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Inmigración (IV): Temores nativistas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

"En Francia hay demasiados extranjeros" N. Sarkozy (él mismo hijo de padres inmigrantes)

"Los EE UU tienen ya demasiados filósofos franceses" John Adams (de ascendencia inglesa)

"Los EE UU ya han sentido los prejuicios de incorporar una gran cantidad de extranjeros…" Alexander Hamilton (él mismo un inmigrante llegado a los EE UU desde el Caribe e hijo de francesa y escocés)

"Los países del sur de Europa están desprendiéndose de los más sórdidos y desgraciados elementos de su población" Woodrow Wilson (de ascendencia escocesa-irlandesa)

"Holanda está llena" Pim Fortuyn

"No tiene sentido buscar albañiles en Rabat si los de aquí están en paro" Celestino Corbacho (extremeño cuyos padres emigraron a Barcelona)

"¿Seguirán siendo los EE UU un país con una lengua nacional única y un centro de la cultura anglo-protestante?" Samuel P. Huntington

"Debemos aceptar que es un pilar de la política exterior de México el exportar ilegalmente cada año un millón de sus compatriotas a los EE UU para evitar las necesarias reformas en casa e influir en la política doméstica americana" Victor Davis Hanson (autor de Mexifornia y de ascendencia sueca)

Los nativistas son aquellos que tienen aversión a que su nación cambie según la han conocido desde pequeños. Sienten como verdadera amenaza la llegada de extranjeros ajenos a su idioma, a sus costumbres y a su cultura. Cualquier cantidad de los mismos es siempre demasiada según su percepción personal. Suelen ser también favorables al proteccionismo comercial para proteger sus productos nacionales pese a que tengan que pagar más por ellos. Son reacios a los cambios en general y al dinamismo del mercado en particular. Su oposición a la inmigración es más intuitiva que racional.

El recelo hacia el ajeno de la tribu es un sentimiento muy arraigado en todos los grupos humanos. Este temor ha ido gradualmente atemperándose a medida que avanzan las sociedades modernas pero aún estamos muy lejos de superarlos. Aunque me centraré en las inquietudes colectivas de los países más desarrollados de occidente, no son ni mucho menos los únicos en sufrirlas pues éstas son universales. Así, podemos observar la reticencia con que los mexicanos ven a los guatemaltecos o personas de Centroamérica que cruzan sus fronteras, los dominicanos con respecto a los haitianos, los japoneses hacia los originarios de la península de Corea, los habitantes de los países del Magreb con respecto a la población negra o los africanos mismos hacia los indo-paquistaníes que se asientan en sus territorios.

Así, se explica que las políticas migratorias de cada país estén influidas por los sentimientos dominantes de los nativistas que son mayoría. Todas ellas restringen la entrada de inmigrantes en mayor o menor medida. Luchan contra problemas imaginarios, esparciendo al mismo tiempo escasez de capital humano e impidiendo la prosperidad de millones de individuos al no permitir su libre movilidad laboral.

Veamos cuáles son los temores más extendidos de los preocupados y desinformados nativistas:

1. Una previsible inundación de inmigrantes: la preocupación común es que si se flexibilizase la entrada a los inmigrantes sería como abrir las compuertas de una presa y entrase una avalancha de ellos en suelo patrio que lo "inundara" todo e hiciera imposible su integración en sociedad.

Los demógrafos saben que, a pesar de que la inmigración se produce fundamentalmente por las acusadas diferencias salariales entre dos zonas geográficas, los flujos alcanzan siempre una punta de inflexión mucho antes de que los sueldos se igualen; es lo que se conoce como "la cima de la inmigración", momento en el cual las presiones migratorias empiezan a disminuir. Si entran suficientes inmigrantes y éstos comienzan a enviar ayuda directa a sus familiares que se quedaron en forma de remesas recurrentes de dinero, llega un momento en que la pobreza extrema es mitigada en el país de origen por lo que las necesidades de emigrar quedan atemperadas. La experiencia de Puerto Rico es reveladora en este sentido: en los años 50 parecía que EE UU iba ser inundado de puertorriqueños (especialmente Nueva York) al ser su entrada completamente libre. A principios de 1961, sin embargo, cuando la renta per cápita en Puerto Rico alcanzó sólo el 35% de la del resto de los EE UU, la migración neta desde allí se mantuvo a cero, nivel que ha permanecido así desde entonces.

También saben los demógrafos que los más pobres de los desheredados no migran hacia otros países sino que lo hacen internamente en su propio país -normalmente del campo a la ciudad- además de que no siempre pueden hacer frente a dicho traslado incluso dentro de sus fronteras. Los lazos familiares o vecinales, la barrera del idioma, la falta de ahorro, la preferencia ocupacional, las duras y desafiantes condiciones de vida a las que tiene que hacer frente el emigrado importan, y mucho, a la hora de dar el paso o no. Sólo los más audaces optan por emigrar. No todo el mundo tiene la fortaleza y los mínimos medios para hacerlo. No hay que olvidar que el volumen de los emigrantes no constituye usualmente más que un porcentaje pequeño del conjunto de su población.

Asimismo, si se permite migrar fácilmente de forma legal hacia los países desarrollados se produce en ellos el fenómeno denominado "el patrón de migración circular". Si los inmigrantes supieran que pueden abandonar el país rico con la seguridad de que pueden volver en cualquier momento si la necesidad se presentara de nuevo, lo más probable es que muchos optarían por regresar voluntariamente junto a sus familias y comunidades una vez cumplidos sus objetivos en el mercado laboral que los atrajo en un primer momento. De esta forma, estarían igualmente mucho menos inclinados a traerse a sus familiares al país de acogida pues podrían ir a visitarlos con bastante más frecuencia que ahora. Con ello, las residencias temporales serian realmente temporales, los flujos migratorios se normalizarían y no quedarían desvirtuados como sucede en la actualidad por una legislación inflexible en materia de inmigración. Las altas tasas de retorno de los mexicanos en los EE UU antes de la década de los setenta del siglo pasado, cuando el régimen migratorio era menos exigente que el actual, confirman este fenómeno social. Por su parte, hasta que en España se impuso la ley de extranjería, los trabajadores marroquíes que trabajaban de temporeros en el campo venían y se regresaban de forma regular. Más recientemente, la experiencia del Reino Unido, cuando abrió completamente en 2004 sus fronteras a los nacionales de los países del Este de reciente incorporación a la Unión Europea, también demostró que hubo una normalizada inmigración temporal de los mismos pues se les permitía transitar libremente en ambas direcciones, justo igual que lo sucedido en el resto de los países que forman el área Schengen.

Estamos acostumbrados hoy día a la inmigración asociada indefectiblemente a la reagrupación familiar cuando en el pasado fue precisamente la excepción.Los temerosos nativistas debieran comprender que la mayoría de los inmigrantes no desea abandonar para siempre su país natal; por lo general quieren trabajar fuera temporalmente para, después de un tiempo y si las cosas le han ido bien y ha logrado ahorrar, regresar a su país de origen y comprar una casa, montar un negocio o retirarse entre los suyos.

También es reseñable que las tasas de fertilidad de los países en vías de desarrollo pueden, y de hecho varían a lo largo de los años si se produce cierto desarrollo en origen. Por ejemplo en México ha descendido de 6,8 niños en 1970 a 3,4 en 1990 y a 2,2 en 2010. Como consecuencia de ello, se produce una menor presión migratoria hacia los EE UU (sin necesidad de "militarizar" las barreras fronterizas).

Además de todo lo expuesto, está la auto-regulación del mercado laboral internacional. Los flujos migratorios fluctúan naturalmente según las condiciones económicas subyacentes: cuando existe fuerte demanda de trabajo, la oferta de trabajadores inmigrantes tiende a crecer para satisfacerla y, viceversa, en periodos de desaceleraciones o recesiones económicas, el flujo neto de inmigrantes baja en igual medida. La recesión de 2001 y de 2007 vio cómo descendía la llegada de inmigrantes a los EE UU. La recesión actual en España ha visto asimismo disminuir la llegada de inmigrantes que fue constante durante dos décadas (es más, la salida de emigrantes nacionales –muchos de ellos ya nacionalizados- hacia otros países con mayores oportunidades en los últimos años ha aumentado en mayor proporción que la llegada de nuevos inmigrantes). La "avalancha" es más un miedo irracional que una realidad.

