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Los barrenderos chantajean a Madrid

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Las calles de Madrid se han llenado de basura y suciedad como consecuencia de la huelga indefinida del personal de limpieza viaria y jardinería iniciada el pasado día 5. Los barrenderos protestan porque tres de las cuatro empresas adjudicatarias de este servicio público (OHL, FCC y Sacyr-Valoriza) plantean despidos y rebajas salariales. Las compañías, por su parte, alegan que la reducción del presupuesto municipal les obliga a ahorrar costes, mientras que el Ayuntamiento prefiere ponerse de perfil, aduciendo que se trata de un conflicto laboral ajeno a su competencia. Por el momento, la actuación del Consistorio se ha limitado a amenazar con multas a las concesionarias por incumplimiento de contrato y a denunciar la "huelga salvaje" organizada por los sindicatos. En resumen, la típica pugna en que las partes implicadas se culpan unas a otras sin reparar un ápice en que el gran perjudicado es el contribuyente, obligado a sufragar un servicio que lleva suspendido diez días, sin que ello implique devolución alguna de impuestos.

Sin embargo, lo más sorprendente es el inusitado apoyo que están recabando los huelguistas a pesar de los graves perjuicios que están causando tanto a los madrileños como a la propia imagen de la ciudad. El razonamiento en favor de los barrenderos es sencillo: su protesta está justificada porque defienden sus "derechos" (sueldo) y sus puestos de trabajo. La culpa, por tanto, es de las empresas, por tratar de imponer condiciones draconianas a sus trabajadores, y también de Ana Botella, por recortar un servicio "esencial".

De este modo, muy pocos reparan en el problema de fondo, a saber, un presupuesto municipal inflado y una ingente deuda pública, cuyo tamaño se disparó durante los años de bonanza al calor de unos ingresos fiscales ficticios que, finalmente, desaparecieron tras el estallido de la burbuja. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se duplicó durante ese período, pasó de 2.330 millones de euros en el año 2000 a casi 5.260 millones en 2008. Lo mismo pasó con el gasto público destinado a limpieza viaria, que se elevó de 127 a más de 240 millones. La crisis, por suerte, ha obligado a corregir parte de los desvaríos causados por el crédito fácil. Son los famosos ajustes que sufren las familias, las empresas y ahora también las Administraciones Públicas. Aunque tarde y mal en la mayoría de los casos, el desplome de la recaudación ha obligado a adoptar ciertas medidas de austeridad en el sector público para evitar la insolvencia, y el Consistorio madrileño, el más endeudado de España, tampoco se ha librado. Su gasto rondará los 4.450 millones de euros en 2014, un 15% menos que en 2008, con una dotación prevista para limpieza de poco más de 202 millones, un recorte del 16%. ¿Necesario? Sin duda, porque la alternativa sería subir mucho más los impuestos a un sector privado que ya está depauperado por la crisis y por los históricos sablazos fiscales. De hecho, la partida destinada a limpieza sigue siendo muy superior a la de hace una década, cuando la ciudad no sufría insuficiencia alguna en la prestación de este servicio.

La respuesta de las empresas es, por tanto, lógica. Pretenden prescindir de 625 trabajadores, a través de un ERE, de una plantilla total próxima a los 6.000 (10%), y establecer un nuevo convenio con una reducción salarial máxima del 20%, en línea con la menor dotación presupuestaria. En concreto, proponen aplicar el nivel de sueldos vigente en 2007 más las correspondientes extras por antigüedad. Y es que el sueldo de estos trabajadores ha aumentado una media del 20,3% durante la crisis, a diferencia de lo acontecido en el sector privado, donde los salarios han descendido más de un 10%, sin contar los más de 3,5 millones de empleos destruidos, lo cual evidencia la privilegiada situación laboral de aquellos; a costa, eso sí, del dinero del contribuyente.

El convenio colectivo vigente hasta 2012 estipulaba un rango salarial de entre 19.000 y casi 33.000 euros brutos al año, así como una jornada de 35 horas semanales, incluyendo 2,5 horas de descanso. Considerando que la plantilla tiene una antigüedad media de 15 años, esto significa el cobro de unos 1.300 euros netos por trabajar 6,5 horas al día, más de lo que ganan muchos licenciados y personal cualificado en el sector privado. Ahora las empresas proponen un sueldo medio de poco más de 1.000 euros por trabajar 7,5 horas.

¿Mucho o poco? Imposible saberlo con exactitud, ya que, al tratarse de un servicio que depende del presupuesto municipal, no se rige por la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, se desconoce su valor de mercado -lo que los madrileños estarían dispuestos a pagar por mantener limpias sus calles-. Pero valgan como indicadores dos detalles: 1) los barrenderos de Madrid disfrutan de uno de los mejores convenios de su sector en toda Europa, según las concesionarias; 2) las carencias financieras de un ayuntamiento ahogado en deudas. Todas las Administraciones Públicas deberían ajustar sus gastos a su nivel real de ingresos, apostando incluso por reducir de forma drástica los impuestos para facilitar el ahorro y el crecimiento económico.

