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Competencia desleal y monopolio

Según una noticia publicada en ABC, «los representantes de las asociaciones de libreros de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife tachan de competencia desleal la venta de libros de texto por parte de las Ampas (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) que está siendo permitida por la Administración Pública». Además, quieren «que se prohíba la venta de libros en los colegios» pues entienden, según el presidente de la Asociación, Antonio Ribero, que se «tiene que tener en cuenta que quienes les dan de comer a las editoriales son las librerías, no los colegios».

La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿las Ampas en los colegios reciben ayudas públicas que les permiten vender los libros con precios más baratos que el resto de competidores con cargo al contribuyente? Si la respuesta es afirmativa, estaríamos hablando de una competencia desleal como acusan los libreros.

Sin embargo, si es negativa, entonces estamos ante unas asociaciones que han sido capaces de vencer a sus competidores en el mercado bajando precios y satisfaciendo mejor a los consumidores, lo cual no solo no tiene nada de desleal sino que es la competencia más sana que existe.

Vamos a ponernos en el peor de los casos, las Ampas hacen competencia desleal porque reciben ayudas públicas que no llegan a los libreros. Si fuera así, los libreros, adscritos a estas asociaciones, deberían pedir el cese inmediato de este tipo de subvenciones por tratarse de una competencia desleal y ser una fuente de corruptelas donde algunos podrían llevarse algún que otro euro al bolsillo.

Algún lector podría pensar que los libreros deberían pedir que las ayudas públicas también lleguen a ellos, pero en ese caso los consumidores y contribuyentes saldríamos perjudicados.

Sin embargo, los libreros no solicitan el cese de las ayudas públicas que eliminaría la competencia desleal, sino la prohibición de la venta de libros en los colegios. Es decir, lo que piden es que el Estado les otorgue un privilegio.

Dicho en términos económicos, lo que quieren es tener el monopolio del suministro de libros de enseñanza a los usuarios y así poder ver garantizado sus beneficios sin necesidad de competir en el mercado satisfaciendo de la mejor manera posible a los consumidores, y si a todo esto le suman alguna ayuda pública que garantice aun más sus beneficios mejor que mejor.

La realidad es que el mundo de las librerías ha cambiado totalmente con la venta de libros por Internet. Hoy en día, gracias al ingenio empresarial e Internet, podemos conseguir cualquier libro a muy buen precio sin salir de casa.

Por ello, los libreros, en vez de solicitar privilegios monopolísticos, deberían pedir el cese de las ayudas públicas y buscar nuevas fórmulas de negocio para satisfacer a los consumidores y no seguir pensando que «quienes les dan de comer a las editoriales son las librerías» y no los compradores de libros, como dice el presidente de su asociación. Es muy probable que si no lo hacen tengan que cerrar sus negocios por haberse olvidado de una máxima del éxito empresarial, lo importante son los consumidores.

Ahorro de los costes de protección: dos ejemplos reales

En el comentario del pasado mes, me refería indirectamente a lo maravilloso que podría ser nuestro mundo si los negocios no precisaran de protección. Esto es, si realmente fuera posible que el protagonista de aquella historia, Eduardo el frutero, expusiera la fruta en la calle y la gente dejara el dinero y se llevara el género, con la tranquilidad de que nadie vaya a arrebatar uno u otro, o que si se hace, no ocurrirá en una cantidad tal que ponga en riesgo el modelo de negocio.

Es evidente que la protección, como toda actividad económica, conlleva un consumo de recursos que es necesario recuperar para que el negocio sea sostenible. La mayor parte de los empresarios lo tratan de hacer en el precio a sus clientes, mientras que otros, más astutos, quieren que seamos todos los ciudadanos los que lo paguemos, de una u otra forma, como ocurría en la historia de Eduardo.

De aquí es fácil deducir que si no fuera necesaria la protección, los precios de los bienes bajarían, en algún caso de forma considerable. Lo que ocurre es que, contrariamente a otras etapas del proceso productivo que resultan difícilmente evitables, los costes de protección sí parecen poder evitarse en caso de que todos actuáramos honradamente. Esto es, en el caso de que no hicieran falta recursos para proteger la propiedad privada, porque todos tuviéramos claro que es hay que respetarla[1].

A continuación me propongo describir dos ejemplos de modelo de negocio con que me he topado recientemente, en los que se eliminan dichos costes de protección, con evidentes ventajas para todas las partes involucradas.

El primer ejemplo lo observé en una aldea gala (aunque no la Asterix y Obelix). En una de las calles del pueblo hay una mesita y sobre ella frascos de confitura, quiero creer que de elaboración artesanal. Junto a los frascos, un cartel anuncia el precio (3 euros), y que tal ha de ser depositado a través de la ranura del buzón de la puerta. Nadie vigila, cualquiera puede llevarse el tarro de su elección sin pagar el precio, y sin riesgo de persecución policíaca. Y, sin embargo, ahí están los frascos, entiendo que no por primera vez.

El modelo parece funcionar por el bajo valor relativo de la mercancía expuesta. En el peor caso, el comerciante puede perder 10 o 12 frascos, no más. Si esta situación se reprodujera, obviamente dejaría de tratar de vender su mermelada por esta vía. Por otro lado, es un pueblecito pequeño en que solo cabe esperar la visita de turistas, que normalmente no son gente de mal vivir. Si a ello añadimos que normalmente el visitante será francés, que quizá apunte menos ademanes picarescos que los que provenimos de otras latitudes, parece que el riesgo de robo disminuye.

Y aunque no parece el ahorro de costes de protección visible en el precio (3 euros me parece caro para una confitura, por muy artesana que sea), lo cierto es que son otras ventajas las que se ofrecen al posible comprador. Una de ellas es la ausencia de horarios: este sistema permite la apertura 24x7x365 sin aumento de coste. Y otra la indudable comodidad de la transacción. En suma, se producen una serie de circunstancias que muestran la viabilidad del negocio sin necesidad de proteger la mercancía, basándose en la honradez del viandante.

El otro ejemplo que traigo es más jugoso, aunque, en lugar de referirse a frutas, lo haga al alquiler de coches. Se trata de una agencia presente en las islas Canarias, y que ofrece unos precios sorprendentemente baratos en comparación con el resto de sus competidoras. ¿Cómo puede ser? La transacción con la agencia no puede ser más sencilla: te dan las llaves, te dicen dónde está aparcado, y que lo aparques al devolverlo por la misma zona, dejando el coche abierto y con las llaves bajo el felpudo del conductor. No hay control de devolución; eso sí, insisten encarecidamente en que dejes el depósito con el nivel de gasolina al que lo encontraste.

En la confianza de que el arrendatario va a devolver el coche en las mismas condiciones que lo encontró, la agencia se ahorra el coste del personal necesario para controlar la devolución. El vehículo quedará en la zona de la nueva entrega, de forma que únicamente es necesario que acuda allí un empleado cuando haya que atender al siguiente alquiler. Todo ello al final se traduce en precios más baratos para el cliente, basados en la mutua confianza.

Es obvio que las condiciones en una isla (y más si es Canaria) facilitan enormemente la creación de confianza en el alquiler de un coche, por la sencilla razón de que normalmente será difícil sacarlo de allí una vez denunciada su posible sustracción. Y su localización dentro de un territorio tan limitado, tampoco habría de ser problemática. Por ello, se puede dejar el coche abierto y con las llaves dentro, algo impensable en otro sitio.

En cuanto al estado del coche, tampoco resulta problemático, pues el precio del alquiler incorpora un seguro a todo riesgo. El único punto por el que puede fallar el negocio es el de la gasolina, algo en que, como dije, insisten. Al final, este es el aspecto que realmente queda al arbitrio del conductor y en el que se ha de manifestar la mutua confianza que permite un precio tan barato.

En resumen: la reducción o eliminación de los costes de protección sería una bendición para la sociedad, pues se traduciría en precios menores para los productos que consumimos. Dicha eliminación no es imposible: determinadas circunstancias la facilitan, aunque siempre se va a requerir un cierto grado de mutua confianza para que el negocio sea viable.

