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El liberalismo no es para las relaciones estatales

El Estado nació para proteger al hombre de sí mismo y corregir el “peligroso” estado de naturaleza en el que prevalecía “la ley de la selva”. Esta es una bonita historia que los estatistas nos cuentan pero las mayores agresiones al hombre provienen del Estado, no de sus semejantes. De cara al exterior las guerras enfrentan a unos con otros sin necesidad de que los combatientes se conozcan y en el interior la paz social se impone mediante el monopolio de la fuerza. Las fronteras políticas nos separan de forma artificial, existen fronteras naturales pero hace décadas que los hombres consiguieron superarlas por tierra, mar y aire. El espacio, tal vez, no sería hoy una frontera si su exploración se hubiese dejado en manos de la iniciativa privada; de insensatos aventureros en lugar de ser planificada por burócratas que dependen de los presupuestos públicos.

La política exterior puede ser aterciopelada por hermosas palabras pero la política de la acción se impone. En los últimos días hemos visto cómo las tropas rusas tomaban posiciones en la provincia ucraniana de Crimea llevando a cabo una política de hechos consumados mientras que los partidarios de la diplomacia organizaban reuniones y comisiones. El realismo se termina prevaleciendo sobre el idealismo, mientras unos invaden países otros todavía están contando nubes. Sería un error pensar que esta política de la acción se debe a los tics totalitarios de Rusia, pues no hay que ir muy lejos para recordar el espionaje de Estados Unidos que incluía hasta a los líderes de los países “aliados”.

Las democracias actuales han enmascarado el poder del monopolio estatal suavizando sus formas pero manteniendo intactos sus privilegios colectivos sobre los individuos. Las palabras como encubrimiento de la fuerza; la “democracia deliberativa” como artificio dialéctico que adorna la imposición legislativa; las elecciones democráticas como sistema de reparto del poder estatal; la economía del bienestar como mercantilismo de Estado que favorece a los amigos; y el derecho internacional como resolución de los conflictos entre Estados. 

El sueño de los planificadores de la paz es ya antiguo, desde que en el siglo XVII Emeric Crucé hiciera su propuesta, pasando por la Paz Perpetua de Kant o los 14 puntos wilsonianos hasta la Organización de Naciones Unidas, han sido muchos los intentos en una historia plagada de fracasos. La Pax Europea es otra ilusión que trata de sustituir un concepto geográfico, Europa, por otro político, Unión Europea. En Ucrania se ha visto como más allá de sus fronteras la UE no tiene ni auctoritas ni potestas. Los ucranianos están siendo rehenes de una situación creada por intereses políticos, nacionales e internacionales, que de no existir se habrían resuelto de otra forma. Jugar con los sentimientos nacionales para conseguir estos o aquellos objetivos políticos nos recuerda lo peor de la historia del siglo pasado.

El conflicto existe, es algo cotidiano a lo que nos enfrentamos en nuestras vidas. Ignorarlo o enmascararlo suele conducir al fracaso, imponer una solución también. Los Estados pueden tratar de fingir la cooperación pero en los momentos clave descubren su naturaleza, la de la fuerza, la de la imposición. La tensión y las discrepancias se resuelven a diario en nuestras relaciones personales, pero también a niveles comunes, de forma pacífica a través del intercambio libre de bienes y servicios; la cooperación y el comercio sustituyen a la guerra en las relaciones libres entre personas y empresas cuando el Estado no impone su fuerza. El liberalismo no es para las relaciones estatales, pero el problema no está en la libertad sino en los Estados. 

¿Mujeres libres, sociedad igualitaria?

La tinerfeña Patricia Hernández Gutiérrez, diputada del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, miembro de la Comisión de Igualdad, participó el pasado 12 de marzo en un acto público de la Asociación de Mujeres Progresistas titulado «Mujeres libres, sociedad igualitaria».

Si leemos el encabezamiento del acto nos podría parecer que la señora Hernández iba a participar en un acontecimiento noble, pues no se defiende otra cosa que la libertad y la igualdad. Sin embargo, si analizamos con detenimiento el nombre de la jornada, nos daremos cuenta de que no defiende la igualdad, pues se habla de igualitarismo,es decir, igualdad por la fuerza, y, por ende, si hay coacción tampoco puede haber una sociedad de personas libres.

La lucha contra las desigualdades en el pasado tenía como objetivo defender la justicia y por lo tanto la igualdad ante la ley. Sin embargo, los socialistas, mal llamados progresistas, que falsamente defienden la libertad, como la diputada Hernández, han quitado la venda de los ojos a la dama de la justicia al cambiar la preposición ante por mediante, para así perseguir y apoyar la igualdad mediante la ley, que forzosamente viola y elimina la libertad.

La igualdad mediante la ley o igualitaria, eje fundamental de la política actual y motivada principalmente en uno de los grandes males de nuestra sociedad, la envidia, está basada en la táctica de Procusto, como siempre recuerda el doctor Carlos Rodríguez Braun. El gigante griego tenía como método ofrecer cobijo en su casa a los viajeros, para una vez acostados en la cama serrar la cabeza, brazos y piernas al que era demasiado largo, pues sobresalía de su cama, y descoyuntar a martillazos hasta estirarlo al que era excesivamente corto.

Por ello, ese igualitarismo que persiguen los socialistas de todos los partidos elimina la libertad y derechos de las personas, de todas, hombres y mujeres, pues persigue la igualdad a expensas de la libertad de todos. Con esta igualdad políticamente correcta, y esencialmente antiliberal, la política ha conseguido avanzar en el intervencionismo y en el recorte de derechos y libertades, para así acabar con la justicia en términos tradicionales.

