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Los otros Eurovegas que perdió España

Como cada año, en enero llegan los exámenes universitarios. Suelen fijarse a principio de curso para que cada alumno sepa el plazo de que dispone para preparar la asignatura. Este año, España conoce de antemano las fechas de los informes de las tres agencias de calificación europeas Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s, que sumarán un total de siete evaluaciones desde febrero hasta casi final de año. Siempre en viernes, siempre una hora antes de la apertura o una hora después del cierre de los mercados. Solamente falta que además se les diga qué deben decir los dossiers.

La necesidad de prepararse

Estos informes estudian el pulso crediticio de cada país, su capacidad para devolver sus deudas habida cuenta de su patrimonio y sus activos. Además, el informe incluye una perspectiva que indica si esta calificación es estable, si se espera que mejore, o si las cosas, previsiblemente, irán a peor.

España no va muy bien. De momento, mientras Standard and Poor’s y Moody’s nos califican como un bono basura, Fitch nos sitúa apenas un escalón por encima. Veremos qué pasa en los siguientes informes que comenzarán en febrero.

Pero la novedad es que el gobierno de la nación y los de las Comunidades Autónomas ya saben de antemano, como los universitarios, cuándo se van a publicar esas evaluaciones. Esta idea, que podría parecer de lo más lógico, pervierte en cierta manera el sentido de las calificaciones de las agencias de rating.

Porque el objetivo es evaluar la capacidad de devolver la deuda de un país (o Comunidad Autónoma) en cualquier momento, en general. Y lo que se consigue con esta medida, como sabemos los profesores universitarios, es que de la misma manera que nuestros estudiantes tienden a estudiar "para el examen", nuestros gestores van a hacer lo necesario (gracias a un conveniente maquillaje estadístico, o lo que haga falta) para que todo cuadre y la calificación obtenida engorde y salir bien guapos en la foto.

Las dudas sobre el evaluador independiente

Pero en la misma información en la que este periódico explicaba las novedades de los informes de las tres principales agencias, se ponía sobre la mesa el que dichos organismos fueran cuestionados tras la crisis y el interés por parte de la Unión Europea, de aumentar su control sobre ellas.

Si bien es cierto que Moody’s, S&P y Fitch, en el pasado, tuvieron en sus manos la capacidad para alterar los mercados al cambiar sus informes sobre un país u otro, porque lo que mueven no es sino la confianza de los acreedores respecto a la deuda en sus manos, ese deseo de la Unión Europea dice mucho. Y nada bueno.

En todos los ámbitos en los que juega la confianza, la existencia de un observador externo, no sesgado, que emita una opinión, es no ya bueno, sino imprescindible. En el momento en que el sistema financiero está vinculado a la política internacional, sea por debajo o por encima de la mesa, este veredicto externo es tanto más importante. Cuando un país se comporta mal y baja su rating, los acreedores se deshacen de su deuda y le resulta tanto más difícil que le presten: el mundo financiero pierde la confianza en ese país.

Por eso, los gobiernos europeos unidos, que son los que se hacen cargo de los desastres de cada uno de los países morosos, a través de los diferentes mecanismos de rescate, quieren controlar la emisión de estos informes, y como no pueden controlar su contenido directamente, exigen que se sepa la fecha exacta de los mismos. Lo mejor es que la razón que blanden para esta reclamación es el supuesto sesgo de las agencias de rating. Y no se trata tanto de la santidad inmaculada de estas organizaciones como de la intención de los gobiernos de la Unión Europea, que pretenden extirpar todo atisbo de juicio independiente. ¿No está más sesgada la opinión del gobierno?

¿Cuál es el mensaje que lanzan al mercado financiero? Pues, de la misma manera que un estudiante que exige agobiado saber la fecha del examen está gritando a voces que no estudia regularmente y no lleva la asignatura al día, los gobiernos europeos están diciendo que necesitan cierta "preparación" para dar la talla crediticia.

Obviamente, ni nosotros ni los mercados somos tontos, y habrá que descontar este efecto del resultado de los informes.

Ya espero grandes titulares con los buenos resultados de los exámenes. Sería el colmo que encima las evaluaciones no nos favorecieran. ¿Se imaginan?

Los exámenes que vienen, con fecha y hora

Una de las peores noticias que trajo consigo el recién finalizado 2013 fue, sin duda, el esfume de Eurovegas. La empresa norteamericana que preside el magnate Sheldon Adelson decidió retirar su megaproyecto de construir en Alcorcón (Madrid) uno de los complejos de ocio más grandes del mundo. La inversión, estimada en 18.000 millones de euros, era la más grande de la historia de Europa, y su culminación permitiría generar hasta 250.000 empleos, entre directos e indirectos, además de 15.000 millones de euros extra para el sector turístico tan sólo en los primeros años de funcionamiento. Su construcción situaría de golpe a Madrid en cabeza de los destinos mundiales para la industria del ocio y, sobre todo, para el turismo de convenciones, lo que generaría un gran volumen de riqueza y empleo. Sin embargo, la enorme inseguridad jurídica que presenta España hizo fracasar el proyecto. La necedad e incompetencia del Gobierno del PP, negándose a blindar el negocio, y la estulticia de la izquierda española -aprovechándose de la ignorancia de buena parte de la población- rompieron en mil pedazos ese gran sueño.

El fin de Eurovegas se ha convertido en una gran oportunidad perdida, pero no ha sido la primera ni será la última. España, por desgracia, ha rechazado muchos Eurovegas. Es como si a alguien le hubiese tocado en numerosas ocasiones la lotería pero se negase a cobrar el premio aduciendo todo tipo de excusas absurdas para evitar ser millonario. Así, pocos recuerdan, por ejemplo, que España fue una firme candidata a albergar Eurodisney a mediados de los años 80, gracias a su muy atractivo clima. La emblemática Walt Disney barajó durante meses la posibilidad de instalar su parque de atracciones europeo en la costa mediterránea, pero acabó escogiendo París. Entonces, al igual que ahora con Eurovegas, la progresía nacional se movilizó contra el proyecto acusándolo de atentar contra el ecosistema patrio y representar una deleznable forma de imperialismo. España perdió una inversión foránea de más de 1.200 millones de euros y los cerca de 15 millones de visitantes al año que recibe hoy el parque galo.

Lo mismo podría decirse de la oposición que ecologistas y socialistas de todos los partidos han profesado durante años a la construcción de campos de golf, al desarrollo urbanístico y hotelero en las playas españolas -basta observar las fuertes restricciones que imponía la anterior Ley de Costas, aprobada por el PSOE- o la oleada de críticas que está generando el denominado turismo de borrachera, consistente en la llegada masiva de jóvenes europeos a distintas localidades costeras con el fin de disfrutar de la fiesta española. Los argumentos esgrimidos contra este tipo de actividades son de lo más diverso, pero su esencia es la misma: blanden una especie de superioridad moral para coartar libertades e imponer su particular visión del mundo, empobreciendo con ello al conjunto de la sociedad.

Más allá de la industria turística, uno de los grandes motores de la economía española, también llama la atención el rechazo expreso a grandes proyectos industriales, cuyo desarrollo generaría sustanciosos beneficios y ventajas. Valga como ejemplo la negativa del anterior Gobierno gallego, del socialista Emilio Pérez Touriño, a finales de la pasada década, a la construcción de la mayor piscifactoría de rodaballo del mundo en la Costa de la Muerte, alegando presuntos daños medioambientales, con la consiguiente pérdida de dinero y empleo para Galicia. La planta acabó instalándose en Portugal.

Mucho más sangrante es el no rotundo que muestra hoy el Gobierno de Canarias, y el conjunto de la oposición política a escala nacional, a la explotación de las reservas de crudo que guarda en su suelo marítimo el archipiélago, con un potencial próximo a 1.400 millones de barriles, como mínimo, lo que equivale a más de 150.000 barriles diarios durante dos décadas, lo cual permitiría reducir la importación de hidrocarburos en un 10%. Repsol ya ha anunciado una inversión de 7.500 millones de euros en caso de que las exploraciones arrojen resultados positivos. Sin embargo, al igual que ha sucedido en los casos citados anteriormente, lo más probable es que los canarios prefieran seguir ostentando una tasa de paro superior al 30% antes que permitir la creación de empleos procedentes de la suciaindecente industria petrolera.

