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La verdad del caso Zimmerman

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

George Zimmerman, el hombre acusado de ser blanco y asesinar a sangre fría a un chico negro ("niño", escriben algunos periodistas; debía ser el único niño de 17 años del planeta), llamó aquella noche a la policía antes de la confrontación en la que acabó matando a Trayvon Martin. La cadena de televisión NBC emitió la grabación de un fragmento de esa llamada:

Este tipo parece estar tramando algo… parece negro.

Leyendo esto sin duda se habrá quedado usted con la misma idea que yo: Zimmerman era un hijo de perra racista y eso seguramente tenga mucho que ver con la muerte de Martin. El problema es que la NBC editó esa llamada antes de emitirla. La conversación en realidad fue así:

Zimmerman: Este tipo parece estar tramando algo… o quizá esté drogado o algo. Está lloviendo y se dedica a dar vueltas, mirando.

Policía: Ok, y este tipo ¿es negro, blanco o hispano?

Zimmerman: Parece negro.

¿Verdad que la cosa cambia un poco? Ahora que un jurado compuesto por seis mujeres le ha exculpado, su abogado reactivará una demanda contra NBC, paralizada hasta la resolución del juicio. Pero aunque sea el ejemplo más escandaloso con diferencia, la manipulación de la NBC no es más que la punta del iceberg: CNN también intentó alterar la grabación para poner en los labios de Zimmerman un insulto racista y ABC afirmó que el vigilante voluntario no había sido herido esa noche. Era un caso que no iba siquiera a llegar a juicio y al final ha llegado a los medios de todo el mundo, pero visto sólo a través de los ojos de unos cruzados para quienes la causa obliga a mentir.

La historia que nos ha vendido la propaganda es que el blanco Zimmerman asesinó al negro Martin porque era negro. Por eso sospechó que pudiera ser un ladrón, por eso fue tras él con una pistola y por eso le disparó pese a que Martin iba desarmado. No sólo fue un asesinato, sino eso que en Estados Unidos se llama "crimen de odio"; un serio agravante.

La principal pieza de esta cruzada, obligatoria para transformar la muerte de Martin en una cause célèbre, era convertir a Zimmerman en blanco. Porque si quien mata a un negro no es un blanco, no hay manera de sacarle partido como crimen racista. Tan importante es para la historia oficial que algunos periodistas lo siguen repitiendo pese a saber que es mentira y muchos medios lo han calificado de "hispano blanco", una novedosa categoría étnica a la que parece que sólo pertenece él. Porque Zimmerman es hijo de un judío y una peruana. Es decir, tan hispano como negro es Barack Obama, hijo de un africano y una norteamericana blanca de familia bien. Además, es demócrata, votó a Obama y hasta hizo campaña contra el Departamento de Policía de su localidad por no detener al hijo blanco de uno de sus oficiales después de que éste pegara a un vagabundo negro.

De Zimmerman se pueden decir muchas cosas, pero difícilmente que fuera racista. Aún así, es probable que en aquella noche maldita tuviera en cuenta que Martin era negro. Es triste, pero los jóvenes negros cometen una parte desproporcionada de los delitos en Estados Unidos, hasta el punto de que el propio Jesse Jackson confesó con tristeza que se sentía aliviado si la gente con la que se cruzaba de noche por la calle era blanca.

Los sucesos de aquella noche fueron una tragedia en la que Zimmerman, y en menor medida Martin, tomaron varias decisiones equivocadas impulsadas, entre otras cosas, por el miedo. Zimmerman vigilaba, vio algo raro en el comportamiento de Martin y llamó a la Policía. El temor a que mientras llegaba la caballería escapara un sospechoso de los robos que había sufrido el vecindario –como le había sucedido ya tres semanas antes–, y seguramente las ganas de ejercer como el policía que nunca logró ser, le llevaron a salir del coche y seguirlo para asegurarse de que no escapaba. La Policía le dijo al teléfono que "no necesitaban que lo hiciera"; Zimmerman dice que obedeció y empezó a regresar al coche, pero no hay otras pruebas o testimonios que lo confirmen.