Además, este igualitarismo tiene consecuencias económicas claras. Pues en todas aquellas sociedades como Venezuela, Corea del Norte o Cuba, donde la coerción ha avanzado en busca de la igualdad, las consecuencias son claras: todos, excepto el Gobierno, son iguales, iguales de pobres. Sin embargo, en otros países, como la India o China, donde se ha dejado paso a la libertad económica, la pobreza y la desigualdad han disminuido a pasos agigantados. En conclusión, no puede haber mujeres ni hombres libres en una sociedad igualitaria.

Putin, de nuevo contra la libertad

La invasión militar rusa de Crimea, acompañada de la amenaza de extenderla a otras partes de Ucrania, y el referéndum farsa –se ha celebrado bajo ocupación, con la población opuesta a la anexión huida a otros lugares o en silencio por el miedo, con papeletas que ni tan siquiera iban en sobres y con grupos paramilitares actuando en todo el territorio en cuestión– en la Península, marca en buena medida la actualidad internacional. Al menos en Europa. Este asunto ha vuelto a poner en primera fila la cuestión de las denominadas minorías nacionales en Europa central y oriental.

Actuando como lo hacían determinados políticos europeos de hace varias décadas, incluso casi un siglo, se arroga el derecho y el deber de "proteger" a los rusos de Ucrania. Con tal fin, no duda en enviar tropas (por mucho que no usen distintivos, a nadie se le escapa de que son soldados de la Federación Rusa), armar y apoyar a grupos paramilitares favorables a la integración en Rusia, instaurar un Gobierno títere… El inquilino del Kremlin no hace nada que no hayan hecho en el pasado todo tipo de tiranos para hacerse con el control de un territorio aduciendo que en él vive una minoría nacional identificada con su propio país.

A Putin no le importa la libertad de los rusos de Ucrania. De hecho, viola a diario la de los rusos de Rusia. Heredero directo de los secretarios generales del PCUS y ex alto cargo de la KGB, no contempla que su poder pueda tener cualquier cortapisas más allá de su voluntad. No concibe ciudadanos, él dispone de súbditos. Por poner un ejemplo, tiene la potestad legal de cerrar un medio de comunicación privado si considera que difunde rumores o mentiras.

Al margen de Putin, cuando un gobernante invade un territorio (o interfiere en él mediante otra vía) con la excusa de proteger a la minoría nacional a la que considera propia en un Estado ajeno, nunca le interesa la libertad. De lo que se habla es de un sujeto colectivo, nunca de personas concretas. Prueba de ello es quiénes han actuado así en el pasado. El propio Putin ya lo ha hecho en otros países escindidos de la felizmente extinta Unión Soviética, pero antes lo hicieron personajes como Hitler o Milosevic.

Con la excusa de que la nación (se defina como se defina) entera, o gran parte de ella esté bajo el mismo gobierno, se impone el imperialismo y el autoritarismo.

No hemos de olvidar que toda medida tomada en nombre de un derecho o libertad colectiva conculca siempre los derechos y la libertad individuales. Y estos últimos son los únicos reales. 

Engullidos por la burbuja estatal

Durante toda la crisis hemos venido escuchando un mantra que no por falaz resultaba menos convincente para muchos: el problema de España no es la deuda pública, sino su gigantesca deuda privada. En realidad, el problema de España siempre fue su deuda total, y el hiperendeudamiento público promovido primero por Zapatero y después por Rajoy no ayudaba en absoluto a reducir esa deuda total.

Pero, ciertamente, a finales de 2008 la mayor parte de la deuda española se concentraba en el sector privado: en concreto, la deuda empresarial representaba el 48% de la deuda total, los pasivos familiares el 34%, y la deuda pública apenas el 18%. No era casualidad: desde 2002, el Banco Central Europeo había mantenido los tipos de interés artificialmente bajos para así incentivar el sobreendeudamiento de familias y empresas con el que impulsar un (burbujístico) crecimiento económico. Normal, pues, que el sector privado se sobreapalancara tras la decidida intervención de este monopolio estatal.

Sucede que, desde comienzos de 2009, el sector privado comenzó a hacer sus deberes: su gigantesca losa de deuda le resultaba inmanejable y por ello se esforzó en ahorrar, vender activos y renegociar con sus acreedores, esto es, se esforzó en reestructurar y sanear su deuda. Cinco años después, los resultados han sido muy notables: las familias han reducido sus pasivos en unos 125.000 millones de euros y las empresas, en 255.000 millones. En total, por tanto, el sector privado español ha recortado su apalancamiento en el equivalente a cerca de 40 puntos del PIB de 2013. ¿Qué ha hecho mientras tanto el sector público? Lo ha incrementado en más 55 puntos, esto es, en unos 557.000 millones de euros.

Así las cosas, a enero de 2014 el porcentaje de la deuda empresarial sobre el total se había reducido del 48% al 36%, el de las familias del 34% al 27,5% y el del sector público (incluyendo la deuda de las empresas públicas) se había duplicado desde el 18% al 36,5%. Quizá más relevante todavía sea constatar que, mientras en 2008 la deuda empresarial superaba a la pública en más de 800.000 millones de euros (el 80% del PIB), a comienzos de 2014 era la deuda pública la que superaba a la empresarial en casi 12.000 millones de euros (1,2% del PIB). Es decir, en enero de 2014 hemos asistido a un fenómeno insólito en España desde el año 2000: la deuda del sector público ya ha superado en monto a la deuda empresarial privada, convirtiéndose así en el sector económico más endeudado de España.

