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El blanqueo y la cocaína (II)

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Transcurridos apenas tres años y medio de la promulgación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, durante la última legislatura del inefable Jose Luis Rodríguez Zapatero, una reforma incluida en la disposición final sexta de la pomposamente llamada Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno merece un estudio con lupa, como ejemplo de las cuitas y las mañas del estamento político español cuando se ve sorprendido por la actuación de organizaciones internacionales que escrutan su desempeño sobre el terreno y ante las cuales redobla esfuerzos por salvar la cara. Pero a su manera.

En aquel momento quien les escribe se percató de una manipulación que parecía más el producto de la picaresca que de un gobierno y un parlamento mínimamente serios. Precisamente el proceso acelerado de aprobación de la Ley se debió a la declaración de la sentencia de 1 de octubre de 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sección séptima) de que el Reino de España había incumplido la obligación de trasponer a su derecho interno, antes del 12 de diciembre de 2007, las Directivas en materia de prevención de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

A pesar de esa resolución, de forma arbitraria el gobierno socialista remitió a las Cortes un proyecto de ley que prescribía a distintos profesionales e intermediarios financieros la adopción de medidas reforzadas de identificación y vigilancia de operaciones de clientes con responsabilidades públicas, pero solo en el caso de que fueran extranjeros (incluyendo a los nacionales de países de la UE) alterando en este apartado el anteproyecto elaborado por los funcionarios del Ministerio de Hacienda y burlándose de forma burda del reproche jurisdiccional europeo. Durante la tramitación parlamentaria, a pesar de que un grupo presentó enmiendas para subsanar ese escándaloso doble rasero, apenas se mencionó un asunto tan escabroso para la corrupta oligarquía española, de suerte que sus representantes aprobaron casi por unanimidad eximirse del sometimiento a un escrutinio preventivo acerca del origen de su patrimonio cuando concurre un ánimo tendencial al blanqueo de capitales.

No debe entenderse, empero, que esas directivas europeas y la regulación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI/FATF, dependiente de la OCDE- conduzcan de manera unívoca a un mundo ideal. Antes al contrario, merecen muchas críticas. No es la menor la de que pueden equipararse, a los efectos de la prevención del blanqueo de capitales, los casos de infracciones administrativas (como es el impago de impuestos hasta el límite cuantitativo en que se consideran "delitos contra la hacienda pública") con aquellos otros donde subyacen delitos de extrema gravedad, como el robo, sobornos, o la extorsión mediante la amenaza, el asesinato, el secuestro y otros delitos instrumentales. Aunque se trata por parte de la doctrina y los legisladores de convertirlo en un delito autónomo, separado de los hechos previos, el blanqueo de capitales deriva de conductas tipificadas como delitos por una legislación harto discutible. Dada la tendencia universal a penalizar acciones sin víctima, pues se considera suficiente el interés de un estado en dotar de protección jurídico penal a un bien jurídico determinado desde su caprichosa perspectiva para darle validez, se llega al absurdo de obstaculizar la libertad de circulación de capitales por no distinguir el grano de la paja.

Observemos, por ejemplo, las enormes dificultades prácticas que plantea la penalización en casi todos los países del mundo de las actividades que "promuevan, favorezcan o faciliten" el consumo de drogas incluidas en un convenio internacional actualizable, un delito abierto sin víctimas. En general, tantas actividades subyacentes ilícitas multiplican las operaciones sospechosas desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales y la dilución y el solapamiento de casos graves en un marasmo de otros que lo son menos.

