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Balanzas fiscales, arma política en la nueva guerra de Montoro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La guerra de las balanzas fiscales acaba de estallar oficialmente entre las comunidades autónomas y el Gobierno, después de que el Ministerio de Hacienda filtrara esta semana un avance sobre su futura publicación, que, en principio, tendrá lugar el próximo marzo.

Tras varios meses de polémicos tiras y aflojas sobre la necesidad o no de desvelar las citadas balanzas, su puesta a disposición no ha calmado los ánimos y reivindicaciones de los distintos gobiernos regionales, ni mucho menos. Más bien al contrario, ya que las cifras parecen no contentar a nadie.

El Gobierno trabaja en un nuevo método para calcular el reparto de fondos públicos entre las distintas regiones, bajo el título "cuentas públicas regionalizadas", en donde también se incluirán las balanzas fiscales, y cuya elaboración ya ha levantado críticas entre algunos expertos.

Según el economista e investigador del CSIC Ángel de la Fuente, uno de los tres académicos que diseñan esta nueva metodología, Cataluña habría registrado un déficit próximo a 11.000 millones de euros en 2011 -último año disponible-, equivalente al 5% de su PIB y lejos, por tanto, del 8,5% (16.000 millones) que esgrimen los nacionalistas como prueba del "expolio fiscal" que ejerce el resto de España; la Comunidad de Madrid, por su parte, se queja de que las cuentas están cocinadas y exige transparencia al departamento de Cristóbal Montoro; Extremadura, por su parte, afirma que las balanzas están incompletas y advierte de que publicará su propia estimación para exigir la financiación que considera conveniente… Y así sucesivamente.

Balanza fiscal, un concepto muy polémico

El riesgo consiste, pues, en que cada región ponga encima de la mesa su particular balanza fiscal para reclamar más dinero al Estado, complicando aún más la tensa y difícil negociación sobre la financiación autonómica, cuya reforma se abordará, como pronto, en 2015.

El problema de fondo, por tanto, es que las balanzas fiscales se suelen emplear como arma arrojadiza por parte de las distintas autonomías y el Gobierno para sacar ventaja en el reparto de fondos e incluso reivindicar la separación de España como, últimamente, sucede en Cataluña. De ahí, precisamente, que este concepto haya estado siempre rodeado de controversia.

Pero, ¿qué es una balanza fiscal?

La "balanza fiscal" mide los ingresos que aportan los contribuyentes (personas y empresas) de una determinada comunidad autónoma al Gobierno central (impuestos recaudados) y los gastos e inversiones que el Gobierno destina a esa misma comunidad. Si la balanza es negativa, significa que los habitantes de esa región aportan al Estado más de lo que reciben, y al revés si es positiva (reciben más de lo que aportan a las arcas estatales).

¿Cómo se calcula?

Se trata de un cálculo complejo y no exento de polémica. De hecho, existen hasta cuatro métodos homologados para calcular el citado saldo fiscal.

  • Flujo Monetario: atribuye el ingreso al territorio donde se genera el hecho imponible, y el gasto al territorio donde se materializa.

  • Carga-Beneficio: atribuye el ingreso al territorio donde reside el individuo que soporta el tributo, y el gasto al territorio donde reside el beneficiario de dicho gasto.

Por ejemplo, con el método de Flujo Monetario, el IVA que paga un madrileño por una compra efectuada en un comercio catalán se computaría en Cataluña, mientras que con el método de Carga-Beneficio se computaría en Madrid; asimismo, con el método de Flujo Monetario solo se computan en la región los gastos e inversiones directamente efectuados por el Estado en esa autonomía, y no la parte alícuota de los gastos generales efectuados por el Estado por conceptos como la defensa, justicia, seguridad o relaciones exteriores, que, aunque no se efectúen directamente en ese territorio también la benefician y, por tanto, debieran ser cargadas proporcionalmente.

  • Neutralizado o no: los dos métodos previos pueden, a su vez, estar neutralizados o no por el ciclo económico. Como en caso de recesión lo normal es registrar déficit público, neutralizar la balanza fiscal significa descontar el impacto de la crisis en los presupuestos, bien contabilizando una recaudación fiscal extra ficticia para cuadrar el déficit, bien reduciendo de forma artificial los gastos.

¿Qué resultados arroja?

Dado que existen cuatro métodos, las balanzas fiscales arrojan también cuatro resultados muy distintos. Por ello, cada autonomía suele escoger la fórmula que más conviene a sus intereses.

Cataluña es el máximo exponente de dicha manipulación política. Según la Generalidad, el déficit fiscal de Cataluña rondó los 16.400 millones de euros en 2009, equivalente al 8,4% de su PIB, empleando el Flujo Monetario neutralizado. Ésta es la cifra que usan los nacionalistas para denunciar el supuesto "expolio fiscal" del resto de España. Pero esta cuantía se convierte en un superávit de más de 4.000 millones si se usa el método de Carga Beneficio sin neutralizar.

Engañosa arma política

En el fondo, se trata de un mecanismo político al servicio de los intereses de los gobiernos regionales. Así, lo mismo que reclaman las autonomías podrían alegar las provincias. Barcelona, por ejemplo, aporta mucho más en impuestos a la Generalidad de lo que recibe en inversiones.

Llevado este argumento hasta sus últimas consecuencias, lo mismo se podría decir de las ciudades, los barrios y, en última instancia, las personas y empresas, que son quienes realmente soportan la carga del Fisco. Los impuestos son sufragados por los contribuyentes, no por los territorios. Las rentas más altas pagan más impuestos independientemente de donde residan, y sus particulares balanzas fiscales son siempre negativas.

Las comunidades autónomas son más o menos ricas en función de la renta per cápita de su población y el número y tamaño de sus empresas, determinando con ello el nivel de recursos fiscales que aportan al Gobierno central -las regiones más ricas aportan más al sistema-.

Por ello, las balanzas fiscales poco o nada tienen que ver con la financiación autonómica y sí mucho con la renta per cápita de cada región. Aunque las autonomías las emplean como muestra de maltrato fiscal o escaso esfuerzo inversor por parte del Estado, presentar déficit no es señal de discriminación en la financiación autonómica, y viceversa. Ambos son conceptos diferentes. Por ejemplo, si el Estado aumenta la inversión pública en una región, se reduciría el saldo de su balanza fiscal sin que ello implique recursos extra para sufragar sus competencias autonómicas, como puede ser Sanidad o Educación.

Lo único que mide la balanza fiscal es el saldo entre lo que aportan los contribuyentes de una autonomía a los ingresos del Estado y los gastos que ejecuta dicha Administración en ese territorio, no si la financiación autonómica es suficiente o no para sostener adecuadamente los servicios públicos de titularidad autonómica. Es decir, no sirve para medir la denominada solidaridad interterritorial en sentido estricto, ya que responde a lógicas y variables muy diversas.