2. Los trabajadores inmigrantes arrebatan nuestros puestos de trabajo: es otra de las inquietudes imaginarias de los nativistas. Antes de nada, se ha de aclarar que no existe un derecho al trabajo por parte de los nacionales; eso sería tanto como reconocer que es legítimo el uso de la violencia para defender dicho derecho si se ve conculcado. Pensar que existe un número limitado de puestos de trabajo para ser ocupados y que están, además, reservados exclusivamente para los nacionales es falso y revela una mentalidad colectivista y una formación anti-económica como una catedral.

Pero es que, además, es prácticamente unánime entre los economistas reconocer que la inmigración incrementa la riqueza del país de acogida. Contrariamente a lo que el vulgo piensa, y los populistas denuncian, la inmigración es buena para la economía. No reduce ni mucho menos el número de empleos porque los inmigrantes producen a la vez que consumen, adquieren bienes al mismo tiempo que los venden por lo que el número de empleos y de empresas se expande a medida que crece el número de trabajadores y empresarios. Incrementar la complejidad y el tamaño de la fuerza total del trabajo permite mayor especialización y eficiencia de la economía de un país en su conjunto. Más que robar puestos de trabajo, lo que los inmigrantes hacen es agrandar el tamaño del mercado laboral al rellenar huecos (puestos) de trabajo, antes inexistentes, cuando previamente era demasiado pequeña la oferta laboral.

No existe evidencia alguna, pues, para concluir que la inmigración se encuentra relacionada con las tasas de desocupación; más bien los datos de la realidad apuntan a todo lo contrario: allí donde las tasas de ocupación son mayores, se produce mayor presencia de inmigrantes (y viceversa). Desde los años 50, la fuerza laboral se ha más que doblado en occidente pero las tasas de paro a largo plazo han permanecido estables. De igual modo a cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral tras la Segunda Guerra Mundial no les quitaron los trabajos a los hombres, tampoco lo han hecho los inmigrantes.

Como muchos economistas dicen, los inmigrantes no es que no solo hagan el trabajo que los autóctonos no quieren hacer sino que hacen trabajos que no existirían caso de que no estuvieran allí para hacerlos. Digámoslo de una vez: el desempleo nada tienen que ver con la inmigración sino con la poca flexibilidad o las numerosas trabas o encorsetamientos legales en el mercado de trabajo del que se trate.

3. Los trabajadores inmigrantes reducen los salarios de los nacionales: Es un temor que viene de lejos. El economista Thomas Leonard documenta cómo en los EE UU los economistas de la Era Progresiva apoyaban las restricciones a la inmigración y el salario mínimo porque querían cerrar el acceso al mercado laboral a las llamadas "razas de bajos salarios". Es sabido que la llegada de trabajadores inmigrantes está formada por personas de todo tipo, cualificadas y no cualificadas. Este último grupo es el más numeroso pero cumple una función esencial: satisface adecuadamente necesidades existentes en la sociedad de acogida. Aceptan empleos que muchos nacionales no desean, permitiendo a los nativos que asciendan en la escala social y, por tanto, que ganen mayores salarios en su conjunto. Las capacidades de los inmigrantes a menudo complementan las de los nativos del país anfitrión; cuando trabajan juntos producen más y ganan salarios más elevados que si lo hiciesen en países distintos.

Por si esto fuera poco, la llegada de inmigrantes de menores salarios beneficia también a todos los consumidores en general (que pueden disponer de más bienes y servicios por menos dinero) y al empresariado en particular que puede obtener mayores ahorros en costes y extender su producción. Por otro lado, es importante recordar a los preocupados por el descenso de salarios que si el empleador nacional percibe que la oferta de empleo es insuficiente o que los salarios están por encima de mercado de forma artificial acabará por no contratar o por deslocalizar su producción a otro país. Hoy día, gracias a la globalización, los agentes económicos no son ya como el ganado dentro de una granja parcelada.

Es cierto que una pequeña porción de trabajadores nacionales -los menos formados- puede verse afectada por la competencia de los trabajadores inmigrantes, pero no es significativa ya que los inmigrantes suelen competir entre ellos por los mismos trabajos que, además, la gran mayoría de los nativos no demandan. Todo nativista no economista debiera entender que la inmigración no divide una cantidad fija de riqueza (como si ésta fuera estática y hubiera de ser repartida por algún sabio-arrogante planificador) sino que aumenta dinámicamente el bienestar y las oportunidades laborales para todos.

4. Los inmigrantes abusan de las prestaciones sociales y contribuyen poco a ellas: es una inquietud recurrente de los nativistas. Contrariamente a lo que popularmente se piensa, los inmigrantes son atraídos fundamentalmente por los mercados laborales, no por las prestaciones sociales. Solo tenemos que observar que la mayor migración de la historia, la que arribó a los EE UU de 1840 a 1920 y que, entre otros muchos factores, impulsó su transformación de una sociedad atrasada y provincial tras la Guerra Civil a una nación industrial moderna, tuvo lugar sin la existencia de imán alguno de ayudas o programas públicos. Los incentivos eran (y son) otros; esto es, las descomunales diferencias salariales de un país a otro. Cosa distinta es que, una vez emigrados, utilicen también los servicios sociales como cualquier otro trabajador. Pero es que, además, numerosos estudios indican que son contribuyentes netos a las arcas del Estado y, considerados en su conjunto, utilizan bastante menos las ayudas sociales que la media de los propios nacionales que, por el contrario, sí tienden al abuso en algunos casos. Uno de los trabajos más importantes al respecto fue el que publicó Julian Simon en 1989 con el título Consecuencias Económicas de la Inmigración en el que quedaba patente que los inmigrantes hacen a lo largo de su vida laboral contribuciones económicas netas substanciales a los EE UU.

Incluso economistas de libre mercado caen fatalmente en este temor nativista al enfrentarse a la existencia del Estado del bienestar. Cuando fue preguntado Milton Friedman por la inmigración declaró que "es algo bueno para EE UU… siempre y cuando sea ilegal"; es decir, mientras no tenga acceso a los programas de prestaciones sociales. Al final de su vida Rothbard también reconsideró su postura frente a las fronteras abiertas por temor a que se desbocara el gasto asistencial. Recientemente la propia Heritage Foundation se ha manifestado en contra de una amnistía migratoria y ha publicado que supondría un coste de 6.300 millones de USD a la Tesorería de los EE UU pero ignora los efectos del crecimiento económico y las nuevas recaudaciones tributarias que traería consigo dicha medida.

Los inmigrantes recién llegados por lo general son gente joven, saludable y en los inicios de su andadura laboral por lo que no suelen precisar de asistencia o cuidados médicos como le sucede a buena parte de la envejecida población de las sociedades desarrolladas. También los inmigrantes son absolutamente necesarios para sostener el sistema de reparto de las pensiones públicas pues las tasas de natalidad son muy bajas en las sociedades de acogida. En definitiva, un nativista que fuera también un defensor del actual Estado del Bienestar debería no solo guardar sus reproches hacia los inmigrantes sino más bien agradecerles el que acudan a su país para trabajar pues participan así en el mantenimiento del aparato público asistencial. Es cierto que el aumento del gasto del moderno Estado de Bienestar en las democracias industriales se ha disparado en las últimas décadas y que pone en serio peligro la sostenibilidad del mismo pero esto es un problema inherente a los perversos incentivos del propio sistema asistencial, nunca en cualquier caso debido a la inmigración.

5. Los inmigrantes no pueden asimilarse culturalmente a la sociedad de acogida: es una de las mayores preocupaciones de los nativistas pese a que los hechos históricos demuestran una y otra vez que semejante temor es infundado. Los inmigrantes no tienen por qué suponer un peligro cultural para la sociedad de acogida. Cuando se habla de ellos, muchos de nosotros damos por hecho de forma casi irracional que permanecerán siempre como tales, como si se congelara su status de recién llegados para siempre, sin cambiar, sin avanzar económica ni socialmente y sin asimilarse nunca jamás. Es lo que el demógrafo Dowell Myers en su libro Immigrants and Boomers califica agudamente de falacia de Peter Pan. La realidad, obviamente, no es así de inmutable.