En cualquier caso, salvando el olvido de hace tres años, el texto del nuevo artículo 14 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales prescribe a los obligados (entidades financieras, aseguradoras, servicios de envio y cambio de dinero, casinos, loterías, notarios, registradores, abogados, marchantes de arte, etc) adoptar "medidas normales de diligencia debida" también respecto a los españoles con responsabilidades en los poderes públicos y sus allegados, teniéndoles como tales hasta dos años después del cese en sus cargos, aunque de forma clamorosa se excluye a los cargos equivalentes de ayuntamientos de municipios de menos de 50.000 habitantes. Estas medidas, consistentes en un deber de identificación formal y real del titular de un determinado negocio, la recabación de información sobre el propósito del mismo y su seguimiento continuo, se refuerzan en el caso de la banca, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera por considerarse que presentan un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Sin embargo, como en el texto que se reforma, se deja para un reglamento la definición de cuáles deban ser esas medidas reforzadas. Dado que en ningún momento se ha aprobado, trece días antes de la entrada en vigor de la reforma la inseguridad jurídica a este respecto resulta absoluta.

No parece arriesgado afirmar que el súbito cambio legislativo español está relacionado con el lanzamiento por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de una nueva metodología que centra su atención en la efectividad de las medidas de control en un Estado determinado. Por otro lado, el anuncio de que el Reino de España será sometido el año próximo a una evaluación por parte de los inspectores de este organismo internacional parece haber apremiado a un cumplimiento más serio de sus directrices debido al descrédito que arrojaría una calificación negativa.

En definitiva, a la vista de la interminable lista de casos de corrupción que ha acompañado al actual régimen partitocrático desde su consolidación en los años ochenta, no resultan casuales el uso artero del poder legislativo y las prácticas habituales hasta ahora. Es en este punto donde la presión internacional puede contribuir a una regeneración que apenas se divisa en lontananza del panorama político español con los mecanismos internos. A ver si el aireamiento de los casos de sobornos, malversaciones de caudales públicos y otras trapacerías que apadrina la oligarquía española, en conjunción con las evaluaciones internacionales, contribuyen a una mayor transparencia de la gestión de los asuntos públicos y, en consecuencia, a depurar un sistema tan profundamente corrupto.

Todos contra la República

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Estoy seguro de que Nelson Mandela era un gran admirador de la II República. Aunque de lo que le habló a F.W. De Klerk el día que se conocieron no fue de ella, sino de las eficaces técnicas de guerra de los Boers. Pero todos los santos laicos tienen que estar del lado del régimen del 14 de abril, y Mandela no iba a ser una excepción.

Aquí, en España, la II República es una suerte de piedra de toque de la progresía. Uno tiene que mostrar su admiración por aquél efímero régimen, y alabar especialmente sus logros sociales y su carácter excepcionalmente democrático. De ahí se cae la condena al régimen de “los generales”, encabezado por Francisco Franco. En una ocasión, una argentina a la que llamaban “la rusa” y que comenzó a trabajar en una agencia de publicidad española, preocupada por cumplir con el rito aceptado del progrerío español, preguntó ingenuamente: “¿Quiénes teníamos que decir que eran los buenos? Los republicanos, ¿no?”.

Al igual que la derecha tiene que revisar qué quiere hacer con Franco y su régimen, la izquierda tiene que replantearse qué hacer con la República. Porque en la actualidad se produce una situación paradójica, contradictoria, en la que todos están contra el régimen que más ha frustrado a los españoles en el Siglo XX. ¿He dicho todos? Sí, todos.

El motivo inmediato de que así sea es que los grupos políticos y los personajes más identificados con aquél régimen conspiraron contra él, lo zarandearon y pervirtieron, e incluso intentaron derribarlo. El caso de los anarquistas es claro. El régimen llegó en abril y convocaron una huelga general en julio, tres en enero de 1932 y dos el año siguiente. Nadie les identificaría, en principio, con la II República. Pero ese régimen llegó a albergar a ministros anarquistas, un caso único en la historia universal.

Los comunistas tuvieron un papel importante desde el inicio de la guerra, y casi monopolista al final. Aquéllos gobiernos de Giral, Largo Caballero y Negrín eran herederos del que salió de las urnas en 1936. Y los comunistas apadrinaron la Revolución de octubre de 1934, protagonizada sobre todo por el PSOE. El PSOE, que siempe pregonó la dictadura del proletariado y que clamaba “La República para todos, no”, se rebeló contra ella. Azaña y los socialistas le pidieron a Alcalá-Zamora que anulase las elecciones de 1933 que ganaron la CEDA y los Radicales. Azaña, por cierto, manipuló la adjudicación de 32 escaños en las elecciones de 1936. 