Lo mismo podría decirse del polémico fracking (fracturación hidráulica), cuyo desarrollo está revolucionando el sector energético mundial. Esta técnica permite extraer recursos que hasta ahora carecían de provecho. España, por ejemplo, posee un potencial de gas natural no convencional que serviría para cubrir casi 40 años de demanda nacional, y, de hecho, esta estimación incluso podría duplicarse, tal y como ha ocurrido en el Reino Unido. Esta opción permitiría reducir la intensa dependencia energética de España, cuya factura supera los 56.000 millones de euros al año. En Estados Unidos, por el contrario, no han dudado en aprovechar esta oportunidad y, como consecuencia, se convertirá en el primer productor mundial de crudo en 2020, superando a Arabia Saudí,según la Agencia Internacional de la Energía.

Por último, en el sector servicios resulta paradigmático que muchas autonomías y ayuntamientos sigan poniendo pegas a la instalación de centros comerciales e hipermercados, alegando como excusa un supuesto -y del todo irreal- daño al pequeño comercio, cuando el efecto de la gran distribución es justo el contrario. El nacimiento de un nuevo Ikea, Mercadona, El Corte Inglés y tantos otros establecimientos de similar naturaleza debería constituir un motivo de alegría y alborozo para políticos y vecinos gracias a la generación de riqueza y empleo que conlleva, tanto en términos directos como indirectos. Y, sin embargo, España sigue presentando trabas. Así pues, la pérdida de Eurovegas es tan sólo un capítulo más, el penúltimo, de una larga lista de despropósitos que atentan contra el progreso y el bienestar económico de los españoles. Mientras esta mentalidad socialista y antieconómica perdure, el empobrecimiento relativo de la sociedad -medido en oportunidades perdidas y, por tanto, en beneficios no generados- continuará en el tiempo.

Irak, reino del espanto

La ONU hizo público esta semana un informe de su Misión de Asistencia en Irak que da cuenta de la escalada de terror que ha vivido el país en el último año. En efecto, 2013 ha sido el año más sangriento desde 2008, con un total de 7.818 víctimas mortales entre la población civil. Sólo en el pasado mes de diciembre se produjeron 759 asesinatos, mientras que 1.345 personas más resultaron heridas en actos de violencia sectaria, según datos oficiales recogidos por la referida misión de la ONU, cuyo responsable, Nicolay Mladenov, clamó por atajar este tremendo drama.

Diez años después de la caída del dictador Sadam Husein, ni la situación de Irak ni sus relaciones con EEUU son las que cabrían esperar después del esfuerzo de la intervención militar y la tarea de estabilización llevada a cabo para dotarlo de un régimen democrático. Las fuerzas aliadas lideradas por EEUU podrían estar desempeñando una importante labor en pro de la seguridad del país y el afianzamiento de sus instituciones, pero desde finales de 2011 no hay soldados norteamericanos allí a causa de la decisión de Obama de romper las negociaciones con el Gobierno de Nuri al Maliki en torno a la inmunidad de las fuerzas militares desplegadas en el territorio.

El cierre, en diciembre de 2011, de la base norteamericana Camp Victory, principal centro de operaciones aliadas, situada junto al aeropuerto de Bagdad, fue acogida con euforia, como gesto que devolvía la soberanía completa al pueblo iraquí. Sin embargo, hoy cunde la desesperación cuando se constata que ni la Policía ni el Ejército son capaces de mantener la seguridad en un país azotado por la violencia sectaria.

La frustración de la minoría suní, que el Gobierno chií de Nuri al Maliki no puede o no quiere solucionar, es una de las causas principales del resurgimiento de la violencia sectaria que asuela el país, buena parte de la cual es responsabilidad del Estado Islámico de Irak y el Levante, una de las marcas de Al Qaeda.

No se trata de atentados aislados cometidos por células independientes, sino de toda una ofensiva que busca poner amplias zonas del país al servicio de los objetivos del yihadismo vinculado a Al Qaeda. Los terroristas del Estado Islámico han tomado el control en los últimos días de dos ciudades del oeste, verdaderos feudos del extremismo suní. Se trata de Faluya y Ramadi –esta última, capital de la provincia de Al Anbar–, en las que los terroristas vinculados a Al Qaeda hacen exhibiciones de fuerza patrullando las calles a bordo de vehículos con armamento pesado. Fuentes del Ministerio del Interior iraquí se veían forzadas a reconocer esta pasada semana que la mitad de la ciudad de Faluya está en manos del ISIS, así como amplias zonas de Ramadi.

Terroristas yihadistas, vestidos de negro y con banderas de Al Qaeda, entraron en ambas ciudades el día de Año Nuevo después de los disturbios ocasionados por el violento desalojo por parte del Ejército de una acampada suní, en el transcurso del cual murieron 13 personas. Los combates directos comenzaron al día siguiente, cuando las Fuerzas Armadas intentaron recuperar el control de las ciudades, con los milicianos yihadistas ya firmemente instalados en ellas, y desde las que realizan continuos llamamientos por la megafonía de las mezquitas instando a los vecinos a la lucha.

La guerra de Siria es otro factor de desestabilización. Sus efectos en Irak sobrepasan la capacidad de reacción del Gobierno Maliki. A lo largo de 2013 los atentados, a cuál más sangriento, han castigado especialmente ciudades y barrios de mayoría chií, y no parece que la situación vaya a revertirse a corto plazo, sino más bien todo lo contrario.

EEUU dejó Irak en 2011 con las milicias suníes de Al Sahwa integradas en los esfuerzos por erradicar la amenaza de Al Qaeda en la región. Dos años después, el conflicto de Siria y la incapacidad de las autoridades iraquíes para integrar a los suníes en las instituciones han hecho que Irak vuelva a vivir la pesadilla de hace unos años, cuando entre 2006 y 2008 el país estuvo prácticamente al borde de la guerra civil.

© elmed.io

¿Es recomendable aprobar un ‘impuesto al lujo’?

Es habitual escuchar alegatos a favor de aumentar los impuestos "a los ricos". Menos común es que estos pedidos obedezcan a la lógica económica y fiscal. Un buen ejemplo lo tenemos en España, donde suele afirmarse que las rentas altas torean al fisco. La realidad es otra. Por ejemplo, los datos de la Agencia Tributaria nos recuerdan que Hacienda consigue más del 60% de la recaudación por IRPF de las rentas altas.

Pese a ello, nuestro país ha consolidado en los últimos años todo tipo de alzas impositivas destinadas a castigar a las personas de mayores ingresos. La estrategia suele centrarse en confiscar un porcentaje mayor de los ingresos personales o empresariales. No obstante, también se ponen encima de la mesa otro tipo de propuestas fiscales.

Una reivindicación muy común pasa por gravar el consumo de bienes de lujo. Se pretende que la compra de un vehículo deportivo, un yate o una mansión implique un pago adicional al Estado. Diferentes partidos políticos llevan tiempo defendiendo esta reforma fiscal: 

En EEUU, el Nobel de Economía Paul Krugman también se ha quejado de que "se vuelven a ver mansiones, aviones privados, yates…". En esta línea, no se ha mostrado a favor de un impuesto al lujo, pero sí ha pedido subir el Impuesto sobre la Renta hasta un tipo máximo del 91%.

Las consecuencias no esperadas

El Blog Salmón apunta algunas dudas de partida que los entusiastas de estos artificios tributarios no parecen tener muy en cuenta:

  • Es difícil definir qué es lujo y qué no. Por ejemplo, puede que consideremos que un yate de 100.000 euros entra en esta categoría… ¿pero qué pasa si su propietario reside en la embarcación y no posee una vivienda?

  • El precio como valor absoluto no es una buena indicación. Por ejemplo, una botella de vino de 100 euros es sin duda costosa, pero está al alcance de muchos bolsillos.

  • La libertad de comercio en la UE anularía el efecto de este gravamen, ya que el recargo extra exigido en España podría ser vulnerado comprando el mismo artículo en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido… Con las nuevas tecnologías, es posible que esa compra la hagamos sin siquiera salir de nuestra casa, lo que facilitaría la elusión del tributo.

Hay que añadir más consideraciones. Por ejemplo, en el caso de los vehículos de alta gama, su factura tributaria ya es más alta debido a los tipos del impuesto de matriculación aplicados. Así, matricular un Ferrari 458 Italia implica pagar al Fisco un 35,75%, no un 21%.