Pero el abismo entre la deuda pública y privada no es sólo cuantitativo, sino cualitativo: la deuda empresarial se constituye para sufragar inversiones productivas que con el tiempo generarán la riqueza adicional suficiente como para amortizar esa deuda facilitando además la creación complementaria de riqueza en el resto de la economía; en caso contrario, si fracasa el proyecto empresarial financiado con deuda, su acreedor sabe que se expone a un concurso, esto es, a tomar el control de la empresa para reflotarla o liquidarla resarciéndose así de parte de lo adeudado. Las obligaciones financieras del sector público, empero, no funcionan de este modo: su cometido no es el de sufragar inversiones productivas de ningún tipo (al contrario: la deuda pública suele justificarse aduciendo la necesidad de sufragar gastos que el sector privado, por su falta de rentabilidad, jamás habría acometido por sí solo), por lo que su repago no queda vinculado a la (nula) riqueza adicional que generan, sino al expolio de unas familias y empresas que sí han sido capaces de generar riqueza por su cuenta y riesgo. De esta manera, y salvo repudio gubernamental de su deuda, la acumulación de pasivos estatales implica la rapiña futura de los sectores productivos de una sociedad, minando y socavando sus bases de crecimiento futuro.

Por eso, Zapatero y Rajoy costearon su supervivencia política —y la de la burbuja estatal que tanto veneran—a costa de hipotecar el futuro de los españoles: en su segunda legislatura, ZP incrementó el endeudamiento público a una media de 8.200 millones de euros mensuales; Mariano, hasta el momento, lo ha hecho a un ritmo de 9.900 millones de euros mensuales. Comparen tamaño despropósito con la diligencia exhibida por el sector privado: en los últimos cinco años, las familias se han desendeudado a una media de 2.100 millones mensuales y las empresas a una de 4.700. No busquen causalidad entre la correlación porque no la ha habido: es verdad que el endeudamiento público ha insuflado renta disponible en el sector privado, pero no es menos cierto que la mayor parte de ese endeudamiento estatal ha sido financiado por ahorro privado interno que, alternativamente, podría haber acelerado el sano proceso de desapalancamiento (y tampoco es menos cierto que el sector público ha saqueado a impuestos al sector privado, dificultando gravemente su ritmo de desapalancamiento).

En ésas estamos: una burbuja estatal que los políticos se obstinan en no pinchar y que, con tal de mantenerla a flote, optan por expoliar a las generaciones presentes (mordidas fiscales) y a las futuras (endeudamiento público desproporcionado). Afortunadamente hay alternativas liberales: la más inminente pasa por pinchar y sanear la burbuja estatal; la más largoplacista, por desarticularla por entero.

El mapa de España de los ingresos familiares

MadridPaís VascoCataluñaBaleares y algunos municipios de la cornisa cantábrica son las localidades los que concentran las familias con una media de ingresos más alta de España, por encima de los 23.240 € al año de acuerdo con la última actualización de las tipologías Habits de perfiles de consumo, elaboradas por AIS . Entre las localidades de más de 10.000 habitantes, Boadilla del Monte (Madrid) es el municipio con la media de ingresos familiares más elevada de España: 34.965 € anuales.

Los ingresos medios de los españoles apenas superan los 23.000€ anuales. Los madrileños, vascos, navarros, catalanes, baleares y muchos municipios de la cornisa cantábrica son los que concentran las familias con una media de ingresos más alta, con un nivel de renta de entre 25.000 € y 35.000 € al año. Entre las localidades de más de 10.000 habitantes, Boadilla del Monte (Madrid) es el municipio con la mayor media de ingresos familiares de España: 2.910€ mensuales. Le siguen de cerca Las RozasPozuelo de AlarcónTres Cantos y Villaciosa de Odón. De los 10 municipios con la media de rentas más altas sólo dos no pertenecen a la Comunidad de MadridGetxo (Vizcaya), donde la media de ingresos es la quinta más alta del Estado superando los 33.400 € anuales, y San Quirze del Vallés (Barcelona), la octava, donde los ingresos medios rondan los 32.800€.

En el otro extremo quedan las familias de las localidades de la mitad sur de España. La Puebla de Cazalla (Sevilla) es el municipio de más de 10.000 habitantes con la media de ingresos más baja del país. Apenas superan los 1.340€ de ingresos mensuales, es decir, unos 16.110€ al año por hogar. Cerca, en una cola del ranking copada por municipios andaluces, quedan también Navalmoral de la Mata (Cáceres), Guadix (Granada) y Plasencia (Cáceres).

Volviendo a la parte alta de la clasificación, San Sebastián es la mejor situada de las capitales de provincia. La media de ingresos de sus familias se sitúa en los 2.545€ mensuales. Tras Donostia se encuentran Vitoria-Gasteiz, con una media de ingresos entre sus familias superior a 2.350€ mensuales, Bilbao (2.330€/mes) y Tarragona (2.310€/mes).

En Madrid capital, la media de ingresos de las familias supera los 25.720€ anuales, lo que se traduce en algo más de 2.140€ al mes. Estas cifras la sitúan en el puesto 179 de la lista de los 760 municipios de más de 10.000 habitantes que hay en España. Madrid se ve así superada por ciudades como LéridaOviedoPalmaBurgos o Pamplona, que presentan una media de ingresos más elevada.

