Empecemos por lo obvio: no existe ni puede existir la universidad gratuita. Siempre habrá alguien que la pague; la cuestión es quién. Por ello, los que quieren universidad gratuita quieren, en realidad, que otro la pague. Es decir, derechos para unos y deberes para otros. Eso es lo que quieren los progres, porque consideran justo que paguen otros.
Veamos cómo funciona la justicia progre con un ejemplo muy simple: el panadero y sus trabajadores.
Si usted piensa abrir una panadería, ni se le ocurre que ponerla en marcha será gratuito, y menos aún que otro se la va a regalar. También sabe que tendrá que pedir un préstamo al banco o gastar lo que ha ahorrado tras años de mucho esfuerzo, ¿verdad? Bien. Además, ha considerado que en el mejor de los casos le irá bien y recuperará con creces su inversión, pero también sabe que corre el riesgo de perder el capital invertido y el trabajo que puso en su proyecto.
En todo esto, hasta los progres estarán de acuerdo y lo considerarán justo, si bien estando en el poder querrán quedarse con una buena tajada de las ganancias del panadero vía impuestos.
La pregunta es: ¿por qué hay algunos que no piensan de la misma manera respecto de la universidad? Es decir, ¿por qué están de acuerdo en que la universidad sea gratuita para los estudiantes, pero no en que haya también panaderías y otros emprendimientos gratuitos para la gente que quiera labrarse un futuro de esa manera?
Los progres seguramente dirán que la educación es más importante, que beneficia a toda la sociedad y que por eso es bueno que sea gratuita, para que todos puedan tener una oportunidad de llegar a la universidad. Pero ¿acaso no es importante que el panadero venda el pan que usted demanda cada día, y que además dé trabajo a aquellos que no van a la universidad? ¿No es esto bueno para la sociedad?
Puesto que el panadero decidió no ir a la universidad, hay algunos que estiman que es justo que, además de su panadería, financie vía impuestos los estudios universitarios de aquellos que deciden no invertir en una panadería, sino estudiar una carrera universitaria, gracias a lo cual no sólo terminarán ganando mucho más que el panadero, sino gozando de mejor posición social.
Este pequeño ejemplo nos muestra que la famosa gratuidad universitaria nada tiene de justa. Es una demanda que, hablando de justicia social y de derechos, sólo quiere encubrir una lucha redistributiva de esos futuros académicos en detrimento de todos aquellos que no van a la universidad. Por eso los progres rechazan, indignados, cualquier argumento que diga que la educación universitaria debe ser vista como una inversión que se hace, como en el caso del panadero, con la esperanza de obtener una retribución futura.
Sí, ya sé que todo esto es demasiado para los oídos progres. ¡Cómo comparar a un estudiante universitario con un panadero! ¡Pedir que el estudiante invierta en su futuro! ¡Que corra riesgos! Pero yo estoy convencida de que es hora de defender a los panaderos, a los tenderos, a los obreros, a los campesinos, y pedir igualdad de trato para ellos, es decir, justicia social de veras y no privilegios para algunos.
La grotesca explicación ofrecida por representantes del Partido Popular para justificar el borrado de los discos duros de sendos ordenadores que su anterior tesorero y gerente Luis Bárcenas Gutiérrez utilizaba en su sede nacional, malogrando una clonación de su contenido como diligencia de una instrucción criminal, ha entrado ya, con independencia de las posibles consecuencias penales para sus autores, en la amplia muestra de las sinvergonzonerías con las que los políticos españoles asombran al mundo (que no le queda otro remedio que prestarles alguna atención).
Junto a otras notas que se repasarán, recuerda, por su pasmoso parecido, a la estrategia de los dirigentes del PSOE cuando saltó el escándalo de su financiación ilegal en 1991 gracias a las denuncias de su contable, Carlos Van Schouwen. Ante dos negativas a entregar al juez Marino Barbero Santos la contabilidad de su partido del año 1988 a 1992, solo las órdenes de entrada y registro de su sede, del Banco de España y el Aresbank para incautarse de documentación, impidieron que se malograra del todo la instrucción. Entonces los socialistas en el gobierno alegaban que no tenían obligación de guardar documentos contables, por estimar que eran propios de una empresa y no de un partido político. Denunciaron al juez instructor ante el Consejo General del Poder Judicial por "conculcar sus legítimos derechos" y organizaron una campaña utilizando todos los resortes a su disposición para desprestigiar y torpedear su labor. El juez, coaccionado y humillado, renunció a su puesto en la carrera judicial después de que el gobierno de los jueces le denegara el amparo frente a las presiones de todo tipo que recibió. Aguado convenientemente el sumario por el rechazo de la Sala segunda del Tribunal Supremo a su petición de suplicatorio del aforado Alfonso Guerra González y la faena de control de daños del magistrado Enrique Bacigalupo Zapater -quien redujo el número de procesados a 12, de los 50 que habían sido imputados-, las sesiones del juicio oral comenzaron en septiembre de 1997. El Tribunal Supremo terminó condenando a penas de prisión a los personajes de segunda fila acusados, pero la historia real solo la suponemos.