Como regla general, se aprecia un patrón muy extendido en todos los inmigrantes: la aculturación o asimilación puede ser escasa o nula en la primera generación, es bastante acusada en la segunda y se completa casi por entero en la tercera.

Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Italia o la misma España son ejemplos de países que deben su actual población a gigantescos movimientos migratorios a lo largo de su milenaria historia. Cualquier pueblo europeo que se reclame a sí mismo como población compacta es mera ensoñación.

Los EE UU ha sido el país que más oleadas de inmigrantes ha recibido a lo largo de la historia reciente. En puridad está poblado enteramente de ellos. En el siglo XIX, nos recuerda Jason Riley atinadamente, los inmigrantes irlandeses doblaban en los EE UU las tasas actuales de inmigración. Eran gente harapienta que tuvo que huir de las espantosas hambrunas que asolaron su país a mediados de siglo. Se amontonaban en sus propios guetos donde el crimen, la violencia y las enfermedades eran moneda corriente. La mayoría era analfabeta y no hablaba inglés. Trabajaban en los oficios más humildes y que no se requirieracualificación. Se les tenía estereotipados como gente holgazana, bebedora y camorrista. Parecía en verdad imposible su asimilación. Muchos nativistas de entonces proponían llevarlos de vuelta en barco a sus lugares de origen porque iban a destruir la cultura y las costumbres americanas. Todas esas jeremiadas fueron más que erróneas. En unas pocas generaciones se integraron perfectamente en la sociedad americana. Con el paso del tiempo salieron de entre ellos, además, renombrados abogados, médicos, ingenieros,pintores, escritores y cineastas. También produjeron líderes políticos, civiles y empresariales, incluyendo a Henry Ford.

Otro tanto sucedió entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX con la llegada de alemanes, húngaros, rusos, italianos, griegos o asiáticos a tierras americanas. El transcurso del tiempo demostró su más que aceptable integración a la cultura americana. Un caso reciente es la asombrosa integración de los vietnamitas en la sociedad americana en un lapso de tiempo relativamente corto. Según los nativistas actuales de los EE UU, los inasimilables ahora son los latinos, especialmente los mexicanos, como nos recuerdan académicos célebres como Samuel Huntington o Víctor Davis Hanson. Es increíble que se tomen en serio dichas cuitas y temores nativistas por personas medianamente informadas y con cierta perspectiva histórica. Parece como si fueran víctimas de un ataque de amnesia colectiva.

6. Los inmigrantes suponen una amenaza para la seguridad de la sociedad de acogida: Esta repetida inquietud de los incansables nativistas demuestra, una vez más, una mentalidad colectivista al tratar a los inmigrantes como un colectivo, no como individuos con libre voluntad autónoma. Además, es falsa porque los datos arrojan otra realidad: las tasas de criminalidad de los inmigrantes no son mayores que la de los nativos. De hecho, legalizar todo lo posible y flexibilizar mucho más el movimiento de entrada a los inmigrantes acabaría con la inmigración ilegal y las mafias que se benefician de ella. Mejoraría nuestra seguridad al hacer aflorar el mercado laboral subterráneo, motivando a los trabajadores legales a, entre otras cosas, invertir en su formación, pagar impuestos, acatar la ley, colaborar más de cerca con la policía y alistarse, incluso, en el ejército del país de acogida como sucede ya con no pocos inmigrantes legales en la actualidad. De esta forma, permitiría liberar cuantiosos recursos de control anti-inmigratorio para dedicarlos de verdad a la necesaria seguridad fronteriza y a las labores de contraterrorismo en el interior para evitar, en lo posible, atentados terroristas o actuaciones de organizaciones criminales.

La inmigración, pese a las erróneas creencias populares que tanto mediatizan las políticas de nuestros gobiernos, no es una seria amenaza para la cultura, la economía o la seguridad del país de acogida.

­Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II y III.

Estar más de un año en paro minimiza las opciones de encontrar un empleo

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre julio y septiembre de este año, 1.230.170 personas que no tenían empleo han encontrado uno. Por contra, 1.090.472 trabajadores han perdido su puesto. Éstas son las dos cifras más destacadas del Observatorio Laboral de la Crisis que este miércoles publicaba la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). De esta forma, se ha producido un acceso neto al empleo de 140.000 personas en tres meses, frente a las 13.000 salidas netas del mismo trimestre del año anterior.

Evidentemente, ésta es una gran noticia, incluso aunque la situación siga siendo muy preocupante. Además, la principal diferencia respecto a lo ocurrido entre julio y septiembre de 2012, reside en que se ha moderado mucho la pérdida de empleo (de 1,22 a 1,09 millones).

Eso sí, lo más interesante de este análisis que Sara de la Rica hace para Fedea quizás no reside tanto en las cifras generales sino en el detalle. En la parte final, se analizan qué características hacen más o menos probable encontrar un empleo o perder el que ya se tiene.

En este sentido, según los datos del último trimestre, mujeres, jóvenes, personas sin estudios y temporales son los que tienen más probabilidades de entrar en paro. Mientras, entre los desempleados, son los que llevan más de un año en esa situación los que menos opciones tienen de conseguir un contrato.

La propia De la Rica hace un análisis más pormenorizado de la situación de los desempleados de larga duración en Nada es gratis, el blog de Fedea. Y sus conclusiones son bastante preocupantes:

  • "Más de la mitad [de los seis millones de parados] son desempleados de larga duración; y lo que todavía es más preocupante, 2 millones llevan desempleados durante un tiempo superior a 2 años".
  • "De cada 100 desempleados con una duración menor a un mes, 38 han accedido a un empleo [en el último trimestre]".
  • "Para los parados de larga duración, de cada 100 desempleados sólo 10 han encontrado empleo en este trimestre".
  • "Si comparamos la probabilidad de acceder a un empleo de un desempleado que lleva más de un año desempleado con uno que lleva menos de tres meses y cuyas características son similares, el primero se enfrenta a una probabilidad siete veces menor de encontrar un empleo que el segundo".

Acceso y pérdida de empleo

– Sexo: en el tercer trimestre, 578.051 mujeres perdieron su empleo y 595.684 lo encontraron. Entre los hombres, las cifras fueron 509.438 y 643.143.

Si comparamos hombres y mujeres con similares características (edad, educación, sector, tipo de contrato,…), la probabilidad de perder el empleo para los primeros es un 53% más baja. Entre los trabajadores, las mujeres tienen un 33% menos de probabilidad de encontrar un trabajo respeto a sus compañeros varones con las mismas características.

– Edad: todos los grupos de edad presentan acceso neto al empleo (es decir, más ganancias que pérdidas). El más favorecido en términos absolutos es el de 16-24 años: 157.678 pérdidas frente a 268.820 nuevos contratos.

Sin embargo, en el análisis multivariante, las cosas cambian. Ser menor de 25 años aumenta la probabilidad de perder un empleo un 25% respecto a alguien de las mismas características (sexo, tipo de contrato, nivel educativo,…) pero que esté en el rango 25-34 años. Del mismo modo, estar en uno de los otros tres grupos de edad (25-34, 35-44 y 45-59) otorga entre un 60 y un 85% más de probabilidades que los que tienen menos de 25 años si las demás condiciones son iguales.

– Nacionalidad: uno de los datos más curiosos tiene que ver con las diferencias por nacionalidad. Según este informe, no se aprecian diferencias en las posibilidades de perder o encontrar un empleo entre trabajadores y parados españoles o extranjeros. Las distintas cifras de unos y otros se pueden explicar por el tipo de trabajo que realizan.

– Nivel de educación: los autores apuntan que la educación "sigue ejerciendo de factor protector". La probabilidad de perder el trabajo es un 40-60% mayor para alguien con estudios de secundaria o inferior respecto a universitarios de las mismas características. En lo que hace referencia a encontrar un nuevo trabajo, las mayores diferencias son entre estudios primarios y los demás.

– Tipo de contrato: tampoco aquí hay sorpresas. A igualdad de condiciones, tener un contrato temporal multiplica por cinco las opciones de perder el empleo.