En Barcelona, la media de renta es también algo superior a la de Madrid. Los ingresos medios de los hogares de la capital catalana se sitúan alrededor de los 2.200€ mensuales (26.550€/año).

Los hogares extremeños son de los que más se han empobrecido desde 2010. La media mensual de ingresos ha descendido desde entonces en unos 520 euros cada mes. Sin embargo, es Almería la provincia cuyas familias se han llevado la peor parte. Su renta ha caído de media en más de 660€ mensuales desde 2010. Si hace cuatro años el volumen medio de renta de las familias almerienses era de unos 27.700€ al año, ahora no llega a 19.800€.

Los países espejo y la soberanía: el affaire Crimea

En las últimas semanas estamos siendo testigos de una situación muy peculiar en el orden territorial europeo. Resulta que Ucrania quiere ser Europa, Crimea quiere ser Rusia, y tanto Rusia como los Estados Unidos y Europa están mostrando su parecer al respecto, de cara a la galería y habida cuenta de lo que acontece en sus territorios. El telón de fondo, en mi opinión, es la escasez de recursos, como siempre.

Los países espejo y las barbas de tu vecino

De la misma forma que existen neuronas espejo que nos impulsan a imitar el comportamiento de un congénere, también hay países espejo que sirven, no de manera tan espontánea, a otros países a avanzar en un sentido o en otro en el universo político. En nuestros días, hay varios países espejo que van dibujando caminos alternativos a los nacionalistas de nuestra Vieja Europa. Así, Irlanda y Escocia aparecen como ejemplos de lo que los nacionalistas catalanes y vascos pueden demandar. Porque, aunque como padres no nos vale el argumento de "Me han suspendido pero a Fulanita también", como ciudadanos y como políticos, sí nos parece un argumento razonable eso de "Pues lo hacen en este sitio y les va muy bien". Y así proponemos importar modelos económicos, modelos políticos, culturas… lo que sea menester, en el caso de los políticos, no tanto por razones nobles como por un tema de votos.

Los nacionalistas españoles (españolistas, catalanistas, vasquistas… lo que sea) se apresuran a señalar los ejemplos de otros casos en los que hay una separación (o una negación de la separación) como si eso les diera la razón. Y Escocia no es Cataluña, ni Irlanda es el País Vasco, ni Crimea es ninguno de ellos. Porque el estallido del conflicto ucraniano y posterior reclamación de los habitantes de la Península de Crimea ha servido de situación-espejo para que todos los nacionalistas europeos reclamen, aprovechando la ola, su independencia. Pero no es lo mismo.

Crimea tiene un color especial

Todo empezó cuando Ucrania pretende ser miembro de la Unión Europea. Rusia, aún mandona, al fin y al cabo, la Unión Soviética cayó antes de ayer, no está de acuerdo con esa decisión por las consecuencias que la incorporación de Ucrania a la Unión Europea podría tener. Y la clave para todos era, justamente, Crimea. Igual que Italia tiene forma de bota, geográficamente, Crimea parece ir de la mano de Ucrania y Rusia, aunque el único nexo que la mantiene físicamente unida a la masa continental sea el ucraniano. Crimea, la de la población tártara, era rusa desde el siglo XVIII. No fue sino al acabar la Segunda Guerra Mundial cuando la URSS decide castigarla por colaborar con los nazis. Y, directamente vacía Crimea de tártaros, y ese hueco es llenado, de algún modo por rusos. Desde entonces, a pesar de ser cedida a la República de Ucrania en 1954, Crimea ha mantenido un estatus de independencia que no se puede comparar al de Cataluña o el País Vasco. No solamente porque se hable ruso y la población sea rusa, es que tenía su propia Constitución y alberga la sede de la flota rusa en el Mar Negro en la ciudad de Sebastopol.

¿Y tú de quién eres?

Pero lo terrible de la situación actual es que mientras la minoría tártara no quiere oír hablar de Rusia, que fue quien les deportó, una enorme mayoría de habitantes de Crimea son, efectivamente, rusos y quieren pertenecer a Rusia. Ucrania, por su parte, haciendo valer las decisiones legítimas de los políticos rusos-soviéticos, su independencia de Rusia, y las elecciones legítimas, no quiere que nadie decida sobre su destino (su pertenencia a la UE) ni sobre su territorio, sea como fuere que éste ha sido conseguido. Rusia tiene un ojo en Occidente y otro en China, y la Unión Europea no quiere una guerra en sus fronteras, pero quiere a Crimea entre sus miembros. Así las cosas, Crimea convoca un referéndum legítimo para ellos y Rusia, ilegítimo para los demás, en el que votan más del 95% de la población, y gana la anexión a Rusia. Y con las mismas, ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen ni el referéndum ni el resultado. ¿Por qué? Los países espejo es una explicación. No vaya a ser que el referéndum ilegal de Cataluña sea reconocido por alguien más que por ellos.

Y mi duda en estos momentos es qué es la soberanía y en quién reside, en este caso: la mayoría de crimeos, los políticos ucranianos, los ucranianos, o quién. No sé si la legitimidad puede someter a un 96,77% de la población de un territorio. Me lo expliquen.

Los hijos renegados de Fidel Castro

Oficialmente, Salvador Sánchez Cerén, el candidato del FMLN, ganó las recientes elecciones salvadoreñas. Así lo declaró el Tribunal Supremo Electoral del país frente a las impugnaciones de Arena. La diferencia entre los dos partidos apenas excedió de seis mil votos. Una increíble minucia cuando se sabe que votaron casi tres millones de personas.

