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Un sistema condenado

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

La reforma de las pensiones presentada este lunes por Fátima Báñez tiene una virtud. Posiblemente se trata de la primera vez que un Gobierno español admite la necesidad de introducir algún tipo de elemento que garantice, internamente, el equilibrio financiero del sistema. Y es cierto: si se aplican los dos factores de equilibrio incluidos en la propuesta del Ejecutivo, se evitará la quiebra de la Seguridad Social.

Eso sí, convendría también que el Ejecutivo explicase claramente a los españoles que esto se conseguirá a costa de reducir las prestaciones que cobrarán en un futuro. Es inevitable y probablemente la mayoría de los trabajadores actuales ya lo han asumido. Pero no estaría de más que la ministra aclarase que un pensionista del año 2040 que haya cotizado lo mismo que su padre cobrará bastante menos de lo que su progenitor gana en la actualidad.

El sistema está condenado. Esto no quiere decir que vayan a desaparecer las pensiones públicas. Probablemente nunca lo harán. Será muy difícil que los políticos acaben con un modelo que les entrega el control de la paga mensual de más de nueve millones de jubilados. Siempre habrá cotizaciones, y con ellas se pagarán las pensiones. La pregunta no es ésa, sino cuánto habrá que cotizar y a cambio de qué prestación.

Los defensores del actual modelo repiten que hace ya veinte años que se advierte de la quiebra de la Seguridad Social, sin que ésta se haya producido. No puede haber un argumento más falaz. Cada poco tiempo se recortan las promesas hechas a los trabajadores: se retrasa la edad de retiro, se complica el acceso a la jubilación anticipada, se exigen más años de cotización para cobrar el máximo o se amplía el período de cálculo de las pensiones. Es decir, quiebra parcialmente el sistema para evitar que el edificio se derrumbe por completo.

Por todo esto, tenemos que asumir que, con el número de trabajadores y el número de jubilados que habrá en 2040, no habrá margen para pagar unas pensiones que, como las actuales, supongan más del 80% del último sueldo cobrado. Es decir, que los actuales cotizantes deberíamos saber que, si queremos mantener nuestro poder adquisitivo cuando nos retiremos, tendremos que ahorrar. Y no estaría de más que los políticos lo reconociesen.

Es evidente que la transición desde un modelo como éste de reparto a uno de capitalización no será fácil. Alguien tiene que pagar las pensiones de los actuales jubilados, y si las cotizaciones presentes se dedican a llenar los fondos de ahorro individuales, habrá que sacar el dinero de algún otro sitio. Incluso se puede llegar a entender, aunque no se comparta, que ningún gobierno quiera meterse en este fregado. Pero lo que no tiene perdón es que ni siquiera se intenten otras alternativas.

Suecia estaba hace veinte años en una situación similar a la española. Y allí sus políticos sí tuvieron la valentía de comenzar una reforma de verdad, de las que cambian los fundamentos del modelo. La mezcla de un sistema de cuentas nocionales con una pequeña parte de capitalización ha obrado un pequeño milagro. Las pensiones están más aseguradas; los nuevos jubilados tienen más control sobre su prestación y toman decisiones que influirán en su futuro al margen de sus políticos; y ha aumentado el ahorro privado, con benéficas consecuencias sobre todo la economía del país nórdico.

Nada hace indicar que nadie en España se esté planteando nada parecido. Dentro de 20 o 30 años, llegarán las consecuencias. Y golpearán especialmente a los pensionistas de menos poder adquisitivo, los que menos cultura financiera tienen, y menos capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral. ¿Dónde estarán entonces nuestros políticos y todos esos demagogos que gritan en las tertulias lo mucho que les importan las pensiones públicas?

Ronald Coase: la información tenía un coste

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Acaba de morir Ronald Coase a los 102 años. Envidiable longevidad y más envidiable erudición. Dos han sido sus grandes aportaciones a la Ciencia Económica y las dos están estrechamente vinculadas con los límites de la propiedad privada como mecanismo transmisor de información.

La naturaleza de la empresa

La primera de ellas, desarrollada cuando apenas tenía 27 años, la recogió en su seminal artículo La naturaleza de la empresa (1937). Coase trataba de responder a la pregunta de por qué existen las empresas, es decir, por qué surgen organizaciones estables de factores productivos aunadas mediante contratos a largo plazo. Al cabo, si como insistían los economistas, los precios son herramientas de coordinación entre los agentes económicos, un empresario lo tendría mucho más fácil limitándose a comprar cada día en el mercado aquellas cantidades de factores productivos que prevé necesitar sólo para ese día en lugar de colocarse a sí mismo en una situación de inflexibilidad firmando contratos de provisión a muy largo plazo. El caso de los contratos laborales es bien ilustrativo: ¿qué sentido tiene, en ausencia de regulaciones que lo prohíban, suscribir contratos indefinidos en lugar de contratos temporales a un día o a unas horas que vayan renovándose conforme se requiera?

La respuesta que ofreció Coase marcaría toda su obra intelectual ulterior: aunque existen costes asociados a la rigidez contractual, también existen costes vinculados a comprar continuamente en el mercado aquellos factores necesarios en cada operación. ¿Se imaginan tener que renegociar el salario por obra y servicio de cada trabajador cada vez que el empresario quisiera darle una directriz? No sólo se dispararía la incertidumbre de a qué precio podríamos cerrar en cada momento los salarios, sino que habría que destinar una gran cantidad de tiempo y de recursos a la mera tarea de buscar información y alcanzar acuerdos (verbigracia, los departamentos de recursos humanos deberían ser gigantescos). Coase, por tanto, descubrió que había costes derivados de realizar transacciones en el mercado; de ahí que posteriormente fueran denominados "costes de transacción".

En este sentido, las empresas serían organizaciones funcionales que permitirían minimizar los costes de transacción de un plan de negocios. O dicho de otro modo, las empresas nacían para economizar el uso de la información sustituyendo la toma de decisiones consensual por la toma de decisiones jerárquica. Para Coase, las empresas son islas de planificación central dentro de un océano de competencia (en el sentido hayekiano: proceso de descubrimiento). Como años más tarde descubriría Murray Rothbard unificando las aportaciones de Coase y de Mises, si la planificación central dentro de una empresa funciona –al contrario de lo que sucede con la planificación central dentro de un Estado–, es porque las fronteras de la empresa no son rígidas: cuando las jerarquías se vuelven demasiado grandes, los costes asociados a captar y gestionar la información dentro de una empresa se vuelven mayores que los costes de transacción fuera de la empresa, lo que llevará a una reorganización espontánea de la estructura de mercado. De ahí, por cierto, que las profecías marxistas del "monopolio único" carezcan absolutamente de sentido.