Trayvon Martin era un joven problemático. Expulsado en numerosas ocasiones del instituto, los datos de su móvil que la Fiscalía ocultó a la defensa hasta la víspera del juicio prueban que era, cuando menos, aspirante a pandillero, que coqueteaba con las drogas y que, en general, distaba mucho de la imagen de niño inocente que Obama, los medios y la Fiscalía han vendido. Pero aquella noche no estaba haciendo nada malo. Caminaba bajo la lluvia sin entrar en el piso de la novia de su padre porque estaba hablando por el móvil. No dormía allí a menudo, de ahí que Zimmerman no lo conociera. Martin notó la vigilancia y sospechó que Zimmerman era un pervertido. Se enfrentó entonces a su perseguidor, quien no se identificó como vigilante voluntario. Le pegó y cuando ya estaba en el suelo siguió atizándole; era más alto y pesaba más que su adversario, y parece que más habilidoso en la lucha cuerpo a cuerpo. Zimmerman, temiendo que iba a quedar inconsciente y no podría defender su vida, le disparó una sola vez a quemarropa, matándolo. El vigilante ha dicho más cosas, como que Martin notó que llevaba pistola, se la intentó robar y amenazó con matarle con ella, pero al contrario que el resto de su versión, no hay nada que lo corrobore.

Para quien sepa inglés y sea aficionado a las películas americanas de juicos, el espectáculo ofrecido en Florida ha sido bastante asombroso: todos los testigos de la Fiscalía corroboraron en mayor o menor medida la versión del acusado. El que fuera abogado de O.J. Simpson, el profesor de Harvard Alan Dershowitz, ha indicado no sólo que el veredicto es correcto, sino que la conducta de la fiscal especial encargada del caso ha bordeado el delito. Zimmerman hizo muchas cosas mal esa noche y es el principal responsable de la muerte de Martin, pero no cometió un asesinato a sangre fría.

¿Y por qué ese intento, bastante exitoso, de engañar a la opinión pública? Por parte de Barack Obama, parece claro: por mucho que se haya vendido como el gran reunificador que curará las heridas raciales, el presidente de Estados Unidos no ha hecho otra cosa que echar sal en ellas desde que llegó al poder. Por eso dijo que "si tuviera un hijo, se parecería a Trayvon", pero no ha abierto la boca para presionar a la justicia en ningún caso en el que los sospechosos fueran negros. Obama es así, y además así moviliza al electorado negro. ¿Para qué cambiar?

Los medios, por su parte, viven en sus mundos de Yupi y siguen emperrados en que Estados Unidos es un país activamente racista contra los negros que no ha cambiado un ápice desde los años 60. Pero esa narrativa ya no se la creen ni los propios negros, que a estas alturas ya creen más racistas a los suyos que a los blancos. ¿Cómo no va a ser así, cuando sus propios líderes –empezando por Obama– escogen bando basándose en las razas de los implicados, y no en los hechos? Porque al margen de la desinformación, no hay duda de que muchos han dado por supuesto que Zimmerman era culpable porque Martin era negro y él no. Y eso tiene un nombre: racismo.

Que no se sobren

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y éste ha hablado. Lo ha hecho ante Pedro J. Ramírez, con los originales en la mano. Y, más tarde, lo ha hecho ante el juez. La diferencia no es baladí. A Pedro J. se le puede mentir, sin mayor consecuencia que la de no leer tu historia en la portada de su periódico. Una mentira ante el juez tiene consecuencias penales. El cómputo de los días sin disfrutar de los millones, una pena. Eso cuenta. Así, a ojo, cuenta unos 4.300 euros al día que se podría gastar en libertad, multiplicado por los días añadidos de cárcel que se ganase por mentir al juez. Y como en su camino hacia la cárcel está perdido, ha ido al río de tinta, la de las reacciones de la prensa.

El porquero es un chantajista. Para ello no hay que ser un genio. Sólo hay que moverse con soltura en el condicional. Si me vendes, te corto los huevos. Tampoco hay que serlo para convertirse en líder del PP y presidente del Gobierno. El chantajeado le entregó una prueba documental de que entendía la amenaza. “Hacemos lo que podemos”. Lo que podemos, dicho por el jefe del Ejecutivo en referencia al Judicial, en una democracia seria, es nada. Pero Rajoy se apunta a todo. Por un lado promete al porquero manosear la justicia en lo posible, y por otro dice que la nuestra es una “democracia seria”.