Ahora los dirigentes del partido donde Bárcenas prestó servicios durante más de 20 años, incluido un tiempo después de saltar el escándalo, pretenden hacer creer que un perdido artículo (92.4) del reglamento de la Ley de protección de datos de carácter personal les obligó a borrar los discos duros donde se registraban movimientos y operaciones con trascendencia contable. Sin embargo, apoyarse en la existencia de esa legislación para escamotear una información interna requerida por el juez que investiga la comisión de unos delitos cometidos en el seno de esa organización (cohecho, blanqueo de los capitales obtenidos por esa vía, falsedad y contra la Hacienda Pública) reviste indicios de una lisa y llana destrucción de pruebas que puede calificarse, por lo menos, como un delito de encubrimiento. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso así lo ha apreciado, deduciendo testimonio y remitiéndolo (tal vez precipitadamente porque podría ser un delito conexo) a los juzgados ordinarios para que investiguen los hechos.
En sus tiempos, los prebostes del PSOE organizaban campañas contra los jueces que se atrevían a actuar contra sus desmanes, y ponían en marcha su maquinaria propagandística en los medios de comunicación y la academia adicta para limitar la intervención de la acusación popular en los procedimientos penales que se seguían contra ellos. El Partido Popular, por cierto, ejercitó esa acción en alguna de esas causas. Ahora, en cambio, sin cargar directamente contra el juez -dado que éste no ha decidido hasta ahora apuntar a niveles más altos del escalafón o conectar el asunto que le ocupa con la trama Gürtell- el partido que sustenta al gobierno se enzarza en maniobras de distracción como pedir la "expulsión" de las acusaciones populares ante la fiscalía (un órgano que no puede tomar esa decisión) o denunciar ante la Agencia de Protección de Datos a su rival. No obstante, hasta que fue expulsado del procedimiento, mantuvo la ficción de que actuaba como acusación particular por la actuación de un individuo que, presuntamente, recaudaba donaciones en dinero negro para, entre otros fines, pagar sobresueldos a sus altos cargos. Como si del guión de una película mala se tratara, el presidente del gobierno miente en el Congreso de los diputados sobre la duración de la colaboración de su partido con su anterior tesorero. Poco después, su vicepresidenta responde sobre la desaparición de los discos duros originales que "tampoco podemos entrar a valorar las decisiones de los partidos" cuando "están actuando como empresa, sea el partido que sustenta al Gobierno o sea cualquier otro".
Los años transcurridos entre dos grandes casos corrupción de los principales partidos refuerzan la idea de que los políticos españoles que detentan el poder siguen pautas muy similares en situaciones semejantes. La diferencia estriba en la acumulación de casos que afectan a todos los partidos con poder real en España –PP (Bárcenas/Gürtel), PSOE (EREs), CiU (Palau/ vástagos de Jordi Pujol Soley)- y la constatación de que su contumacia en incumplir leyes penales básicas forma parte de la estructura política del sistema.
Esta comparación incompleta ofrece elementos que permiten aventurar a corto plazo el comportamiento de los actores principales en una situación política tan grave como la de España, que se suma a la profunda recesión que sufre su economía. La experiencia apunta a que, por mucho que avancen las investigaciones judiciales, no cabe predecir que se produzcan las dimisiones normales en un sistema de democracia representativa sometido a una ética política que conlleva la apariencia de gestión honrada de los asuntos públicos. Asimismo, las estructuras jerárquicas de los partidos politicos dominantes impedirán cualquier tipo de renovación interna. Antes al contrario, consideran que el atrincheramiento en el poder les permitirá obstaculizar la sustanciación de las responsabilidades penales que les puedan afectar.
El descrédito de este estamento político está lejos de ser generalizado, empero, ya que según las encuestas más de un cincuenta por ciento de los españoles, continúa manifestando abiertamente que votaría a esos partidos. Acaso por falta de alternativas. Se da el peligro, además, de que los partidos suban más peldaños en su desafío abierto a las leyes (CiU y PNV, tutelados en su vesania nacionalista por la ERC y los restos de la ETA) la demagogía peronista (IU y PSOE) y las recetas socialdemócratas (PP) para desviar la atención sobre su responsabilidad en el actual estado de cosas. Y, sin embargo, la necesidad para los españoles de liberarse del entramado de corrupción político mercantil que le oprime (aunque muchos no se quieran enterar) pocas veces se ha percibido de forma más clara.