¿Conclusión? El Ayuntamiento de Madrid hace bien en reducir el gasto, incluido el destinado a limpieza, porque favorece al sufrido contribuyente; y las empresas hacen lo propio planteando un ahorro de costes que es esencial para no incurrir en pérdidas, protegiendo así a sus accionistas. Los sindicatos de barrenderos, por el contrario, tan sólo miran por su propio interés, lo cual no sería condenable siempre y cuando su huelga no perjudicara a terceros. Su único objetivo es mantener intactos sus privilegios laborales, cuyo coste sufraga el contribuyente de forma obligatoria, tomando como rehén la propia ciudad, intentando convertirla en un estercolero. De hecho, boicotean los servicios mínimos para agravar la situación en provecho propio, al tiempo que se queman contenedores y coches.

Se trata, simple y llanamente, de un chantaje sindical en toda regla.

La paradoja chilena

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Michelle Bachelet regresará pronto a la Casa de Gobierno en Chile. La quieren y, probablemente, lo merece. Ya pasó por La Moneda y abandonó el poder con un altísimo grado de aprobación. Sin embargo, esta vez la han votado para que gobierne de otro modo y lo ha prometido. Habrá salud y educación "gratis". Va a echar las bases del Estado Benefactor. El gasto público, claro, aumentará sustancialmente, y con él la alegre legión de los funcionarios.

No hay duda. Existe inconformidad en el país con el modelo chileno, pese a sus inmensos éxitos y al hecho innegable de que es hoy la primera economía de América Latina. ¿Por qué? Según Mauricio Rojas,

se trata de un largo proceso que tuvo su espectacular eclosión en el año 2011, con grandes movilizaciones sociales que lograron instalar un discurso antisistema que cuestionó los pilares delmodelo chileno.

Y agrega más adelante:

El centroderecha chileno creyó que la eficiencia del sistema le daría automáticamente legitimidad y apoyo y descuidó el terreno donde realmente se decide el derrotero de las sociedades: el de las ideas.

Esto lo ha escrito, muy preocupado, en un artículo titulado: "Chile, rumbo al estado Benefactor y la democracia chavista".

Mauricio Rojas sabe de lo que habla. En su juventud fue un marxista fiero, miembro del MIR, y tuvo que exiliarse tras el golpe de Augusto Pinochet para que no lo mataran. Se fue a Suecia. Allí, felizmente, se desasnó. Obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Lund y abandonó las bobas supersticiones marxistas. Luego entendió los errores del Estado Benefactor. Fue diputado por el Partido Liberal y vivió intensamente la rectificación de los excesos cometidos por los socialdemócratas, especialmente tras la crisis de los años noventa.

Suecia era uno de los países más habitables del planeta, pero el excesivo gasto público –llegó a ser el 67% del PIB– y la intervención del Estado acabaron ahogando la iniciativa de la sociedad civil y arruinando las finanzas. Tras el batacazo, los sucesivos Gobiernos suecos, además de recortar gastos, aprendieron a depender más del sector privado y a recurrir al mercado mediante sistemas de vouchers que devolvían a la sociedad la facultad (y el derecho) de elegir. Lo público y lo privado se armonizaron.

La discusión, pues, no debe ser sobre si es conveniente o no erigir un Estado benefactor. El tema de fondo es otro: ¿produce suficiente riqueza la sociedad para sostener un modelo de convivencia en el que las personas dispongan de casas confortables, comida variada, ropas adecuadas, estudios y sanidad de calidad, transporte, comunicaciones, diversiones e infraestructuras eficientes? Todo eso es grato, pero cuesta mucho.

Los países escandinavos no están a la cabeza del confort planetario porque decidieron crear Estados benefactores, sino porque generaron un tejido productivo en el sector privado que les permitió segregar sociedades como las que vemos en Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia.

Suiza es Suiza y Austria es Austria no porque los bondadosos políticos y funcionarios de esas naciones decidieran dotar a sus sociedades de un alto estándar de vida y repartir la riqueza, sino porque cuentan con un aparato empresarial privado altamente competitivo que crea empleos bien remunerados y paga impuestos. Aquí no hay duda de si viene primero el huevo o la gallina.

Esa es la asignatura pendiente de Chile. El país, sí, va muy bien, pero no tanto como otros y gracias a las exportaciones de cobre, salmón, vino, vegetales y poco más. Como dice el profesor de Harvard Ricardo Hausmann:

Las únicas cosas nuevas que ha desarrollado son las AFP [el estupendo sistema privado de jubilación creado por el economista José Piñera), Falabella y Cencosud [tiendas, supermercados]. El país tiene sorprendentemente pocas empresas globalmente competitivas, y eso muestra una falta de diversificación que debiera preocupar.

Los Gobiernos que necesitan Chile y todos los países no son los que se proponen, primordialmente, distribuir las riquezas, sino los que deciden estimular la creación de empresas privadas vigorosas, competitivas y diversificadas que alimenten y sostengan la aparición de clases medias educadas y, de paso, costeen un Estado eficiente. ¿Cómo se hace eso? Ojalá la señora Bachelet lo descubra antes de provocar un descalabro.

elblogdemontaner.com

El espejismo de Estados Unidos

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

The United States has had five years of elevated joblessness and subpar growth – John Cassidy

En 1982, Fleetwood Mac lanzaron un álbum llamado Mirage (espejismo) dando una falsa impresión de colaboración y compañerismo entre odios y rencillas. A pesar de todo, vendió varios millones de copias. El espejismo de nuestros días puede ser la expectativa de 2,9% de crecimiento de Estados Unidos en 2014. Y también vende mucho.

Estados Unidos crece. Todo va bien. El desempleo es bajo. La política expansiva funciona. ¿No? No solo no es correcto, sino que ni los más importantes economistas de la Reserva Federal lo creen.