El porquero es como Rajoy, un maestro en el manejo de los tiempos. La escalada del chantaje ha ido de la copia (involuntaria) al original. Del periodista al juez. Y del SMS que muestra que Mariano Rajoy estaba en el tablero del juego, a… a lo que venga.

El Partido Popular, tan digno él, que no se iba a rebajar a responder a un presunto ladrón. El presunto al que ellos han estado empleando para sus cuentas durante décadas. Y ahora es el presidente del partido el que cuchicheaba con él sobre cómo evitarle la cárcel. Los 12.620 euros que habría recibido Mariano en sobresueldos de dinero en negro procedente del cohecho entre el partido, la administración y las empresas es corrupción. Pero se queda en nada al lado de la corrupción de las instituciones que se sugiere en esos SMS.

El cierre categorial sobre los papeles, del que hablamos, se refuerza. Recibís firmados que confirman las anotaciones. Como la categoría moral de los Mariano, Rodrigo, Paco y Federico, aparece a la altura del porquero, todo podría ser. Incluso podría ser que no hubiesen cobrado, pero es pronto para hablar de unicornios azules. Eso sí, estamos a tiempo de hablar de periodistas egipcios, de los que ponen la mano como si fueran un dirigente del Partido Popular. Ya ha salido un nombre. Que salgan todos del armario.

No me malinterprete el lector. No soy de los que confían en la política y creen que todo iría mejor si no hubiese episodios de corrupción. La política y la corrupción son la pierna derecha y la izquierda del mismo caminar por el poder. Pero sí podemos pedir, por lo menos, que no se sobren. 

Reforma Mínima de la Constitución Española de 1978

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El premio Nobel de economía de 1974, fue preguntado en una entrevista en 1977 acerca de si "el horror de financiar esta burocracia colosal del bienestar proporcionará el estímulo para shockearnos y así procurar un gobierno más racional". Hayek respondió que la única esperanza radicaba en las reforma institucionales:

Mi única esperanza es realmente que algún país o países de menor importancia, los cuales por diversas razones tendrán que construir una nueva constitución, lo hagan sobre la base de líneas sensibles y sean tan exitosos que otros consideren de interés imitarlos. No creo que los países que están orgullosos de sus constituciones realmente necesiten experimentar con cambios en ellas. La reforma puede venir, por ejemplo, de España, que debe redactar una nueva constitución. No creo que sea realmente probable en España, pero es un ejemplo. Pueden probar ser tan exitosos que sería una forma de demostrar que hay mejores maneras de organizar al gobierno que la que tenemos.

1. Limitación del tamaño del Estado.

Queda claro que la reforma institucional realizada en España permitió establecer a una democracia parlamentaria de un modo pacífico mediante un consenso mayoritario sobre la Constitución.

Sin embargo, a nivel institucional, la Constitución fue diseñada con graves carencias respecto de la dispersión pluralista del poder, del control ciudadano del poder político y, especialmente, de la limitación del tamaño de las administraciones públicas.

Así, por ejemplo, no se protegieron de modo estricto ni el derecho a la propiedad privada ni la libertad de empresa que quedaron supeditadas a la "función social", al "interés general" y a la "planificación" de la economía, no se garantizó una verdadera independencia del poder judicial y, desde luego, no se instauró una organización territorial sencilla y eficiente, características que hubiesen contribuido a limitar las competencias y el tamaño de las administraciones públicas.

Comienza a ser evidente para la mayor parte de la población que la redacción final del Título VIII de la Constitución Española de 1978, y después las sentencias "politizadas" del Tribunal Constitucional, han legitimado la discriminación de ciudadanos y el intervencionismo regionales y, por tanto, han lastrado el crecimiento sociocultural y económico de España.

