Ir al contenido principal

Quiebras: la manera de depurar malas prácticas bancarias

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

A estas alturas de la crisis financiera actual parece imposible negar la (mala) influencia que han tenido las autoridades monetarias en el desencadenamiento y prolongación de la misma. Por un lado, los bancos centrales han dado comienzo a la crisis mediante la manipulación arbitraria de los tipos de interés, y por otro, no han permitido que los procesos de mercado depuren y eliminan las malas prácticas bancarias que llevaron a cabo, como veremos a continuación.

El principal motivo de la persistencia de estas malas prácticas bancarias es la posibilidad de recibir continua financiación de los bancos centrales. Esto es así porque los bancos centrales actúan como prestamistas de última instancia de los bancos comerciales y otras instituciones financieras. La justificación de esta función es proveer liquidez a los bancos en problemas para impedir el contagio entre bancos y evitar los pánicos bancarios generalizados. De esta manera, se dice, se frenarían las crisis sistémicas en el sector bancario.

Ya durante los años 90 las intervenciones de los bancos centrales con el objeto de evitar la quiebra de entidades financieras y garantizar la estabilidad del sistema financiero se multiplicaron. Pero en cualquier caso, los fenómenos acontecidos en la crisis actual han dejado patente la total incapacidad de los bancos centrales (y los gobiernos) de hacer frente a la crisis financiera generalizada.

La intervención de los bancos centrales en este sentido dificulta e impide la depuración de errores que se llevaría a cabo dejando actuar a los procesos de mercado. Y es que los bancos comerciales incurren en riesgos excesivos ya que esperan y confían ser rescatados por el Banco Central en caso de necesidad. Y este ‘riesgo moral’ se refiere tanto a los bancos como a los depositantes, ya que ambos tomarán más riesgos de los que asumirían en caso de no existir la posibilidad de ser rescatados en situaciones adversas por parte del Banco Central.

Desde luego, no parece muy conveniente ayudar a los bancos cuyos problemas surgieron de una conducta poco prudente. Si un banco tiene problemas de liquidez, debe acudir al interbancario (que no deja de ser un seguro del mercado). Un banco claramente solvente que experimenta problemas de liquidez puede obtener créditos en el mercado interbancario. De ahí deducimos que si un banco no consigue créditos en el interbancario, significa que no solamente es ilíquido, sino que además es insolvente.

Pues bien, curiosamente, la función del prestamista de última instancia es apoyar a los bancos que se encuentran en esta situación de clara insolvencia, es decir, ¡su función es prestar a quienes nadie más quiere prestar! Y evidentemente el Banco Central se enfrentará a pérdidas, ya que es poco probable que preste contra activos de buena calidad.

Sencillamente, los bancos insolventes que no conseguirían créditos deberían tender a desaparecer. Y es que las quiebras son un punto principal en el funcionamiento de una economía de libre mercado. Cuando un banco se encuentra en el proceso de quiebra, los activos que están en posesión del deudor deberían ser repartidos entre sus acreedores. Si finalmente el banco llega a la fase final del proceso de quiebra significa que ha fracasado en el mercado, es decir, que el banco no es capaz de encontrar proyectos capaces de conseguir financiamiento ni créditos para saldar sus deudas.

Este es el único mecanismo para que los individuos no corran más riesgos en sus actividades económicas y las malas prácticas se depuren o eliminen. Si este mecanismo de cierre/quiebra se dificulta o se bloquea por parte del Estado, continuarán existiendo estas bancos ineficientes en el aparato productivo de la sociedad, y se incentivaría el otorgamiento temerario de créditos a la vez que se fomentarían nuevas crisis financieras.

Si se eliminasen los préstamos y rescates bancarios por parte de los bancos centrales y los gobiernos, los bancos actuarían de forma más prudente y responsable, porque en un mercado libre con competencia (valga la redundancia) sería importante ofrecer garantías. Veamos los casos de las reservas y los riesgos de incumplimiento de pagos.

Las reservas. El negocio de las entidades de crédito reside en prestar lo que reciben cobrando intereses. En este sentido, les interesaría prestar todos los depósitos que reciben, ya que el mantener reservas no genera ingresos. Sin embargo, deben tener reservas para hacer frente a posibles retiros de los depositantes.

Si las autoridades monetarias no acudiesen en su ayuda con préstamos masivos, los bancos se asegurarían de tener el efectivo suficiente para pagar a sus depositantes en caso de darse un retiro de depósitos, ya que de no ser así se enfrentarían a la posibilidad de cerrar o tener que pagar los costes asociados al retiro inesperado de depósitos. Estos costes vendrían de tener que cancelar créditos, vender una parte de sus valores privados, vender préstamos o pedir prestado a otros bancos (o instituciones).

Riesgos de incumplimiento de pagos. En ausencia de bancos centrales, los bancos seguirían tratando de encontrar clientes que pagasen tasas de interés altas, pero prestarían mucha atención en que fuese improbable que fallasen en el cumplimiento de sus pagos. Se minimizaría el riesgo de incumplimiento ya que se adquirirían activos seguros. Teóricamente esto podría pasar sin banco central, pero se reduciría drásticamente. Se vigilaría mucho más a quién se le concede un préstamo.

La intervención monetaria directa e indirecta de las autoridades monetarias en los mercados financieros ha propiciado la actual crisis económica. Directamente, mediante la manipulación de los tipos de interés. Indirectamente, fomentando las malas prácticas bancarias y evitando su depuración. La supresión de las intervenciones monetarias por parte de los bancos centrales, así como la eliminación de los privilegios públicos que los gobiernos dan a las entidades de crédito, constituyen un requisito imprescindible para disminuir el número e intensidad de las crisis financieras y conseguir una estabilidad en el sistema financiero internacional.

@jmorillobentue

Contra la arbitrariedad y los abusos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cuando un gobierno establecido se permite el empleo de la arbitrariedad, sacrifica el objeto de su existencia a las medidas que toma para conservarla. ¿Por qué se quiere que la autoridad reprima a quienes ataquen nuestras propiedades, nuestra libertad o nuestra vida? Para que esos goces nos estén asegurados. Pero si nuestra fortuna puede ser destruida, nuestra libertad amenazada, nuestra vida perturbada por lo arbitrario, ¿qué ventajas obtenemos de la protección de la autoridad?

Benjamin Constant.

Valgan estas reflexiones del gran filosófo francés para calibrar los ataques que se ciernen contra la libertad en España con este gobierno, entre despótico y pusilámine. En medio de sus omisiones para reducir el gasto de las administraciones públicas y defender cabalmente la legalidad constitucional allí donde algunos apéndices del Estado se rebelan contra ella, cuales células cancerígenas del cuerpo que las ha producido, se muestra especialmente activo para cercenar las garantías de las libertades individuales recogidas en la Contitución de 1978 y aumentar los poderes arbitrarios de los ejecutivos que conforman el Estado.

En este momento ya ha publicado la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prosigue los planes inacabados del gobierno de Rodríguez Zapatero de conferir a un Ministerio Fiscal dependiente del gobierno la instrucción penal y limitar sustancialmente la facultad de los particulares de ejercer la acción popular penal reconocida en el artículo 125 de la Constitución. Asimismo, el gobierno ha aprobado recientemente un anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, profundizando en las arbitrariedades de la famosa Ley Corcuera de 1992, que formalmente derogaría.

En relación al anteproyecto, comparte con su precedente la misma idea motriz: los individuos son intrínsecamente sospechosos de cometer fechorías, da lo mismo que tengan la enjundia de un delito o de una infracción administrativa.

A modo de ejemplo, siguiendo la estela del artículo 20 de la ley anterior que elevó a rango de ley algunas órdenes de policía de la dictadura franquista, los artículos 8, 9 y 16 del anterproyecto no solo imponen a los españoles un documento de identificación desde los catorce años, costeado por ellos mismos, sino también exhibírlo a cualquier policía que considere que "han podido participar en la comisión de una infracción" o que "considere necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de una infracción". En caso de no llevar consigo ese documento, esos policías (del Estado o autonómicos), atendidas unas circunstancias concurrentes sin especificar, podrán detenerlos y llevarlos a una comisaría durante el tiempo que sea necesario para su identificación sin asistencia de abogado.