Extrapolando, una lección que podemos extraer de las anteriores descripciones es que el respeto a la propiedad privada es en general beneficioso. Aunque individualmente nos convenga en un momento dado no respetarlo (llevarnos el frasco de confitura sin pagar, o devolver el coche sin gasolina), ello repercutiría en la desaparición de modelos de negocio muy satisfactorios para el individuo. Pensemos que si otros hicieran eso mismo que tan beneficioso nos puede resultar en un momento puntual, no podríamos haber comprado la confitura artesana francesa ni haber alquilado en Canarias a precio tan ventajoso.


[1] Ello no implica que no haya conflictos interpretativos, aunque fueran de buena fe, por lo que la justicia seguiría siendo necesaria incluso en tal escenario. No olvidemos que nos movemos en un mundo ambiguo sometido a interpretación subjetiva en que en muchas ocasiones los derechos de propiedad son interpretables.

La parada en seco. El riesgo en mercados emergentes

Did anyone ever notice that the emerging markets of today are the same emerging markets of the 1890s?” – David Callaway

“The Fed’s policy can have unintended consequences”- Richard W. Fisher

¿Se acuerdan en el cenit de la crisis europea cuando nos decían una y otra vez que nuestras empresas estaban muy baratas por su exposición a Latinoamérica? ¿Saben por qué no se oye ahora? Los mercados emergentes están mostrando enormes señales de debilidad. La última, México, que mostró un decrecimiento del PIB del 0,7% en el segundo trimestre comparado con las expectativas de crecimiento de 0,3%. Un país cuyo crecimiento depende enormemente de las exportaciones, mostraba una caída no esperada.

Pero México no es un enorme problema. Seguirá creciendo al 1,8% en 2013. El riesgo de los mercados emergentes no es solo de crecimiento menor de lo esperado en Brasil, México, India, o China. El gran dilema es lo que en la City se llama el sudden stop. Una parada en seco en el flujo de inversión de capitales.

Una de las consecuencias de los planes de estímulo monetarios de los últimos años ha sido la inflación extrema en los activos de riesgo. Lo hemos comentado muchas veces en esta columna. Estados Unidos exporta inflación a las economías semi-dolarizadas y emergentes. Y algunos de los activos favoritos han sido los bonos de mercados emergentes. Hasta tal punto que, como comentábamos en La gran burbuja, hemos visto a emisores de bonos de bajísima calidad crediticia acceder al mercado a tipos extremadamente bajos.

Sin embargo, ante la posibilidad de que los estímulos innecesarios de la Reserva Federal se reduzcan, hemos visto una oleada de retirada de fondos sin precedentes.

– Las reservas de los bancos centrales de países emergentes han perdido ya 81.000 millones de dólares pero las necesidades de financiación han aumentado un 7% y los déficits por cuenta corriente dan señales de alarma. Morgan Stanley y Citigroup lo alertaban en sus respectivos informes ¿Qué pasa si se para la marea? Y El optimismo está en la playa.

– La inflación excesiva y el desplome de las monedas locales han disparado los déficits por cuenta corriente de los países latinoamericanos. La inflación llega hasta el 40% en Venezuela, el 25% en Argentina, y las cifras alcanzan el 8-10% en la mayoría de mercados en desarrollo. Fíjense en India, donde los precios de algunos alimentos básicos se han disparado hasta un 46% en un año. 

– El acceso a crédito barato y dólares a todo trapo de la máquina de imprimir de la Reserva Federal ha hecho que gran parte de los países y empresas de mercados emergentes hayan tomado esa liquidez excesiva, a razón de 10.000 millones de dólares mensuales, según cálculos de varios bancos de inversión, como algo normal. Una inflación de activos de riesgo de renta fija del 150% medida como capital adicional y menor coste de financiación. Y lo hemos comentado muchas veces, los periodos de liquidez excesiva no se utilizan para reducir riesgo y fortalecer las economías, sino que se asumen como un nuevo paradigma de normalidad. Hasta que baja la marea, y se ven los bañistas que van desnudos.

El riesgo no es fácil de cuantificar, pero según nuestro análisis interno puede llegar a un 0,5% del PIB global en 2013. Recuerden el impacto de la pinza de crédito credit crunch en la OCDE en 2008.

Desde luego, las consecuencias sobre el crecimiento y la estabilidad económica de los países emergentes pueden ser muy relevantes. La combinación de altísima inflación, déficits por cuenta corriente y pérdida de reservas de dólares en los bancos centrales nunca ha sido una ecuación ganadora. Y las tres variables se deterioran muy rápidamente.

Indonesia ha perdido el 13% de sus reservas de divisas en tres meses,TurquíaUcrania, India han mostrado cifras parecidas. Argentina un 12% en cuatro. Esto es importante porque para los países es muy necesario contar con dichas reservas ante un escenario incierto y de dificultades financieras. 

Muchos de estos países y empresas tienen deuda externa en dólares y cada vez menos divisa norteamericana para cubrir sus compromisos.

La situación de inestabilidad económica de muchos de estos países no había sido un tópico de discusión en la Reserva Federal hasta que el mundo empezó a preocuparse por el brutal colapso de la rupia india de 55 contra el dólar a 65 esta semana. Varios amigos en Washington empezaron a preguntar, de manera diplomática, sobre los riesgos. Y desde luego, no son pequeños, con la inflación disparada y un déficit por cuenta corriente del 4,8% del PIB, India no ha visto sus exportaciones mejorar ni siquiera con el colapso de su moneda.

Un sudden stop tiene efectos globales. Tiene un impacto relevante sobre la banca europea, muy expuesta a Latinoamérica, y en las empresas multinacionales del viejo continente, que empieza a vislumbrar la salida de la recesión. Porque el riesgo de impago se dispara. Y tiene consecuencias directas muy importantes en la banca británica y americana, por su exposición a Asia y África. Pero, sobre todo, genera dificultades para que estos países en desarrollo, con necesidades de refinanciación creciente, acudan a los mercados de capitales tras la bonanza de los años del helicóptero monetario.

Pero ojo, para España y la Unión Europea no son tan malas noticias. Los países emergentes no están exportando mucho más, entre otras cosas por el recorte de demanda interna de la OCDE, y la salida de capitales de países en desarrollo a ‘países de bajo riesgo’ eleva las posibilidades de entrada de dinero y caída de las primas de riesgo en Europa. No es que sea un beneficio enorme, pero la rotación de activos financieros saliendo de alto riesgo a países defensivos siempre ha beneficiado a la Unión Europea y Estados Unidos. Aunque sea un beneficio a corto plazo, ya que el riesgo de que se dispare el euro y el dólar contra las otras monedas, y a la vez se contraiga el crecimiento de los mercados de alto potencial, hace que todo el sistema entero vaya hacia la desaceleración.

¿Cómo se evita un sudden stop? Me dirán, con razón, que es mucho mejor no haber creado este enorme océano de liquidez artificial y de riesgo. Que hubiera sido mejor no hacer creer al mundo que cada año se creaba un billón de dólares de boleto de lotería para inflar activos. Pero ya está hecho. Ahora no es fácil, pero la mejor manera de evitar un susto en algún enorme país en desarrollo es precisamente hacer lo que está haciendo la Reserva Federal.  Meter el pie en el agua pero no mojarse mucho, decir que sí va a parar los estímulos y luego decir que no. Jugar, como decía Al Pacino en The Devil’s advocate (Pactar con el Diablo, de Taylor Hackford, 1997) a ser el “peor casero del mundo”. 

Estaremos atentos. Puede ser un susto manejable o una bola de nieve, pero no es irrelevante. Buen fin de semana.

Cómo salir ileso del campo de minas de Gibraltar

No cabe soslayar la gravedad del lanzamiento de 70 bloques de hormigón con pinchos en aguas disputadas de la bahía de Algeciras, situadas en frente del istmo que une el Peñón de Gibraltar con el resto de la Península Ibérica, y al noroeste de la pista del aeropuerto asentada sobre una lengüeta que se extiende del istmo al mar. Ese arrecife artificial puede ser beneficioso o perjudicial para el medio marino (una cuestión medioambiental) pero, también, un punto de apoyo para ganar territorio y aguas territoriales a costa de la bahía. Que, además, resulten afectados unos pocos pescadores españoles que faenan en esas aguas (utilicen o no redes de arrastre) es una consecuencia nada abstracta del statu quo. Dado el sesgo estatista de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, el levantamiento de obstáculos para la pesca o la expulsión de pescadores en esa zona por parte de las patrulleras gibraltareñas y la Armada británica constituyen manifestaciones inequívocas de un ejercicio de soberanía del Reino Unido sobre "su" mar territorial.