La Reserva Federal reconocía el miércoles que los datos macroeconómicos son decepcionantes, el crecimiento raquítico y el mercado laboral, débil. En este gráfico se muestra. Eso sí… ¡sube la bolsa! "Percepción de riqueza", lo llaman.

El incentivo perverso de inundar los mercados de dinero fácil genera una economía masivamente apalancada, desplaza capital a los sectores financieros y hunde la inversión productiva. Un Producto Interior Bruto (PIB) que es cada vez más parecido a un soufflé, lleno de aire. No solo se invierte menos, sino que el dinero se utiliza para recomprar acciones, pagar dividendos e intercambiar cromos –fusiones y adquisiciones-, no para inversión productiva.

Entre 1996 y 2006 las mayores empresas de EEUU (S&P 500) invertían alrededor de un billón (trillón americano) de dólares al año, de los cuales un 70% se dedicaba a inversión productiva e I+D y un 30% a recompra de acciones y dividendos. Desde 2009 la cifra de capital anual invertido total se ha disparado hasta superar los 2,3 billones de dólares, pero el 45% se usa para recomprar acciones y pagar dividendos. De hecho, ni la cifra de inversión productiva ni la de I+D han aumentado prácticamente –ajustada por inflación- desde 1998. Es decir, el dinero ‘gratis’ de la política expansiva se usa para lo que sirve… para protegerse, reducir el número de acciones en circulación, intercambiar cromos y devolver dinero a los accionistas, no para empleo y expandirse orgánicamente (datos de Goldman Sachs, Morgan Stanley).

Estados Unidos ha creado casi la mitad de toda la masa monetaria de su historia en los últimos cinco años, y ha vivido el periodo más largo jamás visto sin subir los tipos de interés, y sin embargo, el índice de participación laboral (porcentaje de la población civil de Estados Unidos con más de 16 años de edad que tienen un trabajo o están buscando uno activamente) se ha desplomado a niveles de 1978, un 62,8%. Algunos lo explican "por efecto demográfico". Sin embargo, ajustado por dichos cambios demográficos –hay menos jóvenes en edad de trabajar y los mayores viven más tiempo- la participación laboral y el empleo no ha mejorado desde 2010 mientras se dedicaban a imprimir como locos. Mejora del desempleo ‘sacando parados de las listas’, como en la España de los primeros 90. Mientras tanto, casi la mitad de la población ocupada de EEUU cobra menos de 40.000 dólares anuales.

Es el mayor engaño desde el bálsamo de Fierabrás decir que la política monetaria expansiva es redistributiva y social. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte. Pero no se preocupen, “el año que viene, seguro que mejora”, "usted espere”. Más madera. Vean el índice de contrataciones desde 2011.

El balance de la Reserva Federal norteamericana se acerca rápidamente a la cifra de 4 billones (trillones americanos) de dólares, comprando alrededor de un billón anual en bonos, y sin embargo la economía crece muy por debajo de su potencial… Pero, además, ese potencial se está deteriorando.

En estas dos últimas semanas he leído dos excelentes informes de William English y David Wilcox alertando sobre el deterioro del crecimiento real y potencial de los Estados Unidos. El grafico inferior, de uno de esos informes, muestra cómo se ha roto la correlación entre creación de riqueza potencial y real, muy por debajo de la tendencia de 2000 a 2007.

No se invierte en actividades productivas y creación de empleo porque los incentivos y la confianza no se dan. Los tipos de interés artificialmente bajos y el gas de la risa monetario engañarán a unos cuantos analistas, pero no a presidentes y consejeros delegados de empresas que han sido capaces de ser líderes y competidores globales a pesar del gobierno, y que prevén subidas de impuestos, consumo pobre y represión financiera a medio plazo. Goldman Sachs estima que en 2014 volverá la inversión productiva creciendo un 9%. Vistas las estimaciones de las empresas para 2014, lo dudo. Y van cuatro años en que se equivocan, como otros bancos de inversión, en estimar un aumento de dicha inversión.

El Estado no suple ni puede suplir esa inversión. A pesar de los tipos de interés ínfimos y la eterna subida de los techos de deuda, Estados Unidos sigue generando un déficit de casi 700.000 millones de dólares. Para ‘suplir’ la perdida de inversión productiva –asumiendo, y es mucho asumir, que el Estado invirtiese adecuadamente y con rentabilidad-, tendría que disparar su déficit en otro medio billón de dólares, y con ello mayores subidas de impuestos, mas represión financiera… y menor inversión productiva.

Cierto que los bancos son más fuertes y tienen menos riesgo y que el estado se financia a tipos bajos. Faltaría más, con un regalo anual equivalente al PIB de España. Y aumentar la masa monetaria un 6-7% para crecer un 2% no es crecer, es estirar la masa de la pizza. Sin embargo, ante un problema de incentivos equivocados, creación de dinero inútil y coste del dinero artificialmente bajo que no solo diluye el crecimiento real, sino que deteriora el potencial, nos ofrecen como solución… repetir.