El texto calla sobre la duración máxima de esa detención, pero cabe pensar que los prelegisladores conocen el máximo de 72 horas establecido para poner en libertad a una persona detenida por su presunta participación en un delito. Esto no resulta óbice para que, además, se tipifique como infracción grave, sancionable con una multa de 1.001 a 30.000 euros "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación" (Art. 35.7).

Como cierre a todas estas arbitrarias intromisiones en la libertad de un individuo, que se intentan justificar en meras sospechas de haber cometido o estar a punto de cometer una infracción (da lo mismo que sea penal o administrativa), el artículo 16.5 pretende preconfigurar como delito la resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones. De esta manera, quien sea detenido y conducido a dependencias policiales para la identificación, sin la asistencia de un abogado, podrá ver aumentado su suplicio con una denuncia por un delito de este tipo.

Dado el inagotable catálogo de infracciones administrativas existentes, que según este texto –y de manera subrepticia la ley actual- habilitarían a la detención de una persona para identificarla, nos encontraremos, en caso de aprobarse, ante el intento más acabado de instaurar un estado policiaco.

Llegados a este punto, conviene recordar que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (artículos 490 a 492) que este gobierno tan (pos)moderno quiere enterrar en los anales de la historia, se muestra mucho más respetuosa hacia la libertad de circulación de las personas y solo justifica su detención en caso de que concurran indicios, cuando no flagrancia –y no meras sospechas- de su participación en la comisión de un delito.

Se ha pretendido justificar las disposiciones de este anteproyecto relativas a la disolución y sanción administrariva de algaradas callejeras en la necesidad de afrontar la proliferación de este tipo de actos. El argumento resulta de nuevo falaz habida cuenta de que la represión penal –con sus garantías- queda abierta contra los participantes. Cuestión distinta es la inepcia de los mandos policiales encargados de disolver y reprimir estas revueltas violentas que se dirigen contra bienes y personas, incluidos los policías. A este respecto, no comprendo la razón por la que las autoridades españolas no facilitan a sus policías simples tanquetas con bombas de agua a presión. Esta "tecnología de doble uso" se muestra especialmente efectiva para disolver a los vándalos al tiempo que apaga los incendios que provocan. Permite, además, un uso proporcionado de la fuerza que evita las brutales lesiones que ocasionan las fuerzas antidisturbios con la utilización caótica de pelotas de goma o de porras y otros objetos contundentes.

Por lo demás, el anteproyecto recurre a la artimaña de describir las infracciones administrativas en esta materia de manera idéntica a los delitos "para el caso de que unos hechos no constituyan delito". En derecho español, como en muchos otros ordenamientos jurídicos europeos, rige la prejudicialidad penal cuando se sigue una causa criminal por hechos que coinciden total o parcialmente con los que fundamentan la pretensión en otro órden jurisdiccional y se da el caso de que la decisión del tribunal penal tenga influencia decisiva en la resolución del asunto en otra sede. Sin embargo, dentro de una insidiosa tendencia general en España a la "administrativización" del derecho sancionador (patente ya en el ámbito tributario y las multas de tráfico que han servido a modo de avanzadillas) se observan poderosos estímulos para desviar los expedientes al ámbito administrativo. En este marco las denuncias de los agentes de la autoridad tienen una presunción de veracidad ("darán fe" dice el Art. 52 del anteproyecto) frente a su valor de testimonio sometido "a las reglas del juicio racional" que les atribuye el derecho procesal penal (Art. 717 LECr). Por otro lado, la administración por sí misma instruye y sanciona al presunto infractor de forma sumaria. Solamente la resolución final del expediente resulta revisable ante los tribunales contencioso-administrativos. Por si esto no fuera suficiente, el cuadro de desproporcionadas multas para las infracciones graves y leves (de 1.001 a 30.000 euros y de 100 a 1.000 euros, respectivamente) junto con la introducción de un procedimiento abreviado (Art. 55) donde el interesado tiene la "oportunidad" durante quince días desde la notificación de pagar la multa con una bonificación del 50 %, apuntan al objetivo de obtener ingresos parafiscales a favor del estado como sea. La voracidad recaudadora de un estado elefantiásico incentivará más si cabe la arbitrariedad de sus agentes, quienes, de hecho, elegirían en estos casos el curso de sus denuncias con unas directrices deliberadamente oscuras. No sería sorprendente observar, como ya ocurre en las patrullas de tráfico, la introducción de pluses de "productividad" a los policías cuyas denuncias conllevaran la imposición de multas administrativas a los ciudadanos.

Contestando unas primeras críticas del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre su anteproyecto, el Ministro del Interior declaró -junto a otras bochornosas identificaciones de España con sus planes que proyectan la retórica nacionalista catalana- que la ley se encuentra en estado embrionario y que será remitida al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, a la Agencia Española de Protección de Datos para que dictaminen sobre su contenido, de manera que la ley respetará los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Cualesquiera que sean los informes que se recaben, estos propósitos contradictorios solo podrán resolverse con la retirada de este anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

¿Todos son iguales?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El futuro del panorama político español es apasionante, las encuestas auguran una dispersión del voto animada por el surgimiento de nuevos partidos alternativos para todos los gustos, o casi todos. La novedad no son las diferentes opciones políticas -que siempre las ha habido, desde el Partido Pirata hasta el Partido por un Mundo más justo pasando por Escaños en Blanco hasta llegar a las 4.028 formaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior-, sino las opciones que algunos de estos tienen de irrumpir en los diferentes parlamentos.

Es fácil culpar a la Ley d’Hondt de provocar el bipartidismo pero, hasta ahora, han sido los propios españoles quienes con sus votos han elegido de forma masiva al PP o al PSOE para que se turnaran en el poder. La ley electoral, las circunscripciones electorales o las subvenciones que reciben influyen, y mucho, pero en último término la decisión es de los votantes. No hay sistema electoral perfecto, ni proporcional ni mayoritario, pero es lo que quiere "el pueblo", seguridad a cambio de libertad como ya anticipó Hobbes, y es difícil que el mapa electoral cambie por completo salvo en momentos de gran zozobra y crisis, pues uno de los elementos más valorados es la estabilidad, ese defecto que se le encuentra a los políticos cuando todos parecen iguales.

Programas electorales con letras en rojo o en azul que proponen lo mismo dentro del consenso socialdemócrata, la Pax Europea, son amenazados hoy por aquellos que hasta ahora se movían en la marginalidad del sistema y enarbolan la bandera de la alternativa política. Para unos de extrema izquierda, para otros de extrema derecha, populistas e, incluso, liberales. El debate está servido, que cada cual se etiquete y luego que cada cual vote.

La tensión entre diferentes fuerzas políticas es positiva en cuanto a que la competencia por el poder libera a los ciudadanos de los políticos siempre de acuerdo en esquilmar a los contribuyentes. En este punto sus señorías suelen llegar rápido a consensos y acuerdos pero cuantos más sean y más tarden en conseguirlo más libres seremos nosotros, que al final es lo que nos interesa. Bienvenidos sean los nuevos partidos si contribuyen en algo a ejercer como pesos o contrapesos del poder monopolítisco del Estado, malditos si su vocación es sumarse al fiesta estatista.

Si todos los políticos son iguales es porque la gente quiere que lo sean, porque votan a los iguales o no votan ni hacen nada para que dejen de serlo. Tanto si intentamos vivir al margen de los políticos como participar eligiendo a los representantes no podemos mirar hacia otro lado y continuar culpando a misteriosas fuerzas ajenas a nosotros mismos, ya sea "el sistema electoral" o "la partitocracia", pues son el resultado de nuestros votos, y el de nuestros vecinos. Pero es que en eso consiste la democracia.