Arena pidió el recuento de todas las boletas y no se lo concedieron. La ley no estaba de su parte. Norman Quijano tuvo que conformarse con una victoria moral. Nadie esperaba un resultado de esa naturaleza, especialmente porque el FMLN le había sacado más de diez puntos en la primera vuelta. Parece que el cruel matadero venezolano de estos días recordó a los salvadoreños que el radicalismo revolucionario puede acabar en un baño de sangre.

Ahora Sánchez Cerén, comunista, exguerrillero, se enfrenta a un amargo dilema. A partir de junio, cuando asuma oficialmente la presidencia, ¿se dedica a hacer la revolución que le pide su corazoncito marxista-leninista? ¿O acepta que el suyo es un país muy pobre, dolarizado, abatido por los mareros, dividido en mitades hostiles, y cuya principal fuente de ingresos son las remesas de los emigrantes, panorama que desaconseja agregar una peligrosa fricción política que puede, otra vez, desencadenar la violencia?

Sería el cuarto de los hijos de Fidel Castro colocado en esa tesitura. Los otros tres optaron por abrazarse a la realidad y abandonar la utopía.

El uruguayo José (Pepe) Mujica es uno de ellos. La revolución cubana le sorbió el seso, como a D. Quijote los libros de caballería, y cuando era joven acabó embarcado en la sangrienta aventura de los tupamaros, grandes culpables del descalabro de la ejemplar democracia uruguaya. Mujica, que participó en hechos violentos, pasó 15 años en la cárcel. Cuando terminó la dictadura militar se integró en la vida política del país y se colocó bajo la autoridad de la Constitución. Una vez instalado en la presidencia ha respetado las reglas del juego y ha tenido un manejo ortodoxo de la economía. Por eso Uruguay, en el 2013, fue la nación latinoamericana que recibió más inversión extranjera per cápita. Mujica había aprendido la lección. Fidel Castro y su tiranía eran antiguallas de un pasado remoto.

Otro es la brasilera Dilma Rousseff. Fue una chiquilla comunista vinculada a la Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR-Palmarés), un grupo marxista-leninista que asaltó bancos, mató y secuestró aviones. Era hija de un comunista búlgaro, Pedro Rousseff, emigrado a Brasil. A los 23 años de edad, los militares brasileros, que secuestraban y asesinaban a sus enemigos, encarcelaron a Dilma y probablemente la torturaron. Salió de la cárcel tres años más tarde, terminó sus estudios de economía y en su momento se incorporó al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Cuando la eligieron presidente también optó por olvidarse de sus fantasías castro-guevaristas de la juventud. La realidad brasilera, inserta en el mundo del poscomunismo, no le permitía apostar en la ruleta revolucionaria. No se alejó mucho del modelo dejado por Fernando Henrique Cardoso, luego continuado por Lula da Silva.

El otro de los hijos realistas (o renegados) de Fidel Castro es el nicaragüense Daniel Ortega. Como Mujica y Rousseff, Ortega formó parte de la violencia sandinista y estuvo preso siete años por asaltar un banco durante la dictadura de Somoza. En la década de los ochenta, tras el triunfo de la insurrección, le tocó presidir por primera vez Nicaragua y aprender sobre la marcha. Fue el curso de gobierno más costoso de la historia. Destrozó el país, pero tal vez aprendió todo lo que no se debe hacer. Cuando volvió al poder en el 2007 (gracias a la asombrosa torpeza de la oposición liberal), Ortega sabía que el 66% de la población estaba en contra de cualquier proyecto revolucionario. No le importó. Más pragmático que fanático, ya no tenía la intención de ser como Fidel Castro. Quería parecerse a Somoza. Perpetuarse en el poder, pero sin romper con el sector empresarial ni con los Estados Unidos, mientras saqueaba meticulosamente a Chávez y daba gritos antiimperialistas.

¿Será Sánchez Cerén el cuarto hijo renegado del castrismo? ¿Se perderá en el trayecto buscando una revolución imposible, o advertirá que ése es el camino de la turbulencia y la muerte, como sucede en la Venezuela de Maduro? Falta poco tiempo para saberlo.

Nuevos ricos

En los últimos dos siglos, el capitalismo ha tenido que lidiar con muchos mitos. Pero pocos hay tan duraderos y dañinos como el que habla de un club cerrado de súper-ricachones que prosperan gracias al esfuerzo de los demás.

En esta crisis, el mensaje, siendo el mismo en el fondo, ha cambiado en la forma. Ahora, lo que se lleva es hablar en nombre del 99% de la humanidad, frente a ese supuesto 1% que estaría quedándose con la riqueza que a todos nos pertenece. Es un símbolo poderoso, que apela al ciudadano medio para que rescate su país o su planeta de una élite egoísta.

Además, en lo que hace referencia al imaginario colectivo, la foto se ha puesto al día. El antiguo potentado gordo, con chistera y puro de las viñetas de comienzos del siglo XX ha dado paso al ejecutivo encorbatado, dueño o directivo de una gran empresa, que hace a su antojo con trabajadores, autoridades y consumidores. Ya no son sólo personas, son oscuras corporaciones las que nos dominan, casi como robots sin alma que protegen su chiringuito con ferocidad y eficacia. 