Como mínimo, el tamaño del Estado en España (capítulos I a VIII de los PGE) está situado por encima del 47% del PIB en España, si se considera válido el dato de PIB de 1.049.525 millones de € en el año 2012, que publica Eurostat con los informes recibidos del gobierno español.

Sin embargo, observando las dudas que argumenta Juan Carlos Barba sobre la fiabilidad del PIB comunicado oficialmente por el Gobierno de España, y empleando los datos de caída del PIB que razona el catedrático Roberto Centeno entre un 20,8% y un 22,6% desde el 2007 hasta el 2012, podríamos estar hablando de niveles de tamaño del Estado superiores al 60% sobre un PIB situado entre 831.224 millones de € y 812.332 millones de €, que identifican plenamente el socialismo en España y que imposibilitan la realización de un cálculo económico eficiente, principales causas de la crisis estructural que se traduce en el cierre de empresas, el aumento del número de desempleados y el empobrecimiento de las familias.

Con los anteriores datos, podemos constatar el enorme tamaño que ha adquirido la institución política del Estado, formada por 1 + 17 Parlamentos en España con estructuras administrativas y redes clientelares, que se suman a las propias de las entidades locales (municipios, mancomunidades, diputaciones, cabildos…) y de los organismos del entramado público empresarial, lo que constituye el argumento central para que las reformas institucionales, tengan como objetivo central la limitación del tamaño de las administraciones públicas.

2. Limitación de competencias en la organización territorial.

Por ello, es interesante resaltar cómo el ex presidente del Tribunal Constitucional, y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, D. Álvaro Rodríguez Bereijo, reconocía recientemente en un curso de verano que "la crisis económica ha rasgado el velo de la insostenibilidad económica del modelo territorial".

Existe gran preocupación por no haberse calibrado adecuadamente las consecuencias que, a nivel de vertebración del Estado, tenían las sentencias del Tribunal Constitucional (TC). En los años 90, el Tribunal Constitucional intentó impulsar mediante jurisprudencia la descentralización del poder político. Después, las ineficiencias y duplicidades han llevado al TC a repetir ésos tópicos jurisprudenciales, cuando los problemas eran bien diferentes. El TC validó estatutos de autonomía que centrifugaban competencias y, por tanto, impulsó el incumplimiento de los Art. 14 CE y 139 CE en algunas Comunidades Autónomas y consolidó los problemas de igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones que había instaurado la Constitución.

Véase, a modo de ejemplo, la validación parcial por sentencia del Tribunal Constitucional del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que impulsa una deriva secesionista que, posiblemente, desembocará en el año 2014 en un intento de ruptura de la Ley vigente, establecida por la Constitución Española, y ratificada mayoritariamente por los españoles el 6 de diciembre de 1978.

En definitiva, el Título VIII de la Constitución es el más defectuoso de la Constitución Española de 1978, por la constante centrifugación de competencias validada por el Tribunal Constitucional, y por el incumplimiento manifiesto de las sentencias del Tribunal Supremo, sin consecuencias administrativas (ni penales) para las autoridades autonómicas.

3. Reforma Mínima de la Constitución Española de 1978.

Aun siendo pesimista respecto de la posibilidad de que los partidos políticos logren poner música a un proceso de reforma constitucional, D. Álvaro Rodríguez Bereijo opina que se requiere una reforma cautelosa de la Constitución Española de 1978 que, por la vía rápida del Artículo 167 CE, permita cambiar tan sólo el Título VIII para volver a instaurar la normatividad y la efectividad de la CE como norma vinculante para todos los españoles.

En este sentido más conservador, como mínimo, se precisaría una distribución racional de las competencias para saber quién hace qué, y cómo, para cumplir la Constitución sin derivas secesionistas que rompan la unicidad de mercado, extiendan el intervencionismo económico y político, discriminen a los ciudadanos, perpetúen la corrupción de las élites extractivas regionales, y prolonguen en el tiempo el enfrentamiento y la coacción constantes del nacional-separatismo frente al resto de regiones de España.