La integridad del vigilante y el cumplimiento de la norma

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los temas más agradecidos de explicar en políticas públicas es el problema llamado del Principal y el Agente. Estudia la típica situación de riesgo moral (o moral hazard) aplicado al comportamiento del gobierno y de las empresas. Los alumnos entienden perfectamente la tentación del vigilante de llegar a un acuerdo con el vigilado en cuanto les cuento un caso real de una niña de once años que le cuenta a su madre que esa mañana, en el colegio, la profesora ha tenido que salir de clase y ha dejado a una alumna encargada de apuntar a los charlatanes. La niña protagonista, inquieta y parlanchina, fue apuntada en la lista y la vigilante tuvo que ponerle tres cruces porque no paraba de hablar con el compañero. Viendo la cara de enfado de su madre, y antes de que ésta pudiera decir una palabra, la niña explicaba que consiguió que la borraran de la lista. Ofreció regalices rojos a la vigilante y todo resuelto. Todos tenemos un precio. Mis alumnos se ríen pero entienden de inmediato que si un niño se ve tentado a pactar con el vigilante, cómo no va a suceder esto entre empresas, reguladores y gobernantes. Cambiamos las golosinas por dinero y privilegios y ya tenemos el Problema de la Agencia o Problema del Principal y el Agente.

La vigilancia, ¿pública o privada?

Vigilar al vigilante es un ancestral problema que no nos hemos inventado ahora. Pero desde la aparición de nuestros modernos estados democráticos la organización de la vigilancia aparenta ser más problemática.

¿Debe haber un organismo regulador de la competencia? ¿Son eficientes los organismos encargados de vigilar el adecuado suministro de energía? ¿Sería preferible contratar a una auditoría externa independiente de los partidos políticos? Todas estas preguntas siguen derivando en serias polémicas en las que los partidarios de una u otra opción discurren buscando el beneficio de la sociedad. Nadie quiere que los mercados no funcionen (excepto en casos de ignorancia aguda), o que la población que paga sus impuestos no reciba un adecuado suministro de luz y agua. Todos queremos que los euros que los ciudadanos (Principal) pagan al Estado, a la fuerza o con ingenua alegría, sirvan para que los servicios delegados en manos del Estado (que es Agente de los ciudadanos y el Principal de los reguladores y auditorías) sean provistos en condiciones.

Las consecuencias de que los vigilantes incumplan, sea el Tribunal de Cuentas, sea la auditoría privada ya desaparecida Arthur Andersen, son muy graves. Por eso es tan importante dilucidar qué titularidad, pública o privada, es mejor. La mayoría de las personas que conozco tienen mucha más fe en la vigilancia pública que en la privada. Es una postura perfectamente respetable. Pero no se basa en la evidencia, sino en la fe. Porque la realidad es que la traición, el engaño y el robo son vicios humanos, no institucionales. Y, en definitiva, para evitar los Problemas de Agencia hay que diseñar incentivos adecuados. Incentivos que tocan la motivación de seres humanos, de personas cuya naturaleza o moralidad no cambia si trabajan para el Estado o para la empresa privada. Lo que sí varía es el número de oportunidades que se le presentan al vigilante en uno y otro ámbito. Dicho en castizo, el inmoral trinca en cuanto tiene oportunidad a menos que le pongas trabas.

La rendición de cuentas define la mejor opción

La mejor manera de evitar el riesgo moral de los Agentes es obligar a que justifiquen lo que hacen y el dinero que gastan.  En este sentido, una empresa cuyos propietarios ven que su dinero no rinde por un comportamiento inmoral y no hacen nada sucumbirá probablemente. O al menos, no será todo lo próspera que podría. Las cuentas de la empresa tienen que ser revisadas cada cierto tiempo. De lo contrario, se pueden acumular pufos ocultos sin que los responsables den la cara.

Y he sacado el caso de la auditora Arthur Andersen y el Tribunal de Cuentas adrede.  La primera no cumplió con su obligación y, como nos cuenta Miquel Roig en Expansión, permitió que la empresa Wordcom mintiera en sus cuentas por tres años en pleno boom de las puntocom. El presidente de la compañía está en prisión y Arthur Andersen también ha pasado por los tribunales.

Por el contrario, nuestro Tribunal de Cuentas es famoso por arrastrar un retraso en su revisión de las cuentas públicas de entorno a cinco años. No solamente eso. Es muy conocido el escándalo de la Universidad Complutense que, requerida por el Tribunal, se negó a entregar sus cuentas. Y ahí está, con su enorme agujero financiero, funcionando.

Que hay fallos institucionales en ambos casos es evidente, pero también lo es en cuál de los dos la rendición de cuentas funciona. Lo mismo podríamos decir de los partidos políticos, los sindicatos, las fundaciones, y demás organismos semi-públicos en los que se descubren fraudes cada día.

Rajoy lleva la fiscalidad sobre el empleo a su punto más alto desde los años 80

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Los impuestos al tabaco provocan una disminución en su consumo, algo que el Ministerio de Sanidad se encarga de recordar cada vez que se decreta un incremento en estos tributos. La subida del IVA al cine ha hecho que se desplome la asistencia a las salas, como ha dejado claro el sector. Las tasas que algunas regiones cobran a los turistas por cada noche de alojamiento provocan las protestas inmediatas de los hoteleros, que temen por el impacto que pueda tener en su facturación.

Los tres ejemplos anteriores son ampliamente conocidos y reconocidos. Nadie parece dudar de su veracidad. Parece lógico pensar que un incremento en los impuestos de un producto tiene una repercusión directa (y negativa) en el consumo del mismo. Sin embargo, con el trabajo no se establece la misma relación. Los políticos españoles llevan subiendo los impuestos al empleo de forma constante desde que comenzó la crisis. Y el paro se ha disparado como en ningún otro país de la UE.

Es cierto que hay muchos más factores que pueden influir en las cifras del desempleo, desde la rigidez del mercado laboral al hundimiento de sectores como el de la construcción, muy intensivos en mano de obra. Pero, de verdad, ¿a nadie en el Gobierno se le ha pasado por la cabeza que el enorme coste al que tienen que hacer frente los empresarios a la hora de contratar puede influirles cuando toman esta decisión? ¿O qué el recorte que sufren los empleados entre los sueldos brutos y los netos no repercutirá en sus ganas de trabajar o mejorar en su profesión? 

Coste y salario

Cuando un empresario piensa en contratar a un nuevo trabajador (o mantener a alguno de los ya existentes) calcula cuánto le va a costar éste y cuánto va a producir para su negocio. La lógica nos dice que sólo realizará el fichaje si la segunda cifra es superior a la primera.

Normalmente, asociamos el coste laboral con el salario. Pero esto es un error. En realidad, lo que el empresario paga por un empleado es mucho más de lo que éste recibe en su cuenta bancaria. Y claro, esto tiene muchas implicaciones en las decisiones de uno y otro.

Coste laboral = Salario neto + IRPF + Cotizaciones sociales

De esta manera, hay una gran distancia entre lo que el trabajador gana y lo que el empresario abona. La primera consecuencia es que existe una muy diferente percepción entre lo que piensan uno y otro. El empleado sólo ve el extracto bancario. Pero su jefe piensa en lo que en realidad le cuesta. Quizás aquél piense que gana muy poco y éste crea que paga demasiado. Lo peor de todo es que, en muchos casos, ambos pueden tener razón.

Tal y como explicaba Libre Mercado este sábado, en España el pago de impuestos y cotizaciones alcanzaba en 2012 el 41,4% del total del coste laboral del trabajador medio soltero y sin hijos. Por ejemplo, según las cifras del informe Taxing wages, de la OCDE, un empleado con estas características ganaba 27.526 euros, pero le costaba a su empresa 46.974 euros (o lo que es lo mismo, 19.448 euros más).

Según la OCDE, la presión fiscal para el trabajador medio (recordemos, sólo en tributos sobre el trabajo, no contamos indirectos) creció en 2,8 puntos de 2000 a 2012. De hecho, había bajado algo hasta 2009, pero desde este año se ha incrementado en 3,1 puntos. Es cierto que una pequeña parte de este repunte se puede explicar en parte por el efecto composición: el sueldo medio español ha subido respecto al año 2000 porque buena parte de los despedidos con la crisis estaban en la banda salarial baja; y una nómina más alta paga más impuestos. Pero la mayor parte se explica por los incrementos tributarios de los últimos años.

Mientras tanto, la media dentro de la OCDE (los países más ricos del mundo) indica una ligera caída de 1,1 puntos (del 36,7% al 35,6%) entre 2000 y 2012. No son cifras muy alentadoras para la competitividad de nuestras empresas.