Es por esto por lo que debería ser el momento para que otras opciones políticas cuajaran y se presentaran al pueblo español para regenerar un sistema refractario al cambio racional y que, paradójicamente, amenaza con arrastrar en su derrumbamiento a quienes lo padecen. Desde una perspectiva liberal que no quiere confundirse con las tendencias socialdemócratas de los programas de UpyD y Ciudadanos, sería deseable la evolución hacia un partido independiente de Reconversión, si sus promotores se desprenden por fin de las ataduras al PP, y la consolidación del Partido de la Libertad con un genuino programa liberal avanzado, aunque necesitado de cierta maduración. Que no sea por falta de alternativas.
El pasado lunes tuve la fortuna de asistir a la conferencia que el prestigioso profesor alemán Rolan Vaubel ofreció en la Fundación Rafael del Pino. El título, "Las instituciones europeas como grupo de interés", era ya una declaración de principios. El profesor Vaubel explicó a partir del enfoque de la Escuela de la Elección Pública, los motores que empujan a la Unión Europea a promocionar a toda costa una mayor centralización.
El eterno problema de los intereses creados
La Escuela de la Elección Pública estudia, en general, la toma de decisiones de los agentes políticos considerando los intereses reales de dichos agentes, es decir, trata de analizar el riesgo moral de los decisores, más allá del supuesto criterio de defensa del interés general.
En el caso de las instituciones europeas, el Parlamento, la Comisión y la Corte Europea, la estructura de la toma de decisiones es tal que es la Comisión, un cuerpo no sometido a elecciones, la que mantiene agarrada la sartén política por el mango. El Parlamento no está autorizado a iniciar un proceso legislativo, la Comisión monopoliza ese derecho. Por otro lado, las decisiones de la Corte Europea han favorecido las propuestas de la Comisión en un 59%, de acuerdo con los estudios realizados por institutos como el Gallup Europe o el Center for the Study of the Political Change, de la Universidad de Siena, y otros.
En este sentido, la idea de fomentar una mayor centralización en la toma de decisiones es un mantra que flota en el ambiente, ocupa páginas en nuestros medios escritos y aparece en los discursos de todo político que no esté dispuesto a suicidarse profesionalmente. Solamente los llamados euro-escépticos, avis rara tratados de outsiders por la mayoría, cuestionamos la bondad de dicha centralización.
¿Por qué una autoridad monetaria, bancaria, presupuestaria, etc., supondrían una válvula de seguridad? ¿Por qué se le supone una bondad intrínseca y una capacidad para resolver los problemas?
No hay respuesta sensata. Más bien, al contrario, la descentralización en la toma de decisiones acercaría las soluciones a los ciudadanos. Y, sin embargo, estamos hablando de uno de los consensos ampliamente aceptados.
Pero un vistazo a los datos aportados por el profesor Vaubel nos dan una pista de lo que subyace a este acuerdo popular. Resulta que son los funcionarios europeos y los nacionales los que mayoritariamente defienden la centralización. Las preferencias de los mismos difieren bastante de lo que expresan los ciudadanos en las encuestas. La razón es muy simple: así tendrían un mayor poder y afianzarían su papel en la política europea. Los funcionarios europeos por motivos evidentes y los nacionales porque hay cancha donde meter la mano y sacar beneficios, no tanto económicos (que probablemente también) como en términos de poder.
La pescadilla europea que se muerde la cola
La manera de lograr este propósito se basa en dos hipótesis que el profesor Vaubel exponía: la hipótesis de la auto selección y la hipótesis de las preferencias compartidas. De acuerdo con la primera, no optan a los puestos de funcionariado europeo los individuos más descentralizadores, sino al revés, son los más convencidos de las bondades de la centralización quienes se presentan para ocupar los puestos en las oficinas de Bruselas. De acuerdo con la segunda, ascienden aquellos que comparten el sesgo centralizador. Y así, el sistema queda cerrado.
Los principales perjudicados son, evidentemente, los grupos minoritarios que prefieren una Europa en la que la toma de decisiones sea menos férrea, más libre, menos centralizada, y que, por norma general, pertenecen a países en los que los impuestos son menores y defienden su forma de entender la política económica. ¿Qué pueden hacer estos grupos? Pues poco, porque la exigibilidad de las normas europeas, dictadas por la Comisión, sin contrapeso real, aniquila cualquier posibilidad de que en Europa haya diversidad de opciones. Nos encaminamos a un peligroso "café para todos".
En el caso español, las consecuencias son ambiguas, porque, incluso los más euro-escépticos casi preferimos que una instancia supra nacional nos obligue a mantener unos niveles "decentes" y sostenibles de deuda y déficit. Eso no implica que siguiendo ese camino vayamos a lograr la eliminación del déficit, pero evita el mal mayor de la juerga presupuestaria tan típica de nuestros políticos.
Pero en términos de libertad individual, estamos hablando de una lesión seria e irreversible para los ciudadanos, tanto españoles como europeos.
Seria, porque encima estamos agradecidos pensando que es nuestra tabla de salvación, es decir, ya no tenemos que hacer nada nosotros por buscar una solución, solamente hemos de cumplir lo mandado. E irreversible, porque solamente un cambio estructural permitiría que los estados miembros se zafaran del lobby funcionarial de la EU.
