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El día en que Bernanke se vistió de austriaco

Pese a su reciente canonización por el consenso económico internacional, Ben Bernake sigue sin gozar de buena prensa entre los economistas austriacos. No es de extrañar: ha sido el autor intelectual y el ejecutor de la mayor ingeniería financiera que han acometido hasta la fecha los bancos centrales, con lo que ha hipotecado el margen de maniobra de la Reserva Federal (y de los tenedores de dólares) durante décadas. Pero, pese a todo, en alguna ocasión el expresidente de la Fed utilizó las anteojeras austriacas para analizar (acertadamente) la realidad económica que le rodeaba.

Nos lo contaba Hugo Ferrer la semana pasada: en las actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed del 9 de enero de 2008, Bernanke alertó del riesgo de recesión al que se enfrentaba la economía estadounidense echando mano de un indicador típicamente austriaco, a saber, la inversión de la curva de rendimientos.

La curva de rendimientos es una representación gráfica que recoge las relaciones entre los tipos de interés de los distintos activos y su plazo de vencimiento. La forma habitual de esta curva es ascendente y cóncava. La intuición es sencilla: cuanto mayor sea el plazo del activo en el que estamos invirtiendo, mayor interés exigiremos. ¿Motivo de fondo? Los tres elementos que determinan los tipos de interés de los activos (tiempo, riesgo y liquidez) se deterioran conforme diferimos el plazo de vencimiento, de manera que el tipo de interés aumenta. En circunstancias normales, por consiguiente, a mayor plazo, mayor interés.

La Teoría Austriaca del Ciclo Económico, sin embargo, explica cómo las entidades financieras –especialmente cuando cuentan con el auxilio de última instancia de los bancos centrales– tienen fuertes incentivos para arbitrar la curva de rendimientos, esto es, para pedir prestados capitales a corto plazo (abonando bajos tipos de interés) y reciclarlos en forma de inversiones a largo plazo (cobrando altos tipos de interés); ejemplos típicos de esta operativa bancaria pueden ser la captación de depósitos a la vista (deuda a ultracorto plazo del banco) para conceder hipotecas o préstamos empresariales. El resultado de esta intermediación financiera es que los tipos de interés a largo plazo se reducen hasta equipararse con los tipos de interés a corto (la curva de rendimientos se aplana), cebando el hiperendeudamiento a largo de familias y empresas, que utilizan para sufragar inversiones burbujísticas y no sostenibles.

Evidentemente, este proceso de auge disparatado termina eventualmente colapsando: los planes de los inversores no coinciden con las necesidades de los ahorradores, de modo que el castillo de naipes del hiperendeudamiento artificialmente abaratado se desmorona y la expansión crediticia degenera en parálisis crediticia. Es ahí donde entra el análisis de Bernanke: conforme los agentes más hiperendeudados van viendo que el crédito escasea y que no serán capaces de completar sus inversiones a largo plazo, su demanda de refinanciación a corto se dispara, aun cuando tengan que abonar tipos de interés altísimos. El objetivo de los agentes más endeudados es sobrevivir durante el período de sequedad crediticia… cueste lo que cueste. Por eso la curva de rendimientos se invierte (esto es, por eso los tipos de interés a corto se disparan con respecto a los tipos de interés a largo): porque tras la exuberancia irracional de los años del boom se regresa por fuerza a una cierta racionalidad crediticia que deja tiritando a los deudores.

La inversión de la curva de rendimientos suele marcar, pues, la conclusión de la etapa del auge insostenible financiado con deuda artificialmente barata para iniciar la etapa de saneamiento financiero y productivo (lo que inexorablemente implica reestructuraciones de deuda y liquidaciones de empresas burbujísticas). Después de haber negadodurante años la burbuja inmobiliaria, al menos parece que Bernanke sí supo darse cuenta de cuándo cambiaron las tornas en la economía estadounidense, y lo hizo empleando indicadores netamente austriacos: históricamente, todas las grandes crisis han venido precedidas, primero, de un aplanamiento de la curva de rendimientos y, segundo, de una inversión de la curva; tal y como describe la teoría austriaca. El problema es que el expresidente de la Fed no siguió a los austriacos en nada más: su receta era evitar el saneamiento financiero incentivando una nueva ronda de hiperendeudamiento a tipos de interés todavía más abaratados. No sólo no lo consiguió –porque la demanda de crédito no respondió a sus tipos de interés bajos: la famosa trampa de la liquidez–, sino que entorpeció el necesario desapalancamiento de la economía estadounidense hipotecando a la sazón el futuro de la Fed.

Sea como fuere, incluso Bernanke tuvo sus momentos de lucidez y conviene reconocérselo, aun cuando sea para reivindicar, una vez más, la más lúcida exposición teórica sobre los ciclos, esto es, la exposición de la Escuela Austriaca.

¿Hay que ponerle puertas al campo?

"El ocaso del campo bravo". Con este significativo título, Vicente Zabala de la Serna publicaba hace unos días en El Mundo un desolador artículo sobre las dificultades que las ganaderías de toros para lidia sufren desde que comenzó la crisis. Los años de la burbuja también llegaron a la Fiesta Nacional, con ayuntamientos y promotores peleándose por llevar a las figuras a cualquier pueblo perdido y cientos de festejos que sólo se justificaban gracias a la subvención pública. Ahora, llega el momento de apretarse el cinturón y se cuentan por decenas los hierros históricos que han cerrado o sufren cada mes por mantenerse en pie.

A corto plazo, es evidente que el panorama para los ganaderos de bravo no es nada halagüeño. Pero para cualquier economista, si toma una perspectiva temporal algo más amplia, la historia del toro de lidia es un relato de éxito. Probablemente no hay en toda Europa ningún otro gran mamífero no domesticado que disfrute de la situación de las reses españolas: ningún riesgo de extinción de la raza, siguen viviendo en su hábitat natural, no son necesarias excepcionales medidas de protección para evitar su caza, ni se han tenido que crear reservas para protegerle durante su proceso de reproducción. Más allá de lo que cada uno opine sobre el espectáculo en sí, en términos de sostenibilidad (esa palabreja tan de moda), hay pocos ejemplos mejores en el Viejo Continente.

El pasado sábado, nuestra compañera Miriam Muro publicaba un cuidado reportaje sobre Pedro Medrano y la Asociación Forestal de Soria, una iniciativa pionera en el campo español dirigida a recuperar los terrenos comunales para sus antiguos dueños. La idea es tan simple como revolucionaria: privatizar el monte (a través de la propiedad colectiva) y sacarle rendimiento económico, con el objetivo de proteger ese entorno y dinamizar un medio rural que muere un poquito cada día víctima de la despoblación y la falta de oportunidades. Y para los escépticos, un apunte: está funcionando. 