La futura financiación autonómica

Dada la polémica y confusión que generan las balanzas fiscales, los expertos designados por Hacienda trabajan en el diseño de un nuevo mecanismo, llamado "sistema de cuentas públicas territorializadas" (SCPT), para evaluar "la racionalidad y la equidad del reparto territorial del gasto público en nuestro país y el de los ingresos tributarios que lo financian", tal y como advierten en el documento que servirá de base a dicha metodología.

Así pues, este indicador permitirá estimar hasta qué punto lo que aportan vía impuestos los contribuyentes de una región es devuelto por el Estado en forma de servicios concretos a esa misma población. Su diseño permitiría introducir, por primera vez, en el sistema de financiación autonómica el denominado "principio de ordinalidad" que tanto vienen reclamando diversas autonomías, Cataluña incluida, así como el PSOE.

Su aplicación permitiría que una comunidad autónoma mantenga intacta su posición el ránking de ingresos y gastos per cápita tras realizar su correspondiente aportación a la "solidaridad interterritorial". Esto significa que seguirían existiendo transferencias entre comunidades autónomas, pero si en una comunidad se recauda más cantidad per cápita que en otra, el gasto estatal en esa región también sería mayor.

En todo caso, y aún aplicando dicho principio, en base a las nuevas balanzas fiscales que está elaborando el equipo que dirige Ángel de la Fuente, la reforma de la financiación autonómica en ningún caso aportaría o restaría los recursos que hoy recibe cualquier CCAA en al menos un 1% de su PIB regional. Dicho de otro modo, incluso introduciendo la "ordinalidad", Cataluña seguiría registrando un elevado déficit público, ya que apenas ingresaría un 0,5% extra de su PIB.

¿Cuál es el mandato del BCE?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Suele argumentarse que el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, tan sólo posee el mandato de lograr la estabilidad de precios dentro de su territorio (la Eurozona). Sus estatutos, se dice, han conseguido mantener bajo control su monopolio monetario, gracias a lo cual sus mandamases no pueden aplicar políticas monetarias expansivas como las de sus colegas del resto del mundo.

Ciertamente, sería un completo éxito que la normativa hubiese logrado desterrar el inflacionismo crediticio del código genético del BCE. A la postre, todo banco central monopolístico se instituye para financiar de un modo artificial y privilegiadamente barato a gobiernos y bancos privados, perjudicando con ello al resto de los ciudadanos mediante mermas en el poder adquisitivo de la moneda y, sobre todo, mediante devastadores ciclos de sobreendeudamiento y malas inversiones generalizadas. De hecho, cuando se insta a un banco central a que estimule la creación de empleo se está hablando de eso: o bien de que compre deuda pública para que el Estado gaste en la obra pública más diversa e innecesaria, o bien de que financie de un modo más asequible a las entidades financieras para que éstas puedan incentivar una ronda de borrachera crediticia entre familias y empresas. Ése es el empleo que puede crear un banco central: el que resulta de la acumulación de mala deuda dentro del sistema económico.

Por consiguiente, si, tal como reza la leyenda urbana, la UE hubiese suprimido la capacidad del BCE para financiar burbujísticamente a gobiernos y entidades financieras, sin duda habríamos dado un paso en la buena dirección. Pero, por desgracia y como ahora vamos a comprobar, la ingeniería normativa por la que se rige el BCE ha sido diseñada para que, justamente, éste disponga de la suficiente discrecionalidad como para terminar haciendo y deshaciendo a su gusto, tanto a la hora de estimular el endeudamiento privado con la excusa de fomentar el empleo como a la de proporcionar financiación laxa a los gobiernos para que éstos sigan manteniendo sus infames burocracias. 

De entrada, es verdad que el artículo 2 de los estatutos del BCE dice que la estabilidad de precios es el objetivo primario de la entidad. Sin embargo, incluso ese propio artículo 2 ya habilita al BCE a que, alcanzada la estabilidad de precios, pueda coadyuvar en la consecución de los logros a los que aspira el Tratado de Maastricht en su artículo 3, a saber, la promoción del progreso económico y social sostenible y del pleno empleo. Por tanto, no es cierto que el BCE tenga un mandato único –la estabilidad de precios–, sino que sigue teniendo un mandato dual –estabilidad de precios y pleno empleo– pero articulado en dos niveles jerárquicos (la estabilidad de precios prima sobre el empleo).

Evidentemente, podría argüirse que la primacía de la estabilidad de precios sobre el fomento del empleo es un punto a favor del BCE frente a la Fed –que coloca ambas misiones en pie de igualdad–, pero a la hora de la verdad, y tras la nefasta experiencia de la estanflación de los 70, ningún banquero central actual se atrevería a seguir azuzando el expansionismo crediticio en una época de elevada inflación, ni siquiera con la búsqueda del pleno empleo en mente. Mucho más peligroso es lo que hacen los bancos centrales cuando, aparentemente, la estabilidad de precios no está en peligro: en esos momentos, erróneamente presuponen que "no hay tensiones subyacentes" y que pueden volcarse a espolear la deuda. Fue lo que sucedió durante la década de los 20, que condujo a la Gran Depresión, y lo que volvió a suceder a comienzos del s. XXI, hasta que se produjo la Gran Recesión actual: engañosos IPC bajos que conducen a crédito barato canalizado a activos (como la vivienda o los índices bursátiles) cuyos precios quedan fuera del IPC (de modo que no saltan las alarmas). En este sentido, la Fed y el BCE han cometido los mismos pecados –rebajar artificialmente los tipos de interés con el IPC estable– pese a sus diferencias estatutarias.

Mas podría pensarse que, al menos, los estatutos del BCE sí impiden que la entidad proceda a comprar masivamente deuda pública con la que financiar a los manirrotos gobiernos de turno; esto es, que en la Eurozona sería imposible algo así como los QE de Bernanke. Pues tampoco.

Es cierto que el artículo 21 de los estatutos del BCE remite al artículo 123 del Tratado de Maastricht, donde se prohíbe al banco central la adquisición directa de deuda pública en los mercados primarios, así como cualquiera otra facilidad crediticia para las administraciones públicas. Y es verdad que el Reglamento 3603/93 del Consejo Europeo especifica que por "cualquier otra facilidad crediticia" se refiere a toda financiación indirecta que el BCE pueda proporcionar a los Estados a través de los mercados secundarios. Pero el artículo 18 de los estatutos del BCE también habilita a la entidad a ejecutar operaciones crediticias (en general) dentro de los mercados financieros con el propósito de lograr su objetivo de la estabilidad de precios.

He ahí la madre del cordero. El BCE puede interpretar la normativa por la que se rige –y, de hecho, la está interpretando así– como una autorización a comprar deuda pública en los mercados secundarios siempre que esa adquisición tenga como propósito último no el de financiar a los gobiernos sino el de permitirle garantizar la estabilidad de precios. En estos momentos, el BCE podría perfectamente argumentar, siguiendo los preceptos de sus estatutos, que la estabilidad de precios corre peligro por el lado de la deflación (y no de la inflación, como suele ser habitual) y que, en tal caso, está habilitado para adquirir toda la deuda pública que sea necesaria para mantener a flote el IPC. Es lo que hizo cuando inició en 2010 con la ventanilla del SMP (con la que adquirió 220.000 millones de euros en deuda pública italiana, española, griega, lusa e irlandesa) y lo que ha prometido volver a hacer a través de la ventanilla de la OMT con la que Draghi le salvó la papeleta a Rajoy.