Sin embargo, en un sentido más reformista, tal vez pudiese aprovecharse la aplicación de la vía rápida del Artículo 167 CE, para realizar varias reformas institucionales (escalonadas o hayekianas) que pudiesen ayudar de un modo conjunto a reconducir la actual deriva nacional-secesionista. Por ello, deseo referenciar cinco artículos sobre la limitación del poder político, con el objetivo de que prevalezcan la acción humana y la función empresarial en España:

  1. Limitación de Competencias Autonómicas mediante el Art. 148 CE.
  1. Limitación del Secesionismo Totalitario por medio del Art.155 CE.
  1. Limitación de Déficit Presupuestario, Tributos y Endeudamiento en los Art. 133 a 135 CE.
  1. Eliminar el control político del poder judicial en el Art. 122 CE.
  1. Limitación del Intervencionismo del Estado con obligatoriedad del Art. 92 CE.

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Dragos versus “Bitcoins”

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Leo en un diario local, sin ningún tipo de sorpresa, que el «Drago», una moneda de ámbito local y virtual creada hace unos meses en La Palma con el ilusorio fin de dinamizar la economía y reactivar el comercio, ha fracasado.

El dinero es un bien económico más, con la diferencia de que cumple tres funciones: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta.

Por ello, a lo largo de la historia, los bienes económicos que se han convertido en moneda, es decir, que la sociedad, a través del mercado, ha aceptado como moneda y ningún gobierno ha impuesto, han cumplido las siguientes características: poseer un valor económico antes de convertirse en moneda, ser homogéneos y fácilmente divisibles en partes iguales, no estropearse con el paso del tiempo para permitir el atesoramiento, ser transportables, difícilmente falsificables y tener una escasez relativa controlada, para evitar lo que hacen hoy los gobiernos: inundar el mercado de billetes y de esta forma empobrecer a los ciudadanos.

Por todo ello, el oro y la plata han sido los bienes económicos que se han convertido en dinero por excelencia. El primero incluso llegó a ser el patrón o contravalor principal hasta que los gobiernos decidieron eliminarlo para poder controlar mejor a la sociedad manejando su moneda a su antojo.

Bitcoin, un sistema informático monetario y de pagos abierto, descentralizado y protegido por técnicas de criptografía, está al comienzo de un largo proceso para convertirse en dinero.

Las razones de su incipiente éxito son que cualquiera puede entrar en el sistema, ver cómo funciona, comprobar que no es una estafa, que es infalsificable y que no existe ningún emisor central de dinero, pues las unidades monetarias se crean a velocidad decreciente por cualquier individuo mediante complejísimos algoritmos matemáticos, hasta alcanzar 21 millones de unidades que, a su vez, son divisibles en 100 millones.

¿Por qué el «Drago» no ha sido aceptado por la sociedad palmera; el oro y la plata sí lo fueron en el pasado; y los «bitcoins» están empezando a serlo? Es sencillo, el «Drago» no cumple algunas de las características que son fundamentales para convertirse en dinero y que el oro, la plata y los bitcoins sí tienen.

Los dragos son fácilmente falsificables por cualquier «hacker» informático y no tienen escasez relativa, pues aparentemente su creador puede ir multiplicando la moneda sin ningún tipo de límites, al contrario de lo que ocurre con el oro, la plata y los bitcoins. Además, es un sistema centralizado y cerrado que hace que la sociedad desconfíe del mismo.

Por último, curioso a la vez que sospechoso, es que para crear dos dragos hubiera que pagar un euro con la justificación de gastos y mantenimiento del sistema.

Con semejantes circunstancias y características, la noticia no es que el «Drago» haya fracasado, sino que haya habido algunos que hayan pagado por recibir apuntes informáticos sin ningún tipo de valor, infinitamente multiplicables y falsificables.

Algunos problemas con el anarcocapitalismo de Hoppe

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Algunos problemas con el anarcocapitalismo de Hoppe

El filósofo y economista Hans-Hermann Hoppe es uno de los principales representantes del pensamiento anarcocapitalista: defiende una sociedad basada en el derecho de propiedad y en la ley privada, sin impuestos ni privilegios para nadie. Su argumentación en contra del Estado es muy interesante, pero tiene algunos problemas.