A todo lo anterior se une otro aspecto no advertido, pero fundamental: el impacto sobre el empleo y la actividad económica. Perseguir la compra de bienes y servicios de lujo implica deprimir la actividad de numerosas empresas. Esto se traduce en una reducción de beneficios que, a su vez, lleva a una reducción de plantillas. El círculo vicioso va a más si consideramos que esos despidos generarán un mayor gasto público debido al subsidio de desempleo.

Ted Kennedy y el impuesto a los yates

Peor aún, ya que quienes más sufren el impacto de estos gravámenes son los trabajadores que producen estos bienes. Un buen ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. En los años 90, el país norteamericano aprobó un impuesto especial del 10% aplicado a la compra de yates por más de $100.000 dólares.

En este sector estaban ocupados muchos trabajadores de ingresos modestos. Aquel gravamen también pretendía castigar la compra de coches, joyas, aviones privados… El legislador demócrata Ted Kennedy impulsó esta propuesta fiscal, pero la subida tributaria duró poco. Solamente en la industria de los yates, se dieron desplomes de ventas de hasta el 77%.

El New York Times explicó que el empleo en el sector de los yates y las embarcaciones de lujo cayó de 600.000 a 400.000 personas después de la introducción de este tributo. Los precios de los barcos se resintieron notablemente (una deflación de hasta el 50%) y las empresas que siguieron en pie se salvaron principalmente por las exportaciones.

Empresarios del sector como los hermanos Healey dejaron su trabajo y se fueron a Washington para representar los intereses de la industria ante los políticos estadounidenses. Las labores de cabildeo y lobby fueron encauzadas por los propios afectados, no por despachos de especialistas. Por suerte, el esfuerzo llegó a buen puerto y el gravamen acabó siendo retirado. Mientras se aplicó, recaudó cientos de millones por debajo de lo esperado y generó una intensa destrucción de empleo.

Italia ha vivido una experiencia similar más recientemente. Durante esta crisis se aprobó un impuesto a los yates que imponía una tasa por cada año de utilización. Este tributo podía ser de 800 euros para embarcaciones pequeñas, pero llegaba a 4.400 euros en el caso de barcos de entre 20 y 24 metros de eslora. Peor aún era la situación de los grandes yates: desde los 64 metros de largo, el pago al fisco era de 25.000 euros.

Según explicó Roberto Fusco en The Economist, "los propietarios del 20% de los barcos eligieron no renovar sus permisos para así evitar este tributo. Las ventas de combustible en los puertos registraron caídas de hasta el 40%. En playas cercanas a Roma detectamos caídas de negocio cercanas al 50%". Por supuesto, esto se tradujo en destrucción de empleo, menor recaudación, etc.

El mercado del lujo en España

A nivel global, los estudios de la Fondazione de Altagamma cifran el mercado del lujo en los 680.000 millones de euros. Un 30% entra en la categoría del lujo personal: cosméticos, moda, accesorios, relojes, joyas, vinos, hoteles, restaurantes, mobiliario, yates y automóviles.

Europa supone el 38% de este mercado pero ¿cuál es la realidad a nivel español? El Observatorio del Mercado Premium y los Productos de Prestigio, constituido por IE Business School y dirigido por María Eugenia Girón tiene la respuesta:

  • El mercado del lujo mueve en España alrededor de 5.000 millones de euros cada año. El gasto per cápita en este sector es de 116 euros, por lo que no hablamos de una profundidad excesiva.

  • Entre los consumidores nacionales, el 30% de las compras proviene de hogares con ingresos totales de entre 45.000 y 100.000 euros. Hablamos de clientes que no recurren a estos bienes y servicios de forma rutinaria, sino en ocasiones especiales.

  • Los grandes patrimonios apenas suman el 10% del mercado del lujo, si bien el gasto medio de estos compradores es elevado.

  • Los turistas sostienen estos niveles de facturación, convirtiéndose ya en el 30% del mercado. Este porcentaje es superior al 40% en Francia o Italia, por lo que aún hay mucho margen de crecimiento.

  • En 2012, los visitantes llegados de fuera de nuestras fronteras aumentaron su gasto en artículos de lujo un 22%, compensando así el descenso de ventas domésticas, estimado en el 7%.

  • Los turistas más apetecibles para este mercado llegan de países asiáticos, Rusia, Brasil y México.

Quienes proponen este gravamen a través de plataformas como Change.org afirman que la recaudación obtenida "permitiría bajar el IVA" a niveles de 2011, eliminando así la subida aprobada por la Administración Rajoy en 2013. Sin embargo, un vistazo sereno a los números muestra que esta afirmación es un disparate, ya que gravar a este mercado como proponen ERC, IU o UPyD generaría un máximo de 300 millones de euros, tal y como indican los cálculos más generosos de Actibva.

Eso sí, hablamos de un juego de suma cero, y por tanto los ingresos extra del Estado implicarían menos dinero para el sector del lujo. Como ya hemos visto, esto se traduciría en menos empleo y menos actividadeconómica. Las ramificaciones llegarían a sectores como el turístico o el publicitario. En suma, el coste fiscal derivado de este empobrecimiento podría anular buena parte de la recaudación obtenida.

Loewe como ejemplo

Hay quienes encuentran frívolo el coste de los productos de empresas como Loewe. Sin embargo, estas firmas se caracterizan por la excelencia en materia de diseño, fabricación y presentación, justificando así ese diferencial de precio frente a otras marcas.

El caso de Loewe es muy ilustrativo para el asunto que nos ocupa. Dicha firma acaba de anunciar que duplicará su planta de producción en Getafe, convirtiéndola en su centro mundial de investigación y desarrollo y ampliando su volumen de trabajadores hasta las 430 personas. A esta generación de riqueza se unen los empleos generados directa e indirectamente (venta al público, transporte, publicidad, marketing…) o aspectos intangibles que también benefician a nuestra economía (internacionalización, imagen de excelencia y prestigio…).

Pueden seguir a Diego Sánchez de la Cruz en su blog de Libre Mercado, sucuenta de Twitter y su página de Facebook.

Viva el Capitalismo, viva la Navidad

"Uno dice ‘Feliz Navidad’, no ‘Arrepiéntete y llora’".

Ayn Rand.

¿Qué celebramos en Navidad? En principio, todos diríamos que celebramos el nacimiento de Jesucristo, el hijo de Dios de la religión cristiana. No obstante, la celebración del 25 de diciembre se remonta a las fiestas paganas popularizadas por los romanos denominadas Saturnalias. En ellas se celebraba un nacimiento, pero el del Sol. En tanto la Biblia no sugiere ninguna fecha determinada para el nacimiento de Jesús, todo apunta a que el emperador Constantino en el siglo IV d.C. ajustó "festividades paganas" al nuevo calendario oficial cristiano.

En cualquiera de los casos, la Navidad supone y conlleva tiempo de celebración. Y no parece casual que la que probablemente es la celebración más importante en Occidente haya alcanzado tal grado de aparato y pompa en la que innegablemente es la era de mayor progreso de la humanidad, la era del Capitalismo.

Es ensordecedoramente frecuente oír censuras a la Navidad porque, argumentan, es "demasiado comercial", "demasiado materialista" y otros sermones de similar especie. Parece ser que Jesucristo nació y vivió pobre y sería una afrenta nuestro capitalista deseo de opulencia. El querer alcanzar las estrellas es nuestra "tentación", pretender vivir plenamente es un "pecado". No hay pozo lo suficientemente negro y hondo al que arrojarse para calmar las ansias de tan inhumana filosofía. El lúgubre y sórdido anticapitalismo, falazmente excusado como cristianismo, pretende que celebremos la Navidad crucificándonos como si fuera el Viernes Santo cuando olvidan que lo que celebran los cristianos no puede ser tan vital como un nacimiento. Y no el de un Dios, sino el de un humano. Como bien señala Ayn Rand, decimos "Feliz Navidad" y no "Arrepiéntete y llora". Muchos de aquéllos que combaten el Capitalismo y la prosperidad son adalides en ésta nuestra Tierra de un claro proyecto: convertirla en un Valle de Lágrimas.