El hecho de que el actual gobierno español, espoleado por el todavía parcial conocimiento de los entresijos de la corrupción de su partido –generalizada, por lo demás, entre todos los partidos del sistema-, haya encontrado en el sempiterno conflicto por la soberanía del territorio de Gibraltar un excelente filón para desviar la atención de la opinión pública y agitar una vena nacionalista que se le desconocía, no invalida la pretensión de recuperación de la soberanía sostenida por gobiernos y regímenes españoles de todo signo, si bien su defensa ha tenido bastantes fallas e incongruencias a lo largo de trescientos años (¡!). En los años sesenta un argumento ad hominen de naturaleza análoga fue hábilmente esgrimido contra la dictadura franquista por la potencia administradora y el que fuera ministro principal, Sir Joshua Hassan, a pesar de que (o precisamente porque) el servicio diplomático español, dirigido por el bilbaíno Fernando María Castiella y Maiz, logró poner a la potencia administradora contra las cuerdas, desde la propia perspectiva del Derecho internacional que el Reino Unido había contribuido a instaurar después de la segunda guerra mundial.

Para observar hasta qué punto lo anterior es exacto, deben repasarse la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la resolución de la Asamblea general de la ONU 1514 (1960),  y las resoluciones sobre la cuestión de Gibraltar aprobadas posteriormente [2070 (1965),  2231 (1966), 2353 (1967) y 2429 (1968)]. La última, aprobada el 18 de diciembre de 1968, declaró expresamente que el Reino Unido había incumplido las anteriores que le instaban a establecer negociaciones con el gobierno de España en el proceso de descolonización de Gibraltar, salvaguardando los intereses de la población al término de la situación colonial; le pedía que pusiera término a su colonia antes del 1 de octubre 1969 y le requería a comenzar esas negociaciones. Asimismo, los testimonios y los argumentos históricos y jurídicos recabados en defensa de las partes, así como las opiniones de la mayoría de los miembros del comité recogidos en los informes del comité de la ONU avalaron la estrategia del gobierno español, consistente en aprovechar la descolonización de Gibraltar para recuperar la integridad territorial de España perdida en 1704, durante la guerra de Sucesión española, y sancionada en virtud del artículo X del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 por el que se cedió la ciudad, el castillo, el puerto y sus defensas y fortalezas, sin jurisdicción alguna territorial, pero con reserva de (lo que hoy llamaríamos) un derecho de opción o adquisición preferente para el caso de transmisión. 

A la postre, esa brillante victoria jurídica se reveló parcial. No en vano, al mismo tiempo que el gobierno británico se desentendía de las resoluciones de la Asamblea General y, por lo tanto, se negaba a negociar con el gobierno español, ponía en marcha un plan para preservar su guarnición, base naval y aérea a las puertas del Mediterráneo Occidental. En una primera fase celebró unas elecciones para que los habitantes del Peñón eligieran una asamblea, similar a un ayuntamiento con poderes supervisados por un gobernador general nombrado en Londres. Más adelante organizaría entre la población gibraltareña un referéndum el 1 de diciembre de 1967 para consultarle si quería mantenerse en sus dominios, invocando el derecho a la autodeterminación. La respuesta afirmativa por abrumadora mayoría fue seguida de la condena de dicho referéndum por la última de las resoluciones de la Asamblea general de la ONU, con el argumento de que contravenía las anteriores. Haciendo caso omiso a las limitaciones convencionales establecidas en el Tratado de Utrecht y a las consideraciones sobre la expulsión de la población originaria (fundadora de San Roque) planteadas en el comité de descolonización de la ONU, el Reino Unido prosiguió concediendo unilateralmente una constitución a Gibraltar que dotaría al gobierno local de más competencias. En 1969 la decisión del gobierno español de cerrar el paso a través de la "verja" levantada por los británicos en 1909, contribuyó a reforzar la dependencia hacia su metrópoli y el victimismo de los gibraltareños.

Los primeros nuevos gobiernos democráticos firmaron declaraciones conjuntas (Lisboa 1980, Bruselas 1984) sin categoría de tratados internacionales vinculantes, mediante las cuales el gobierno británico se comprometía aparentemente a negociar las cuestiones sobre Gibraltar, incluida la soberanía. En 1985 el gobierno socialista levantó el cierre de la verja para permitir el acceso de personas. En 2002 ambos gobiernos llegaron a discutir la cosoberanía, pero a finales de ese año las autoridades de Gibraltar organizaron un referéndum donde sus habitantes rechazaron también por abrumadora mayoría esa posibilidad.

En 1987 el gobierno de Felipe González firmó un acuerdo para el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, que quedaría en papel mojado. En 1996 el gobierno de Aznar alcanzaba un acuerdo verbal para permitir la pesca en las aguas en litigio proximas al Peñón. Al año siguiente se ratificó la mencionada Convención sobre el derecho del mar, con la consabida declaración de que no podía interpretarse como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar. Profundizando hasta el absurdo en esta línea de confusión, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero brindó con la "Declaración de Córdoba" de 18 de septiembre de 2006, un acuerdo tripartito, bien es verdad que sin naturaleza de tratado internacional, que ofrece al gobierno de Gibraltar un perfil de estado satélite del Reino Unido.

Algunos de los acuerdos o declaraciones firmadas con el Reino Unido tendrían sentido si, al mismo tiempo, se hubieran emprendido iniciativas para hacer valer los derechos reclamados. A pesar de ser una potencia administradora que dirige sus relaciones exteriores, los gobiernos británicos llevan cincuenta años escondiéndose detrás de las autoridades gibraltareñas, y los pocos más de 20.000 habitantes, tal como los han moldeado durante tres siglos. Con el tiempo les obsequiaron con una exención total del IVA en su tratado de adhesión a la CEE y un generoso estado del bienestar financiado principalmente por impuestos bajos que pagan miles de sociedades mercantiles "off-shore" establecidas en el Peñón, los derivados del juego, los derechos de almacenamiento de combustible y los gastos de la guarnición militar.

Ante esta situación, el gobierno español debería plantear esta controversia sobre la soberanía ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, distinguiendo las reclamaciones derivadas de la usurpación del istmo -adquirido sin título alguno- de las que son debatibles en virtud del Tratado de Utrecht -título de adquisición del territorio- y de las resoluciones de las Naciones Unidas donde se declaró el incumplimiento por parte del Reino Unido del proceso especial de descolonización de Gibraltar. Si no se retirasen antes los bloques de hormigón, la demanda debería ir acompañada de una solicitud de medidas provisionales (Art. 41 del Estatuto) para que el Tribunal ordene su desmantelamiento mientras se resuelven las cuestiones de fondo. Si bien la jurisdicción de este tribunal es similar a la de un árbitro, en cuanto las partes deben reconocerla, ambos estados han formulado sucesivas declaraciones de sometimiento obligatorio a sus decisiones.

Constatados los profundos desacuerdos en relación a este asunto de dos estados cuyos pueblos mantienen estrechísimas relaciones, no tiene ningún sentido demorar por más tiempo un arreglo pacífico por un tercero. A despecho del nacionalismo excluyente que aflora en ambos países en cuanto se menciona el nombre de la colonia, la historia no puede cambiarse ni descalificar o ignorar los argumentos de la otra parte. En lo que se refiere a la parte española, además, resulta urgente acudir al único Tribunal competente sobre esas cuestiones porque la falta de una reacción coherente y proporcionada ante la política de hechos consumados desarrollada por los gobiernos británicos en estrecha colaboración con las autoridades del Peñón, podría perjudicar los derechos que su gobierno está obligado a defender. Si se prolongan y repiten excesivamente a lo largo del tiempo, los "aparcamientos" de la cuestión de la soberanía y las declaraciones y las reservas rutinarias a acuerdos y tratados, podrían interpretarse no solo como muestras de una gran estulticia política, sino como una pasividad que haría prescribir las acciones para defender los derechos que se poseen.

