Ir al contenido principal

Referéndum. El derecho a decidir de todos los españoles

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Hemos analizado en artículos anteriores la involución institucional y la desigualdad ante la ley que han forjado una jaula de hierro en torno a los ciudadanos que se sienten impotentes ante la imposición de políticas intervencionistas por 17 oligarquías autonómicas o, si se prefiere, por 17 élites extractivas regionales en su intento de acaparar el máximo poder político y económico empleando los estatutos y leyes autonómicas, los impuestos y el endeudamiento de las generaciones futuras para "guiar" la sociedad a favor de utopías que esconden los intereses de la casta política regional.

El nacional-separatismo ha utilizado tácticas totalitarias para el control de la sociedad civil por medio del adoctrinamiento en las escuelas, la universidad y los medios de comunicación. Las oligarquías de élites extractivas autonómicas han jugado con los sentimientos tribales de la población (familia, pueblo, lengua, cultura y territorio) y con el miedo psicológico a la libertad (I) y (II), "guiando" hacia la fractura social de cada región; separando en vez de uniendo entorno a un futuro común, discriminando y estigmatizando a los ciudadanos, divididos en primera, segunda y tercera categorías en función de su grado de adhesión a los intereses políticos y económicos de la élite extractiva autonómica ([1][2][3][4][5][6]).

Pues bien, ante el actual desafío secesionista, que va consumiendo etapas para intentar desmembrar la convivencia pacífica entre las regiones que conforman España, hay que recordar varios hechos jurídicos irrefutables:

  • La Ley básica en España es la Constitución, que fue ratificada por la inmensa mayoría de españoles el 6 de diciembre de 1978 y que sirve como contrato que debe regular la convivencia pacífica entre todos los españoles.
  • El Artículo 1.2 CE legisla claramente que: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
  • El Artículo 2 CE determina: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
  • El Artículo 14 CE legisla que: "Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Dicho lo cual, conviene constatar los graves problemas de convivencia y de crecimiento del tamaño del Estado que ha generado la errónea redacción del Título VIII que permitía la instauración de la organización territorial en Autonomías caracterizada por la corrupción generalizada ([1][2][3][4][5][6]) con hasta 1661 casos por toda la geografía española, la irresponsabilidad presupuestaria ([7], [8], [9]), la irresponsabilidad tributaria ([10], [11]), y los excesos normativos ([12], [13]) desde 17 parlamentos autonómicos que desvertebran el poder legislativo y son responsables en gran medida de las más de 100.000 leyes, decretos y normas que se publican cada año en España.

Si hay que construir, ordenar y poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales, sólo hay una opción moral posible que es afrontar el desafío separatista y dar la palabra y el voto a todos los ciudadanos españoles para que decidan en un referéndum cómo solventar el problema de organización territorial de España. 

Es decir, la fractura social a la que han conducido el nacional-separatismo de las Autonomías, y la inacción de los gobiernos centrales, sólo puede superarse políticamente por la decisión mayoritaria de todos los españoles. No se requiere un referéndum para jugar al juego de los intereses de la oligarquía independentista y confirmar que Cataluña es una parte fundamental de España; algo que es obvio a lo largo de la historia y que, en aplicación del artículo 1.2, sólo podría decidirse entre todos los españoles que sufragamos con nuestros trabajos, compras e impuestos el presupuesto público de la Generalitat pero que, aplicando el artículo 2 de la Constitución, es legalmente imposible.

Evidentemente, sí se requiere un referéndum sobre las políticas fundamentales para garantizar el crecimiento económico, la cohesión territorial y la convivencia pacífica, de modo que todos los españoles decidan: A) cómo limitar y fijar las competencias autonómicas, B) cómo garantizar una financiación equilibrada y responsable y, también, C) cómo exigir el cumplimiento de la Ley por las autoridades y funcionarios autonómicos.

Aplicando el artículo 92 CE, un referéndum que convocase a las urnas a todos los españoles con derecho a voto, podría ser capaz de restablecer la convivencia pacífica e impulsar la normalidad democrática que intentan romper los secesionistas. Es decir, muchos ciudadanos entendemos que sólo un referéndum puede mejorar la legalidad vigente, frenar el nacional-separatismo y hacer prevalecer las reglas de la Ley vigente con el poder de la mayoría del censo electoral de España. Por ejemplo, por medio de las siguientes siete preguntas:

  1. ¿Quiere Ud. que se fijen las competencias de las Comunidades Autónomas en el artículo 148 y que se suprima el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución que permite la transferencia o delegación de competencias? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la educación vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución, siempre que se garantice el aprendizaje en el idioma vehicular que prefieran los alumnos, tanto en español como en euskera, gallego, catalán o valenciano? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que la sanidad vuelva a ser una competencia exclusiva del estado central en el artículo 149 de la Constitución de modo que se ahorren costes y se garanticen prestaciones de calidad en todo el territorio nacional? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que el artículo 148 explicite en un nuevo apartado que cada Comunidad Autonómica cuente con un Gobierno Autonómico y se supriman los Parlamentos Autonómicos para reducir gastos, disminuir el exceso de legislación, y evitar duplicidades y barreras comerciales en España? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que cada Comunidad Autonómica cuente con sus propios ingresos tributarios con un sistema fiscal equilibrado, aplicable en todas las regiones de España y que permita sufragar los gastos de la administración y el gobierno autonómicos? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se apliquen cupos fiscales en el País Vasco y en Navarra? (Sí/No)
  1. ¿Quiere Ud. que se aplique el artículo 155 de la Constitución para que puedan ser destituidas y, en su caso, procesadas penalmente aquellas autoridades y/o aquellos funcionarios de una Comunidad Autónoma que no cumplan las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan? (Sí/No)

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, no puede mantenerse impasible y tolerar el incumplimiento de la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales por parte de las Comunidades Autonómicas. Y una democracia parlamentaria no debe permitir un desafío secesionista que intenta imponerse a la mayoría de los ciudadanos por unas oligarquías regionales, ávidas de más poder, más corrupción y más control sobre la población.