Muy al contrario, la opulencia, exuberancia y boato de la Navidad no pueden ser sino motivo de orgullo y regocijo máximos para gloria de la raza humana. Ponemos luces de colores –lo más luminosas posibles- a nuestros árboles y casas frente el ‘oscurantismo antielectricidad y anticapitalismo’, comemos en abundancia alimentos que sólo comían los más nobles medievales y regalamos cosas que jamás soñaron alcanzar los reyes del Antiguo Régimen. Ni los más observantes cristianos pueden eludir el hecho de que Jesús recibió de los Reyes Magos oro, incienso y mirra, no ratas y polvo. No puede haber amor auténtico por la Navidad sin amor coherente por el Capitalismo.

No es una época de subvenciones e impuestos, sino una época de apoyo muto, solidaridad auténtica y transacciones voluntarias. Navidad es mercado libre. Regalamos para hacer felices a nuestros seres queridos empleando nuestro propio dinero ganado con nuestro esfuerzo. Y lo hacemos porque queremos, no porque reclamen los otros "tener derecho" a los regalos. Lo saben bien los niños: obtener algo –los regalos- requiere esfuerzo –ser buenos- pues de lo contrario no se obtiene nada –carbón-. Y Santa Claus, como el mercado libre, premia a los niños buenos con independencia de su clase social o raza.

Todo esto choca frontalmente con la fiesta anti-Navidad: Halloween. Pues Halloween no celebra la vida sino la muerte, no se basa en transacciones voluntarias sino en la amenaza y coacción típicas del Estado: "truco o trato". La Navidad es una oda al Capitalismo; Halloween, la fiesta del socialismo. En verdad, los colectivistas equivocaron la conjunción cuando querían en realidad decir: "Socialismo y muerte". Quizás no sea casual que se diga que "la muerte y los impuestos son cosas seguras en este mundo", el hombre del saco se llama en los tiempos modernos Agencia Tributaria y Halloween nos deja el campo lleno de lo que más produce el socialismo: cadáveres.

En Navidad los disensos y desacuerdos tienden a desaparecer, tal como sucede en el ágora del mercado libre donde cooperamos capitalistamente dándonos la mano, y no estatistamente, metiendo en haciendas ajenas nuestras manos. La Navidad, como tiempo de Capitalismo, es tiempo de paz. Nada es más hostil al mercado pacífico y libre que la guerra. Incluso éstas, las guerras, cesan habitualmente en Navidad. Defender el Capitalismo con guerras y belicismo no deja de ser como defender la libertad con cadenas. Aquí sí podemos decir: Capitalismo o Guerra.

Esta Navidad, mientras los políticos están de vacaciones y nos dejan vivir, haz eso precisamente: ¡vivir! Compra una bonita postal hecha por algún artista no subvencionado y envíala con algún regalo a quien desees a través de tu agencia privada de paquetería favorita. Y brinda frente al abeto cuya tala hundirá en cólera a los ecologistas más colectivistas de este mundo.

Decía Ayn Rand que el amor es la expresión de los valores de una persona. La Navidad es un festival de expresión de valores. Pero para ello, poder expresarlos de la forma más acabada imaginable, sean materiales o inmateriales, necesitamos una dosis creciente y lo más inabarcable concebible de la premisa que los hace posible: el Capitalismo.

@AdolfoDLozano

Inmigración (VI): impedimentos y sus yerros

En un mundo en el cual la economía de mercado gana parcelas crecientes de influencia, la importación y exportación de capital humano se rigen por criterios casi soviéticos“. Lorenzo Bernaldo de Quirós

He propuesto militarizar la frontera y que usemos drones, sensores, cámaras, radares y cualquier otra ventaja tecnológica que tengamos en este país para realmente controlar nuestras fronteras”. Tom Tancredo (Congresista republicano por Colorado, de origen italiano)

“Los Estados no saben ni pueden ordenar el comercio o la industria, y tampoco la inmigración: por tanto la política de la UE desembocará en una indeseable combinación de ineficiencia y represión”. Carlos Rodríguez Braun

“Nuestros oficiales de seguridad de frontera dedican, por desgracia, la mayor parte de su tiempo persiguiendo a migrantes que vienen al norte para segar nuestro césped o hacer eructar a nuestros bebés”. Jason L. Riley

Tratar de detener la migración de personas es moralmente inaceptable y una franca estupidez económica“. Philippe Legrain

Los ciudadanos domésticos pueden con las barreras a la inmigración perder más como consumidores que lo que ganan como trabajadores“. Murray Rothbard

Necesitamos mejores políticas para acabar con las muertes sin sentido de emigrantes“. William Lacy Swing

En cualquier época una parte de la humanidad ha estado siempre en movimiento, unas veces voluntariamente y otras de forma forzada. No existe ninguna nación del mundo con una población fija y homogénea. Con la Ilustración se dio un gran paso en la historia del pensamiento al cristalecer el concepto de “hombre” que englobaba a todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión o cultura. Sin embargo, la aparición del moderno Estado-nación, relativamente reciente desde el punto de vista histórico, encumbró desmesuradamente el sentimiento de identidad nacional haciendo incómodo convivir con minorías y tratando, a partir de entonces, la inmigración con recelo.

Una de las características de las modernas políticas migratorias en los países desarrollados es su naturaleza restrictiva. La inmigración es entendida, en términos de seguridad, generalmente como un problema y los gobiernos respectivos sienten la necesidad de actuar para hacer frente a dicha amenaza.

Precisamente cuando la globalización económica está desnacionalizando la economía mundial, el fenómeno migratorio está impulsando la renacionalización de la agenda política mediante las barreras de acceso de trabajadores extranjeros al territorio estatal y los controles internos de su población.

Por desgracia, los Estados han establecido complicados procedimientos para el control de la inmigración; sus políticas se han convertido en hostiles frente al inmigrante. Son, además, un fracaso esquizofrénico. Fracaso porque se enfocan en la restricción arbitraria de visados, en controles, en las deportaciones y sanciones pero fallan en cubrir la demanda real que hay en cada país de mano de obra extranjera (cualificada o no). Por tanto, fracasan en facilitar una necesaria inmigración legal que responda eficazmente a la demanda de los empleadores por trabajadores extranjeros.

El comportamiento de los gobiernos ante la inmigración es también esquizofrénico porque, por un lado, se imponen duros requisitos a los legales para obtener el permiso de residencia junto a deportaciones de los “ilegales” y, por otro, se otorgan de tanto en tanto “amnistías” a todos aquellos que han logrado entrar sin los visados o documentos requeridos por su propia burocracia. Esto obedece a que los países industrializados no han conseguido amortiguar las corrientes hostiles anti-inmigración de su población (propias de sociedades cerradas) y al mismo tiempo tienen absoluta necesidad de mano de obra complementaria ante el mayor nivel formativo y el envejecimiento de su propia población.

La consecuencia directa de estas medidas que buscan de manera cortoplacista el interés propio pero que reflejan una profunda ansiedad es una menor productividad y especialización y, por tanto, un menor aumento generalizado de la renta per cápita. En otras palabras, con estas barreras artificiales de los gobiernos lo usual es que haya una población por debajo de su óptimo potencial en los países de rentas altas y un exceso de población sobre su óptimo en los países de rentas bajas.

Pero es que, además, estas políticas restrictivas a la inmigración tienen su indeseable ristra de consecuencias no deseadas. El mayor coste es la crisis humanitaria en términos de muertes ante intentos de alcanzar y atravesar las fronteras, detenciones, aumento descontrolado de la llegada de los “sin papeles”, enriquecimiento de mafias que trafican con seres humanos para introducirlos ilegalmente y expansión de una economía en la sombra en la que los inmigrantes “ilegales” son vulnerables a la explotación (con el consiguiente quebranto de las leyes laborales e impuestos no pagados). Incitan a muchos de los trabajadores extranjeros hacia la economía sumergida, cebando, por tanto, una mentalidad de ilegalidad que sólo puede traer externalidades negativas.

Contrariamente a lo que sucede por lo general en un mercado negro que hace subir siempre el precio de la mercancía prohibida, el mercado negro laboral paradójicamente obedece a una lógica inversa: la inmigración clandestina rebaja el precio de la mano de obra. Hay un soterrado y escalofriante mercado oculto de esclavos modernos del cual apenas se tiene conocimiento. Eso, cuando no empuja a algunos inmigrantes mismos al mundo de la criminalidad por falta de perspectivas legales (así, tendríamos la profecía auto-cumplida para los contrarios a una mayor liberalización de las leyes de inmigración).