La buena noticia es que hay un grupo de expertos entre los que, además del propio profesor Vaubel, está nuestro profesor Francisco Cabrillo, que estudia una propuesta de 17 cambios institucionales para solucionar este conflicto.
Habrá que estar pendiente. Por lo que está en juego.
El Gobierno acaba de presentar la segunda reforma estructural del sistema público de pensiones en apenas tres años. Entre otras medidas importantes, el PSOE retrasó la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, elevó de 35 a 37 años el periodo obligatorio de cotización para cobrar la totalidad de la prestación y amplió de 15 a los últimos 25 años la base de referencia sobre la que calcular el importe de la pensión. Ahora, el PP completa la reforma con otras dos medidas clave. En primer lugar, las pensiones dejarán de revalorizarse en función de la inflación (IPC), aunque, como mínimo, subirán un 0,25% anual en momentos de dificultades económicas. Y, en segundo término, introduce el "factor de sostenibilidad", que permitirá adecuar los futuros desembolsos en función del progresivo aumento de la esperanza de vida. Este amplio paquete de correcciones persigue un único objetivo, prolongar la supervivencia del actual modelo público de reparto a costa de incumplir, una vez más, los compromisos adquiridos con los cotizantes de la Seguridad Social, ya que el Estado les exige más ingresos de los previstos inicialmente (años extra de cotización o mayores aportaciones al sistema) a cambio de pensiones más bajas.
Por desgracia, no es la primera vez –ni será la última– que quiebra el sistema, si por quiebra se entiende la modificación unilateral de las condiciones vigentes. Y la razón, en este caso, no estriba en la mala fe o incompetencia de los gestores públicos, sino en el grave error de imponer a la fuerza un modelo –el de reparto– que es estructuralmente deficitario. No en vano la Seguridad Social constituye un fraude piramidal similar al orquestado por el ya famoso Bernard Madoff en EEUU, hoy en prisión, tras ser condenado a cadena perpetua.
El problema de fondo es que los ingresos del sistema dependen, exclusivamente, del número de trabajadores obligados por ley a sufragar las pensiones de los actuales jubilados, y, dado el declive demográfico que sufren los países desarrollados, precisa de constantes parches para continuar en pie. En el caso concreto de España, las proyecciones avanzan una pirámide poblacional invertida, lo cual evidencia la inexistencia de relevo generacional para poder sostener en el futuro el mal llamado Estado del Bienestar. Así, para 2052 se estima que el 37% de los españoles tendrá más de 65 años, frente al 17% actual, de modo que el número de jubilados pasará de 9 a 15 millones y el coste del sistema se triplicará, hasta situarse en el 18% del PIB. Además, para entonces la esperanza de vida, muy posiblemente, superará los 90 años de media. Si a ello se suma una baja tasa de natalidad, es evidente que sin reformas el sistema sería inviable financieramente a medio plazo.
Sin embargo, de las distintas opciones que existían para garantizar las pensiones, la clase política española se ha decantado por la peor: mantener el actual modelo público de reparto y, por tanto, apostar por el fraude y la quiebra permanentes. Por el momento, la reforma aprobada por el PSOE en 2011 recortará las futuras pensiones entre un 10 y un 15%, al tiempo que los jubilados perderán unos 400 euros extra al año entre 2014 y 2022 gracias a la nueva fórmula de revalorización propuesta por el PP. Y ello sin contar el factor de sostenibilidad, cuya aplicación, a partir de 2019, implicará un recorte adicional de entre el 20% y el 45% con respecto a las prestaciones vigentes. En total, los jóvenes de hoy cobrarán pensiones públicas entre un 30 y 60% más bajas.
Y el problema es que las actuales no son, precisamente, elevadas –las contributivas ascienden a poco más de 1.100 euros brutos al mes–. Los propios expertos del Ministerio de Hacienda admiten que el modelo de reparto condenará a millones de futuros jubilados a cobrar pensiones muy bajas, generando incluso amplias "bolsas de pobreza en la población pensionista". El sistema sobrevivirá, sí, pero en ningún caso otorgará una jubilación de oro a los españoles, sino un retiro paupérrimo que, además, se verá agravado por futuros parches, como, por ejemplo, nuevos retrasos en la edad legal de jubilación –de los 67 a los 70 años, posiblemente–.
Así pues, la verdadera tragedia no radica en una reforma que, a todas luces, era inevitable para poder seguir abonando las pensiones, sino en el mantenimiento de un sistema que impone a la fuerza una jubilación cada vez más tardía y mísera. Y lo más grave es que, lejos de explicar y aclarar a los cotizantes el verdadero rostro de este injusto y cruel sistema, PSOE y PP coinciden en la necesidad de prolongar su vigencia mientras se acusan mutuamente de reducir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, cuando, en realidad, ambos son igualmente culpables. Es decir, el gran engaño del poder político en torno a las pensiones públicas consiste en no advertir de forma clara y contundente a los actuales trabajadores de que deberían empezar a ahorrar cuanto antes para garantizarse unos ingresos más o menos dignos en la tercera edad.
