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Inmigración (VII): hacer lo correcto

"No hay suficientes canales legales abiertos para aquellos que quieren migrar y cuyo trabajo puede ser requerido". Brunson McKinley.

"El verdadero debate es entre aceptar y negar la realidad. La raíz del problema es que demasiados extranjeros han estado persiguiendo demasiadas pocas visas". Álvaro Vargas Llosa.

"Permitir más inmigrantes legales, curiosamente, podría reducir el número de inmigrantes totales". Steve Chapman.

 "Los procesos migratorios son de naturaleza a largo plazo, mientras que el ciclo de la política es esencialmente a corto plazo y, a menudo, determinado por la duración de los periodos electorales". Stephen Castles.

"Cargar una tarifa (de entrada) sería una manera mucho más eficiente de controlar la migración que el uso de cuotas y otros sistemas de control burocrático". Gary Becker.

El actual régimen migratorio impide que la mayoría de las personas honestas y trabajadoras de otros países que quieran mejorar su situación puedan hacerlo legalmente. El fenómeno de la migración por el mundo es pertinaz porque existen detrás poderosas motivaciones. Los trabajadores no especializados tienden a ser menos en las naciones desarrolladas, mientras hay abundancia de ellos en los países no desarrollados. Por desgracia, la inmigración clandestina es actualmente mucho más eficiente que la legal porque esta última no responde a las verdaderas necesidades de la economía y, con sus numerosos y prolongados trámites, tiende a la escasez. Ésta es consecuencia de la planificación burocrática.

Una alternativa para mitigar los flujos migratorios sería intensificar los intercambios comerciales y suprimir todo tipo de barreras de entrada a los productos provenientes de los países exportadores de mano de obra. Permitir decididamente la especialización de los países en vías de desarrollo es una buena opción, pero es insuficiente. La inmigración sigue siendo necesaria.

Ésta hace posible que la mano de obra se acerque al capital. Reduce, por tanto, la miseria de los más pobres. El proceso inverso –el trasladar el capital hacia donde se encuentra la mano de obra abundante- no es fácil ni inmediato en nuestra presente semi-globalización. La seguridad jurídica e institucional necesarias para ello es difícil de lograr y sostener en buena parte de los países en vías de desarrollo.

Como ha dejado escrito el analista del Cato Institute, Alex Nowrasteh, toda la seguridad del mundo no podrá separar a los trabajadores migrantes con determinación de llegar adonde están las oportunidades económicas. Es necesario, por tanto, realizar un acercamiento más realista y flexible al fenómeno de la movilidad internacional de trabajadores por parte de los gobiernos de los países de acogida.

Los políticos deberían dejar de centrar los debates en si "amnistiar", encarcelar o deportar a los "ilegales" y enfocarse en tomar medidas razonables e inmediatas para dejar de engordar su número. La historia, además de la economía, sugiere que la mejor manera de hacerlo es facilitando más canales legales para acoger a los trabajadores extranjeros. Por increíble que parezca, los inmigrantes prefieren vivir de forma legal antes que en la economía sumergida, donde apenas pueden mejorar sus condiciones de trabajo, donde no tienen acceso al crédito, no pueden aumentar su productividad y donde se enriquecen injustamente a su costa los traficantes humanos y los falsificadores de documentos.

Consecuentemente, se debería regularizar (no amnistiar) la situación de millones de inmigrantes en situación irregular (mal llamados "ilegales") que estén ya trabajando de facto y viviendo entre nosotros a cambio de que abonen una tasa razonable y pasen los necesarios filtros por motivos de seguridad. También, para evitar tener que regularizar la aparición de nuevos "ilegales" en el futuro, lo más sensato sería tumbar las regulaciones contraproducentes así como flexibilizar los costes burocráticos y, por tanto, facilitar considerablemente en los países prósperos la concesión de visados o permisos de trabajo. Hoy día son desesperantemente escasos los otorgados por las autoridades. De esta forma, se ampliarían los canales legales para entrar en un país y se canalizarían a los inmigrantes hacia el mercado legal, mejorando su situación jurídica y reduciendo su explotación por mafias o empresarios sin escrúpulos. Se impulsaría asimismo la inmigración circular o de retorno ya referida en otro comentario anterior.

Los políticos y burócratas han de entender que para combatir la existencia de cualquier mercado negro se ha de reducir irremediablemente los costes de la legalidad. No integrar a los inmigrantes en el mercado legal cuesta a la sociedad en su conjunto mucho más que mantenerlos en la clandestinidad.

Esto no excluye, por supuesto, el hacer el debido y necesario control por parte de las autoridades por motivos de seguridad y de prevención de entrada de criminales en el país de acogida. Dichas medidas no solo serían políticamente correctas sino moral y económicamente acertadas.

Pero reducir los costes de entrada no quiere decir en absoluto convertir la legalidad de inmigrar en gratuita ni en automática. Debiera establecerse un mercado de derechos de inmigración y desmantelar buena parte de las disposiciones restrictivas a la inmigración que existen en la actualidad decretadas desde los diferentes gobiernos centrales. La solución radical propuesta por Gary Backer me parece la mejor alternativa al embrollo de reglas de racionamiento que tenemos en la actualidad. Es decir, debemos pensar en la inmigración como un mercado y, por tanto, ante el exceso actual de demanda por entrar en los países ricos debería subir el precio del acceso a las ventajas que éstos ofrecen.

De hecho, existe desde hace tiempo la práctica asentada en muchos Estados de vender derechos de residencia a los ricos extranjeros. Tenemos en España experiencia reciente en aprobar el otorgamiento de permisos de residencia a extranjeros condicionados a que compren inmuebles por un importe determinado. Esto no significa ni mucho menos que se deba de desembolsar siempre semejantes cantidades. Bastaría con poner un precio suficientemente elevado, pero asequible, para poder tener derecho a la entrada legal en el país de acogida; una cantidad suficiente para poner en valor el derecho a inmigrar pero no excesiva para lograr expulsar a las mafias del mercado. Al fin y al cabo el inmigrante ya paga un precio nada despreciable a mafias y falsificadores de documentos ante la desesperante escasez de medios para entrar legalmente. No se trata del precio sino de a quién ha de pagarse.

El monopolio de entrada legal a cada país lo tiene actualmente en exclusiva su gobierno nacional por lo que puede modular el precio hasta hacer muy poco atractiva la entrada ilegal concurrente. Con ello se lograrían dos objetivos simultáneos: disminuir el volumen de inmigrantes ilegales y dotarse de una fuente de ingresos para el Estado con la que poder reducir la presión fiscal a los nativos contribuyentes.

Si a algunos les pareciera inaceptable establecer tarifas de entrada al inmigrante sin recursos y sin posibilidad de financiarse, para estos casos se podrían retomar los programas de "trabajadores-huéspedes" o de trabajadores temporales que existieron en pasadas décadas pero adaptados a las necesidades actuales para lograr una solución satisfactoria para la seguridad y el control de sus flujos. Estos programas deberían regirse por los siguientes principios: todos los trabajadores extranjeros con intención de residir más de un cierto número de meses en un país debieran ser rápidamente provistos de documentación de identidad, los permisos de residencia debieran ser, al menos inicialmente, de corto plazo y fácilmente renovables, el estatus legal del trabajador temporal debiera ser semejante al del turista que reside temporalmente en el país de acogida (es decir, no debiera ser un camino automático para la ciudadanía ni para la obtención de derechos sociales), debiera evitarse una onerosa burocracia y no permitir la gestión gubernamental del mercado de trabajo migrante sino la participación al sector privado en las labores de colocación. El trabajador temporal debiera depositar al inicio una fianza a la entrada que fuese reembolsable a la salida (una vez comprobado que ha cumplido con todos los requisitos del programa de "trabajadores-huéspedes" y demás leyes del estado de acogida), los trabajadores temporales debieran buscarse un empleador/patrocinador (o, en su caso, su sustituto cuando terminen su anterior empleo) en un periodo de tiempo razonablemente corto (caso de no encontrarlo debiera dejar el país y recuperar su fianza) y, por último, debieran aplicarse penalizaciones (económicas y/o prohibición de entrada futura) para aquellos que no cumplan con el programa de trabajo temporal pues no habría justificación para trabajar fuera del sistema, especialmente el que tiende o favorece la libre entrada.

Además, si los sindicatos están de verdad preocupados acerca de los abusos que sufren ciertos trabajadores inmigrantes temporales, la solución sería defender que los visados sean portables y no estén ligados a un empleador concreto para que así el trabajador extranjero tenga poder de negociación ante el empleador y no se vea atado a él.

