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Lactando a escondidas

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Cualquier cría de cualquier animal mamífero se alimenta de la leche de su madre. Cualquier cría de cualquier animal mamífero se alimenta cuando lo necesita, sin importar la hora que sea ni dónde esté. Cualquiera menos la cría humanana del primer mundo. La leche materna es el mejor alimento que se le puede dar a un hijo y la lactancia es saludable tanto para el niño como para la madre. A pesar de ello, algunas mujeres deciden utilizar leche artificial, a veces por falta de información, a veces sólo por su propia comodidad, a veces incluso por una ideología feminista mal entendida: por un reparto “equitativo” de las “tareas”. Como si la alimentación de los hijos fuese una tarea comparable a la colada y como si el concepto de igualdad pudiera extenderse más allá de las desigualdades biológicas, naturales y deseables que han permitido la perpetuación de la especie.

Hemos llegado a un límite preocupante en el que la madre que opta por la lactancia artificial es vista con absoluta normalidad a costa de que la madre que opta por la lactancia materna sea vista como una retrógrada y se la condene a una suerte de ostracismo, exigiéndole que se recluya para alimentar a sus hijos o que, al menos, tenga la supuesta decencia de cubrir su pecho y la cabeza del niño. Porque podemos ver pechos en la tele (¡a cualquier hora del día o de la noche!), podemos ver pechos en las portadas de las revistas y podemos ver pechos en la playa, pero una teta lactante es una obscenidad. También podemos ver a niños comiendo papillas artificiales, bebiendo refrescos azucarados y devorando chuches de extraños colores. Pero si su alimento es la leche materna, entonces nos ofendemos y le pedimos a la madre que se retire. Sucedió en el MuseoThyssen, sin ir más lejos, cuando impidieron a una madre el acceso a las salas amamantando a su hijo. Se organizó una tetada frente al museo y se remitió una carta a la dirección, que contestó educadamente y aclaró que su normativa no impide la lactancia, que fue un error de un trabajador que se debía haber limitado a indicarle que, si quería, podía hacer uso de las salas de lactancia. A veces es peor; a veces no hay salas de lactancia y te mandan al baño a lactar. No creo que te mandaran a merendar al baño si fueras a comerte un bocadillo. Y aunque haya salas y sean bonitas, limpias y agradables (cosa que no siempre sucede) no todas las madres quieren retirarse del mundanal ruido para amamantar. 

Aún queda esperanza porque cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar estos abusos y a hacer valer su derecho (y su obligación) a alimentar a sus hijos cuando y donde sea necesario. A veces en un bar, en una tienda, en un museo o en cualquier otro lugar, una madre lactante es acosada y reprendida, pero cada vez es más frecuente que esa madre se defienda. Lo triste es que tengamos que esgrimir argumentos científicos, que tengamos que justificar las bondades de la lactancia materna, que tengamos que tener siempre en mente los datos oficiales de entidades como la Organización Mundial de la Salud y similares, que haya que organizar campañas a favor de la lactancia materna y, no ya tratar de convencer a otras de que esto es realmente lo mejor, sino simplemente intentar sobrevivir al acoso social al que se nos somete. 

España Invertebrada por la Oligarquía de Élites Extractivas

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El libro España Invertebrada de José Ortega y Gasset se editó en el año 1922 y recogía los artículos, que publicó desde 1920 en el diario El Sol, intentando indagar sobre la crisis nacional de España.

El prologuista de la vigésima edición entiende que: "quizás su mayor atractivo resida hoy en el original y certero análisis del problema capital de España, derivado de los particularismos políticos y sociales, en especial de aquel que afecta a la unidad final de España: los llamados nacionalismo particularistas".

1. España Invertebrada en la Constitución de 1931.

A continuación, analizaremos cómo, después de una lectura crítica de este ensayo, sólo parecen acertados su título España Invertebrada y algunos conceptos copiados de Robert Michels sobre la ley de hierro de la oligarquía.

Como filósofo, Ortega y Gasset señalaba la carencia de suficientes estadistas con egregia inteligencia en la política española, que fuesen seguidos por los "hombres-masa". Sin embargo, erró en su explicación del problema nacional; en vez de profundizar en los motivos institucionales del inmoral comportamiento de la oligarquía de individuos "selectos", dejó caer la culpa de la desvertebración nacional sobre los hombros de la población, con clichés de carácter como el madrileñismo y el provincianismo. Como político, veremos que, igualmente, erró al aportar una solución territorial que sólo ha acrecentado la invertebración.

En opinión del filósofo Ortega y Gasset, la raíz del problema de España no está en su oligarquía política sino que se encuentra en el "hombre-masa":

Una nación es una masa humana organizada, estructurada por una minoría de individuos selectos… Así, cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a seguir a la minoría directora-, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica… El daño no está tanto en la política como en la sociedad misma, en el corazón y en la cabeza de todos los españoles. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Se oye hablar a menudo de la «inmoralidad pública», y se entiende por ella la injusticia en los tribunales, la sinomía en los empleos, el latrocinio en los negocios que dependen del Poder público… La enfermedad española es mucho más grave que esa susodicha «inmoralidad pública»… Pues bien: en España vivimos hoy entregados al imperio de las masas… Yo me refiero a una forma de dominio mucho más radical que la algarada en la plazuela, más profunda, difusa, omnipresente, y no de una sola masa social, sino de todas, y en especie de las masas con mayor poderío: las de la clase media y superior.