En última instancia, pues, que el BCE haya sido hasta ahora un poquitín más ortodoxo que la Fed o el Banco de Japón no se ha debido a unos estatutos que hayan conseguido atarle en corto, sino a que los hombres del Bundesbank siguen ejerciendo una notable influencia a la hora de pergeñar la política monetaria; o dicho de otro modo: si Bernanke hubiese sido presidente del BCE con el apoyo del Bundesbank, podría haberse comportado exactamente igual que lo hizo al frente de la Fed. No es el gobierno de las leyes lo que restringe al BCE, sino el gobierno de las personas. Y por eso la veleta del BCE se moverá según sople el viento de los intereses de esas personas o de quienes gobiernan a esas personas

Los partidos se alternan, los sistemas se reemplazan

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

En Costa Rica la segunda vuelta será entre dos variantes de la socialdemocracia. El profesor y diplomático Luis Guillermo Solís, a la cabeza del Partido de Acción Ciudadana (PAC), se enfrentará al ingeniero Johnny Araya, exalcalde de San José, líder del Partido de Liberación Nacional (Liberación). El PAC es un desprendimiento de Liberación.

Solís parece ser un keynesiano –más Estado para solucionar los problemas del país–, mientras se supone que Araya sostiene una fórmula cercana al mercado. Cualquiera de los dos que gane respetará la ley. Lo que está en juego es la administración del Gobierno y no el modelo político o el sistema económico. En eso fue contundente la sociedad costarricense. Más del 80% rechazó decididamente al Frente Amplio, expresión local de la ruptura marxista con la democracia liberal.

En El Salvador, en cambio, ocurrió algo muy diferente. Se disputarán el poder el maestro Salvador Sánchez Cerén, comunista y excomandante de la guerrilla, quien casi obtuvo el 50% de los votos representando al FMLN, y el dentista Norman Quijano, anticomunista y candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Los dos partidos fueron gestados durante la sangrienta etapa de la Guerra Fría. 

Pero hay algunas diferencias. Sánchez Cerén fue una figura destacada en el conflicto (lo acusan de ser el responsable directo o indirecto de cientos de asesinatos), mientras Quijano no empuñó las armas y se dedicó al deporte, al ejercicio de su profesión de dentista y, llegado el momento, a la política municipal.

Sánchez Cerén aventajó a Quijano en diez puntos en la primera vuelta, pero hay dos circunstancias que mantienen viva la esperanza de Arena: un tercer partido de derecha, el del expresidente Tony Saca, obtuvo el 11% de los votos, mientras se abstuvo de sufragar el 48% de los electores. Quijano piensa que, si logra que los salvadoreños voten, puede ganarle al FMLN. En todo caso, es una tarea enormemente difícil, aunque no imposible.

No obstante, las diferencias entre estas dos figuras son abismales. Si Quijano gana, intentará frenar la inmensa violencia de las maras, reducir la pobreza y aumentar sustancialmente las inversiones privadas para lograr más y mejores empleos, de manera que cientos de miles de salvadoreños pasen a engrosar las clases medias. En el trayecto, como sucede en los países más prósperos del planeta, numerosos empresarios se enriquecerán, pero a Quijano no le importa que haya más ricos. Él es un reformista que desea perfeccionar el sistema. Lo que quiere es que haya menos pobres.

Si gana Sánchez Cerén la historia será otra. Actuará como un marxista convencido de la maldad intrínseca de un sistema de explotación basado en la propiedad privada, en el que los capitalistas se apropian de la plusvalía de los trabajadores, y optará por una economía planificada, dirigida por los bienintencionados burócratas de su cuerda política, en detrimento de un mercado que, según Marx y él, conduce al enriquecimiento de los poderosos y a la progresiva depauperación y alienación de los trabajadores. Ser rico es malo. La propiedad es un robo.

Para lograr el reino de la justicia marxista, Sánchez Cerén, aunque le tome cierto tiempo, tendrá que recurrir a la violencia y a la dictadura del proletariado, algo que moralmente justifican todos los revolucionarios que en el mundo han sido. ¿Qué importan unas cuantas vidas sacrificadas cuando está en juego el destino glorioso de la humanidad? Pregúntenle a Stalin, a Mao, a Castro, a Pol Pot.

¿Cómo lo hará? Seguirá los pasos del socialismo del siglo XXI, como han hecho Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Cambiará la Constitución, prorrogará sine die el mandato presidencial, controlará todos los poderes y se hará cargo progresivamente del aparato productivo. El guión es muy conocido.

Como postulan los comunistas serios, y Sánchez Cerén es uno de ellos, las revoluciones no se llevan a cabo para revocarlas luego en unas ridículas elecciones burguesas. ¿A quién se le puede ocurrir semejante estupidez?

La alternancia en el poder es entre partidos de una misma familia política, no entre sistemas diferentes. Los partidos se alternan, los sistemas se reemplazan. Una sociedad no puede mudar de piel cada cinco años. El viejo símil es cierto: una pecera se puede convertir en una sopa de pescado. Una sopa de pescado no se puede convertir en una pecera.

elblogdemontaner.com

¿Peligra el modelo exportador español?

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“It’s no use trying to export without having something that’s unusual and better” James Dyson           

Esta semana comentaban en un seminario en la City la increíble transformación de la economía española, de un modelo equivocado de demanda interna que ha creado burbuja inmobiliaria y sobrecapacidad en casi todos los sectores productivos, a un modelo exportador y sostenible. Es admirable ver cómo las empresas han reaccionado encontrando nuevos mercados y reduciendo el déficit comercial que nos ahogaba, en un año y pocos meses, hasta alcanzar superávit. El fin del modelo de aeropuertos, puentes, carreteras y estatuas decorativas. 

El modelo exportador es mucho más sostenible. Y el riesgo no es un euro fuerte. España exporta cerca del 50% dentro de la Eurozona, con efecto moneda inexistente, y cerca del 10% a otros países de la Unión Europea, aumentando las exportaciones a Reino Unido a pesar del mantra de “un euro fuerte destroza nuestra competitividad”. Si devaluar fuese la panacea, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones globales.

En 2014, las exportaciones españolas alcanzarán casi el 35% del PIB, creciendo entre un 4,5% y un 5,1% a pesar de dicho euro fuerte.

Los empresarios que han llevado a cabo esa transformación se encuentran ahora con varios retos que merece la pena tener en cuenta.