Como el crecimiento es pobre, lo que proponen es más de la medicina que no ha curado al enfermo. Tipos bajos eternos. Sí, muchos miembros del banco central norteamericano, como Charles Plosser, expresan dudas sobre la efectividad de la política monetaria, y empiezan a proponer medidas para controlar la locura limitando la capacidad de la Reserva Federal de comprar activos y expandir su balance, pero son voces en el desierto. Si realmente piensan que forzando la máquina se va a reactivar la inversión y la creación de empleo porque lo decide un comité, no va a ocurrir. Hasta que los creadores de empleo no vean con claridad la oportunidad, la inversión seguirá siendo mínima.

Razones para preocuparse:

– Las condiciones de crédito están empeorando alarmantemente, con lo cual me lleva a pensar que la inversión productiva se pueda estancar en 2014. Las estimaciones de aumento del 9% no concuerdan con ninguno de los mensajes lanzados por las empresas que han publicado.

– El deterioro de los indicadores adelantados de creación de empleo, nuevas empresas, márgenes empresariales e inversión se ha acelerado desde septiembre y ya entraba en terreno restrictivo mucho antes del parón de gobierno. Me preocupa enormemente la velocidad de la desaceleración de esos indicadores.

– Las estimaciones de beneficios en el sector industrial y de consumo han caído entre un 8% y un 10% para 2014.

– En marzo volveremos a otro culebrón a cuenta del techo de deuda y el exceso de gasto y a un riesgo no pequeño de subidas de impuestos. Con la popularidad del presidente Obama en mínimos -un 37%-, la probabilidad de que la subida de impuestos ‘a los ricos’ se traduzca en una subida  ‘a todos’, es alta.

– El llamado Obamacare, erróneamente vendido como la panacea de salud pública universal, supone unos 52.000 millones de dólares en nuevos impuestos a pequeñas y medianas empresas en particular, y la estimación más baja de impacto negativo en el empleo que he leído es de 800.000 personas.

Si, ya lo sé. Para el inversor en bolsa es irrelevante. Cuanto peor, mejor, y con 85.000 millones de dólares de compras de activos mensuales por parte de la Reserva Federal, si se ralentiza la economía, todos contentos porque el ‘helicóptero monetario travieso’, que sólo reparte entre el sector financiero y el estado, nos va a dar ‘fiesta para rato’.  Además, el inversor está protegido por unos empresarios que no caen en la trampa del dinero fácil, porque son los primeros que sufren en su patrimonio si se desploman sus empresas. La identidad de objetivos entre accionistas minoritarios y mayoritarios en EEUU es la mayor salvaguarda ante llamadas a gastar, a "tirarse por el precipicio, que no pasa nada, que aquí está el banco central para recogerle en la caída". Porque luego, no está.

La semana pasada comentaba que hay que mantener los ojos abiertos, porque la probabilidad de que la economía de Estados Unidos descarrile, precisamente por el efecto marginal negativo de los incentivos perversos, no es pequeña. Estoy seguro de que el espíritu innovador del país prevalecerá, pero valorar su desarrollo económico por la evolución de una bolsa impactada por recompras de acciones y el gas de la risa monetario puede ser un espejismo. Hasta Richard Koo alertaba de que Estados Unidos está inmerso en "la trampa del estímulo" (QE TRap) de la que no puede salir fácil ni cómodamente. Como Fleetwood Mac… Can’t Go Back.

Una solución de libre mercado al Insider-Trading

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

El "Insider-Trading" se puede producir en empresas cotizadas en mercados bursátiles. Consiste en que alguien de dentro de la empresa (el Insider), valiéndose de determinada información no pública, que él posee por estar involucrado en las decisiones de la empresa, la utiliza para comprar o vender acciones en el mercado en condiciones mejores a las que obtendría una vez hecha pública dicha información.

Por ejemplo: el señor Povedilla, alto directivo de la empresa Obras Unidas S.A., sabe que ésta va a ganar un contrato de alto importe, que posiblemente haga subir el precio de la acción. Utilizando estos conocimientos antes de que se hagan públicos, puede comprar acciones de Obras Unidas S.A. y beneficiarse de la posible subida del precio una vez se produzca el anuncio.

La cuestión que se plantea es si se debe o no permitir al señor Povedilla, directa o indirectamente, tal adquisición. Mucha gente interpreta que el señor Povedilla está, de alguna forma, engañando a quien le vende la acción, pues conoce información que el vendedor no puede saber. Y que, en consecuencia, el Insider-Trading debería someterse a cautelas o incluso prohibirse.

Sin embargo, la respuesta no es tan fácil como pudiera parecer a primera vista. En primer lugar, hay que darse cuenta de que el Insider corre riesgos en la transacción: aunque los detractores del Insider-trading piensen que ganará seguro gracias a la información privada de que dispone, lo cierto es que el Insider ha de anticiparse al mercado para tratar de beneficiarse. Y siempre hay incertidumbre en la forma en que el mercado va a reaccionar ante una noticia, o simplemente puede ocurrir algún otro suceso que haga que el precio de la acción no se comporte como esperaba el Insider. Así pues, el éxito de la transacción del Insider no está garantizado, ni mucho menos, sino sujeto a los mismos riesgos que la transacción de un tercero.

Lo que nos lleva al segundo punto. La operación de compra o venta que hace el Insider es una transacción que la contraparte realiza voluntariamente. Dicho de otra forma, el individuo que vende/compra los títulos que adquiere/vende el Insider, piensa que se está beneficiando de la transacción, pues en otro caso no la llevaría a cabo. Ello supone que cree tener información que el Insider no tiene; llevado al límite, alguien podría decir que está tratando de "engañar" al Insider. Ocurre que todas las personas disponemos de información privada, nuestra experiencia, que nos hace valorar los datos de formas completamente distintas. Lo que para alguien puede ser positivo, para otro puede ser negativo. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que todos los agentes que transan en el mercado bursátil están beneficiándose de su información privada.