Ortega, 2009: pp. 97-99 [1920].

Posteriormente, Ortega y Gasset publicó en el año 1930 su obra La Rebelión de las Masas, en donde repitió la idea acompañada de los tenebrosos acordes de la música hegeliana del momento:

En los capítulos anteriores he intentado filiar un nuevo tipo de hombre que hoy predomina en el mundo: le he llamado hombre-masa, y he hecho notar que su principal característica es que sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. Era natural que si ese modo de ser predomina en cada pueblo, el fenómeno se produzca también cuando miramos al conjunto de las naciones. También, hay pueblos-masa resueltos a rebelarse contra los grandes pueblos creadores, minorías de estirpes humanas que han organizado la historia… Europa había creado un sistema de normas cuya eficacia y fertilidad han demostrado los siglos. Esas normas no son, ni mucho menos, las mejores posibles. Pero son, sin embargo, definitivas mientras no existan o se columbren otras. Para superarlas es inexcusable parir otras.

Ortega, 1988: p. 151 [1930].

Con estos mimbres intelectuales, Ortega y Gasset señaló en 1931, en otro recopilatorio de artículos titulado La Redención de las Provincias, que la solución para la vertebración de España no eran ni el municipio ni la provincia y, por tanto, que la unidad política debería vertebrarse entorno a "grandes comarcas o regiones autónomas":

Organicemos España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla-La Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla La Nueva… Que cada comarca, cada región se gobierne a sí misma,… que sea autónoma en todo lo que afecta a su vida particular… en todo lo que no sea estrictamente nacional…regidas por una Asamblea comarcal de carácter legislativo y fiscal y por un gobierno de la región emanado de aquella con número bastante de diputados.

Ortega, 2009: pp. 16-17 [1920].

Fue diputado en la Segunda República, por lo que tuvo oportunidad de influir e implementar su teoría de la integración de los "nacionalismos particularistas" en España, por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". Así lo atestiguan sus discursos políticos en las Cortes Constituyentes del 4 de septiembre de 1931 sobre el proyecto de Constitución, y en las Cortes del 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, como vimos en un artículo previo, en sus ansias depredadoras por captar el máximo poder político y económico, la oligarquía de élites extractivas [5] en regiones como Cataluña, adoptó políticas de hechos consumados y generalizó el incumplimiento de la Ley durante la Segunda República, lo que desencadenó la Guerra Civil en España. 

2. España Invertebrada en la Constitución de 1978.

Como ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, los filósofos y pensadores cientistas [4] diseminan ideas en contra de los derechos individuales de cada persona (vida, libertad, propiedad, e igualdad de trato ante la Ley) y, a largo plazo, logran imponer políticas a favor de conceptos utópicos como, entre otros, la clase social, la redistribución de la riqueza, el hombre nuevo, la raza superior, el pueblo elegido, el lenguaje propio, la autonomía territorial,…

Sin duda, los ejemplos más evidentes de cientifismo constructivista o cientismo son Karl Marx (comunismo) y Hegel (nacional-socialismo). Salvando las evidentes distancias intelectuales, y a una escala menor, la estructura territorial autonómica de España es heredera de la arrogancia "cientista" de José Ortega y Gasset; sustentada entorno a conceptos como la ausencia de los "mejores" hombres, la necesidad de una aristocracia de "minorías selectas", la vulgaridad y mediocridad del "imperio de las masas", y la supuesta necesidad de "vertebración" de una nación por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". 

Pues bien, a pesar de haber desembocado en la Guerra Civil, la teoría "ortegiana" de la integración nacional con la formación artificial de "grandes comarcas o regiones autónomas" fue la fórmula más utilizada en los debates constituyentes durante el proceso de transición a la democracia; recogiéndose en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, y en sus Disposiciones Adicionales y Transitorias que, posteriormente, fueron desarrolladas mediante la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) de 31 de julio de 1981, y reforzadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Debido a la imposición política de la falacia ortegiana de la integración nacional por medio de las "grandes comarcas o autonomías", el tamaño del Estado en España creció, en sólo tres décadas de democracia, desde un presupuesto público menor al 25% del PIB en el año 1978 hasta sobrepasar el 50% del PIB en 2008, y pasando de tener menos de 675.000 funcionarios hasta pagar el sueldo a más de 3 millones de empleados públicos.

Así, considerando el entramado público empresarial, dentro de la burbuja de incremento del gasto público en los años 2007 y siguientes, España añade hasta un 17% del PIB al gasto público debido a su modelo autonómico. De hecho, sin las autonomías, el tamaño del Estado se podría situar en niveles entre el 30% y el 35% del PIB, con provincias y municipios vertebrando un orden de mercado: 1) con los políticos más sometidos al cumplimiento de la Ley, 2) sin proyectos megalomaníacos promovidos con el dinero público que administran las élites extractivas regionales, 3) sin parlamentos autonómicos que multipliquen la legislación y las barreras comerciales, 4) sin autoridades que discriminen a los ciudadanos no-nacionalistas, 5) con funcionarios menos serviles a las utopías políticas y más cercanos a las necesidades de cada ciudadano y, en definitiva, 6) con mayor igualdad de trato ante la Ley (Art. 14).