– Tiempo en paro y subsidio: dos temas políticamente muy incorrectos pero que se repiten trimestre tras trimestre en este Observatorio Laboral. Como apuntábamos arriba, los desempleados que llevan menos de tres meses en esa situación tienen una "probabilidad siete veces mayor" de salir del paro que aquellos que llevan más de un año. Por eso, los autores piden a los responsables "impulsar a los individuos que han perdido su empleo a encontrar otro lo más rápidamente posible y diseñar políticas activas eficaces que promuevan la empleabilidad".

¿Y cómo influye el actual modelo de subsidio de desempleo? Pues no parece estar especialmente bien diseñado: "Incluso con la misma duración en el desempleo, aquel que no cobra subsidio tiene el doble de probabilidad de encontrar empleo que uno que lo percibe".

¿Hacia una sociedad participativa?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Guillermo Alejandro, el recién coronado rey de los holandeses, leyó ante el Parlamento de su país un discurso en el que constaba la imposibilidad práctica del Estado del bienestar que en un futuro debería evolucionar hacia una "sociedad participativa". Antes que él, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en el ya lejano 2010 habló de la "gran sociedad" frente al gran gobierno. El discurso del tory no generó demasiados comentarios pero el mensaje holandés, paradigma de la progresía continental, desató cierta alarma entre la intelectualidad colectivista. Seguramente con razón.

La crisis de deuda soberana ha descubierto una realidad que los políticos han tardado en reconocer y sobre la que ahora quieren aportar soluciones. Como el bombero-pirómano, pretenden declararse salvadores del fuego que ellos mismos prendieron. Tal vez deberíamos dejarles, sería el menor de nuestros males. Si la ficción del Bienestar del Estado no se puede asumir ya, las futuras elecciones se jugarán en otro terreno y, en definitiva, es a lo que ellos les interesa si quieren mantenerse en la poltrona.

Las palabras pueden limitarse a la retórica pero aún así los discursos que enmarcan la acción política y sus relaciones son importantes. Las sociedades, grandes o pequeñas, participativas o individualistas, han sido engañadas -o se han dejado engañar- por la ilusión del Bienestar del Estado. Cuando el arte se hace por encargo del poder político, la innovación científica depende de las concesiones públicas, la educación es impartida por funcionarios de acuerdo a un programa rígido o la salud es administrada por el Estado, simplemente no hay sociedad. El Estado ha ido ocupando espacios que hasta no hace mucho pertenecían a la sociedad, la ha eclipsado; el proceso es, por tanto, una vuelta a la soberanía o devolución. No la pantomima estatista de quienes quieren secesionarse para crear un nuevo estado, sino devolución a la propia sociedad, de los hombres que la forman, que pueden recuperar sus atribuciones.

Independientemente del debate sobre si fue antes el huevo o la gallina aquí no importa tanto que los políticos adornen sus discursos con conceptos que hoy en la práctica tienen resultados nulos sino la semilla que puede perdurar a medio plazo. La retórica vacía de hoy puede enmarcar las exigencias futuras, situando en la agenda política medidas que hoy parecen inimaginables en esta vieja Europa que ha estado mirando en estos últimos tiempos a los políticos como la solución y no como la causa de sus problemas.

Rubalcaba declara la guerra a los planes de pensiones privados

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuanto más rica es una economía, mayor cantidad de deuda puede soportar. Google es capaz de digerir más deuda de lo que lo fue Martinsa Fadesa. De hecho, es habitual que ambas variables se incrementen a la vez: conforme un sistema económico crece, su stock de deuda aumenta; cuando decrece, su stock de deuda se reduce. Mas, como sabemos, correlación no implica causalidad, de manera que uno debe plantearse hasta qué punto una variable condiciona la otra.

Crecimiento y deuda

Por un lado, si nos volvemos más ricos, adquirimos mayor margen para endeudarnos; de manera que, en tanto en cuanto nos interese adelantar al presente parte de nuestra renta futura, recurriremos con más asiduidad a una deuda: en este escenario, es el mayor crecimiento el que da lugar a un mayor endeudamiento. Pero, por otro, la deuda también puede emplearse como vehículo para financiar nuevas inversiones productivas que sienten la base de un aumento de la renta futura: en tal caso, es la mayor deuda la que genera un mayor crecimiento. Pero fijémonos que este último caso sólo se dará si se cumple una condición: que la rentabilidad del plan de negocios acometido gracias a la deuda supere el coste financiero de la deuda.

Al fin y al cabo, todo crédito es una forma de intercambio aplazado, una transacción incompleta: una de las partes compra hoy (disfruta hoy de los bienes) pero paga en el futuro. En los intercambios convencionales, quien compra resarce instantáneamente al que vende y la transacción finaliza tan pronto como ambas partes entran en posesión de sus nuevas mercancías. Con la deuda no: una parte compra hoy utilizando no su renta presente, sino su renta futura, de manera que alguien (ya sea el propio vendedor o un tercero) debe proporcionarle crédito a ese comprador (alguien le permite pagar y completar el intercambio más adelante).

Subsiste en el comprador, pues, la obligación de cerrar la transacción en el futuro: entregarle al vendedor el importe de las mercancías que adquirió en el pasado (principal) más una compensación por el retraso en el pago (interés). De ahí que, para tratarse de una inversión generadora de riqueza, los factores productivos adquiridos a crédito deberían ser capaces de generar un excedente de valor (rendimiento neto) que cubra el interés de ese crédito. Si no, si el deudor no puede devolver los intereses (o incluso el principal), la deuda no impulsará el crecimiento sino que lo erosionará.

Claro que esa destrucción de riqueza derivada de malas inversiones financiadas con deuda no tiene por qué ser evidente durante un largo período de tiempo. Y, en tal caso, puede suceder que un sistema económico acumule insosteniblemente deuda y, mientras lo hace, impulse un crecimiento artificial que sólo más adelante terminará colapsando. Esto último es lo que le ha sucedido a España desde 2001. Por desgracia, en muchas cabezas se ha quedado grabada de un modo indeleble la correlación entre crecimiento y crédito: nuestra época dorada coincidió con el aumento del crédito, de manera que para regresar a esa época dorada, es necesario que vuelva a fluir el crédito.

El crédito no nos traerá la recuperación, sino al revés

Y, en efecto, se ha instalado en el discurso oficial que la primera condición que necesita España para recuperarse es que vuelva a fluir el crédito con normalidad. Los políticos han sido especialmente proclives a abrazar tan populista mensaje, pues de ese modo disponían de una excusa perfecta para rescatar a la banca a costa de los contribuyentes: sólo es necesario –nos decían– un pequeño saqueo tributario para que las entidades financieras vuelvan a conceder crédito de manera fluida y regresemos a la época de la abundancia.

Desde aquí ya tuvimos ocasión de explicar en diversas ocasiones que tal discurso se asentaba en una notable falacia: si el crédito escasea en España, no es porque los bancos no estén en posición de extenderlo, sino porque los demandantes de crédito en España son riesgos mucho más elevados de los que la banca debería asumir. Dicho de otro modo, si el crédito no fluye no es por una insuficiente oferta de crédito, sino por una demanda insuficientemente solvente. Es verdad que mucha gente desearía obtener (o refinanciar) sus créditos, pero el banco no les ve con capacidad para devolverlos: ¿es que acaso un supermercado vende sus productos a aquellos que entran sin dinero? No, y lo mismo pasa con los bancos: para obtener crédito hoy ha de existir una expectativa razonable de que se reintegrará con intereses mañana. Y esa expectativa no existe y por motivos bien fundados. Lo hemos constatado esta semana: el 35% de todos los préstamos concedidos desde 2008 han entrado en mora. Es verdad que el cierre total de la ventanilla puede llevar a que paguen justos por pecadores (sobre todo en relación con la financiación del circulante), ¿pero cómo podemos esperar que la banca extienda crédito en esas condiciones? ¿Y cuál sería el propósito de presionarle a que lo hiciera? ¿Dilapidar capital y volverla a rescatar a costa del contribuyente?