Por último, desde un punto de vista más teórico, los Insiders aportan información al mercado mediante sus transacciones, información que, gracias a ellos, llega antes al mismo, posibilitando así que el precio de los títulos se aproxime más a su valor real. Esta argumentación es coincidente con el análisis que hace Rothbard[1] del papel social de los especuladores.

Pese a esta defensa del Insider-Trading, lo cierto es que hay algo que causa incomodidad en esta figura. Parece claro que el inversor normal siempre estará en desventaja respecto al inversor Insider, no solo por la información de que éste pueda disponer, sino también por las actuaciones que puede realizar con impacto en el precio de la acción; por tanto, parece razonable que se trate de equilibrar la situación.

Personalmente, como inversor, creo que me comportaría diferentemente si me planteara vender acciones a un tercero o a un Insider. Esto es, el mero hecho de que el Insider quiera comprar o vender arroja información sobre el valor de la acción, que queda oscurecida en el anonimato de las transacciones que impone la Bolsa, lo que beneficia indudablemente al Insider.

¿Ha de resolverse esto mediante regulación impuesta por los poderes públicos? Esta es la cuestión: que el Insider-Trading plantea problemas para la gente que quiere operar en Bolsa es indudable; que la solución sea que el Estado obligue a las empresas cotizadas a determinados comportamientos para prevenirlo o informarlo, es más discutible. Sobre todo, porque no hay una solución objetiva y científica para el problema.

Aceptado que no se debe de prohibir (entre otras, por las razones más arriba apuntadas), la discusión se centra en la información que ha de ser proporcionada por los Insiders (o las empresas) y los plazos en que tal información se ha de proporcionar. Por ejemplo, en Japón el Insider tiene que notificar la transacción el mismo día que la hace; en Suiza, la transacción se hace por un canal específico, de modo que se sabe en tiempo real.

En mi opinión, estas condiciones son un atributo más del mercado bursátil en cuestión y, por tanto, su definición debe quedar al arbitrio del propietario-operador del mercado bursátil que se trate. A su vez, ello implica que quedaría determinado por lo que decidiera el mercado de "mercados bursátiles" en sus transacciones.

Si existe competencia en "mercados bursátiles", esto es, si las empresas pueden decidir en qué mercado bursátil se van a comerciar sus acciones[2], es claro que preferirán ceteris paribus aquellos mercados en que más inversores (ie, más demandantes potenciales) participen. A su vez, el número de inversores participantes dependerá de las condiciones en que puedan acceder a la información que les permite tomar sus decisiones de inversión y de otros factores. Son estos inversores los que pueden optar por comprar en uno u otro mercado bursátil según condiciones como los precios de las transacciones, o, por qué no, las condiciones que se impongan a las transacciones de los Insiders o de las compañías sobre sus propias acciones.

En definitiva, una empresa que opta por un determinado mercado bursátil para cotizar sus acciones ha de cumplir las condiciones que dicho mercado le imponga, en cuanto a información a publicar o datos sobre Insider-trading. Los inversores, a la vista de estas condiciones, deciden a qué mercado bursátil acudir. Si las condiciones para el Insider-trading no les parecen adecuadas, acudirán a otro mercado. Idénticamente, si la empresa cotizada quiere hacer operaciones de Insider sin cumplir los requisitos del mercado bursátil, habrá de buscar otro mercado en que cotizar.

De esta forma, serán las preferencias individuales de unos y otros las que vayan conformando las condiciones exigibles al Insider para sus operaciones, sin necesidad de imposiciones gubernamentales de ninguna clase. Adicionalmente, esta solución elimina la consideración de delito del Insider-Trading, consideración que sí me parece infundada, pues nunca atenta el Insider contra otro individuo, ya que todas sus transacciones se realizan voluntariamente por las partes involucradas.

En resumen: ¿quiere un Gobierno proteger al inversor de los Insiders? Permita que haya competencia en mercados bursátiles, esto es, elimine las barreras legales si las hay. El resto se os dará por añadidura.

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Las reflexiones realizadas se generaron en una de las Sesiones del X HARVARD COURSE IN LAW AND ECONOMICS, organizado por la Fundación Rafael del Pino y el Harvard Law School, por lo que es de justicia expresar agradecimientos a sus organizadores, asistentes y especialmente al profesor Jesse Fried, quien dirigió la citada sesión.


[1] Véase el apartado 2.7 de Man, Economy, and State

[2] Obsérvese que los mercados bursátiles no son más que empresas, que incluso pueden cotizar en Bolsa como cualquier otra empresa. En España, por ejemplo, es BME la empresa que opera los mercados bursátiles.

Los banqueros deben leer a Fekete

Escrito por David de Bedoya en . Publicado en Análisis diario.

Dentro del mundo de la banca de inversión hay, como en cualquier otra industria, distintas divisiones con funciones muy específicas asignadas. Lejos del mundanal ruido de las mesas de ventas (estas que siempre aparecen en todas las películas), ajenos de aquellos banqueros que trabajan ayudando a levantar capital a las empresas (tanto a través de emisiones de deuda como a través de emisiones de acciones) y desde luego muy lejos de otros roles como aquellos que conceden préstamos a grandes corporaciones, se encuentran las divisiones que llevan a cabo la asesoría y ejecución de las transacciones financieras.