El 1%

La caricatura se viene abajo cada marzo, cuando Forbes publica su famosa lista de los más ricos del mundo. La de este año la encabeza Bill Gates. Y entre los 20 primeros encontramos a Amancio Ortega, Warren Buffett, Larry Ellison (fundador de Oracle), los hermanos Walton (hijos del fundador de Wal-Mart), Larry Page y Sergey Brin (Google) o Jeff Bezos (Amazon). Ninguno de ellos debe su fortuna a la herencia de sus padres, salvo los Walton, y en este caso hablamos de una cadena de supermercados que comenzó con un modesto local en una pequeña población de Arkansas a mediados del siglo XX. También hay en la lista apellidos ilustres, pero incluso en estos casos resulta difícil rastrear el origen de su fortuna más allá de un par de generaciones.

Algo parecido pasa con las empresas. Tim Harford recoge en su último libro, Adáptate, el trabajo del economista Leslie Hannah sobre la trayectoria de las grandes empresas del siglo XX. En 1912, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, la mayor corporación global era US Steel, "un gigante incluso para los estándares actuales, con 221.000 trabajadores (…) Era el líder del mercado en la mayor y más dinámica economía del mundo; y lo era en una industria, la del acero, que ha sido de la máxima importancia desde entonces". Pues bien, en estos momentos no está ni siquiera entre las 500 mayores empresas del planeta.

Sólo 3 de los 10 primeros hace cien años (Exxon, General Electrics y Shell) se mantenían en el top 100 medio siglo después. De hecho, más de la mitad de los integrantes del ránking de 1912 había desaparecido en el año 2000. Y no necesariamente porque se hubiera hundido su negocio (lo que habría sido lógico, por ejemplo, con una empresa de fabricación de lámparas de aceite), "gigantes como Westinghouse Electric, Cudahy Packing y American Brand, estaban en las mismas industrias que historias de éxito como General Electric o Procter & Gamble".

No hace falta irse tan lejos. En 1985, la lista de grandes empresas norteamericanas que elabora Fortune estaba encabezada por Exxon Mobil, General Motors, Mobil, Ford, Texaco o IBM. Este año, el líder es Wal-Mart. Y el ránking está repleto de compañías tecnológicas, que daban sus primeros pasos o incluso no estaban fundadas hace un cuarto de siglo, como Apple o Verizon. Al mismo tiempo, decenas de aquellas poderosísimas 500 grandes empresas ya no existen.

Es cierto, muchas resisten, lo que tiene sentido, porque además, van cambiando de negocio en función de los gustos de su público o los vaivenes del mercado. Por ejemplo IBM, el gigante azul que siempre se asoció con el hardware y las grandes máquinas, hace tiempo que concentra la mayor parte de su negocio en los servicios y el software. Pero hay pocos sectores (quizás el energético sea la excepción, dado el largo plazo de las inversiones requeridas) en el que los principales actores de hace tres décadas sigan siendo los mandamases de la actualidad.

La conspiración

Para ser una conspiración de unos tipos multimillonarios, poderosos, malvados y bien coordinados, lo cierto es que no ha tenido mucho éxito. Pequeñísimos empresarios como Amancio Ortega, un modesto fabricante español de batas, se les han colado en la lista. Y jovenzuelos como Mark Zuckerberg, con sus sudaderas y sus zapatillas rotas, ya son más ricos que casi todos ellos. Por cierto, no lo han hecho engañándoles, sino fabricando productos de un enorme éxito que, en muchos casos, han sustituido a los que vendían esos millonarios de alta cuna.

No sólo es que haya nuevas entradas, es que además la mayoría de los que estaban en los ránkings de hace 30 años ya han desaparecido de los primeros puestos. De los integrantes de la lista original de Forbes de los 400 norteamericanos más ricos en 1982, sólo quedaban 36 en la de 2012. Cierto, muchos salen porque han fallecido, pero otros simplemente han perdido parte de su patrimonio. Además, los que siguen han perdido posiciones a gran velocidad y han visto cómo los recién llegados les adelantaban por la derecha. No hay que engañarse, un tipo que era multimillonario en 1982 probablemente seguirá siendo riquísimo tres décadas después; pero lo que no cuadra es la caricatura que tantas veces se ve en los medios.

Empresarios y capitalismo

Sin embargo, aunque la leyenda sobre ese club cerrado no se corresponda con la realidad, es peligroso que se extienda entre el ciudadano medio la idea de que el capitalismo es el reino de los intereses creados o de los poderosos. La atracción que el liberalismo ejerce siempre ha estado asociada con la meritocracia; una transacción libre sólo se realizará si las dos partes salen beneficiadas, por lo que para prosperar en el mercado libre hay producir bienes o servicios apetecibles para el mayor público posible.

En este sentido, idealizar a los empresarios sería peligroso. Su objetivo, como el de cualquier otro agente, es maximizar sus beneficios. Y tienen dos maneras de hacerlo: atraer más clientes que libremente quieran contratarles o conseguir una legislación favorable a través de sus contactos políticos. No se debe minusvalorar el peligro de que acabe siendo más atractivo centrar los esfuerzos en la segunda alternativa. Como explica el profesor Rodríguez Braun, hace más de 200 años que Adam Smith ya alertó sobre los empresarios que, "con toda suerte de excusas, arrancan monopolios, subsidios y protecciones varias del poder político, a expensas del pueblo".

De hecho, la tendencia en nuestros días precisamente parece apuntar en esa dirección. La obsesión del poder político por extender sus redes a cada vez más campos de la actividad económica y entrar a legislar hasta el mínimo detalle es un terreno abonado para corruptelas, trafico de influencias, lobbies e intereses creados.