Por otro lado, se está incrementando artificialmente el número de peticiones simuladas de asilo político (institución humanitaria de larga y loable tradición) cuando lo que representan en realidad son meros deseos de trabajar en el país de destino, perjudicando la concesión de verdaderas y necesarias peticiones de asilo. Se está propagando una corrosiva e insana actitud de desconfianza de la población nativa hacia los inmigrantes que son percibidos como incumplidores de la ley en vez de trabajadores o emprendedores potenciales. Esto sin contar, como todo servicio dispensado de forma planificada, con la existencia de inevitables ineficiencias y sobornos a burócratas a los que se les da el poder y los instrumentos de decretar ni más ni menos la legalidad o ilegalidad “humana”, amén del surgimiento a sus espaldas de paralelos negocios criminales de falsificación o robo de documentos.

Todas estas consecuencias negativas humanitarias y económicas se achacan injustamente de manera exclusiva a los propios inmigrantes cuando su origen son los draconianos controles migratorios diseñados por políticos y ejecutados por burócratas con la finalidad de adoptar un falso sentido de seguridad. Las políticas actuales en torno a la inmigración nos traen el peor de los mundos posibles: son no solamente medidas crueles y costosas sino que son ineficaces y contraproducentes. Lejos de proteger a la sociedad, éstas socavan la ley y el orden. Todo ello no ha impedido que los gobiernos de los países más prósperos sigan aprobando incrementales controles sobre la inmigración.

El caso paradigmático es el de EE UU. A raíz de la amnistía de unos tres millones de indocumentados llevada a cabo por Reagan en 1986 (que pilló con el paso cambiado a buena parte de los correligionarios conservadores de su partido) se fueron aprobando sucesivas leyes que fueron haciendo cada vez más difícil la entrada de inmigrantes en suelo norteamericano. A esto se unieron medidas de endurecimiento de control fronterizo como la Operación Gatekeeper de la era Clinton. Políticos y burócratas elaboran mitos para promover sus propios intereses. La proposición 187 de Bill Clinton se anunció para lograr el objetivo de frenar el paso de “ilegales” a través de la frontera de San Diego-Tijuana, la más concurrida del mundo. Para ello se levantaron cientos de kilómetros de verja, se contrataron nuevas patrullas fronterizas y se dobló su presupuesto. Esta iniciativa resultó en fracaso porque no se detuvo el flujo migratorio ilegal; tan sólo se desplazó desde San Diego-El Paso hacia el desierto y las montañas.

Posteriores iniciativas similares han dado como resultado la “militarización” de la frontera de EE UU con México, el uso de detectores, de videocámaras, el desproporcionado aumento de los recursos y del número de agentes de patrulla fronteriza, la erección de un muro entre los dos países y la puesta en práctica a nivel nacional del programa de verificación vía red (e-verify) de empleos -introducido inicialmente en el estado de Arizona – con las consiguientes sanciones para aquellos empleadores o empresarios que lo incumplan. Se trata de la serie de medidas más drásticas hasta ahora utilizadas para separar físicamente a dos países que supuestamente son amigos y han firmado un ambicioso acuerdo de libre comercio (NAFTA). Es una actitud contradictoria.

Paradójicamente, se está atrapando además a menos gente “sin papeles” en la frontera porque las rutas de ingreso cambian de las zonas urbanas al desierto, más difícil de controlar y más peligrosas, por lo que el número de muertes han aumentado con respecto a años pasados y se ha fomentado el surgimiento de mafias más poderosas que trafican impunemente con personas indefensas. Parecidas desgracias se producen recurrentemente en torno al Sahara y en las costas mediterráneas o australianas. Un caso especialmente indignante es la ley italiana Bossi-Fini, aprobada en tiempos de Berlusconi, que prohíbe de tapadillo a los pesqueros prestar ayuda en el mar a los inmigrantes (i.e. rescatarles de la muerte), pudiendo ser incluso acusados si lo hacen del delito de favorecer la inmigración clandestina.

Las políticas restrictivas de entrada al espacio Schengen tienden hacia el mismo camino emprendido por los políticos estadounidenses al crear una frontera común exterior. Ha logrado, además, que los países limítrofes no europeos se hayan comprometido, a cambio de ciertos acuerdos y compensaciones económicos, a hacer de gendarmes frente a los que quieren acceder a Schengenlandia. Se subcontrata a países terceros, donde los estándares de respeto a los derechos humanos son bastante menores que los de la UE, con lo cual los abusos y violaciones que soportan los migrantes son mayores. Se intenta impermeabilizar la frontera de manera menos descarada que en los EE UU pero el grado de sufrimiento y coste en vidas humanas es también muy alto. El caso más próximo y lacerante a nosotros es el de subsaharianos en Marruecos en tránsito hacia España.

Asimismo se han ido extendiendo tanto en los EE UU como a lo largo de la periferia de las fronteras de Europa los conocidos aquí como Centros de Internamiento de Extranjeros, de más que dudosa justificación ética, por ser lugares de encierro preventivo de indocumentados en condiciones bastante precarias. Lugares donde quedan detenidos sin juicio previo y sin que se sepa cuándo se les va a soltar. Este modo abusivo de proceder llevado a cabo contra personas foráneas, cuyo único “delito” es haber intentado pasar la frontera sin visado es aberrante. Los gobiernos suelen ocultar la existencia de estos penosísimos centros de internamiento de hombres y mujeres extranjeros. Cuando no hay más remedio que referirse a ellos, intentan justificarlos “criminalizando” a todos los reclusos allí encerrados cuando la verdad es que sólo una minoría de ellos estaría relacionada con comportamientos realmente delictivos.

Por si esto fuera poco, las barreras externas de las fronteras vienen acompañadas siempre de controles internos para intentar “cazar” a los inmigrantes indocumentados que están ya dentro del país. Los controles no sólo se llevan a cabo en calles, plazas, mercados y otros sitios públicos sino que alcanzan también a los lugares de trabajo, sancionando a aquellas empresas que contraten a inmigrantes “sin papeles”. Una vez es detectado al inmigrante indocumentado, se le detiene para, posteriormente, proceder a su expulsión… para volver a intentar de nuevo el paso a través de la frontera ilegalmente en un ciclo sin fin. Hoy en día se calcula que 16 millones de mexicanos, 2 millones de salvadoreños, 1,5 millones de inmigrantes guatemaltecos y otro millón de hondureños trabajan en Estados Unidos; más de un tercio largo de los cuales aproximadamente carecen de documentos.

A pesar de que en los últimos cinco años han crecido las deportaciones de forma masiva en el mundo, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), no se han detenido de forma significativa los flujos migratorios ni las remesas enviadas a sus familiares por los inmigrantes. Vimos en un comentario anterior cómo la existencia de cinco fuerzas irresistibles hará que se produzcan en el futuro mayores flujos migratorios a los actuales. Es, pues, extremadamente difícil pararlos. La tozuda persistencia de una inmigración irregular es la expresión más elocuente del desajuste de lo planificado por los burócratas de los ministerios o agencias de trabajo e inmigración con la propia realidad y dinámica de los procesos de mercado.

Todos los países desarrollados de América, Europa, Oceanía y parte de Asia necesitan a millones de inmigrantes de baja, media o alta cualificación. Pero, en vez de atender dicha necesidad perentoria, se persigue una quimera: que vengan sólo aquellos que determinen los burócratas, tanto en el número como en la capacidad o formación que ellos estimen pertinente pese a mostrar desde sus despachos un completo desconocimiento de la lógica interna de las migraciones. Es sencillamente imposible saber el número de inmigrantes que necesita un país y sus empresas en un determinado momento de forma centralizada al igual que es imposible planificar correctamente cuánta leche hay que producir o cuántos coches hay que fabricar desde un órgano central. Pese a ello los gobiernos de países como Canadá, Australia, Reino Unido o EE UU siguen insistiendo en dicho error y aprobando programas para favorecer únicamente la entrada de inmigrantes de alta cualificación o de estudios superiores (mediante los llamados skilled worker programs). El resultado no puede ser sino disfuncional.