El becario de la City y los progres del mundo

La progresía ya tiene un nuevo mártir –aunque involuntario, en este caso–, otra víctima del malvado capitalismo al que rendir pleitesía para justificar la bondad del estatismo. Se trata de Moritz Erhardt, un joven alemán de 21 años, becario del Bank of America en la City londinense, que fue hallado muerto en su habitación tras trabajar 72 horas seguidas sin descanso. La noticia ha recabado la atención de medio mundo, en parte debido a la sequía de información típica del mes de agosto y porque, sin duda, el hecho en sí resulta llamativo desde el punto de vista mediático. Basta observar el siguiente titular: Muere un becario del Bank Of America tras trabajar tres días seguidos.

"City", "Bank of America" y "muerte", tres conceptos cuya combinación arroja una conclusión simple y falaz, pero muy efectiva… El capitalismo mata. De hecho, la reacción inmediata de la inmensa mayoría de medios, analistas y lectores ha sido casi idéntica. Calificativos tales como "esclavismo", "explotación", "suicidios" o "infierno" han sido la tónica dominante para describir las inaceptables "condiciones inhumanas" que impone la City, emblema mundial de las finanzas, a sus sufridos empleados y, muy especialmente, a los incautos becarios que osen adentrarse en ella. La contestación cuasi unánime a este trágico suceso muestra hasta qué punto se ha extendido en Occidente el buenismo estatista propio del pensamiento único.

Lo primero que llama la atención es la relación causa-efecto que surge de forma automática a la hora de interpretar los hechos. A saber, tres días trabajando sin parar provocan la muerte. Quienes crean tal afirmación acaban de descubrir una nueva enfermedad mortal hasta ahora desconocida, resultado de la explosiva combinación de insomnio y exceso de trabajo. Y ello, a pesar de que el caso aún está siendo investigado. De hecho, todo apunta a que Erhard sufrió un ataque de epilepsia mientras se duchaba, siendo ésta la causa más probable del fallecimiento, pero dicha razón se ha mantenido en un segundo plano, cuando no ignorada, directamente. Muchos dirán entonces que el citado ataque fue provocado por el estrés y el agotamiento derivados de un horario imposible. No en vano, durante las escasas semanas de prácticas que los bancos de inversión ponen a prueba a sus aprendices, el horario habitual de trabajo ronda las 14 horas al día, llegando en ocasiones a enganchar una jornada con otra, en lo que en el mundillo se conoce como The Magic Roundabout -un taxi te lleva a casa a primera hora de la mañana desde la oficina, espera mientras te duchas y te mudas, y te conduce de vuelta al trabajo-.

Pero lo cierto es que trabajar 14 horas al día no es algo tan extraño entre ejecutivos, profesionales, autónomos y empresarios. En el caso concreto de la City, que emplea a casi medio millón de agentes, lo normal es entrar a primera hora de la mañana y acabar la jornada a las cinco o seis de la tarde, tras el cierre de mercados, pero, puesto que el dinero nunca duerme, siempre hay quien apura las horas para adelantar trabajo o acabar informes pendientes. Se trata de algo muy normal en este sector altamente competitivo, al igual que sucede en consultoras y grandes bufetes, entra otras muchas actividades donde la productividad no se mide en horas sino en la consecución de resultados.

¿Y el estrés? Por supuesto. La presión que sufren brokers y gestores es muy elevada, en sintonía con la responsabilidad de manejar miles de millones de euros cada día, sabiendo, además, que la mayor parte de su sueldo depende de las metas alcanzadas, pero no mayor de la que soporta un cirujano, abogado, directivo o cualesquiera trabajadores y empresarios que luchan día a día por salir adelante. En este sentido, cabe recordar que las muertes por estrés laboral están a la orden del día, no es algo exclusivo de la City y menos aún del cargo de becario, sino que forman parte de la vida misma.

De ahí que sorprendan sobremanera titulares en los que, por ejemplo, se asocia el término "suicidio" con la City de Londres, en un burdo intento por demonizar la meca de las finanzas, cuando el propio artículo admite en su interior que tan sólo cinco personas se arrojaron al vacío en los últimos cinco años –una al año– tras causar pérdidas a su empresa o sufrir un insoportable grado de ansiedad. Una cifra anecdótica, por no decir, simplemente, ridícula. Y es que, si la presión de la City fuera, realmente, tan mortal como se pretende transmitir a la opinión pública, casos como el del joven Erhard no serían noticia debido a su elevada frecuencia. La realidad de la banca londinense, por el contrario, es muy distinta al "infierno" que pretenden vender algunos.

En primer lugar, siendo el "esclavismo" el sometimiento de una persona en contra de su voluntad, la City es el mundo opuesto. Los que allí trabajan acuden voluntariamente, tras superar durísimos filtros de selección, siendo perfectamente conscientes de la exigencia y sacrificio que requiere dicha profesión, bien porque les apasiona su trabajo bien por el deseo de ganar mucho dinero o, lo que es más habitual, la combinación de ambas cosas. Miles de becarios, procedentes de todo el mundo y con una excelente cualificación académica, aspiran cada verano a ocupar uno de los codiciados puestos en prácticas que ofrecen los tan denostados bancos de inversión… ¡Y lo hacen voluntariamente! Su sueño profesional es trabajar en la City, siendo muchos los que se quedan fuera. No en vano, se estima que tan sólo existe un puesto por cada 55 candidatos, siendo pocos los afortunados que logran meter la cabeza en la élite financiera tras superar numerosos y muy exigentes filtros de selección. Lo cierto es que quienes tanto critican este trabajo, seguramente, jamás podrían optar a él por mucho que quisieran.

Y si nadie les obliga a entrar en la City, sino que compiten duramente por conseguirlo, ¿cómo es posible que, una vez dentro, los principiantes se dejen explotar de forma tan vil y miserable por sus jefes? En primer lugar, los superiores suelen trabajar tanto o más que sus subordinados, puesto que ostentan una responsabilidad –y una presión– mayor; por otro lado, que se tilde de "explotador" (abusar de algo o alguien) uno de los puestos más demandados y mejor remunerados del mundo resulta no sólo contradictorio sino, directamente, absurdo. Los sueldos fijos en el sector oscilan entre los 40.000 y los 200.000 euros al año, más el correspondiente bonus en función del cumplimiento de objetivos. El fallecido Erhardt, sin ir más lejos, cobraba casi 3.000 euros al mes como becario, el triple que cualquier español medio, y en un año más o menos normal un principiante se puede embolsar de 100.000 a 150.000 euros extra. En total, los novatos de la City pueden ganar en un año lo que un trabajador normal en diez, y en diez mucho más de lo que éste último ingresa en toda su vida laboral. Tanto es así que muchos optan por retirarse antes de cumplir los 40 años, tras acumular una pequeña fortuna. Una explotación laboral "inhumana", sin duda…

Por último, se obvia que las condiciones laborales de la City son completamente flexibles. Los contratos otorgan al empleado un amplio margen para organizar a su gusto el horario laboral o la forma de trabajar. En el caso concreto de Erhard, nadie le obligó a trabajar 72 horas seguidas, lo hizo motu proprio. Se trabaja muy duro, sin duda, bajo una fuerte presión y durante muchas horas, pero todos los que optan a tales puestos son conscientes de ello, saben a lo que se enfrentan. De hecho, casi un tercio abandona al poco tiempo de entrar debido a las elevadas exigencias del cargo. "No es para mí", admiten.

Así pues, la progresía mundial denuesta la City empleando como excusa la triste muerte de un becario para, de este modo, justificar sus intolerables intervenciones estatales, cuando, en realidad, trabajar en la banca de inversión es la gran meta profesional, libre y conscientemente escogida, de decenas de miles de brillantes jóvenes. El fallecimiento de Erhard es una tragedia, sí, como tantas otras que son fruto de la imprudencia o una débil salud, no de una sádica industria financiera obsesionada con explotar a sus trabajadores hasta la muerte… La enorme puerilidad que denota este discurso progre sirve de base a los socialistas para seguir tratando al individuo como a un niño o, lo que es peor, un imbécil incapaz de tomar decisiones por sí mismo, justificando con ello la necesidad imperiosa del paternalismo estatal.

Lincoln, la película y el glorificado déspota racista (y II)

Esta es la segunda (y última) entrega de Sergio Alberich analizando los mitos y realidades en torno al personaje del Presidente Lincoln. La primera parte puede encontrarse aquí.