Quizás nadie lo haya resumido con la precisión de Milton y Rose Friedman en Libertad de elegir, en lo que denominaron la "Historía Natural de la Intervención Estatal": "Primero un mal real o ficticio provoca la necesidad de hacer algo. Se crea una coalición formada por reformadores sinceros. Los objetivos se esconden bajo la retórica del interés público. Se promulga una ley. Los particulares interesados [empresarios, asociaciones de consumidores, sindicatos,…] se ponen manos a la obra para asegurarse de que se emplee en beneficio propio. Al final los efectos son los contrarios a los perseguidos inicialmente. Es casi imposible revocar la legislación inicial. Se hace un llamamiento a una nueva legislación que soluciones los problemas suscitados por la legislación anterior".

Nuevos ricos

Uno de los insultos más curiosos del castellano es el de "nuevo rico". Lo extraño no es tanto la conducta que se quiere reprobar -una cierta tendencia a la ostentación un poco hortera-, sino la expresión en sí. Porque, ¿qué tiene de malo ser un "nuevo rico"? En principio, nada. Si alguien que nació pobre se ha labrado su prosperidad a base de trabajo, talento o suerte, ¿qué tienen que decir a eso los demás? El problema es que todos empecemos a pensar que no han sido aquellas virtudes, sino evidentes defectos (de ellos o del sistema) los que les han generado esos beneficios.

Esta semana, The Economist encabezaba su portada con un interesante reportaje titulado "La nueva era del capitalismo de amiguetes", en el que alerta sobre aquellos que se han hecho millonarios en las últimas décadas gracias a sus conexiones políticas. La mayoría de estos cronies también son nuevos ricos, pero difícilmente alguien podrá defender que lo que hacían era capitalismo.

Una reforma fiscal equivocada

“The real goal should be reduced government spending, rather than balanced budgets achieved by ever rising tax rates to cover ever rising spending". Thomas Sowell

“Una reforma que parte del principio de suma cero (lo que te doy por un lado te lo quito por otro) y no rebaja ingresos del estado no es reforma”. Juan Manuel Lopez-Zafra

Se ha discutido mucho sobre las recomendaciones del comité de expertos de cara a la reforma fiscal. Yo mismo comentaba algunos de los puntos principales ayer en la radio. Mi mayor problema con las recomendaciones es que las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos, y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación.

Sinceramente, espero que el Gobierno tenga en cuenta varios elementos que pueden afectar a la principal apuesta del Ejecutivo de cara a las elecciones, la recuperación económica y el empleo.

Considerar la primera vivienda o el coche como renta en el IRPF mientras se baja el tipo del mismo equivale a un aumento neto de lo que paga el ciudadano en impuestos y, de nuevo, ataca la renta disponible y el consumo. Utilizar el concepto de “vivienda improductiva” además es contraproducente para un país con centenares de miles de viviendas sin vender.

Subir el IVA de los productos en el tipo reducido (que ya ha subido al 10%) y super reducido afecta a nuestra industria más importante, el turismo, a la débil recuperación del consumo y a los márgenes de empresas con enormes dificultades. Con ello sufre el empleo y los consumidores con menos recursos al suponer subidas en carne, pescado, productos sanitarios, transporte de viajeros, servicios de hostelería o libros.

Eliminar deducciones en I+D o inversión en el extranjero es un peligro en un país donde esos conceptos se necesitan cada día más. Decir, como he oído en alguna ocasión “las inversiones las hacen sobre todo las grandes empresas, y si quitas las deducciones no van a dejar de hacerlas” es incorrecto y peligroso.

Con un tipo del 25% en Impuesto de Sociedades no se atrae suficiente inversión extranjera para lo que el país necesita. Reino Unido tiene un 23% y para las pymes con beneficios menores a 300.000 libras, un 20%. Irlanda tiene un tipo del 12,5%, y gracias a ello las mayores empresas se instalan en ese país.

La armonización fiscal no puede hacerse para igualarse al malo e ineficiente, sino a los mejores. Competencia fiscal y gestión eficiente de recursos. Si armonizamos al alza no sólo no atraemos capital, sino que lo echamos de las comunidades con ventajas fiscales.

Adicionalmente, hay varios elementos que no aparecen en el debate y que me parecen esenciales:

  • Una reforma fiscal que parte de justificar el gasto y sólo busca aumentar la recaudación sin atender a la razón por la que han caído los ingresos nace con riesgo de entorpecer la recuperación. Los ingresos han caído por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, que generaba ingresos de 50.000 millones de euros, según los ministros De Guindos y Solbes, la caída de los beneficios empresariales, superior al 60%, y la devaluación interna, que ha cercenado la recaudación en los dos impuestos que más capacidad recaudatoria tienen: el IVA –al caer el consumo- y el IRPF –al aumentar el paro y bajar los salarios a niveles de 2001 en muchos casos.
  • Una reforma fiscal que busca compensar ingresos de burbuja inmobiliaria con recursos de “lo que ha quedado vivo”, no sólo no soluciona el problema del déficit estructural de la economía, que se sitúa por encima del 4%, según AFI, sino que vuelve a poner en los hombros de las empresas y ciudadanos que han sobrevivido a la crisis el peso de un Estado que se niega a reducir su peso. El gasto público ha pasado en seis años de 412.000 millones de euros a 492.000 millones y alcanza el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) incluyendo las empresas públicas. Incluso si consiguen arrancar – y lo dudo- 30.000 millones de recaudación adicional, España seguiría gastando más de 60.000 millones de lo que ingresa.