Un día antes de que saliera a la luz el artículo de Zabala, era The Economist el que publicaba un interesante reportaje sobre la situación de los océanos: "La tragedia del mar" (con versión ampliada, de tres páginas, en la edición impresa). El semanario británico se preguntaba qué puede hacerse para evitar la progresiva degradación del medio marítimo, especialmente en lo que hace referencia al mantenimiento de determinadas especies. Por poner sólo un ejemplo, los autores apuntan a que los estudios independientes calculan que "desde 1950, el número de ejemplares de algunas de las grandes especies (como atún, pez espada o aguja) ha caído alrededor del 90%".

Los anteriores ejemplos son tres aproximaciones muy diferentes a un mismo problema (la gestión de los recursos naturales), pero al mismo tiempo todos apuntan en la misma dirección: para que alguien se preocupe de algo, lo mejor es que ese algo sea de ese alguien. Eso sí, en este tema es más fácil ver el problema que acertar con la solución.

En lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra y el aprovechamiento de la naturaleza, los defensores del libre mercado han incurrido históricamente en dos grandes errores. El primero ha sido la asociación de propiedad privada y propiedad individual. En esto ha tenido mucho que ver la conocida como tragedia de los comunes. La gestión de los bienes comunales no es sencilla, por no hablar de los bienes públicos, esos que se supone que son de todos y que, por no ser de nadie, acaban siendo sobreexplotados (como el mar), arrasados (como algunas especies supuestamente protegidas) o descuidados. De hecho, los países comunistas han sido precisamente los más devastadores para su propio entorno, precisamente por la falta de derechos de propiedad. En este sentido, es curioso que en la sociedad se haya instalado la idea de un capitalismo depredador de recursos naturales, cuando han sido los países más intervencionistas, de la URSS a Corea del Norte, los que con más denuedo han dañado el medio ambiente.

Pero que la gestión de la propiedad comunal sea diferente no implica que no sea perfectamente eficiente en determinados casos, como prueba el experimento de Medrano en Soria. Elinor Ostrom, la premio Nobel de 2009 conocida especialmente por sus estudios sobre el tema, estableció varias normas para lograr el éxito en la tarea: límites definidos, acuerdos colectivos, control efectivo, sanciones rápidas para los incumplidores, mecanismos sencillos de resolución de conflictos,… No es fácil, pero sí posible y, en muchas ocasiones, mucho más eficiente que cualquier otra alternativa.

El segundo equívoco reside en asociar propiedad privada y aprovechamiento inmediato de los recursos o empresarialidad. De nuevo, aunque probablemente sería la opción mayoritaria, no tiene por qué ser exclusiva. Así, cuando se habla de privatizar un bosque, la imagen que llega rápidamente a la cabeza es la de una gran maderera que se pondrá a talar todo lo que haya a su alcance. Es un doble error: primero, porque precisamente esta empresa será la más interesada en que su bosque sea sostenible. No es casual que la superficie boscosa en Europa haya crecido en las últimas décadas: sólo entre 1990 y 2005 pasó de 180,3 a 192,6 millones de hectáreas.

Pero, además, es que nadie obliga a que el propietario tenga un interés económico directo. En EEUU, algunas de sus organizaciones de conservación del medio ambiente ya lo están aprendiendo. Por eso, poco a poco, algunos ambientalistas han llegado a la conclusión de que si quieren proteger los terrenos de cría de una especie de aves o el hábitat de un insecto o simplemente un paisaje autóctono lo mejor, es simplemente, comprarlo. Y es una opción tan legítima y en cierto sentido eficiente como la de la maderera. Si un grupo valora (sea con el criterio que sea) un entorno, quiere mantenerlo intacto y paga por ello, no hay nada que la economía tenga que decir a eso.

Nada de esto es sencillo. Incluso, puede que el ser humano no haya creado todavía la tecnología que permita privatizar un pedazo de océano o un ejemplar de ballena. Pero sin duda, tener la posibilidad de aprovecharse de ello sería un enorme incentivo para los posiblesinventores.

También hay que asumir que, en determinados casos, la privatización directa y completa podría ser políticamente imposible, por muchas circunstancias (por ejemplo, seguramente, la mayoría de la población no querría que el Estado dejase de ser el propietario de sus parques naturales). Por eso, lo que se necesitan son soluciones imaginativas. Para terrenos especialmente valiosos que la sociedad quiera mantener en unas determinadas condiciones, se podría optar por concesiones a largo plazo asociadas a determinadas obligaciones. Ya existen algunos ejemplos. Imaginemos un parque natural que se le entrega a una empresa o una ONG durante medio siglo con una serie de requisitos: a cambio de mantener la flora y fauna y hacer estudios ambientales, podría organizar excursiones turísticas con un límite de visitantes al año.

No hay que olvidar que la población rural en España pasó de representar de casi el 21% del total en 1990 a menos del 18% en 2008. Y en los pueblos, el porcentaje de los mayores de 65 años supera el 22%, mientras que en las ciudades está alrededor del 15%. Es decir, que el medio rural pierde habitantes y los que quedan son más viejos. Es el eterno problema de la despoblación. Quizás, para evitarlo, una de las soluciones sea retar al dicho y ponerle, de una vez, puertas y vallas y cercas al campo.

Venezuela y la pesadilla del ‘petroestado’

"El petroestado recauda ingentes recursos, pero crea a su vez poderosos e irresistibles incentivos para decidir clientelarmente a la hora de redistribuir” Ibsen Martínez

En apenas dos meses, Venezuela ya registra 2.841 homicidios. Los paramilitares y la Guardia Nacional Bolivariana han provocado 21 muertos. El nivel de represión ha alcanzado cotas que generan titulares diarios en la prensa de todo el mundo.

Decía Milton Friedman que “si dejamos al gobierno a cargo del desierto, nos quedamos sin arena en unos años”. Los logros del chavismo son muy parecidos a lo que indica ese comentario del premio Nobel. Haber perdido la oportunidad generada por sus recursos naturales y hacer un sistema clientelista y subvencionado en vez de una economía moderna y desarrollada.

Hoy, Venezuela, quinto país exportador de petróleo y las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, tiene una inflación del 56% y desabastecimiento de alimentos y productos básicos provocados por una política económica irresponsable.