Bien, pues todos los intelectuales, incluso los que han leído libros, todos los políticos que hablan maravillas de aquella república, todos los ciudadanos de a pie que se sienten identificados con ella, todos, apoyan a grupos políticos y personajes que conspiraron contra la II República, al menos contra lo que aquélla tenía de democrática. Es más, todos echan pestes del único partido a la vez genuinamente republicano y democrático, los Radicales. Contra la República todos. 

Montoro contra los medios, ¿o no?

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

No descubriremos ningún secreto si afirmamos que el ministro de Hacienda es uno de los miembros del Gobierno más poderosos, por lo general tan sólo superado por el propio jefe del Ejecutivo. Se suele considerar que esta situación de preponderancia sobre sus pares le viene dada por su control del dinero llamado “público”.

Pero su poder no es sólo sobre otros ministros, sino también sobre todo tipo de ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El titular de la cartera de Hacienda controla un organismo que, al menos en España durante las últimas décadas, en numerosas ocasiones es utilizado para castigar o amargar la existencia a quienes no son afines al poder político de turno: la Agencia Tributaria. Hace unos meses, en el transcurso de una entrevista, Pedro Ruiz nos decía una frase tan contundente como cargada de sentido:

El miedo que había a la Policía de Franco, por inercia, ha pasado a los inspectores de Hacienda.

No es para menos. La acción de la Agencia Tributaria puede convertirse en una pesadilla incluso para quien no tiene cuentas pendientes con este organismo. Una mera inspección ordenada por motivos políticos, aunque las autoridades sospechen que no van a encontrar nada, puede suponer un trastorno difícil de soportar para cualquier particular o para los responsables de una empresa u organización. Eso por no hablar del daño que se hace a su imagen pública. Esto es especialmente cierto en un país como España, en el que domina socialmente la presunción de culpabilidad de todo aquel que es sometido al escrutinio de las autoridades tributarias.

Esta herramienta de poder inquisitorial puede ser utilizada como un instrumento para amenazar a aquellos que incomodan al poder político, incluso cuando no se utilice de forma efectiva. Y el ministro español Cristóbal Montoro la usa con ese fin de manera muy frecuente. No ha dudado en insinuar su uso contra partidos de la oposición, actores, periodistas y medios de comunicación privados. Estos últimos son objetivo frecuente de este tipo de insinuaciones.

A primeros de diciembre achacó las supuestas “informaciones falsas” sobre un tratos de favor a determinadas empresas a los problemas económicos de unos medios que, según él, tienen deudas pendientes con el fisco. No es la primera vez que lanza este tipo de afirmaciones, que tienen mucho de amenaza velada, sobre las empresas informativas.

Parece que, efectivamente, hay medios que tienen deudas con Hacienda o la Seguridad Social, como también hay sospechas fundadas de que están recibiendo un trato de favor en esta cuestión por parte del Gobierno de Rajoy. Pero no se les debe amenazar para que rebajen el nivel de críticas al Ejecutivo. Lo que Hacienda ha de hacer es, simplemente, tratar a esas empresas como a cualquier otra y obligarlas a saldar sus deudas. Pero no se hará, es mejor tener algo con que presionar a sus directivos y mantener abierto un acuerdo de facto que en realidad beneficia a ambas partes a costa de romper la igualdad ante la ley.

La hipocresía es evidente por ambas partes. Los directivos de determinados grupos de comunicación protestan cuando se les recuerda sus deudas con Hacienda, pero no las pagan sabedores de que al final no se va a actuar contra ellos. Desde el Gobierno no se les trata como al resto de empresas sabedores que la existencia de las citadas deudas permiten atar en corto a esos medios de comunicación cuando se ponen demasiado críticos. Y, mientras tanto, se lanzan sospechas sobre el resto de periódicos, radios, televisiones y diarios digitales, que sí tienen al día sus cuentas con el fisco.

