smith se refería a la mano invisible del mercado. La imagen que transmite el Estado, por el contrario, es la de un épico proyecto colectivo con la misión expresa de crear una sociedad mejor. Esta visión es más romántica. El Gobierno establece instituciones permanentes que nos aportan una experiencia compartida, y las dramáticas pugnas electorales refuerzan la percepción de que nos hallamos ante una empresa heroica.
Si la hipótesis de Klein es cierta, ¿qué futuro le espera al liberalismo? El liberalismo raramente puede apelar a los instintos románticos de la gente porque la libertad es una ética de mínimos (“haz lo que quieras siempre y cuando respetes la libertad de los demás”), no un proyecto positivo, de acción. Solo en circunstancias excepcionales, como en la revolución americana, el liberalismo ha sido una empresa genuinamente romántica. Por tanto, el estatismo juega con ventaja, parece conectar mejor con las aspiraciones románticas de la gente. Una opción es redefinir el conflicto ideológico de un modo tal que la defensa de la libertad sea percibida como una lucha épica contra un enemigo opresor y no como una mera disputa académica. Otra opción es recurrir a la crítica racional y a la persuasión, o refutar los prejuicios con ejemplos. Que la gente sea proclive al romanticismo político no quiere decir que no pueda superarlo si ve que implica un error intelectual.
Por otro lado, Klein sostiene que la prosperidad y los avances en la comunicación y el transporte que el mercado ha introducido están minando los cimientos del romance de la gente. Ya no estamos vinculados a un solo grupo, que monopoliza nuestro sentimiento de pertenencia. Nuestra experiencia común disminuye, tenemos varios puntos focales y experimentamos estructuras menos jerarquizadas y más espontáneas o en forma de red. Esta dislocación no ocurre solo con respecto a la experiencia, también ocurre con respecto a la interpretación de la realidad social. La cultura política oficial está perdiendo protagonismo. La gente recurre a internet, a programas de radio o a la televisión por cable para obtener la interpretación que quiere. El intento de hacer del Estado un proyecto colectivo romántico es recibido con creciente escepticismo, y eso también juega a favor de la causa liberal.
¿Pero qué acciones concretas debe desempeñar el movimiento liberal si quiere avanzar hacia una sociedad sin Estado? Friedman evita dar una respuesta específica y unívoca a esta pregunta, y traza una analogía sugerente: si el liberal rechaza los medios políticos (planificación central, jerarquía) para organizar la sociedad, quizás también debiera rechazar los medios políticos para intentar abolir la política. En este sentido, el movimiento liberal no debería estructurarse como las instituciones a las que intenta combatir, sino imitar las instituciones y empresas propias del mercado. Así, en esta división del trabajo en el seno del liberalismo, pueden convivir, cooperar e incluso competir entre sí distintas organizaciones y aproximaciones.
El Nóbel de economía James Buchanan, en su reseña de la obra de Friedman[13], anima al lector a plantearse alternativas radicales en una coyuntura en la que el Estado, pese a fallar persistentemente, no deja de crecer. Quizás el anarquismo de mercado merece ser tenido en cuenta después de todo. Buchanan, que de hecho se declara filosóficamente anarquista aunque crea que en la práctica no sería un sistema viable, hace un último paralelismo que podría contentar a anarquistas y a minarquistas por igual (¡o a ninguno de los dos!): si el Leviatán ha crecido a la sombra de la filosofía del Estado limitado, quizás solo en el contexto de una sociedad filosóficamente anarquista puede llegar a consumarse el Estado mínimo. La Maquinaria de la Libertad, en cualquier caso, nos muestra el horizonte de lo deseable y la dirección a seguir.
[1] “Do You Hate the State?”, Murray Rothbard, The Libertarian Forum, Vol. 10, No. 7, Julio 1977.
[2] “Murray Rothbard on Me and Vice Versa”, David Friedman, Ideas blog, 17/6/2011.