La solución al constante problema de las pensiones públicas no estriba en su reforma permanente, sino en la completa demolición y progresiva sustitución del actual modelo de reparto por otro de capitalización, en el que los cotizantes podrían rentabilizar sus ahorros a largo plazo, haciéndose así con un elevado patrimonio con el que poder retirarse cómodamente, incluso antes de los 65 años.
La prima de riesgo portuguesa cerró en los 519 puntos el viernes pasado, lejos de los 765 que alcanzó en 2012 en plena crisis de deuda europea. 246 puntos menos pero insostenibles en el corto plazo. Pagar un 7% de interés por los títulos soberanos no puede afrontarlo ningún país, y menos aún uno como Portugal, una pequeña república que atraviesa una profunda depresión económica con la recuperación a años luz de distancia. El hecho es que Portugal si que fue rescatado por la troika hace ahora dos años y medio. Fueron días de furia aquellos de la primavera de 2011. La palabra rescate se puso de moda y todos la utilizaban como si fuese eso mismo, un rescate de verdad a partir del cual el rescatado pasaría a estar a salvo de cualquier peligro.
No era así. Ya se dijo entonces que los famosos rescates no servían más que para alargar la agonía, que era lo más parecido a extender gratuitamente el crédito a un ludópata que se ha dejado hasta la ropa en el casino. El ludópata en aquel momento era el Gobierno portugués, manirroto y fantasioso hasta decir basta, que quería seguir viviendo como si no pasase nada. Los socios de la zona euro aflojaron 78.000 millones de euros en varios pagos a cambio de que Lisboa aplicase un severo plan de recorte de gastos. El rescate y las medidas de ajuste que de él se derivaron provocaron un terremoto político que se cobró como primera víctima la cabeza del entonces primer ministro, el socialista José Sócrates.
78.000 millones de euros para un país con un PIB de poco más de 200.000 millones de dólares es mucho dinero, casi la mitad de la riqueza nacional inyectada de golpe a modo de préstamo en condiciones preferentes. Para hacerse una idea de lo que significó para la economía portuguesa descienda a otra escala, a la de una familia cualquiera que tiene unas rentas anuales de 60.000 euros y que, de golpe, la comunidad de vecinos le presta a bajo interés 25.000 euros a cambio de que vendan el Cayenne, la casa de la playa y de que saquen a los niños del colegio privado. En esas estaba Portugal cuando llegó al Gobierno Pedro Passos Coelho en junio de 2011.
En 2010 el Gobierno portugués había cerrado el año con un monstruoso déficit público del 9,8%, tan sólo unas décimas menos que el año anterior, cuando las cuentas se tiñeron de rojo sangre con un 10,2% de déficit. Sócrates, que no en vano era conocido como el Zapatero luso, decidió enfrentar la crisis gastando más, con la diferencia de que Portugal no había tenido años buenos de los que tirar, años que en España habían dejado mucho dinero en la caja para que el Estado aguantase los dos primeros años de crisis sin despeinarse.
Un país pequeño no podía aguantar semejante tren de gasto, máxime cuando ese país pequeño produce entre poco y nada. Portugal es, a pesar de sus más de diez millones de habitantes y su privilegiada ubicación geográfica en la fachada atlántica europea, un enano económico. Apenas tiene empresas multinacionales más allá de la petrolera GALP, la eléctrica EDP (ambas estatalizadas hasta la médula) y el banco Espirito Santo. A la anemia de la economía productiva portuguesa –la privada–, había que sumarle la metástasis de la improductiva –la del Gobierno–, con su más de medio millón de funcionarios (un 13% del total de ocupados) y su rosario interminable de empresas públicas. En Portugal, uno de los países más centralizados del mundo, no había ni hay autonomías, el Estado central lo gasta todo, lo que viene a confirmar que la sensatez no es cuestión de centralización o descentralización, sino del tamaño del Estado y de la intensidad con la que sus tentáculos aprietan a la sociedad civil.
El panorama en la vecina España no era muy diferente, pero aquí sí que tenemos grandes empresas, PYMES que se han puesto a exportar como posesas, un mercado de valores digno de tal nombre y el maná turístico que, con periodicidad regular, nos deja unos 60.000 millones de euros limpios de polvo y paja, a los que hay que añadir la actividad económica extraordinaria que generan a su alrededor. En Portugal no tienen esa suerte, no tienen tantas playas, ni tantas habitaciones de hotel, ni el continente tan cerca. El resultado es que daba igual la cantidad de dinero que la troika volcase sobre la moribunda economía portuguesa porque no iba a servir de mucho.