  • Para un país como España, que exporta bienes de equipo industrial, alimentos, automóviles y química, sobre todo, la decisión de la Unión Europea esta semana de acelerar la retirada de algunos derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) gratuitos es muy importante. Porque la Unión Europea es un 50% de nuestras exportaciones. La subida del coste de CO2, ese impuesto escondido, que ya es del 23% en 2014, llevará de nuevo –como ha ocurrido desde 2006- a menor crecimiento industrial y deslocalización, y menores compras, porque las empresas no pueden asumir más costes tras las constantes subidas de impuestos y tasas. La Unión Europea se las había visto muy felices creando una carga adicional, bajo la supuesta buena voluntad de reducir las emisiones. Ya en diciembre de 2009 escribía yo en Cotizalia “el problema es que se dieron cuenta de que lo que esperaban, CO2 a 40-50 euros por tonelada, no ocurrió, dado que, cuando los mercados trabajan suelen reflejar la dinámica de oferta y demanda y los precios caen. Y el plan no acepta caídas, necesita generar inflación de precio”. Actualmente, el CO2 cotiza a 6,7 euros por tonelada y los costes adicionales de esta nueva medida intervencionista serán un enorme lastre, de nuevo, para el crecimiento, y una nueva fuente de verdadera pérdida de competitividad comparado con Estados Unidos o China, que no implementan estas veleidades de politburó soviético. Curiosamente, Estados Unidos reduce sus emisiones más rápido que Europa, pero sin destruir la economía real ni hundir el crecimiento.

  • Hace ya varias semanas que hablamos del riesgo en mercados emergentes y la transición de China de un modelo de deuda y construcción intensivo a un modelo de crecimiento más moderado.  La ralentización es lenta, pero la tendencia parece clara. Ojo, porque en el mercado de exportaciones si la moderación en el crecimiento es generalizada, la erosión de volúmenes y márgenes en los vendedores suele ser mayor a lo que parecería inicialmente. Por ejemplo, una reducción del crecimiento de China, acompañada de mayores importaciones del resto del mundo, tiene un bajo impacto, pero una moderación global tiene un efecto dominó. Caen las ventas, suben los inventarios en almacenes, bajan los márgenes, sube el capital circulante… Erosión de fortaleza financiera.  Todo esto es relevante para España, aunque el peso de mercados emergentes y China en nuestras  exportaciones no llegue a un 20%.
  • El desplome del comercio internacional. El Índice de contratación de fletes marítimos, el Baltic Dry Index, lleva una caída del 50% en lo que va de año, anulando casi toda la subida de finales de 2013. Las razones son variadas, como explicaba en un post reciente, pero se pueden resumir en que las importaciones de mineral de hierro de China se han reducido de manera muy importante, al tener los almacenes de los puertos a niveles máximos de catorce meses (85 millones de toneladas), y los costes de fletar barcos en los distintos segmentos se han desplomado entre un 7% y un 48% por la ralentización del comercio mundial. Por supuesto, existe un efecto cíclico y de sobrecapacidad de barcos construidos, pero las importaciones de carbón, mineral de hierro y crudo han ido desacelerándose desde hace ya unos meses.

Las importaciones de acero de China no han recuperado los niveles de 2009, a pesar de un crecimiento muy relevante del producto interior bruto.

Tendríamos que ver tres factores para desdeñar estos riesgos que he mencionado en nuestras exportaciones:

  • Un aumento de al menos el 7% en la demanda interna en Alemania y Reino Unido para compensar el efecto en demanda industrial en el resto de Europa por el aumento del CO2. O comprobar que la actividad industrial en Europa repunta a pesar de dicho coste adicional. El hecho de que en España, Italia y Francia la demanda eléctrica y de gas siga cayendo en enero de 2014 entre un 1% y un 2% no es esperanzador. Pero hay que analizarlo a medida que transcurra el año.
  • Un repunte del Baltic Dry Index de al menos el 25%. Es difícil que recupere niveles de septiembre porque una parte de ese índice, los barcos que importan crudo a Estados Unidos, no va a mejorar, ya que los estadounidenses están reduciendo masivamente sus necesidades de petróleo importado gracias a la revolución del fracking.  Eso sí, los que conocen este indicador saben que cuando corrige al alza, lo hace en muy poco tiempo.
  • Que los déficits comerciales de los países emergentes más arriesgados se estabilicen, o, en su defecto, el efecto de parada en seco creado por la Reserva Federal lo supla el Banco de Japón, que seguirá haciendo el hara-kiri monetario que les va a llevar a crecer un triste 1,7% en 2014, destruyendo su balanza comercial y aumentando su ya desproporcionada deuda, elevando la masa monetaria un 40%.

¿Por qué importa el comercio internacional y el transporte de barcos? Porque la correlación con el PIB mundial es altísima, como muestra el grafico inferior, y las expectativas de crecimiento global pueden desinflarse si la ralentización no es estacional como indican algunos analistas, que esperan que repunte de manera agresiva en el cuarto trimestre de 2014. Y eso es lo que a mí al menos me preocupa, que los alcistas fíen toda la recuperación al cuarto trimestre… Y dentro de ese periodo, el 90% a China e India. Puedo darle el beneficio de la duda, pero hay que mantener mucha cautela, tanto por la curva de expectativas como el sorprendente aumento esperado en los últimos meses del año comparado con un consenso que sigue viendo desaceleración hasta mitad de año.

Si persiste la debilidad de las monedas en países emergentes y tienen que intentar controlar la salida de capitales con aumento de tipos de interés de emergencia, el efecto se va acumulando sobre el comercio real, creándose una bola de incertidumbre que retrasa decisiones de inversión. Jamás se han acelerado las inversiones productivas en un entorno de desplome de moneda y aumento de los tipos de interés.

A pesar de todo, creo que 2014 seguirá siendo un buen año para las empresas españolas en el exterior y que el modelo exportador se consolidará. Las empresas que seguimos, que suponen el 38% de las exportaciones del país, tienen su libro de pedidos completo hasta mitad de año. En Europa se está notando un repunte de la inversión productiva, con las compañías francesas y alemanas anunciando aumentos del gasto del 7%, aunque la enorme mayoría es fuera de la Unión Europea.

Aun así, hay que estar alerta. Conocer y no menospreciar los riesgos para, de nuevo, demostrar que las empresas españolas crecen y venden más en las condiciones más complejas, sin necesidad de acudir a soluciones mágicas. Ya saben, cuando lo hacemos bien, en España nos salimos.

Vamos a hacerle pasar un mal rato al Financial Times y a los países que nos dicen que el modelo exportador no funciona, que hay que volver a “estimular la demanda interna”. Que hagan puentes inútiles ellos, nosotros se los diseñaremos y construiremos gustosamente.