Sea cual sea el mecanismo elegido para flexibilizar las fronteras y liberalizar las leyes de inmigración, sería absolutamente necesario adoptar otra serie de medidas complementarias, como se tratarán en comentarios posteriores, para evitar que se exacerben los conflictos con los nuevos llegados o que el temor de los nativistas a una "avalancha" se vea alimentado. Se tendría, pues, que: restringir en todos los casos a los recién llegados el derecho a los beneficios de cualquier ayuda social hasta que no se haya contribuido, al menos, un número suficiente de años; se deberían abandonar las políticas de multiculturalismo y de discriminación positiva, también se debería limitar mucho más el derecho de voto a elecciones generales –no así a las locales- hasta cumplir una serie de requisitos. Se deberían enfocar finalmente los recursos existentes, tanto de los agentes de frontera como de los encargados del orden público, en evitar actuaciones realmente delictivas (y no desperdiciarlos como ocurre en la actualidad en perseguir y detener a "ilegales" como si fueran delincuentes). Todo ello sería imperfecto pero mucho mejor que, tal y como denuncia Bryan Caplan, tratar a los inmigrantes peor que a los extranjeros.

Asimismo se debería dar participación en la decisión de entrada de trabajadores extranjeros a las entidades administrativas locales y municipales, más cercanas al ciudadano, que son las que más directamente se ven afectadas con la llegada de foráneos, aunque sólo sea para acordar con ellas la dotación de recursos necesarios para el mantenimiento de infraestructuras básicas o para garantizar el orden público. Hoy en día la competencia sobre asuntos migratorios está atribuida con muy pocas excepciones y en exclusiva a los gobiernos centrales. Esto debería cambiar: las administraciones locales deben participar también en dicha gestión como ocurre ya en la actualidad con Canadá.

Ciertamente, para desactivar los terrores nativistas, sería muy recomendable también establecer inicialmente topes de entrada de trabajadores extranjeros mucho menos estrictos que los actuales; pero topes a fin de cuentas. El propio Hayek desaconsejaba una llegada masiva y repentina de inmigrantes a un país concreto porque daría pie a reacciones nacionalistas descontroladas y peligrosas. Una cosa es ser liberal y proclive a una mayor apertura de fronteras y otra cosa completamente distinta es ser un defensor extremista de una idea sin importar sus consecuencias prácticas. En este sentido, Julian Simon proponía que se estableciera un objetivo para aceptar extranjeros (el 0,5% o el 1% como máximo de la población total en ese momento) para, una vez alcanzado, comprobar si hubieran surgido o no externalidades importantes. Caso de que se verificasen, se frenaría el proceso de apertura de fronteras por un tiempo. Si no las hubiera, se marcarían nuevos objetivos para la aceptación o acogida de nuevos trabajadores foráneos.

Intentar desplazarse para buscar un futuro mejor para sí y para su familia es legítimo y es éticamente irreprochable. Aquellas leyes que establecen cuotas o restricciones excesivas a la inmigración y que, por tanto, convierten en "ilegales" o "criminales" a los trabajadores por el mero hecho de haber nacido en otros lugares son leyes inmorales e injustas. Sólo las acciones pueden llegar a ser ilegales, nunca las personas. Un sistema burocrático que clasifica a las personas como ilegales por su sola procedencia es un sistema fundamentalmente erróneo y precisa ser reformado en su integridad.

Los empecinados defensores del actual statu quo similar a un Apartheid Global de leyes restrictivas de entrada a extranjeros pueden insistir en que éstas siguen siendo ley al fin y al cabo, pero habría que recordarles que a lo largo de la historia del hombre no pocas cosas inmorales o estúpidas fueron leyes como sucedió con la esclavitud, la propia Ley seca o las denominadas leyes de Jim Crow. Recuerdo siempre en estos casos a F. Bastiat que argüía que las leyes, para lograr que sean respetadas, antes que nada han de ser respetables. Cuando hay un desacato generalizado de las mismas (por parte de inmigrantes indocumentados y de nacionales deseosos de contratar con ellos) sin formar parte de un complot es que van en contra la propia naturaleza humana. Los nativistas/restriccionistas a la inmigración pese a ampararse en la ley vigente padecen la misma miopía que tuvieron en su momento los esclavistas, los prohibicionistas del alcohol o los segregacionistas. Ciertamente defendían esas específicas leyes vigentes de su época, pero eran leyes manifiestamente injustas y contraproducentes.

Defender la rule of law no quiere decir defender incondicionalmente cualquier medida que sea aprobada legalmente. Las leyes han de ser, además, legítimas y aquellas que violan derechos básicos de las personas deben ser revocadas como lo fueron en su momento las leyes de esclavitud, las leyes de segregación racial o la 18ª Enmienda de la Constitución de los EEUU.

El profesor de filosofía de la Universidad de Ohio, Mark LeBar, ha expresado el estado actual de cosas de forma meridianamente clara, tal y como hacen siempre los buenos pensadores. La inmigración ilegal es, según este profesor, uno de los pocos asuntos problemáticos de la agenda política actual que realmente se podría solucionar con una varita mágica: legalícese.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVV y VI.

La sanidad sí debe ser un negocio libre y lucrativo

Es común escuchar que la sanidad no puede privatizarse por tratarse de un servicio demasiado importante en nuestras vidas; que la sanidad no ha de ser un negocio sino un servicio público y, por tanto, no debería moverse por el ánimo de lucro, sino en la preocupación por las necesidades del paciente. Algunos incluso llegan al extremo de afirmar que la sanidad pública por fuerza ha de ser más barata que la privada, en tanto nos ahorramos el margen de beneficios. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones tiene demasiado fundamento: y es que, justamente por ser la sanidad tan importante, deberíamos permitir una pujante experimentación descentralizada entre distintos modelos organizativos (libertad en el lado de la oferta) que fueran validados o rechazados por un cliente con capacidad real de decisión (libertad en el lado de la demanda).

La sanidad, un negocio

A la postre, un negocio es tan sólo eso: una forma de organizar los factores productivos para ofrecerle al cliente un conjunto de servicios a un determinado precio. Si los costes asociados a esa organización de los factores son inferiores al valor que les atribuye el cliente, entonces ese modelo de negocio obtendrá ganancias, lo que indicará que, hasta el momento, ha sido una organización acertada; si, en cambio, el coste de la organización es superior al valor que le atribuyen los clientes, acumulará pérdidas, lo que indicará que debe reinventarse. A su vez, si un determinado modelo de negocio obtuviera ganancias gigantescas y extraordinarias (esto es, si fuera capaz de producir un servicio muy valioso a un coste muchísimo más bajo que la competencia), estaría señalizando a sus rivales que ésa es la manera óptima de proveer el servicio, procediendo éstos a emularla en un movimiento que tendería a mejorar la calidad del servicio y a abaratar su coste. No en vano, allí donde predomina la libre competencia entre proveedores sanitarios, los resultados en términos de rebaja de costes y de mejora de la calidad son simplemente espectaculares.

Que la sanidad española no sea un sector abierto a la competencia —o, mejor dicho, que sólo esté muy limitadamente abierto a la competencia para aquellos clientes con renta disponible suficiente para pagarse un centro privado después de soportar la mordida fiscal— no modifica que siga requiriendo de un modelo organizativo que busque mejorar el servicio y abaratar el coste. Tan sólo destroza los incentivos y los mecanismos de realimentación con los que sí cuenta un sistema abierto, descentralizado y competitivo frente a uno cerrado, centralizado y monopolizado. En la sanidad pública no son los empresarios con buenas ideas los que se estrujan los sesos para montar una clínica o un hospital que encaje bien con las exigencias de servicios y de coste de sus clientes, sino que es el burócrata de turno —rodeado de decenas de grupos de presión, cada cual con sus intereses regulatorios particulares— quien de manera solipsista debe organizar todo el sistema sanitario para imponer sus gustos y sus preferencias particulares sobre las de los usuarios finales. A saber, el usuario de la sanidad es el último mono a la hora de decidir cómo organizarla: éste sólo tiene la opción de pagar y callar, aceptando estoicamente la gestión arbitraria que el burócrata efectúa con el dinero que le extrae forzosamente.

La implicación de todo ello es obvia: ¿qué incentivos posee un burócrata sanitario en reducir costes alterando un modelo organizativo que incluso él mismo puede juzgar como caduco? ¿Qué presión siente a buscarse problemas batallando con los lobbies que se lucran de una particular organización del sistema —personal, proveedores, cargos intermedios, competidores, etc.— cuando puede vivir plácida y cómodamente manteniendo el modelo en su forma actual e incluso incrementando el gasto público en beneficio de todos los lobbies y en perjuicio del contribuyente? Ninguno: el sistema público se mueve por la inercia de los intereses creados, no por la soberanía del usuario. Al final, pues, la cuestión es sencilla: ¿queremos un sistema sanitario (público) al servicio de burócratas y grupos de presión o un sistema sanitario (privado) al servicio del paciente?