No nos equivoquemos: si España se recupera no será porque a causa de que vuelva a fluir el crédito, sino porque habrá corregido sus desequilibrios subyacentes y entonces, una vez la recuperación sea sólida y los demandantes de crédito vuelvan a ser buenos riesgos, el crédito volverá a fluir. Pero la disponibilidad general de crédito será sólo un efecto, que no una causa, de la mejoría. Si los bancos prestaran ahora mismo a troche y moche sólo estarían apuntalando las malas inversiones pasadas y engendrando otras nuevas. No es lo que necesitamos.

La clave, el ahorro

Para endeudarnos, hemos de ser capaces de amortizar la deuda. Y para ello se han de dar dos condiciones: una, disponer de planes de negocio lo suficientemente seguros y rentables como para que puedan ser financiados sin elevados riesgos; dos, reducir la pesada carga de deuda que seguimos arrastrando desde la burbuja inmobiliaria. Es decir, antes de endeudarnos tenemos que pagar las deudas pasadas y disponer de un buen proyecto para respaldar las nuevas deudas.

Para reducir las deudas pasadas, es necesario ahorrar: esto es, que familias y empresas consuman la menor cantidad posible de su renta presente (salarios y beneficios) con tal de amortizar su deuda. Para contar con un buen plan de negocios que respalde la nueva deuda, es necesario en gran medida que el resto de la economía se reestructure y mejore: mis oportunidades de inversión dependen de las buenas inversiones que ejecuten otros (en Zimbabwe es difícil encontrar una buena oportunidad de inversión; en Suiza, no tanto). ¿Pero cómo vamos a invertir en reajustar el modelo productivo de España si previamente no vuelve a fluir el crédito? ¿No es acaso una pescadilla que se muerde la cola? No: toca buscar nuevas fuentes de financiación basadas en el ahorro propio (más capitales propios y menos capitales ajenos). De nuevo, también por esta vía necesitamos más ahorro. Nunca olvidemos que el ahorro es la base del capitalismo.

Por desgracia, el Gobierno del PP se ha obsesionado con saquear el ahorro familiar y empresarial mediante draconianas subidas de impuestos para conseguir mantener a flote su particular burbuja estatal. Por eso, justamente, la burbuja estatal es hoy el principal obstáculo a una recuperación sostenible (más allá de los rebotes engañosos) y, también, a una circulación más fluida del crédito.

No necesitamos crédito, sino ahorro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Hoy por hoy, el PSOE no gobierna, pero si lo hiciera todos aquellos que contasen con un plan de pensiones privado sufrirían una fuerte subida fiscal -una más- a partir del próximo 1 de enero. El partido que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de declarar la guerra, oficialmente, a los planes de pensiones, ya que propone reducir y limitar de forma drástica sus ventajas fiscales. Ésta es una de las medidas más destacadas que incluye el amplio listado de enmiendas parciales (más de 1.000) que ha presentado el grupo parlamentario socialista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 elaborados por el Gobierno del PP, cuya tramitación se desarrolla en el Congreso.

Aunque los Presupuestos que ha diseñado el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, no reducen ninguna partida de gasto, e incluso superan en tamaño a los de 2007 -en pleno boom económico-, Rubalcaba, lejos de contener el gasto, propone añadir otros 11.000 millones de euros bajo el argumento de impulsar la actividad económica y garantizar la cohesión social. Y ello, sin incrementar el déficit y la deuda pública, puesto que los socialistas apuestan por disparar aún más la fiscalidad a los españoles, sobre todo, a grandes empresas y rentas altas, además de elevar la tributación medioambiental y financiera.

En materia de ingresos, destaca especialmente la enmienda por la que exige al Gobierno reducir los beneficios fiscales propios de los planes de pensiones. El PSOE ha cargado abiertamente contra la reforma de las pensiones propuesta por el PP, abogando por subir impuestos y cotizaciones en lugar de reducir las futuras prestaciones. Sin embargo, ahora da un paso más allá y aboga, directamente, por castigar estos planes, concebidos para complementar el cobro de prestaciones públicas.

Uno de los mayores atractivos de estos planes son, precisamente, sus grandes ventajas fiscales, ya que las aportaciones realizadas sirven para reducir la base imponible del IRPF, con el consiguiente ahorro en el pago anual de impuestos, tal y como resume el siguiente cuadro.

Fuente: Finanzas para todos

Los socialistas plantean limitar la cantidad máxima deducible a tan sólo 3.000 euros al año con carácter general, y 3.500 euros para los mayores de 50 años. Es decir, proponen eliminar el 70% de sus actuales beneficios fiscales. ¿Motivo? "En este momento, los límites máximos de la reducción en el IRPF por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social son aprovechados casi exclusivamente por los contribuyentes de mayor capacidad económica, con un alto coste para los ingresos del Estado. La situación actual aconseja modificar dichos límites, de forma que cubran a todos aquellos contribuyentes que utilizan este mecanismo como auténtica previsión social complementaria y no como un producto más del ahorro, pero privilegiado fiscalmente", según la citada enmienda.

Asimismo, pretende eliminar por completo las ventajas fiscales asociadas a los grandes planes de pensiones que aportan las empresas a sus directivos y ejecutivos mediante seguros colectivos, equiparándolos al resto de trabajadores.

Siguiendo con los impuestos, el PSOE optaría por eliminar la subida de tipos del IRPF y el aumento del IVA aplicados por el PP, pero, a cambio, apuesta por nuevas e intensas subidas fiscales. Entre ellas, las siguientes:

  • IRPF: reducir las deducciones fiscales por el cobro de primas y bonos -bajando el límite máximo de reducción desde 300.000 a 60.000 euros-; limitar las deducciones en el cobro de rentas derivadas del alquiler de inmuebles; y suprimir la deducibilidad por las pérdidas en el juego.
  • Impuestos verdes: subir y crear nuevos tributos sobre el transporte, la energía y los residuos para recaudar hasta 5.000 millones de euros extra al año.
  • Impuesto a las "grandes fortunas": la idea consiste en gravar de forma "transitoria" la rentabilidad acumulada derivada del patrimonio total de los contribuyentes (exceptuando vivienda familiar, hasta ciertos límites), incluyendo todo tipo de ahorro, acciones, sociedades y, muy especialmente, las participaciones en Sicav, con independencia de que dichos activos se enajenen o no durante el ejercicio fiscal. Y se trata de un gravamen "transitorio" porque el objetivo último del PSOE es reformar de forma integral el IRPF para que el capital tribute al mismo nivel que las rentas, lo cual supondría una nueva subida histórica de impuestos.
  • Sociedades: otra enmienda contempla la posibilidad de disparar la fiscalidad sobre las grandes empresas, imponiendo un tipo mínimo del 15%, pero sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, eliminando, por tanto, casi todas las deducciones.
  • Tasa Tobin: implantar un impuesto sobre las transacciones financieras, tal y como ya se ha comprometido el Gobierno de Rajoy, para recaudar unos 5.000 millones de euros extra al año, según sus estimaciones.

Nuevos fondos para aumentar el gasto

Por el lado de los gastos, Rubalcaba apuesta por elevar aún más las partidas presupuestarias, al tiempo que elimina ciertas medidas de contención aprobadas por Rajoy desde su llegada al poder. Entre otras, destacan las siguientes enmiendas:

  • "Fondo especial de financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes" para reforzar sus servicios públicos.
  • "Fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes" en las autopistas y autovías de Cataluña.
  • "Fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social", dotado con 1.000 millones en 2014.
  • "Fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas y para emprendedores", dotado con 5.000 millones de euros anuales, ampliables, para ofrecer créditos en condiciones ventajosas a empresas, pymes y parados que opten por el autoempleo. De este modo, se pretende combatir la restricción crediticia por parte de la banca. El PSOE también plantea la posibilidad de que el Estado avale la concesión de préstamos a empresas por parte de las entidades financieras.
  • Aumentar la contratación de empleados públicos, elevando la tasa general de reposición al 30%.
  • Subir el sueldo a funcionarios y empleados públicos un 1,5% en 2014.
  • Restituir por completo las prestaciones por bajas de los empleados públicos, que fueron rebajadas por el PP para evitar el elevado absentismo laboral en el sector público.
  • Aumentar un 1,5% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
  • Subir las pensiones públicas (contributivas y mínimas) un 1,25% en 2014 frente al 0,25% que prevé el Gobierno.
  • Elevar el número de becas estudiantiles mediante la eliminación de los nuevos criterios de mérito implantados por el Ejecutivo del PP, y reducir las tasas universitarias.
  • Fortalecer y prorrogar el plan Prepara (400 euros al mes a parados sin prestación) y las Rentas Activas de Inserción.
  • Restaurar la "renta básica de emancipación" de alquiler de vivienda a jóvenes.
  • Restituir por completo el sistema de prestaciones que instauró la Ley de Dependencia.
  • Incrementar la inversión estatal en infraestructuras en distintas regiones en función de los criterios que estipulan los estatutos autonómicos, especialmente en Cataluña y Andalucía.
  • Elevar el presupuesto destinado al grupo RTVE y la agencia EFE, etc.