Los diseñadores de políticas migratorias que pretenden que entren sólo en el país de acogida los trabajadores de altas capacidades y no los de baja o media cualificación aduciendo que así beneficiaría la economía nacional, demuestran tener una mentalidad arrogante y anti-económica. Es cierto que América, Europa y Oceanía tienden cada vez más a ser economías basadas en el conocimiento, pero eso no quiere decir que puedan prescindir totalmente de trabajos poco cualificados. Cada hotel requiere no sólo ejecutivos sino también recepcionistas, personal de limpieza y camareros. Cada hospital necesita de médicos y enfermeras cada vez más especializados pero también de celadores, cocineros, personal de lavandería o de seguridad. La realidad social es muy compleja y es vano planificarla en exceso.

A pesar de las constantes deportaciones masivas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad norteamericanas todos los años y -en menor medida- europeas, se ha demostrado año tras año que el pretendido control del flujo migratorio es un completo fracaso. En la actualidad se estima que hay en EE UU unos doce millones de indocumentados. En Europa pueden llegar a ser cincomillones.

Los conservadores nativistas de los EE UU que alegan que ya se intentó una amnistía con la IRCA en 1986 y que no sólo no acabó con el problema de la inmigración ilegal sino que la multiplicó desde entonces por cuatro, desenfocan totalmente el asunto. Los tres millones de personas que fueron legalizadas allá por 1986 habían sido ya absorbidas por el mercado. El problema con la IRCA y las sucesivas leyes de inmigración que fueron luego aprobadas es que sus diseñadores ignoraron las necesidades futuras de mano de obra por parte de los empleadores de los EE UU. Esto se confirma cada año pues se estima que entran de media unas 400.000 personas al año de forma ilegal en EE UU lo que quiere decir que, pese los cientos de miles de deportaciones anuales, los visados de trabajo que se otorgan cada año por el gobierno federal son muy insuficientes.

Recordemos ejemplos históricos de políticas extraviadas de los EEUU en relación con la inmigración. La discriminación de los inmigrantes por país de origen que supusieron las leyes excluyentes de los chinos en 1882 o las leyes racistas de inmigración de 1924 fueron completamente arbitrarias y, además de causar sufrimiento, no hubo evidencia alguna para establecer que un tipo de inmigración por razones étnicas o religiosas fuese mejor que otra. Tales prejuicios xenófobos han mostrado ser falsos a lo largo de la historia, además de que son injustificables en sociedades abiertas.

Por el contrario, la experiencia del Programa “Bracero” de los EE UU que tuvo lugar de 1942 a 1964 es aleccionadora. Debido a la escasez de agricultores nacionales que trajo consigo la implicación de los EE UU en la Segunda Guerra Mundial, la administración de Roosevelt (él mismo de ancestros inmigrantes) estableció un ambicioso programa de liberalización de la movilidad laboral por el que se dieron muchas facilidades para que inmigrantes, mayormente mexicanos, fueran contratados para las labores estacionales en el agro de los EE UU todos los años. Mientras estuvo en vigor dicho plan, cientos de miles de mexicanos cruzaron la frontera de manera legal en ambos sentidos. La entrada masiva de ilegales, que era ya un problema serio, se desplomó. Fue todo un éxito. Sólo la oposición, años después, de los sindicatos por su competencia de salarios a la baja hizo que dicho plan se cancelara en 1964. A consecuencia de ello, el fenómeno de entrada de “ilegales” reapareció una vez más como el Guadiana.

Las barreras y los controles no paran realmente al migrante sino más bien le incitan a pasarse a la clandestinidad. Hacen que los flujos se vuelvan invisibles. Los malos no son los “ilegales” que quieren trabajar y buscar un mejor futuro para sí y sus familias en otros países sino las restrictivas leyes y cuotas migratorias de los países de acogida que no atienden a las necesidades de su economía y obligan a muchos a cruzar fronteras por canales paralelos al legalmente establecido. Este antecedente del Programa “Bracero” ofrece evidencia de qué es lo que, en parte, se debe hacer frente a la inmigración.

No obstante, es como si los republicanos hubieran tirado la toalla en la batalla de las ideas en torno al fenómeno de la inmigración. Solo saben cerrarse en banda y proponer más barreras, mayores controles fronterizos, endurecer las sanciones al empleador que contrate con “ilegales” y promover más deportaciones. Dificultan la entrada legal a los inmigrantes, y con ello creen resolver el problema.

Solo dos presidentes republicanos, Reagan y Bush, ambos ex gobernadores de Estados fronterizos con México, se atrevieron a mirar de frente a la realidad de la inmigración y a la necesidad que tiene de ella los EE UU. Lucharon cada uno a su manera frente a la corriente mayoritaria de su GOP contraria hasta el día de hoy a tratar este tema con ciertas dosis de sensatez. Parece como si dieran por perdidos a los inmigrantes. Craso error: se sorprenderían comprobar hasta qué punto el espíritu de emprendimiento y la tenacidad de muchos de ellos y sus familiares les situaría ideológicamente cercanos a ellos. Por su parte, los demócratas tienen buena prensa entre los inmigrantes; Obama prometió una ambiciosa reforma en torno a la inmigración en 2008 que avanza con paso de tortuga y la realidad es que ningún presidente anterior alcanzó nunca el número de deportaciones bajo su administración (para finales de 2013 se espera que se llegue a la cifra de dos millones de deportados que vivían o trabajaban en suelo americano durante su mandato y que bien podían haberse beneficiado de la tan cacareada reforma si la hubiera aprobado). Va a tener el dudoso honor de ser el presidente con más deportaciones absolutas de inmigrantes a sus espaldas; y se le suponía un presidente amigo de los mismos…

Las barreras políticas a la inmigración son una fuente de problemas y distorsionan los procesos de mercado laboral internacional. Deben liberalizarse las leyes sobre la inmigración. En EE UU el político republicano con las ideas más claras al respecto sea tal vez Grover Norquist, el mismo que lleva defendiendo desde hace casi tres décadas el bajar y simplificar los impuestos.

Como veremos en un comentario posterior, en tanto en cuanto la competencia en materia de inmigración sea un asunto de Estado-naciones y no se pueda confiar mejor en otras administraciones locales más cercanas al ciudadano o en mecanismos más pro-mercado para regular los flujos migratorios, la mejor opción por el momento sería facilitar por parte de los gobiernos de los países desarrollados muchos más visados de trabajo temporal a los inmigrantes que lo soliciten y no sean desmerecedores de ellos y, al mismo tiempo, fomentar programas de “trabajadores-huéspedes” o trabajadores temporales que tan buenos resultados dieron históricamente. Todos saldríamos ganando.

Sin embargo, hay una manifiesta falta de voluntad política para integrar en serio a los inmigrantes indocumentados. La actual política migratoria de los países desarrollados es un sistema roto e inestable.

Caso de mantenerse la severidad de las restricciones actuales a la inmigración, estaríamos insistiendo en un esfuerzo inútil al modo de Sísifo o, más certeramente en palabras de Bryan Caplan, en una solución en busca de un problema.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIII, IV y V.

Los planes del Gobierno para 2014: recaudar, recaudar, recaudar (y una alternativa)

Es habitual escuchar que el principal problema económico de España es la falta de demanda, es decir, la falta de gasto. Si ésta regresara, también lo haría la inversión, la creación de empleo con salarios crecientes, el consumo, la recaudación fiscal y, en última instancia, la solución a todos nuestros problemas. Las causas de la falta de demanda suelen tasarse en la incertidumbre económica que paraliza cualquier decisión de los agentes y en el muy notable apalancamiento privado que impide que familias y empresas destinen su renta disponible a algo que no sea la amortización de su deuda.

La explicación tiene la ventaja de que encaja con la percepción popular sobre la crisis –como ya no gastamos tanto como antes, la economía ha encallado y se ha ido deteriorando– y, sobre todo, con el repertorio justificativo del intervencionismo estatal –si el problema es la falta de demanda y el sector privado no puede tirar del carro, deberá ser el Estado quien lo haga mediante “planes de estímulo” y gigantescos déficits públicos–. Pero, por intuitiva que pueda parecernos, la explicación es esencialmente falaz y no deja de ser preocupante que, habiendo iniciado nuestro séptimo año de crisis económica, todavía no hayamos desentrañado adecuadamente sus causas.