Estas divisiones (normalmente denominadas como Investment Banking Division o Mergers & Acquisitions Department entre otros) desarrollan una función vital dentro del mundo global y dinámico que vivimos. No es el propósito de este artículo explicar qué es lo que exactamente se hace en este departamento, pero podría resumirse como en que las personas que trabajan allí –entre otras muchas funciones– se dedican a dar la razón a Lachmann. Bien es sabido que Lachmann, en su Capital and its structure, logró demostrar la eficiencia marginal creciente de los bienes de capital. Uno de los pilares de su teoría era lo que él denominaba la complementariedad de los bienes de capital. Esto es, cuando un bien de capital podía ser utilizado de una manera más óptima en otra industria o en otro proceso de fabricación. O cuando un bien de capital podía ser mucho más productivo rodeado de los bienes de capital indicados. Pues no es otra la función que estos banqueros desempeñan cuando estudian las posibles sinergias que se generan al fusionar dos compañías. Trabajan dando la razón a Lachmann.

Ahora bien, para desarrollar este trabajo han de valorar continuamente las empresas que están en funcionamiento. Entender qué valor en concreto se va a generar con cada transacción, dónde puede flojear, qué puede ir mal. En fin, analizar cada detalle para que, al final, el precio de la transacción sea el más razonable en función de cómo se espera que vaya esta transacción. La metodología empleada a tal efecto ha sido comentada aquí en muchas ocasiones y sigue las líneas generales (al margen de otros detalles) del value investing, que tanto comparte con la escuela austríaca. Y como bien sabrán los que hayan estudiado esta metodología – así como aquellos que hayan leído a Menger y entendido el concepto de valor subjetivo – el valor de las empresas dependerá de lo que sean capaces de generar a futuro.

Pues bien, huyendo a propósito de tecnicismos contables o financieros que no vienen al caso, este valor futuro sencillamente dependerá de los gastos y de los ingresos que estimemos. ¿Cómo estimamos los gastos y los ingresos a futuro? Pues aquí es donde surge con fuerza la Biblia de la banca de inversión, el libro de mesa que todos los banqueros tienen y consultan con gran frecuencia: Damodaran on Valuation. Desde aquí querríamos sugerir otro tomo más que debe constituir, sin lugar a dudas, libro de mesa para todos los banqueros. Bueno, más bien que un tomo, una bibliografía entera: la de Antal E. Fekete.

En efecto, si uno va avanzando por el libro del profesor hindú de la New York University se va a ir percatando de la importancia fundamental que tiene, para la correcta valoración de empresas, conocer el ciclo económico, conocer los conceptos de liquidez e iliquidez y comprender el papel de la evolución de los precios y cómo ello va a impactar en la empresa en concreto que estamos valorando. Y si bien es cierto que el libro de Aswath Damodaran va explicando distintos escenarios y analizando cómo uno u otro varía la valoración de la compañía, la parte de teoría económica le falta (como no podría ser de otra manera al ser la especialidad del hindú las Finanzas Corporativas). Esa pata que le falta a la gran obra de Damodaran sólo puede ser complementada por los conocimientos que emanan de la Nueva Escuela Austríaca y, muy en concreto, de Antal Fekete.

Pongamos un ejemplo que, sin lugar a dudas, viene como anillo al dedo para entender la radical importancia de esto. Imaginemos que tenemos que estimar qué flujos de caja va a generar un banco durante los próximos años. Las herramientas las tenemos todas, conocemos la técnica, la metodología y tenemos toda la información que necesitamos. Sin embargo, ¿es probable que este banco sufra una repentina corrida bancaria?, ¿qué activos tiene que cubran este evento?, ¿qué ocurre si caen los precios de los colaterales de los activos del banco en un 5%? Preguntas que, sin lugar a dudas, nos surgirán mientras vayamos avanzando en nuestra valoración. Y no son preguntas ligeras. Como sabe bien la Nueva Escuela Austríaca, una ligera variación en los activos del banco puede llevarlo a la bancarrota inmediata, por lo que en el análisis de la entidad financiera hay que ser muy cuidadosos, valorando uno a uno todos los activos con los que cuenta el banco y sabiendo, después, incorporar la imagen global de la entidad a nuestro análisis.

¿Por qué, entonces, es relevante la aportación de Fekete y no nos podemos conformar con otras aportaciones? Pues al margen del correcto y preciso entendimiento del ciclo económico y de las fluctuaciones de los precios en función del mismo, es su concepto de liquidez (y de iliquidez) el vital para poder llevar a cabo este análisis. Al final, la degradación de la liquidez de un banco es fácil verla si cuentas con las lecturas necesarias. Cuando un banquero es consciente de que si un banco tiene un 25% de su activo invertido en deuda pública española ello vuelve el banco mucho más frágil frente a fluctuaciones de un único activo (recuerdo ahora que muchos bancos españoles poseen, a día de hoy, porcentajes tan preocupantes como este de deuda patria en sus carteras). La posición de liquidez del banco se va degradando porque va invirtiendo más y más en activos que "presuntamente" tienen poco riesgo pero que les atrapan durante varios años una sensible cantidad de capital y que si tuvieran que liquidar todos de pronto, la depreciación fruto de la liquidación masiva no daría ni de lejos para cubrir sus asfixiantes pasivos.