Años de subidas

Todos estos datos son del año 2012, por lo que incluyen algunas de las subidas de impuestos al trabajo aprobadas por el Gobierno del PP, pero no todas. En conjunto, sumando todos los cambios de los últimos años, tanto con José Luis Rodríguez Zapatero como con Mariano Rajoy, los empresarios españoles se enfrentan a los tributos sobre el trabajo más elevados de las últimas dos décadas, que es cuando existen datos comparables y una estructura impositiva similar. De hecho, posiblemente estemos hablando de la fiscalidad sobre el empleo más agresiva de la historia. Y eso con casi seis millones de desempleados y una tasa de paro superior al 25%.

– IRPF: sin duda, ha sido la subida tributaria más espectacular de los últimos años. En 2008, el tipo marginal máximo era del 43%. Primero, fue el Gobierno del PSOE el que incrementó este nivel. Luego, llegó el gran golpe para los contribuyentes.

En diciembre de 2011, Mariano Rajoy rompía todas sus promesas electorales y aprobaba un "gravamen extraordinario", que incluía subidas en todos los tramos (hasta 7 puntos para las rentas más altas). Y se solapaba con incrementos en el tramo autonómico en la mayoría de los regiones. Ahora, los tipos marginales van del 51,9% de Madrid o La Rioja al 56% de Cataluña, Asturias o Andalucía. Se suponía la medida anunciada por el Gobierno central era temporal (por dos años), pero ya sabemos que, como mínimo, se extenderá un ejercicio más de lo prometido en un inicio.

– Cotizaciones: es uno de los grandes desconocidos de la fiscalidad española. Y eso que aporta más a las arcas tributarias que el IRPF. En 2008, un buen año para medirlo porque todavía no se sentían los efectos distorsionadores de la crisis, las cotizaciones sumaban algo más del 34% de los ingresos públicos, por un 25% del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué entonces se habla tan poco de ellas? Pues la principal razón es que la buena parte de los trabajadores no saben que se están pagando o, si lo saben, no se imaginan a cuánto ascienden.

Por ejemplo, imaginemos a un empleado con una nómina de unos 2.000 euros brutos. A este trabajador le descontarán un 4,7% de contingencias comunes, un 1,55% de desempleo, un 0,1% para formación y (más o menos) un 17% de IRPF. En total, aproximadamente se le restará un 23,5% de su sueldo bruto, unos 480-490 euros.

Lo que no se dice en ninguna parte de esa nómina, es que la empresa está pagando un 30% más a la Seguridad Social: 23,6% por contingencias comunes, 5,5% por desempleo, un 0,2% al Fogasa y un 0,6% en Formación. Son 600 euros al mes de coste extra oculto.

En estos días, se ha hablado mucho del último cambio en la normativa sobre cotizaciones aprobado para 2014. Por un lado, se elimina la exención de cotización a la Seguridad Social de la retribución en especie (cheques restaurante, guardería, seguro médico,… ); por otro, se sube la base mínima de cotización para los autónomos societarios y aquellos con más de diez trabajadores. Es importante destacar que los tipos no han cambiado. Por lo tanto, aparentemente, no hay una subida impuestos. Pero al computar más conceptos, lo que se produce en la práctica es un incremento en lo que pagarán empresario y trabajador.

– Las subidas encubiertas: pero los incrementos de impuestos no se han quedado en los titulares de las noticias. Desde que comenzó la crisis, se han producido de forma constante dos subidas ocultas de impuestos, que afectan al IRPF y a las cotizaciones sociales. No se habla mucho de ellas, pero son muy importantes. En el Impuesto sobre la Renta, como explica elblogsalmón, no se han actualizado los tramos desde 2008. Pero los precios y salarios, aunque poco, sí han subido. Por lo tanto, personas con el mismo poder adquisitivo que a comienzos de la crisis, han subido de tramo y pagan un porcentaje superior de IRPF. Es un mecanismo que, con mucha sordina pero de forma constante, va castigando el bolsillo del contribuyente.

De la misma manera, las bases de cotización a la Seguridad Social han ido subiendo por encima del coste de la vida de forma constante. Este año, por ejemplo, la base máxima ha pasado de 3.425 euros a 3.590 euros (un 5%), lo que podría llegar a suponer unos 51 euros para la empresa y unos 10 euros para los trabajadores que se encuentren en estos niveles. Por cierto, que este incremento en la cotización no se traducirá en el correspondiente incremento en los derechos acumulados para una futura pensión. Y hablamos del Régimen General, porque también los autónomos tendrán subidas en sus bases de cotización.

Vuelta a los 80

Aunque parezca mentira, con seis millones de parados, crear un nuevo puesto de trabajo en España cuesta mucho dinero, en buena parte por la factura de Hacienda. En total, podemos asegurar que nunca, desde los años 80, los empresarios españoles habían pagado tanto por crear empleo. En aquella década, el IRPF llegó a estar cerca del 70% y las cotizaciones sociales superaban el 30%. También hay que tener en cuenta que la estructura impositiva era muy diferente. Por ejemplo, el IRPF tenía más de 30 tramos.

Desde comienzos de los años 90 se inició un proceso de pequeñas rebajas tributarias, que dieron algo de aire a las empresas y trabajadores españoles. El IRPF llegó a tener un tipo marginal máximo del 43%. Y las cotizaciones, después de dos décadas estables, podía preverse que se reducirían. De hecho, el propio Rajoy prometió bajarlas dos puntos cuando subió el IVA en 2012 (otra promesa completamente olvidada en estos momentos). Al final, lo cierto es que tras las subidas aplicadas por sus gobiernos autonómicos, hay asturianos, andaluces o catalanes pagando un tipo del 56%.

Y en cuanto a cotizaciones pagadas por las empresas, somos el cuarto país de Europa en términos de ingresos respecto al PIB. Teniendo en cuenta el dato de paro en España, para alcanzar esa recaudación es evidente que hay que cobrar mucho por cada puesto de trabajo. Como explicamos ayer, pocos países de Europa castigan a sus empresas y trabajadores con tanta saña.

En los últimos meses, hemos leído alguna noticia sobre la caída de los costes laborales. Pero este fenómeno se explica únicamente por un descenso en los salarios. El resto de conceptos que afectan a la nómina han seguido subiendo. Contratar a un nuevo empleado y que a éste le lleguen 1.000 euros netos a su banco es ahora mucho más caro que hace unos años (otra cuestión es que el que antes cobraba 1.000 euros netos ahora gane 800).

Las consecuencias

¿Y qué consecuencias tiene todo esto sobre el empleo? Pues depende de a quién se pregunte. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la subida de las cotizaciones sociales para 2014, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, afirmaba: "Ninguna empresa va a reducir empleo porque tenga que aportar 4, 5 o 10 euros más al mes por un trabajador". No parece mucho dinero. Y para el empleado, que también tiene que cotizar, sus cálculos son de un euro de media al mes.

El problema es que estas medias se han hecho contando a todos los trabajadores. Y la mayoría de los asalariados no tiene ningún tipo de retribución en especie. Pero para los que sí recibían esta gratificación, los datos son mucho más elevados. Imaginemos a un empleado tipo de una oficina de Madrid, que recibía 200 euros en tickets de comida (10 euros por 20 días de trabajo al mes). A partir de este momento, hay un nuevo concepto que entra en su base de cotización, por lo que la empresa tendrá que pagar el 30% de esa cantidad a la Seguridad Social (60 euros al mes). Por su parte, el empleado pagará su 6,35% (12,7 euros al mes). Son cifras muy diferentes a las planteadas por Burgos.

Por eso, los empresarios han contestado con una dureza inusitada al Gobierno. La CEOE ha emitido esta misma semana un comunicado en el que pide la retirada de un decreto que creen que se aprobó de forma "precipitada". La patronal asegura que la nueva medida supondrá un freno a la creación de empleo, un incremento en los costes laborales y una pérdida de competitividad para las compañías españolas. Y eso por no hablar de la reacción de los sectores directamente implicadas en la medida, como la hostelería, las guarderías o los seguros.