“Foreign aid”. ¿El final de un debate?

Escrito por Mario Silar en . Publicado en Análisis diario.

¿Tecnocracia vs. humanismo?

Uno de los debates académicos más importantes en la actualidad es el que se viene desarrollando en el contexto de la economía del desarrollo respecto de las distintas estrategias para luchar contra la pobreza. El debate no sólo reviste gran importancia por las posibles implicancias que las distintas respuestas pueden tener sobre la vida de millones de seres humanos en continentes como África sino porque, en última instancia, se ponen en juego importantes problemas epistemológicos de base antropológica, de teoría de la acción y del conocimiento.

Los dos principales referentes de este debate son Jeffrey D. Sachs (Earth Institute, Columbia U.) y William Easterly (NYU). En rigor, el debate sobre la efectividad de la ayuda exterior existe desde hace varias décadas pero debemos a estos dos economistas principalmente el que ahora haya adquirido mayor conocimiento por parte de la opinión pública. El debate obtuvo visibilidad debido a una serie de artículos publicados en el The New York Review of Books. Desde allí, se ha extendido a distintos medios de prensa, foros y revistas científicas (Una síntesis aquí). Otros importantes scholars también han tomado cartas en el asunto (P. Collier, Niall Ferguson, Dambisa Moyo, George Ayittey, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Robert Neuwirth, Aaron Acemoglu, y James Robinson, por mencionar algunas de las figuras más relevantes en la actualidad).

Sachs publicó en 2005, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Su fórmula para acabar con la pobreza era particularmente simple y atractiva, lo cual la hacía idónea para recabar apoyos entre las distintas personalidades y organizaciones internacionales comprometidas en la lucha contra la pobreza. La tesis de Sachs se apoyaba en la convicción de que los problemas vinculados con la pobreza estaban relacionados con asimetrías en el acceso a la tecnología. Lo que se necesitaba para erradicar la pobreza era mejorar las condiciones de acceso a la tecnología en los países pobres. Por lo tanto, la erradicación de la pobreza se reducía a la cuestión de recaudar la cantidad de fondos necesarios para adquirir el "paquete de soluciones tecnológicas" que permitiría resolver los problemas de los pobres. Esta perspectiva se acopló extraordinariamente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG, por sus siglas en inglés), que integra ocho objetivos de desarrollo humano fijados en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones Unidas, que acordaron alcanzar en el año 2015. En síntesis, el trabajo de Sachs parecía sintetizar lo mejor de nuestro deseo por erradicar la pobreza junto con una estrategia idónea para lograrlo. Sachs intentaría demostrar el éxito de su estrategia en un campo de pruebas real pero a escala. Las poco menos de veinte "Villas del Milenio" establecidas en África corroborarían su propuesta, que luego podría ser implementada en toda África.

El 4 de julio de 2001, un ignoto economista del Banco Mundial, que trabajaba como asesor del grupo de investigación de la entidad era despedido por criticar públicamente la política de ayuda al desarrollo que se estaba siguiendo. En un durísimo artículo de algo menos de 1000 palabras, publicado en el Financial Times, señalaba que los aproximadamente mil millones de dólares gastados en la ayuda al desarrollo desde inicios de la década del sesenta habían "fracasado en alcanzar los resultados deseados". El artículo se despachaba identificando la responsabilidad compartida en este fracaso de los distintos actores, locales y externos, envueltos en los procesos de ayuda al desarrollo.Easterly, actualmente director del Development Research Institute de la Universidad de New York, publicó en el año 2006 The White’s Man Burden: Why the West’s effort to aid the rest have done so much ill and so little good. El título ya anunciaba lo "incómodo" que resultaba su tesis para el establishment. La tesis de Easterly puede resultar conocida para quienes conocen el pensamiento de Mises, Hayek y/o Buchanan: la aplicación de una estrategia top-down,que caracteriza la lógica de las ayudas al desarrollo a gran escala, simplemente no puede alcanzar el objetivo que pretende básicamente por dos motivos. Primero, porque la implementación de estas medidas no es susceptible de lograr una respuesta adecuada por parte de los pobres a los que pretende ayudar (lack of accountability) y, segundo, la lógica de las ayudas genera un elenco de incentivos perversos, en especial entre los burócratas encargados de gestionar estas ayudas, que se disocia completamente de los objetivos que la ayuda pretendía alcanzar inicialmente. El libro de Easterly se estructura en torno a tres argumentos muy sólidos que desarticulan la estrategia que defiende Sachs. Aunque el trabajo de Easterly es sólido no logró escapar al handicap que supone adoptar una posición deconstrucitva (pars destruens) en un debate (no en vano se ha ganado el título de "escéptico" en materia de ayudas); cosa comprensible ya que como destaca Popper resulta lógicamente más fácil establecer argumentos refutadores de una tesis, que argumentos que la defiendan. A pesar de todo esto, en muchos casos, la desarticulación de un marco de ideas que se apoya sobre una base conceptual errónea o falsa es el requisito inicial indispensable para poder abordar el problema desde una nueva y más adecuada perspectiva.

El debate en torno de las ayudas lleva extendiéndose durante años –si bien últimamente ha incorporado nuevos nombres y conceptos–, amenazando con llegar a un cierre en falso. En este sentido, Easterly ha dicho recientemente que teme que años de debate queden neutralizado bajo una idea talismán como es actualmente la de "sostenibilidad". Sin embargo, recientemente se ha publicado una demoledora biografía sobre Jeffrey Sachs escrita por Nina Munk titulada The Idealist: Jeffrey Sachs and the Quest to End Poverty (septiembre, 2013). En cierta mediad, este trabajo bien puede ser interpretado como una especie de punto y final a este largo debate. En la siguiente parte analizaré brevemente las principales ideas que se contienen en esta obra y la reacción que está generando entre las partes implicadas en el debate.

mario.silar@deusto.es

Mas estudia intervenir la Comunidad de Madrid

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente de la Comunidad de Madrid se ha empeñado en bajar los impuestos sin el menor respeto a las directrices nacionales, en un gesto que no sólo ha dejado en evidencia al Gobierno de Rajoy sino a las autonomías más derrochadoras y con la clase política más trincona, dos características que suelen ir de la mano. Montoro todavía no se ha pronunciado acerca de este gesto de rebeldía de Ignacio González. Debe de estar pensando en qué castigo imponerle por su actitud levantisca, que, además, ha molestado a los nacionalistas catalanes, algo que en la España actual resulta intolerable.

En CiU ya han calificado esta decisión del presidente madrileño como "un mazazo a Cataluña" y una prueba más de la injusticia de la financiación autonómica. En esto último tienen toda la razón los nacionalistas catalanes, pero olvidan que ese desequilibrio presupuestario opera a su favor, pequeño detalle que a ningún español fuera de allí le pasa inadvertido. Pero lo más sorprendente de esta nueva melopea lacrimógena es que tiene como origen no una entrega adicional de fondos públicos, como las muchas que anualmente trinca el Gobierno regional catalán, sino la decisión de la comunidad madrileña de bajar el tramo autonómico de algunos impuestos estatales.

El Ejecutivo madrileño ha llegado a la conclusión de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, sano principio que tendría que ser observado en toda España, país donde montar cualquier negocio encuentra tantas trabas como instalar una fábrica de banderas israelíes en la Franja de Gaza. Hay que intervenir a la Comunidad de Madrid antes de que el ejemplo se extienda. No por parte del Gobierno central en cumplimiento de los preceptos recogidos en la ley de equilibrio presupuestario, puesto que Madrid es una de las pocas autonomías que los cumple a rajatabla, sino directamente por la Generalidad de Cataluña, eterna agraviada y verdadero poder fáctico también en materia económica.