Por supuesto son muchos quienes sostienen que la competencia en materia sanitaria nos abocaría a un sistema controlado por grandes grupos empresariales cuyo único propósito sería el de recortar la calidad del servicio para encarecer su precio. Un escenario catastrófico que no sólo es mucho más probable que se reproduzca dentro de un sistema público (élites extractivas que viven a costa del usuario), sino que paradójicamente no sucede en aquellos tramos del mercado sanitario que sí exhiben una cierta libertad (libertad de entrada para el proveedor y libertad de elección del proveedor para el paciente): son pocos los que seguramente se atreverán a sostener seriamente que los oftalmólogos privados o que los dentistas (servicio sanitario privatizado en un 97% en España) se han asociado oligopolísticamente para imponernos tarifas desproporcionadas por servicios deficientes. Es más, aquellos pocos que se atrevieran a articular semejante razonamiento estarían siendo engañados por la nula visibilidad de los costes del sistema sanitario público: por ejemplo, en los últimos 15 años el gasto por paciente en la sanidad pública se ha incrementado a un ritmo que casi duplica el aumento del gasto por usuario en los dentistas. Somos conscientes de lo que nos cuesta lo segundo (hay precios de mercado), pero no lo somos de cuánto nos cuesta lo primero (no hay precios de mercado): y sin embargo pagamos ambos servicios (uno voluntariamente, otro coactivamente).

Los beneficios de la sanidad privada

De hecho, el argumento de que la sanidad pública por necesidad ha de ser más barata que la privada en tanto en cuanto nos ahorramos el margen de beneficios del proveedor no resiste el más mínimo análisis crítico. Primero porque es deshonesto obviar que en la sanidad pública también existe ánimo de lucro: el lucro que de ella obtienen las élites extractivas —burócratas y lobbies— a costa de los paganos contribuyentes. Cuando el personal sanitario protesta por una rebaja del 5% de su sueldo, está exhibiendo un más que flagrante ánimo de lucro salarial; cuando el político de turno promete aumentar el gasto en sanidad, está exhibiendo un populista ánimo de lucro electoral. En ambos casos, el coste de su lucro se descarga coactivamente sobre el contribuyente.

Pero, segundo y principal, por ignorar el concepto de beneficio económico. Todo beneficio está integrado por dos categorías: la remuneración del capitalista que ha financiado la inversión empresarial y las ganancias extraordinarias derivadas de ofrecer un servicio superior al de la competencia (mejor al mismo precio o más barato con la misma calidad). Es obvio que la existencia de ganancias extraordinarias no encarece sino que abarata el servicio sanitario: un proveedor gana más dinero porque descubre un modelo organizativo con el que maximiza calidad minimizando costes. Es precisamente esta rivalidad dinámica entre oferentes lo que consigue de manera proactiva impulsar la innovación empresarial y tecnológica. Por tanto, el único componente que podría encarecer la sanidad privada frente a la pública es la remuneración exigida por el capitalista para financiar la inversión inicial y la reinversión de su capital.

Sucede que en España la función de capitalistas financiadores se ha socializado entre todos los contribuyentes: somos todos los que, habiéndosenos arrebatado un capital que alternativamente podríamos haber ahorrado y rentabilizado, hemos tenido que sufragar la construcción de hospitales o clínicas. Dado que no estamos percibiendo una remuneración específica por ese capital —lo tenemos inmovilizado y no nos renta nada—, no es que la sanidad pública rebaje el coste, sino que se lo impone al contribuyente. Dicho de otro modo: si forzáramos a los médicos a trabajar gratis, ¿estaríamos abaratando la sanidad o estaríamos trasladándoles casi por entero su coste a los médicos?

Huelga reiterar lo obvio: que un mercado sanitario libre sólo puede funcionar correctamente si es un mercado libre. Y los mercados libres requieren de libertad tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta: requieren libertad para que sea el paciente quien gestione su gasto (en lugar de que lo gestione el político) y requieren libertad para que cualquiera pueda presentar ante los usuarios su propuesta de valor. Por eso, modelos sanitarios muy parcialmente libres como el de EEUU (donde, debido a los perversos incentivos fiscales, el gasto sanitario está socializado en un 90%: el 45% lo maneja el Estado y el 45% las aseguradoras) o un modelo europeo de concesiones administrativas (donde no es el consumidor el que elige a su proveedor sanitario, sino que el burócrata de turno le sigue quitando su dinero para otorgárselo discrecionalmente al lobby de turno) pueden fracasar estrepitosamente (la demanda no disciplina a la oferta, sino que ésta se sigue imponiendo sobre la demanda).

La sanidad española debería privatizarse completamente; no a través de concesiones administrativas, sino suprimiendo al menos el 80% del gasto sanitario público para así poder rebajar los impuestos en al menos 50.000 millones de euros actuales (el equivalente a, por ejemplo, eliminar el IVA): la inmensa mayoría de ciudadanos podrían costearse su propia sanidad y aquellos sin recursos incluso podrían verse protegidos por una red de asistencia estatal que, verbigracia, permitiría atender al 20% de los ciudadanos en caso de que su renta fuera insuficiente (con una reforma más amplia del Estado de Bienestar, ni siquiera esta red sería probablemente necesaria, tal como explicaré en mi próximo libro Una revolución liberal para España). Es verdad que, por desgracia, la transición a este nuevo modelo no podría ser inmediata y su completitud tomaría varios lustros, pero no hay motivos para no emprenderla de inmediato con valentía. Por desgracia, nadie en el PP y en el PSOE posee los principios, las convicciones y el aplomo para ello. Prefieren seguir medrando a nuestra costa.

El informe anti-corrupción y el efecto vampiro

La Unión Europea acaba de publicar su informe acerca de la corrupción en los veintiocho países que la componemos. 120.000 millones de euros son los que se cuelan por las goteras de la corrupción cada año en la UE. Una cifra bastante respetable que debería llevar a reflexionar cuántos de esos miles de millones se despistan anualmente en nuestro país. 

La mirada al ombligo

Pero en este país, las portadas están dedicadas a los culebrones en los medios escritos, si la infanta Cristina bajará la cuesta de los juzgados a lomos de un corcel, en coche o a la pata coja, y la Convención del Partido Popular y las reacciones a favor o en contra de los demás partidos políticos. No toca mirarse al ombligo de la corrupción, a pesar de que es un tema que desafortunadamente va adquiriendo ya una consistencia en la percepción de los españoles bastante preocupante. Solamente los griegos tienen una percepción más alta de la difusión de la "infección" y son los que creen que la corrupción les afecta en su vida diaria en mayor proporción.

A pesar de ello, la semana pasada tuve que aguantar que una subdirectora de un periódico (que no es éste, entiéndase) se indignara y cuestionara la politización de la justicia y me acusara de que mis argumentos son conspiranoicos contra los políticos (los pobrecitos políticos). También tuve que ver cómo un político regional my conocido y amigo mío decía en una tertulia de televisión que, bueno, corrupción hay pero como en todos los países. Claro, no vaya a ser que tengamos que tomar medidas.

Los consejos de higiene anti corrupción

En el informe de la Unión Europea, se insta a España a tener cuidado en determinados aspectos como el control del gasto autonómico y local, la financiación de los partidos políticos y la independencia de los órganos que vigilan la corrupción, como la Oficina de Conflictos e Intereses. De momento, esas tres recomendaciones son las de siempre, las de toda la vida. Es como si te dicen que para evitar una plaga que asola nuestra civilización occidental, la solución pasa por lavarse las manos antes de comer o el cepillado dental tres veces al día. ¿No eran esas medidas de las que nos enseñan nuestras madres y en el colegio, de esos hábitos que se suponen tan habituales en nuestra avanzada sociedad que la repetimos inconscientemente?

Lo normal es que la mente humana nos juegue una mala pasada y al leerlo pasemos por encima de ese párrafo con un "Ah, lo de siempre". Pero cuando nos lo recomiendan es porque no lo hacemos.

Otra miradita al ombligo nos lleva a comprobar otros consejos del Informe: vigilar de la financiación de los partidos políticos, establecer códigos éticos exhaustivos, verificar los datos patrimoniales que se publican, mejorar la contratación pública… Y, sinceramente, no puedo sino pasmarme ante estas recomendaciones. ¿Es que hasta ahora no hemos denunciado muchas personas desde los medios de comunicación acerca de estas puertas abiertas a la corrupción política? Sí, y muchos de nosotros hemos sido acusados de exagerados, radicales, cenizos y conspiranoicos. Lo que sea con tal de no tener que tomar medida.

El efecto vampiro y la gangrena

Y no me queda claro si es peor lo que nos muestra el espejo o el hecho de que no lo vemos. Como si nuestros defectos, bajo un sorprendente ‘efecto vampiro’, fueran invisibles a nuestros ojos cuando miramos en el espejo. La corrupción sirve para hacer campaña electoral y tirar a la cara del otro partido el caso de turno que esté en los tribunales.

Por desgracia, los movimientos ciudadanos que supuestamente trataban de denunciar esta corrupción política han sido fagocitados por los propios partidos, especialmente de izquierdas. Y, por otro lado, la corrupción ha sido enarbolada como bandera por pequeños partidos de nuevo cuño que tratan de aprovechar los votos una población hastiada y preocupada por la corrupción política. No se sabe qué pasaría si tuvieran más poder, pero lamento expresar mi más absoluta desconfianza en este sentido, sin excepciones,

Lo que se nos olvida es que este mal es tan nocivo como la gangrena. Puedes no mirar, y es probable que, cuanto peor esté el miembro afectado, llegue un momento que ni te duela. Pero avanza y te pudre la carne hasta que la única solución es cortar por lo sano.