Por un lado, el Gobierno no ha recibido el mandato del pueblo para doblegar la soberanía nacional ante los deseos del secesionismo, por más que insista la propaganda de los partidos nacional-separatistas de Cataluña o del País Vasco. Si el Gobierno accediese a las pretensiones secesionistas, se estaría infringiendo la legalidad vigente, dado que no está contemplado en la Constitución, que es la Ley básica que establece el marco jurídico e institucional válido en España.

Por otro lado, un Gobierno de España no debería tolerar por más tiempo que exista desamparo de los ciudadanos en municipios y regiones, donde son discriminados por no someterse a los deseos de la oligarquía de élites extractivas nacional-separatistas.

Contestando a las siete preguntas anteriores, por medio de la soberanía nacional de la mayoría de todos los españoles, se dotaría de certidumbre al ordenamiento jurídico y se renovaría la validez de la Constitución Española de 1978 para las próximas generaciones. Un Gobierno con mayoría absoluta sería capaz de sacar adelante los cambios normativos, aplicando el artículo 167 de la Constitución.

En definitiva, son todos y cada uno de los ciudadanos de España los que deben decidir sobre el futuro de la nación más antigua de Europa y las oligarquías no deben imponer políticas de hechos consumados con sus negociaciones entre bambalinas, su corrupción, su hipocresía, su inmoralidad y el miedo acérrimo que sienten a que sean los propios ciudadanos los que decidan; porque es en ellos donde reside la soberanía nacional, según el artículo 1.2 de la Constitución.

LEER MÁS

Cataluña debe a Murcia 16.126 millones de euros

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La Generalidad de Cataluña ha cuantificado lo que España le lleva robado a Cataluña, que según sus cálculos asciende a casi diez mil millones de euros. El dato está referido a día de hoy, así que a poco que se retrase la declaración de independencia habrá que actualizar los números en la parte proporcional correspondiente. Urge por tanto solventar con premura este asunto, no sea que al final nos llevemos un susto cuando veamos la cuenta definitiva.

Esto de hacer balanzas fiscales como si fueran los territorios los que pagan impuestos en lugar de los ciudadanos es una melonada tramposa para justificar la depredación del bolsillo ajeno, pero puesto que esa es la perspectiva adoptada por los nacionalistas para amenazar con separarse de España (aterrorizados estamos), voy a hacer mi modesta contribución a esta peculiar contabilidad para obtener el saldo definitivo interregional, al menos en lo que respecta a la región de Murcia.

La principal decisión política con efectos económicos impulsada por la clase política catalana sin excepción fue, como es bien sabido, la derogación del trasvase del Ebro, una petición que Zapatero aceptó de mil amores firmando el decreto correspondiente en su primer día de mandato, allá por 2004. Esta decisión que a los políticos catalanes llenó de felicidad impidió la creación de 550.000 puestos de trabajo, según estudios académicos interdisciplinares, principalmente en Alicante, Murcia y Almería, que iban a ser las tres provincias más beneficiadas. Apliquemos una reducción del 30% en virtud de las cifras de paro actuales, aunque en la agricultura es bastante menor, pero hoy estoy generoso. Esto nos da 385.000 puestos de trabajo, que a trece mil euros de salario anual, multiplicado por los nueve años transcurridos desde la supresión del trasvase, da un total de 45.045 millones de euros que esas tres provincias han dejado de ingresar gracias a la política discriminadora de Cataluña hacia el resto de España.

Descontemos de esa cantidad los 9.375,7 millones que los nacionalistas catalanes dicen que les ha robado el resto de España y que, en un arrebato de generosidad tan propio de tierras levantinas, asumimos en exclusiva. Resulta entonces que Cataluña debe a esas tres provincias 45.044.990.624 euros con treinta céntimos. A partir de aquí sólo hay que hacer un reparto proporcional entre el número actual de alicantinos, murcianos y almerienses, con el resultado final de que, siguiendo el régimen contable ideado por los nacionalistas, Cataluña debe a Murcia los 16.126 millones de euros reflejados en el título de esta columna.

Cada murciano toca por tanto a 10.969 euros con cincuenta céntimos. Como en casa somos cuatro, la Generalidad me debe 43.878 euros. En cuanto el señor Mas me los abone (acepto transferencias desde el extranjero), puede declarar la independencia, que yo votaré a favor.