Páguese la deuda que se tiene, y se quita el arma de presión al señor Montoro. Cóbrese lo que se debe, y nadie podrá denunciar un trato a favor a determinados empresarios. Todos, menos esos medios y el ministro, saldríamos ganando. Otra cosa, por supuesto, es que se deba empezar urgentemente a bajar impuestos. A todas las empresas y todos los ciudadanos; y ya.

Crímenes de honor en Palestina

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 20 de septiembre medio centenar de miembros de la familia Zeidan firmaron en Tulkarem un documento público condenatorio de la conducta de una mujer del clan, Zamar, de 33 años, por cometer actos deshonrosos. Días antes un hombre borracho procedente de una localidad cercana se había introducido en su casa. Los vecinos lo sacaron de la vivienda y lo apalearon, obligándolo a huir, pero la mancha del deshonor ya había caído sobre la víctima del asalto.

Los miembros masculinos del clan familiar acusaron a Zamar de violar repetidamente "la ley de Dios, las costumbres y la moralidad" que se exige a toda mujer musulmana. El padre quedó también formalmente repudiado, por "haber fracasado en reformar a su familia". El texto fue imprimido y repartido por la localidad, incluso colocado en la entrada de la mezquita local. La suerte de Zamar ya estaba echada: al día siguiente, su padre la estranguló con un cable de acero mientras dormía.

Lo que ha otorgado una relevancia especial a este crimen es el hecho de que entre los firmantes del documento aparecía Abdel Rahmán, diputado de Hamás en la asamblea legislativa en un territorio controlado por Fatah. Rahman explicó que accedió a firmar porque "la otra opción era expulsar al padre y a toda la familia de la Margen Occidental". A continuación añadió que, según su particular criterio, su apoyo expreso a una sentencia popular que condenaba a una mujer inocente por supuestos delitos de honor no fue una incitación a su asesinato.

La misma semana del asesinato de Zamar una mujer de Yata, en Hebrón, mató a su hija discapacitada de 21 años después de que ésta fuera violada por unos desconocidos. La Policía palestina confirmó los hechos tras llevar el cuerpo de la víctima a la sala de urgencias de un hospital local, donde se declaró su fallecimiento.

Con estos dos últimos se elevan a 27 los crímenes de honor cometidos en tierras palestinas en lo que va de año, más del doble que en 2012, según los datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos presentes en la zona. Este tipo de crímenes, frecuentes en los países islámicos, se inspiran en determinadas interpretaciones teológicas, a pesar de que en la mayoría de los casos ni siquiera se cumplen los requisitos que el islam establece, como la existencia de, al menos, cuatro testigos presenciales de un adulterio, la principal de las acusaciones formulada contra las mujeres a las que sus parientes arrancan la vida para preservar el honor familiar.

En el caso de Palestina, a esta laxitud en la interpretación de los preceptos coránicos se suma la levedad de las condenas que se imponen a quienes perpetran estos crímenes. Según la legislación vigente, los asesinatos de Tulkarem y Hebrón se saldarán con una condena de tan sólo seis meses de cárcel, si es que los autores son encontrados culpables.

Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer llevan tiempo enfocando sus esfuerzos en la reforma de este aspecto concreto de la legislación penal. En Ramala se han dirigido al presidente de la Autoridad Palestina para que ponga en marcha una modificación legal que eleve el castigo a los culpables de crímenes de honor y acabe con la práctica impunidad de que disfrutan.

Sin embargo, las propias asociaciones pro derechos humanos reconocen que una simple reforma legal no acabará con esta lacra. La última prueba de que estos delitos están interiorizados en amplias capas de la población musulmana la encontramos en una investigación de la Universidad de Cambridge elaborada entre jóvenes de la vecina Jordania.

En el mencionado estudio, un tercio de los jóvenes entrevistados se mostró de acuerdo con esta práctica, actitud que los investigadores atribuyen a los bajos niveles de educación y a la existencia de una visión patriarcal tradicional que pone el énfasis en preservar "la virtud de la mujer". En Jordania se cometen entre 15 y 20 asesinatos por delitos de honor cada año.