Cada vez que oigo palabras huecas como "regeneración" o "transparencia" proclamadas por nuestros candidatos, recuerdo la famosa frase de la película Blade Runner, y me doy cuenta de que la credibilidad de estos políticos que las pronuncian se diluye… como lágrimas en la lluvia. Pero a la velocidad de la gangrena aguda.

No lloro por ti, Argentina

Argentina –y su camarada Venezuela– avanza sin frenos hacia el caos económico y social apenas doce años después de protagonizar la mayor quiebra soberana de la historia reciente. Con una inflación extraoficial que supera el 60% interanual y una constante e intensa devaluación monetaria, los argentinos sufren las consecuencias del empobrecimiento generalizado que, tarde o temprano, acaba aflorando con el populismo. El infructuoso intento de aproximarse a una economía de libre mercado en la década de los 90, con el también peronista Carlos Menem en la Presidencia, fue un mero espejismo debido a la timidez e inconsistencia de las reformas emprendidas. Fue entonces cuando el país se enfrentó a su particular dilema.

El firme anclaje al dólar, con la consiguiente imposibilidad de imprimir billetes, tan sólo dejaba dos opciones posibles a su Gobierno: liberalizar al máximo su economía, abrazar la apertura comercial (globalización) y reducir de forma drástica el gasto público y los impuestos, o bien suspender pagos, abandonar el dólar y recuperar la plena autonomía monetaria para devaluar a placer. La elección ya es conocida por todos, especialmente por los argentinos que vieron atrapados sus ahorros y cuentas bancarias en el inefable corralito. El Estado se declaró en quiebra, entre vítores y aplausos de los socialistas de medio mundo, incluidos muchos argentinos, que veían en la deuda externa y el plan de ajuste impuesto por los organismos internacionales una condena injusta cuyo cumplimiento debían evitar. ¡Y vaya si lo evitaron! A finales de 2001 el Gobierno argentino repudió una deuda próxima a 100.000 millones de dólares. Sus prestamistas, inversores y ahorradores (jubilados inclusive) de Europa, Estados Unidos y América Latina perdieron cerca de 84.000 millones. La quiebra fue adoptada de forma unilateral, sin negociación previa, de modo que los afectados iniciaron un largo y complejo periplo en los tribunales internacionales para intentar recuperar parte de su dinero. Desde entonces, Argentina tiene cerrado el grifo de la financiación internacional –su deuda pasó de representar el 20% del mercado de bonos emergentes antes del default a apenas el 2% actual–. Su desbocado gasto público es financiado a través de su Banco Central, siempre dispuesto a comprar la deuda basura de los Kirchner.

Pese a ello, el socialismo alabó la deriva escogida por Argentina, hasta el punto de convertirse en un auténtico referente para algunos conocidos economistas, como, por ejemplo, el Nobel Paul Krugman. El fuerte crecimiento registrado tras la quiebra constituía, en teoría, la prueba irrefutable de su éxito, según alegaban los keynesianos de todos los partidos. Olvidaban, sin embargo, que dicho rebote se produjo después de un brusco e histórico hundimiento económico que sumió en la más absoluta pobreza (renta inferior a los dos dólares diarios) a más del 30% de la población, además de espolear, como es lógico, la emigración masiva de los argentinos más formados y con más recursos económicos. De hecho, y pese al intenso crecimiento de los últimos años, Argentina tiene hoy más gente viviendo en la miseria que antes del default

El populismo se impuso, una vez más, en el particular dilema que afrontó el país en 2001, y desde entonces el kirchnerismo controla a su antojo el poder. Los resultados de aquella elección saltan a la vista. Apenas doce años después, Argentina avanza de nuevo hacia la quiebra y el caos, azotada por la hiperinflación, el estancamiento del PIB, el proteccionismo comercial, el cepo cambiario, un férreo control de capitales y una corrupción y un nepotismo generalizados. Un paraíso socialista, sin duda, caracterizado por el empobrecimiento económico y la degradación social. Por desgracia, este fenómeno no es nuevo. Su decadencia se remonta décadas atrás, cuando el peronismo, un movimiento fascista de perfil bajo, conquistó el poder político tras la Segunda Guerra Mundial.

Su incesante guerra contra el capitalismo, a base de nacionalizar industrias, intervenir mercados y glorificar al todopoderoso Estado, ha desembocado en uno de los mayores deterioros económicos de la historia de la democracia contemporánea en tiempos de paz. Argentina era uno de los 10 países más ricos del planeta en los años 20, con una renta per cápita superior a la de la mayoría de los países europeos, similar a la de Francia o Alemania y mayor que la de Italia o Japón. En la actualidad, por el contrario, ocupa el puesto 59 –y bajando–, a la altura de México, el Líbano o Gabón, y muy próxima a Venezuela (puesto 64). Su renta per cápita, en términos de poder de compra (descontando inflación), apenas superaba los 15.500 dólares en 2010, un 70% menos que EEUU, un 60% inferior a la de Japón o Alemania y la mitad que la de Francia o Italia, según el Banco Mundial. Argentina ocupa el puesto 166 en el último Índice de Libertad Económica elaborado por la Fundación Heritage, a la cola del ránking mundial, pues, y ha protagonizado, junto a Venezuela, la mayor pérdida de libertad económica desde que se empezó a publicar este índice, en 1995.

¿Cómo ha sido posible? ¿Es culpa de sus políticos? ¿De la corrupción, quizás? ¿Acaso es otra víctima del pérfido imperialismo estadounidense, que les ha cogido manía? No, no y mil veces no. Los únicos responsables de la lamentable situación de Argentina son, única y exclusivamente, los propios argentinos, por consentir, apoyar y alentar un estatismo exacerbado vestido bajo el ropaje de la "justicia social" y el populismo más execrable. Tienen justo lo que desean, no hay más. De ahí, precisamente, que no haya que llorar por su triste destino, aunque sí compadecerse de su errónea elección. Lo tenían todo, pero, voluntariamente, optaron por perderlo.

La deriva de Argentina debería servir de ejemplo sobre lo que no se debe hacer. España, Italia, Grecia y Portugal afrontan hoy un dilema muy similar al que afrontó Argentina en 2001, y deberán escoger, en última instancia, uno u otro camino. De sus ciudadanos depende, de nadie más

El Estado proxeneta

Los 33 presidentes y dignatarios que visitaron La Habana se quedaron maravillados. Ninguno sabía cómo, aunque fuera muy precariamente, con los edificios en ruina y al filo de la catástrofe, Cuba conseguía sostenerse. Acaso con la excepción de Nicolás Maduro, que tiene dotes de vidente y un diálogo permanente con los pájaros, lo que lo mantiene plenamente informado.

Ninguno ignoraba que la bicentenaria industria azucarera había sido liquidada y desguazada por la incapacidad feroz de la dirigencia. Todos conocían que las marcas de tabaco y rones fueron vendidas a multinacionales europeas hace mucho tiempo. Era evidente que la flota pesquera no existía desde los años noventa. No obstante, la Isla, a trancas y barrancas, importaba el 80 por ciento de todos los insumos que esa sociedad necesitaba, incluidos los alimentos, la medicina y una parte sustancial de la energía.

¿Cómo lo hacía? ¿Dónde estaba el truco? ¿De dónde sacaba la plata? 

Se lo escuché por primera vez a un diplomático europeo que había vivido en Cuba. Luego se ha popularizado. El modelo creado por los Castro es el Estado proxeneta. El proxenetismo es una conducta delictiva que consiste en obtener beneficios de otra persona a la que se obliga a trabajar mediante coacciones o el suministro de protección. Generalmente se aplica a la prostitución, pero no sólo a ella. Familiarmente también se le conoce como chulería.

Es una denominación incómoda, pero ajustada a la realidad que circula en voz baja entre los cubanos de la Isla. El Gobierno se ha especializado en la extorsión de sus propios ciudadanos o de los aliados a los que les brinda servicios de espionaje y control social, sus dos únicas especialidades o "ventajas comparativas", como suelen decir en la jerga económica. Cincuenta y cinco años después de implantada la dictadura, casi todas las fuentes significativas de ingreso que sostienen al país provienen de oscuros negocios realizados en el exterior.

– El subsidio venezolano. Calculado en 13.000 millones de dólares anuales por el profesor Carmelo Mesa Lago, decano de los economistas cubanos en esta materia. Eso incluye más de 100.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales la mitad se reexportan a y venden en España. Otros 30.000 parece que van a Petrocaribe y da origen a una doble corrupción de apoyo político y enriquecimiento ilícito. La fuente pública de esta información es el experto Pedro Mantellini, uno de los grandes conocedores del tema petrolero venezolano. Lo explicó en Miami en el programa de María Elvira Salazar en CNN Latino. Caracas compra influencia internacional a base de petróleo, pero comparte con sus cómplices cubanos la gestión de esas dádivas. Cuba, al fin y al cabo, es la metrópolis.