Al final, para saber las consecuencias, quizá lo mejor sea imaginarse cómo son las relaciones entre empresario y trabajador. El primero piensa en términos de coste total y el segundo en salario neto. Hasta ahora, la empresa podía pensar: "Le ofrezco 2.000 euros de salario bruto, que se le quedan en 1.500 netos y lo complemento con 200 de tickets. Él gana 1.700 euros y a mí me sale por unos 2.600 al mes incluyendo cotizaciones". Con la nueva norma, el empleado sigue ganando lo mismo (bueno, menos 12 euros), pero su coste para la empresa sube a 2.660 euros. Habrá compañías que lo acepten, otras que quieran repartir la subida con sus empleados, otras que quiten por completo los tickets… Cada una reaccionará a su manera. Y a la hora de contratar a otro empleado para este puesto, la empresa sabrá será 60 euros más caro hacerlo. Desde luego, no ayudará a la creación de empleo.

Pero los impuestos al trabajo no sólo entran en la mente del empresario. El trabajador también está muy condicionado. Por ejemplo, imaginemos a un empleado de alto nivel que vive en Cataluña y cobra 100.000 euros brutos. Una empresa de la competencia le hace una oferta que implica una subida salarial y de categoría profesional. Por una parte, ganaría más; por otra tendría que cambiar de localidad y estaría en un puesto con más tensión. Para la economía española en su conjunto, sería bueno que aceptara, porque supondría que alguien con talento adquiere más responsabilidad. ¿Qué hará? Pues depende. Si le ofrecen 30.000 euros brutos más al año, pensará: "Eso son algo más 14.000 netos de subida, tras quitar la Seguridad Social y el IRPF (en su región, tiene un marginal para ese sueldo del 49%)". ¿Le compensará? Nadie lo sabe. Cada situación es diferente. Pero los 16.000 euros que se queda Hacienda no ayudarán a que la respuesta sea ‘Sí’.

Francia despierta del error intervencionista

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Hollande a confirmé le caractère libéral de la politique économique mise en oeuvre", Jean-Claude Mailly

Hay pocos países en el mundo como Francia. Cuenta con un empresariado potente, innovador, creativo, un afán por la excelencia y potencial para liderar en tecnología, industria y comercio a raudales. Enormes oportunidades para generar crecimiento. Y sin embargo, desde hace mucho tiempo, el erial intervencionista impuesto ha llevado a un país que parece secuestrado por el inmovilismo del modelo ‘dirigido’ que ha ido lentamente fagocitando a la iniciativa emprendedora.

Lo comento en Viaje a la Libertad Económica: hace sólo diez años, Alemania y Francia tenían déficits y deudas similares. Ninguna de las dos economías era, ni es, un modelo ‘liberal’ ni mucho menos, pero siempre habían cuidado a sus empresas. Alemania tomó el camino de las reformas y Francia el de “aguantar y esperar”, atacando a su propia línea de flotación con políticas fiscales y de gasto confiscatorias para sostener un sector público hipertrofiado.

La última vez que Francia tuvo un presupuesto equilibrado fue en 1980, y desde 1974 nunca ha generado superávit, la deuda pública alcanza el 93,5% del PIB, estancamiento, un paro del 10,8% y en 2012 sufría el mayor déficit por cuenta corriente de la Eurozona.  Alemania registra superávit presupuestario, crecimiento, mucho menos paro (6,9%) y menor deuda (80%). Como en España, es común escuchar que la culpa de los problemas del país viene del extranjero, de ‘la globalización’ o ‘la crisis del euro’, sin embargo las comparaciones con Alemania hunden esos argumentos.

En España nos quieren convencer de que la solución a nuestra crisis es cometer los mismos errores que cometió Hollande, subir impuestos y gastar más. Afortunadamente, Francia siempre ha superado sus dificultades y reconoce sus equivocaciones. El plan de recortes y bajadas de impuestos presentado por el presidente Hollande este martes es una buena noticia, aunque solo sea un primer paso en el camino a recuperar el liderazgo y la competitividad. Y el fracaso de las medidas de 2012 debería acallar las voces que nos exigían “copiar el modelo” en España.

En mayo de 2012, cuando François Hollande ganó las elecciones en Francia, muchos lo celebraron como un ‘jaque al neoliberalismo’. Se lo juro. Un neoliberalismo inexistente en un país donde el gasto publico supera el 57% del PIB, donde los presupuestos de las administraciones públicas han crecido un 12% en cinco años y el 22% de la población activa trabaja para el Estado, administraciones locales y hospitales públicos; donde el salario completo bruto que un trabajador debe ganar para disponer de 100 euros tras todas las retenciones por impuestos es de 230 euros (180 euros en España). Más de la mitad de la renta del trabajo se pierde en impuestos y retenciones. Pero es que hay gente que llama neoliberalismo a cualquier cosa.

La fórmula Hollande era multiplicar los mismos errores que habían llevado a la crisis a la Eurozona. Políticas de ‘crecimiento’ –de gasto- con chequera en blanco, déficits estructurales, deuda desbocada, subidas de impuestos y gasto público.

Francia ha gastado decenas de miles de millones en ‘planes de estímulo’ desde 2009. En concreto, 47.000 millones en 2009, 1.240 millones a la industria del automóvil y dos ‘planes de crecimiento’ en el mandato Hollande: 37.600 (‘inversiones’) y 16.500 millones (‘tecnología’).

En 2009, Francia tenía una media de 2,28 millones de parados y la cifra supera los 3.300.000 en Noviembre de 2013. Resultado: Record histórico de paro. Repetir.

Pero la realidad es tozuda, y hasta los políticos más intervencionistas terminan reconociéndola. Ante un escenario de estancamiento y problemas estructurales, el presidente Hollande anunciaba, por fin, una tímida reestructuración. 30.000 millones de euros en bajadas de impuestos a empresas (contribuciones sociales) y 50.000 millones de recortes hasta el año 2017.

La reacción, como no podía ser de otra manera, ha sido furibunda por parte de los sindicatos que acusaban al presidente de entregarse al modelo liberal. Y eso que llamar ‘liberal’ a la política económica francesa es como llamar rockero a Justin Bieber.  Una bajada de impuestos mínima y unos recortes ínfimos en un estado hipertrofiado no son medidas liberales, son medidas de ‘aflojar la soga’, que aun aprieta, y mucho.

Hay que ver las medidas con cautela. Primero, porque el periodo y las cantidades son poco ambiciosas. La presion fiscal sigue siendo muy superior a la media de las economías comparables, un 46,5% del PIB,  y no se han dado detalles de los recortes. Y hay mucho donde recortar en un país con 5,5 millones de funcionarios y 2 millones de empleados públicos sin categoría de ‘funcionariado’, que suponen casi el 48% del presupuesto anual.

Y es que la máquina de exprimir ya no da más de sí, y genera incentivos perversos al inculcar, en un país de tradición creadora y emprendedora, la idea de que la única salida laboral adecuada es el sector público. El escarnio público y la demonización del empresario y de los ricos termina por hacer mella y la quimera de ‘vivir del estado’  se convierte en la pesadilla donde el estado ‘vive de todos los demás’, como decía Bastiat.

En 2013 el déficit de Francia ha sido de unos 74.900 millones de euros, muy lejos de los objetivos, a pesar de haber aumentado los impuestos en 20.000 millones de euros.

Las subidas de impuestos han supuesto un serio problema, ya que no sólo han reducido la competitividad, sino que además, según Les Echos, el país ha recaudado 3.500 millones menos de lo esperado. La curva de Laffer en toda su gloria. Más impuestos, menos recaudación.

Francia se encuentra ante un escenario que debe utilizar para llevar a cabo reformas estructurales y mejorar su competitividad. Aprovechar un entorno de crecimiento de la Eurozona del 1,1%, las primas de riesgo a mínimos y las exportaciones creciendo. Es precisamente ahora cuando deben tomarse medidas de verdadero calado para potenciar la economía. En España nos jugamos mucho en que Francia recupere su fortaleza, ya que es nuestro principal cliente en exportaciones.