3. Referéndum de todos los ciudadanos españoles para aprobar una nueva organización territorial.

Como consecuencia de las Comunidades Autónomas, España tiene una organización territorial sobredimensionada con 17 gobiernos regionales que redistribuyen la riqueza con criterios "sociales" de "hacer país" y en función de las redes clientelares de cada región, con 17 parlamentos autonómicos legislando leyes intervencionistas, y con 17 administraciones públicas regionales que han multiplicado por dos el gasto en sanidad y por seis el gasto en educación desde el año 2001, con una media del 86% de su gasto dedicado a educación, sanidad y personal en el año 2011.

En definitiva, debido a la aplicación de la filosofía ortegiana de las "grandes comarcas o autonomías", España debe afrontar en el año 2014 un desafío secesionista en Cataluña y en el País Vasco.

La casta política española sigue dispuesta a mantener o ampliar su franquicia de negocio regional basada en tres pilares fundamentales: la burbuja estatal en las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de la Ley por los políticos y sus redes de contactos, y la impunidad de los delitos de su oligarquía de élites extractivas.

Como prueba de ello, actualmente, tenemos 1661 causas judiciales abiertas por corrupción. Algo inmoral pero hasta cierto punto lógico, si una oligarquía decide seguir extrayendo (robando) recursos privados con incesantes subidas de impuestos año tras año, si decide aumentar el nivel de endeudamiento (impuestos futuros) desde el 35% PIB en 2007 hasta subir por encima del 92% PIB en 2013, si se mantienen las barreras comerciales en contra de la unicidad de mercado, y si adolecemos de desigualdad ante la ley, como consecuencia de un modelo territorial "confederal", que divide a los ciudadanos en primera, segunda y tercera categorías, en función de su grado de proximidad al poder político regional.

Admitámoslo, se requiere de modo urgente una reforma mínima de la Constitución Española de 1978 aplicando el Art. 167 CE. En dicho caso, por favor, afrontemos el problema de la desvertebración territorial, con seriedad y con visión estratégica a largo plazo; sin alimentar y sin expandir la formación de nuevas oligarquías de "élites" extractivas separatistas, que es en lo que consiste el federalismo asimétrico o el confederalismo disgregador de las autonomías.
 

Dado que la soberanía reside en el pueblo español (Art. 1 CE), y dado que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación Española (Art. 2 CE) y fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978, legalmente y con la Constitución en la mano, un Presidente del Gobierno de España no puede seguir dialogando para negociar más concesiones con los separatistas.

Ha llegado el momento de que el Gobierno aproveche la mayoría absoluta de su partido en el Parlamento para impulsar y convocar un referéndum (Art. 92 CE), de forma que todos los ciudadanos españoles decidan una organización territorial más racional [6] [7] de España: fijando (reduciendo y/o eliminando) las competencias autonómicas (Art. 148 CE), y definiendo que, llegado el caso, se aplique la posibilidad de suspensión de un Estatuto de Autonomía ante el incumplimiento de la Ley por las autoridades autonómicas (Art. 155 CE).   

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] (Ortega, 2009) [1920]. España Invertebrada. Colección Austral. Ed. Espasa-Calpe. Madrid

[2] (Ortega, 1988) [1930]. La Rebelión de las Masas. Alianza Editorial. Madrid.

[3] (Ortega, 1974) [1931]. La Redención de las Provincias. Revista de Occidente.Madrid

[4] (Hayek, 1997) [1988]. La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Unión Editorial. Madrid.

[5] Oligarquía de élites extractivas: Una oligarquía se puede denominar de élites extractivas, cuando sus actos ejecutivos y legislativos van más allá de gobernar para garantizar la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) de los ciudadanos, y se dedica el Estado-Administración a intervenir la riqueza del territorio a favor del gasto "social", "autonómico",… Normalmente, la oligarquía de élites extractivas sobre un territorio viene acompañada de muchas carencias y/o deterioros institucionales como, entre otros: la ausencia de independencia judicial, múltiples casos de corrupción, prevaricación y malversación de fondos públicos, el incumplimiento de las sentencias judiciales, y la impunidad en los actos delictivos de los políticos (bien con el indulto bien con la inacción o el enfriamiento judicial de procedimientos penales para su prescripción).

[6] Un análisis económico del tamaño del Estado en España recomendaría eliminar el Estado Autonómico y fortalecer los Municipios, porque las Autonomías suponen un gasto "social" del 17% del PIB de España, y aún mayor si se calculase el coste de sus barreras comerciales (*).

[7] Un análisis político de la viabilidad de los cambios institucionales recomendaría, como mínimo, intentar que quedasen 17 gobiernos regionales con competencias ejecutivas reducidas y fijas; y, si fuese posible, sin los 17 parlamentos autonómicos, porque sólo sirven para legislar leyes autonómicas que interponen barreras comerciales, rompen la unicidad de mercado y discriminan ciudadanos, contribuyendo a sumar más de 100.000 normas al año en España (**).