– La trata de médicos y personal sanitario. Alcanza la cifra de 7.500 millones de dólares anuales. La especialista María Werlau, directora de Cuba Archive, ha descrito la actividad en The Miami Herald. Es muy fácil llegar al artículo por medio de Google. El Gobierno cubano alquila y cobra por el arrendamiento de sus profesionales de la salud. Confisca a sus protegidos el 95% de los salarios. Angola paga hasta 60.000 dólares anuales por cada facultativo. Ni siquiera la ayuda a Haití se escapa de este esquema de solidaridad tarifada. Los servicios prestados en el devastado país se los abonan a buen precio a La Habana los organismos internacionales. Brasil, que paga por muchos servicios, es el último gran socio de Cuba en esta oscura actividad del proxenetismo sanitario internacional. Dilma no quiere tanto beneficiar a sus pobres como a sus amigos cubanos. Raúl, además, tiene un gran dominio del oficio. Es una práctica conocida por los negreros cubanos desde el siglo XIX. Mientras duró la esclavitud (hasta 1886), los amos solían arrendar a sus esclavos cuando no los necesitaban. La zona más rentable del negocio de alquilar negros eran las pobres muchachas que entregaban a los burdeles. Sus amos cobraban por los servicios que ellas prestaban. Eran empresarios-proxenetas. Ahora, simplemente, se trata de un Estado-proxeneta.

– Otros alquileres, otros negocios. Pero ahí no termina la explotación. El Gobierno cubano arrienda otros profesionales a empresas privadas. Los antiguos griegos se referían a los esclavos como "herramientas parlantes". No creo que Raúl conozca a los clásicos, pero entiende perfectamente el significado último de la expresión. Hay universidades latinoamericanas o de habla portuguesa que contratan con el Gobierno de La Habana los servicios de buenos profesores cubanos de matemáticas o física a precios de saldo. Hay salas de fiesta y cabarets que contratan músicos o teatros que se sirven de los bailarines cubanos, incluido el magnífico ballet de Alicia Alonso. Existen compañías europeas y latinoamericanas que explotan a técnicos en informática procedentes de la Isla. El régimen de los Castro sabe que un cubano bien instruido es totalmente improductivo dentro de Cuba, dado el demencial sistema económico de la Isla, pero es una fuente potencial de riqueza una vez colocado en el exterior. Objetivamente, ese Gobierno es una gigantesca e implacable empresa de subcontratación laboral que viola todas las reglas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De eso y para eso vive.

– Las remesas de los exiliados. Emilio Morales, el gran conocedor del tema, escapado de Cuba hace relativamente poco tiempo, sitúa esa fuente de ingresos (2012) en algo más de 5.000 millones de dólares. La mitad, grosso modo, es remitida en efectivo y el resto en mercancías. Crece al ritmo del 13% anual. Cada vez que escapa un balsero, el régimen, de dientes afuera, gime por la fuga, pero sabe que, al cabo de un tiempo, fluyen los dólares hacia la necesitada familia dejada en la Isla. En Cuba, aunque fuera con mendrugos, había que alimentarlo. Una vez en el exilio, es una fuente gratis y constante de recursos.

De ahí sale el dinero para pagar por las importaciones. ¿Hasta cuándo podrá Raúl Castro sostener a una sociedad casi totalmente improductiva mediante actividades que rondan o incurren directamente en el delito? No se sabe. Los proxenetas suelen tener larga vida. Hay mucha gente que se sirve de su intermediación para acceder a diversas formas de placer, incluido el disfrute del poder.

elblogdemontaner.com

La eutanasia burbujística del rentista

 El ínclito Nobel Krugman reivindicaba hace unos días la admonición deJohn Maynard Keynes de aniquilar financieramente a los rentistas. Sabido es que el economista inglés pronosticó en 1936 que, conforme las sociedades occidentales fueran enriqueciéndose y acumulando capital, la rentabilidad de los ahorradores si iría desmoronando hasta desaparecer: es lo que él llamaba la eutanasia del rentista.

Ciertamente, el tiempo no le ha terminado dando la razón: no fue la natural evolución del sistema capitalista sino el innatural auge del keynesianismo a partir de los años 30 lo que contribuyó a machacar a los tenedores de renta fija. A saber, la destrucción de la estabilidad monetaria y la manipulación de los tipos de interés por parte de la monopolística banca central sí han machacado a los tenedores de bonos a largo plazo, por cuanto ha hundido el valor de sus principales. Jeremy Siegel, por ejemplo, estima que entre 1926 y 1997 la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo fue del 2%, menos de la mitad que en la época anterior a Keynes. Mas esta eutanasia de la renta fija no ha ido acompañada por una eutanasia de los tenedores de activos de renta variable, quienes han vivido uno de los períodos más prósperos de los últimos dos siglos. Esos rentistas, lejos de haber sido barridos por la plaga de los bajos tipos de interés que pronosticara Keynes, han cosechado durante los últimos 30 años unas plusvalías extraordinarias, sólo empañadas por la voracidad fiscal de nuestros Estados.

Una divergente evolución que en absoluto es casual: la eutanasia de la renta fija por parte de nuestro keynesiano sistema de moneda fiat y de banca central inflacionista equivale a haber anulado los costes financieros de familias y empresas, maximizando en consecuencia su margen de beneficios. El bajo coste de la deuda (la eutanasia del rentista fijo) ha incentivado el hiperendeudamiento de familias y empresas dirigido a incrementar su retorno sobre fondos propios, y ese extraordinario retorno sobre fondos propios –edificado, en parte, en el sobreapalancamiento previo– ha impulsado el auge bursátil. Dicho de otro modo, la enorme riqueza que se ha creado durante las últimas décadas a pesar del intervencionismo estatal apenas ha afluido a los tenedores de renta fija y se ha concentrado en los tenedores de renta variable por obra y gracia del keynesianismo: ¿eso es aniquilar al rentista o desnivelar los rendimientos de los distintos activos para promover el sobreapalancamiento de los agentes? 

A este respecto, la situación presente –sobre la que reflexiona Krguman– no es muy distinta a la que se ha dado en las últimas décadas, salvo porque los muy bajos tipos de interés actuales están más relacionados con la situación de depresión de las economías occidentales (Occidente puja ahora mismo por desapalancarse, no por apalancarse más, y eso repercute en una nula demanda agregada de crédito y, por tanto, en un muy bajo precio del crédito) que con una injerencia directa de los bancos centrales en su configuración. Pero los efectos sobre la posición relativa de los rentistas no cambian: los márgenes de beneficios de las empresas cotizadas de EEUU se hallan en máximos históricos gracias, en parte, a sus bajos costes financieros. A saber, la eutanasia del rentista fijo ha dado alas a la pujanza del rentista variable.

Yerra Krugman, pues, cuando sugiere que quienes defendemos una política monetaria más ortodoxa que la implementada por Bernanke estemos sirviendo los oscuros intereses de unos rentistas que se resisten a morir. Primero, porque, como digo, los rentistas con activos bursátiles se han dado un auténtico festín en los últimos años. Y segundo, porque lo peor de la política monetaria de Bernanke no ha sido ratificar los bajos tipos de interés que igualmente habrían prevalecido en un mercado libre, sino sus flexibilizaciones cuantitativas, que no sólo han contribuido a extender la plaga del crédito laxo hacia las economías emergentes, sino que han constituido un rescate en toda regla… a algunos tenedores de activos de renta fija (en concreto, a aquellos bancos cuya deuda hipotecaria de pésima calidad ha sido adquirida por la Fed). ¿En qué sentido los defensores de la ortodoxia monetaria somos un lobby a favor de los rentistas cuando la heterodoxa política monetaria desarrollada en los últimos años se ha dirigido a rescatar a los rentistas en contra de los tenedores de la moneda estadounidense?

No, lo que algunos pedimos no son tipos de interés altos o bajos, sino libres. Tipos de interés que no estén manipulados ni por la moneda fiat inconvertible ni por la política alocada de un monopolio monetario. Reclamamos un sistema monetario y financiero libre de cargas y de privilegios que no se dirija a aniquilar a unos rentistas en favor de otros rentistas, ni a rescatar a los unos en perjuicio de terceros no rentistas. O dicho de otro modo, reclamamos unos tipos de interés que se limiten a reflejar fidedignamente las preferencias de los ahorradores e inversores en lugar de a promover el sobreapalancamiento de los agentes económicos con el propósito de generar nuevas burbujas que "estimulen" la economía tal como la cocaína "estimula" al drogadicto. Esas burbujas financieras, por cierto, tan del gusto de keynesianos pro-eutanasia del rentista como Paul Krugman o Larry Summers.

Mercados emergentes y ‘sumergentes’: una brecha complicada

“You are picking up pennies in front of the train when you invest in certain kinds of emerging markets” Tina Vandersteel

Esta semana he tenido el honor de dar una charla en el Trading Week coincidiendo con inversores de Italia, México, Bolivia, Marruecos y por supuesto España, y uno de los temas más comentados ha sido la debacle de las monedas emergentes.