“Pragmatismo maquiavélico” es la excusa a la que se recurre con más frecuencia para justificar los ataques que Lincoln perpetró contra la Libertad, pero hay otro, muy presente en la película, que se tendría que mencionar aquí. Al final de su trabajo, Spielberg dirige una escena en la aparece el presidente montando a caballo entre los restos de un campo de batalla. La fotografía es increíble y realmente se puede llegar a sentir el dolor que transmite el cuerpo de Daniel Day-Lewis. En la siguiente escena, si la memoria no me falla, el Presidente habla con el General Ulysses S. Grant sobre el final de la guerra. Todavía dolido por lo que acababa de presenciar, Lincoln se muestra benevolente en su trato hacia los soldados y oficiales confederados. En seguida, habla de las brutales imágenes que acababa de ver. En ese momento, yo sólo podía pensar en la frecuente excusa de los entusiastas de Lincoln de que él no estaba al tanto de la ofensiva contra la Libertad y de las masacres de civiles durante la guerra.

Uno de los rasgos que se ensalzan en Abraham Lincoln es su habilidad de microgestión y la fijación que tenía por ésta. El presidente era conocido por trabajar con minuciosidad en temas poco importantes, y, aun así, ¿nos quieren hacer creer que Abe no estuvo directamente involucrado y no era consciente de tales atrocidades? Medios justificando fines ya es una muy mala excusa, pero hacerse el tonto y alegar que Abe no tenía conocimiento de estas acciones, es más que ridículo.

El punto es que Lincoln vio en la guerra, y su supuesta misión de liberar a los esclavos, la oportunidad de ampliar y dar fuerza al Gobierno Federal. Él vio la posibilidad de secuestrar los poderes asignados originalmente a los Estados. En un momento dado, llegó a estar tan ansioso por empezar el combate que, por escrito, felicitó a su Comandante Naval por haber obligado a Carolina del Norte a disparar el primer tiro de la Guerra.

Es cierto que los Estados del sur querían mantener la esclavitud, pero este no era el primer punto en la agenda sureña. La región del Sur era la más afectada por los altos aranceles impuestos por el Gobierno Federal. Violaciones adicionales de la soberanía de los Estados, que incluían, pero no se limitaban, el caso de la esclavitud, contribuían a poner más tensión sobre la mesa. Por otro lado, la postura agresiva de Lincoln fue siempre evidente. En el mismísimo discurso inaugural, durante el cual afirmó que no tenía ningún problema con la institución de la esclavitud del Sur y que no era una cuestión del poder federal, Abe acaba lanzando una clarísima amenaza a los estados del Sur en lo que se refiere a la recaudación de impuestos. El Norte, y Lincoln, temía que el Sur y sus prácticas de libre comercio acabaran con un importante flujo de negocios de la Unión. Por lo tanto, el deseo de consolidación del poder federal, muy presente entre los partidarios de Lincoln, encontró en los abolicionistas un aliado perfecto para luchar contra los separatistas del Sur.

Si se permitía que el Sur se independizara y estableciera el libre comercio, el comercio exterior se habría desviado de forma masiva desde los puertos del norte a los del sur, ya que los comerciantes buscarían un régimen de aranceles bajos o el libre comercio del Sur. ‘Que el sur adopte el sistema de libre comercio’, advirtió el Daily Times de Chicago, y ‘el comercio del Norte deberá reducirse a menos de la mitad de lo que es ahora’.

 Tom Woods, The Politically Incorrect guide to American History.

 A lo largo de la mayor parte de nuestra historia, las únicas fuentes de ingresos federales fueron impuestos y aranceles. Durante la década de 1850, los aranceles representaron el 90 por ciento de los ingresos federales. Los puertos del Sur pagaban el 75 por ciento de los aranceles en 1859. ¿Qué político “responsable” permitiría la pérdida de estos altos ingresos?

Walter Willians, en Abraham Lincoln.

Finalmente, se eliminó una traba natural contra el crecimiento del Gobierno Federal. Hasta este momento, la Unión era considerada un acuerdo voluntario del modo en que había sido constituida por los Padres Fundadores. Los Estados vinieron antes y voluntariamente concedieron algunos poderes a la Unión. Poderes que, si se extralimitaban, podían ser rápidamente suspendidos a través de la simple amenaza o la efectiva salida de un Estado descontento con la Unión. Esta situación mantenía el Gobierno Federal atento todo el tiempo y, como consecuencia, impedía que se produjera un crecimiento imparable del mismo. Los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, no son suficientes para frenar el agigantamiento de la organización de la que los tres son parte: el Gobierno Federal. Pero cuando los ciudadanos pueden votar con la mayor democracia que hay, con sus pies, y las suborganizaciones (Estados y Municipios) pueden decidir cuándo unirse o abandonar la organización superior, la Libertad se protege mejor. Desafortunadamente, después de 1865, la idea de una Unión voluntaria fue suspendida y, con ella, la cuestión de la secesión se convirtió en un delito ofensivo a ojos de muchos. ¡Gracias, Abe!

En Alemania, Hitler afirmó que “deberían eliminarse todos los derechos de los estados: para nosotros el Estado como tal es sólo una forma, ya que lo esencial es su contenido, la nación, la gente, está claro que todo lo demás tiene que subordinarse a los intereses soberanos de la nación. Particularmente, no podemos concebir la idea de un estado autónomo dentro de la nación, sin la soberanía del Estado y en el punto de poder político”. Así, el “mal de los estados federados individuales… debe cesar y cesará algún día… el Nacionalsocialismo, como una cuestión de principios, debe reclamar el derecho a imponer sus principios en toda la nación alemana sin consideración de fronteras estatales antes federadas”.

Tom Woods, citando un pasaje de “Mein Kampf” de Hitler que fue reproducido en Thomas DiLorenzo de Unmasked Lincoln.

Debe enaltecerse y reconocerse la figura de Lincoln como la de un hombre autodidacta que, sin contar con más de un año de educación formal, logró convertirse en uno de los mejores abogados en los EEUU y, finalmente, subió los escalafones del mundo de la política para convertirse en el Presidente de EEUU. Pero de ahí a verlo como un santo es difícil de entender.

Dejando a un lado las atrocidades que cometió durante la guerra y olvidando el hecho de que él no era el abolicionista por lo que es adorado, sigue siendo difícil admirar el resto de su obra. Durante años fue abogado para los ferrocarriles y cuando, por fin, fue el encargado de elegir el recorrido de las líneas federales, casualmente, sus tierras se hallaban justo en el medio. Parece un poco sospechoso, pero no importa, estoy seguro de que hay infinidad de explicaciones para esta curiosa coincidencia. Además, durante los casi 30 años previos a su presidencia, fue un entusiasta del Mercantilismo. Los elevados aranceles aplicados a las importaciones y los elevados subsidios a sectores específicos fueron el núcleo de su obra. El regreso del Banco Central que previamente Andrew Jackson había eliminado fue otro de los asuntos que abordó durante esos años.

Thomas DiLorenzo tiene una teoría de lo que él llama el Culto Lincoln (The Lincoln Cult). Afirma que su deificación, impulsada tanto por Demócratas como por Republicanos e, incluso, por el Partido Comunista, es la glorificación de la Presidencia Americana y del Gobierno Federal de EEUU. Así que todo aquél que cree en un gobierno federal poderoso, todo aquél que tiene que buscar excusas para justificar ataques contra las libertades civiles, todo aquél que quiere decir a los demás cómo deben vivir sus vidas, termina por ensalzarle. En realidad, desde mi punto de vista, es difícil pensar en otros políticos que atacaran tanto la institución de la Libertad durante el siglo XIX, con unos efectos que se trasladarían a los acontecimientos del siglo siguiente (a excepción, tal vez, del hermano europeo de Lincoln, Bismarck).

Acertadamente, DiLorenzo observa que la antedicha glorificación se ha convertido en una maldición, la Maldición de Lincoln (The Lincoln Curse). Durante los últimos 150 años, la figura de Abe se ha usado para justificar la reinterpretación continua de la Declaración de Independencia y de la Constitución de los EEUU según los deseos de unos pocos. Por desgracia, tanta falta de respeto conlleva un intenso y continuo daño a los fundamentos de la Libertad en casi todos los aspectos de la vida estadounidense. El fin de la veneración de Abraham Lincoln es un paso importante hacia la restauración de la Land of the Free.