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El envilecimiento fiscal internacional

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La crisis económica no sólo ha servido a Montoro para subirnos los impuestos en España. En el ámbito internacional hay una enorme cantidad de técnicos y burócratas en las estructuras paraestatales (OCDE, etc.) al servicio de los Gobiernos (especialmente del G20) para que estos aseguren sus recaudaciones fiscales en los niveles más elevados posibles.

Estas organizaciones, al mandato de sus gobiernos, han estado ideando un plan (todavía no concluido) con tres pilares fundamentales: cambiar las reglas de la tributación fiscal internacional (proyecto BEPS), implementar mecanismos para el intercambio automático de información financiera entre Estados, y la realización de una revisión del cumplimiento de estas medidas por parte de un gran número de países (no sólo ellos).

Poner en marcha estos planes a nivel internacional no es tarea fácil, y está siendo posible por el interés y necesidad de los manirrotos y anquilosados Gobiernos de los países más ricos (especialmente los europeos), que buscan nuevas maneras para recaudar urgentemente más dinero de la población. Es decir, que lo que ocurre “a nivel” Montoro está ocurriendo en los países e instituciones más socialistas del mundo desarrollado.

En cuanto a los cambios en la fiscalidad, destaca el modo en que los Estados van a tratar de gravar la economía digital. Internet está permitiendo una increíble y radical modificación de los modelos de negocio. Y esto tiene sus consecuencias para los Estados, que ven cómo la actividad de las empresas llega a sus territorios pero sin necesariamente haber una presencia (física) de la empresa, algo que permitiría un claro mordisco fiscal. También pretenden fiscalizar y auditar a las empresas para que no separen y deslocalicen los ingresos, del valor que los genera, ideando para ello métodos administrativos costosos e invasivos que podrían llegar a dictar dónde se crea el valor para así gravarlo.

Precisamente, la fiscalización y el control de la información es lo que todo Estado fuerte necesita. Y este otro pilar es lo que están impulsando (en parte ya se ha aprobado), de modo que se establezcan mecanismos de intercambio de información que en lugar de realizarse a petición de las administraciones y de sus burócratas (como hasta ahora), se haga de manera automática. Para ello colonizarán en mayor medida a las entidades financieras, que estarán obligadas a “colaborar“, e incluso están pensando en obligar a las empresas a declarar al Fisco la estrategia fiscal que diseñen. (Por cierto que este tema también se relaciona con el big data y el espionaje del Estado).

Y, ¿cuáles son las razones, si quiera de cara a la galería, para justificar estos cambios? Según los últimos informes de la OCDE, el organismo que está diseñando estas políticas, existe “una creciente percepción” (sic) de que los Gobiernos están perdiendo ingresos fiscales por la panificación fiscal de las empresas. Y es una “percepción” porque al mismo tiempo admiten su incapacidad para cuantificar esta menor recaudación. De ahí la necesidad de fiscalizar y controlar toda la información para poder monitorizarnos y cuantificarnos. Por otra parte, la propia OCDE recoge en otros trabajos que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades ha ido creciendo desde 1965, salvo el descalabro producido durante la actual crisis. Es decir, que quitando el efecto de la crisis, la recaudación media de los países de la OCDE se ha ido incrementando.

En cualquier caso, con esta “percepción” han aireado y ayudado a propagar acusaciones interesadas contra empresas como Google, Amazon, Starbucks, Adobe, etc. (sobre todo en EEUU y Reino Unido), con el fin de manipular a la población y mostrar que estas empresas han poco menos que evadido impuestos, lo que explicaría su poco nivel de tributación. No hay más que ver el vergonzoso interrogatorio que soportó Tim Cook, el CEO de Apple, en el Senado de EEUU (por cierto, únicamente defendido por Rand Paul), que no se cansó de reiterar que pagaban lo que debían legalmente, y que el sistema fiscal yanqui crea muchas desventajas a Apple.

Y es que es así. En primer lugar, las empresas multinacionales suelen pagar lo que dicta la ley. Hecho que han reiterado todas las empresas acusadas, Google, Starbucks, Adobe, etc., aunque luego hayan tenido, motu proprio, que pagar más (Starbucks) para evitar el descrédito que están creando los burócratas y periodistas socialistas. Es decir, que no hace falta incumplir la ley (la ley de los gobiernos) para rebajar la mordida fiscal.

Lo que ocurre es que la propia operativa de las empresas conduce o facilita este hecho. Aquí en España, las mayores deducciones fiscales las encontramos en las deducciones por doble imposición internacional. Es decir, las empresas grandes se deducen grandes cantidades para no pagar dos veces (!). Y esto es posible porque son las multinacionales las que tienen diversificados los mercados y operan en más de una jurisdicción. Es decir, la mayor eficiencia operativa de una gran empresa también se refleja en el tema fiscal. Sobre todo en el coste fiscal, que es el peor de todos, pues no es un input que cree valor a la operativa, sino un peaje, un chantaje, para poder relacionarse con los consumidores de un territorio. De ahí que las empresas, ciertamente, modifiquen sus modelos de negocio para rebajar su factura fiscal y poder llegar a todos sus destinatarios de la mejor manera posible, rendir las mejores cuentas a sus propietarios, y ser más eficientes en un entorno de presión competitiva global.