En lo que va de año, se han registrado salidas de capital de bolsa en mercados emergentes de 12.200 millones de dolares (un 1,6% de los activos bajo gestión), comparado con salidas de 15.000 millones durante todo 2013. En bonos emergentes se ha visto una retirada de fondos de 5.000 millones de dolares, comparado con 14.300 millones que se retiraron en todo 2013.

El colapso del peso argentino, tras años de política intervencionista neokeynesiana, inflación desbocada y destrozo de la balanza por cuenta corriente, debería ser señal de alarma y hacer reflexionar a los partidarios de aplicar las mismas medidas, imprimir y aumentar el gasto público, para España. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el Club de la Impresora se ha lanzado a decir que "es un caso aislado", que la inflación del 27% es una especie de casualidad, un ovni que cayó de Marte, y… ese clásico de la Hermandad del Unicornio: "la devaluación se debe a un ataque especulativo". Claro, aumentar la masa monetaria, ya lo saben ustedes, "no crea inflación" como aseguraba Axel Kiciloff… Y cuando la inflación se dispara entre un 20 y un 30%… Es culpa "de los mercados", no de aumentar la masa monetaria un 30% para sostener un sector público hipertrofiado y creciente, un gasto muy superior a los ingresos fiscales, a pesar de contar con riqueza y recursos naturales abundantes, hundiendo las reservas del banco central. Les recomiendo el capítulo "No llores por mí, Argentina" de mi libro Viaje a la Libertad Económica, donde se analiza con detalle el agujero creado por el mal llamado ‘modelo inclusivo’, que en realidad lo que supone es el empobrecimiento de todos. Con subidas de precios del 30% en un solo día.

La locura del Keynesianismo selectivo, como lo llamo yo. Que solo hace caso a Keynes para gastar, no para ahorrar y bajar impuestos.

Comentábamos en esta columna en agosto el riesgo de complacencia de algunos países emergentes ante el exceso de liquidez. Los bancos centrales de esos países siempre asumen que el exceso de líquidez es fundamental y, cuando se reduce, entran en fase de pánico. Subidas de tipos de interés agresivas. Pero esas medidas llegan tarde y mal… Estamos repitiendo la crísis del 97-98 casi punto por punto. Y el riesgo de ‘parada en seco’ que mencionaba en verano aquí ya es una realidad.

Durante la crisis de mercados emergentes de Asia-Rusia-Brasil de 1997-98 vimos un efecto similar. La combinación de inflación descontrolada, déficits por cuenta corriente muy pronunciados y pérdidas de reservas en los bancos centrales llevaron a enormes salidas de capital, caídas de las bolsas del 30, 40 y 90% respectivamente en India, Brasil y Rusia y desplomes del Producto Interior Bruto (PIB) hacia territorio recesivo. La enorme liquidez inyectada en los mercados en los años anteriores se había asumido como ‘normal’ y un ‘nuevo paradigma’. Las primas de riesgo y rentabilidades exigidas se reducían agresivamente porque lo justificaban "los altos crecimientos esperados"… Y cuando la música paró, ese riesgo salió a la luz. En vez de entender que la liquidez extrema era una anomalía, los estados y bancos centrales se endeudaron y entregaron a la euforia… Y cuando reaccionaron, como ocurre ahora, generan un ligero efecto rebote que se usa para acelerar la salida… y una nueva ola de pánico vendedor.

En estos últimos años ha ocurrido lo mismo: la política monetaria expansiva salvaje de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y otros 20 bancos centrales expandiendo masa monetaria y bajando tipos ha nublado la percepción de riesgo, y la busqueda de ‘crecimiento’ ha hecho que el capital aceptase cada vez más riesgo por menor rentabilidad.

El Club de la Impresora, por supuesto, dice que lo que está pasando en los mercados emergentes no tiene nada que ver con la reducción de los estímulos monetarios de la Reserva Federal, que ha bajado sus compras otros 10.000 millones de dólares mensuales, pero hasta el gobernador del Banco Central de India alertaba sobre las consecuencias… Sin reconocer lo rápida y cómodamente que se habían ‘acostumbrado’ a los excesos de dinero fácil.

"Esta vez es diferente"

¿Saben cuántas veces he leído esa frase estas dos semanas? Doce, en distintos informes.

Les he comentado en muchas ocasiones que el proceso de endeudamiento masivo y liquidez injustificada es una carrera a ver quién pierde primero. Y cuando los países caen en la trampa de entregarse a la complacencia, y caen… el capital se refugia en el "activo percibido de menor riesgo". Estados Unidos, Reino Unido y Japón, aunque tengan importantes desequilibrios. Esa trampa de caer en el error de copiar a los líderes en lo malo, imprimir y endeudar, pero no en lo bueno, flexibilidad, atracción de capital y seguridad, es lo que lleva a las naciones emergentes a no emerger.

Volvamos a 1997-98…. A pesar de la debacle mencionada, Estados Unidos siguió generando un crecimiento anual real del 4-5% del PIB hasta 2000, y la bolsa cayó un 10% en julio de 1998 para subir año tras año después. La trampa del correcaminos. El coyote (los países que se entregan a copiar a Estados Unidos en lo malo, lo fácil) persigue al correcaminos, Estados Unidos, y de repente ve que no hay terreno bajo sus pies.

Pero algo ha cambiado. El peso de los países emergentes en el PIB global ha subido desde un 35% al 50%, y el porcentaje de ventas de las empresas multinacionales europeas y norteamericanas en dichos países ha crecido hasta llegar al 33% de los ingresos.

Este ciclo expansivo del ‘timo de la estampita’ no ha ayudado a las economías emergentes. La política agresiva de los bancos centrales en los dos últimos años ha reducido la percepción de riesgo financiero, pero no ha creado crecimiento superior. Y muchos países han caído en la trampa, manteniendo los desequilibrios en vez de aprovechar para reformar. Prueba de ello es que los indicadores de economía real se han ralentizado, revisando a la baja las estimaciones de crecimiento de consenso en un 25% en 2012 y en un 27% en 2013, según Barclays.

"Fed policy was encouraging (another) round of credit mis-pricing.  Consequently, EM debt yields continued to fall even as currencies, economies and equities weakened" (Minack Advisors). La política de la Reserva Federal ha incentivado otra ronda de mala valoración de bonos y renta fija. Las primas de riesgo de los países emergentes han caido mientras sus monedas, economías y bolsas se debilitaban.

Una combinación letal. Complacencia, liquidez excesiva y políticas intervencionistas.

Hay enormes diferencias. por ejemplo, Latinoamérica se ha dividido en dos continentes. Los países de políticas más intervencionistas (Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela…) y los abiertos (Chile, Colombia, Uruguay, Honduras, México…). Brasil ha visto un deterioro de su balance por cuenta corriente hasta un déficit del 3,7%, que hubiera sido impensable en un entorno menos intervenido y controlado. En Asia ocurre lo mismo.

Impacto sobre Europa y EEUU

De momento, el riesgo por exposición a los países con los mayores desequilibrios (India, Turquía, Argentina) es muy bajo. Ninguno de ellos es un gran socio comercial. A menos que el problema se extienda a China, como comentábamos en mi post "China, el Plan E con Esteroides".

Europa y Estados Unidos son beneficiarios de la salida de capital de las economías emergentes. El aumento de fondos enviados a Europa ha sido casi equivalente a la salida de emergentes (9.000 millones de dolares en lo que va de año). Mientras tanto, las economías emergentes deben entender que la fiesta de la liquidez excesiva y los tipos bajos artificiales no es eterna y que cuando termina lo hace muy rápido… Y eso nos los tenemos que aplicar en Europa y España también.

No debemos caer en la autocomplacencia de pensar que el riesgo está controlado o no va a afectar. Los países emergentes suponen el 50% del PIB mundial y tenemos un sistema financiero global que ha estado buscando ‘rentabilidad’ cada vez más lejos y con mayor volatilidad, por lo tanto debemos siempre recordar que repetir 1997-98 lleva a mayores problemas… como ocurrió en 2000-2001. Que este ‘susto’ nos llega con una deuda total en la OCDE de más del 400% del PIB. El sistema es muy frágil y no hay grandes márgenes de maniobra. Esconder la cabeza solo lleva a mayores problemas después.

Réplica al análisis de Fernando Herrera sobre el Bitcoin

El pasado 23 de enero, el Sr. Fernando Herrera publicaba un artículo con el título Análisis económico básico del Bitcoin (II)” como continuación de otro de su misma autoría publicado con anterioridad.

Si bien el artículo se entiende formulado desde la buena intención, el mismo contiene una serie de afirmaciones y apreciaciones que, desde mi punto de vista, no se ajustan al funcionamiento y las características de la criptomoneda digital, el bitcoin, que intenta analizar.