Nobel de Economía 2013: gana mi candidato

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Este año, los premiados con el Nobel de Economía han sido tres economistas, dos de ellos de Chicago (E. Fama y L.P. Hansen) y uno de Yale (R. Shiller), por sus estudios acerca de la determinación del precio de las acciones. Cada año, cuatro obsesos y muchos adictos a las apuestas, ponen su empeño unos y su dinero y olfato otros en tratar de adivinar quién se llevará el premio esta vez. Hay listas, quinielas, pistas… pero es muy difícil. Durante algún tiempo yo fui una de las del primer grupo. Mi candidato desde hace años ha sido Eugene Fama. Por fin, he acertado.

La empresa a estudio

Pero la razón por la que apostaba por Eugene Fama no era la misma por la que le han dado el Nobel. Este año, el Banco de Suecia ha premiado el esfuerzo por determinar el precio de las acciones a largo plazo, por la importancia que ello tiene en la planificación de las decisiones de inversión. Si bien es cierto que a corto plazo el precio es casi imposible de determinar, no sucede lo mismo a largo plazo, ámbito en el que se puede, al parecer, establecer ciertas pautas y tendencias. Pautas y tendencias, es decir, siempre en términos probabilísticos. Lo digo por los talibanes del determinismo y la predicción económica.

Yo leí a Eugene Fama en el doctorado, de la mano del profesor Manuel Santos Redondo, quien acababa de leer su tesis sobre la empresa y el empresario en la Historia del Pensamiento Económico. En concreto, estudié el extracto recopilado en el fantástico libro La naturaleza económica de la empresa de Louis Putterman. Se trata de una parte de su artículo Agency problems and the theory of firm, publicado originalmente en el Journal of Political Economy, allá por el año 1980. Y a pesar del tiempo que ha pasado, no creo que sus razonamientos hayan quedado obsoletos.

En él, Fama se planteaba el problema del riesgo moral que plantea la separación entre la propiedad y la gestión en la empresa. Si el gestor es propietario y, además, único accionista, y abusa de los recursos de la empresa otorgándose privilegios a sí mismo, se verá forzado a realizar ajustes ex post para compensar las distorsiones creadas por él. Pero si no lo es, le resultará más fácil aprovecharse, ya que los controles correrán a cargo de terceros. Por ello, es necesario identificar esas desviaciones ex post y establecer incentivos y controles ex ante, por ejemplo, en la determinación del salario, para evitar el riesgo moral.

El análisis de Fama sugiere los mercados laborales (en particular, el de gerentes) como mecanismo regulador del comportamiento fraudulento derivado de la separación entre propiedad y gestión. Y, a continuación, Fama propone un modelo formalizado en el que estudia la evolución estocástica del producto marginal del gerente, es decir, formaliza sus propuestas en un modelito estadístico sencillo y elegante en el que estudia el rendimiento del gestor en diversos escenarios.

El riesgo moral en la política

Más adelante le perdí la pista, sencillamente porque me dediqué a otra cosa. Pero la idea de que hay que prevenir de algún modo el riesgo moral de quien no se juega su dinero ha vuelto a mi horizonte a medida que me interesaba por el análisis político.

En el momento presente, con los ERE, Bárcenas y demás colgajos de corrupción, me pregunto, probablemente con toda ingenuidad, con qué mecanismo cuenta nuestro sistema político para evitar ese uso indebido de los recursos, o el bajo rendimiento fraudulento de nuestros gestores políticos. Porque no se trata solamente de que roben sin más y la justicia sea lenta, o que mire por el rabillo del ojo por encima de la venda para trucar la balanza. Se trata de que, igual que se le exige al gestor en la empresa, quienes manejan nuestra política hagan buen uso de los recursos propios que ponen a disposición de la nación, región o ciudad, ya que ese es el sentido de su puesto.

Obviamente, al imaginar la existencia de mercados de gestores políticos, me doy cuenta de que no hay un nutrido número de profesionales formados, dispuestos a batirse en la arena de la competencia como sí hacen quienes tratan de dirigir una empresa. Me refiero a una empresa media, de las de base, de esas miles de pymes que levantan nuestro país. No afecta a esos directivos, muchas veces políticos en retirada nombrados a dedo, de las grandes empresas del IBEX, las privilegiadas por provenir de antiguos monopolios o por estar al calor del poder.

La mitificación de la carrera política como aquella a la que uno se suma desde la más tierna juventud, en la que asciende a golpe de servicio al partido y cuyo fruto es un puesto en la Administración, el más alto a ser posible, para representar los intereses del partido al que le debes todo, fomenta que se haya institucionalizado el mal de males de nuestra nación. Nuestros supuestos representantes no nos representan, representan a sus partidos. Y así seguimos.

Estatolatría presupuestaria

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Lejos de resultar tranquilizador, el desglose por partidas de los Presupuestos Generales del Estado que Montoro dio a conocer el pasado viernes solo ha servido para agravar la preocupación por la insostenibilidad de nuestras cuentas públicas.

Primero, el Gobierno estima que en 2014 alcanzaremos un nivel de deuda pública equivalente al 99,8% del PIB. Tal era la cifra que el Ejecutivo confiaba rozar en 2016: por tanto, la acumulación de deuda pública, lejos de frenarse con ese potaje broteverdista de (falsa) austeridad y (exigua) recuperación, continúa acelerándose. Pero descuiden, que si las previsiones de Montoro son tan atinadas como las de hogaño, en el próximo ejercicio desbordaremos con amplitud el 100% (ese nivel que Rajoy se comprometió a no superar jamás). No en vano debíamos cerrar 2013 con una deuda del 91,4%, y lo haremos, según los nuevos cálculos hacendísticos, con el 94,2%. Como ya predijimos algunos, el déficit y la deuda se mantienen fuera de control.