Tanto con Sócrates como con Passos Coelho el Estado portugués ha perseverado en su adicción al gasto. Los recortes, más duros que en España y con bastante más contestación social, han sido eso, simples recortes que no atacaban el problema principal. Portugal, como España, no necesitan recortes que prolonguen el sufrimiento y mantengan entre la gente la ilusión de unos servicios que no podemos costearnos, sino una reestructuración completa del Estado. Algo similar a lo que países como Suecia hicieron en los años noventa. Un replanteamiento integral del tamaño y las atribuciones del Estado que incluye, por descontado, una revisión del Estado del Bienestar.
Los 78.000 millones que soltó a tres partes el Fondo Europeo de Estabilidad, el MEEF y el FMI se han gastado ya. Es la misma historia de Grecia. Se confundió austeridad con recortes puntuales –y temporales– y al final ha pasado lo que tenía que pasar. Del mismo modo que un coche caro no anda sin gasolina y sin revisiones periódicas, un Estado caro no funciona sin ofrecer esa falsa idea de seguridad a sus súbditos, sin regar con dinero ajeno a un sinnúmero de clientelas. La austeridad no era eso. La austeridad es aprender a vivir con los recursos de los que se dispone. No es tan difícil, lo hacemos los individuos y las familias continuamente adaptándonos al cambio de los tiempos. El Gobierno portugués, en suma, pidió un dinero que no puede devolver y ahora quiere más. Los prestamistas lo saben, dudan de su solvencia y se cubren elevando el tipo de interés. Nada nuevo bajo el sol salvo la inepcia congénita de los políticos, que no aprenderán jamás.
"However the Germans vote on 22 September, Berlin’s attitude to the EU is not going to change much" – Charles Grant
Hace dos semanas, Angela Merkel y Peer Steinbruck, principales candidatos a canciller alemán, mantuvieron un debate electoral en la televisión. Fue un encuentro sosegado, sin estridencias ni grandes acusaciones. No hubo calificativos negativos hacia la política de ajustes presupuestarios, sino todo lo contrario. Comentándolo con amigos alemanes, me decían: "La obsesión con la mal llamada austeridad es un problema de otros países, aquí la gente entiende que las cuentas hay que cuadrarlas".
Merkel finalizaba el debate con un discurso que incluía una frase interesante: "Han sido cuatro buenos años". Las cifras económicas son claras, las cuentas públicas en superávit, un crecimiento esperado del 1,7% en 2014, y el menor nivel de paro en décadas, 6,8%.
Las elecciones, aunque se den distintas combinaciones de coalición, van a ser, con altísima probabilidad, un éxito para Merkel. Y eso es bueno. Ninguno de los grandes partidos, aunque haya una gran coalición, cuestiona el espíritu de las políticas que se han llevado a cabo. Tampoco se cuestiona el apoyo a Europa, pero hay elementos muy importantes que tienen implicaciones relevantes para el resto de países.
– La Unión Bancaria: el modelo que se nos vende en los países de la periferia parece como si fuera una especie de solución idílica a una banca hipertrofiada (320% del PIB de Europa) y con importantes problemas de capitalización y morosidad, pero en Alemania se considera –correctamente – una "monetización de deuda por la puerta de atrás" (Die Welt) y empezar la casa por el tejado cuando aún no se han llevado a cabo los procesos de recapitalización necesarios, incluidos los de sus propios bancos.
– Política energética: un gran debate en Alemania ha sido el enorme incremento de las tarifas eléctricas a los consumidores por las gigantescas subvenciones a la energía solar. Tras 100.000 millones de euros en primas, las tarifas finales han subido un 50% entre 2008 y 2013, con el componente verde (EEG) duplicándose. En los debates ya se habla de recortes a las primas y del riesgo de exclusión social tras haber cortado la luz a 60.000 clientes que no podían pagar las desorbitadas facturas. Puede tener serias implicaciones sobre la política energética de la Unión Europea, orientándola hacia la competitividad más que a objetivos supuestamente climáticos.
– Rescates a otros países y déficits: una gran parte del debate político se ha centrado en el riesgo de otro paquete de apoyo a Grecia y el propio Der Spiegel criticaba al gobierno de Merkel por dar cifras de la contribución alemana a los rescates muy inferiores a las reales. Sobre la estabilidad presupuestaria, una Alemania en superávit volverá a ser un referente de las políticas a llevar a cabo en Europa. En España siempre se dice que Alemania se saltó el límite de déficit para encarrilar su economía y que hoy no permite lo mismo a otros países. Cuando llevamos seis años consecutivos incumpliendo el déficit con apoyo de Alemania, del BCE y de la UE, es una afirmación cuando menos sesgada. Pero además, Alemania lo hizo durante un periodo muy corto de tiempo, con unos planes de ajuste muy agresivos, y recobrando la estabilidad en menos de tres años. No seis.