Así comienza el Sr. Herrera su escrito:

En la primera parte del análisis económico de Bitcoin concluí que su principal característica diferencial con las monedas que han sido aceptadas espontáneamente por la sociedad a lo largo de la historia era su carencia de valor de uso o directo. Desde este punto de vista, Bitcoin es similar a las monedas fiat que utilizamos en el mundo occidental, salvo que carece del apoyo/soporte/obligación de los Estados.

Sería interesante conocer si el euro, dólar, libra esterlina, yen, etc., son consideradas por el autor como “aceptadas espontáneamente por la sociedad” siendo que son monedas de curso forzoso, impuestas por la vía legal y sin alternativa frente a las mismas para los ciudadanos.

El bitcoin sí que es una moneda cuya adopción depende en su totalidad de la voluntad de las personas. Tan solo por ese motivo creo que su aparición debe ser motivo de aplauso para quienes rechazamos las divisas de curso legal forzoso impuestas desde el Estado.

La ausencia de valor de uso de Bitcoin se trata aparentemente de suplir mediante otras características que ha mostrado el dinero históricamente, en concreto dos. Por un lado, la obtención de BTCs se asocia a la dedicación de capacidad de proceso para el funcionamiento del sistema, por lo que es un proceso que consume recursos (lo mismo que la obtención del oro y contrariamente a lo que ocurre con el dinero fiat); por otro lado, el número de BTCs que pueden aparecer en el sistema tiene un límite absoluto, por lo que no cabe la posibilidad de que pierda valor por la vía de aumentar la cantidad.

En mi opinión no puede hablarse de “ausencia de valor de uso” cuando la tienda online de material electrónico TigerDirect.com, propiedad de Systemax Inc., una de las corporaciones que integran el índice Fortune 100, concretó ventas durante las primeras veinticuatro horas posteriores a introducir ese medio de pago en su página web por valor de más de 300 bitcoins (250.000 $ aprox. al cambio del día).

Tampoco creo que quepa argumentar “ausencia de valor de uso” como defecto del Bitcoin siendo que el sitio Overstock.com, uno de los mayores retailers estadounidenses en equipamiento para el hogar, textil y calzado, recibió pedidos de sus clientes por unos 120 bitcoins (130.000 $ aprox. al cambio del día) tan solo en la primera jornada en que se puso a disposición del público esa modalidad de pago.

Y no son esos los únicos casos de grandes empresas que aceptan bitcoins como medio de pago, también tenemos a WordPress, Zynga, Hypebeast o Coastal, además de, por ejemplo, decenas de pequeños comercios del barrio de Kreuzberg en Berlín, quienes aceptan pagos en Bitcoin de manera regular y cotidiana.

¿Puede hablarse de “ausencia de valor de uso” del bitcoin cuando ciudadanos de países como Argentina o Venezuela, afectados por el severo control de cambio de divisas implementado por sus gobiernos, pueden burlar ese cerco y usar bitcoins comprados con moneda local para pagar sus compras en tiendas virtuales de Internet mediante servicios como Bitsumo o Snapcard?

Parece que no cabría atribuirle al Bitcoin “ausencia de valor de uso” considerando que unos 17 millones de habitantes de Kenya pueden recibir remesas de sus familiares en el exterior de forma rápida y barata a través del servicio de billetera bitcoin, Kipochi, que el operador de telefonía móvil Safaricom ha puesto a la disposición de su base de clientes dentro de su sistema privado de pagos M-Pesa.

Respecto al primer punto, se nos dice que los ordenadores “mineros” han de llevar a cabo un ingente volumen de proceso a fin de garantizar la integridad, confidencialidad y privacidad del histórico de transacciones. Toda la información que intercambian ha de estar cifrada con largas claves, lo que exige dicha capacidad.

No estoy en condiciones de poner en cuestión la capacidad de proceso requerida para estas actividades. Pero me inclino a coincidir con D. Rodríguez Herrera, quien escribe que se obliga a los ordenadores a “hacer un montón de cálculos extra en principio inútiles, pero que sirven para comprobar que han tenido que estar trabajando más o menos unos diez minutos para resolverlos”. Es bastante intuitivo que las operaciones aritméticas que requieren los cifrados, por muy voluminosas y complejas que sean, no pasarán de peccata minuta para ordenadores que pueden dibujar escenarios en tres dimensiones y en tiempo real para cualquier jueguecillo que se precie.

Se plantea en el artículo que la capacidad de cálculo requerido en la actualidad para validar los bloques de transacciones, procedimiento que es la columna vertebral del sistema dado que garantiza la integridad de la cadena de bloques, puede ser abordado con ordenadores aptos para hacer correr “jueguecillos” o “dibujos en 3D”.

Ello no responde a la realidad actual. El sistema de prueba de trabajo (Proof of Work) sobre el cual se basa el sistema Bitcoin requiere ejecutar procesos de cálculo muy complejos, utilizando técnicas de “hashing” para descifrar incógnitas criptográficas basadas en el algoritmo de hash seguro SHA256. Si bien hubo momentos en los que esto podía hacerse con tarjetas gráficas de altas prestaciones, desde hace ya tiempo se requiere de equipos informáticos específicamente diseñados para ejecutar esa Prueba de Trabajo. Estos equipos se denominan técnicamente ASIC’s (Application-Specific Integrated Circuit) y solo sirven para esa tarea, recibiendo bitcoins a cambio (25 unidades en la actualidad por cada bloque generado) de validar los bloques criptográficos que contienen las últimas transacciones realizadas.

No son “cálculos inútiles”. El lapso de diez minutos así como el grado de dificultad del proceso tienen sólidos fundamentos técnicos descritos con detalle en la documentación publicada por sus desarrolladores. En mi opinión, no porque se desconozcan esos detalles debe transmitirse al público la impresión de que la labor de los mineros, el coste de sus equipos y el gasto energético necesario carecen de utilidad. Menos admisible es que se intente asimilar todo ello con la ejecución de “jueguecillos”.

Desafortunadamente el artículo continúa exponiendo supuestas deficiencias del sistema Bitcoin que no son tales.

Se enuncia en el mismo que “desde el punto de vista social, la producción de un BTC supone una pérdida de recursos”. Tal y como se ha explicado anteriormente, la generación de bitcoins no puede calificarse como “pérdida de recursos”, pero aunque así lo fuera estos recursos los proveen personas privadas, de su bolsillo y sin ninguna cantidad mediante de dinero público, por lo cual considero que no cabe hablar de pérdida “desde el punto de vista social”. Si es que el Bitcoin llegara a tener una cotización nula frente a otros valores y el mercado en su libre juego de oferta y demanda lo rechazara como opción, la excelente noticia es que ninguna tercera persona, aparte de sus dueños, tendrá que cubrir esas pérdidas vía impuestos ni deuda estatal.

Otra de las afirmaciones con las cuales no puedo concordar es aquella donde se dice que “existe un buen número de divisas electrónicas que pueden resultar sustitutivas” del Bitcoin.

No entra en detalles el autor acerca de a cuáles “divisas electrónicas” se refiere, pero hasta el momento de escribir esta réplica las criptomonedas que han ido apareciendo a posteriori de la creación del Bitcoin, en su inmensa mayoría, con alguna excepción que en lugar de utilizar la técnica de “Prueba de Trabajo” (Proof of Work) usa el método de “Prueba de Participación” (Proof of Stake) como base del sistema, no son más que copias del algoritmo Bitcoin con modificaciones puntuales que no superan al modelo original. Sustitutiva no hay ninguna a la fecha. Opcionales -con defectos más o menos importantes respecto del Bitcoin- sí hay alguna que otra criptomoneda, todas ellas referenciadas a la cotización del Bitcoin.

Hablando de “ausencia de valor de uso” del bitcoin: mientras escribo esto me entero de que Mint, una popular aplicación de gestión financiera para teléfonos móviles que posee una base de clientes que supera los 10 millones de usuarios, ha incluido al Bitcoin dentro de los activos susceptibles de seguir y supervisar por sus clientes a través de su plataforma.

Implantación de ESFL en España: un éxito tan esperanzador como inesperado

Hace algo más de cinco meses, European Students For Liberty reemprendió la tarea de instalarse en España. Los miembros de la Executive Board me encargaban la tarea de construir la red de contactos estudiantiles e institucionales para que a finales del curso de 2013 se hubieran creado en torno a diez grupos Students For Liberty.

Al concluir 2013, en un solo trimestre de curso académico, hay más de quince grupos de universitarios por toda la geografía española. La tarea es organizarse para presentar una alternativa real al pensamiento único que domina la Universidad Española: la propuesta de una Academia realmente libre y crítica con lo establecido.

Nuestra visión de la sociedad y la educación se sustenta sobre las bases que auparon a esta última a los niveles que la Historia reciente ahora le niega: la libertad de cátedra, pensamiento, expresión, crítica, autonomía del poder político, transferencia de conocimientos, esfuerzo y responsabilidad, entre otros. Somos la generación con más preparación, pero no con la mejor educación.