El problema es de oferta, no de demanda

Si nuestro problema es la falta de gasto, será que en agregado no gastamos tanto como en 2007, momento en el que la economía funcionaba a pleno rendimiento y el desempleo alcanzó mínimos históricos. El problema de gastar al nivel de 2007 es sólo uno: en ese año, 1 de cada 10 euros de nuestros desembolsos procedía de nuestro endeudamiento exterior; a saber, sólo el 90% de lo que gastábamos en España era producido dentro de España, proviniendo el otro 10% de importaciones netas desde el extranjero que quedaban pendientes de pago.

Así pues, España vivía a todo tren porque un 10% de ese tren era financiado por nuestros acreedores extranjeros. El caso no es demasiado distinto al de una persona que se endeuda con el banco durante varios años y, merced a las líneas de crédito obtenidas, vive muy por encima de sus posibilidades: ciertamente, su endeudamiento le permite gastar más, pero su nivel de gasto resulta insostenible.

Regresar al nivel de gasto 2007 implica, pues, regresar a la estructura de gasto de 2007, es decir, al ritmo de endeudamiento (insostenible) de 2007. Sólo habría una excepción para la proposición anterior: si desde 2007 a esta parte, el aparato productivo de nuestra economía (la oferta) hubiese cambiado de tal modo que hoy nos permitiera atender el nivel de gasto de 2007 cubriendo con producción interna no el 90% de ese gasto, sino el 100% (en realidad, más del 100%, pues necesitamos exportar una parte de nuestra producción interna para amortizar nuestra deuda exterior), podríamos gastar al nivel de 2007 sin endeudarnos al ritmo de 2007. Dicho de otro modo, nuestro problema siempre ha sido de oferta: cómo modificar una muy deficiente y burbujística estructura productiva para transformarla en una superavitaria y equilibrada estructura productiva que nos permita fabricar no sólo muchos más bienes que en 2007, sino bienes muy distintos a los de 2007 (no necesitamos más viviendas).

¿Contamos hoy con una estructura productiva capaz de fabricar más y mejores bienes y servicios que los de 2007? Con seis millones de parados, parecería que los sectores económicos que necesitamos todavía no hayan sido creados (pues, si lo estuvieran, los desempleados estarían ya contratados y generando riqueza). Acaso podría pensarse que no lo están por falta de demanda: pero fijémonos que el problema no es que españoles no deseen poseer esa mayor cantidad y calidad de bienes y servicios (todos queremos vivir mejor), sino que no poseemos renta suficiente para adquirirlos. Pero, ¿de dónde procede la renta salvo de la producción? El trabajador cobra un sueldo cuando es contratado para producir y el capitalista cobra dividendos una vez ya se han producido (y vendido) las mercancías.

En otras palabras, salvo cuando nos endeudamos, por necesidad la producción antecede al gasto. Nadie puede disponer de aquello que no ha producido (salvo que se lo dejen prestado, es decir, salvo que se endeude). De ahí que afirmar que nuestro problema es de falta de demanda equivale hoy a afirmar que nuestro problema es de falta de endeudamiento. ¿De verdad el sector público y el privado necesitan de más deuda cuando a duras penas pueden devolver sus titánicos pasivos actuales?

Implicaciones del problema de oferta

El debate sobre si los problemas de España proceden de la inadecuada oferta o de la insuficiente demanda no es en absoluto bizantino. Si el problema fuera de demanda, la solución pasaría por endeudarnos y por gastar más, sin atender demasiado a la composición concreta de la oferta. Si, en cambio, el problema es de oferta, la solución no pasará por endeudarnos todavía más como país, sino por remover los obstáculos que impiden a nuestros empresarios reconfigurar sus planes de negocio y generar nuevas industrias (ésas que permitan aumentar la cantidad y la calidad de los bienes que podemos fabricar internamente): será justamente ese aumento de la oferta el que generará las rentas que permitan aumentar la demanda (las rentas que nos permitan aumentar nuestro gasto sin endeudarnos con el exterior).

¿Cuáles son esos obstáculos? Por un lado, todas aquellas condiciones institucionales que generen incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de nuestra economía: en esencia, nuestro desequilibrado déficit público que amenaza la solvencia a largo plazo del Estado. Por otro, todas aquellas regulaciones y sobrecostes estatales que impidan conformar, dentro de las condiciones actuales de España, planes de negocio rentables: normativas que bloquean el ajuste del precio de sus factores con su productividad (leyes de salario mínimo y convenios colectivos que inflan artificialmente los costes salariales, intervenciones en el sistema eléctrico que hipertrofian su precio o racionamiento del stock de viviendas a la venta para seguir retrasando el pinchazo definitivo de la burbuja) y gravosos impuestos de todo tipo que minan las ganancias post-mordida estatal.

En suma, necesitamos una economía más segura, más flexible y más libre para superar el shock distorsionador que le supuso la burbuja inmobiliaria y para encontrar su lugar dentro de una economía globalizada que descansa sobre una división del trabajo internacional (dentro de la que se tiene que insertar España, sacando partida de sus ventajas comparativas). No será el gasto indiscriminado y basado en la deuda el que, llevándonos a especializarnos en la producción de cualquier cosa, nos saque de un embrollo en el que, justamente, nos metió el gasto indiscriminado y basado en deuda: al contrario, serán las decisiones racionales, ponderadas, equilibradas y juiciosas a propósito de planes de negocio viables las que nos permitan aumentar sosteniblemente nuestra producción, nuestra riqueza y, al final, nuestra demanda.

Los políticos españoles, así como la inmensa mayoría de economistas de este país, han remado en la dirección contraria entre 2007 y 2013. Por desgracia, nada hace sospechar que vayan a cambiar de perspectiva a partir de 2014.

2014 empieza con una nueva subida de impuestos a empresas y autónomos

Seguramente han visto alguna vez a un crío pequeño, sea alguno de sus hijos, sobrinos o nietos, jugar con juguetes que simulan, en vivos colores, las herramientas de carpinteros, fontaneros y otros oficios manuales. Probablemente se han fijado también en que la herramienta favorita de los niños es el martillo, con el que igual clavan un clavo de juguete, que un tornillo, que les “arregla” alguna lámpara o cualquier otro objeto decorativo de su salón. Pues bien, esta conducta, formulada como “dele un martillo a un niño, y pensará que todo son clavos”, responde a lo que el filósofo Abraham Kaplan denominara la ley del instrumento en su obra de 1964 The Conduct of Inquiry, y es justamente lo que ocurre con el Gobierno, que creen que van a resolver a martillazos fiscales los problemas de nuestra economía.

Si por algo se ha caracterizado la acción de gobierno del gabinete de Mariano yalopensarémañana Rajoy durante el 2013 que hemos dejado atrás, es por su esmero en ‘clavarnos’ a impuestos, tasas, cotizaciones y otras exacciones fiscales a los españoles. Un atosigamiento fiscal capitaneado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Taxman Montoro, y al que alegremente se han unido otros miembros del Ejecutivo, como los ministros de Justicia –entrada en vigor desde enero de 2013 de las tasas judiciales–, de Industria, Energía y Turismo –nuevos impuestos a la generación vigentes también desde el 1 de enero de 2013– o de Empleo y Seguridad Social –subida de las bases de cotización el pasado mes de septiembre–.

Y es que a veces uno no puede evitar imaginarse las reuniones del Consejo de Ministros discurriendo como aquel delirante sketch de los irreverentes Monty Python titulado Tax on Thingy –impuestos a eso, en español– en la que altos cargos del Gobierno se devanan los sesos en encontrar todo tipo de nuevos conceptos disparatados para gravar a sus ciudadanos.

El último clavo ha sido la publicación el pasado 21 de diciembre de una nueva subida de los impuestos al trabajo cuyos efectos sufrirán en 2014 las empresas, especialmente aquellas intensivas en mano de obra y con márgenes más ajustados, y los trabajadores con los salarios más bajos –aquellos que no superan las bases máximas de cotización–. Así, la ministra Fátima Báñez nos ha colado de rondón un nuevo incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo ha hecho, además, en sábado, en vísperas de Navidad, y como una disposición final deslizada, como quien no quiere la cosa, en un real decreto ley que, para mayor escarnio, reza en su título que es para "favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores".