No, el plan anunciado no es suficiente, ni de lejos. Ni Francia va a convertirse de la noche a la mañana en una economía totalmente abierta, ni mucho menos liberal. Pero es un paso en la dirección adecuada para no sucumbir ante el inmovilismo esperando que el mundo cambie. Y es un paso valiente, si se lleva a cabo, al que debe seguir una batería de reformas que ponga de nuevo a Francia en la posición de liderazgo global que merece. Si no, dentro de unos años el país seguirá estancado, y todavía tendremos a algún desorientado que se atreverá  a escribir que “Francia no crece por las políticas neoliberales”.  Y pedirán más gasto público para ‘solucionarlo’.

Cómo enfrentar a un detestable chistoso antisemita

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La judeofobia en Francia no es ninguna broma. El país que presume de ser la cuna de los derechos humanos es también uno en los que tradicionalmente, y también en la actualidad, más extendido ha estado el odio hacia los judíos. Es la patria del tristemente famoso affaire Dreyfus. El comportamiento de las autoridades y de gran parte de los ciudadanos franceses durante el Holocausto no puede considerarse precisamente ejemplar. Décadas después, el hexágono tuvo como diputado (tanto nacional como europeo) a un Jean-Marie Le Pen que oscilaba entre la negación y la minimización del citado crimen contra la Humanidad.

A ese antisemitismo tradicional francés se une otro de relativamente nuevo cuño en el Viejo Continente. Entre los hijos y nietos de inmigrantes procedentes del Norte de África, así como entre quienes siguen llegando a Francia desde dicha región, está muy extendida la judeofobia de raíz arábigo-musulmana. Esta última no sólo se da entre los franco-magrebíes islamistas (cada vez más numerosos), sino incluso entre los que mantienen una visión en otros aspectos moderada de su religión o, incluso, entre los que no son religiosos.

Con todos esos antecedentes, la prohibición que el Gobierno galo logró imponer al espectáculo del humorista antisemita Dieduonné (entre cuyos seguidores hay antisemitas de los dos tipos señalados) fue celebrado por muchos, dentro y fuera de Francia, como un triunfo del Estado de Derecho y de la lucha contra la intolerancia. Los motivos que llevaron a pedir que se impidiera la actuación del polémico, en realidad simplemente detestable, personaje fueron sus alegatos contra los judíos, el deseo que lanzaba de que un periodista hebreo muriera en las cámaras de gas y su simpatía declarada por el presidente colaboracionista Pétain y el propio Adolf Hitler. Es judeofobia en estado puro.

En su vuelta a los escenarios ha eliminado todos esos contenidos. No ha desaparecido, eso sí, el saludo nazi popularmente conocido como quenelle, que Dieduonné y sus seguidores tratan de hacer políticamente aceptable diciendo que es un corte de manga a la clase política. Al final, la nueva obra, con el mantenimiento de la citada quenelle y con bromas sobre que a partir de ahora se insultará a árabes y negros, pero no judíos, mantiene una judeofobia implícita mucho más difícil de demostrar.

Resulta comprensible que las autoridades quieran frenar a quienes propagan el antisemitismo, un odio irracional que en su versión más radical causó seis millones de muertos a manos de los nazis y sus aliados de muchos países europeos. Pero las prohibiciones de espectáculos como el de Dieduonné no son el mejor camino. Si los teatros donde iba a actuar el personaje en cuestión son públicos, es legítimo que se le vete. El propietario es el Estado y no está obligado a ceder sus bienes a quien se dedica a difundir el odio (no entramos aquí en el debate sobre si el Estado debe o no poseer espacios escénicos de ese tipo). Otra cosa es si se trata de sala privadas, donde la proscripción además de censura es un completo error.

Al margen de que hasta los chistes malos en el plano moral deban estar amparados por la libertad de expresión, hay motivos de índole práctica para oponerse a este tipo de censura. A partir de ahora, el tipo se presentará ante los suyos como una víctima de la represión. Podrá, además, decir que ha sido ejercida con el Estado francés siguiendo las órdenes de "los judíos" (el antisemitismo tiene la característica de que no señala a uno o a un grupo de hebreos en concreto, sino que el supuesto mal es causado por el total de ellos).

Por mucho que ya no se pueda acudir a un teatro a escuchar sus obscenidades abiertamente antisemitas, las veladas siguen ahí, quien quiera "disfrutar" de ellas seguro que puede acceder a vídeos en internet difícilmente controlables. El cómico judeófobo siempre encontrará vehículos para difundir y hacer apología de su odio. Y ahora no sólo lo hará con mayor virulencia y una patina de supuesta heroicidad ante sus acólitos, sino que personas que jamás tuvieron interés en él o, incluso, no le conocían, pueden interesarse ahora por escuchar su mensaje.

Por noble que sea la causa por la que se le ha prohibido ofrecer su espectáculo antisemita, que lo es, se ha cometido un error al intentar sacarle de los escenarios. Hay que combatir ese odio, pero no mediante unas prohibiciones que a la larga sólo favorecen a personajes nefastos como Dieduonné. La vía es difundir ideas contrarias a las suyas, hacer pedagogía de lo que significa su antisemitismo y, por qué no, responder con un humor que le ridiculice a él y a quienes piensan como él. Incluso cuando son humoristas, los enemigos de la libertad (y los antisemitas los son) aguantan mal la broma y la chanza cuando es dirigida sobre ellos. No les gusta, y les deja en evidencia si está bien hecha. 

Los bálticos: el ejemplo de recuperación robusta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En 2009 y 2010 las políticas de austeridad que estaban aplicando los países bálticos parecían abocarles al más irremisible de los colapsos: con respecto a 2008, Estonia había reducido su gasto público un 4,5% en términos nominales, Lituania un 4,7% y Letonia un espectacular 20,1%. Paralelamente, España lo incrementó un 7,7% y todavía hoy, tras los recortes de cortaúñas de Rajoy, sigue por encima del nivel alcanzado en 2008.

El efecto a corto plazo fue ciertamente doloroso: en 2009, en plena aplicación de las políticas de austeridad, el PIB de estos tres países llegó a caer entre un 15% y un 20% con respecto al nivel máximo alcanzado en plena burbuja del crédito. De ahí que los sicofantes del despilfarro megaestatal pudieran hacer su propagandístico agosto. Por ejemplo, en 2009 el diario Público titulaba con respecto a Letonia: “El bastión neoliberal de Europa se derrumba”.

Pero la austeridad por el lado del gasto logró sanear las finanzas públicas de estos países: Estonia registró superávit presupuestario en 2010, Letonia lo logró en 2012 (partiendo de un déficit superior al 7%) y Lituania se quedó en un déficit del 3,3% en 2012 (partiendo de un déficit del 9,4% en 2009). La ortodoxia financiera también permitió consolidar su endeudamiento estatal en niveles completamente manejables: la deuda pública de Estonia se sitúa en el 11% del PIB, la de Letonia en el 38% y la de Lituania en el 42%.

Fue este clima de rigor y estabilidad presupuestaria el que despejó los temores sobre una fuerte depreciación de sus divisas (que siguieron firmemente ligadas al euro) y, por tanto, proporcionó a sus ciudadanos y empresarios un marco de suficiente previsibilidad y estabilidad como para mantener o incrementar sus niveles de ahorro, proporcionando a su economía el capital suficiente como para transformar la burbujística estructura económica del país: la tasa de ahorro sobre el PIB de Estonia pasó del 20% en 2008 al 26% en 2013, facilitando el mantenimiento de su inversión en un elevado 27% del PIB; la de Letonia pasó del 17% al 24%, consolidando una inversión equivalente a casi el 26% del PIB; y la de Lituania, que fue la más rezagada, pasó del 14% al 18%, anclando el nivel de inversión en el 18% del PIB.

La combinación de ese notable volumen de inversión —en plena crisis económica— con unos mercados sustancialmente más libres y flexibles que los del resto de Europa les permitieron lograr una revolucionaria transformación de su estructura productiva, orientándola decididamente hacia el sector exterior: entre 2007 y 2012, las exportaciones de Estonia crecieron del 50% del PIB al 72%, las de Letonia del 27% al 44% y las de Lituania del 44% al 70%. Gracias a ello, y a la también marcada sustitución de importaciones, los saldos exteriores de estos tres países —marcadamente deficitarios durante la época de la burbuja— sufrieron un vuelco absoluto: Estonia y Lituania pasaron de registrar un déficit exterior de alrededor del 15% del PIB a un equilibrio exterior, mientras que Letonia redujo su déficit exterior del 22% al 1%. El saneamiento interior fue de la mano del saneamiento exterior y, por tanto, de una copernicana reorientación de la economía.