La política social de devaluar, gastar y endeudar ha llevado a la economía a una situación insostenible de escasez, empobrecimiento generalizado y represión.

De hecho, a pesar de haber visto los precios del petróleo multiplicarse, la deuda de Venezuela y PDVSA, su empresa petrolera nacional, aumentó en 110.000 millones de dólares desde la llegada del chavismo.

El caso de PDVSA merece analizarse. De ser una de las empresas más punteras y eficientes del sector, ha multiplicado su plantilla mientras reducía su producción un 16% desde la llegada de Chávez, y la deuda aumentaba. A pesar de haber disfrutado de unos precios del petróleo en trayectoria ascendente continuada desde que el régimen chavista llegó al poder, Venezuela tiene el triste récord de haber hundido la productividad por empleado de PDVSA a niveles de 1940 y de haber destruido su estructura financiera con una deuda que se ha disparado -un 8,4% sólo en 2013- para financiar proyectos sociales que sorprenden por las cantidades gastadas. La ineficacia en el gasto por obra completada final se puede ver claramente en los barrios sociales de las afueras de Caracas.

A la hora de analizar los supuestos logros del chavismo que muchos medios comentan, siempre hay que recordar que el país se ha beneficiado de unos precios del petróleo que han subido de 18 dólares por barril a 108 dólares. Unos ingresos extraordinarios que se han dilapidado en enormes subvenciones y donaciones políticas a naciones amigas que no han ayudado ni a cambiar el modelo productivo, ni a modernizar y desarrollar las industrias autóctonas, sino a depender aún más de los precios del petróleo, convirtiendo a Venezuela, junto a Irán, en los países que necesitan un precio del crudo más alto para equilibrar sus presupuestos (más de 100 dólares el barril).

Descontando el impacto de la inflación, que en Venezuela supera ratios de doble digito, el crecimiento real de PerúChile o Brasil en los últimos catorce años es más de tres veces superior al venezolano, y sólo la devaluación salvaje de Maduro de los últimos meses ha desplomado la renta per cápita de 13.000 dólares a 9.000.

La mejora de los indicadores de riqueza en Venezuela palidece cuando se tiene en cuenta la enorme renta petrolera extraordinaria que se ha generado en los últimos catorce años. Más de 380.000 millones de dólares de ingresos “distribuidos revolucionariamente”, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza, según Cepal, sigue por encima del 29%.

El Índice de Pobreza en Latinoamérica de la Fundación Ethos sitúa a Venezuela entre los tres países más pobres tanto en hogar como entorno, mientras las economías más abiertas -Chile, México y Colombia- quedaban en los puestos de menor pobreza.

Lo explico en “Viaje a la Libertad Económica”. El modelo chavista debilita sus propias instituciones y restringe perversamente las políticas públicas a la decisión personal del líder que firma los cheques. Se crean lo que se llaman los boliburgueses, muy similares a los oligarcas.

Para Venezuela, el petróleo ha sido una bendición y una condena. La enorme renta petrolera recibida enmascara unos resultados de la política de “redistribución revolucionaria” que son mucho más que decepcionantes. Desafortunadamente, ese proceso se ha llevado a cabo con la entrega voluntaria de la libertad de muchos ciudadanos a cambio de un asistencialismo al que hoy le descubren su cara más oscura. Represión generalizada.

Apostar por un estado represor a cambio de una supuesta prosperidad lleva a no conseguirla y además encontrarse, como hoy, con la imposibilidad de salir del sueño redistributivo que se convirtió en pesadilla sangrienta. Los que critican a la oposición parecen olvidar convenientemente que las instituciones han sido tomadas y controladas por el chavismo en un proceso lento, pero inexorable, desde hace más de diez años. A pesar de ello, sigo confiando en que se permita a unos y otros buscar una solución pacífica.

Mientras tanto, los economistas de consenso en España nos quieren convencer de que tenemos que aplicar las mismas políticas. Venezuela sin petróleo.

La salida a este infierno de inflación y desabastecimiento tras años de subvenciones y despilfarro público no va a llegar de la mano de la misma fórmula. Venezuela es un país magnífico con una población capaz, valiente y emprendedora. Sea el gobierno que sea el que dirija el país en el futuro, estoy seguro de que aprenderá  que la política de devaluar, inflacionar y tirar del gasto público y de la deuda es pan –poco- para hoy y desastre –mucho- para mañana. #SOSVenezuela.

La tarifa, el “tarifazo” o cómo escurrir el bulto

A mediados del pasado mes de febrero, el Ministerio de Industria anunció a bombo y platillo un nuevo sistema para determinar la tarifa eléctrica a través del ínclito Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. Esto ya deja muy claro que las quejas de aquéllos que culpan al mercado de las continuas subidas no dejan de ser pura retórica antiliberal, simple desconocimiento o ambas cosas, pues resulta obvio que en un sistema liberalizado nadie debe “fijar” el precio de un bien o servicio como lo hace el Gobierno.

Pero aun admitiendo esto como un mal más mayor que menor, el nuevo sistema parece más bien un artificio pensado durante una mala noche que algo procedente de un sesudo y profundo análisis. Este sistema no pretende en ningún momento solucionar los problemas del sector (financiación de las renovables, fin del déficit de tarifa, liberalización real, etc.), sino que trata de ocultar el ridículo del Gobierno cuando en diciembre suspendió la subasta eléctrica que el propio Estado había creado y que, cuando las cosas le favorecían, como en la bajada del mes de abril de 2013, tan buena le parecía. Y sólo lo oculta ligeramente.

En diciembre, un cúmulo de circunstancias hizo que el resultado fuera el opuesto y el precio se disparara muy por encima de lo previsto. El Gobierno, ante el temor del impacto político de semejante subida, entró en estado de pánico y se lanzó a anular el sistema como buenamente pudo. La idea, como era de esperar en política, fue precipitada y poco meditada en el medio y largo plazo, y se acusó a las empresas eléctricas de manipular el sistema. Suspendida la subasta, el Gobierno, en su inmensa bondad, anunció que fijaría una subida menor para evitar al indefenso ciudadano un daño injustificado. José Manuel Soria, ministro del ramo, no se molestó en explicar cómo y quién había manipulado la subasta, pero ahí quedó la afirmación y la anulación.

Unos días después, se fijó la subida arbitrariamente en un 2,3%, pero lo que fue más indignante es que la propia CNMC, órgano “independiente” no sé si a servicio del Gobierno, tras abrir un expediente informativo después de la petición de Soria, afirmó que no había detectado ninguna manipulación y sólo apreciaba alguna circunstancia atípica.