[3] Véase también su artículo “Comment on Brody: Redistribution Without Egalitarianism”, Social Philosophy and Policy Journal, 1983, una original defensa lockeana del derecho de propiedad.
[4] “The Nature of Government”, capítulo incluido en “The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism”, Ayn Rand, New American Library, 1964.
[5] “Rejoinder to David Friedman on the Economics of Anarchy”, Tyler Cowen.
[6] “Networks, Law, and the Paradox of Cooperation”, Bryan Caplan y Edward Stringham, The Review of Austrian Economics, 16:4, 309–326, 2003. Véase también la respuesta del propio Friedman, “Law as a Private Good: A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy”, Economics and Philosophy, 10: 319–327, 1994.
[7] Friedman ha escrito profusamente sobre economía y derecho en otras obras y artículos. Por ejemplo, véase “Law’s Order: An Economic Account”, Princeton University Press, Primavera 2000; y “Anarchy and Efficient Law”, en “For and Against the State: New Philosophical Readings”, editado por John T. Sanders y Jan Narveson, Rowman & Littlefield, 1996.
[8] “The State”, Anthony the Jasay, Liberty Fund, 1998.
[9] “Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case,” David Friedman, Journal of Legal Studies, Vol. 8, Marzo 1979, p. 400.
[10] “An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West,” Terry L. Anderson y P. J. Hill, Journal of Libertarian Studies, Vol. 3, p. 9-29, 1979.
[11] “Justicia sin Estado”, Bruce Benson, Unión Editorial, 2000. Benson menciona varios ejemplos históricos más de ley privada.
[12] “The People’s Romance. Why People Love Government (as Much as They Do)”, Daniel B. Klein, The Independent Review, v. X, n. 1, verano 2005.
[13] “Review of The Machinery of Freedom”, James Buchanan, Journal of Economic Literature XII, 3 (septiembre 1974), p. 914-915.
"China’s economic restructuring has made pre-2008 paradigms out of date and off the mark” Hanfeng Wang.
He tenido el placer de dar un master sobre materias primas en la UNED, y al hablar con mis alumnos siempre me sorprendía la facilidad con la que asumían como incuestionables las cifras de consumo esperado en China. Y hay mucho que poner en duda.
Cuando hablamos del frenazo de China se tiende a asumir que hablamos de un colapso. Y no es así. Pero sí del fin de un modelo de endeudamiento agresivo y construir cosas como sea para crecer. Deuda excesiva e improductiva. Según Morgan Stanley, el país hoy necesita cuatro veces más deuda para crear una unidad adicional de Producto Interior Bruto (PIB) que hace solo cinco años.
Cambiar ese modelo a uno más sostenible y orientado al consumo no es malo.
Es decir, la economía china es cada vez menos industria y cada vez más servicios. Porque el modelo no era sostenible. Atrás quedan las acerías que fabricaban para luego volver a fundir lo producido, las ciudades-fantasma y los 28 millones de casas sin vender… Y las hileras de molinos de viento y paneles solares sin conectarse a la red. Cualquiera que las haya visto nunca lo olvida.
Nadie puede considerar ese cambio como negativo. Corea del Sur o Taiwán llevaron a cabo esa transición sin problema, solo tuvieron que adaptarse a crecimientos del PIB de entre el 2% y el 4%. Otra cosa es que, dado que el exceso de endeudamiento chino es enorme, sobre todo en las empresas estatales, como comentábamos en “Cuidado con China” , el aterrizaje no es tan sencillo. Porque la economía cada vez ahorra menos (cayendo desde 2010 tres puntos porcentuales) y se endeuda más.
El hecho de que una gran parte de esa deuda sea financiada internamente por bancos locales no mitiga el riesgo. Un esquema piramidal no deja de serlo porque los partícipes se presten mutuamente.