Y aquí nos topamos con el segundo y preocupante dato clave: pese a que el pronóstico de crecimiento del PIB para 2014 es del 0,7%, el gasto de la administración central y de la Seguridad Social se expandirán un 2,7%; es decir, cuatro veces más rápido. Lejos de ajustarse a la razonable política de incrementar el gasto por debajo del aumento del PIB (no les generemos urticaria pidiéndoles recortar los desembolsos públicos), lo multiplican a calzón quitado. No es austeridad, sino estatolatría, la nota dominante de estos Presupuestos.

Acaso caigamos en la trampa de pensar que el incremento del gasto se produce como consecuencia del pago de mayores intereses. Pero no: el coste financiero de la deuda se reduce un 5,2%. O dicho de otra manera, si excluimos los intereses del gasto público total, éste aumenta un 3,5%. Este año la cantinela estatista de que gastamos más por los pérfidos gnomos de Zúrich no sirve: gastamos más porque padecemos un Ejecutivo socialdemócrata muy parecido al de Zapatero.

De hecho, el gasto público se incrementa en casi todas las partidas: políticas activas de empleo (+6%), desempleo (+10%), vivienda (+4,4%), educación (+10%), agricultura (+0,7%), industria y energía (+26%), comercio (+5%), subvenciones al transporte (+36%) e I+D (3,4%). Las pocas rúbricas que sufren recortes (justicia, defensa, seguridad, sanidad, cultura o infraestructuras) lo hacen de un modo más bien testimonial.

Pero el aumento del gasto más preocupante de todos no es ninguno de los anteriores, sino el de las pensiones. Pese a que el Ejecutivo las ha congelado de facto (revalorización del 0,25%), los desembolsos totales en pensiones crecen un 5%, o sea, en unos 6.000 millones de euros (aproximadamente, el monto de déficit que el Gobierno debe reducir en 2014 con respecto a 2013). Las pensiones ya consumen el 12,5% del PIB y casi el 30% de todo el gasto público del Estado.

En suma: la irresponsable y chapucera reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno el pasado viernes no sirve de nada. Aun cuando se congelen por muchos años las pensiones (como desde luego programa hacer el PP), la inercia del sistema es tal que amenaza con quebrar el sistema: a este ritmo, el fondo de reserva no durará ni cuatro años más. Resulta del todo indispensable restablecer la versión original del informe de los expertos, donde se contemplaba la posibilidad de recortar nominalmente las pensiones en caso de un desequilibrio persistente de las cuentas de la Seguridad Social como el que desde luego padecemos ahora mismo.

Así pues, si los presupuestos de 2012 fueron los de los sablazos fiscales y los ajustes chapuceros y los de 2013 fueron los de la irresponsabilidad, los de 2014 podemos calificarlos como los del broteverdismo manirroto. Reabiertos los mercados de capitales merced a Draghi, retomamos las viejas costumbres de dilapidar el dinero de los contribuyentes en lugar de devolvérselo.

Claro que tampoco deberíamos esperar mucho más. Este Gobierno no da más de sí: llegó al poder clamando austeridad del sector público y se marchará como el Gabinete que más ha incrementado los impuestos y la deuda pública en toda nuestra historia. Plas, plas.

Méndez y Toxo, mártires de la lucha obrera

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En el escándalo de los ERE de Andalucía, los dirigentes de los dos principales sindicatos destepaís ha pasado del estupor inicial al victimismo, tras conocerse las últimas detenciones practicadas por la encargada de la instrucción judicial. Fernández Toxo, compañero-secretario de CCOO, ha denunciado la existencia de una campaña mediático-judicial para desacreditar la labor de su sindicato en defensa del obrero, como si no se bastaran sus cuadros dirigentes ellos solitos para acabar con la escasa legitimidad del sindicalismo de clase (alta) a estas alturas de la crisis.

Es cierto que, según lo que se conoce por ahora, Comisiones Obreras parece haber robado en Andalucía bastante menos que la UGT, cuyos vínculos fraternales con La Pesoe ha permitido a sus cabecillas mangonear en el saqueo de los ERE con mayor desparpajo. Sin embargo, la existencia de un abundantísimo fondo de reptiles sin control administrativo era una tentación demasiado grande para los otros representantes de la clase obrera, siempre dispuestos a ejercer su labor en nombre de los trabajadores y trabajadoras a cambio de un trinque que, en ocasiones, ha sido también más que abultado.

La UGT ha pasado de negar la evidencia a no descartar más detenciones "visto lo visto", mientras que CCOO, por boca de su máximo rector, denuncia la existencia de una conjura en su contra, encabezada por una jueza proterva y aplaudida por sus medios afines, que cada día celebran sus desvaríos con todo lujo tipográfico. Toxo, de hecho, se ha escandalizado por que los periódicos estén "llenos no sólo de relatos sino también de opiniones" (¡opiniones, señores!), anomalía democrática que para el sindicato nos retrotrae al franquismo y su brigada de lo social, a las órdenes de los tribunales de orden público.