Estos escenarios, que cualquier banquero los conoce y puede imaginar, deben ser completados con conceptos de liquidez e iliquidez para desarrollar bien su trabajo. De ahí la recomendación que encabeza este artículo.

Rajoy retrocede adecuadamente

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral, el pueblo soberano ha calificado la gestión del gobierno del PP con una puntuación francamente mejorable. Por decirlo en logsiano, Rajoy no progresa adecuadamente. En realidad más bien retrocede, porque la nota media es tan baja que tendría difícil pasar de ciclo hasta en la ESO, a pesar de las inmensas tragaderas de nuestra enseñanza media. Hay muchos ceros; casi tantos como dieces, pero como las puntuaciones extremas se suelen suprimir en los procesos estadísticos para evitar distorsiones debidas al fanatismo, la nota más recurrente está practicamente en todos los casos por debajo del cinco pelao, como el boletín escolar de los adolescentes activistas, con gran "conciencia social" y escaso cerebro.

El resultado negativo de estas encuestas dice mucho en favor del PP, porque de haber estado los socialistas estos dos años en el gobierno la nota general hubiera estado entre el sobresaliente y la matrícula de honor. Un bienio entero sin quebrar el país ni multiplicar por dos la cifra de parados, ahí es nada, hubiera convertido al PSOE en acreedor de la gratitud de toda la sociedad, porque lo que se espera de los progresistas cuando llegan al poder es una catástrofe que pulverice cualquier registro anterior en su desastrosa biografía. Del Partido Popular, en cambio, se esperaba más. Bastante más.

El pueblo está enfadado con Rajoy y así lo pone de manifiesto en las encuestas de intención de voto, el único dato que realmente importa a los partidos políticos cuando se acerca una nueva cita electoral (y cuando no, también). Los contribuyentes estamos cabreados porque los impuestos son muy altos, y los que viven del cuento resentidos porque los trinques son muy bajos.Total, que sólo los que viven de la política parecen satisfechos con este estado de cosas. Que no es que esté mal que los profesionales del momio aporten este factor de estabilidad al bipartidismo, hoy amenazado por formaciones como UPyD y los comunistas de Cayo Lara, pero si el PP comenzara a cumplir (solo un poquito) su programa electoral tal vez las perspectivas le fueran más favorables. Con un suelo electoral de forofos irredentos y cautivos de la nómina sólo se ganan elecciones en Andalucía. Si lo sabrá Arriola.

Derecho penal y política

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La reciente excarcelación (seguida de otras no menos chocantes) de la etarra Ines del Río por parte de la Audiencia Nacional ejecutando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013 ha levantado un justificado escándalo. Sin embargo, lejos de congratularse, las críticas deberían centrarse en los despropósitos de la política legislativa de los últimos cuarenta años que han conducido a esta situación.

Es en este sentido donde debe profundizarse para no quedar atrapado con argumentos que parecen convenientes para explicar lo que sucede, pero que no responden a la realidad. La coincidencia en el tiempo de esta resolución con los tenebrosos apaños entre la ETA y los gobiernos españoles no pueden ocultar el fondo de las cuestiones abordadas en esa resolución del máximo intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino de España en 1979. Ni siquiera el hecho de que uno de los 17 magistrados de la Gran Sala que ha dictado la sentencia, el español Luis López Guerra, no tuviera la dignidad de abstenerse explica el sentido del fallo. Por el contrario, quien lea los antecedentes y los fundamentos de la sentencia descubrirá la larga historia de incompetencia y de engaños de los gobernantes españoles en relación con el terrorismo y la delincuencia más sanguinaria.

En resumen, la cuestión se reduce a constatar que, pese a la admonición de Felipe González Márquez de que los "terroristas se pudrirían en la cárcel en el siglo XXI", no se derogó "la redención de las penas por el trabajo" (reconocida en el Código Penal de 1973, con antecedentes en el decreto dictado por el general Francisco Franco el 28 de mayo de 1937) cuando los crímenes se cometían durante los años ochenta. Según los artículos 100 y 70.2 de ese texto legal y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los reclusos acumulaban sus penas en una condena que no podía superar el triple del tiempo de la más grave, con un máximo de treinta años, sobre la cual se abonaba un día por cada dos de trabajo -entendido de forma muy amplia ya desde los reglamentos de prisiones franquistas- a los efectos del cumplimiento. La aplicación semiautomática de la libertad condicional, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, confirmaba la creencia popular de que asesinar salía muy barato en España.

Bien es verdad que, salvo algunas iniciativas de dirigentes del PP de aquel tiempo proponiendo la cadena perpetua y la eliminación de los beneficios penitenciarios para "crímenes indiscriminados dirigidos a causar gran número de víctimas", parecía existir un consenso académico sobre la materia. Cuando estudiaba en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, recuerdo las disquisiciones sobre la función retributiva, de prevención general y especial de las penas y pocas críticas a la lenidad del sistema.

Y es que, en definitiva, desde la perspectiva de prevención general, resultaba bastante evidente que la legislación española incentivaba, traspasada la inhibición de matar, la comisión de sucesivos crímenes, habida cuenta de que con el primer delito se agotaba toda la condena efectiva a partir de la cual aplicar la redención de las penas por el trabajo y los demás beneficios penitenciarios. En el caso del delito racionalizado con intencionalidad política, verbigracia los cometidos por los terroristas de la ETA, ese cálculo frío de los riesgos que asumían tuvo que estar presente en sus planes. De hecho, durante esos años ochenta se produjeron sus atentados más mortíferos en el Hipercor de Barcelona, la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza o el convoy de miembros de la Benemérita en la Plaza de la República Dominicana de Madrid.