La teoría de la empresa de Coase, por consiguiente, nos ofrece una imagen bastante completa de por qué existen las empresas y no existen únicamente interacciones entre agentes autónomos dentro del mercado. Acaso sólo me permitiría añadir que Coase estudia la cuestión desde un punto de vista estrictamente productivo (activo empresarial) olvidándose de las consideraciones financieras (pasivo empresarial). Y es que las empresas también emergen porque son vehículos óptimos para la gestión patrimonial de los ahorradores: una compañía es un organismo vivo capaz de crecer y readaptarse dinámicamente a las circunstancias sin que cada accionista deba estar permanentemente gestionándola. Y, en este crucial sentido, las empresas también permiten reducir los costes de transacción de gestión intertemporal de nuestra propiedad.

El problema del coste social

La siguiente gran aportación de Coase consistió en estudiar cómo los costes de transacción también afectaban a la interacción conflictiva de derechos de propiedad: es lo que hizo en su artículo El problema del coste social (1960). Siendo la propiedad un fenómeno social, por necesidad muchas de las decisiones relativas a una propiedad individual terminarán afectando a otras propiedades. Es lo que los economistas llaman "externalidades": existes beneficios o costes "sociales" en el uso individual de la propiedad que deberían ser considerados de cara a lograr una adecuada coordinación económica. Por ejemplo, si una fábrica se instala cerca de una casa y emite polución, esa contaminación es un coste que la compañía "externaliza" sobre el propietario de la vivienda y que no puede omitirse del análisis.

Hasta Coase, las externalidades positivas o negativas eran vistas como una justificación de la actuación del Estado: ya fuera a través de regulaciones o de impuestos y subvenciones pigouvianos, el Estado debía intervenir en el uso privado de las propiedades para maximizar el bienestar social. Pero Coase cambió radicalmente esta perspectiva por cuanto consideraba que el Estado era incapaz de conocer cuáles eran los beneficios y los costes subjetivos asociados a cada externalidad (por los mismos motivos que una empresa gigantesca comienza a ser incapaz de planificar correctamente lo que sucede en su interior).

Así, en cambio, el británico demostró que, bajo ciertas condiciones, los propietarios afectados por una externalidad tenderían a alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos sin necesidad de que intervenga el Estado. Por ejemplo, si el propietario de la vivienda posee un derecho de propiedad preferente para decidir si la empresa puede contaminar o no (es decir, si la empresa puede invadir su vivienda con polución o no), la fábrica le ofrecerá al propietario una compensación económica para que le permita seguir operando y contaminando: si la compensación ofrecida supera los costes subjetivos de la contaminación, la compañía seguirá funcionando; si no lo hace, la compañía cerrará sus puertas. Y al contrario, si es la compañía la que tiene el derecho preferente a decidir si puede contaminar o no, el propietario de la vivienda le ofrecerá una suma de dinero para que deje de hacerlo: si esa cantidad supera los beneficios que la compañía obtiene por contaminar, detendrá sus operaciones; si no, las mantendrá.

La cuestión relevante es que bajo ciertas condiciones empresa y propietario se sentarán a negociar para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. ¿Pero cuáles son esas condiciones? La primera, evidentemente, que los derechos de propiedad estén bien delimitados. La segunda condición es la típica de la obra de Coase: que no existan elevados costes de transacción que frustren el proceso de negociación. Por ejemplo, si la empresa contamina no una vivienda, sino una ciudad entera, será muy complicado que el empresario pueda negociar con millones de propietarios particulares. En presencia de altos costes de transacción, por tanto, no habrá negociación ni acuerdos mutuamente satisfactorios; en cuyo caso, Coase proponía que los tribunales asignaran derechos de propiedad tratando de reproducir el proceso de negociación que habría tenido lugar en un mercado sin costes de transacción y que habría permitido maximizar el valor total de la producción.

En este último caso, sin embargo, Coase se desliza por la peligrosa senda de la ingeniería social. Al dar el paso desde sus descripciones a sus prescripciones, Coase cae en el mismo error que había tratado de criticar: asumir que los jueces sí pueden conocer cuáles son los beneficios y los costes sociales. No pueden y, aunque pudieran, debería resultar evidente que no es irrelevante quién posea los derechos de propiedad: si, en nuestro ejemplo anterior, los derechos preferentes los posee la empresa, el coste de evitar o de soportar la contaminación recae sobre el propietario de la vivienda; si los derechos preferentes los ostenta el propietario, es él quien se apropia de los beneficios de no ser contaminado o de ser compensado por la contaminación. Aunque en agregado el resultado pudiera ser el mismo sea cual sea la asignación de los derechos de propiedad (esto es lo que se ha conocido como "Teorema de Coase"), es evidente que un sistema de mercado donde el derecho de propiedad esté sometido a su "función social" no funciona del mismo modo que uno donde se respete absolutamente frente a cualquier arbitrariedad del poder. En este último caso, Coase no llegó a considerar los efectos de la degradación institucional que su propuesta terminaría acarreando: se quedó en un análisis estático que olvidó los esenciales efectos dinámicos.

Pero entonces, ¿es que en presencia de costes de transacción no hay forma de solventar el problema de las externalidades a través de un mercado libre? Sí la hay, y sólo tenemos que regresar al primer artículo de Coase: si las empresas, o más en general los sistemas de propiedad comunal, son mecanismos ideados para minimizar los costes de transacción, bastará con recurrir a ellas para terminar negociando acuerdos mutuamente beneficiosos para las partes. Por ejemplo, si una empresa contamina una urbanización privada (o una ciudad privada), nada tan sencillo como que los representantes de esa urbanización se sienten a negociar con la empresa y que luego repartan internamente los costes o las ganancias de su negociación.

A Coase le faltó integrar su rico análisis dentro de un marco más amplio, considerando que no sólo la propiedad privada individual es un mecanismo de coordinación, sino también, según el contexto, la propiedad privada comunal (como sí haría otra Premio Nobel: Elinor Ostrom). En tal caso, habría terminado por cerrar un sólido sistema teórico donde el mercado en su acepción lata (interacción entre múltiples tipos de propiedad privada y de contratos voluntarios; de instituciones en el sentido mengeriano y hayekiano) permite solventar del mejor modo posible los inerradicables problemas de información propios de todo orden social complejo. Y no por un ingenuo idealismo de que el mercado sea perfecto, sino por un pragmático realismo de que el mercado es mucho menos imperfecto que el Estado.

Pero, en justicia, a los genios como Coase no debe juzgárseles por los hitos que no lograron sino por los que sí alcanzaron. Descanse en paz.

Volver a empezar

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Se acaban las vacaciones y vuelve cada mochuelo a su olivo. Llega septiembre repleto de incertidumbre y tensión. Tras las culebras informativas de siempre (Gibraltar sigue siendo la reina), retomamos la preocupación por la recuperación económica. Los millones de personas que siguen en el paro, aquellas que ya no tienen subsidio, las familias en las que todos los miembros están sin trabajo, se enfrentan a un comienzo de curso escolar con muchos gastos, a un otoño enrarecido y a los rigores invernales, con la esperanza de que los supuestos buenos datos que llevan un tiempo anunciando nuestros gobernantes se traduzcan en una mejora de su situación.