  • Cuando se acepta como mantra que tenemos “un problema de ingresos y no de gastos”, el diagnostico nace erróneo y la recaudación se convierte en confiscatoria. España nunca ha recaudado más del 41% del PIB, y no va a aumentar los ingresos fiscales en casi nueve puntos de PIB rascando de lo que ha quedado del desastre económico de 2007-2012. Analizar el gasto público quitando los costes de la deuda, la protección social y los extraordinarios como si estos no se pagaran o no fueran parte de lo que un gestor público debe tener en cuenta en su escandallo es tremendamente dañino, porque parte de la base de que todo lo demás es inamovible. Lo extraordinario se convierte en ordinario

  • El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos perdidos se van a recuperar. El historial de error en el cálculo de ingresos estimados por nuevas acciones tributarias de nuestros gobiernos es haberse equivocado entre un 50 y un 70% entre la cifra real y la esperada. Si además en España la economía sumergida se estima en un 24% del PIB -y es mucho estimar- y en los países más avanzados cercana al 15%, la “cántara de leche recaudatoria” que nos están vendiendo es muy inferior a lo que realmente se conseguiría. Hay que luchar contra el fraude, claro, pero caer en el error de gastar hoy esperando unos ingresos a futuro es lo que nos lleva a estos lodos.

Recuerden el caso de Francia y el error de pensar que con gasto público y déficit se sale del agujero (como comentábamos aquí).  

No se puede decir que no se haya hecho nada en cuanto al gasto, pero sí se puede afirmar que se ha hecho menos de lo necesario comparado con el ajuste de toda la economía.

El Gobierno cifra en 7.384 millones de euros lo ahorrado con la reforma de las administraciones públicas, y pronostica un ahorro a finales de 2015 de 28.898 millones de euros. Es decir, si damos por válidas las cifras, el ahorro conseguido con los mal llamados recortes –ya que el gasto no ha bajado- no llega a un 21% de todo lo que aumentaron los gastos desde 2005 a 2012 (143.000 millones de euros).

Argumentar que se ha recortado el gasto social es incorrecto cuando en 2012 superaba en 3.000 millones lo gastado en 2010 (según IGAE) y se ha disparado en 56.000 millones desde 2006.

Mientras tanto, la economía española privada ha visto ajustes del 40-60%, y las administraciones públicas exigen que el esfuerzo vuelva a recaer sobre empresas y familias.

Se ha creado la aristocracia del gasto político, que rechaza cualquier ajuste adicional y siempre exige el esfuerzo a los demás.

Pero además, no se puede hablar de ahorro cuando han aumentado los gastos. Y repito, los gastos extraordinarios cuentan, cuestan y se pagan, no son aire. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir “si quito los costes de la obra de casa, la hipoteca, los intereses de la tarjeta, el seguro, el dentista y el taller del coche mis gastos son muy bajos”?

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas ha alcanzado los 960.640 millones de euros. Se ha reducido el coste, pero la cantidad sigue aumentando, a un ritmo del 8%.

Incluso si eliminamos los gastos extraordinarios de los rescates autonómicos, el de las cajas -todas públicas, recordémoslo- y de facturas sin pagar –ese que siempre olvidan los que dejan los impagos-, las administraciones publicas siguen siendo muy deficitarias. Eso suponiendo, y es mucho suponer, que el Estado no consuma aún más al calor de “lo que vamos a ingresar”.

La fiscalidad debe orientarse hacia dos objetivos: atraer capital y crear empleo. Y ante todo, debe evitar hacer el cálculo desde un gasto inamovible para alcanzar una cifra de ingresos de pasado burbujero, como comentábamos aquí.

En mi libro “Viaje a la Libertad Económica” hablo de la enorme cantidad de gasto político que sigue entorpeciendo la recuperación, hasta 80.000 millones de euros anuales. Juan Rallo en su libro “Una Revolución Liberal” muestra que el coste del estado español es de 22.100 euros por trabajador anualmente, 8.275 anuales por habitante.

El esfuerzo fiscal (lo que los ciudadanos pagan respecto a su renta) en España es de los más altos de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal es aparentemente baja. ¿Por qué? Porque la presión fiscal es un ratio recaudatorio, se calcula en base al PIB, y cuando el 50% del PIB lo controla el Estado y se ha aumentado a base de burbuja de obra civil e inmobiliaria, la trampa de la ratio nace en toda su gloria.

Entendamos la diferencia entre una fiscalidad orientada al crecimiento y otra recaudatoria a corto plazo, que frena el desarrollo potencial.

Hay que bajar impuestos y cortar gasto político. Efectivamente, sin lo segundo ninguna reforma fiscal va a funcionar, porque el déficit estructural creado por dicho gasto es demasiado alto. Lo comentaba en esta columna hace más de un año: “Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa del 12,5% real, simple, igual para todos. El principal problema de nuestro sistema impositivo -además de ser muy oneroso- es su altísima complejidad. Un tipo real del 12.5% reduciría la administración del impuesto, sus costes asociados y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota de 25 euros –todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable, como se ha prometido. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse”.

Sólo pido que el Gobierno tenga en cuenta el riesgo de que la reforma ataque al consumo y retrase la inversión productiva que tanto necesitamos mientras las empresas analizan y se aclaran sobre el impacto y aplicación de las nuevas normas. España puede crecer al 3% y crear millones de puestos de trabajo si no volvemos a ponerle la zancadilla con gasto improductivo. No para garantizar el Estado del Bienestar, sino para justificar el bienestar del Estado.