Una vez que se excluyeron por inconstitucionales algunas de las limitaciones establecidas en las normas franquistas, como la que excluía la aplicación a un reo concreto si el tribunal sentenciador apreciaba su "peligrosidad social", este mecanismo, dudosamente constitucional si se interpreta como un tipo de trabajo forzado, jamás fue impugnado por recluso alguno, pues ofrecía extraordinarias oportunidades para salir de prisión mucho antes de lo que se leía en las sentencias de condena.

El Código Penal de 1995 eliminó la redención de las penas por el trabajo. Lo que cabe preguntarse es por qué se tardó tanto tiempo en hacerlo. No obstante, mantuvo los límites al cumplimiento en torno a los treinta años y sus disposiciones transitorias establecieron que los reclusos podrían elegir entre los régimenes de penas de ambos textos, dada la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables.

Y esto es lo que ha destapado el Tribunal de Estrasburgo, por más que unos políticos enfangados en otros tratos intenten ocultar su responsabilidad en lo ocurrido. Entiende que la aplicación a la recurrente de "la doctrina Parot" de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006, que interpretó que la redención de penas por el trabajo se calcularía sin una previa acumulación, vulneró los derechos recogidos en los artículos 5 (derecho a no ser privado de la libertad si no se dispone en virtud de un sentencia judicial dictada en un proceso legal) y 7 de la Convención (prohibición de imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de la infracción). En sus pronunciamientos no solo declara unánimemente que a partir del 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no fue "legal", sino que, el Estado demandado debe garantizar que la demandante sea puesta en libertad en el más breve plazo y una indemnización por daño moral de 30.000 euros, además de 1.500 euros por las costas del procedimiento.

En el fundamento 115, la sentencia, desechando la tesis del Gobierno de que la interpretación del Tribunal Supremo era previsible, ya que resultaba más conforme con la letra de las disposiciones del Código Penal de 1973, señala que podría haberse llegado a otra conclusión si hubiera sido el fruto de una evolución jurisprudencial (o tal vez del proceso de aprobación de una ley en ese sentido, añado yo) como suele ocurrir en los sistemas basados en el Common Law. Tampoco esto se hizo con la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, promovida por el último gobierno de José María Aznar López.

Las zorras dictatoriales en el gallinero de la ONU

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Como si de algo excepcional se tratara, son muchas las voces que se han mostrado sorprendidas e indignadas a partes iguales al conocerse la lista de los países que han sido elegidos para integrarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a partir del 1 de enero de 2014. Entre ellos figuran algunos con un historial, y un presente, realmente deleznable en la materia que trata dicho organismo. Es el caso, por ejemplo, de Cuba, Vietnam, Marruecos, China o Arabia Saudí. Las zorras cuidando el gallinero, que diría un castizo.

La indignación está justificada, pero no la sorpresa. Al menos para quien no acepte la versión buenista de que la ONU es un ente benéfico que trabaja por el bien de la humanidad. Que tiranías de todo signo formen parte del Consejo de DDHH, o de la Comisión que existía con anterioridad, es la marca de la casa. De hecho, el auténtico UN way of life es ser una democracia de las dictaduras. Es suficiente con echar un vistazo a la lista de países que actualmente forman parte del organismo en cuestión para darse cuenta de que no tiene nada de novedoso que entren ahora dictaduras de distinto signo.

De hecho, y tal vez con la excepción de algún país que haya accedido a la independencia en fechas recientes, todos los Estados del mundo menos uno (Israel) han sido miembros en algún momento del Consejo o la Comisión. Y eso incluye a la extinta URSS, a otras dictaduras comunistas y a las petromonarquías dictatoriales árabes.

Que gobiernos que violan los más elementales derechos de quienes viven en sus paíes sean los encargados de velar que los mismos se cumplan en el resto del mundo es el resultado lógico de la estructura y el funcionamiento de Naciones Unidas. Muy en contra de lo que pretende la propaganda dominante, en la ONU no están representados todos los "pueblos", y mucho menos los ciudadanos de todo el planeta. Es una organización en la que quienes tienen voz y voto son quienes ostentan el poder político en cada Estado. Y entre ellos hay numerosos dictadores de distinto signo. Lógicamente, entre estos se cubren las espaldas unos a otros.

Pero peor aún. La elección de los miembros del Consejo de DDHH se realiza mediante voto secreto de las delegaciones de los Estados miembros. Esto protege a aquellos gobiernos de países democráticos que, por los intereses que sean, aceptan votar a favor de la canditura de alguna dictadura. Como los ciudadanos no tienen forma posible de conocer el sentido de su voto, sus gobernantes están a salvo de las posibles críticas que pudiera acarrearles su apoyo a uno o varios tiranos.

La ONU goza de buena imagen general, y la indignación por quienes entran en el Consejo de DDHH habrá pasado al olvido en pocos días, si es que no lo ha hecho ya. Seguirá siendo retratada como una especie de parlamento mundial donde todos los seres humanos estamos representados. Y la realidad seguirá siendo la misma: se trata de una organización al servicio de los tiranos y enemiga de la libertad.