– Pensiones y modelo social: Alemania ha aceptado unos enormes recortes desde el “Plan 2010” de Schroder en 2003 con el objetivo de recuperar la competitividad y estabilidad económica, pero se percibe que el resto de países no está dispuesto a tomar esas medidas y que los beneficios no los están viendo los ciudadanos alemanes, sino los países rescatados, por eso un 57% está en contra de dar más dinero para rescates.
– Banco Central Europeo: en las elecciones no existe ningún partido importante que busque cambiar el mandato del banco central, y se ve con recelo la posibilidad de una nueva bajada de tipos que aumente aún más la excesiva liquidez del sistema y los incentivos perversos para que los estados continúen sin reformar.
La percepción que existe en algunos entornos económicos de que tras las elecciones veremos una relajación en la postura alemana con respecto a Europa no se ve en ninguna de las formaciones políticas. Porque desde Alemania lo que se cree es que no existe firmeza, sino tolerancia máxima al incumplimiento.
De hecho sorprenden las acusaciones hacia Merkel y Alemania, que son a veces delirantes, en países que incumplen sus propios objetivos y sus propias estimaciones año tras año. Hacerse trampas al solitario y culpar a otro.
Eso sí, a medida que se confirme la recuperación europea, con un crecimiento estimado del 1,1% en 2014 (Eurozona), y todos los países en territorio de crecimiento positivo en dicho año, aunque sea modesto, veremos menos necesidad de medidas agresivas. Aunque las reformas siguen siendo necesarias, sobre todo con países que gastan hasta un 20% más de lo que ingresan. El modelo alemán ha sido mucho más efectivo para salir de la crisis que las propuestas francesas de gastar hasta la derrota final. En 2013, Francia generará un déficit adicional del 4% del PIB, mientras Alemania genera superávit. Es interesante, porque Alemania y Francia tenían déficits y deuda similares solo hace diez años. Alemania tomó el camino de las reformas y Francia el de “aguantar y esperar”.
El gran escollo es la creación de empleo. Alemania puso en marcha losmini-jobs y ha alcanzado dos objetivos, que se genere rotación de los sectores de baja productividad y con sobrecapacidad a otros nuevos, dando formación desde el trabajo, y reducir el paro al 6,8%. Ha sido una formula positiva para recolocar a empleados de sectores en declive.
Otro escollo para la creación de empleo es la excesiva carga impositiva, con una presión fiscal cercana al 52%. En estas elecciones se incluye la propuesta de Angela Merkel de bajar impuestos tras muchos años de ajustes.
Alemania no es nada sin el resto de Europa, y viceversa. Es el segundo país, tras Francia, al que más exportamos los españoles. Ese comercio debe seguir acrecentándose. Ya se han relajado los objetivos de déficit de la mayoría de los países y la supuesta "presión alemana" es, en realidad, aceptar los incumplimientos a toro pasado.
En España se oye muchísimo eso de "ellos se beneficiaron de nuestra burbuja". Parece que olvidamos que nosotros tenemos el nivel de acceso a mercados financieros y a ayudas del BCE también gracias a ellos. Nadie puede negar que todos los países se han beneficiado del boom crediticio de la UE y que hoy todos deben manejar la resaca.
El compromiso de apoyo a Europa se mantendrá firme gane quien gane. Pero no va a ser un cheque en blanco como el de 2008, que llevó a la UE a gastar un 1,5% del PIB en estímulos para destruir cuatro millones y medio de puestos de trabajo.
Alemania vivió el error de esos estímulos de 2008 y en junio de 2010 introdujo el mayor recorte de gasto público en sesenta años, el Zukunftspaket (paquete de medidas para el futuro) junto con un plan financiero a medio plazo (2010-2014), que incluía recortes hasta alcanzar el 0,35% de déficit objetivo. Más de un tercio de esos recortes se daban en la seguridad social y administración.
A pesar de la crisis, el déficit del Estado cayó del 4,3% en 2010 hasta un superávit de 0,2% en 2012. Y habiendo cumplido los objetivos para el año 2014 con creces con dos años de antelación, el ministro de finanzas Bertrand Benoit anunciaba en julio nuevos recortes de 6.100 millones de euros. Esa política, la de no cejar en las reformas, es absolutamente esencial para una Europa fuerte, no una colección de estados sobredimensionados, endeudados e ineficientes.
Las elecciones alemanas, si gana Merkel, supondrán continuidad para el resto de Europa. Y eso es bueno. El proceso de recuperación no puede hacerse desde una clase donde todos los alumnos suspenden. Tiene que hacerse superando los objetivos individuales… Así es como se fortalece la Unión Europea. La política de prudencia presupuestaria, mal llamada austeridad, debe seguir en marcha.
Ahora que estamos viendo la recuperación gradual, con todos los escollos y dificultades indiscutibles que tiene, es cuando debemos acelerar las reformas y poner las bases para que no vuelva a pillarnos el invierno tocando el violín y con la despensa vacía.