Como hemos visto antes, las cifras, lejos de disminuir con el paso de los años, no hacen sino aumentar. Nada extraño en un lugar donde un diputado electo puede animar públicamente a la comisión de estos delitos en su propia familia sin recibir la menor sanción oficial ni reproche social alguno.

© elmed.io

Democracia y revolución

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Democracia y liberalismo son dos tradiciones relacionadas entre sí, con refuerzos mutuos y con contrastes y oposiciones difícilmente salvables. Es esta una discusión para otro artículo. No tenemos que salir de este sitio para encontrarnos juicios muy certeros al respecto, como los de Manuel Llamas, Berta García Faet, o este autor. La democracia favorece el aumento del poder del Estado, de nuevo Llamas, y el esfuerzo liberal por detenerlo ha fracasado una y otra vez. La democracia, por un lado, no es democrática; no como el ideal democrático exige. Y por otro lado legitima la adquisición y crecimiento del poder del Estado.

No es éste el problema a reseñar aquí, el de las posibilidades de una democracia liberal de mantenerse en el liberalismo durante un período muy prolongado. La Francia de la república de Thiers duró tres décadas. Gran Bretaña ha dejado atrás gran parte de su liberalismo, y de los Estados Unidos lo que digamos es poco. No. La cuestión de este artículo es la de una democracia antiliberal, concebida como revolucionaria. Es la de la II República.

Para situarnos muy escuetamente en el contexto en el que surgió aquella democracia, como una avalancha, en 1931, tenemos que remontarnos casi un siglo atrás. El liberalismo histórico español acuñó en la Constitución de 1845 un instrumento para acumular y concentrar el poder y construir, desde ahí, un Estado sólido. Está concebida en el contexto de las Guerras Carlistas, un conflicto bélico civil que aconsejó a los liberales acrecentar el poder estatal, y dotarlo de una racionalidad en sus funciones. Según el historiador Antonio Cánovas, “con aquellas leyes de 1845, que eran sólo una máquina de ganar elecciones, se hacía imposible todo ejercicio de libertad”. Con “libertad” se refería a la participación en el poder. Este exclusivismo explica, en parte, que la solución a ese problema viniera del recurso a la violencia, los pronunciamientos que marcaron el XIX.

La Constitución de 1876, inspirada en gran parte por el propio Cánovas, quería superar ese problema que había conducido al sexenio revolucionario, que fracasó estrepitosamente. Podían haberse acercado al modelo de la Tercera República Francesa, que asumió el juego político en términos que hoy podríamos llamar Kelsenianos. Normas iguales para todos, participación democrática, incertidumbre en los resultados, seguridad en la aplicación de las normas. La solución de Cánovas es casi contraria: Era el Rey quien decidía el gobierno, que a su vez convocaba unas elecciones amañadas para que éste ganase. La imparcialidad no estaba en las normas, sino en el propio Rey. Fue un sistema estable y cada vez más inclusivo. Incluso el PSOE entró en aquel sistema. De este modo, se dotó de estabilidad y evitó los pronunciamientos.

Los republicanos de izquierdas, por lo general, y Manuel Azaña en particular, se seguían viendo marginados por el sistema. Y veían el pactismo que facilitaba los turnos como evidencia de un pacto de marginación del resto y de defensa de las instituciones que habían llevado a España al atraso: La Iglesia y el Ejército. De modo que Azaña, y con él muchos otros republicanos de izquierdas, como Álvaro de Albornoz, entendieron que el progreso no podía llegar del acuerdo con las fuerzas conservadoras; él criticó la “transigencia mal llamada liberal”. Azaña, en 1923, decía: “Habrá que restaurar en su pureza las doctrinas y acorazarse contra la transigencia. La intransigencia será el síntoma de honradez”. De nuevo Álvaro de Albornoz dijo, en 1931: “No más pactos; si quieren una guerra civil, que la hagan”. Y dos años más tarde, el presidente del gobierno Azaña sentenciaba: “La República no es sólo un régimen, es un instrumento para la acción”. El alcalaíno tuvo muchas ocasiones de expresar la misma idea, como cuando rechazó “que el Parlamento se convirtiera en una academia jurídica”, es decir, se limitase a cumplir la ley, y no un “instrumento revolucionario que dé forma legal a las aspiraciones del país”.