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Pues bien, puesto que esto no es un trabajo académico, sino un simple artículo expresando mis opiniones y conocimiento acerca de Lincoln y su adoración, hago la sugerencia de los siguientes Artículos, Libros y Vídeos para todos los que tengan interés en profundizar su estudio del tema: 

Artículos

DiLorenzo, Thomas,

Williams, Walter,

McClanahan, Brion,

Woods, Tom, “Lincon Unmasked” http://www.lewrockwell.com/woods/woods58.html;

On Doris Kearns-Goodwin:

Libros

Woods, Tom, “The Politically Incorrect Guide to American History” ;

Donald, David, “Lincoln” http://www.amazon.com/Lincoln-David-Herbert-Donald/dp/068482535X;

DiLorenzo, Thomas,

Bennett Jr., Lerone, “Forced into Glory: Abraham Lincoln’ s White Dreamhttp://www.amazon.com/Forced-into-Glory-Abraham-Lincolns/dp/0874850851/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1360957152& sr=1-1-fkmr0&keywords=Lerone+Bennett%2C+Jr.%2C+Forced+into+Glory%3A+Abraham+Lincoln%E2%80%99+s+White+Dream ;

Fallon, Joseph, “Lincoln Uncensored” http://www.amazon.com/Lincoln-Uncensored-ebook/dp/B009FMPGQ2

Denson, John, “Reassessing the Presidency: The rise do the executive state and decline of freedom” http://mises.org/Books/reassessingpresidency.pdf.

Vídeos

Tom Wood’s Libertyclassroom.com by Brion McClanahan;

Thomas DiLorenzo on Spielberg’s Lincoln http://www.youtube.com/watch?v=tfliZYSRDlE

De expertos, titulitis e intervencionismo

Cuando inventen el Nobel de Creatividad se lo van a dar a algunos políticos españoles, no me cabe la menor duda. En Madrid, por ejemplo, tenemos a auténticos lumbreras ordenando nuestras vidas. Bendita sea la democracia representativa. Hace un par de años tuvieron la brillante idea de poner multas de hasta 750 euros a quienes hurgaran la basura. No tengo muy claro si la estrategia pretendía ser disuasoria o recaudatoria pero dudo que en cualquiera de los dos casos tuviera mucho éxito. Cuando uno se ve en la necesidad de hurgar en la basura es muy poco probable que disponga de esa cantidad de dinero para hacer frente a la multa. Probablemente le importe muy poco que le multen. También hay quien no hurga por necesidad sino por afición. Conozco a muchas personas que han restaurado y reutilizado muebles y objetos de lo más variado que otras personas habían decidido desechar.

La última ocurrencia de que tengo noticia se ha conocido esta misma semana y se prevé que entre en vigor el próximo mes de octubre. (Por favor, no siga leyendo si está usted en la oficina o en una biblioteca, pues es muy probable que lo que viene a continuación le arranque una carcajada). Leo en La Vanguardia: “El Ayuntamiento de Madrid convocará el próximo mes de octubre las “pruebas de idoneidad” que deberán superar los músicos para tocar en las calles y plazas del distrito Centro (…) A falta de cerrar el texto, la prueba de idoneidad, que incluirá una audición y la presentación de un currículum, pretende fundamentalmente conocer qué tipo de espectáculo desarrolla el aspirante a la autorización. (…) La Junta quiere comprobar que se trata de una actividad musical "real" y no de una forma cualquiera de obtener unas monedas.”

Esta gente no sabe que uno difícilmente sobrevive tocando en la calle si no tiene un mínimo talento. Y aunque no lo tuvieran, si hay gente dispuesta a darles dinero, están en su derecho de hacerlo, que para eso es suyo (al menos el 40% que les queda después de pasar por la caja estatal). Incluso si quieren darle dinero a alguien que no está tocando ningún instrumento, también pueden hacerlo. Se llama altruismo, caridad, compasión. Y egoísmo, claro, porque el altruista en el fondo lo que busca es sentirse bien consigo mismo y lo consigue cuando sabe que ha hecho algo por alguien.

No quiero ni pensar en quiénes serán esos “expertos” encargados de hacer las audiciones a los aspirantes a músico callejero. Recuerdo al editor que rechazó el manuscrito de “El Alquimista” de Paulo Coelho. “Fue un baño de humildad”, me dijo. Y espero que a estos les pase lo mismo, que sean capaces de reconocer que ellos no son nadie para juzgar a nadie, porque al músico callejero quien lo juzga es la calle, la gente que pasa por su lado y decide darles o no dinero, sonreírles o mirarles mal o ignorarles.

Muchas personas han sido parte activa y fundamental en el progreso de la humanidad precisamente porque se alejaron de las normas establecidas o porque experimentando en campos ajenos hicieron descubrimientos importantes. Con ordenanzas como éstas no habríamos llegado muy lejos.

John Caldwell Holt decía que quien posee un certificado de capacitación pedagógica no está capacitado para enseñar. Probablemente tenía razón y probablemente su tesis se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. No hay nada más peligroso que colgarse la etiqueta de “experto”, sobre todo si se la adjudica uno mismo.

Los verdaderos culpables de la crisis

Seis años después de que estallara la crisis, “los culpables” andan sueltos con absoluta impunidad, motivo que ha conducido al justiciero Obama a tratar de enchironarlos. No se han filtrado detalles, pues en esto pesa más la forma que el fondo, pero todo apunta a una ofensiva contra Wall Street: es decir, contra los bancos comerciales que financiaron el desaguisado de la burbuja crediticia, contra los bancos de inversión que colocaron la basura de los anteriores por todo el mundo, contra las agencias de calificación que vistieron a la mona de seda o contra las aseguradoras financieras que asumieron una mayor exposición a los riesgos crediticios de lo que podían soportar.

Desde luego, todos ellos son culpables de inflar la oferta de crédito muy por encima de los niveles de ahorro que había detrás de ese crédito: a saber, todos ellos son culpables de abaratar artificialmente el crédito para inducir a familias y empresas a demandar más préstamos de los que habrían demandado a un coste financiero más alto y más realista. Sucede, sin embargo, que los mismos motivos que empleamos para cargar contra los oferentes de crédito también podríamos usarlos para reputar culpables a los imprudentes demandantes de crédito, es decir, a las familias y empresas que se aprovecharon del clima de tipos de interés artificialmente bajos para adelantar su consumo futuro o para sobredimensionar la escala de sus operaciones. ¿Los perseguirá a todos ellos Obama o se concentrará en un par de chivos expiatorios que le permitan hacer como que hace?

Y es que, al final, todos aquellos que, de buena o de mala fe, se sumergieron en la orgía crediticia son responsables del desaguisado derivado de lo misma. Por supuesto, esto no significa ni que todos hayan cometido actividades delictivas ni que nadie lo haya hecho. Es evidente que la burbuja de crédito barato ha convivido con fraudes, engaños, estafas y desfalcos varios, por todo lo cual sus brazos ejecutores deberían ser perseguidos. Pero sí significa que la inmensa mayoría de las actividades que contribuyeron a alimentar y disparatar la burbuja de crédito barato no tuvieron nada de delictivas y que, por consiguiente, si queremos ir más allá de un simple ajuste de cuentas extemporáneo y evitar que se repitan episodios tan devastadores como los que estamos sufriendo, habrá que buscar sus causas y sus culpables últimos; es decir, aquellos que ponen los medios para que los bancos privados ofrezcan demasiado crédito demasiado barato.

Los privilegios estatales de la banca

La banca privada –como cualquier otro agente económico– es una industria que tiene fortísimos incentivos a endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo. Los tipos de interés que se abonan por la deuda a corto son generalmente mucho más reducidos que los de la deuda a largo, lo que posibilita efectuar un cierto arbitraje entre ambos. Si el banco concede una hipoteca a 30 años a un tipo fijo del 6% financiándola con un depósito a tres meses (o con un repo a un día) por el que paga un tipo anualizado del 1%, las ganancias son más que evidentes y atractivas. Además, el trasvase de capital desde el corto al largo plazo permite reducir los tipos a largo plazo, permitiendo que se endeude una nueva hornada de potenciales clientes satisfechos con las más laxas condiciones de financiación.