Como era previsible, la polémica se calmó durante las Navidades y el comienzo del año, pero el problema creado por la suspensión de la subasta seguía abierto y exigía una solución relativamente rápida, ya que en abril se debía acometer una nueva revisión. Y aquí entra en juego la capacidad de análisis y resolución del Gobierno. Lo deseable habría sido una solución que encauzara el sector, que acometiera sus problemas y permitiera una mayor liberalización, algo que la propia UE exige. Sin embargo, el Gobierno ha creado un sistema caótico pero que, sin duda, sirve a sus cortoplacistas fines.

El nuevo sistema de tarificación ofrece dos alternativas: la primera es que el precio se fije con la variación de la cotización de la energía en el mercado mayorista, que cambia cada hora, y la segunda opción es una tarifa plana que será más cara que la media del precio en el ‘pool’ antes mencionado.

De entrada, conlleva numerosos problemas técnicos, ya que requiere contadores inteligentes, de los cuales hay apenas cinco millones instalados y de ellos, sólo uno mide por horas, y además supone la creación de nuevos sistemas informáticos por parte de las eléctricas. Tampoco permite a los consumidores saber el precio que van a pagar por la energía, ni cuando ésta es más o menos cara, ya que deberían estar atentos cada hora a la fluctuación del mercado. Y éstos son sólo algunos de los problemas más inmediatos para el usuario, pero incluso se ha llegado a afirmar que sería incompatible con la Ley del Consumidor, que impide que se fije el precio de un servicio o bien en el momento de la entrega, que es lo que sucedería.

Entonces, se preguntará el lector: ¿qué pretende el Gobierno con este caótico sistema? La respuesta es sencilla si nos fijamos en el verdadero problema del Ejecutivo. Ni a Soria ni a Nadal les importa el precio que pagamos por la electricidad, o no cargarían cada vez más impuestos y primas en el recibo. La verdadera preocupación del Gobierno es que, cada tres meses, se enfrenta al papelón de ver en los medios de comunicación que la tarifa vuelve a subir por su mala gestión, su ineficacia, su desidia y su afán de incluir cada vez más impuestos en el recibo eléctrico.

Con este nuevo sistema, lo evita. Si optamos por el enrevesado sistema de tarificación horaria, nunca recibiremos la noticia de una subida en el precio, pero éste será distinto cada vez que pulsemos un interruptor sin que nos demos cuenta. En cambio, si nos pasamos a la tarifa plana, entraremos en lo que se llama “mercado liberalizado”, que si bien no lo es, deja en manos de las eléctricas la tarifa que nos cobran y que se renovará, en principio, anualmente. De esta manera, el Gobierno esquiva la polémica que, obviamente, se traslada a las empresas. ¡Objetivo conseguido, no más precio político por un sistema caótico! El Gobierno no está para solucionar problemas, está para que parezca que no los hay. Las encuestas y las elecciones lo mueven y el interés ciudadano les importa un pimiento a todos.

El valor de la ideas

La realidad que nos rodea deriva, en gran medida, del inmenso poder de las ideas. La innata creatividad humana es el verdadero artífice del desarrollo económico a través de la esencial función empresarial, que, como acertadamente explicaba el economista Ludwig von Mises, no consiste en asignar y redistribuir de la mejor forma posible los siempre escasos recursos que están a nuestro alcance, sino que, muy al contrario, la clave para crear riqueza radica en la tendencia natural del hombre a buscar y descubrir nuevas oportunidades de negocio capaces de generar beneficio. El problema, por desgracia, es que no siempre se dan las condiciones socioeconómicas propicias en nuestro entorno para incentivar de forma adecuada la tan delicada y valiosa creatividad empresarial.

Entender correctamente la conexión que existe entre la creatividad humana y el particular contexto que rodea al individuo -la esencia de la economía, al fin y al cabo- no es tarea sencilla, ni mucho menos. No por casualidad el capitalismo es un invento relativamente reciente y, pese a su indudable éxito para lograr elevar el nivel de vida de la gente a cotas inimaginables hasta hace bien poco, tan sólo se ha asentado con fuerza en un reducido y privilegiado número de países, al tiempo que sigue haciendo frente a grandes y poderosos enemigos de la libertad económica e individual.

Por ello, el valor de las ideas también es esencial a la hora de comprender la naturaleza real de la economía y la auténtica lógica del mercado. Cómo funciona el sistema monetario y crediticio, y qué efectos produce sobre la economía real; cuál es el impacto de la fiscalidad sobre la actividad empresarial; cómo influyen el déficit y la deuda del Estado sobre el crecimiento económico; por qué es necesario recortar el gasto público; qué impacto tiene la regulación laboral… Todos ellos son aspectos clave, cuya particular configuración, según la política económica que se aplique, genera resultados diametralmente opuestos, o bien beneficiosos o bien tremendamente perjudiciales.

En este sentido, la denominada Gran Recesión, cuyo inicio tuvo lugar a mediados de 2007, tras el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, ha reabierto un intenso debate ideológico en el ámbito de la economía, librado entre los defensores de la libertad y los amantes del estatismo. De la resolución de este debate dependerá no sólo la ansiada superación de la crisis, también el bienestar de las generaciones venideras.

Un gran aporte para este debate es el nuevo libro de Diego Sánchez de la CruzSin medias tintas. Esta obra refleja la opinión de un variopinto y extraordinario grupo de economistas, analistas e inversores sobre múltiples aspectos clave de la crisis actual. Las reflexiones también se centran en la esencia de la libertad y la prosperidad económica.

En este compendio de entrevistas, el lector podrá encontrar respuestas clarificadoras y, lo más importante, correctas sobre muchos de los problemas que aquejan hoy en día a la economía mundial. Ideas, todas ellas, discordantes o políticamente incorrectas frente al pensamiento único, es decir, frente al estatismo dominante… pero completamente acertadas a la hora de explicar la compleja realidad que nos rodea. Y ello no sólo porque se trate de mentes brillantes, sino porque sus opiniones se asientan sobre una profunda teoría económica cuya validez ha sido fehacientemente demostrada a lo largo del tiempo, con resultados enormemente positivos para la humanidad.

Entre los valiosos protagonistas del libro encontramos a Carlos Rodríguez Braun, Juan Ramón Rallo, Peter Schiff, Juergen Donges, Arthur B. Laffer, Johan Norberg, Luis Garicano, Pedro Schwartz… El resultado es una visión imprescindible sobre la esencia de la libertad y la naturaleza del desarrollo económico.