Bienes económicos: tiempo, riesgo y normas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los bienes económicos pueden ser clasificados según múltiples atributos: físicos (materiales) o intangibles (inmateriales); presentes o futuros; duraderos (resistentes, estables) o no duraderos (frágiles, inestables, se deterioran por sí solos o se desgastan con el uso o consumo); cercanos o lejanos; muebles o inmuebles; fraccionables o no; seguros o con riesgo o incertidumbre; originales, intermedios o finales (en la estructura de producción y consumo); directos (para uso) o indirectos (para intercambio); específicos o genéricos (para múltiples usos posibles); complementarios o sustitutivos en relación a otros bienes; de uso o consumo rival (no posible por varios agentes a la vez) o no rival; de exclusión fácil o difícil; públicos o privados; con altos o bajos costes de transporte, almacenamiento, mantenimiento, transacción y protección contra el robo; su uso puede requerir mayor o menor pericia; manipulables o transformables de forma controlada con mayor o menor facilidad; fungibles o no; más o menos fáciles de distinguir y falsificar; de mayor o menor calidad; más o menos exclusivos, de oferta más o menos escasa en relación con su demanda; según su relación entre flujo y existencias; bienes posicionales o no; bienes red o no; según sus externalidades positivas o negativas; regulados (sujetos a diversas normas) o no; contractuales o no; condicionados, contingentes, o no; primitivos o derivados; únicos o repetibles; de valoración más o menos invariante respecto a distintos cambios posibles (sujeto, espacio, tiempo, cantidades, posición de comprador o vendedor).

La producción, el uso o consumo y la disposición de los bienes económicos tienen componentes o dimensiones espaciales (localización, distancia) y temporales (duración), están afectados por riesgo e incertidumbre y tienen restricciones y condicionantes jurídicos (leyes y normas, que pueden cumplirse o no).

La acción humana y los procesos naturales transforman unos bienes en otros: los bienes se crean, se modifican, son destruidos (o consumidos); aparecen, persisten y desaparecen; algunos bienes son duraderos, otros se degradan o estropean más o menos deprisa. Para usar o manipular los bienes físicos suele ser necesario estar cerca de ellos, poder controlarlos y recibir los servicios que proporcionan. Espacio y tiempo están relacionados según la velocidad de movimiento: un bien existente lejano sería semejante a un bien futuro en el sentido de que es necesario un tiempo de desplazamiento (además de los costes de transporte) del bien o del usuario para disfrutarlo.

En una estructura económica algunos bienes pasan por distintas fases temporales y productivas mientras van siendo transformados de materias primas originales a bienes intermedios (semifacturados), bienes de capital o de producción (máquinas, herramientas, locales) y bienes finales de consumo; y van siendo distribuidos, movidos o transportados en el espacio desde la naturaleza a fábricas, almacenes (logística), comercios (mayoristas o minoristas) y domicilios. Los bienes indirectos, como el dinero, se utilizan para ser intercambiados por otros bienes o servicios.

Los bienes son valiosos por los servicios que prestan o las funciones que realizan: son útiles. Los bienes finales, directos y presentes, son valiosos subjetivamente por cómo satisfacen algún deseo o necesidad; los demás bienes se valoran por cómo se espera que contribuyan a producir o conseguir bienes finales, o porque dan derecho a recibir algún bien (final o no), siempre teniendo en cuenta (descontando, aplicando un tipo de interés) la preferencia temporal (presente mejor que futuro) y la aversión al riesgo e incertidumbre (seguro mejor que arriesgado, cierto mejor que incierto). Los valores esperados son estimaciones que pueden estar equivocadas o no cumplirse por distintos motivos: fallo técnico en un proceso de producción; error empresarial sobre la demanda de un bien (cantidades y precios de venta); impago de algún derecho de cobro.

El uso de los bienes está regulado mediante leyes generales, derechos de propiedad y normas contractuales específicas. Las diferentes reglas explicitan obligaciones (deberes, compromisos), prohibiciones y derechos (positivos o negativos, opciones). Los agentes económicos son titulares de derechos de propiedad sobre los bienes y pueden emplearlos con diversas restricciones legales, intercambiarlos (compraventas), cederlos temporalmente (alquiler, préstamo) o realizar otras transacciones o contratos mercantiles, comerciales o financieros, primitivos o derivados (futuros, opciones de compra y venta, permutas financieras), relacionados con su entrega y recepción en diferentes condiciones de cantidad, calidad, distribución, presentación, espacio y tiempo. También es posible realizar contratos sobre diferentes servicios o acciones a realizar.

Una cosa es el bien o cosa física, y otra el derecho de propiedad sobre su uso y disfrute, que también es un bien al proteger o asegurar legalmente dicho uso y disfrute: es posible emplear un objeto cuya posesión es ilegal, pero en una sociedad con un sistema policial y judicial adecuado este aprovechamiento resulta efímero y muy costoso (pérdida de lo robado, castigo, pago de compensaciones). Algunos bienes son de propiedad individual, otros de propiedad compartida, la cual requiere alguna regulación entre los múltiples dueños para evitar conflictos por incompatibilidad.

Algunos bienes son derechos legales o contractuales. Ciertos bienes son derechos sobre la participación, gestión y recepción de posibles beneficios de grupos humanos, empresas o proyectos colectivos (acciones, ciudadanía). También existen derechos de cobro o recepción de ciertos bienes determinados (deudas, obligaciones): acreedor de deuda monetaria; dueño de un contrato de futuro. La emisión de bienes futuros contractuales tiene costes múltiples: costes de transacción para llegar al contrato (búsqueda e investigación del crédito de las partes, negociación de condiciones y precios, formalización contractual); costes de documentación o certificación; costes de las obligaciones que implican los contratos.

La deuda es para el acreedor un derecho de cobro exigible mediante reclamación al deudor en cualquier momento (préstamo a la vista) o al cumplirse un plazo predeterminado: es una promesa del deudor de entregar bienes al acreedor en el futuro (o en cualquier momento presente si se trata de deuda a la vista). Un agente económico puede prestar un bien si la compensación recibida (teniendo en cuenta la preferencia temporal, el posible deterioro del bien y el riesgo de no devolución) es mayor que la conveniencia de disponer de su uso libremente en cualquier momento (teniendo en cuenta los costes de mantener la posesión del bien).

Algunos bienes son derechos que dependen de alguna contingencia, como un boleto para un sorteo, un seguro médico, un seguro de vida; ciertos bienes ejercen como prendas, colaterales o garantías, y pueden perderse por algún incumplimiento contractual. Algunos bienes están condicionados legalmente por decisiones ajenas, como el reparto de dividendos y las decisiones de gestión de una sociedad, los bienes recibidos en préstamo con opción de recuperación por el acreedor, o los bienes sobre los cuales otro agente posee una opción de compra (que puede ejecutarse o no).

Los bienes o activos financieros (acciones, deuda, seguros, derivados) suelen ser transferibles mediante negociación a precios variables en mercados secundarios: pueden intercambiarse por bienes presentes vendiéndolos en mercados secundarios (en el caso de la deuda, en lugar de esperar el plazo de amortización), pero el valor obtenido es a priori indeterminado (no tiene por qué ser el valor facial o nominal). La deuda a la vista es especial porque siempre se tiene derecho a reclamar ya una cantidad de dinero determinada, no sujeta a negociación.