Los liberados sindicales ya le han montado a la jueza Alaya una manifestación a las puertas del juzgado llamándola "pepera" a modo de insulto, y lo siguiente será un homenaje multitudinario de desagravio a los compañeros Méndez y Toxo. Espectáculos ambos que los sindicalistas profesionales nos podrían haber ahorrado simplemente con que hubieran respetado el séptimo mandamiento. Los tíos son tan laicistas por la gracia de Marx que cualquiera se atreve a mentarles el Decálogo.

La funesta manía de pensar

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa. 2 comentarios en La funesta manía de pensar

Si mañana un cataclismo, o un virus racista, destruyera todas las universidades de América Latina y España, la cultura planetaria apenas sufriría un imperceptible arañazo, especialmente en el terreno de la ciencia y la técnica, pero también en el de las humanidades y los estudios sociales.

El asunto es muy triste. Las universidades latinoamericanas e iberoamericanas no están entre las 150 mejores del planeta. Aunque son varios millares, son muy escasas las que figuran entre las 500 mejores del mundo. Las menos malas son algunas brasileras, chilenas, colombianas, argentinas, mexicanas y españolas. Las caribeñas y centroamericanas apenas comparecen en la lista, con la excepción de la costarricense en alguna facultad privilegiada.

¿Cómo lo sabemos? Porque anualmente se compilan varios índices de calidad universitaria en distintas latitudes y todos concuerdan en las conclusiones. Los más conocidos son los que confecciona el diario The Times de Londres, la Universidad Jiao Tong de Shanghái, la revista U.S. News and World Report de Estados Unidos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

Para medir la excelencia de las instituciones tienen en cuenta las publicaciones en revistas acreditadas, la presencia en internet, las veces que los artículos, libros o autores son citados, el número de profesores con premios Nobel o medallas Fields (matemáticas), el desempeño de los graduados y las opiniones de expertos. No se trata de ensalzar a algunos países y denigrar a otros. Intentan establecer cierta jerarquía. Sólo eso.

Es una pena, porque la primera universidad que se fundó en el Nuevo Mundo fue la de Santo Domingo en 1538, prácticamente un siglo antes de Harvard. Poco después se crearon las de México y Lima, en 1551. La de La Habana tiene casi 300 años y antecede en 20 a la de Princeton. Esa tradición ha servido de muy poco. Tal vez, incluso, ha sido una rémora.

Cuando comenzaron nuestras universidades en Hispanoamérica, todas legitimadas por la Corona española y operadas por frailes, el método de enseñanza y la filosofía que lo animaba se basaban en la escolástica. Todas las verdades ya habían sido descubiertas por las autoridades religiosas. La labor del docente y del alumno (literalmente, "el nutrido") era llegar a ese conocimiento mediante ejercicios memorísticos o juegos retóricos.

La universidad era para repetir, no para innovar. Recuérdese que uno de los delitos perseguidos por la Inquisición era la innovación. Todavía a menudo se cita la increíble frase del rector de la Universidad de Cervera, en Cataluña, al rey Fernando VII:

Lejos de nosotros, majestad, la funesta manía de pensar.

Naturalmente, se trata de un problema cultural. En nuestro mundillo iberoamericano no abunda, como en otras latitudes, la voluntad de cambiar, de innovar, de progresar, de encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Vivimos en una cultura reiterativa, no transformativa.

Para nosotros una persona culta no es la que es capaz de modificar nuestro presente, sino la que retiene una asombrosa cantidad de información sobre el pasado. Vivimos dándole vueltas a lo que ocurrió hace mucho tiempo, lo que, por cierto, no nos ha salvado de cometer los mismos o parecidos errores una y otra vez, desmintiendo la inútil advertencia de Jorge Santayana ("Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo"). Los latinoamericanos lo recordamos y lo repetimos.

No quiero decir, por supuesto, que las universidades latinoamericanas son inservibles. Eso sería una estupidez. Muchas de ellas son excelentes graduando personas competentes. De algunas egresan magníficos médicos, abogados, dentistas, periodistas, economistas, ingenieros, expertos en cuestiones empresariales, y así hasta el medio centenar de profesionales valiosos, absolutamente indispensables para el buen funcionamiento de las sociedades.

Ese no es el problema. La nefasta consecuencia del fenómeno de las culturas reiterativas es que viven parasitariamente a remolque de centros creativos radicados fuera de su perímetro. En gran medida, la extensión de nuestra vida y cómo la vamos a vivir, se dicta en esos sitios intelectualmente densos y generadores de ideas. De una forma perversa, sin darnos cuenta, continuamos calificando de "funesta manía" la actividad de pensar con nuestra propia cabeza. Y así nos va.

elblogdemontaner.com

Populismo en estado puro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El movimiento 15-M, ese amorfo crisol de idealistas, indignados y perroflautas que ocupó la Puerta del Sol de Madrid en señal de protesta contra la crisis, los recortes públicos y los presuntos culpables de todas las desgracias que sufre España, los malvados mercados, ya cuenta con su particular organización política. La formación en cuestión se llama Partido X y fue presentada oficialmente el pasado martes. Se trata del ingrediente final que le faltaba a la paupérrima clase dirigente de este país para que, en caso de que triunfe en las urnas, España se sume al vergonzoso listado de países desarrollados con un alto riesgo de caer de lleno en el populismo. Sucedió en Grecia, con el espectacular ascenso de Syriza, una coalición de extrema izquierda, y, en menor medida, los nazis de Amanecer Dorado, hoy ilegalizados, y posteriormente en Italia, tras la inesperada irrupción del Movimiento 5 Estrellas, liderado por el cómico Beppe Grillo, con un discurso frontal contra los partidos tradicionales, la especulación financiera y la austeridad presupuestaria impuesta por Bruselas y, muy especialmente, por Angela Merkel.