Lo que necesita España no es más recaudación, sino menos gasto público y menos impuestos. Hasta que no entiendan esto, las medidas del Ejecutivo serán un obstáculo más que el sector privado tendrá que continuar sorteando para salir de la crisis. Y el año 2014 que acabamos de estrenar no parece que vaya a suponer un cambio de tendencia, tal y como dejaba muy claro el propio ministro de Hacienda en la entrevista publicada el pasado lunes en el diario Cinco Días. Así, ante la primera pregunta sobre la futura reforma tributaria, ofrecía una respuesta de tres párrafos en la que casi una de cada veinte palabras era “recaudar” –o alguna de sus formas léxicas–. La obsesión de Montoro por recaudar es digna de psicoanálisis. Todo ello, por cierto, recurriendo como argumento de autoridad a Milton Friedman, atribuyéndole erróneamente el dudoso mérito de ser inventor de la progresividad, tal y como acertadamente le enmendaba John Müller en su columna de El Mundo.

Víctima inequívoca de la ley del instrumento de Kaplan mencionada más arriba, racionalizaba Montoro el “que trate de recaudar más, porque, si no, este país nunca saldrá de la crisis”. Leyendo al ministro, no cabe la menor duda de que todos nuestros problemas económicos le parecen clavos a los que golpear con el ‘martillo dorado‘ de la fiscalidad, como demuestra esta otra perla: “Recaudaremos más en el sentido sano de recaudar más”, que decía sin ruborizarse. Y, para colmo, proclamaba que “el ajuste de la plantilla pública ha concluido”. O sea, que para el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ya estamos en el nivel óptimo de asesores, cargos de confianza, directivos de empresas públicas, etc.

Yerra de plano el ministro si así piensa que va a contribuir a que 2014 sea el año del inicio de la recuperación, como su jefe ha anunciado triunfalmente. Antes bien, si se sigue empeñando en lastrar el crecimiento económico con sus políticas confiscatorias, el fin de la crisis no llegará hasta día del Juicio Final –por la tarde– o hasta el día en que Rajoy tome una decisión, lo primero que ocurra. Pues lo que necesita España no es más recaudación, sino menos gasto público y menos impuestos. Hasta que no entiendan esto, las medidas del Ejecutivo serán un obstáculo más que el sector privado tendrá que continuar sorteando para salir de la crisis.

Imagínense, sin embargo, el boom que supondría para la economía española si se redujeran el IRPF y las cotizaciones sociales –para el empleado y la empresa– en un muy conservador 5%. Con que la actividad económica generada por la mayor renta disponible de los trabajadores y los menores costes salariales de las empresas supusiera una mínima reducción de 2 puntos en la tasa de paro –algo que no parece descabellado–, ello supondría un estímulo estimado de 24.000 millones de euros, que irían directos a la economía allí donde más se necesitan. Todo ello con un efecto estimado sobre el déficit de 16.000 millones que podrían compensarse eliminando las subvenciones, además de la reducción ya prevista de los costes financieros por la menor prima de riesgo.

Y las condiciones de contorno son incluso más propicias para acometerlas si se dispone de la perspicacia, pasión y agallas que pedíamos aquí mismo hace doce meses, y que los ciudadanos y empresas han demostrado tener de sobra durante este año, mientras que han brillado por su ausencia en el Gobierno. Si empezábamos el 2013 con la prima de riesgo en 400 y el Ibex en 8.100 puntos, imagínense qué no podrá hacerse en 2014 con la prima casi a la mitad, el selectivo acercándose ya a los 10.000 y un sector exterior pujante. Existen, pues, alternativas al martillo fiscal de Montoro basadas en la reducción de impuestos, el adelgazamiento del Estado y la liberalización real de la economía. Sólo falta que el Gobierno quiera reconocerlas.

Un año más, quiero aprovechar antes de despedirme para agradecerles el interés mostrado en 2013 y desearles todo lo mejor para 2014.

España no tiene un problema de demanda

El nuevo año 2014 no ha empezado con buen pie para los empresarios y autónomos, al menos en lo que se refiere al ámbito fiscal, ya que muchos deberán afrontar una nueva subida de las cotizaciones sociales. Es decir, deberán pagar más impuestos sobre el trabajo, pese a que España se caracteriza, precisamente, por soportar uno de los gravámenes laborales más altos del mundo desarrollado.

En concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 incluye un aumento adicional de las bases de cotización a la Seguridad Social, el nivel que sirve de referencia para determinar cuánto hay que pagar por la cuota mensual de autónomos.

Los asesores fiscales están informando a sus clientes de que la base mínima de cotización sube un 2%, desde 858,60 a 875,70 euros mensuales, por lo que la cuota mínima, que es la que paga más del 80% de los autónomos, pasa de 256,72 a un total de 261,83 euros (5 euros más al mes). Por otro lado, la base máxima de cotización sube un 5% -al igual que en el Régimen General-, pasando de 3.425,70 a 3.597,00 euros mensuales, con la consiguiente elevación de la cuota.

Asimismo, aprovechando el inicio de las vacaciones navideñas, el Gobierno aprobó una nueva subida de cuotas para los autónomos societarios y aquellos que dispongan de más de 10 trabajadores a su cargo. El Real Decreto-ley 16/2013, publicado el sábado 21 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), equipara sus bases mínimas de cotización con la prevista para los trabajadores encuadrados en el grupo 1 del Régimen General, que ascienden a 1.051,50 euros frente a los 875,70 euros del resto de autónomos en 2014.

Esto significa que aquellos trabajadores que pretendan montar su propia empresa (administrador societario) y los autónomos con más de una decena de empleados pasarán a pagar, como mínimo, una cuota mensual 313,34 euros, lo cual se traduce en casi 52 euros extra al mes. Según especifica la norma, quedarán exentos de esta subida los nuevos autónomos que causen alta inicial en el RETA durante los doce primeros meses de su actividad.

Más cotizaciones empresariales

Igualmente, muchas empresas deberán sufragar más impuestos sobre el trabajo, ya que el Ejecutivo ha colado por la puerta de atrás un aumento de las cotizaciones sociales mediante la inclusión de nuevos conceptos en la base de cotización que, hasta ahora, estaban exentos.

Así, a partir del pasado 1 de enero, los empresarios deberán incluir en dichas bases determinadas remuneraciones en especie por las que hasta ahora no se cotizaba, tales como el plus de transporte recogido en la mayoría de convenios colectivos, así como determinadas dietas o cheques restaurante. Únicamente no habrá que cotizar por las asignaciones para gastos de desplazamientos del trabajador desde el centro de trabajo habitual hasta otro lugar de trabajo en transporte público siempre que se justifiquen mediante factura o equivalente, así como aquellas asignaciones para gastos de locomoción, estancia o manutención (dietas) siempre que se desplace fuera del centro habitual de trabajo y que sea también en municipio distinto de su lugar de residencia.

Además, a partir del año que viene habrá que comunicar a la Seguridad Social no sólo las bases de cotización sino todo lo que se le abona al trabajador, a diferencia de lo que sucede ahora, lo que servirá para incrementar actuaciones inspectoras y sancionadoras, según alertan los asesores fiscales.

Y a todo ello, se suma el hecho de que, un año más, el Ejecutivo del PP ha optado por elevar un 5% las bases máximas de cotización del Régimen General -como ya hizo en 2013-, hasta los 3.597 euros al mes, lo cual afectará a cerca de 700.000 trabajadores. Esta medida implicará para las empresas un aumento de los costes laborales de unos 500 euros por cada empleado al año, mientras que los trabajadores afectados deberán aportar casi 100 euros extra.

Así pues, 2014 comienza con un alza generalizada de cotizaciones sociales para numerosas empresas y autónomos, a pesar de que el PP de Mariano Rajoy prometió en su día reducir la elevada carga fiscal sobre el trabajo que soporta España, encareciendo con ello los costes laborales en el peor momento posible, dada la histórica tasa de paro que sigue presentando el país.

Por último, y aunque no está directamente relacionado con las cotizaciones, el Gobierno también ha encarecido el coste del despido en determinados supuestos, tras eliminar la indemnización que asumía el FOGASA de 8 días en despidos objetivos de empresas de menos de 25 trabajadores. Con la entrada del nuevo año, las empresas de menos de 25 trabajadores asumirán la indemnización total de 20 días por año en despidos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, por lo que el FOGASA dejará de abonar 8 días por año como venía haciendo hasta la fecha.