Sin medias tintas es una obra alejada del dogmatismo estatista predominante, único y auténtico culpable de la actual situación y de los futuros males que causarán sus recetas anticrisis. Por ello, el auténtico valor de este libro no radica sólo en el interesante y selecto perfil de los entrevistados, sino, sobre todo, en las profundas ideas y valores que comunica en torno a la libertad y la propia naturaleza humana.

Diego Sánchez de la Cruz, Sin medias tintas, Unión Editorial, Madrid, 2014.

Inmigración (VIII): ni asimilación ni multuculturalismo

 "Cerremos la puerta y asimilemos lo que ya tenemos, criemos ciudadanos americanos puros y desarrollemos nuestros propios recursos americanos". Senador DuRant Smith, discurso de 9 Abril 1924.

"El bilingüismo es una gran ventaja para cualquier persona pero tiene consecuencias peligrosas para una nación". Congresista republicano Tom Tancredo, dic. 2007.

"La asimilación no es posible en un contexto de inmigración masiva. Medidas de orden constitucional, legislativo y reglamentario deben adoptarse de forma urgente para detener tanto la inmigración legal como la clandestina". Extracto sobre la inmigración de la Web del Frente Nacional francés. www.frontnational.com.

 "La equivalencia moral de todos los grupos culturales y sociedades es la premisa filosófica que constituye la base del multiculturalismo". Álvaro Vargas Llosa.

"Multiculturalidad: Política activa consistente en poner en valor todas las culturas, a excepción de la occidental, contaminada por siglos de cristianismo, franquismo, fascismo de los mercados y barbarie sionista". Enciklopedia perroflauta. Fernando Díaz Villanueva y Pablo Molina.

 "El ejemplo de los Amish en EEUU sirve para ilustrar las implicaciones de una sociedad abierta, donde no se exige la homogeneización lingüística y cultural que tanta gente reclama en Europa". Albert Esplugas.

"De ordinario, la gente elige la civilización cuando tiene posibilidades de hacerlo". F.A. Hayek.

Cuando se trata el tema de la inmigración se desencadenan siempre y en todo lugar acalorados debates y se acaba, por desgracia, yendo en última instancia contra la libertad de las personas, sea en un sentido o en otro. Así, los conservadores proponen cerrar las fronteras a cal y canto acompañadas de soluciones policiales y de asimilación forzosa, sin importarles que la libertad de los extranjeros migrantes o la de los nativos que desean contratar con ellos sean conculcadas. Por su parte, los progresistas, aun siendo favorables a una mayor apertura de fronteras y a un reconocimiento de los "ilegales" que trabajan o residen de facto, reclaman mayores gastos públicos para el mantenimiento de culturas ajenas a la propia y, al mismo tiempo y en clara contradicción, para planes de integración de los inmigrantes financiados con presupuesto público, castigando el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Los sindicatos, por su parte, han cambiado de posición con respecto a la inmigración a lo largo del tiempo. Si bien al inicio eran contrarios a la misma por considerarla una fuente de competencia a la baja en los salarios de los trabajadores, posteriormente se han ido mostrando, al igual que los progresistas, más proclives a una mayor apertura de fronteras, acercándose así a las posiciones liberales. No obstante, lo que les separa a los primeros de los liberales es el escepticismo y rechazo de estos últimos hacia las políticas activas de multiculturalismo patrocinadas desde los poderes públicos. Todo izquierdista de pata negra las defiende, a diferencia de los liberales que las critican. Esta posición de los liberales se acercaría a la de los conservadores, pero se distancian de éstos en que los liberales no están en contra de la diversidad ni de la inmigración, como sí declaran los conservadores cada vez que ponen en cuestión las medidas multiculturalistas.

Los liberales son los únicos en tratar el tema de la inmigración sin necesidad de ir contra la libertad de nadie.

Asimilación, impaciente exigencia conservadora

Los conservadores tienen poca tendencia a tolerar aquellas conductas o formas de vida que se apartan de lo que juzgan normal y deseable. Cualquier minoría fuertemente cohesionada por otros valores a los suyos propios la perciben con desagrado cuando no, como una seria amenaza. Es por ello que son proclives a que el número de inmigrantes no crezca y a que los que están ya trabajando en sus sociedades de acogida sean asimilados lo más rápidamente posible, sin tener en cuenta que toda verdadera integración requiere de un tiempo y de unos ciclos generacionales de adaptación cultural.

El deseo de dar nombres autóctonos a los niños de los inmigrantes, las exigencias de aprendizaje del idioma o de tests de cultura o ciudadanía como requisitos para la concesión de visados o para el otorgamiento de la nacionalidad son medidas típicamente conservadoras de asimilación artificial. Se es intolerante frente a cualquier desviación de la cultura hegemónica porque se cree peligrosa para la cohesión grupal. En el fondo dicha actitud refleja falta de seguridad en los valores propios además de un lamentable sesgo beligerante y hostil ante códigos morales diferentes.

La discriminación positiva sería otra medida más de asimilación forzada (compartida en este caso también por los progresistas). Obedece a los deseos del legislador por integrar a machamartillo a los inmigrantes y otras minorías. Obliga a empresas, centros educativos o guarderías a darles preferencia frente a los autóctonos. Esto atenta contra la libertad de contratación y tiene consecuencias inesperadas.

El ritmo del aporte de los diferentes tipos de inmigración, las complejidades de la división del trabajo y la adaptación cultural como proceso dinámico en el tiempo hacen desaconsejable forzar la asimilación de manera artificial.

Una nación no se ve amenazada por la existencia de minorías dentro de sus fronteras que tardan más o menos en asimilarse. Puede verse amenazada, por el contrario, si no se comparten unos principios de convivencia verdaderamente básicos como veremos más adelante.

Multiculturalismo, peligrosa ocurrencia progresista

De todas las alegres políticas progresistas, tal vez sea ésta la que mayor carga de profundidad contenga. Partiendo, con razón, de una crítica contra la asimilación forzosa patrocinada por los conservadores, se afirma que todas las culturas y sus valores implícitos son igualmente defendibles en la sociedad de acogida para, a continuación, dar un paso más y acabar defendiendo (y subvencionando) todo lo imaginable excepto precisamente los propios valores de la sociedad occidental. Ante el fenómeno necesario y deseable de la inmigración, se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para debilitar los lazos verdaderamente cohesionadores de las complejas sociedades anfitrionas.