Y esa eficiencia fiscal no sólo la buscan las grandes multinacionales, también cualquier persona que en su IRPF opta por un beneficio fiscal. Y si no lo hace por miedo, es por evitarse “líos” (es decir, el miedo a pagar finalmente más). Por tanto, la denominada economía de opción se ejerce en todas partes y es natural al obligado tributario (pues es obligado). No debería ser perseguida y no es algo que las malvadas compañías grandes busquen por su ruin naturaleza. Que, por cierto, se habla de grandes corporaciones, pero estas suelen tener propietarios pequeños, sus accionistas. Aun así, se aplican medidas progresivas (es decir, más agresivas) hacia estas cuando sus propietarios pueden ser más bien pequeños ahorradores. Son estos ahorradores y, en general, toda la población, la que debería desacreditar y señalar a los burócratas y gobiernos cuando se embarcan en ofensivas fiscales que no ayudan a la economía, y mucho menos a su recuperación, en lugar de competir sanamente por rebajar esas barreras a empresas y personas.

La chapuza de la reforma de las pensiones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Todo sistema de pensiones de reparto es inherentemente inestable. A menos que el número de trabajadores crezca lo bastante rápido como para mantener a lo largo del tiempo la ratio entre el número de ocupados y el número de pensionistas, o a menos que el incremento de la productividad de los trabajadores supla el deterioro de esa ratio, el sistema de reparto se cae y nos aboca a alguna de estas dos salidas: o se incrementan las cotizaciones sociales o se recortan las pensiones.

En cambio, el sistema de capitalización es perfectamente sostenible: no ya porque cada persona sea la responsable de costear su propia jubilación, sino porque la pensión percibida en el futuro depende de la riqueza que cada persona haya sido capaz de generar con ese ahorro. El sistema de capitalización no se basa en promesas infundadas cuyo cumplimiento dependa de elementos exógenos al sistema: al contrario, se basa en las decisiones financieras que adopte el futuro pensionista. Acaso por ello produzca tanta desazón: porque individualiza responsabilidades y no permite traspasarle al vecino el muerto de los errores propios. Pero mi intención no es reflexionar sobre las múltiples virtudes del sistema de capitalización cuanto ubicar el debate sobre la enésima reforma de la Seguridad Social española dentro de la implacable lógica de los sistemas de reparto.

La reforma definitiva del sistema de reparto

Sabido es que, hace apenas un trimestre, el “Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” emitió un informe con una propuesta de reforma de nuestra Seguridad Social que pretendía ser la definitiva. En efecto, durante los últimos 30 años las pensiones públicas españolas han sido sometidas a toda una serie de “retoques” (mega-recortes de todo tipo: ampliación del período de cómputo de la base reguladora, elevación de la edad de jubilación, separación de las fuentes de financiación de las pensiones y la sanidad, etc.) que han sometido a los pensionistas españoles a la arbitrariedad de la camarilla gobernante de turno: cada vez que este insostenible sistema quebraba, no quedaba otro remedio que reunir a los mandarines políticos y oficiar una nueva quita con efectos y damnificados inciertos.

No es que el comité de expertos haya dado con la fórmula mágica para evitar estos recortes, sino que se contenta con automatizarlos y transparentarlos. Así, su propuesta consiste en someter el cálculo de las pensiones a dos correctores objetivos que permitan su ajuste (recorte) dinámico.

El primero, el llamado Factor de Equidad Intergeneracional, busca equiparar las pensiones totales que percibirán los jubilados con distintas esperanzas de vida: es decir, quien viva más ha de cobrar cada mes algo menos y quien viva menos ha de cobrar algo más. Por tanto, conforme se alargue la esperanza de vida de los españoles, sus pensiones deberán minorarse.

El segundo, el Factor de Revalorización Anual, busca corregir los desequilibrios estructurales entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social mediante el aumento o la disminución de las pensiones medias: cuando los ingresos del sistema crezcan más que los gastos (determinados por el aumento del número de pensionistas y por la sustitución de jubilados con pensiones bajas por jubilados con pensiones altas), se podrá revalorizar las pensiones medias hasta que ambos se igualen; cuando los gastos crezcan más que los ingresos, habrá que rebajarlas hasta que, también, se igualen. Además, si la situación de partida es de un desequilibrio general entre ingresos y gastos, habrá que modificar escalonadamente las pensiones para que desaparezca ese desequilibrio de partida. Los expertos sólo aceptaron proscribir los recortes nominales de las pensiones para los jubilados actuales y por una mera cuestión de equidad. En esta sede, su recomendación fue utilizar el capital del Fondo de Reserva de las pensiones para compensar la minoración nominal que sí debería aplicárseles a los jubilados para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

Ambos correctores (pero, sobre todo, el segundo) garantizan la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones de reparto. Obviamente, lo hacen a costa de institucionalizar los recortes anuales de las prestaciones de los jubilados en cuanto los ingresos devengan insuficientes. Pero eso –recortes estructurales– es lo máximo que puede dar de sí un sistema de reparto.