Pero no nos engañemos. Los datos tan optimistas, que se celebran tanto porque estamos cansados de malas noticias, de esfuerzos y de apretarnos el cinturón, tardarán en permear el entramado económico y calar a los ciudadanos de a pie. Porque para que nuestros millones de parados encuentren empleo es necesario que se fortalezca el tejido empresarial, es necesario que el sistema financiero esté más fuerte, es necesario que el Estado no compita por financiación con las empresas, y es necesario que el lucro deje de ser un estigma para volver a ser considerado como siempre ha sido: un estímulo legítimo.

A finales de septiembre, las elecciones alemanas determinarán si Frau Merkel seguirá siendo quien tome las decisiones en su país y, sobre todo, en qué medida lo hará de manera autónoma o dependerá de extrañas alianzas. La importancia de estas elecciones para España es que ella representa la opción pro euro, dispuesta a seguir regando a golpe de manguera financiera a los países del sur, los que tenemos una economía más frágil, porque cree que es la forma en que Alemania sobrevivirá mejor. Y eso es, para muchos, equivocadamente, la panacea para España. Para otros, lo relevante no es el chorro de euros tanto como las condiciones que hay que cumplir para ser elegible para esas ayudas, y que inyectan un grado más o menos mayor de disciplina económica a los países afectados, para bien o para mal. Así que es probable que, ya sin la presión de la campaña electoral, y dependiendo de los resultados, aparezcan datos menos felices y noticias menos amables para la economía europea.

A esto hay que añadir los efectos que tiene en las economías europeas lo que suceda en Estados Unidos. La mejoría económica, ahora mismo pendiente de un hilo, también nos salpica. El conflicto con Siria, y en especial, la incertidumbre que inocula a los mercados, el posible gasto dependiendo de cómo se resuelva, y cómo afecte la actitud de Obama en su electorado, velan el futuro próximo tras la niebla de las consecuencias no queridas.

En ese caldo de cultivo es en el que el gobierno español ha de poner orden y sensatez, la que aún no ha puesto, en nuestro país. La viabilidad del sistema de pensiones, la flexibilización del mercado de trabajo, la reorganización del modelo de financiación autonómico y la recomposición de un modelo productivo que, de ninguna manera puede ser impuesto ni planificado de arriba a abajo, son los principales toros a los que ha de enfrentarse el gobierno de Rajoy.

Y, sin embargo, este gobierno está tocado por la lepra de la sospecha. El caso Bárcenas, las mentiras del presidente Rajoy, y la escasa capacidad para comunicarse con la ciudadanía del gabinete explica la cara de perplejidad de los españoles cuando se plantean los retos económicos que deben encarar este curso nuestros gestores.

Para completar la estampa, la oposición, que debería espolear al gobierno para lograr que haga algo, tampoco acompaña. En primer lugar, porque no está exenta de escándalos de corrupción, entre los que destaca, por la clamorosa indignación que provoca y lo que representa, el caso de los ERE’s. Pero además, porque la lucha interna y la ausencia de liderazgo desde hace ya mucho tiempo es un escándalo. Para compensar, la izquierda española, de manera irresponsable, emponzoña el ambiente disparando como puede, "a ver qué cae".

Volver a empezar no es fácil. Nunca lo fue. Pero es necesario. Precisamente ahora, cuando la confusión y la desesperanza flotan en el ambiente, hay que volver a empezar a construir, paso a paso, una senda diferente, sobre el suelo firme de los valores liberales, de la defensa a ultranza y sin concesiones de la libertad. No solamente porque esa sea la clave de la recuperación, que lo es. Sino porque es lo ético, son nuestros valores.

La novedad del Instituto Juan de Mariana es que nuestro presidente ya se ha incorporado como rector de la Universidad Francisco Marroquín. Quiero acabar mi primer artículo de este curso recordando a Manuel Ayau, fundador de dicha institución y Premio Juan de Mariana del 2008, quien, en su discurso de recepción del galardón, recordaba que la solución para salir del hambre, para escapar de las garras del marxismo, para mejorar la educación, etc., etc., era la defensa de la vida, la propiedad y los contratos. Y creo que esos tres pilares son los mismos en los que hay que centrarse aquí y ahora para emprender el camino de la recuperación, de la real, en España.

Contrato libre, por favor

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El revuelo que ha armado Báñez con la simplificación de los contratos laborales era tan de prever que lo raro es que nadie hubiese dicho nada a favor o en contra. Y ya es caprichoso el tema porque, a pesar de la escandalera, lo cierto es que no ha cambiado nada o, por ser más exactos, casi nada. La izquierda ha arrimado el ascua a su sardina y se han puesto como morgollones a lloriquear con que esto es, en realidad, una nueva reforma laboral o el siguiente paso de la anterior. Ojalá fuese así. La reforma de febrero de 2012 era demasiado modesta, de ahí que sigamos coleccionando parados como el que colecciona sellos.

Pero no, lo de Báñez no es una reforma laboral, ni siquiera una reformilla al uso de esas que gustan tanto a Rajoy. Es, ni más ni menos que un cambio puramente administrativo que no debió trascender de un mísero breve en la prensa salmón. El Gobierno no ha cambiado nada de lo esencial, simplemente se ha limitado a juntar en cinco formularios los trámites para que una empresa contrate a un empleado. Sinceramente, no era necesario semejante revuelo para tan poca cosa. Contratar en España sigue siendo dificilísimo, sigue habiendo cuarenta y pico contratos para una misma cosa y el mercado laboral sigue exhibiendo una vergonzante dualidad, impropia, por lo demás, de un país que se dice libre.

Porque el problema de fondo no es el número de formularios que tiene que rellenar un empresario, sino el hecho mismo de que esos formularios existan. Hay desde hace cosa de un par de años un movimiento popular que ha cogido bastante fuerza en internet. Aboga por la simplificación total de la contratación, que de los cuarenta y pico actuales se pase a uno solo, una suerte de contrato laboral único con las mismas cláusulas para todos. Eso supuestamente serviría para crear empleo como por ensalmo y todos nuestros problemas –especialmente los de Montoro con la recaudación– se resolverían en el acto.

De verdad, si fuese así de simple solucionar el problema del paro digo yo que ya lo habrían hecho. Al fin y al cabo, ¿qué más da tener uno o cuarenta tipos de contrato si de lo que se trata es de que haya contrataciones? Bastaría con universalizar el mejor contrato posible –o inventar uno en el que sea, por ejemplo, imposible despedir… bueno, ese ya está inventado, es el que tienen los funcionarios a costa de los trabajadores del sector privado– para pasar de seis millones de desempleados a cero. En ciertas capas de la población esta idea bien intencionada pero peregrina ha tenido una excepcional acogida. Contrato único claman por las redes sociales y los foros de internet como si sólo eso fuera suficiente.