Algunos bienes están en reserva (existencias) y otros están siendo utilizados. Si un agente posee un bien existente que no usa o necesita constantemente y quiere prestarlo pero manteniendo el derecho sobre la disponibilidad del bien en cualquier momento, puede prestarlo a la vista (o con un plazo predeterminado pero con opción permanente de recuperación, o con un plazo muy corto y renovación automática salvo declaración en contra). No hay conflicto entre dos individuos usando de forma incompatible el mismo bien simultáneamente: el prestatario dispone del bien hasta que se lo reclamen (o mientras que no se lo reclamen); el prestamista dispone del bien en cuanto lo reclame. Los receptores que quieran garantizar la disponibilidad más tiempo deben contratar por el plazo deseado y no ceder la opción de recuperación.

En teoría monetaria y financiera suele hablarse de bienes presentes y futuros. Un bien puede ser presente en el sentido de que existe aquí (no ausente) y ahora (no futuro), puede controlarse y se tiene derecho a usarlo. Algunos bienes son presentes y futuros a la vez en el sentido de que son persistentes en el tiempo, son utilizables ahora y se espera que sigan siéndolo en el futuro porque no desaparecen al ser empleados. Algunos bienes son persistentes pero se extinguen al ser consumidos (ciertos alimentos y formas de energía). Un bien puede ser futuro porque aún no existe, aún no se controla o disfruta, o aún no se tiene derecho sobre él; en este último sentido el bien futuro es resultado de un contrato que da derecho a recibir un bien en el futuro; es un derecho existente y conocido en el presente, pero sólo exigible o ejecutable algún momento futuro.

Sin embargo esta denominación sólo resalta la componente temporal y no diferencia, resalta o explicita el factor riesgo, y tiempo y riesgo son fenómenos relacionados pero diferentes. Los derechos a recibir bienes no sólo tienen componente temporal (necesidad de esperar), también tienen componente de riesgo (posible incumplimiento). Son bienes inseguros o inciertos, condicionados al cumplimiento por el deudor de la promesa realizada. El derecho puede madurar o ser a la vista o ya inmediato (sin componente temporal) pero el riesgo de impago aún existe: no es lo mismo tener ya un bien que tener ya el derecho a recibir ese bien ya de otro agente, porque la otra parte puede no cumplir con su deber de entrega o provisión (porque no quiera o porque no pueda).

Casi todos los activos financieros son bienes contractuales futuros; sin embargo algunos son exigibles en todo momento por una cantidad de dinero o bienes previamente especificada, como el depósito a la vista o las opciones de compra o venta ejecutables a la vista (durante su plazo de vigencia), que están determinadas en cantidad de dinero a cambio del bien correspondiente. El depósito a la vista es un derecho mantenido en reserva para ejecutarlo cuando se desee, y además tiene la utilidad presente de poder emplearse como medio de pago generalmente aceptado, transfiriendo el derecho por su valor nominal en lugar de dinero en sentido estricto.

El dinero mercancía que surge espontáneamente en el mercado libre es un bien físico presente indirecto. Es una institución social que no depende de ningún acuerdo o consenso legal y no da derecho a exigir nada: su valor depende de que sea aceptado voluntariamente de forma generalizada como medio de intercambio.

El depósito o billete bancario a la vista es un bien contractual presente con riesgo: es deuda de dinero (un derivado monetario), con componente temporal potencialmente nula (salvo el tiempo de reclamar y recibir la devolución, a partir de cualquier momento el prestamista no tiene por qué esperar más), pero riesgo de impago (normalmente casi nulo, ya que si no no sería un medio de pago generalmente aceptado).

El dinero recibido por el banco en un depósito a la vista es un bien presente pero de disponibilidad condicionada, sujeto a la posible obligación de devolverlo en cualquier momento (y si ese dinero ha sido a su vez prestado, con el riesgo de no recuperarlo). El depósito a la vista (y el billete convertible) es para el cliente un bien presente con riesgo: es un derecho presente sobre un bien presente (dinero) pero con la posibilidad de impago; el impago impondría una componente temporal, la espera por reestructuración de la deuda o el proceso de liquidación del banco.

Deflación: ¿más ahorro o más deuda?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En el Partido Popular andaluz todo el mundo espera la designación del nuevo líder que lleve al partido al poder autonómico. Después de 35 años de progresismo ruinoso, descamisao y trincón, parece que ya toca enviar a los socialistas a la oposición a hacer recuento de todo lo recaudado, tarea que llevará su tiempo, y eso que la juez Alaya está echando una mano haciéndoles una auditoría externa.

El sabio manejo de los tiempos de Rajoy y la peculiar interpretación del concepto de democracia interna en el PP están dilatando innecesariamente una decisión que debería haberse adoptado mucho tiempo atrás, cuando el escandalazo de los trinques sindicales ya se había sumado al no menos salvaje de los ERE y Susana Díaz todavía no había eclosionado como secretaria general de la ONU ibérica para solucionar los conflictos tribales de la península.

La situación de interinidad en el PP andaluz ha impedido una oposición eficaz que rentabilice electoralmente el descomunal fracaso socialista y sus agudos perfiles delictivos, permitiendo a la sustituta de Griñán ejercer de embajadora plenipotenciaria, a la que ya sólo le falta viajar a Oriente Próximo a mediar en el conflicto palestino- israelí para que moros, cristianos y judíos estén más a gustito.

Con el congreso regional exprés anunciado para marzo, el Partido Popular puede empezar a hacer oposición, aunque sea con dos años de retraso. Solo falta que Mariano señale con su dedo incorrupto de toda gürtelidad a la persona elegida: tú eres fulanito y sobre ti edificaré mi partido en la tierra de María Santísima. A ver si esta vez ya sí.

El dedo incorrupto de Rajoy

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Finalmente, el gozo de aquellos que esperaban que Mario Draghi anunciara este jueves un paquete de medidas inflacionistas para contrarrestar el “riesgo” de deflación en la Eurozona ha terminado hundiéndose en un pozo. Al menos, por el momento. El presidente de la institución aclara que no ve deflación en el horizonte, sino “inflación baja” y que ello no es necesariamente algo negativo que haya que contrarrestar mediante el activismo monetario de la institución.

La decepción entre periodistas y analistas sólo ha encontrado un cierto sosiego espiritual ante la expectativa de que en marzo, cuando el BCE presente sus previsiones de PIB e IPC, termine llegando el festín monetario. A muchos les resulta incomprensible que, con la deflación acechando las murallas de la Eurozona, el banco central se mantenga por ahora de brazos cruzados, esperando a que el Viejo Continente se infeste de la enfermedad japonesa. Muchos sienten auténtico pánico hacia la perspectiva de una deflación, pero ¿por qué?

¿Por qué hay inflación y deflación?

La inflación o la deflación (entendidas como alzas o caídas generalizadas de precios) acaecen cuando la oferta de bienes y servicios de una economía es inferior o superior —respectivamente— al poder adquisitivo de sus medios de pago. Si, en términos de valor, hay menos bienes que medios de pago, habrá inflación; si hay más bienes que medios de pago, habrá deflación. Por expresarlo de un modo algo más gráfico: la inflación son medios de pago persiguiendo bienes y la deflación son bienes persiguiendo medios de pago.