El recién nacido Partido X instaura este mismo fenómeno populista en España. Para empezar, su eje programático es "democracia y punto", un efectivo eslogan publicitario con el que se pretende implantar la denominada democracia participativa o directa, que, en esencia, no es otra cosa que la dictadura de la muchedumbre, es decir, populismo en estado puro. Dicha idea consiste, básicamente, en aplicar el sistema asambleario propio de sus quedadas callejeras, sólo que en el plano institucional, en el Congreso, mediante el uso sistemático del voto electrónico para que sean los propios electores y no sus representantes (políticos) quienes aprueben, deroguen o elaboren las leyes. "La élite política, tal y como era conocida en el antiguo régimen, desaparece, siendo sustituida por unos empleados públicos electos que recopilan y ejecutan de la forma más eficaz posible las soluciones creadas por el saber experto de la sociedad ", esto es, todas las personas con derecho a voto, según afirma su programa.

Aunque, a primera vista, pueda sonar bien para el común de los mortales, en la práctica se trata de otra forma de dictadura, donde la mayoría podría imponer su arbitraria voluntad al resto, sin importar el atropello de derechos y libertades fundamentales básicas. Los Padres Fundadores de EEUU advirtieron profusamente sobre este tipo de riesgos. No en vano, históricamente sólo ha habido dos formas de entender el fundamental concepto de libertad: 1) independencia del individuo con respecto al poder político en un determinado círculo de actividades; 2) participación activa del individuo en el Gobierno mediante elecciones o en la elaboración de las leyes. Mientras el liberalismo se centra en la primera cuestión, cómo se gobierna, la democracia se preocupa tan sólo por quién gobierna. Son, por tanto, dos perspectivas diferentes, con resultados, igualmente, distintos. Así, la democracia directa podría amparar, perfectamente, aberraciones de todo tipo por el mero hecho de contar con el respaldo de la mayoría de la población. En este sentido, el sistema que propugna el Partido X no deja de ser una especie de populismo institucional mediante la universalización del voto electrónico, implantando así un "Wikigobierno" y una "Wikilegislación", según sus propios términos.

Y como no hay mejor lección que pregonar con el ejemplo, sus miembros y simpatizantes han elaborado un "Plan de emergencia para salir de la crisis" mediante la participación directa de la ciudadanía, en el que, entre otras muchas y contradictorias propuestas, abogan por la nacionalización indefinida de las cajas rescatadas, por subir los impuestos a las rentas altas o "auditar" la deuda pública con el fin de que el Estado suspenda pagos, además de por mantener un gasto y un déficit público elevados. Medidas, por tanto, similares a las que en su día reclamaba el 15-M o Democracia Real Ya en las calles y que, de igual modo, está intentando impulsar Izquierda Unida desde dentro del actual sistema político. La irrupción del nuevo partido de los indignados, sumado al espectacular auge electoral que está experimentando IU y la creciente radicalización del PSOE –con Susana Díaz a la cabeza en Andalucía–, ofrece un caldo de cultivo idóneo para que el siempre peligroso populismo arraigue con fuerza en España. Por desgracia, la timorata posición ideológica que mantiene la actual cúpula del PP, donde reina la socialdemocracia, no ayuda en nada a su contención, más bien al contrario. Tan sólo cabe confiar en el buen criterio de los españoles para que este tipo de movimientos, marcadamente anticapitalistas y liberticidas, no alcance el poder político en los próximos años. El populismo made in Spain ya está aquí, de nosotros dependerá que triunfe o no.

Libertad y ultramodernidad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Hay un fenómeno que es nuevo, y que supone un cambio de gran calado en el ser y en la concepción de la persona. Y que, además, no parece que vaya a tener vuelta atrás. Es un cambio que separa dos épocas, una antes y otra después del mismo. Lo he llamado ultramodernidad porque tiene todos los elementos de la modernidad. Es como si la modernidad hubiera sido lanzada desde el individuo al mundo exterior, y ésta hubiese vuelto, como un boomerang. Y porque sus efectos van más allá del período histórico de la modernidad. Bien podría desaparecer ésta, que este fenómeno continuará.

Se trata del hecho de que nuestras acciones dejan una huella indeleble, lejana y recuperable. Es evidente que ese fenómeno ha ocurrido siempre. Seguimos venerando las piedras de Stonhedge, leyendo El Quijote o escuchando a Bach. En un sentido más actual, el telégrafo en 1835, el teléfono en 1876 y a finales del XIX la radio habían permitido que las personas se comunicaran a distancia. La televisión ha logrado transmitir imágenes (1927). Pero no forman parte estrictamente ese fenómeno del que hablo. Más recientemente, internet ha permitido multiplicar las huellas de nuestro comportamiento, huellas que son transmisibles y registrables por medio, por ejemplo, del correo electrónico y de las redes sociales. Hay más, porque el teléfono ahora nos acompaña físicamente, y con él llevamos una enorme cantidad de información personal. Con un elemento añadido, y es que el dispositivo indica cuál es nuestra situación geográfica.