Lamentablemente la realidad es algo más compleja. Porque el quid de la cuestión no es el número de contratos, sino la libertad que gozan las partes al suscribirlos. En España la contratación laboral es un lecho de Procusto o, mejor dicho, cuarenta lechos de Procusto en los que todos tenemos que caber por narices. Es el clásico marco típicamente socialista, Al final como no todos cabemos muchos se quedan fuera, se quedan, en definitiva, en el paro. La política premia un tipo de contrataciones y castiga otras. Decide, por ejemplo, que ciertas edades o ciertos sexos tengan bonificaciones, es decir, privilegios. Los privilegios no son neutros, se ejercen siempre a costa de otros, en el caso que nos ocupa a costa de los que no pertenecen al sexo o al rango de edad bonificado. En ningún otro ámbito de nuestra vida admitiríamos un nivel de intervención y coacción semejante, en nombre del trabajo, sin embargo, estamos dispuestos a cualquier desafuero y hasta pedimos a gritos que así sea.

Desmitificada la idea de que el célebre contrato único sirviese realmente para algo, habría que plantearse cuál es el contrato ideal, es que cumple con la ética más elemental y que de verdad ayuda a que efectúen contrataciones. No se me ocurre otro que el contrato sin más añadidos que suscriben dos partes libre y voluntariamente. Un contrato que tenga como única referencia la legislación vigente y que, a partir de ahí, incluya las cláusulas que ambas partes crean pertinentes. Habría que dar un repaso, eso sí, a la “legislación vigente”, que en temas laborales en España, dicho sea de paso, está más cerca de la Unión Soviética que de Suiza.

Con un contrato genuinamente libre nos encontraríamos no con uno sino con millones de contratos, estaríamos ante una diversidad casi infinita de contratos, cada trabajador tendría el suyo. ¿Y sabe lo que pasaría? Nada, absolutamente nada. Podría darse el caso que los trabajadores de una empresa o los miembros de una profesión concreta deciden negociar de un modo colectivo para obtener mejores condiciones del empresario. No habría problema siempre y cuando pertenecer a ese “colectivo” no fuese obligatorio. ¿Ve como la libertad es siempre más sencilla?

¿Y por qué no 23 millones de modalidades de contrato?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El gobierno español ha empezado el curso político anunciando la reducción del número de modalidades de contrato que pasarán de 41 a 5. Sin duda, un paso más para consolidar el sistema socialdemócrata que nos ha llevado a los 6 millones de parados.

Muchos aplauden esta "simplificación" y hay quienes defienden el contrato único pero uno de los problemas del mercado laboral es su rigidez, por lo que aumentar la rigidez no parece que pueda ser la solución de nada. Los formularios actúan como un corsé en que el trabajador debe encajar independientemente de sus necesidades y de las del empresario. Se trata de un mal acuerdo para ambas partes en el que los salarios, condiciones de despido, duración, etc., vienen marcados por un burócrata que tiene su puesto de trabajo asegurado de por vida. La realidad es compleja y las necesidades de la gente en cada momento pueden variar, y los contratos deberían adaptarse a esas condiciones particulares.

Si ya hay seis millones de personas que no cabían en las 41 tallas que estipula el gobierno es difícil de entender cómo reducirlas a 5 hará que alguna de ellas les siente mejor. ¿Por qué no permitir el contrato libre y que haya tantas formas de contrato como las partes -trabajador y empresario- pacten? Quienes desconfían de lo diferente no deberían alarmarse, seguramente no llegaríamos a ver 23 millones de modalidades de contrato sino una cifra mucho más modesta, regulada por el propio mercado. Tal vez serían uno, cinco, cuarenta y uno o ciento veinte, pero serían libres y muchos españoles que hoy no encuentran un resquicio por el que poder reincorporarse al mercado laboral lo conseguirían. De lo contrario, no les quedarán demasiadas opciones: esperar a la llegada de los unicornios que traerán el pleno empleo, ser parados de larga duración o sumergir su empleo allí donde el Estado no es capaz de vigilar o imaginar que puede haber actividad económica.

Nos encontramos ante el enésimo parche que lo cambia todo para que todo siga igual. La negociación colectiva continúa imponiéndose a la voluntad del trabajador individual y los trabajadores privilegiados defienden sus conquistas sin importarles aquellos que se quedan al margen del mercado laboral. La solución no puede ser más socialismo, es una mayor libertad.

Prólogo para el libro “Nuestro enemigo, el Estado”, de Albert Jay Nock, publicado por editorial Innisfree.

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las más manidas justificaciones de la violencia institucionalizada es que el individuo no puede vivir fuera de la sociedad y que, por tanto, se necesita de esa herramienta esencial de socialización que vendría a ser el Estado. En efecto, muchos liberales y sobre todo muchos libertarios han caído frecuentemente en la peligrosa simplificación de despreciar el colectivo, hasta el punto de negar su misma existencia. No es infrecuente escuchar que sólo existe el individuo o que sólo la persona tiene derechos y que, por tanto, una economía puede funcionar sin fricciones con una pléyade de individuos independientes y casi autistas. Ayn Rand, por ejemplo, llegó al extremo de idolatrar el pronombre ‘yo’ y de considerar el ‘nosotros’ como un peligroso caldo de cultivo para el totalitarismo.

Desde luego, muchos de estos liberales ultraindividualistas estaban movidos por sanas intenciones: en concreto, proteger al individuo de todos los ataques a la libertad cometidos en nombre del colectivo. Sin embargo, al considerar que el totalitarismo empezaba cuando el ‘yo’ se diluía en el nosotros, inconscientemente le concedieron al enemigo la victoria que andaba buscando: la equiparación entre sociedad y Estado. Justamente, el auténtico totalitarismo comienza no cuando el individuo se diluye en la sociedad (algo que puede suceder por mecanismos totalmente voluntarios y beneficiosos para el individuo), sino cuando la sociedad se identifica en todos sus aspectos con el Estado. Pues ahí, en ese preciso punto, es cuando se equiparan los mecanismos voluntarios de cooperación y resolución de conflictos con las relaciones coactivas y opresivas que constituyen la esencia al Estado.