El resultado fue simplemente espectacular y se tradujo en vertiginosos crecimientos del PIB y del empleo: entre 2010 y 2013, el PIB de Estonia creció un 16% y su ocupación un 10%; el PIB de Letonia se expandió un 15% y su ocupación casi un 6%, y el de Lituania lo hizo un 13% con una creación neta de empleo del 3%. El éxito de los bálticos suponía toda una bofetada contra los keynesianos, quienes todavía se agarraban a un par de clavos ardiendo: tal como denunciaba Paul Krugman, ninguno de estos países había recuperado todavía el nivel de PIB y de empleo previos a la crisis. La crítica estaba en gran medida infundada: si la composición de tu PIB en 2007 provenía de inversiones burbujísticas e insostenibles sufragadas por el hiperendeudamiento exterior, no debería constituir referencia alguna sobre cuán bien o mal lo estés haciendo. Pero, en todo caso, sonaba verosímil: si tan bien lo estaban haciendo, ¿cómo es que eran incapaces de superar las marcas registradas en 2007 o 2008?

Afortunadamente, este desesperado discurso keynesiano pronto pasará a la historia: Estonia y Lituania se espera que superen su nivel de PIB previo a la crisis este mismo 2014, mientras que Letonia deberá esperar a algún momento entre 2015 y 2016. Peores son, ciertamente, las previsiones de empleo: en 2014, el número de personas ocupadas en Estonia será un 4% inferior al máximo alcanzado antes de la crisis; en Letonia rondará el 14% y en Lituania el 8%. El éxito en estos dos capítulos podrá parecerles, pues, parco, lo que aparentemente podría darles la razón a los keynesianos. Pero pensémoslo dos veces.

Primero: comparémoslo con la economía española, que no se espera que recupere el nivel de PIB previo a la crisis hasta finales de esta década y cuyo nivel de empleo en 2014 será casi un 20% inferior al de 2007; o comparémoslo con Islandia, la niña de los ojos europea de Krugman y el resto de keynesianos —ese país que, merced a su fortísima depreciación monetaria, constituía un paradigma de cómo superar la crisis con prontitud—, la cual, pese a haber triplicado sus niveles de deuda pública, no recuperará el nivel de PIB previo a la crisis hasta algún momento entre 2015 y 2016 (como Letonia, y peor que Lituania y Estonia) y su empleo en 2014 será un 8% inferior al máximo pre-crisis.

Segundo: los datos de empleo de los bálticos, sin ser buenos, deben matizarse por la evolución demográfica. Debido a su baja natalidad y, sobre todo, a sus intensos movimientos migratorios, Estonia, Letonia y Lituania vienen perdiendo población desde hace 25 años. Aunque tiende a pensarse que las fuertes migraciones que han experimentado estos países en los últimos años se han debido a la dura crisis económica, en realidad su influencia ha sido meramente secundaria. Por ejemplo, Letonia —el país más azotado por la emigración— ha visto cómo su saldo migratorio neto aumentaba desde una salida media de 15.600 personas entre 1991 y 2007, a una media de 24.800 entre 2008 y 2012 (es decir, la pérdida media anual extraordinaria de población vía migración durante los años de crisis no llega al 0,5% de la ciudadanos, porcentaje similar al que exhibió España en 2012). La emigración de los bálticos, en suma, está más bien vinculada a factores políticos y étnicos (la población rusa en estos tres países se ha reducido un 40% en el último cuarto de siglo, lo que permite explicar casi la mitad de la variación de la población que han sufrido desde entonces).

En contra de lo que suelen afirmar sus críticos, empero, este descenso de la población no quita mérito al milagro económico de los bálticos sino que se lo añade: lograr crecimientos económicos intensos con declive demográfico es muchísimo más complicado. Por ejemplo, la renta per cápita de Lituania ya superó en 2012 los máximos precrisis y la de Letonia lo hará ampliamente en 2014; la de Islandia, en cambio, no lo conseguirá hasta 2018, según las previsiones actuales. Así pues, si también corregimos el empleo por la variación demográfica, obtendremos una estampa más representativa de lo acaecido: el número de empleados sobre la población total de Estonia será en 2014 del 47,6% frente al 49% de 2008; en Letonia será del 43,8% frente al 46,3% de 2008; y en Lituania del 39,2% frente al 37,8% de 2008. Compárenlo con España (que se desplomará del 45,4% en 2007 al 37,7% en 2014) o incluso con la muy keynesianamente admirada Islandia (que caerá del 52% al 46,6%).

En definitiva, los bálticos siguen siendo todo un modelo de recuperación a seguir por parte de países como España, Grecia o Islandia. Las claves de su éxito son las que tantas veces hemos pregonado: austeridad pública y liberalización privada, es decir, más mercado y menos Estado. Pese a que hemos perdido siete años, todavía estamos a tiempo de seguir el camino correcto.

Errores económicos de catedráticos

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Roque Calero Pérez, catedrático en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en una entrevista en un diario local dice que es partidario de que se anule el concurso eólico de 2007 «entre otras cosas, porque la mayor parte de la potencia se da a empresas que no son canarias» y «esto significa que los beneficios que pueden ofrecer estas energías se irán fuera de Canarias».

Esta aseveración es uno de los grandes errores económicos que suelen hacer mucho daño en la sociedad, especialmente cuando es dicho por personas que ostentan importantes cargos académicos.

El catedrático no debe saber, de lo contrario deberíamos pensar mal de su frase, que cuando se produce un intercambio es porque ambas partes obtienen beneficios. Es decir, cuando vamos al mercado y compramos unas manzanas tanto nosotros como el tendero salimos ganando con el intercambio, el tendero obtiene el dinero que valora más que las manzanas y nosotros las manzanas que valoramos más que el dinero, de lo contrario, no se produciría intercambio alguno. Además, cuando vamos al mercado no nos solemos preguntar si las manzanas crecieron en San Mateo o Asturias, sino cuáles son las mejores y las más baratas para así salir más beneficiados.

Por ello, es totalmente erróneo decir que cuando la potencia energética es suministrada por empresas foráneas los beneficios salen de las islas. Pues, si estas empresas son las que suministran la energía más barata y mejor, seremos los canarios los beneficiados. Otra cosa distinta es que las empresas canarias lo hagan mejor y más barato, pero eso no es lo que dice el señor Calero.

Además, asegura que «hay que planificar mejor el territorio y concentrar los polígonos energéticos de cada isla» como si el problema energético español fuera por falta de planificación, cuando tanto el mercado energético como el de suelo son los dos mercados más intervenidos de nuestro país. Es curiosa la fatal arrogancia de algunos que, como diría el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, piensan que los problemas se arreglan con aún más planificación hecha por los que la recomiendan.

Llama la atención que el doctor Calero Pérez en toda su entrevista no hable en absoluto de más libertad económica para evitar las corruptelas en este tipo de concursos y que las personas puedan elegir el tipo de energía que les apetezca utilizar, desde el que quiera instalarse en su casa su propia fuente energética hasta el que desea consumir la energía que venga del exterior, ni que tampoco cuente cómo la planificación central y las energías renovables han dejado actualmente una deuda en nuestro país de unos 25.000 millones de euros que nos han empobrecido y que ahora tenemos que pagar con abultados recibos de la luz repletos de impuestos.

Estado minotauro

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Bertrand de Jouvenel (1903-1987) [1] [2] en su obra Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento definió un nuevo tipo de Estado que bautizó con el nombre de Estado Minotauro.

Empleó el mito griego de Teseo, para describir un Estado Minotauro que equivale a la bestia gigantesca, mitad toro y mitad hombre, que recibía como alimento a los jóvenes ciudadanos de Atenas que eran encerrados en un laberinto, como precio a pagar por los atenienses por haber perdido la guerra contra Creta: la pérdida de la libertad a cambio de la seguridad.