El Gobierno agua la reforma

El pasado lunes, Fátima Báñez presentó a los siempre mal llamados “agentes sociales” la propuesta de reforma de las pensiones pergeñada por el Ejecutivo a partir de las sugerencias del Comité de Expertos. Aunque en apariencia el PP fue bastante obediente, la realidad es que, ciñéndonos a lo anunciado, convirtió en papel mojado las recomendaciones del Comité. Lo menos grave del asunto fue que retrasó a 2019 la entrada en funcionamiento del Factor de Equidad Intergeneracional lo que provocará, como ya le advirtió el Comité, la necesidad de tijeretazos mucho más duros en las pensiones del futuro. Pero lo mollar no fue la alteración de los tiempos propuestos, sino de los factores de ajuste.

En concreto, el Gobierno pretende restringir la revalorización anual de las pensiones a una horquilla que oscile entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,25%. Es decir, ninguna pensión podrá jamás sufrir un recorte nominal: pese a que el Comité de Expertos sólo propuso blindar de los recortes a los pensionistas actuales, el Gobierno ha optado por extender su manto protector sobre el conjunto de los jubilados presentes y futuros. Y con ello ha inoculado de nuevo el virus de la insostenibilidad al sistema de reparto; ante las insuficiencias de ingresos, las pensiones no podrán reducirse nominalmente, de modo que al Estado sólo le quedarán dos caminos: o subir la tributación o aprobar una nueva reforma-recorte de las condiciones del sistema.

Ahora mismo, de hecho, el sistema de Seguridad Social presenta un déficit anual de 15.000 millones de euros; un desajuste que, a largo plazo, sólo hará que ensancharse. En este contexto, es evidente que las pensiones deberían reducirse (ya sea alargando la edad de jubilación, incrementando el período de cálculo de la base reguladora, disminuyendo los porcentajes aplicables a la base reguladora o rebajando las pensiones actuales) pues al ritmo actual el Fondo de Reserva se habrá vaciado en cuatro años.

Pero el Gobierno se ha atado las manos, con lo que el gigantesco agujero de la Seguridad Social no podrá corregirse a corto y medio plazo. A lo que asistiremos, pues, es a una congelación de facto de las pensiones (revalorización del 0,25% anual) durante bastantes años hasta que la inflación consiga por la vía real aquello que el Gobierno no tiene arrestos para hacer por la vía nominal: que el poder adquisitivo de los pensionistas se hunda al mísero nivel que permite sostener nuestro fraudulento sistema de reparto.

Ahora bien, para que estas tramposas cuentas le cuadren al PP será necesario que la inflación sea lo suficientemente elevada como para compensar los efectos de la caída del número de cotizantes, del aumento del número de pensionistas y del incremento de la pensión media por efecto sustitución. Con una inflación moderada (esto es, con un robo monetario moderado), la Seguridad Social seguirá quebrada y una reforma que podría haber sido definitiva se quedará en otro parche que, para más inri, los diversos gobiernos populistas que vendrán no tendrán el más mínimo reparo en extirparse. Ni transición al sistema de capitalización, ni reforma seria del sistema de reparto. Para variar, una chapuza más de este Gobierno.

Así Nicolás Maduro como Francisco Franco

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Así Nicolás Maduro como Francisco Franco

Por mucho que pretendan lo contrario, en numerosas ocasiones los gobernantes autoritarios y totalitarios de distinto signo parecen inspirarse en el pasado. El llamado socialismo del siglo XXI no es una excepción, y la realidad que va imponiendo sobre los países sometidos a él resulta muy similar a la de los distintos socialismos (en sus versiones no socialdemócratas) de la centuria pasada.

Tras heredar el trono de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha acelerado el ritmo para convertir a Venezuela en una nueva Cuba castrista –que, cual dragón de Komodo del terror político, es un régimen totalitario propio de la segunda mitad del siglo XX–. Sin embargo, en el camino no faltan obstáculos. Uno de ellos es que, a pesar de todo, perviven radios, televisiones y periódicos que todavía no están sometidos al control del Gobierno bolivariano. Si su predecesor puso todo su empeño en combatir al periodismo no afín y utilizar los medios en beneficio propio, el hombre al que el presidente muerto se le presenta en forma de pajarito llega a superarle en el esfuerzo.

Maduro opta por técnicas que nos llevan a las dictaduras del siglo XX. Para la mayor parte de los españoles, el término ‘cadena’ es algo desconocido en el sentido que se le da en América del Sur –se utiliza en países como Venezuela o Ecuador para referirse a la obligación que tienen las emisoras privadas de radio y televisión de conectar con las emisiones oficiales del gobierno cuando lo exijan las autoridades–. Sin embargo, sí hay un precedente en la propia historia de España.

A lo largo de la larga dictadura franquista, las radios privadas (no existían televisiones de este tipo) estaban obligadas a emitir ‘el parte’, el informativo que elaboraba la pública Radio Nacional de España (RNE). Esto se mantuvo hasta 1977, dos años después de la muerte de Franco y uno antes de la aprobación de la Constitución vigente en la actualidad. El denominado ‘Noticiero de la verdad’ que va a imponer Maduro es en esencia la versión moderna y venezolana del extinto ‘parte’ de la RNE franquista.