Afortunadamente, no todos los liberales han caído en esa trampa que tan arteramente tendieron los estatistas. La propia Escuela Austriaca capitaneó desde su nacimiento con Carl Menger los análisis sobre el surgimiento espontáneo de las instituciones, posteriormente refinados y ampliados por Friedrich Hayek; de hecho, este último llegó a calificar al individualismo cerril y aislado de la sociedad ‘falso” individualismo, por terminar creyendo que toda la realidad es fruto de la planificación de algún individuo concreto y no el subproducto no intencionado del conjunto de la comunidad. Fuera de la Escuela Austriaca, los llamados neoinstitucionalistas también han desarrollado una profusa y meritoria contribución al estudio de los límites de la propiedad individual, de los órganos de gobernanza sobre bienes comunales y de la conclusión de disputas por vías distintas a la legislación o los tribunales estatales.

Sin embargo, como decíamos, otros liberales, acaso menos interesados en la coordinación dentro y entre grupos, tienden a caer frecuentemente en el error de reducir toda la problemática económica y social al análisis racional de la conducta individual de carácter cuasi antisocial, negando incluso la existencia de externalidades o de acción colectiva (por el contrario, los estatistas tienden a visualizar tales problemas por todas partes y, sobre todo, tienden a negar la existencia de mecanismos privados eficientes para solventarlos). Afortunadamente, Albert Jay Nock no cae en este error tan extendido y ya desde el mismo título de su más afamado libro identifica adecuadamente al auténtico antagonista de la libertad: “Nuestro enemigo, el Estado”.

Así, a lo largo de las páginas de esta muy interesante obra, el lector hallará una tan acertada como necesaria distinción entre “gobierno” y “Estado”. En palabras de Nock: “Estas dos clases de organización política [gobierno y Estado] son tan distintas en la teoría que trazar una drástica distinción entre ambas diría que probablemente es la tarea más importante que la civilización puede emprender en aras de su propia seguridad. No es en absoluto arbitrario o academicista dar a un tipo de organización política el nombre de gobierno y a la otra el nombre de Estado”.

Para Nock, la diferencia entre gobierno y Estado cabe hallarla en cuatro características: su origen, su propósito, los medios principales que se utilizan y los intereses que se defienden. Así, el origen del Estado es la conquista y la confiscación, el del gobierno el pacto libre y voluntario; el propósito del Estado es la explotación continua y sistemática de un grupo de individuos por otro grupo de individuos, mientras que el gobierno tiene como finalidad defender los derechos individuales de las personas para garantizar la libertad y la seguridad de todas las partes, de modo que todas ellas puedan salir ganando; los medios de actuación del Estado consisten reprimir las libertades de los ciudadanos, mientras que los del gobierno se limitan a evitar y prevenir que unos individuos violen los derechos de otros; y, por último, los intereses del Estado, a diferencia de los del gobierno, no son los del conjunto de la sociedad sino los de ciertos grupos de presión bien organizados a la hora de saquear al prójimo. De manera resumida: “partiendo de la idea de los derechos naturales, el gobierno garantiza los derechos individuales mediante instituciones negativas y una justicia barata y accesible; a eso se limita el gobierno. En cambio, el Estado, tanto en su génesis como en sus actuaciones, es puramente antisocial. El individuo no posee otros derechos salvo aquellos que el Estado le haya otorgado; ha vuelto la justicia cara y poco accesible, y ha rebasado con frecuencia los límites que le imponen la justicia y la moralidad siempre que le ha resultado provechoso”.

gobiernovsestado

Acaso sea conveniente refinar algo más esta crucial diferencia entre gobierno y Estado analizándolo desde otra perspectiva. En un momento del libro, Nock recupera la distinción realizada por el filósofo alemán Franz Oppenheimer entre “medios políticos” y “medios económicos” para poder proporcionarnos una definición más sintética de Estado. Dice Nock: “Existen dos maneras, y sólo dos maneras, para satisfacer los fines de una persona: una es la producción e intercambio de riqueza, lo que podríamos denominar los ‘medios económicos’; la otra es la rapiña de la riqueza que han generado otros, es decir, los ‘medios políticos’”. Es ésta distinción la que le permite a Nock concluir acertadamente que el Estado es “la organización de los medios políticos”, esto es, la institucionalización y burocratización de la rapiña.

Nock, sin embargo, se olvida de definir ‘gobierno’ a partir de la distinción anterior, cuando perfectamente podríamos definir al gobierno como el conjunto de arreglos institucionales que, a través de los medios económicos, tienen como propósito proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, esto es, solventar los problemas propios de la coordinación social en el ámbito de bienes de provisión conjunta. De esta forma, Nock enlaza con el futuro análisis de la Nueva Economía Institucional de Douglas North o de Elinor Ostrom consistente en mostrar la influencia de las instituciones sociales en la coordinación de los agentes económicos y en la resolución de los conflictos colectivos. Lejos del simplismo de conceder al Estado y a sus medios políticos el monopolio natural de estos arreglos institucionales, Nock insistió desde un comienzo, y la Nueva Economía Institucional demostró más adelante, que existen alternativas cooperativas que no pasan necesariamente por iniciar el uso de la fuerza, sino que es posible alcanzar formas contractuales e institucionales que, a modo de familias, comunidades de vecinos, urbanizaciones privadas, ciudades libres, clubes, sociedades de socorro mutuo, seguros, confesiones religiosas, comunidades de regantes, cámaras de comercio, patrullas vecinales, asociaciones de padres, fundaciones, costumbres, tribunales de arbitraje o usos comerciales, permitan remplazar la mayoría o la totalidad de las funciones que hoy copa de manera monopolista, violenta e ineficiente el Estado. Lo que Nock está señalando es que la función social del gobierno no es un monopolio natural del Estado (de los medios políticos), sino que puede descentralizarse de manera policéntrica en muy diversas organizaciones sociales de carácter voluntario y cooperativo (medios económicos).

Precisamente por esto último, Nock es capaz de asestarle un duro golpe a una de las principales legitimaciones que suele encontrar el Estado: su función de cohesionar la sociedad. De acuerdo con Nock, el Estado no sólo no es un prerrequisito para que exista la sociedad sino que es la institución más antisocial que existe: “el orden de intereses que defiende el Estado no es un orden social, sino antisocial; por eso, aquellos que lo administran, enjuiciados desde una perspectiva ética, resulten indistinguibles de una banda de criminales profesionales”. En otras palabras, el Estado es una gran ficción mediante la cual los distintos grupos organizados (los modernos lobbies) son capaces de vivir a costa de los muy desorganizados contribuyentes merced a toda clase de pretextos que buscan justificar la coacción y construir un espíritu de servidumbre voluntaria: “El hombre masa, desconocedor de su propia historia, tiende a considerar al Estado más como una institución social que como una antisocial; y debido a ese fe irracional, se muestra dispuesto a proporcionar a los administrador del Estado una legitimidad absoluta para la bellaquería, la mentira y las manipulaciones”.