Pero hay más. El carácter escasamente democrático de la Restauración contrastaba con las elecciones constituyentes 1931, que fueron las más democráticas de la historia de nuestro país hasta el momento. De este modo, resultaba fácil entender que el resultado de aquéllas reflejaba fielmente la opinión de los españoles. Pero las fuerzas conservadoras estaban desorganizadas. Con la legitimidad de las urnas se redactó una Constitución que servía a dos principios distintos. Por un lado, el democrático (normas fijas, resultados inciertos y aceptación de los mismos). Por otro, un proyecto social concreto, de carácter revolucionario. Así, la base social de la República sólo reconocía a “los trabajadores”, aunque fuesen “de todas clases”. Limitaba la libertad de conciencia, emprendimiento y educación en razón de “la seguridad del Estado” (Art 26) o “el respeto debido a las exigencias de la moral pública” (Art 27). Y pretendía un cambio económico fundamental, con la actuación del Estado intervencionista como medio.

El mismo propósito de reducir a la nada las dos instituciones citadas, el Ejército y la Iglesia, dejaba, en cualquier caso, poco margen al pacto. Sumando a ello la distribución de fuerzas, llevó a Azaña a pactar con el PSOE, una fuerza netamente revolucionaria, que promulgaba la dictadura del proletariado ejercida por la UGT. Este partido explicó al inicio de la III República cómo la veía: “Esta República española que ahora empieza, y de la cual hemos de ser nosotros guardianes y vigilantes, es algo esencialmente nuestro porque a nuestro calor ha nacido y a nuestro calor ha de afirmarse y perfeccionarse en lo futuro”. Cuando iba a cambiar el gobierno por las elecciones de 1933, decía también en El Socialista: “República para todos, no; República para los republicanos y sólo para los republicanos”.

No hace falta recordar o detallar los intentos de Azaña por repetir las elecciones de 1933, pero falseando los resultados para que no gobernase la CEDA, la revolución de 1934 o el estado pre revolucionario (hasta qué punto lo fue es una cuestión abierta). O la Guerra Civil, sobre cuyo grado de inevitabilidad también hay debate; lo que no es debatible es que se explica por el carácter al menos tan revolucionario como democrático que tuvo la II República.

El caso de la España de los años 30 muestra el carácter incompatible de la revolución con la democracia. De hecho, los partidarios de la II República dicen, por un lado, que defienden la democracia, pero por otro defienden comportamientos netamente antidemocráticos, como la revolución del 34, o critican duramente al partido que encarnaba el principio democrático con más convencimiento, el Republicano Radical. 

Lo que podemos aprender de Eurovegas

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las narrativas más extendidas a lo largo de esta crisis es que se trata de una estafa montada por el gran capital para arrebatarles los derechos laborales a los trabajadores y lucrarse a su costa. Semejante historia de terror se ve, además, avalada por una incontestable evidencia empírica: entre el año 2000 y el 2012, las rentas del trabajo han perdido peso dentro del PIB (pasando del 55% al 51,6%) mientras que las rentas del capital lo han ganado (del 45% al 48,4%). Con una conveniente teoría de la conspiración y un par de datos llamativos ilustrándola, parece que ya no necesitamos más. Pero el asunto es algo más complicado por dos motivos esenciales.