¿Por qué España recauda “poco” con los impuestos más altos de Europa?

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Hablar de las instituciones de justicia sin ser jurista parece un poco osado. Y probablemente lo es. Pero no voy a discutir sobre Derecho Constitucional o Filosofía del Derecho. Solamente quiero abordar la justicia desde el punto de vista del análisis institucional. Y, en ese sentido, creo que nuestras instituciones están afectadas de un daño en su esencia misma. Por supuesto, mi reflexión viene al caso de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y los intercambios de impresiones entre quienes la creen acertada, quienes no, y quienes, simplemente, miran al tendido.

La justicia como palanca de la civilización

De todas las virtudes de las que habló Adam Smith en “La Teoría de los Sentimientos Morales”, fue la justicia la que destacó por encima de las demás. La razón es que, al ser aquella la que canaliza el natural sentimiento de indignación de los hombres frente a una atrocidad, permite por esa razón que la civilización avance. Y de esta manera, se explica que los ciudadanos, eximidos de la obligación moral impuesta por su propia conciencia de vengar las injusticias infligidas sobre los inocentes, puede dedicarse a trabajar en paz, sabedor de que “alguien” se ocupará de ello.

Ese alguien supongo que fue, en primer lugar, el jefe militar, líder de la tribu, quien acometía ese deber de dirimir los conflictos de los miembros del clan. Y con el paso de los siglos, la civilización occidental ha desarrollado un complejo entramado de instituciones de justicia que pretenden, en el fondo, exactamente aquello que proponía Adam Smith. Así que hoy día contamos con tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que velan por que se haga justicia en nuestro país. Además, España suscribió el Convenio para la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lo que nos obliga a someternos a lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero ninguna de esas instituciones funciona si no existe, como condición inicial, independencia de los tres poderes en que se basa el Estado de Derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esa separación garantiza que los intereses políticos no van a manipular las decisiones de los jueces.

El problema de la doctrina Parot

Yo no soy quién para dictar lecciones jurídicas acerca de la bondad o perversión de la doctrina Parot, si la interpretación que se ha hecho a lo largo de las décadas que nos han conducido desde el Código Penal franquista hasta la manifestación del domingo es la adecuada o no. Pero escuchando a unos y a otros, la conclusión en la que coinciden todos los juristas y expertos con quienes he hablado es que un tema tan serio como la condena de terroristas, no se soluciona con una chapuza. Y la responsabilidad no es del Tribunal de Estrasburgo, sino de quienes diseñaron las leyes, quienes se acogieron a una interpretación de la ley, sentando jurisprudencia, en torno a cómo se aplicaban los beneficios penitenciarios y, finalmente, quienes no han ido a explicar al Tribunal de Estrasburgo qué circunstancias particulares del caso español dieron lugar a esa interpretación.

La responsabilidad implica asumir las consecuencias de los actos de uno, se trate de un individuo o de un organismo público o privado. Y esas consecuencias, en el caso de la excarcelación de etarras, pero también de violadores y de otros asesinos que matan sin esconderse tras una idea política, es la indignación y el dolor de las víctimas y familiares de las víctimas, que están desprotegidas frente a la maraña legal.

No se trata de tirar por la ventana el respeto a la ley, ni abominar de todo nuestro sistema legal. Pero sí creo imprescindible plantearse seriamente qué nos ha conducido a esta situación, que es sencillamente la muestra de una justicia fallida, porque no cumple con esa idea smithiana de canalizar el natural sentimiento de indignación de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no están tranquilos respecto a que el poder judicial está ahí para velar para que los agresores de inocentes cumplan su condena. Y eso es muy grave por todo lo que significa. Porque, como enseñaba Smith la justicia es la palanca de la civilización y si se quiebra la confianza en la justicia, la sociedad está abocada a un desgaste institucional muy peligroso.

Por eso creo que la primera reclamación que los ciudadanos, partidos políticos y medios de comunicación debería ser la exigencia a quienes manejan el timón de la separación de poderes. Cuando en el Parlamento (poder legislativo) hay una bancada donde se sientan los ministros (poder ejecutivo), el tema de la separación de poderes se torna turbia y una se ve empujada a pensar que esos ministros encabezan a su partido político y que esos parlamentarios no nos representan sino que velan por el número de escaños de esos partidos. Y cuando los miembros de las principales instituciones de justicia de este país son repartidos porcentualmente entre los propuestos por los partidos, no hay ninguna duda de la escasa independencia que pueden tener esos jueces, pertenezcan o no a dicha agrupación política. El sesgo está claro.

Ese es el daño medular de nuestras instituciones judiciales, el primero que habría que abordar para impedir la degeneración de todo lo demás.

Greenpeace y el arroz dorado: ¿un genocidio silencioso?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La Hacienda española no es eficiente. O eso parece. Al menos no tanto como las agencias tributarias de los países de nuestro entorno. Al contribuyente hispano, tras todas las subidas de impuestos de los últimos años, esto le sonará a chino. Pero los datos de Eurostat publicados el lunes parecen concluyentes. La recaudación sobre el PIB en 2012 llegó al 54,4% en Finlandia, al 51,8% en Francia o al 51% en Bélgica. En España, se quedó en el 37,1%

El panorama que se dibuja es desolador. Por un lado, los tipos en España están entre los más elevados de la UE tanto en IRPF, IVA y Sociedades. Pero esta voracidad recaudatoria ni siquiera sirve para que el Estado recaude mucho, como podría parecer lógico.

Estas cifras han servido de excusa para los políticos de todos los partidos. Desde que comenzó la crisis, cada vez que un ministro de Hacienda ha tenido que subir los impuestos (y los han subido todos), ha tirado de esta estadística. Cristóbal Montoro llegó a hablar de un nivel de presión fiscal "absurdo". De esta manera, se ha extendido el mantra de que España tiene un problema de ingresos y no de gasto. Esta semana, tras la publicación los datos de Eurostat, ha vuelto a sonar esta cantinela: lo que habría que hacer es recaudar más.

Gasto pre-crisis

Sin embargo, lo primero que hay que recordar que el gasto público es superior en estos momentos al que había cuando comenzó la crisis. Como explicaba hace unos meses Manuel Llamas en Libre Mercado: "A pesar de los recortes, centrados en la inversión, el sector público sigue gastando casi 4.000 millones más que en 2008 y hasta 40.000 millones extra si se compara con 2007, en pleno auge inmobiliario. Asimismo, en términos reales (descontando la inflación), el gasto total sigue superando los niveles de 2006, en la cima de la burbuja, y aún excluyendo los intereses de la deuda, el gasto registrado en 2012 seguiría superando el de 2006 en términos reales".

Además, si queremos comparar a España con el resto de países de la UE, no sólo hay que mirar la recaudación (presión fiscal), sino también el gasto financiado con déficit. Nuestro país ha tenido un déficit público superior al 9% del PIB los últimos cuatro ejercicios. Y el crédito del que ahora se tira habrá que pagarlo en algún momento, con más impuestos, en cuanto la recuperación lo permita mínimamente (casi podría hablarse de una presión fiscal implícita que todos los contribuyentes españoles tenemos por delante).

Por último, hay que recordar que al final los ingresos públicos no dependen sólo de lo que uno haga, sino también de variables externas, sobre las que no tiene pleno control, como el crecimiento económico y la generación de riqueza. A cambio, los gastos sí se deciden en los Presupuestos de cada año.

Imaginemos un trabajador que cobra 2.000 euros y gasta 1.900 al mes; un día es despedido y se queda en el paro con una prestación de 1.000 euros y hace algunos ajustes para gastar sólo 1.500. Pues bien, podrá decir que su problema es de ingresos, pero mientras no consiga otro empleo, le iría bien recortar incluso más sus gastos, que es algo que sólo depende de él. Los gobiernos españoles no han sido ni mucho menos tan austeros como el ciudadano de este ejemplo (no han bajado su gasto), pero su argumentación cuando presentan las cifras de déficit sí es parecida.

¿Por qué?