Forma política del Estado

La forma política del Estado moderno surgió a finales del siglo XV en Europa y, en España, fue con los Reyes Católicos. El Estado-Administración era incipiente y el Gobierno podía limitarse por el principio de consentimiento de los ciudadanos y, como argumentaban algunos autores escolásticos españoles, los derechos individuales están por encima de cualquier forma del poder terrenal.

Sin embargo, desde finales del siglo XIX con los derechos "sociales" y, especialmente, a lo largo de los siglos XX y XXI surge el Estado Minotauro, que definió Bertrand de Jouvenel, con el crecimiento exponencial del tamaño del Estado-Administración.

Como explica el profesor Armando Zerolo [3] [4] en su obra Génesis del Estado Minotauro (2013), es la nueva forma de tiranía democrática y, también, es el último estadio al que llega un aparato burocrático-administrativo al servicio de una casta política o, si se prefiere, de una oligarquía de élites extractivas, en una involución institucional que se fundamenta en la resolución estatista de los problemas a partir de las revoluciones políticas desde 1789.

Inicialmente, durante la economía preindustrial, la forma política del Estado representaba entorno al 5% del PIB de los países en los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir de la revolución industrial y, especialmente, desde la revolución francesa, el tamaño del Estado creció paulatinamente hasta alcanzar cerca del 15% del PIB después de la Primera Guerra Mundial.

Después de estallar en 1929 la crisis deflacionaria, conocida como Gran Depresión, los ciudadanos quedaron inermes ante las diversas soluciones estatistas para los problemas sociales que las oligarquías de élites extractivas fueron imponiendo en Europa, y el tamaño del Estado creció hasta los niveles máximos del nacional-socialismo de la Alemania nazi y del socialismo real o comunismo de la antigua URSS.

Si lo Político se expresó antiguamente de un modo natural con las formas políticas de la ciudad, el reino o el imperio, con las revoluciones guiadas por el racionalismo constructivista, el tamaño de la forma política "artificial" del Estado ha aumentado exponencialmente durante los siglos XX y XXI pero, sin embargo, no parece que vaya a reducirse por el «consenso socialdemócrata» existente entre la oligarquía en el poder. Más bien, al contrario.

Después de estallar en agosto de 2007 la actual crisis deflacionaria, conocida como Gran Recesión, se observa un cambio en la percepción de los ciudadanos con gran descontento e indignación hacia la clase política. Sin embargo, como señala el catedrático Dalmacio Negro, que exista una situación prerrevolucionaria, no quiere decir que, en caso de producirse una revolución, el Estado vaya a disminuir. 

Revolución Francesa (1789)

La Revolución francesa de 1789 fue el punto de inflexión y no retorno en el crecimiento del Estado. A partir de entonces, la legislación fabricada por el Estado-Administración se impone a los ciudadanos aplastando los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la ley.

Desde entonces, los ciudadanos consienten todo aquello que legisle la supuesta autoridad política. Los derechos individuales están secuestrados por el estatismo imperante en el "ethos" colectivo; significando la vida, la libertad y la propiedad lo que, en cada momento y en cada país, determine la oligarquía de élites extractivas por medio del derecho público, del derecho fiscal.

Con el crecimiento desbocado del Estado se impone la legislación positiva como formadora del Derecho con la "ratio status" o la "razón de Estado" imponiéndose por encima del uso y las costumbres, la "common Law" inglesa o, si se prefiere, el "derecho de gentes" que defendía la escolástica española de los siglos XVI y XVII.

El poder político reside en todos y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, cuando el "ethos" colectivo deposita la toma de decisiones en una casta política, sin dispersión pluralista del poder y sin barreras institucionales (referéndum) frente al intervencionismo, la forma política del Estado se transforma en una maquinaria burocrática y legislativa al servicio de la oligarquía presente en cada ciudad, en cada región y en cada país, cuya esencia es el crecimiento y la invasión competencias del ámbito de decisión de los ciudadanos.

Después de depositar su voto cada cuatro años, la mayoría de los ciudadanos son espectadores pasivos de los juegos de las oligarquías por repartirse el poder y son meras comparsas de la redistribución por el orden político de la riqueza que genera el orden de mercado.

Tamaño del Estado

La amenaza más seria para la democracia en Europa es el tamaño del Estado que, nuevamente, está situado en niveles cercanos al 50% del PIB e, incluso, superiores; lo que imposibilita que se pueda competir internacionalmente con otras áreas económicas, quedando aprisionados los derechos individuales e intervenidos los mercados por la maraña de leyes y las redes de intereses tejidas por las oligarquías de élites extractivas de cada país.

En su obra Derecho, Legislación y Libertad, Friedrich A. Hayek (1899-1992) señalaba un tamaño de Estado del 50% del PIB en el Reino Unido en el año 1979; razón por la cual la ex primera ministra Margaret Thatcher intentó limitar el tamaño del Estado en su país desde 1979 y hasta 1990:

La tendencia del sector público a crecer progresivamente y de manera indefinida llevó, hace aproximadamente un siglo, a formular la ley sobre el creciente gasto del gobierno. En algunos países como Gran Bretaña, este crecimiento ha alcanzado ya un punto en el que el porcentaje de la renta nacional controlado por el gobierno llega a superar el 50%. Esta es sólo una consecuencia de la tendencia intrínseca de las instituciones actuales a la expansión del mecanismo estatal; y no puede esperarse otra cosa en un sistema en el que primero se fijan las «necesidades» y luego los medios disponibles, por decisión de gente que piensa que no tiene que pagarlos directamente… Puede ser que, habiéndose echado sobre la espalda demasiadas funciones, el gobierno descuide las más importantes…

Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad (Unión Editorial, 2006), Páginas 420-421.

Si bien en España el tamaño era del 25% PIB en el año 1975 al comienzo de la transición a la democracia, ahora mismo el Estado sobrepasa el 50% del PIB en el año 2014 si se tiene en cuenta el volumen de gasto de las administraciones públicas central, autonómicas, provinciales y locales y, también, los correspondientes entramados público empresariales junto con las miles de entidades que se alimentan de los presupuestos públicos.

Cuanto mayor es el tamaño del Estado, mayor poder tienen el orden político para intervenir con leyes y actuaciones y, por tanto, mayor perjuicio se ocasiona al funcionamiento del orden de mercado.

Si bien no se puede obviar que existe un orden político, conviene analizar que marco institucional permite minimizar la intervención del orden político sobre el orden de mercado.

Algunos autores pensamos que el tamaño del Estado es perjudicial cuando está situado en niveles superiores al 15% del PIB que era el que existía a comienzos del siglo XX y, especialmente, cuando el marco institucional y el gasto público va más allá de garantizar la triple seguridad.

En la situación actual, sería factible reducir paulatinamente el gasto público hasta un 40% del PIB y liberalizar la economía para permitir que España pueda competir internacionalmente. 

Estado Minotauro

El «consenso socialdemócrata» imperante en los partidos políticos y de la imposición de bioideologías (eutanasia, eugenesia…) son consecuencias lógicas de un Estado Minotauro que devora los derechos de los ciudadanos con un gasto público que representa más del 50% del PIB y alimenta un aparato burocrático-legal al servicio de las oligarquías de élites extractivas formadas por los partidos políticos, los sindicatos, las patronales empresariales y los medios de comunicación que realizan la propaganda del régimen.

El Estado Minotauro emplea cientos de excusas para la depredación de los recursos públicos como, entre otras, la justicia "social", el bien "común", el interés "general", la redistribución de la riqueza, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la educación para la ciudadanía, la memoria histórica…

Por supuesto, aquellos que critiquen el Estado Minotauro y el consenso socialdemócrata que lo sostiene, quedan excluidos socialmente por la oligarquía y catalogados como alternativos, extremistas o radicales, cuando lo único que ponen de manifiesto es el recorte de las libertades políticas y la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo en un Estado Minotauro que rebasa el 50% del PIB.

Ante un Estado Minotauro, sólo existen dos opciones. Se puede votar con los pies y emigrar o bien se puede dar la batalla ideológica para cambiar la actitud personal de la oligarquía y de los ciudadanos que dan soporte electoral a la misma, modificando su errónea percepción sobre las soluciones estatistas y exigiendo los cambios institucionales para vivir en una sociedad más abierta con un Estado limitado o mínimo.

LEER MÁS