Las políticas multiculturales son puras medidas colectivizadoras, como todas las socialistas. Encajonan al inmigrante en su colectivo correspondiente y niegan su individualidad, aislándole de la comunidad local en donde vive y privándole a la postre de las oportunidades que la interacción del mercado/sociedad puede ofrecerle. Inspiradas en la tesis del antropólogo Calude Lévi-Stauss (todas las sociedades tienen una misma equivalencia cultural y moral) pretenden injertarla en las sociedades de acogida.

Éstas quedan, por tanto, parceladas en grupos étnicos o culturales, cada uno con sus propios derechos de identidad que implican obligaciones del resto de la sociedad para con ellos. Esto da pie a que desde las instancias administrativas se fomente la educación en la diferencia de las minorías, inculcando un nacionalismo étnico e impermeable. Se recurre al permanente victimismo y se denuncia la discriminación sufrida para, en consecuencia, reclamar más justicia social o compensatoria para remediarla. Es una mala política el poner el foco en el grupo para proveer derechos; puede fomentar también los prejuicios por parte de los nativistas hacia dicho grupo. No es la inmigración, sino la incapacidad y torpeza intervencionista de los políticos gobernantes la que está alimentando la xenofobia y el rechazo a ciudadanos extranjeros. Lo mejor es siempre garantizar derechos individuales bajo un mismo imperio de la ley para todos.

El Reino de Suecia ha sido el campeón del multiculturalismo; ha habido épocas en que se ha impartido enseñanza pública hasta en cien idiomas diferentes. En muchos otros países se han aplicado políticas de vivienda pública (social) que han favorecido la construcción de grandes núcleos de vivienda barata para inmigrantes que resultaron en la creación de guetos periféricos cerca de las grandes urbes. Se han dado subvenciones para transmitir la cultura de colectivos de lo más pintorescos, multiplicando las identidades ad infinitum. Este sistema, pese a su buenismo, ha supuesto un costoso experimento de dudosa efectividad en todos los Estados de bienestar y no ha logrado la integración real del inmigrante.

La ideologización de las minorías es muy perniciosa. Los supuestos marginados invierten las reglas de juego objetivas y, en vez de esforzarse ellos mismos por adaptarse, sus esfuerzos son dirigidos a ser reconocidos institucionalmente en lugar de aportar lo mejor de sí a los procesos de mercado en la sociedad anfitriona. Quedan encasillados en su etnicidad o en su peculiaridad identitaria. Conceptos como la "nación" negra, aborigen o islámica pueden derivar en la pretensión de conformar su propio sistema político dentro de las fronteras de un país. Esto no sólo hace imposible la mínima integración necesaria de los inmigrantes sino que socava los fundamentos más básicos de la sociedad de acogida.

Todas estas políticas de "multiculturalidad" no pueden sino estar abocadas al fracaso. Caso de que triunfaran, el fracaso sería el de la sociedad anfitriona y su incapacidad por integrar mínimamente al inmigrante. Es preciso repensar o reenfocar este tema en las modernas sociedades con el fin de celebrar la diversidad cultural pero oponerse decididamente a las disolventes políticas multiculturales.

Integración, deseable propuesta liberal

Los flujos migratorios amenazan sólo aparentemente los valores de los países receptores. El mercado integra verdaderamente al inmigrante, no así las políticas activas de asimilación o de multiculturalismo. Hay que favorecer la integración y dejar de patrocinar intervencionismos desde el Estado. Más mercado y más reglas generales y menos políticas y menos subvenciones para los inmigrantes y sus culturas.

La forma en que mejor se puede integrar un inmigrante en la sociedad de acogida es mediante el trabajo, sea éste el que sea. Cuando una persona está cubriendo las necesidades de otros mediante la prestación de servicios o el intercambio de bienes en el mercado, tiene sentido su presencia en el mismo. El trabajo dignifica al inmigrante y beneficia a la sociedad en su conjunto. Su participación en el mercado, con sus necesarias interrelaciones diarias, exigirá irremediablemente al inmigrante un mínimo de adaptación a las costumbres y al idioma del entorno. Además, requerirá el aprendizaje del cumplimiento de los contratos, el acatamiento de las normas y el respeto por la propiedad privada; es decir, hará suyos los valores fundamentales de cohesión mínima en el país de acogida. La diversidad cultural o la diferenciación de los individuos no impiden en absoluto su integración en la Gran Sociedad plural, cosmopolita y diversa, ni tampoco su particular contribución a la misma.

Los trabajadores inmigrantes no tienen por qué asimilarse de forma inmediata o completa en la sociedad anfitriona (aunque la experiencia nos dice que la mayoría lo hace a partir de la tercera generación). Tampoco los gobiernos deberían gastar dinero en políticas de multiculturalismo que convierten en derechos públicos cuestiones que debieran permanecer en la esfera estrictamente privada como son la religión, la cultura, las costumbres o el idioma de los inmigrantes. Éstos han de limitarse a cumplir la ley del Estado anfitrión.

En el fondo, el sentimiento anti-inmigratorio y el multiculturalismo son dos caras de la misma moneda. Por un lado, están los nativistas que desean restringir la inmigración sobre la base de que es imposible mantener un conjunto de valores compartidos sin contar con una nación étnica y culturalmente homogénea. Por otro, están los multiculturalistas que afirman que debido a que tenemos sociedades étnica y culturalmente diversas, es imposible mantener un conjunto de valores compartidos. Ambas posturas son erróneas. Tanto los "halcones" convencidos del inevitable choque de civilizaciones como las "palomas-multiculti" tienen una pobre visión de las personas que migran y de su capacidad para la integración por sí mismas. Ambos desdeñan los principios liberales e ilustrados de las sociedades desarrolladas.

El hecho de convivir personas de diferentes lugares del planeta dentro de un mismo país no significa un problema en sí mismo desde el punto de vista de las relaciones sociales, ideologías o valores. Tal vez una de las hipótesis más geniales lanzadas por Hayek fue el haber sugerido que son las reglas de conducta las que sobreviven, no necesariamente los grupos biológicos que se formen en torno a ellas. La sociedad por la que juzgamos el éxito de su orden extenso y sus normas no tiene por qué ser una población homogénea a lo largo del tiempo. Quienes adoptan las prácticas del orden extenso beneficiándose del mismo, lo hacen a menudo sin percatarse de los sacrificios que tales cambios puedan entrañar.

Por tanto, la propuesta liberal no es ni asimilación forzada ni el reconocimiento público de derechos a diversos grupos culturales, sino defensa del cumplimiento de las normas e integración en sociedad mediante el trabajo por parte de los inmigrantes con el fin de que se conviertan en miembros productivos de su nueva comunidad.