En cualquier caso, sigue abierta la pregunta de por qué España no recauda tanto como otros países. Es evidente que no es por tener impuestos bajos, a pesar de que ésta pueda parecer la respuesta lógica. Como ya hemos apuntado, los tipos generales de IRPF, Sociedades o IVA están en la banda alta (cuando no en el top) de entre los vigentes en el resto de la UE.

Algunos expertos señalan al diseño del sistema. Los tributos españoles son muy elevados, pero también incluyen agujeros que permiten que ciertos contribuyentes no paguen los tipos generales. Son bonificaciones, exenciones,… Así, quizás el Estado podría recaudar más con tipos más bajos (con lo que eso tendría de positivo para la inversión y el empleo). Sólo habría que rediseñar el sistema. De hecho, se supone que esto es parte del encargo que el Gobierno le ha hecho al grupo de expertos encargados de hacer un informe sobre la reformas fiscal.

Eso sí, hay que tener mucho cuidado con esta argumentación, porque ha sido utilizada con frecuencia por los políticos para justificar subidas encubiertas de impuestos. Se quitan todas las bonificaciones o exenciones o ventajas, pero no se tocan los tipos: es decir, se incrementa la presión fiscal sirviéndose de esta excusa.

Por otro lado, una buena reforma fiscal podría tener efectos benéficos para toda la economía. Bajar los tipos a cambio de quitar deducciones puede parecer un juego de suma cero para las arcas del Estado. Lo que se gana de un lado se pierde por el otro. Pero no es así. Un diseño correcto podría estimular por sí mismo la actividad económica, lo que llevaría a un aumento de la recaudación sin subir los impuestos.

Un efecto ‘natural’

Pero queda una cuestión en la que nadie parece reparar. Decir que España recauda poco es parecido a decir que Venezuela recauda poco. Puede ser, pero eso no es debido a que los impuestos sean bajos (que no lo son), sino a que no se genera actividad. Vamos, que no hay riqueza que tasar. Puedes subir los tributos un 90% y eso no sólo no aumentará la recaudación, sino que posiblemente la disminuirá.

No se dice mucho, pero la manera más natural de subir los ingresos de Hacienda es incrementar los ingresos de los españoles.

Imaginemos que mañana todos doblásemos nuestra productividad y, por consiguiente, pactásemos una subida de sueldo con nuestra empresa para cobrar el doble. Nuestra factura con la AEAT por IRPF subiría de inmediato. No sólo porque ganamos más dinero, sino porque pasaríamos a estar en los escalones más altos del tributo. Por ejemplo, tomemos un impuesto sobre la renta con dos tramos. Se paga el 20% hasta 25.000 euros y el 40% de esa cantidad a los 50.000. Alguien que gana esos 25.000 euros apoquina 5.000 euros; si le doblan el salario, la factura fiscal pasa a ser de 15.000 euros (el triple).

Pues bien, algo parecido podría pasar en España si buena parte de los seis millones de parados encontrasen un empleo o si subiesen los sueldos por incrementos en la productividad. Es un camino más complicado que simplemente subir los tributos; lleva más tiempo y probablemente exija reformas de más calado que las aprobadas hasta ahora.

El daño medular de nuestras instituciones de justicia

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Se estima que, cada año, entre uno y dos millones de niños en los países pobres mueren por falta de vitamina A. Muchos otros se quedan ciegos. Y es que, aunque el hambre en el mundo ha ido reduciéndose poco a poco, es aún más difícil que todos puedan acceder a una alimentación variada que incluya todos los micronutrientes esenciales para sobrevivir y no padecer ciertas enfermedades.

A finales de los años 90, dos científicos europeos, Ingo Potrykus y Peter Beyer, desarrollaron una variedad de arroz –un alimento en el que se basa la dieta en muchos países pobres– que incluía entre sus nutrientes la provitamina A o betacaroteno, un compuesto químico que nuestro cuerpo transforma en vitamina A, gracias al uso de genes provenientes de bacterias y otras plantas, como el maíz o los narcisos. Lo llamaron arroz dorado por su color, por otra parte muy apropiado para hacer una paella. Aunque originalmente su creación contenía un porcentaje demasiado pequeño de provitamina, con el paso de los años se ha mejorado hasta conseguir que 144 gramos de este arroz basten para ingerir la dosis diaria necesaria en una dieta sana.

Desde el primer momento, los grupos ecologistas se han opuesto a él, pese a los millones de vidas que podría salvar. El 8 de agosto de este año, un grupo de unos 50 activistas –inicialmente publicitados como "400 granjeros" para darle legitimidad a la acción– asaltaron una plantación experimental de arroz dorado en Filipinas y destruyeron los cultivos. La violencia contra los cultivos experimentales es una vieja costumbre ecologista que no es exclusiva del arroz dorado, que también han destruido, por ejemplo, pruebas de unas uvas resistentes a un virus que puede arrasar viñedos enteros en un par de años o un trigo con menor índice glucémico y más fibra para mejorar la salud de los consumidores de pan. Eso sí, luego una de las críticas más frecuentes que realizan contra los transgénicos es que no han sido suficientemente probados.

Las multinacionales son malas

Aunque la ciencia ha dado cumplida respuesta a las objeciones de apariencia científica de los ecologistas a los organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como transgénicos, desde Greenpeace y otras asociaciones también advierten de otros problemas de raíz más económica. Según ellos, su comercialización dejaría la agricultura en manos de multinacionales como Monsanto y dejaría a los granjeros a sus expensas, arruinándoles a base de obligarles a comprar sus productos.

Al margen de la extrema debilidad de estos argumentos en general, en este caso ni siquiera son planteables. Porque el arroz dorado no pertenece a ninguna empresa sino al Instituto Internacional de Investigación del Arroz, una organización sin ánimo de lucro. De modo que el argumento se transmuta. Vandana Shiva, una ecologista india receptora de numerosos premios por todo el mundo, ha asegurado que el arroz dorado es un "caballo de Troya" diseñado para mejorar la imagen de los cultivos transgénicos y facilitar así que las multinacionales "se hagan con la producción de arroz".

En definitiva, el problema de los ecologistas con el arroz dorado es propagandístico. Tendrían mucho más difícil la condena universal a los transgénicos si se llegase a un cierto consenso de que un cultivo concreto es bueno y salva vidas. En tal caso, la discusión pasaría de desarrollarse en el campo del miedo al transgénico en general por serlo a un debate más razonado sobre las ventajas e inconvenientes de cada transgénico en particular. Un debate científico en el que el ecologismo tendría todas las de perder.

Reacción anti-ecologista

Por una vez el vandalismo ecologista podría haber resultado contraproducente, ya que ha provocado numerosas reacciones en contra de la obsesión por acabar con este cultivo transgénico. El secretario de Estado de Agricultura y Medio Ambiente del Reino Unido, Owen Paterson, ha calificado de "cruel" la oposición al arroz dorado y ha criticado que "se permita niños pequeños se vuelvan ciegos o mueran por los problemas que un pequeño grupo de gente pueda tener con esta tecnología".

Patrick Moore, cofundador de Greenpeace y en la actualidad uno de sus críticos más feroces, ha denunciado que la resistencia al arroz dorado ha podido causar unos 8 millones de muertes desde que apareció esta solución. Muertes evitables. Pese a que los ecologistas propugnan "verdaderas soluciones" como "promover la creación de huertos familiares y el desarrollo de una agricultura sostenible que garantice la seguridad y diversidad alimentaria", Moore les acusa de desoír a los "científicos y humanitarios que trabajan en el campo de las deficiencias nutricionales" y que están a favor del arroz dorado.

Muchos de ellos han decidido que ya es suficiente y han dado un paso adelante firmando un manifiesto de condena a la destrucción de los cultivos experimentales. "Es hora de que los científicos nos levantemos y gritemos: ‘No más mentiras. No más propaganda del miedo’. Estamos hablando de salvar millones de vidas", afirma una de sus promotoras, la profesora Nina V. Fedoroff.

Además, los cultivos modificados con fines humanitarios, incluyendo el arroz dorado, tienen ahora el respaldo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que está promoviendo nuevos experimentos y luchando para que los gobiernos permitan su uso en los países pobres, especialmente en África.