El consejo que Esperanza Aguirre ha dado de que España se deje catalanizar ya ha sido experimentado en algunas regiones con resultados manifiestamente mejorables. En Murcia, por lo menos, no queremos que nos catalanicen más.
La supresión del trasvase del Ebro, dictada por ZP con el aplauso de la clase política catalana, fue un agente catalanizador de primer orden por el que se condenó a la indigencia a dos regiones españolas con la agricultura más eficaz y moderna del mundo: Murcia y Almería. En aquella ocasión, los murcianos no vimos a los catalanes que se sienten españoles salir a protestar contra la fechoría insolidaria que perpetraban sus políticos nacionalistas. Al contrario, lo que vimos fue la foto de Carod-Rovira y la ministra Narbona brindando con cava en la desembocadura del Ebro, para celebrar este gran éxito catalanizador de las tierras bárbaras del Sureste en medio del aplauso general.
La solución de ZP fue construir 51 plantas desaladoras, de las cuales sólo funcionan de vez en cuando 17 y el resto están paradas o ni siquiera se han llegado a poner en funcionamiento. Lo normal, porque si te bebes un buchito de ese agua al día siguiente estás en la unidad del riñón de tu hospital de referencia con piedras como cocos. Su baja calidad y precio prohibitivo convierte estas costosas instalaciones en inútiles también para la agricultura, con lo que esta primera catalanización nos ha costado cuatro mil millones de euros y medio millón de puestos de trabajo que se hubieran creado en caso de haberse realizado el trasvase previsto. Como ejemplo de las virtudes de la catalanización, parece lo bastante elocuente para no insistir más.
Si no nos dejamos catalanizar (aún más), los nacionalistas dicen que se largan de España, amenaza ridícula con la que el resto de los españoles no pierde precisamente el sueño. Cuando un hijo de una familia numerosa ya cuarentón esquilma a los padres, mete la mano en el bolsillo de los otros miembros del clan, los insulta y ante cualquier negativa a seguir consintiendo sus caprichos amenaza con irse de casa, el resto de los hermanos le ayudan a hacer la maleta con la mejor de las sonrisas. Si eso ocurre con un hermano, calculen con Junqueras, Buenafuente y el Clan de los Pujol.
Uno de los sofismas económicos más difundidos por quienes buscan aprovecharse de la ignorancia económica de la gente es que los recursos naturales se están agotando. Esto, dicen sus defensores, acabará con la civilización actual debido a la crisis energética que provocará la carestía de las fuentes energéticas como, por ejemplo, el petróleo. Sin ir más lejos, en 1972 el Club de Roma dijo en su apocalíptico libro Los Límites del Crecimiento que no habría petróleo más allá de 1992.
Prácticamente desde los inicios de la Revolución Industrial oímos que los seres humanos están agotando los recursos naturales del planeta y los niveles de vida empezarán a declinar a menos que se tomen medidas inmediatas.
No deja de ser un mito. La realidad es muy distinta. Centrándonos en el petróleo, observamos que ¡las reservas no dejan de aumentar! En 1882 se consideraba que las reservas eran de 97 millones de barriles; en 1932, 10.000 millones; en 1950, 100.000 millones; en 1980, 656.000 millones; en 1991 ya superaba el Billón de barriles; y en 2012 se cifran las reservas mundiales en casi 1,5 Billones de barriles de petróleo.
¿Cómo es posible esto si desde hace más de un siglo nos están diciendo que queda petróleo para 30 años?
Veamos. Cuando la demanda de un bien aumenta también lo hacen sus precios y los beneficios de las empresas que proporcionan ese bien. El petróleo no es una excepción. Este aumento de beneficios del sector hace que sea rentable comenzar buscar nuevas fuentes de petróleo en zonas que hasta ahora eran muy costosas de explorar. De esta manera se descubren yacimientos que hacen aumentar las reservas mundiales de petróleo.
Asimismo, nuestro conocimiento científico ha aumentado notablemente, pudiendo utilizar los medios de forma más eficiente, así como desarrollar nuevas técnicas y vías de descubrimiento y extracción de petróleo.
Vemos como los precios actúan de señal para que los productores y empresarios decidan qué hay que producir, en qué cantidad y para quién. Sólo de esta manera los recursos se asignan de forma eficiente generando riqueza. Únicamente los procesos de mercado (de forma espontánea y evolutiva) pueden ofrecer esa información relevante.
En este sentido, cuando el petróleo comience a escasear verdaderamente, el aumento considerable de precios hará que se desarrollen rápidamente sustitutos a esta fuente energética. De hecho, ya existen múltiples fuentes alternativas al petróleo, pero de momento no son rentables, asequibles y viables.
Lo importante no es que el petróleo se acabe. Quizás se acabe, quién sabe. Para entonces el ser humano tendrá otras muchas fuentes de energía desarrolladas. Lo único que necesita la civilización para que esto sea posible es que se respete el sistema de precios y la propiedad privada.
Gestionar consentimiento
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