Por otro lado, es también deseable que exista cierta tolerancia a la diferencia por parte de los autóctonos, propia de sociedades abiertas y civilizadas. La única cultura por la que debiéramos preocuparnos es por la del respeto y protección de los derechos individuales (vida y su derecho a desplazarse, defensa de la propiedad y cumplimiento de los contratos voluntarios).

Los memes, pautas de comportamiento y hábitos de vida civilizados, pese a confrontar o desafiar los modos de vida de sociedades tradicionalistas o cerradas, son mucho más persuasivos y potentes de lo que generalmente suponemos. No los forcemos ni los diluyamos con absurdas intervenciones públicas.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVI y VII.

El Gobierno se sirve a la mesa

"Cuando el Gobierno asume la responsabilidad por la gente, la gente ya no toma responsabilidades por sí misma".

George Pataki, político estadounidense.

A pesar de la inmensa leyenda que hay tras el presidente Abraham Lincoln, de un tiempo a esta parte se nutre la oposición a esa leyenda desenmascarando a Lincoln como un presidente fuertemente estatista y antiliberal. Buscando los orígenes del intervencionismo dietético y nutricional en EEUU, parece quizás no casualidad que Abraham Lincoln fue el comienzo de todo. Al fin y al cabo a él y básicamente él se debe el surgimiento del Departamento de Agricultura (USDA) que hasta nuestros días ha estado detrás de todas las guías dietéticas oficiales del Gobierno estadounidense.

Si pedir al Gobierno una postura científica como requería la nutrición era como esperar de Jhonny Walker la promoción de una conducta responsable con el alcohol, la borrachera parecía asegurada. En concreto, fue en 1862 cuando el presidente Lincoln creó dicho organismo con el objetivo central de "diseminar información útil en asuntos relacionados con la agricultura". Atiborrar a los estadounidenses, y a medio mundo por imitación, con cereales desde luego ha sido muy útil para la salud financiera de los agricultores, pero no para la física de los consumidores. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1916 para la primera guía nutricional del Gobierno. Se trataba de "Food for Young Children", que se resumía en comer siempre más en una época donde la desnutrición era elevada –aquello de la obesidad era entonces una rara, por no decir inexistente, enfermedad-.

En la Gran Depresión de los años 30, el papá Gobierno cuidó de sus ciudadanos publicando guías de compra de alimentos en función del nivel de ingresos de la familia. En los años 40, en plena guerra, llegó la "National Wartime Nutrition Guide", un gráfico en forma de rueda que distinguía siete grupos de alimentos y en una época donde aún la moda era ganar peso para no estar delgado como las personas de clase baja. Aquella guía era bastante confusa, pero es que el propio Gobierno era el primero confuso sobre qué recomendar. Y el descubrimiento de la importancia por aquel entonces de ya bastantes vitaminas y minerales no facilitaba la cuestión. El propio Gobierno pronto empezaría a ir modificando sus propuestas dietéticas a golpe casi de ocurrencias e ir desdiciéndose en ocasiones a sí mismo.

Lo que en los años 40 fueron los siete grupos alimentarios del Gobierno, en 1956 se convirtieron por arte de la magia gubernamental en sólo cuatro. Aquella guía duró básicamente hasta los años 70. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar como cambia el cielo soleado ante una súbita e inesperada tormenta de verano. Pero ¿por qué en los años 70?

Era una noche de la primavera de 1968 cuando, casi en medio de las revueltas estudiantiles que harían célebre para la posteridad aquellas fechas, cientos de miles de estadounidenses confrontaron a través de la CBS una cruda imagen en sus televisores: la muerte de un niño pequeño, bastante pequeño, soltando sus últimos alientos ante una cámara que enfocaba impertérrita. "Este niño está muriéndose de hambre". Con la voz firme, tras un hilo emotivo, el narrador enfrentaba abruptamente al espectador norteamericano con la verdad que menos podría haber imaginado: "Era un americano. Ahora está muerto".

El trending topic en una era sin internet no se hizo esperar. Aquel documental sería la chispa que habría de encender la mecha del Gobierno. Empezaban los años 70 y con ellos la cuenta atrás para un Gobierno tan grande como para engullir a todos sus ciudadanos.

@AdolfoDLozano/www. juventudybelleza.com.

‘Sin Medias Tintas’: 20 grandes voces hablan de la Gran Recesión

"En el análisis económico, el consenso no significa nada". Así de provocador se muestra el inversor Daniel Lacalle en Sin Medias Tintas, el libro que acabo de publicar en Unión Editorial. Los lectores que se acerquen a este proyecto podrán disfrutar de veinte conversaciones de alto voltaje con dos decenas de entrevistados de primer nivel.

Uno de los protagonistas de las reflexiones incluidas en Sin Medias Tintas es el profesor Benito Arruñada. El Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra apunta en su conversación con Sánchez de la Cruz que "suponer altruismo en los agentes políticos es un buen contraste de deshonestidad intelectual, sobre todo cuando el analista supone que quienes actúan en el mercado son egoístas, pero defiende que las decisiones políticas persiguen el bien común. Esa especie de esquizofrenia epistemológica no es inconsecuente: lleva siempre a favorecer soluciones políticas de mayor intervención del mercado".

Otro invitado de primer nivel es Luis Garicano. El profesor de la London School of Economics apunta en su entrevista que España necesita "reducir la intervención que distorsiona la competencia y favorecer el desarrollo de mercados en los que el beneficio no se obtenga a base de capturar rentas". En su opinión, "sin liberalización económica y más competencia en nuestros mercados, financiar el "Estado del Bienestar será cada vez más difícil".

Más tajante aún se muestra la economista y profesora universitaria María Blanco, que denuncia abiertamente la "sumisión con la que la sociedad española mira al poder. Históricamente, teníamos un señor medieval o un monarca absoluto, hoy tenemos al Estado". También el influyente Anthony de Jasay ha sido entrevistado para Sin Medias Tintas. Quizá el pensador liberal más importante de las últimas décadas, de Jasay señala que "el igualitarismo es la nueva Religión del Estado" y apunta, además, que "avanzar hacia la equiparación salarial implica recuperar mecanismos dignos de la Unión Soviética".

El libro también incluye una entrevista con el inversor Peter Schiff. El Consejero Delegado de Euro Pacific Capital habla sobre cuestiones monetarias y financieras, aportando además su visión de nuestra particular crisis. Schiff lo tiene claro: afirma que "el problema del paro lo han creado los políticos españoles" y denuncia que los contribuyentes de nuestro país "cargan a sus espaldas con unos impuestos insoportables".