El hecho de que podamos mantener contacto con personas con las que no hemos tenido contacto físico ni, en algunos casos, podamos tenerlo, amplía nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas. Pero también se da la contrapartida a ello, que es que otras personas pueden acceder a nuestra información, a nuestras huellas. Esos datos los creamos y registramos nosotros en plataformas que nos ofrecen empresas privadas. Es un acto libre, que hacemos por propia conveniencia. Esas empresas atesoran y analizan esa información, que vuelve a nosotros generalmente en forma de ofertas comerciales. Esas ofertas se adaptan a nosotros, a nuestra edad y sexo, intereses y costumbres, más que la publicidad masiva de los medios de comunicación. Es un proceso en el que nosotros compartimos nuestra información con empresas que, a cambio, nos ofrecen productos que son cercanos a lo que deseamos. Es todo una relación aceptada por ambas partes, voluntaria, y legítima. No hay ningún ataque a nuestra intimidad que no hayamos aceptado antes. Es más, estrictamente hablando no existe derecho a la intimidad, aunque esa es otra cuestión.

Otra cuestión es cuando entra el Estado en esta compleja relación entre empresas y clientes. No ocurre nada que no hubiésemos podido imaginar con pararnos a pensar cinco minutos sobre el asunto, pero por suerte ya ni nos hace falta. Gracias a las revelaciones de Edward Snowden a los medios de comunicación, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con varias de las principales empresas de internet para abrirle sus servidores, de modo que puede espiar de forma masiva a los ciudadanos, con un nivel de detalle que es el mismo que éstos voluntariamente han cedido a las empresas.

Era un acuerdo secreto, vergonzoso, porque suponía una cesión ilegítima de los datos facilitados por los clientes. Los mecanismos que tiene el Estado para arrastrar a las empresas a esta cesión son conocidos, y no me detendré en ellos, aunque hay compañías, como Twitter y LinkedIn, que no han entrado en ese enjuague. En la medida en la que el Estado haya recurrido a la coacción (y los impuestos son coacción), estamos hablando de un robo masivo por parte del Estado. Lo que han cometido las empresas es fraude.

Este es sólo un episodio histórico. Pero nos encaminamos cada vez más a este hombre ultramoderno, que deja huellas de su comportamiento, con coordenadas de tiempo y lugar. Y el Estado, implacable, no renuncia a conocer en todo momento lo que hacemos. Es sólo un medio para imponer su poder. No tiene buen arreglo. Hay un punto, una vez se desvela el robo masivo de nuestros datos por el Estado, en el que tenemos que elegir entre seguir facilitándolos, o dar el salto a otras plataformas alternativas, aunque no masivas. En la medida en que esas alternativas tengan éxito, la mano del Estado volverá a aparecer para coger lo que no es suyo. No podemos recoger los frutos de la ultramodernidad sin encontrarnos al gusano del Estado dentro. A no ser que se combinen la tecnología y la fibra moral de la sociedad para crear un espacio propio, exclusivo, que le cierre la puerta al gran ladrón.

No esperen que vuelva el crédito: financiación privada

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

While the testing has disappointed, the extra transparency is to be welcomed – Gerald Fitzpatrick

Esta semana tuve el honor de presidir un panel en el foro Spain Startup & Investor Summit. En dicho panel coincidí con cinco inversores internacionales de entidades tan importantes como DFJ Esprit, Genesis Partners, Partner Ventures o Kibo que dieron su opinión sobre el entorno actual y las oportunidades y riesgos que percibíamos. El evento fue un éxito rotundo y atrajo a inversores de todo el mundo, desde Israel a Estados Unidos, poniéndolos en contacto con empresas que dan sus primeros pasos o están en fase de desarrollo. Una iniciativa muy importante para demostrar que el espíritu emprendedor de nuestro país está más vivo que nunca, que hay grandes equipos, magníficas ideas y que el interés de los inversores de todo el mundo por invertir en España es real. He asistido como invitado a otros eventos similares y en pocas ocasiones he tenido la misma sensación de que algo está cambiando de verdad.

Las conclusiones de mi panel, bajo el título Inversión internacional, tendencias y oportunidades, fueron muy claras:

– Hay capital privado para financiar equipos sólidos y buenas ideas.

– Los inversores buscan oportunidades de convertir ideas en negocios de varios centenares de millones.

– En España hay muy buenos conocimientos técnicos, capacidad de trabajo y voluntad.

– Se necesitan buenos planes de negocio y capacidad de manejar empresas de manera eficiente.

– Las personas son la clave, porque son las que van a poder convertir una pequeña idea en una gran empresa.

Muchas veces me preguntan "cuáles son los sectores que nos van a sacar de la crisis" y esta semana pude comprobar las enormes posibilidades que se dan en sanidad, seguridad, ocio, internet y tecnología.

En todas las charlas a las que asistí me consultaban una y otra vez cómo percibía el entorno bancario y si veía una mejora del entorno de crédito. La respuesta es que el sector bancario está mejorando poco a poco, pero que no vamos a ver una mejora significativa del entorno de crédito.