Es cierto que por el momento en Venezuela no se prohíben los informativos elaborados por las radios y televisiones privadas, como sí hacía el franquismo, pero la obligación de emitir un "noticiero" (en realidad es propaganda) controlado por el Estado es el mismo. Maduro, como antaño Franco, va a confiscar tiempo de emisión a las empresas privadas para que muestren su versión de la realidad. No se puede descartar que con el tiempo dicha versión sea la única autorizada en los medios audiovisuales venezolanos.

No es en lo único que el socialismo del Siglo XXI, en este caso venezolano y otros, se parece al franquismo. Las llamadas ‘cadenas’ tienen un antecedente durante la última dictadura que ha vivido España. Si las radios y televisiones de los países del bloque bolivariano están obligadas a emitir los mensajes de las autoridades gubernamentales cuando estas lo requieran, durante el régimen de Franco los periódicos estaban obligados a insertar de forma gratuita comunicaciones del Gobierno. Esto no deja de ser un precedente impreso de las citadas ‘cadenas’ en los medios audiovisuales.

Los socialismos autoritarios, sean de derechas (el franquismo, en especial durante la época de predominio falangista) o sean de izquierdas (como los del bloque del ALBA), se parecen mucho entre sí. Las técnicas destinadas a controlar la información, o lo que se quiere hacer pasar por ella, es un buen ejemplo de ello. Como dijimos, el ‘Noticiero de la Verdad’ es en esencia el antiguo ‘parte’ de RNE. A la hora de obligar a emitir supuestas noticias, así Nicolás Maduro como Francisco Franco.

Noventa y dos… y sumando

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

942.758 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 92,2% de un PIB decreciente, un 2,1% más en relación con el trimestre anterior. Eso es lo que debe el reino de España a fecha de hoy. Y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, pero podría decirlo la tía Tula. Lo bueno de los números es que, cuando son ciertos, no importa de donde vengan, como no importa demasiado recordar a estas alturas que el Gobierno se había fijado como endeudamiento máximo para este año el 91,4%. Estamos a mediados de septiembre y ya lo han superado con creces. Como puede comprobarse, el mismo cuento del déficit pero en números absolutos y no en diferencial entre ingresos y gastos.

Doy los datos sin mucho apasionamiento. Sé que muchos se echaron el pasado viernes las manos la cabeza, se mesaron los cabellos con desesperación y se dijeron a sí mismos: "¿cómo es posible que estemos llegando a esto?, ¿no decían que la cosa mejoraba?, ¿pero no habían hecho unos ajustes estructurales que iban a impedir que la deuda siguiese escalando hasta la estratosfera?" Bien, es posible que hayamos llegado a esto, -y a más que llegaremos si "esto" continua así- porque el Gobierno de Rajoy no ha cambiado ni una coma de la política económica suicida que, en la segunda legislatura de Zapatero, nos condujo a la ruina. Quizá hasta soy demasiado benévolo cuando digo lo de "ni una coma", el Gobierno sí que ha introducido modificaciones en la política económica, pero para hacerla más socialista y letal. Así, donde antes se pagaba un 18% de IVA ahora se paga un 21%, donde antes no se pagaban tasas ahora se pagan, donde antes no había regulación, ahora la hay. En definitiva y por abreviar, Rajoy y Montoro, Montoro y Rajoy han llevado el zapaterismo a su últimas y devastadoras consecuencias económicas, al nirvana socialdemócrata perfecto. Y eso tiene un coste del 92% de deuda soberana y se cobra un doloroso tributo en forma de desempleo por las nubes y de déficit público fuera de control. El resultado final es la actividad económica por los suelos o directamente sumergida, lo que nos lleva al principio de este círculo vicioso en el que damos vueltas como un hámster en la noria de su jaula desde el ya lejano año 2008.

La única reforma posible, la que habría aligerado las onerosas cargas que padece el erario público, está aún pendiente, y es más que probable que nunca se acometa. Esa reforma toca a la estructura misma del Estado, a su tamaño y a sus competencias. Tenemos, y no me cansaré de repetirlo, un Estado elefantiásico que no nos podemos costear. Un Estado heredero de la borrachera de crédito que infló la burbuja inmobiliaria primero y el sector público después. Me consta que es políticamente incorrecto decirlo, pero es la cruda verdad, una verdad con la que tendremos que congraciarnos aunque no lo reconozcamos públicamente. El Estado lleva demasiado tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades. Tiene muchas más atribuciones de las que puede permitirse con la recaudación ordinaria, un sinnúmero de políticos y un océano de empleados a quienes hay que pagar puntualmente todos los meses.