Sin duda alguna, el análisis político, social y económico de Nock dista de ser perfecto. Sus grandes intuiciones constituyen también el germen de algunos de los fallos más llamativos del libro, por ejemplo al adoptar un concepto de ‘clase social’ cercana al marxismo para sostener que en último instancia todo Estado defiende los intereses de una clase concreta (cuando dentro de cualquier clase, arbitrariamente definida, existen objetivos contrapuestos e incompatibles entre sus integrantes) o al reputar, como los fisiócratas y los georgistas, que el origen de la riqueza y el monopolio básico de todo Estado es la tierra. Pero tales errores de análisis no empañan el conjunto de esta obra que, combinando el sentido común político con la acertara observación de la historia americana (su transición desde el protogobierno colonial hasta el Estado central imperial), proporciona una valiosa herramienta de reflexión para resistir la creciente estatización de nuestras sociedades.

En este último sentido, no puede afirmarse que estemos ante un libro que invite al optimismo, pues el propio Nock, consciente de la imposibilidad de planificar centralizadamente las sociedades y los arreglos institucionales, reconoce que la supervivencia y la extensión del Estado depende del apoyo implícito que le presten sus subordinados; un apoyo que desde la Revolución estadounidense sólo se ha ido acrecentando en todos los rincones del planeta. El propio libro concluye con un mensaje acaso demasiado pesimista: “Dado el enorme poder del Estado, combinado con la legitimación espiritual que tiene tras de sí, uno tiende a plantearse qué puede hacer en contra del Estado y de su imparable expansión: simplemente nada”. El propio Nock admite al final que, desde esta realista óptica, su libro es del todo inútil: “Bajo nuestras propias hipótesis, este libro no sirve para nada”. ¿Por qué, entonces, invirtió su tiempo Nock en escribirlo? Según sus propias palabras: “para nutrir la curiosidad y los conocimientos de aquellas ovejas descarriadas que, más allá de toda utilidad práctica, buscan conocer la verdad”. Es decir, para todos nosotros. Ningún homenaje y agradecimiento mayor podríamos hacerle a Nock que no sólo saciemos nuestra curiosidad, sino que animemos a despertar y saciar la de otros. Quién sabe si, al final, de tanto saciar nuestra curiosidad intelectual, al Estado no le queda otro remedio que comenzar a retroceder a favor de un gobierno voluntario.

El regulador grande, ande o no ande

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Este viernes, el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones nos trajo un nuevo ente, elmega regulador. En la rueda de prensa posterior, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba el nombramiento de José María Marín Quemada, actualmente vocal del Banco de España, como Presidente de este ‘jovencito Frankenstein’ institucional. 

Supervisores reunidos, jamás serán vencidos 

Y digo ‘jovencito Frankenstein’ porque esta CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) reúne a las ocho comisiones nacionales que regulaban hasta ahora el mercado de valores, de la energía, de las comunicaciones, y los sectores ferroviario, postal, aeroportuario, de medios audiovisuales y el regulador de la competencia.

Por supuesto que, como explicaba la vicepresidenta, va a suponer un ahorro de puestos directivos de un 40% y de gasto cercano al 30%.

Realmente no sé si es una buena noticia. Hasta ahora pongo en duda el funcionamiento de los reguladores como potenciadores del funcionamiento de la competencia en los mercados y la supervisión de los mismos. Hay que recordar, por poner un ejemplo, lo que la CNMV no hizo para evitar el engorde y posterior estallido en plena cada de las carteras de los españoles de las cajas de ahorro, los activos tóxicos, etc. No sé si ahora que formado un ‘combo regulador’ van a funcionar mejor.

Además, Sáenz de Santamaría ha explicado cuál va a ser la formación que se va a proponer al Parlamento en unos días, destacando la independencia de la institución respecto al Gobierno.

Una independencia, sin embargo, que no impide que se repartan los sillones en el consejo de dirección entre los partidos políticos: 6 para el partido del gobierno, 6 para la oposición. Y de los 6 de la oposición serán 2 para el PSOE, y uno para cada una de las demás formaciones políticas: IU, CiU, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Todo muy independiente de la vida política y sus tensiones con el más puro afán de que esos mercados y sectores excepcionales funcionen a las mil maravillas. Por supuesto, ya ha habido voces de los opositores que trataban de rascar vocales en el consejo. Tanto esfuerzo por el bien común de espaldas a los intereses partidistas es conmovedor. Una vergüenza, en resumen. 

Mercados sin competencia, mercados esclavos

Y no es que tales reducciones en términos de altos directivos y de presupuesto no sean importantes. Al revés, lo que me planteo es que si se puede funcionar con un mega regulador, porqué no los unimos antes.

El tema es más de fondo. Se trata del sentido mismo de las comisiones nacionales de la regulación de mercados. Lo que te explica la teoría es que como son mercados donde no se puede alcanzar una provisión óptima, que supuestamente es la que ofrece la competencia perfecta, es necesario la existencia de un supervisor que asegure la eficiencia, es decir, que regle los precios y cantidades con los calculados a priori. Se trata, desde luego, del concepto tradicional y está tico de eficiencia, no del concepto más acertado de eficiencia dinámica, tal y com lo explica Fernando Herrera en su libro Mitos sobre la regulación de los mercados.

Pero de todos los entes sumados en patchwork por el gobierno de Rajoy, el que más me llama la atención es la Comisión de Regulación de la Competencia. Su importancia es tal que habrá una sala específica para ello, y otra sala para los sectores regulados.

Lo que nos venden a los ciudadanos es que la competencia sin regulación es el caos. No vale con que existan leyes que eviten comportamientos colusivos de empresas que no quieren competir. Es necesario que alguien supervise. Pero ninguno de los responsables de ese organismo supervisor se juega nada si se incumple la misión. Y si el Tribunal de Cuentas funciona con tanto retraso, ¿por qué voy a pensar que en este caso las cosas van a ser diferentes?

Además, aunque el verbo "supervisar" sugiere la idea de un vigilante del patio del colegio que no se mete en los juegos de los niños (el funcionamiento del mercado) sino que se limita a evitar conflictos y comportamientos violentos, la realidad es otra. El gobierno interviene. Y el mega regulador, cuyo consejo directivo depende del "favorcete" prestado por un partido político, con intereses electoralistas a corto plazo, no va a ser imparcial. No lo es habitualmente.

Me pregunto qué cara pondría Adam Smith para quien la competencia era el reno que aseguraba que no se darían monopolios y abusos. Porque, y esto es lo relevante, la competencia es la criptonita de los privilegios. Y lo que tenemos es lo opuesto: el reinado de las mil y una arbitrariedades.

Exhortando sensibilidades (con dinero público)

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Durante la última década, esto es, desde el primer gobierno tripartito de Pascual Maragall, el protagonismo de Cataluña en la vida política española ha ido en aumento. Si antes de 2003 se hablaba de "pactismo" o de "oasis", conceptos que deben ponerse en entredicho o cuando menos no aceptar sin discusión como válidos plenamente, a partir de entonces la conducta de sus elites gubernamentales ha estado guiada por el enfrentamiento constante "con España", como si de dos entidades antagónicas se tratara.