Un 200% de deuda sobre el PIB cuando el 48% de las empresas del Hang Seng, sobre todo las semi-estatales, no generan rentabilidades por encima de su coste de capital es un enorme problema. No desaparece y tiene un gran impacto sobre la capacidad de financiación de los sectores productivos, como muestra el informe de CICC “A Tale of Two Economies”. De hecho, es una losa a medio plazo en aquellos sectores que no pueden sobrevivir sin deuda adicional. Curiosamente, los sectores llamados estratégicos. Siempre igual, sale la palabra y se traduce en pérdidas.
Pues bien, el frenazo de la vieja economía china no es cíclico. Es estructural. Y tiene un enorme impacto en el mercado de materias primas. Estamos viéndolo de manera muy relevante en la demanda de carbón, cobre, mineral de hierro y petróleo, creando una sobrecapacidad productiva que deprime los precios a medio y largo plazo. Algo que nos viene de perlas a los países importadores.
Los productores de materias primas se habían acostumbrado a una demanda eternamente creciente impulsada por China y ahora se enfrentan al exceso de suministro, al que dichos productores, sobre todo de mineral de hierro, carbón y cobre, siempre responden intentando reponer ingresos produciendo más, pensando que en un futuro cercano se revierte la ralentización de demanda. Un grave error, que analizaba McCoy sobre el desplome del cobre en “Un indicador clave se sigue desplomando” .
Analicemos el impacto del frenazo chino en el petróleo, cobre, carbón y mineral de hierro, que son indicadores mucho más fiables del crecimiento en la actividad industrial que el PIB.
Empecemos por algo crucial. No debemos ignorar el efecto almacén. Una enorme cantidad de materias primas adquiridas por China no se consumen, solo se almacenan. Estimar la demanda sin ajustar ese efecto maquillaje ha sido letal para muchos productores. Los inventarios de mineral de hierro por ejemplo, han subido un 57% entre 2013 y 2014. Y en carbón, como en productos petrolíferos, los almacenes están a niveles máximos de 2010.
Mucho cuidado con ignorar los efectos de la sobrecapacidad productiva cuando los países exportadores buscan compensar ingresos perdidos con más producción, y no olvidemos el efecto depresor del exceso de almacenamiento. Porque es una combinación letal en el mundo de las materias primas.
Ignorar el elefante en la habitación es uno de los errores más grandes que cometemos al hacer estimaciones de futuro.
Asumimos periodos excepcionales, de acceso a crédito, liquidez, consumo o crecimiento, como nuevos paradigmas que se van a perpetuar eternamente. Se traza una línea ascendente desde una base que no se cuestiona si es sostenible o no. O peor, cuando se percibe que es excesiva, se justifica.
En el análisis de las materias primas, el error es aún mayor, porque se aplica sobre el mayor consumidor del mundo: China. Y cuando los economistas cometen una equivocación de hasta el 40% en sus estimaciones durante tres años consecutivos pero mantienen las expectativas a 2020 sin modificar, se magnifica el problema.
Ya conocen ustedes los argumentos… “la demanda china se va a multiplicar por dos en los próximos veinte años” etc. En el año 2012, un amigo de la petrolera Exxon me comentaba sobre el crecimiento chino: “No me lo creo. Y el que planifique usando las estimaciones oficiales de crecimientos de China como referencia solo puede llevarse desilusiones”.
Para el mercado de materias primas, y para todos, el cambio de modelo chino es positivo, no lo duden. Porque era insostenible. Pero no ignoremos los sustos que puede dar a un mundo enganchado a un carro donde los caballos estaban dopados.
Por supuesto, muchos dirán que todo es irrelevante, porque China, como buena dictadura comunista, crecerá y consumirá lo que decida el partido. Genial, pero que sepan que el argumento funciona en los dos sentidos. Si el partido decide cambiar el modelo, lo cambia.
En cualquier caso, un sistema no deja de ser insostenible porque lo decida el partido. Cae por su propio peso antes o después. Y con un poco de suerte, se lleva al partido con él.