La falta de competencia, sinónimo de falta de incentivos, hace que el esfuerzo de estudiantes y profesores no sea recompensado debidamente a niveles institucionales o sociales. El "qué más da" impregna el día a día de las clases monótonas y las inútiles horas de estudio o trabajo en proyectos que no tienen sentido. Este sentimiento hace que incluso los mejores estudiantes se vean desincentivados a sacar todo el provecho a su potencial y se dejen llevar por lo "establecido" sin llegar a crear una conciencia crítica y madura con la que afrontar el mundo real con los instrumentos necesarios para saber adaptarse.

Por eso, durante mi estancia en el curso de formación en Alemania me planteaba varias veces cómo iban a ser estos primeros meses. Conociendo bastante bien el entorno universitario por mi etapa como representante estudiantil de la Universidad Cádiz, se me antojaba un reto muy interesante poder aportar mi último grano de arena a la universidad implantando Students For Liberty en España. Sentía a la vez esperanza y miedo, nunca antes se había intentado algo parecido, nunca se había probado el estado de ánimo de los estudiantes liberales a formar oasis por la causa de la libertad.

Ahora puedo decir que ha sido más fácil de lo esperado. La cantidad de gente que se ha ido interesando en crear grupos en sus facultades y universidades ha sorprendido tanto a los miembros de la Executive Board europea, que jamás pensaron que hubiera tantos estudiantes liberales en España, como a nosotros mismos, lo que nos ha estado reforzando las ganas y la necesidad de construir una sólida red de grupos estudiantiles.

Es necesario hacer mención expresa a los grupos que a día de hoy componen ESFL España, ya que sin ellos no es posible el proyecto de Students For Liberty. Así, podemos decir que actualmente estamos presentes en las siguientes universidades: Cádiz, Complutense, Barcelona, Carlos III, Extremadura, Valencia, Santiago de Compostela, Alicante, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Córdoba, UNED, Pablo de Olavide, Málaga, CUNEF, Granada… y en muchas más a finales de 2013.

Esperamos que los frutos se vean en una asistencia masiva a la III Conferencia de European Students For Liberty en Berlin del 14 al 16 de Marzo y en la próxima Conferencia de ESFL España que pensamos organizar en Abril y en la que posiblemente colaboraremos con el Instituto Juan de Mariana, eso sin quitarle mérito al notable éxito de las actividades que se han estado organizando en Madrid y Sevilla.

Quiero agradecerle personalmente a mis compañeros que se han comprometido dedicándole muchas horas a hacer posible un proyecto que hace pocos años sería impensable en la universidad española. Asimismo, quiero desear un año 2014 todo lo más próspero posible, que como bien sabemos se conseguirá en una sociedad más libre.

Para cualquier tipo de consulta podéis dirigiros a la página oficial de ESFL (http://studentsforliberty.org/europe/), por las redes sociales a los distintos grupos SFL (ver sección España de la web de ESFL [http://studentsforliberty.org/europe/network/spain/]), ESFL España o a mi correo personal: mbrena@studentsforliberty.org.

Quinientos años del descubrimiento del Pacífico

Todavía están a tiempo de visitar una interesante Exposición que ofrece la Casa de América en su palacete de Madrid: “La exploración del Pacífico. 500 años de historia”, organizada en colaboración con el Museo Naval. Como indica el folleto explicativo, sucesivas generaciones de marinos y exploradores hispanos de los siglos XVI al XVIII, “motivados por el deseo de salir de la pobreza, la búsqueda de aventuras, el conocimiento científico… extendieron el lenguaje español y la religión católica, aumentaron el patrimonio monumental de los países reencontrados, llenaron de topónimos españoles las islas, estrechos y accidentes geográficos y recopilaron e intercambiaron objetos de sus culturas dándolas a conocer”.

A través de un recorrido que comienza por el descubrimiento del Mar del Sur (después Océano Pacífico), realizado por Núñez de Balboa en septiembre de 1513, se ofrece una bonita colección artística, cartográfica y de muchos otros objetos náuticos que van llevando al visitante por la historia de los viajes o la ciencia de nuestro país durante más de trescientos años (incluyendo la sorprendente Expedición de la Vacuna de la Viruela ya en el siglo XIX); para terminar con una (hoy polémica y tal vez poco afortunada) fotografía de las obras de ampliación del Canal de Panamá.

Poco después del descubrimiento de Balboa, Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522, encontrando un paso del Atlántico al Pacífico por el Sur del continente americano, y regresando a España sin embargo por la ruta portuguesa de la India y el Cabo de Buena Esperanza en la actual Sudáfrica. Después de ellos, multitud de marinos (Loaisa, Saavedra, Villalobos, Grijalba, Urdaneta, Vizcaíno, Mendaña o Sarmiento de Gamboa) continuaron explorando rutas entre la costa oeste de América y las islas Filipinas, Carolinas, Marshall, Palaos, etc. También consumieron tiempo y esfuerzo en la búsqueda de un mítico Estrecho de Anián que enlazaría los océanos Pacífico y Atlántico por Norteamérica.

Pero veamos por qué les hablo de esta efemérides en nuestra web liberal de pensamiento económico y político. En alguna otra ocasión he destacado la profunda huella escolástica que encontramos en los primeros tratados modernos sobre el libre comercio: hace poco lo veíamos referido a Diego de Covarrubias, una de las fuentes españolas de inspiración (junto a Vitoria) del Mare Liberum de Hugo Grocio. Pues resulta que en la referida Exposición también se habla del Pacífico como “una de las mayores rutas comerciales del mundo”: recordemos que, ocho años después de que Urdaneta descubriera el tornaviaje de Asia a América, comenzó la línea marítima desde Filipinas a México. El Galeón de Manila fue un cauce regular de intercambios comerciales desde 1565 hasta que fue suprimido por las Cortes de Cádiz en 1813.

Y es que, como ya había señalado unos años antes Adam Smith, el comercio es la verdadera naturaleza y causa de la riqueza de las naciones… No hay más que visitar las ciudades virreinales de México, Lima, Bogotá y Quito; o los puertos de Acapulco, Veracruz, Maracaibo o Cartagena de Indias, para darse cuenta de la importancia que tuvieron las rutas comerciales para el crecimiento económico de aquel vasto continente. La Exposición nos habla, además, de los avances técnicos y científicos asociados a este intercambio marítimo: sextantes y cronómetros que mejoraron la seguridad de las navegaciones y la exactitud de las cartas y mapas.

Economía y desarrollo científico, lo sabemos bien, progresan unidos: un buen ejemplo puede ser la Expedición de Malaspina, que recorrió (1788-1794) el Pacífico desde Alaska a Manila, Nueva Zelanda o la Tierra de Fuego. Su objetivo era conseguir una descripción de los dominios españoles en sus múltiples facetas: militares y defensivas, geografía, recursos mineros o botánicos, población y cultura, o por supuesto, el estado del comercio. Tuvieron acceso a los archivos de la Administración virreinal, levantaron cartas de navegación, dibujaron la flora y fauna de los lugares por donde pasaban, así como interesantísimas descripciones etnográficas y lingüísticas (todo ello se conserva en el citado Museo Naval, y también en el Museo de América o el Jardín Botánico de Madrid). Lo malo es cuando se cruzan intereses políticos de cortas miras: es conocido el triste final de Alejandro Malaspina, enviado a prisión por un todopoderoso Godoy, acusándole de instigador y revolucionario. Morirá en Italia en 1810.

Vuelvo al libre comercio. Estaba comenzando a redactar estas líneas cuando recibí un email de un buen amigo, Juan José Morales del Pino, que hace años vive y trabaja en Hong-Kong (sin duda, un ilustre sucesor de aquellos aventureros españoles). Me enviaba una recensión del libro Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre, editado por Peter Borschberg (pueden leerla en la web del Asian Review of Books): se trata de la biografía y memoriales de un comerciante flamenco instalado en las colonias portuguesas de Malaca, enviados al rey español Felipe IV (que entonces gobernaba además sobre los territorios lusitanos en el Pacífico). Allí nos ofrece un testimonio directo y en primera persona de todo lo que les vengo escribiendo: arriesgadas jornadas marítimas, sometidas a los peligros del mar o de la guerra con ingleses y holandeses; pero también coloridas descripciones de los puertos y mercados asiáticos, o sus mercancías exóticas.

Pues bien, Morales considera que su aportación más interesante es una vigorosa defensa del libre comercio y la libre actividad empresarial (habría que investigar si de Coutre conoció a los Doctores de Salamanca…). Nuestro comerciante flamenco criticaba el sistema de concesiones, como una forma anticuada de patronazgo que era necesario cambiar: el control de la Corona, a través de estos impuestos, resultaba ineficaz y menos rentable a la hora de gestionar los productos de intercambio. Por el contrario, de Coutre proponía eliminar las restricciones al comercio, dejándolo en las manos de la gestión privada. Lo que, indirectamente, socavaría la presión holandesa por el mecanismo de la competencia. Encuentro muy acertada la intuición de este Memorial sobre las ventajas del libre comercio para el imperio hispano-portugués que, además, terminaba señalando de Coutre, también resultaría ventajoso para los nativos, al librarlos del monopolio holandés y permitirles mayores posibilidades para su desarrollo económico.