Se celebraron consultas independentistas ilegales sin que el gobierno de la nación (ni el autonómico) hiciera nada por impedirlas; editoriales conjuntos de la prensa catalana en tono amenazador; manifestaciones (que acabaron en vandalismo) contra la sentencia del Tribunal Constitucional. En medio de este desafío constante, se mantenían inalterables las multas a quienes osaban rotular sólo en castellano sus establecimientos comerciales y se impedía la enseñanza escolar en castellano. Como se aprecia, un "respeto escrupuloso" por el entramado de derechos y libertades consagrados en la Constitución, menospreciada sistemáticamente en Cataluña, donde cualquier intento por salvaguardarla lleva consigo ser etiquetado como "fascista".

Igualmente, el victimismo ha sido el recurso político que en mayor medida se ha empleado desde la Plaza de San Jaime, basado en la repetición sistemática de mantras que tienen en el "expolio fiscal" (versión académica del "España nos roba") su máximo exponente. Para el nacionalismo, lo importante no son las personas, sino los territorios a los que se dota de vida propia; en consecuencia, son los que sienten, sufren, padecen y si desde el gobierno central no se les concede lo que exigen, se ofenden. Al respecto, cualquier reproche, por mínimo que haya sido, al establishment político catalán por la forma de gestionar los asuntos públicos, es interpretado como un ataque a Cataluña.

No obstante, bajo el actual gobierno de Artur Mas la simbología ha dado paso a una política de hechos consumados. Sin rubor alguno se habla de conceptos deliberadamente polisémicos como "transición nacional", "estructuras de Estado" o "derecho a decidir", cuya finalidad es poner cortinas de humo a la incapacidad del ejecutivo (CIU-ERC) para encarar la crisis con algo más que eslóganes o subvenciones a aquellas entidades que comulgan con la hipótesis del maltrato. En este punto, es curiosa la inversión de roles realizada por el sindicalismo catalán, más pendiente de los "intereses nacionales" que de los de clase.

De cara al próximo 11 de septiembre, desde el nacionalismo catalán se apela de nuevo a los sentimientos y se exhorta la división. Aún con ello, como bien dice el saber popular, "no se puede tapar el sol con un dedo" y el 12 de septiembre, los problemas que asolan a la ciudadanía catalana seguirán ahí. Estos son los mismos que se dan en el resto de España, con los cual, no somos tan diferentes, ni estamos tan alejados.

Del infantilismo con que CIU, ERC y sectores mayoritarios del PSC gustan de hacer política, no puede pasar desapercibida la costumbre, actualmente multiplicada, de eliminar el nombre de España en aquellas plazas, calles o avenidas que lo llevan. Si en todo este asunto la coherencia se llevara hasta el final y hubiese un mínimo de decoro metodológico, lo normal es que lo que antes se llamaba Plaza del España pasara denominarse "Plaza del Estado" (aunque es probable que para los más voraces no bastase y exigirían añadir el adjetivo calificativo "opresor").

En definitiva, Cataluña prosigue su camino hacia un destino incierto, muy alejado en cualquier caso de las ensoñaciones utópicas en las que se ha instalado su casta dirigente. Ésta, con el uso de ingentes cantidades de dinero público, ha logrado que sus delirios calen en la mente de muchas personas, aunque no tantas como creen (o anhelan) los promotores de este viaje.

La Universidad de Navarra y la Escuela de Salamanca

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Recordarán que en estos Comentarios ya les he escrito alguna vez sobre la Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista que promueve la Universidad de Navarra a través del Proyecto Pensamiento Clásico Español; por ejemplo, el Repertorio de moral económica de José Barrientos o la edición (Idoya Zorroza) de los Contratos y usuras de Francisco de Vitoria. Se trata de la publicación de textos e interesantes estudios sobre los doctores de Salamanca, a los que añado ahora algunos títulos de otra destacable colección: Cuadernos de Pensamiento Español.

En ella podemos encontrar monografías y también actas de congresos. Entre las primeras quiero comenzar por La interpretación de la ley según Juan de Salas, un autor menos conocido de aquellos imponentes De legibus, tan característicos de nuestros Salmantinos. La escribe Juan Cruz, por entonces director de la colección e impulsor entusiasta de todo este Proyecto. Además, hay un estudio sobre El albedrío de Walter Redmond, o una imprescindible Bibliografía suareciana por Jean-Paul Coujou.

Pero quería detenerme en las aportaciones de varios congresos y jornadas organizados por la Universidad de Navarra y la Católica de Buenos Aires, también alrededor de la Escuela de Salamanca. Sergio Raúl Castaño elabora una apretada síntesis de varios encuentros desde 2006 a 2009 en su Interpretación del poder en Vitoria y Suárez. Lo hace en torno a tres capítulos: "La naturaleza del poder político", "La legitimidad del poder político" y "Poder político y orden internacional". Aquí leemos algunas ideas que vengo destacando en estas columnas desde hace tiempo, como la necesidad de una legitimación social para el ejercicio del poder (Suárez: "populum consentientem"), o la responsabilidad que tienen los políticos de respetar la ley y el bien común. Hay también una referencia a Juan de Mariana que les copio: "Ahora bien, para Mariana el valor de lo político no se asienta meramente en la utilidad que reviste como medio para la satisfacción de necesidades materiales… Porque el acicate de las necesidades no es causa total de la constitución de la sociedad política, sino solo incoactivamente; pues según Mariana, el bien más preciado al que el hombre accede en la vida política es el de la amistad y la caridad". Mucho tienen que aprender nuestros políticos contemporáneos…

La ya citada Dra. Zorroza es la editora de otros dos Cuadernos: Proyecciones sistemáticas e históricas de la teoría suareciana de la ley y Causalidad y libertad. El primero corresponde a las "III Jornadas De iustitia et iure" celebradas en Buenos Aires el año 2006, y en la Introducción señala la importancia que tiene la Escuela de Salamanca como continuadora del pensamiento medieval y anticipadora de los desarrollos modernos. Destaco los trabajos de Juan Cruz: "Dialéctica ontológica del poder político", una excelente introducción a la teoría suareciana del poder; y de Sandra Brandi: "Suárez y Hooker, intérpretes de la noción tomista de ley", que nos recuerda la influencia de Suárez en el pensamiento político anglosajón. En esta misma línea escribe Hugo Luis Dalbosco "Los elementos del pacto en Suárez y Hobbes: una comparación", que comienza explicando la expresión suareciana "omnis potestas a Deo per populum libere consentientem" (todo el poder viene de Dios, a través del consentimiento libre de los ciudadanos"): a ninguna persona, física o moral, le viene inmediatamente de Dios la potestad civil, por naturaleza o por concesión graciosa; sino que al gobernante le viene la autoridad mediante el pueblo.