El primero es que cuando hablamos de rentas del capital nos estamos refiriendo en realidad a rentas brutas del capital, es decir, incluyendo el consumo de capital fijo anual (el equivalente a la cuota de amortización anual de las inversiones empresariales). La amortización no supone rentabilidad alguna para el capitalista, sino tan solo la periodificación del coste inicial de la inversión. Por ejemplo, imaginemos que una persona invierte hoy 100.000 euros y que luego, durante cinco años, obtiene unas rentas de 20.000 euros. ¿Habría obtenido ese capitalista alguna rentabilidad? No: simplemente habría recuperado a lo largo de cinco años el capital de 100.000 euros invertido en un comienzo. Si queremos conocer la auténtica renta que están obteniendo los capitalistas debemos calcular las rentas netas del capital, a saber, deducir de las rentas brutas el consumo de capital fijo.

El segundo motivo es que las rentas del capital incluyen una partida de la que no se apropian los grandes capitalistas: las rentas inmobiliarias imputadas. Las rentas inmobiliarias imputadas son una ficción contable dirigida a mejorar el cálculo del PIB: con tal de evitar que un piso alquilado sí compute dentro del PIB mientras que la residencia habitual en propiedad no lo haga, se asume que los propietarios que habitan en sus viviendas se las “autoalquilan”. Así pues, el PIB les imputa a esos propietarios una renta inmobiliaria que, en tanto es una renta derivada de la propiedad inmobiliaria, se inserta dentro de las rentas del capital. Dado que, cuando uno abraza la teoría conspirativa de que los capitalistas están machacando a los trabajadores españoles, uno no debería incluir entre las rentas de los capitalistas el rendimiento que los trabajadores obtienen en tanto propietarios (hipotecados) de viviendas, parece razonable excluirlas de nuestro cómputo.

Así pues, ¿qué sucede con las rentas del trabajo y del capital una vez corregidas por estas dos variaciones? Pues que en el año 2012 las rentas del trabajo alcanzaban el 68,5% del PIB, por encima del nivel que tenían justo antes de estallar la crisis (en 2007, el 68%) o al comienzo de la década (en 2000, 68,1%); por el contrario, las rentas del capital, en 2012, se ubicaron en el 31,5% del PIB, por debajo tanto de 2007 (32%) como del 2000 (31,9%). Peor todavía: el importe de las rentas del capital (netas del coste del capital fijo y de las rentas inmobiliarias imputadas) ha caído en términos absolutos desde el comienzo de la crisis. En 2007, los capitalistas obtenían unas rentas de 237.000 millones de euros y, en 2012, de 221.800 euros: en realidad, si descontamos la acumulación acumulada durante esos años, en 2012 estarían ganando 198.200 millones. Peor todavía, descontando la inflación, los capitalistas estarían obteniendo en 2012 aproximadamente las mismas ganancias que en 2002. ¡Vaya fracaso de conspiración!: montan una crisis y terminan ganando un 16% menos que 2007 y aproximadamente lo mismo que antes de desencadenar el boom inmobiliario. Definitivamente, los capitalistas… con la burbuja vivían mejor.

Pero, así las cosas, ¿no existe ninguna explicación razonable para el hecho de que, antes de efectuar todas nuestras correcciones, las rentas del trabajo hayan ido perdiendo peso dentro del PIB? Sí: una muy sencilla. Los bajos tipos de interés promovidos por el Banco Central Europeo desde 2001 indujeron a las empresas y a las familias españolas a sobreendeudarse para invertir en masa: las familias para adquirir viviendas; las empresas para adquirir bienes de capital. El resultado de la masiva inversión en viviendas ha sido que las rentas inmobiliarias imputadas se han disparado (se han más que duplicado, incrementando su peso dentro del PIB desde el 5,1% al 6,5%); el resultado de la inversión masiva en bienes de capital ha sido que el consumo anual en capital fijo se ha disparado (se han más que duplicado, incrementando su peso dentro del PIB desde el 14,1% al 18,1%).

En definitiva, la evolución de las rentas del trabajo y del capital desde el año 2000 no se ha debido a ningún contubernio capitalista por explotar al trabajador, sino al contubernio bancario por expandir insosteniblemente el crédito merced a sus privilegios regulatorios. Es decir, las causas que la explican son las mismas que explican la crisis: y sus culpables son los mismos.