Las inflaciones y deflaciones primitivas estaban ligadas a la sobreabundancia o carestía del dinero que se usaba como moneda: si súbitamente se descubría una mina de oro, los precios de los bienes subían; si durante mucho tiempo no había ningún descubrimiento minero y la producción de mercancías seguía aumentando, se extendía una tendencia hacia la minoración de precios. Se trataba de ajustes que, aun cuando podían implicar sus complicaciones, terminaban siendo bastante inocuos para la coordinación económica. En las economías modernas, sin embargo, las inflaciones y deflaciones ya no dependen esencialmente de la producción relativa de “dinero base” con respecto al resto de mercancías, sino de un factor potencialmente mucho más devastador: el crédito.

El crédito permite a los agentes económicos hacer un uso presente de su renta futura: básicamente, comprar hoy y pagar mañana. Como tal, es una poderosa herramienta que facilita la coordinación y la división del trabajo pero, si se abusa de él, puede acarrear efectos muy dañinos sobre la sociedad. Por ello, muchos creemos que el crédito debe mantenerse dentro de unas sanas proporciones que vienen limitadas por la disponibilidad de renta real dentro de esa sociedad. Es decir, para que alguien haga uso de su renta futura, alguien tiene que renunciar temporalmente a su renta presente (ahorro).

En este sentido, la inflación y la deflación modernas son síntomas de un cierto abuso social del crédito: la inflación indica que estamos comprando demasiadas mercancías presentes con cargo a la renta futura (que estamos comprando mucho hoy con la promesa de pagarlo mañana) y la deflación que estamos usando parte de nuestra renta presente para pagar parte de nuestras compras pasadas (es decir, que destinamos parte de la producción presente a honrar las promesas que hicimos ayer).

El crédito sano no genera ni inflación ni deflación: al contrario, contribuye a estabilizar el poder adquisitivo del dinero y, por tanto, el nivel general de precios. El crédito insano genera primero inflación y luego deflación. No es que la primera sea buena y la segunda mala ni a la inversa, sino que son dos síntomas de insalubridad previa: primero inflamos la burbuja del crédito abusivo y luego ésta se desinfla. Primero nos sobreapalancamos —con las consabidas subidas de precios— y luego no desapalancamos —con los consabidos retrocesos de los precios—. Por desgracia, muchos se niegan a aceptar la dura pero necesaria medicina deflacionista como vía para desandar los pasos en falso previos, de modo que proponen huir hacia adelante: nada más huelen la deflación (aunque sea en forma de baja inflación), corren prestos a reclamar al banco central o al Gobierno que vuelva a expandir insanamente el crédito, esto es, que vuelva a fomentar el crecimiento de la deuda por encima de la disponibilidad real de bienes. Su argumento es sencillo: las caídas de precios son devastadoras para una economía y hay que combatirlas a toda costa, aunque sea fomentando una nueva ronda de sobreapalancamiento generalizado. Pero, ¿tan peligrosa es la deflación como para no poder desengancharnos de la droga de la deuda barata?

Los posibles problemas de la deflación

Conviene dejar claro desde un principio que la deflación —entendida como caída generalizada de precios— es un síntoma de nuestros más hondos problemas (el hiperapalancamiento) y no su causa. Nuestras dificultades vienen de que el sistema ha llegado a un punto de saturación de deuda en relación con su capacidad real para amortizarla y resulta necesario reorganizar nuestras estructuras productivas y financieras para corregir semejante acumulación de errores. Esta reorganización no debería —y a estas alturas probablemente ni se pueda— efectuarse huyendo hacia adelante, esto es, fomentando un mayor endeudamiento social con tal de seguir implementando planes de negocio burbujísticos o de muy bajo rendimiento. De ahí que la salida inflacionista sería en todo caso una salida en falso —como la burbuja inmobiliaria fue una salida en falso de la burbuja de las puntocom—.

Ahora, nada de lo anterior significa que la deflación de precios derivada de una contracción crediticia no conlleve en sí misma dificultad alguna para una economía. Por más que se trata de dificultades inexorables en la salida de una crisis provocada por la sobredosis inflacionista de deuda, es cierto que una caída generalizada de precios —al igual que una subida generalizada— resulta potencialmente distorsionadora en dos ámbitos: la coordinación productiva y la coordinación financiera.

Por lo que respecta a la coordinación productiva, la deflación puede implicar caídas desiguales de precios: dado que todos los precios no son igualmente flexibles —ni al alza ni a la baja—, el reajuste de éstos puede implicar cambios en la estructura de precios relativos que acarreen mermas de rentabilidad en ciertos sectores. Dos casos resultan paradigmáticos: el primero, que los precios de las mercancías caigan más que los salarios, de modo que el margen de ganancias de muchos empresarios termina erosionándose; el segundo, que los precios del resto de divisas extranjeras con respecto a la nacional desciendan más rápidamente que los precios internos (es decir, que nuestro tipo de cambio se aprecie más de lo que se abaratan nuestras mercancías interiores), de modo que el margen de ganancias de nuestra industria exportadora también termina deteriorándose.

Por lo que respecta a la coordinación financiera, sabido es desde Irving Fisher que las caídas de precios aumentan el saldo real de las deudas: dado que los ingresos nominales se reducen, pero el saldo nominal de las deudas no lo hace, las dificultades para hacer frente a nuestros pasivos son crecientes con la deflación (lo que eventualmente podría terminar condenando a algunas de esas compañías a la bancarrota).

Nótese, por cierto, que entre los riesgos de la caída de precios no he colocado ese tan mentado como irrelevante diferimiento del consumo ante la expectativa de menores precios futuros: y no lo hago porque, al contrario de lo que se asume, una reducción del consumo resulta positiva para resolver los problemas de coordinación que sí suele acarrear la deflación.

Y es que la forma de paliar las posibles descoordinaciones a que den lugar las reducciones de precios es volviéndonos más adaptables ante los cambios: a saber, disponer de mercados más libre y flexibles (donde precios y costes puedan ajustarse con mucha más fluidez que ahora) y aumentar nuestro ahorro (tanto para amortizar las deudas y volver escasamente relevante el efecto de su encarecimiento en términos reales cuanto para acumular más capital y volvernos más productivos y competitivos a pesar de la apreciación de nuestro tipo de cambio). En el fondo, pues, la manera de contrarrestar aquellos problemas que puedan surgir de la deflación de precios es justo la misma que tenemos para solucionar las causas últimas por las que la deflación hace su aparición: necesitamos mercados más libres y más ahorro público y privado.

En suma, no existen recetas mágicas ni caminos sencillos. Tampoco la estrategia inflacionista lo es, por mucho que los aduladores del envilecimiento monetario insistan en alabar su plétora de virtudes sin contraindicaciones (virtudes que nos han conducido a la crítica situación actual). En el fondo, pues, el debate puede reducirse a términos relativamente asequibles: ¿queremos un crecimiento basado en el ahorro o uno basado en el endeudamiento? ¿Aspiramos a deshacer los entuertos pasados o confiamos en legárselos, corregidos y aumentados, a la generación venidera? Mi elección la tengo clara: el problema es que, me temo, el BCE también y no para bien.