Pero, sobre todo, quería llamar la atención sobre varios estudios alrededor de la pervivencia de la filosofía política escolástica en el entorno de las Independencias americanas: en este caso, tenemos cuatro apartados referidos a la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata. Y es que (ya lo he escrito en alguna otra ocasión) hay una continuidad innegable entre la doctrina suareciana y la justificación teórica de la Independencia, como ese principio de la retroversión de la soberanía al pueblo en el caso de un gobernante ilegítimo.

Claro, este es un tema discutido y que ha generado un fuerte debate en la nación argentina. Lo explica muy bien Martha Donicelli en su artículo "La influencia del pensamiento de Suárez en los actores de la Revolución de Mayo de 1810", que no les puedo resumir con detalle. El problema es que se produjo una excesiva polarización ideológica entre los partidarios de "la tradición" y "la modernidad" que, al cabo del tiempo, podemos considerar inútil. Donicelli propone un acercamiento desapasionado a las fuentes y "al modelo de organización nacional que se encontraba en la mente de los hombres de mayo".

Personalmente, he disfrutado recordando las ideas de los grandes maestros argentinos de mediados del siglo XX, hoy apenas conocidos en España: Guillermo Furlong, Ricardo Levene, Otto Stoetzer o Ricardo Zorraquín. Sin embargo, no comparto plenamente la conclusión de la autora, quizás supeditada a la opinión de otros importantes autores como Roberto Di Stefano o José Carlos Chiaramonte. Es cierto que la Argentina ha vivido una historia demasiado politizada durante gran parte del siglo XX, con gobiernos de discutible calidad democrática (cuando no claramente autoritarios); pero no acierto a comprender la relegación simplificadora de esos primeros maestros con una apelación al "imaginario colectivo de una nación católica en sus orígenes, netamente en consonancia con la tradición hispana". Pienso que conocer el pensamiento escolástico del Siglo de Oro no es un ingenuo y trasnochado empeño en "reivindicar la postura de la Iglesia" o en "devolver al clero y a la Iglesia católica en general el lugar de privilegio perdido durante la centuria anterior", como parecen concluir estos autores más actuales. Cabe perfectamente, como creo que se hace desde este Instituto, un acercamiento a la Escuela de Salamanca sin prejuicios ideológicos o religiosos: valorando simplemente el contenido de su pensamiento, y destacando la modernidad de algunas de sus conclusiones.

La juventud española: el paraíso perdido

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Mientras que en veranos anteriores, a estas alturas nos abrasan con el anticipo de lo que nos aguarda tras las vacaciones, este final de agosto solamente conserva los anuncios televisivos de cursos y colecciones por fascículos. Dedales antiguos, idiomas, miniaturas de cascos de famosos motoristas, cocina creativa… ni rastro de análisis presupuestarios domésticos de cuánto nos va a costar la "vuelta al cole", o lo que nos hemos gastado en cervecitas y gambas, o cómo remediar el síndrome post vacacional. Eso sí, agotados Gibraltar, las vallas y las pateras, la preocupación en los debates en los medios y en los informativos es la juventud española, y en concreto, la supuesta generación perdida.

¿Qué es una generación perdida?

La denominación de "generación perdida" a toda una generación por el elevado nivel de desempleo en esa franja de edad me parece excesivo y muy perjudicial. Pero se ha puesto de moda porque victimiza, vende y permite manipular a unos y a otros. Esta generación estaría perdida si, de verdad, no tuviera opción, si nos encontráramos en una situación de conflicto armado largo y esa generación se viera truncada; o si hubieran sido víctimas de una manipulación colectiva, como la de los pioneros soviéticos y les hubieran castrado, pero de verdad, los incentivos.

Pero la realidad es muy diferente. Nuestros jóvenes tienen opciones diferentes. Las usan o no, pero las tienen. Lo que hay en España es una generación "sorprendida". Sorprendida porque no hay nada de lo prometido, porque su objetivo de vivir con el mismo status o mejor que sus padres no va a ser posible, porque la era de la abundancia ha terminado y probablemente por mucho tiempo.

Nuestros jóvenes están en paro, pero pueden emigrar. Eso no es una lacra. Significa que hay lugares donde son requeridos. Los empresarios que al no encontrar demanda interna suficiente, tienen que diversificar fuera y exportan, no se sienten tan fracasados. Hace unos años decir que tu hijo trabajaba fuera era algo de lo que alardear. Hoy se tienen que ir y ese matiz cambia las cosas. Pero en el fondo no es tan diferente. Que los hijos salgan de casa y lo pasen más o menos mal hasta encontrar su lugar es simplemente lo que generación tras generación ha sucedido. Y a unos les sale bien y a otros no. Unos se tienen que ir a la ciudad desde el pueblo, o a otro país y otros lo logran en el mismo entorno familiar. Pero eso no les hace mejores o peores, depende de si aprenden, valoran, y encauzan su camino.

Pero de lo que se quejan los jóvenes y de lo que los adultos nos dolemos es de no haberles puesto en bandeja un puesto de trabajo, un piso "adecuado", y un coche en la puerta… sin mirar el esfuerzo y el entorno. Porque esforzarse no basta, además hay que mirar en qué situación económica estamos.

El marco adecuado para el estado del bienestar

Por la misma razón que correr 25 kilómetros en Madrid (España) no es igual que correrlos en La Paz (Bolivia), el esfuerzo no tiene el mismo resultado si las leyes, el mercado laboral, el entorno económico son los de Ruanda que si son los del Reino Unido.

El sábado tuve que escuchar a la portavoz de una coordinadora nacional de estudiantes recriminar a sus mayores haber dejado que suceda la crisis "que no ha sido culpa nuestra" y que ellos tengan que pagar el pato del desempleo y los recortes en educación.

Si la crisis tiene culpables, adelante, hagamos una lista con nombres y apellidos. Todos los gobernantes que promulgaron leyes que entorpecían el sistema, todas las empresas financieras o no que aprovecharon para obtener privilegios gubernamentales, todos los lobbistas y buscadores de rentas que se aprovecharon de los impuestos, fruto del trabajo de sus conciudadanos, para su propio beneficio, los propios jóvenes, objeto de compra de votos mediante subvenciones absurdas… Todos ellos, junto con las circunstancias del mercado financiero nos han conducido a donde estamos. Porque esas mismas circunstancias nos habrían afectado de otra manera si nuestra estructura económica y legal hubiese sido otra. Ellos no sufrirían esa tasa tan alta de desempleo.

No es una generación perdida, es un paraíso que no existe, una ficción de bienestar y buenrollismo lo que han perdido nuestros jóvenes. ¿Les vamos a dejar aprender o a ponerles paños calientes?