Otro "peso pesado" del liberalismo que incluye esta obra es el economista Pedro Schwartz. En su opinión, "como Mariano Rajoy no entiende mucho de economía, se deja llevar por Cristóbal Montoro… Y el resultado es una sucesión de subidas de impuestos que resta dinero a la gente y ni siquiera cumple su objetivo de aumentar la recaudación".

Uno de los momentos más destacados del libro es la entrevista con Carlos Rodríguez Braun. En esta charla, cargada de buen humor, pero también de pensamiento crítico, Braun afirma que "subir los impuestos y pretender que no aumente la evasión fiscal es como pedirle al Conde Drácula que garantice la seguridad de Transilvania".

El nuevo lanzamiento de Unión Editorial recoge además una entrevista con uno de los intelectuales liberales más importantes del momento: Johan Norberg. El investigador escandinavo habla de su país para denunciar que "en Suecia sabemos desde hace décadas que el socialismo no funciona, por eso hemos introducido medidas de liberalización económica. Me desagrada que se siga hablando de Suecia como si estuviésemos en los años 70: algunos deberían actualizar su discurso o estudiar un poco de historia".

El libro también incluye entrevistas con grandes economistas nacionales (Ignacio de la Torre, Juanma López Zafra, Juan Ramón Rallo y Juan Castañeda) e internacionales (Jerry Jordan, Juergen Donges, Arthur B. Laffer y Dan J. Mitchell). También el periodista británico Philipp Coggan, la activista cubana Yoani Sánchez y el ministro de Finanzas de Estonia, Jürgen Ligi, desfilan por las páginas de Sin Medias Tintas, coronando así una interesante colección de conversaciones.

En palabras de Daniel Lacalle, los entrevistados del libro "son referentes esenciales para comprender la crisis y el entorno económico. En el libro vamos a encontrar análisis concienzudo y pensamiento crítico, pero intelectualmente impecable. Sin paños calientes y sin demagogia. Con peso intelectual y honestidad. ¿Políticamente incorrecto? Tal vez, pero enormemente estimulante".

Sin Medias Tintas está disponible en papel, en Kindle y en versión electrónica.

La Constitución como garante del individuo, no siempre

Una de las bases de la democracia consiste en el necesario sistema de contrapesos al poder del gobierno que asegure que cualquier tirano no puede llegar al gobierno y explotar a la población. Tan importante y necesario es, que su fallo lleva a los países democráticos a situaciones como la de Venezuela.

Son varias las instituciones que componen ese sistema de protección de las personas en las democracias entre las cuales destaca la existencia de una Constitución y un Tribunal Constitucional que refuerce su cumplimiento. Como ya avanzaran Buchanan y Brennan en La Razón de las Normas. Economía Política Constitucional (1985), la Constitución fija la frontera del poder estatal frente al individuo y define los límites de la autoridad política.

El análisis que proponen estos autores desde la Escuela de la Elección Pública requiere contemplar a los gestores políticos, a los gobernantes y a todos aquellos que trabajan en el sector público, como individuos movidos por las mismas necesidades que todos los demás. Y así, la búsqueda del propio interés se convierte en la clave para explicar el comportamiento de los políticos y servidores públicos y, además, para desbrozar los aspectos más relevantes del diseño y evolución de las Constituciones nacionales. De la misma forma que la búsqueda del propio interés para una persona generosa incluye el bien ajeno, y para una egoísta no, así también el interés propio de un político puede ser honroso o deshonroso. Todo es una cuestión de incentivos y expectativas.

Así las cosas, podemos preguntarnos por la Constitución Española, la pretendida reforma constitucional que sobrevuela nuestras cabezas, y las razones que empujan a los reformistas. Un somero vistazo al panorama político actual de nuestro país nos dibuja una realidad bastante triste. No voy a realizar un análisis exhaustivo de nuestra Carta Magna porque no soy quien y no es mi intención. Pero sí creo que es necesario poner encima de la mesa que lo que movía a los padres de la Constitución no era otra cosa más que la armonía y estabilidad de los diferentes grupos de presión que efervescían con el despuntar de la democracia, una vez muerto el dictador: sindicatos, prensa, partidos políticos, nacionalistas, la Iglesia… unos porque querían entrar en la arena política y otros porque temían ver recortado su peso, necesitaban de unas reglas de juego que compensara las tensiones. En ese sentido se entornaron, más que cerraron puertas, y se dejaron de lado cuestiones espinosas que en aquel momento eran inabordables.

Pero hete aquí que han pasado las décadas y se oyen voces cada vez más numerosas y más potentes reclamando una reforma constitucional. ¿Qué debemos tener en mente los ciudadanos?

En primer lugar, es necesario desoír los cantos de sirena de quienes pretenden que dichos cambios son por nuestro bien. Deberíamos haber aprendido que detrás de esas frases tan bienintencionadas hay un político que solamente busca su propio interés, igual que todos los demás. Si su propio interés es el bien de la comunidad o la victoria electoral es la clave.

¿Qué nos dice la realidad? Para averiguarlo podemos reflexionar acerca de la conducta de los mismos que reclaman esa reforma constitucional en la última década o en el último lustro. ¿Cuántos de nuestros gestores políticos han asumido la responsabilidad de sus decisiones políticas y económicas? ¿Cuántos de ellos han dimitido cuando su opción ha demostrado ser la peor? ¿Cuántos de ellos han puesto su inocencia por delante de su escaño? ¿Cuántos partidos políticos han mostrado tanta severidad con los casos de corrupción propios como la que muestran con los ajenos?

Las respuestas son muy claras y nos llevan a la conclusión de que, incluso si es necesaria una reforma constitucional, quienes pretenden liderarla no van a tener en su punto de mira a la sociedad sino sus propios intereses partidistas. Desolador. Este pesimismo se reafirma aún más si extendemos el análisis al Tribunal Constitucional.

¿Cómo se sale del embrollo? Para lograrlo, los ciudadanos deberíamos luchar para cambiar el perverso sistema de incentivos y recompensas políticas que sostienen el sistema político y que pagamos con nuestro trabajo. Sería un proceso lento porque la resistencia al cambio sería enorme, la prensa y medios afines al régimen tratarían de manipular la opinión pública y la sociedad civil debería querer ser líder de su propio destino. Y creo que nuestra sociedad civil está demasiado verde para eso. Preferimos la jaula y los grilletes. Una pena.