El problema, nuestro problema, es que lo primero -las atribuciones del Estado- las hemos convertido en derechos por las buenas. Y no, no son derechos. Nada que se ejerza a costa de un tercero contra la voluntad del tercero merece el nombre de derecho. No existe nada parecido a una sanidad "gratis" o una educación "gratis", siempre hay alguien con nombre, apellidos y domicilio fiscal que la paga, generalmente sin pretenderlo y, lo que es peor, sin intención de utilizar el servicio. Ese alguien ya no da más de sí, trabaja medio año o más para el Gobierno y aún así éste se ve necesitado de cuadrar las cuentas pidiendo prestado por ahí. Se dice a menudo que esto es insostenible, cierto, no es una frase hecha, esto es insostenible en el tiempo nos guste o no. Llegará un momento en el que el Gobierno vea como se le cierra el crédito externo -abierto ahora de falsete gracias a los oficios de Mario Draghi- y entonces el tinglado implosionará, habrá que presentar la suspensión de pagos y los que ahora pregonan a los cuatro vientos la inviolabilidad de los "derechos sociales" comprobarán con amargura que no eran tales, sino caprichos redistributivos que sólo un país rico puede permitirse. El nuestro lo fue y aún en cierta medida lo es, pero cada vez menos. Se persigue a los fabricantes de riqueza, a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores del sector privado. A estos héroes cotidianos se les machaca a impuestos y a folios y más folios de regulaciones, la mayor parte de las mismas arbitrarias y estúpidas. Así es imposible no ya prosperar, sino simplemente sobrevivir con lo puesto.

Podría argüirse, como hacen los optimistas incorregibles, que estamos en el fondo del valle y que a partir de ahora todo va a ser una veloz remontada. La propia CEOE se ha apuntado al mantra haciendo su propia previsión. La patronal prevé que dentro de un año se esté creando empleo. Me permito dudarlo. Por dos razones. La primera porque nada invita a pensar que el zapaterismo montoriano vaya a remitir, más bien todo lo contrario, y ahí tenemos el renovado paquete de alzas fiscales con el que Hacienda nos felicitará la Navidad. La segunda porque me parece puro wishful thinking. La previsión de la CEOE no se fundamenta en nada sólido, solo en las buenas vibraciones que le transmite el marco macroeconómico. Hágase un favor, busque en Google previsiones similares hechas hace uno, dos o tres años y compruébelo por usted mismo. Sí, de primeras es duro de enfrentar, pero las previsiones no sirven para nada o, mejor dicho, sirven para tomar decisiones equivocadas. Esto es lo que hay. No lo olvide. Noventa y dos… y sumando.

Modernidad y libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El liberalismo y la modernidad comparten la misma edad del hombre, y tienen una vinculación con la Ilustración. La misma idea de la modernidad entronca con lo que puede entenderse que es un ideal propio del liberalismo. Con la modernidad, el individuo adquiere una nueva autonomía. El individuo adquiría su persona en función de la comunidad en la que vive, su sexo y edad, oficio y extracción social, y según un conjunto de usos muy definidos. El individuo, en la modernidad, ya no adquiere ese rol, sino que lo fija él mismo. Fija sus expectativas, que ya no le vienen dadas por su condición social y por las escasas posibilidades de salir de ella. Y no se guía ya por lo que le dictan las normas, sino por su propio juicio, guiado por la razón.

Esa razón se aplica a la naturaleza, tanto para conocerla como para manipularla. De ahí el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esa aplicación de la razón a los recursos para satisfacer las necesidades del individuo, de la que se ocupa la ciencia económica, se da la mano con una experiencia histórica que se ha llamado capitalismo. El capitalismo contribuye al desarrollo de la modernidad, porque le ofrece al individuo más medios para construir su persona, para fijar nuevas expectativas.

Esa razón se aplica, también, al Estado. El Estado experimenta toda una transformación durante la aparición de la modernidad. En la era medieval, las relaciones entre personas (marcadas, como he recordado, por la posición que ocupan en la sociedad), están basadas en usos que se asemejan a contratos. Dado que tras el derrumbe de la antigüedad, el poder estaba muy difuminado, las instituciones que surgieron durante el medievo no llevaron inmediatamente a una tiranía tipo oriental, sino que llevaron (lo explica Powelson) a la creación de compromisos que evitaban el conflicto, y que tendían a repartir o, más bien, dividir el poder. Los reyes eran, muchas veces, primus inter pares, y su sucesión estaba abierta a la creación de diversas alianzas. Su poder sobre la gente era muy importante, pero estaba a su vez limitado.

La aparición del Estado moderno viene de que el comercio y las ciudades surten de medios económicos a la Corona, y ésta crea una nueva corte profesionalizada, y organizada en una combinación de la lógica del poder y la aplicación de la razón. El Estado, con la modernidad, pierde por un lado los lazos de dependencia con los grupos sociales: El Parlamento se ha convertido en un instrumento más del propio Estado, y la banca privilegiada o pública le ha dado nuevos medios financieros sin el control de la sociedad. Y por otro, se convierte en un instrumento más al servicio de las nuevas y crecientes expectativas del hombre moderno. No sólo quiere mantener a su familia, cumplir con las normas sociales y salvar su alma, sino que busca crear una sociedad perfecta y participar de ella. El Estado es la tecnología de esa pretensión. La modernidad, que ha ido de la mano del liberalismo, ha traído como uno de sus hijos al socialismo.

El liberalismo histórico ha sido agente de la modernidad y, por esa vía, ha contribuido al crecimiento del Estado: Le ha querido dotar de racionalidad, emancipación de las viejas servidumbres, sujeción a un conjunto de normas, sí, pero también actuación en función de un conjunto de objetivos acotados y definibles en el juego político.

La modernidad, en definitiva, ha permitido la emancipación del individuo, pero también ha permitido que se plantee la implantación de los sueños de la razón que, como decía el pintor, produce monstruos.