La Pirámide del Gobierno

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

 “Es difícil imaginar una manera más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que poniendo esas decisiones en las manos de gente que no pagan ningún precio por estar equivocados”.

Thomas Sowell.

Cuando el científico David Kritchesky afirmó en los años 80 que “en América no tememos más a los comunistas o a Dios, tememos a la grasa”, reveló una verdad profunda. La América de Ronald Reagan, mientras asistía al desmoronamiento del Muro de Berlín, cimentó las bases grasofóbicas de una de las más poderosas creaciones del Gobierno americano: su Pirámide.

Mientras la oveja Dolly marcaba uno de los grandes hitos de la ciencia de finales del siglo pasado y la gran voz de Freddy Mercury se apagaba para siempre, la página de nuestros calendarios señalaba que nos encontrábamos en 1991. La nueva religión del bajo en grasas y alto en carbohidratos ya por aquel entonces daba cabida en su credo a la inmensa mayoría de estadounidenses y occidentales, especialmente tras la publicación de los textos sagrados de los Dietary Goals en 1977 por parte del Gobierno.  Que aquellos Dietary Goals se promulgaran, por cierto, seis días antes del traspaso de poderes presidenciales de Gerald Ford a Jimmy Carter tuvo un doble significado: el oficial cambio radical de paradigma nutricional y un trágico consenso de republicanos y demócratas por implantar la nueva fe pagana.

En aquel proceso de implantación gubernamental, 1991 fue un año importante. Y lo fue porque el Departamento de Agricultura de EEUU (en adelante, el USDA) comenzó a diseñar lo que sería el fruto más acabado de aquella gesta intervencionista: la Pirámide Alimentaria.  Para aquella tarea, el entonces gobierno de George H. Bush había designado a Edward Madigan como cabeza de la Secretaría de Agricultura. Tal como cuenta Denise Minger en Death by Food Pyramid, como si de un elefante en una cacharrería se tratara, Madigan entró en el cargo sólo dos semanas después de conocer a través de la prensa que el USDA tenía la tarea de reformar la primera pirámide provisional promulgada ese mismo año.

En el fondo, la mera idea de que había que reformar aquella primera pirámide alimentaria sólo producía sospecha: probablemente los lobbies estaban detrás. Como era de esperar,  la Asociación Nacional del Ganado se sintió maltratada por ocupar un muy pequeño hueco en la Pirámide. La industria láctea, otro tanto. Visualmente, mientras la carne y los productos animales parecían quedar relegados al cuarto de atrás que nadie enseña de la casa, los cereales disfrutaban del espacio del salón-comedor principal.

Pocos días antes de que Madigan se reuniera con la industria de la carne, el New York Times añadía más leña al fuego atacando a los productos animales. El fervor grasofóbico de la masa americana se crecía por momentos, y los lobbies pro vegetarianos se hicieron fuertes solicitando la eliminación de la carne por completo de la Pirámide. En medio de aquel partido, había algo que sin duda le resultaba evidente al ciudadano medio: el Gobierno parecía antes rehén de los grupos de presión que servidor del pueblo americano.

Pero el problema real era de partida. Como afirma Marion Nestle en su libro Food Politics, “el USDA es el responsable de la agricultura. Ése es su trabajo. La nutrición no es su trabajo”.  Poco después, Nestle recibió múltiples cartas anónimas de trabajadores del USDA que confirmaron que aquella pirámide estaba siendo confeccionada por los grupos de presión.

Después de un año, cientos de borradores de la nueva pirámide y casi 1 millón de dólares de los contribuyentes, se lanzó al mundo entero la nueva pirámide alimentaria del USDA. Era abril de 1992. Realmente la nueva no difería mucho de la anterior: espaguetis en lugar de macarrones, un tipo de queso algo distinto y la eliminación del cartel ‘Come correcto’ por petición de la compañía Kraft que usaba aquel eslogan.  Es decir, cambios cosméticos que podría haber hecho un niño de 5 años en pocos minutos. Pero el sermón no cambiaba en lo fundamental: la Tierra Prometida estaba pavimentada no de asfalto, sino de cereales.

Aquella pirámide fue sin duda algo: un inequívoco triunfo del proceso político, que acabó con la variante anterior y de paso con la salud de millones de occidentales. El nuevo menú que prometía pantalones de menor talla y arterias más limpias no dejó, sin embargo, de cosechar críticas. Candy Sagon del Washington Post afirmó que “Los egipcios construyeron pirámides para las personas muertas. Ahora, el USDA elige la pirámide como guía alimentaria. ¿Hay aquí un mensaje?”. Cuando en 1994 el Journal of American Dietetic Association pretendió ayudar a los norteamericanos a poner en práctica aquella pirámide alimentaria, le hizo un flaco favor al USDA y al propio Gobierno: aquella terrible pirámide resultaba cualquiera cosa menos racional. Las patatas fritas o el ketchup contaban como vegetales. Aquel ridículo público consiguió que muchos nutricionistas se dieran de baja de aquella revista científica empeñada en seguir los dictados absurdos del Gobierno.

No obstante, cualquier intento de resistencia fue inútil. La nueva religión del bajo en grasas alto en carbohidratos simbolizada bajo el estandarte de la Pirámide del Gobierno tuvo un marketing arrollador. Y no era para menos: contaba con el pozo sin fondo de los bolsillos de los contribuyentes para financiarse. Como un consumidor proclamó en un grupo de estudio de los Dietary Guidelines: “La pirámide alimentaria fue parte de mi vida cuando crecí. Estaba en mi cabeza cada vez que elegía un alimento”. Desde etiquetas de alimentos, juegos infantiles, posters…, la victoria ideológica de la Pirámide se gestó a base de omnipresencia. Incluso las escuelas fueron obligadas a enseñar como el Padre Nuestro aquella Pirámide antes de pasar por la cafetería con pizzas y pasteles de manzana.

El nuevo proyecto de ingeniería social, hecho más a base de carbohidratos y política que de otra cosa, llegaba para quedarse. Pero el proceso había comenzado antes de que se pusiera la primera piedra de la nueva Pirámide. Mucho antes.

@AdolfoDLozano/ www.juventudybelleza.com

Conferencia Reny Bale: El socialismo del siglo XXI

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Vídeo.

Reny Bale, de Guatemala, explica el funcionamiento y actividades del CEES, el alma máter de la Universidad Francisco Marroquín. Eneas Biglione, director de HACER -organización dedicada a difundir las ideas de la libertad en América Latina y la comunidad hispana de Estados Unidos-, explica el ascenso de Hugo Chávez al poder y la extensión del socialismo del siglo XXI por todo el continente. Hugo Vera, de Paraguay, relata como están las cosas tras el triunfo del populista Fernando Lugo, que se ha añadido al eje chavista, mientras Rafael Sáustegui se centra en el Ecuador.