Como digo, la tentación de arbitrar tipos de interés de distinto plazo no es un vicio exclusivo de la banca: cualquier empresa privada –o cualquier familia– estaría deseosa de financiarse a corto plazo con tal de minorar su coste financiero. La diferencia entre las familias y las empresas, por un lado, y la banca, por otro, es que las primeras caerían pronto en suspensión de pagos si optaran por hiperapalancarse a corto plazo. Pero la banca no: pese a que sus fuentes de financiación son depósitos a la vista o a corto plazo, repos o bonos de escasa duración y pese a que sus activos están repletos de activos a largo plazo, la muy maldita no termina de suspender pagos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso ha sido bendecida la banca con una habilidad sobrenatural para gestionar su liquidez con la que no cuentan ni familias ni empresas?

No, el asunto es bastante más sencillo: los bancos han ido acumulando, año tras año, crisis tras crisis, una montaña de privilegios concedidos por el Estado, y es esa montaña de privilegios la que les concede margen de maniobra para su exuberancia crediticia. Por un lado, los pasivos a la vista de la banca (depósitos a la vista) cuentan con el aval implícito del Tesoro, lo que incentiva a los acreedores del banco (depositantes) a que se despreocupen por entero de su liquidez y de su solvencia: ¿para qué exigir el repago de los depósitos si, en cualquier caso, el contribuyente terminará apoquinando? Por otro, aun cuando los depositantes acudieran en masa a retirar sus fondos del banco, éste podría dirigirse al banco central de turno para solicitar una refinanciación, en cuyo caso lograría evitar nuevamente la suspensión de pagos; pues, para más inri, el banco central ya no se ve forzado a pagar sus deudas en oro y, por tanto, posee un margen infinito para refinanciar a cualquier deudor. ¿Hay alguna otra industria cuyos pasivos se vean protegidos contra la insolvencia y la iliquidez por las autoridades estatales? No: de ahí que la banca ostente una posición privilegiada (gracias al Estado) dentro del entramado financiero actual que le permite expandir y abaratar tanto el crédito como sus demandantes solventes se lo requieran. La financiación familiar y empresarial deja de estar limitada por la disponibilidad de capital y pasa a estarlo sólo por la calenturienta imaginación faraónica del banquero de turno.

El problema, por consiguiente, reside en que el Estado ha abortado todos los mecanismos con los que sí contaría el mercado para poner coto a la imprudencia financiera de los agentes económicos: las corridas bancarias y el riesgo cierto de suspender pagos. Es más, el Estado incluso ha promovido esa masiva imprudencia financiera cuando le ha convenido políticamente, empujando al banco central a bajar los tipos de interés del mercado interbancario con el objetivo de inducir una nueva burbuja de crédito: por ejemplo en 2001 (cuando la Fed, primero, y el BCE, después, colocar sus tasas de interveción en mínimos históricos) o por ejemplo ahora mismo con los reiterados Quantitative Easings. ¿O cuál creen que es el propósito de esas flexibilizaciones cuantitativas salvo la de inducir un abaratamiento del coste de financiación de la economía estadounidense y facilitar así una nueva ronda de endeudamiento y de pelotazos crediticios?

Si Obama quiere perseguir a los culpables de la crisis, lo tiene muy sencillo: puede comenzar por cerrar la Reserva Federal y el FDIC, por colocar entre rejas a sus presidentes pasados y presentes tras inhabilitarles para el ejercicio de cargos públicos y privados, y por no rescatar a los bancos privados que incurran en prácticas financieras imprudentes (todos). Si no lo hace, si en lugar de ello sigue mareando la perdiz y desenfocando la naturaleza de los auténticos problemas de fondo, si reduce todos los desequilibrios a una mera cuestión de malas aptitudes personales por parte de unos equipos gestores demasiado codiciosos en lugar de a una pésima e inflacionista configuración de todo el entramado sistema financiero, acaso sea porque él es en estos momentos el principal cómplice de unos verdaderos culpables que no desean ser descubiertos. Cortina de humo, se llama.

Sindicatos: generadores de pobreza

Con la muerte de una de las mejores empresarias de la historia, Rosalia Mera, los sindicatos no han dejado pasar la ocasión para mostrar su odio a los empresarios, su radical mentalidad anticapitalista y su absurda retórica marxista. Autodotados de superioridad moral sobre el resto de los mortales, tratan de hacernos creer que son los protectores de los trabajadores y que son ellos los que propician realmente el crecimiento económico y el bienestar de los países.

Nada más lejos de la realidad. Son los empresarios (y los capitalistas), y no los sindicatos, los creadores de riqueza.

Son los empresarios los que están continuamente alerta para descubrir oportunidades de negocio, es decir, descubrir nuevos productos y servicios con los que satisfacer mejor a los ciudadanos; son ellos los que diseñan planes de negocios rentables y sostenibles que añaden valor a la sociedad; son ellos los que apuestan por procesos productivos largos que acabarán haciendo (¡con el tiempo!) más productiva a la sociedad; son ellos los que anticipan los salarios de los trabajadores antes de que los productos sean producidos y vendidos; son ellos los que se enfrentan a una incertidumbre inerradicable; son ellos los que deben conseguir financiación para llevar a cabo sus proyectos; son ellos los que deben innovar y mejorar día a día para ser competitivos; son ellos los que compran a un precio conocido para vender a un precio desconocido; son ellos los que se juegan su dinero tratando de anticiparse a un futuro incierto; son ellos los que deben dejarse la piel ¡cada día! para seguir manteniendo la confianza de sus clientes; y son ellos los que quiebran si no satisfacen necesidades de la sociedad.

Los sindicatos no tienen todos estos arduos y engorrosos problemas. No tienen que preocuparse de ofrecer una propuesta de valor cada vez más eficiente, eficaz y rentable. Tampoco tienen que preocuparse de su financiación: reciben muchos millones de euros del Estado. Concretamente 15,7 millones de euros en subvenciones en 2011, 11,1 millones en 2012 y 8,8 millones en 2013.

Lo deseable y justo en una sociedad libre sería que se financiasen con las cuotas de sus afiliados. Esta sería la mejor prueba de que los trabajadores valoran a los sindicatos. Ciertamente, si los trabajadores creyesen positivamente que las organizaciones sindicales velan por sus intereses pagarían las cuotas sin dudarlo ni un instante.

Pero no es así: el número de afiliados es cada vez menor, situándose actualmente en torno al 10-12% de los trabajadores. Un apoyo verdaderamente minoritario. Para que se pudiese hablar de ‘representación de los trabajadores’ se necesitaría al menos un 85-90% de afiliación (y aun así no sería justo para el 15-20% restante).

Cualquier otra organización con ese número ínfimo de afiliados no existiría en absoluto o tendría un tamaño e influencia residual en la sociedad.

Pero la alianza entre sindicatos y políticos hace que esto no tenga demasiada relevancia. Es el Estado el que inyecta la financiación a los sindicatos. Y lo hace mediante la extracción de renta de los agentes productivos de la sociedad a través de los impuestos. Coactivamente, de forma obligatoria, parte de nuestra renta se destina a estas organizaciones aunque la inmensa mayoría creamos que no nos benefician en absolutamente nada o que incluso nos perjudican enormemente.

¿Y a cambio de qué perdemos una parte de nuestra renta para regalársela a los sindicatos? A cambio de tener una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado.

Aprovechándose del inmerecido y asombroso poder que otorga la Constitución a estos agentes “sociales”, los sindicatos mayoritarios cuentan con potestad para imponer por ley salarios y todo tipo de condiciones laborales a empresarios y trabajadores en España. No es de extrañar, por tanto, que la tasa de desempleo supere el 26%, la más elevada de la Unión Europea junto con Grecia.

Y es que cuando el rango salarial y las condiciones de trabajo son impuestas desde arriba y no son pactadas libremente entre empresario y trabajador, se desligan los salarios de la productividad, poniendo en serio peligro la supervivencia de toda la empresa y todos sus trabajadores debido a la pérdida de competitividad y márgenes del negocio.

Los sindicatos no crean riqueza, la destruyen. Y lo hacen provocando desempleo masivo, cierre de empresas y consumo de capital. Para aspirar a ser una sociedad próspera y libre es imperativo eliminar los privilegios legislativos que ostentan estos agentes “sociales” generadores de pobreza.