De hecho, la próxima ronda de stress tests (pruebas de resistencia) a la banca europea desafortunadamente llevará a que ésta continúe moderando el crédito, sobre todo cuando se plantean grandes riesgos para el sector financiero como son:

– Las constantes revisiones regulatorias que comentábamos aquí en Otro torpedo a la solución de la banca.

– Las posibles multas a aquellas entidades que utilicen excesivamente la ayuda y acceso a liquidez del Banco Central Europeo. 

– Diferentes opciones de analizar el riesgo en bonos soberanos, que siguen acaparando las carteras de activos de los bancos europeos, en algunos casos acumulando hasta el 25% de la deuda soberana viva

– Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional según las cuales los bancos acumulan hasta 250.000 millones de euros de pérdidas latentes en préstamos corporativos refinanciados y que deberían considerarse como incobrables. Esto llevaría a que algunos bancos tuvieran que ampliar las provisiones por pérdidas. "Cerca del 50% de la deuda en Portugal, el 40% enEspaña, y el 30% en Italia está en manos de empresas (…) que serían incapaces de hacer frente a sus deudas a medio plazo a menos que hagan ajustes como una reducción de la deuda, de los costes operativos o de los gastos de capital", señalaba el Fondo en su informe de Estabilidad Financiera 

Es por ello que, ante una nueva revisión de la calidad de los activos bancarios, mientras los estados siguen endeudándose y acaparando el crédito disponible, es prácticamente imposible pensar que la financiación a empresas y familias se vaya a recuperar de manera relevante.

La solución, por lo tanto, es la misma que hemos visto en EEUU y Reino Unido. No podemos esperar a que vuelva la época de "bajo a ver al director de la sucursal y me ofrece un préstamo".  En Reino Unido hace años que se nacionalizaron bancos y aún no se ha recuperado el crédito.

En Europa, donde existen ideas, equipos y empresas que han sobrevivido a la crisis admirablemente, no podemos seguir torturando a la economía esperando a que vuelva la financiación bancaria como si fuese 2007. Tampoco podemos esperar que por arte de magia los bancos dejen de comprar deuda soberana y se dediquen a prestar a pymes y familias.

No va a ocurrir, porque los propios estados y entes autonómicos no lo van a permitir.

La simbiosis banca-deuda soberana se va a mantener porque no hay alternativa que la sustituya. No hay demanda institucional suficiente para sustituir a las entidades financieras nacionales en un entorno en el que los países se endeudan en una media del 4% de su PIB anual adicional. Lo comentaba aquí en El círculo vicioso de la Europa zombi.

Hay que sustituir crédito bancario por financiación privada. Desarrollar el mercado alternativo de renta fija (MARF) como comentaba El Confidencial y de renta variable, no de manera tímida, sino con decisión, agresividad y facilidades para atraer capital. Estamos hablando de un mercado potencial que supera los 500.000 millones de dólares en capital inversor que podría orientarse rápidamente hacia Europa si pasásemos de tener una regulación confiscatoria y restrictiva a verdadera apertura.

Esto permite que:

– Mejore la conversión de pyme a gran empresa, que es muy baja en Europa y aún menor en España.

– La identificación de objetivos entre emprendedores e inversores sea mayor, ya que los fondos privados participan en el capital, apoyan en la gestión o acompañan asesorando, no sólo prestando. El capital de estos fondos no es de corto plazo. Lo más habitual es que un fondo tenga un horizonte de entre 7 y 10 años.

– Se reduzca la dependencia de condiciones bancarias y se abra la competencia financiera, que ha permitido que las empresas de alto riesgo en Estados Unidos se financien hoy a los tipos más bajos de los últimos treinta años, por ejemplo. Y eso hace que el riesgo también se diversifique entre miles de distintos fondos, en vez de concentrarlo en pocas entidades bancarias, que luego son rescatadas con dinero público si las cosas van mal.

Los 23 millones de pequeñas y medianas empresas de Europa representan más del 98% de su tejido empresarial, suponen dos tercios del empleo privado total y generaron en torno a un 80% de los nuevos puestos de trabajo creados durante los últimos cinco años. Sin embargo, son las más penalizadas por las subidas constantes de impuestos y el ‘cierre del grifo de crédito’.  Apoyar la financiación privada es también acelerar y promover la conversión de pyme en gran empresa.

En Estados Unidos, casi el 80% de los créditos a empresas de mediano tamaño proviene de instituciones financieras no bancarias, fondos que se dedican a prestar dinero, capital riesgo e inversión alternativa (hedge funds). En Europa, un 80% es aun crédito bancario. Tras la crisis, los bancos europeos se han visto obligados a mejorar sus ratios de capitalización y reducir su deuda, lo que lleva inevitablemente a que se cierre el grifo, y como a su vez siguen acumulando deuda soberana, es inevitable que la sequía a empresas medianas y pequeñas continúe.

Los stress tests de 2014 van a hacer inevitablemente que la política de los bancos se haga más conservadora. Aunque nos repitan una y otra vez que no va a ser así. Ya lo verán. Recordemos también que los stress tests no se hacen sólo para comprobar riesgos, sino como ejercicio de transparencia, pero con un objetivo, que aprueben casi todos. Los bancos chipriotas, Dexia y las cajas españolas pasaron todos con “nota”. Por lo tanto, no esperemos a que vuelva el crédito.  El capital está disponible y quiere invertir. Facilitémoslo. O invertirá en otro país, mientras nosotros nos quejamos.