@jmorillobentue

Reforma escalonada o hayekiana de las instituciones

En los años 1973, 1976 y 1979, fueron publicadas sucesivamente las tres partes que completan la obra Derecho, Legislación y Libertad del premio Nobel de Economía de 1974, Friedrich A. Hayek, en donde ofrecía sus aportaciones intelectuales para cuando el deterioro institucional de una democracia fuese más evidente:

Quisiera repetir aquí que, aunque creo profundamente en los principios fundamentales de la democracia en cuanto único método eficaz hasta ahora conocido para hacer posible el cambio pacífico,…pretendemos ofrecer una especie de instrumentación intelectual para el tiempo, que puede no estar lejano, en que la quiebra de las instituciones sea evidente y dicha propuesta pueda representar, así lo espero, una salida de emergencia. La misma debería permitirnos salvaguardar lo que es realmente valioso en la democracia, liberándonos al mismo tiempo de aquellas sus censurables características que la mayor parte de la gente acepta sólo porque las considera inevitables. Junto al recurso que ya propuse para privar al gobierno de los poderes monopolísticos de controlar la oferta monetaria, igualmente necesario para evitar la pesadilla de unos poderes crecientemente totalitarios.

(Hayek, 2006: 365)

 1. Evolución de las instituciones de la democracia

Hayek argumentaba la necesidad de promover reformas escalonadas, que también se pueden denominar reformas hayekianas, en el sentido de evolucionar las instituciones de la democracia de un país hacia la limitación del poder político; en favor de las mayores cotas de libertad de los individuos en un orden de mercado y frente a las coaliciones entre los intereses organizados (partidos políticos, sindicatos, patronales empresariales) y el gobierno, que ya vimos se constituyen en un orden de la oligarquía:

Es erróneo si se considera atributo inevitable de todo gobierno representativo o democrático, una corrupción intrínseca a la que el hombre más virtuoso u honesto no puede escapar. Esta situación no es atributo necesario de todo gobierno representativo o democrático, sino sólo el producto necesario de un gobierno ilimitado u omnipotente, que depende del apoyo de numerosos grupos. Solo un gobierno limitado puede ser un gobierno honesto… No es la democracia o el gobierno representativo en cuanto a tal, sino la institución particular que hemos elegido de un <<poder legislativo>> omnipotente, lo que le hace necesariamente corrupto…Si ningún poder judicial superior puede impedir al cuerpo legislativo conceder privilegios a grupos particulares, no tendrán límite los chantajes a que el gobierno podrá verse sometido.

(Hayek, 2006: 377)

Si bien desconfiaba de los políticos, Hayek razonaba que los cambios de leyes fundamentales como, por ejemplo, una Constitución, podían introducir esas reformas escalonadas que ayudasen a la limitación del poder político y al arraigo entre la población y, por tanto, también entre la oligarquía, de normas generales de recta conducta o, por lo menos artículos  constitucionales y leyes con relevancia a la luz de aplicar un cierto principio general.

2. Instituciones morales de la Sociedad Abierta o Civilizada

Argumentaba que el marco institucional está basado en la Ley que es un esquema normativo que reconoce las esferas personales de autonomía (Savigny, 1840: I, 331-332) o, si se prefiere, que proporciona condiciones para que la acción humana pueda desarrollarse libremente conforme a instituciones morales o patrones de comportamiento adquiridos, que generan (y son generados por) la Gran Sociedad propia de un orden de mercado (Hayek, 1997: 173-177).

Así, por ejemplo, instituciones morales de la sociedad abierta o civilizada son el respeto por el derecho a la vida, por la libertad del individuo, por la propiedad privada (plural), por la igualdad de trato ante la Ley, por el cumplimiento de los contratos, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos, por el libre comercio, por el lenguaje,… 

Por otro lado, señalaba como se mantienen enraizadas en lo más profundo e instintivo de la psicología humana aquellas instituciones morales más propias de los grupos pequeños como la familia, los amigos, la tribu, la aldea o el pueblo. Son instituciones morales de la sociedad Tribal o colectivista el altruismo, la solidaridad, la redistribución de la riqueza, la gestión planificada de los recursos, el sometimiento a las decisiones del líder o líderes de la tribu,… Aunque no son exclusivas de los grupos humanos pequeños, resultan positivas y adaptativas para el desarrollo de las relaciones personales y vínculos de confianza y colaboración en los entornos más cerrados y más cercanos de cada persona e incluso en las empresas y organizaciones sujetas a fines particulares.

Sin embargo, lo más importante es que los patrones de comportamiento de una sociedad tribal o colectivista son negativos y perjudiciales para el desarrollo de un orden extenso y complejo de colaboración humana y, por tanto, para el arraigo de la Sociedad Abierta o Civilizada, cuando son utilizadas por una oligarquía de élites extractivas para lograr su acceso al poder político y para imponer sus prebendas, privilegios y utopías al resto de la población. Es decir, sirven a los políticos que pretenden “guiar” el orden extenso y complejo de colaboración humana hacia fines particulares y, por tanto, su imposición coactiva deteriora el marco institucional de normas generales que involuciona rápidamente hacia el intervencionismo y el decrecimiento económico y sociocultural.

3. Reforma escalonada o hayekiana

Hayek pretendía evolucionar un Estado de Derecho cuando se encuentre deteriorado de modo que se intenten "sustituir los fines concretos comunes por normas abstractas universales" y, desde una perspectiva liberal clásica, Hayek señalaba que: “la función única del Gobierno es hacer cumplir esas normas abstractas y proteger, por tanto a los individuos contra toda coacción o invasión de su ámbito de libertad" (Hayek, 1997: 266-267).

Propugnaba las reformas escalonadas basadas en una crítica inmanente, que aplicasen siempre el método de “falsación” científica de Karl Popper, para dotar de íntima coherencia y consistencia a las reformas, argumentando que:

(…) aunque no es posible edificar, justificar ni establecer nuestras tradiciones morales, sí lo es reconstruir los procesos que en su día contribuyeron a su aparición…Lo que al efecto se requiere es lo que en alguna ocasión se ha denominado una “reconstrucción racional” (expresión en la que la palabra <<reconstrucción>> nada tiene que ver con el <<constructivismo>> de la forma en que el sistema pudo convertirse en realidad. Se trata, en efecto, de una investigación histórica –o histórico-natural— y no de un intento de edificar o justificar el conjunto del sistema en sí.

(Hayek, 1997: 275).

Por tanto, el análisis histórico conjetural y la explicación evolutiva de las instituciones culturales pudiese realizar una reconstrucción institucional de principios generales de una Sociedad Abierta o Civilizada como podrían ser, por ejemplo, entre otros: la tutela judicial sobre los derechos individuales, la protección “efectiva” del derecho a la propiedad privada (plural), el reconocimiento de la libertad de empresa, el principio de consentimiento de los ciudadanos en las decisiones trascendentales para el futuro de un país, un código penal “exigente”, la separación “estricta” de los poderes ejecutivo y legislativo, la independencia “real” del poder judicial, la limitación del tamaño de las administraciones públicas, la limitación de las competencias del gobierno,…    

Así, por ejemplo, en la obra Derecho, Legislación y Libertad, Hayek investigaba la evolución institucional y citaba a David Hume para referirse al respecto estricto que debe establecer la Ley dentro de un marco institucional hacia: "las tres leyes fundamentales de la naturaleza: la estabilidad en la propiedad de las cosas, su transmisión por consenso, y el respeto a los compromisos establecidos". Y también citaba a John Locke cuando advertía acertadamente que: "no puede haber justicia donde no hay propiedad privada".

Como consecuencia de su investigación histórica sobre la evolución de esas instituciones. Hayek entendía que son principios fundamentales del crecimiento económico así como, también, claves institucionales para el arraigo de una sociedad abierta y, por ello, que deben protegerse explícitamente por los jueces y, en su caso, por una Constitución.

La propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el ejercicio libre de la empresarialidad son normas abstractas que sirven de base jurídica al marco institucional que caracteriza una sociedad abierta o civilizada, para lo que, entre otros, también se requieren principios generales como el concurso de jueces y tribunales independientes, la separación estricta de poderes, y un tamaño de estado limitado o mínimo (o incluso nulo, si fuese institucionalmente posible), de modo que los ciudadanos consigan actuar con garantías de triple seguridad (exterior, interior y jurídica) en un territorio, sin la cual es imposible el ejercicio de los derechos individuales en libertad y, por tanto, sin la cual no es posible el ejercicio libre de la acción humana y, por tanto, de la función empresarial.

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