Según Hoppe el Estado se otorga a sí mismo coactivamente el monopolio de la justicia, de decidir sobre los conflictos, incluso sobre aquellos que involucran al propio Estado y en los cuales no puede ser imparcial. Además impone unilateralmente sus condiciones a los individuos, establece las leyes vigentes y cobra impuestos confiscatorios.

En una sociedad anarcocapitalista la seguridad es proporcionada por agencias privadas en competencia, como cualquier otro bien o servicio. Estas agencias resuelven los conflictos con la mínima violencia posible ya que el uso de la fuerza es muy costoso, arriesgado e ineficiente. Todo el mundo puede estar armado y esto reduce la criminalidad: los agresores saben que las posibles víctimas están preparadas para defenderse, y esto desincentiva el delito.

Hoppe utiliza el individualismo metodológico y su argumentación es fundamentalmente teórica. Los problemas de sus ideas proceden de no entender plenamente la naturaleza de los grupos humanos como unidades de convivencia y acción colectiva, y de realizar algunas inferencias incorrectas, incompletas o con poca base empírica.

El derecho de propiedad o principio de no agresión es la única norma ética universal, simétrica y funcional que permite regular la convivencia entre seres humanos evitando, minimizando o resolviendo conflictos. Pero los seres humanos no utilizan solamente leyes universales para evitar conflictos entre individuos. También emplean normas particulares para regular relaciones concretas entre personas, para gestionar el uso de bienes compartidos por un colectivo, y para alcanzar conjuntamente objetivos específicos mediante la cooperación coordinada en grupos estables. Estas normas implican deberes y derechos positivos para los participantes, las partes de una relación o los miembros de un grupo, y pueden surgir informalmente (por evolución de costumbres) o formalmente (mediante contratos).

Estas reglas particulares son funcionales si sirven para alcanzar los objetivos por los cuales existe la asociación de individuos. Muchos economistas ven la sociedad como una red compleja que permite generar eficientemente más riqueza mediante la especialización, la división del trabajo, los intercambios en el mercado y la acumulación de capital (físico, humano, social, tecnológico).

Pero la biología y la antropología muestran que los grupos humanos surgen principalmente para afrontar problemas relacionados con la seguridad: un colectivo grande y bien organizado puede luchar, protegerse y atacar mejor, defendiéndose de depredadores o agresores, cazando presas y compitiendo por recursos con otros grupos humanos. Además las relaciones estables permiten la ayuda mutua y recíproca en caso de necesidad (accidentes, enfermedades, variabilidad del éxito en la búsqueda de alimento).

Un grupo posee ciertos bienes en común (la cueva donde se refugia, el espacio entre las chozas, las calles y plazas públicas, los terrenos de caza o recolección, algunas reservas de alimento) y realiza algunas acciones, especialmente la guerra contra otros grupos (y las relaciones diplomáticas y alianzas), como una unidad (aunque obviamente no todos los miembros participan por igual). Para los servicios de seguridad la tribu es como una cooperativa de producción y consumo.

La posesión común de ciertos bienes, las acciones colectivas y la resolución de conflictos internos (mantenimiento del orden) requieren que se realicen algunas funciones de gobernanza (coordinación, gestión, mantenimiento, organización, dirección) de forma descentralizada o centralizada.

En los grupos pequeños la coordinación de la cooperación se gestiona de forma personal mediante normas tradicionales y relaciones directas: todos se conocen, interactúan frecuentemente, hablan y se controlan o vigilan unos a otros. Existe cierta división del trabajo y las relaciones de autoridad y liderazgo son voluntarias y personales.

Algunos grupos se separan al crecer y superar cierto número de miembros para poder mantener una organización personal y descentralizada. Otros grupos crecen y realizan diversas transiciones de tamaño, complejidad y organización desde bandas a tribus, a jefaturas, y a estados: estos procesos profundizan la división del trabajo entre los miembros (por ejemplo los soldados son especialistas mantenidos por el resto de la población) y desarrollan mecanismos formales, institucionales e impersonales de control como jerarquías estables de gobierno (reyes, nobles, alcaldes, jueces, mandos militares y religiosos) y burocracias.

Estas transiciones pueden ser voluntarias, progresivas y espontáneas (por crecimiento orgánico o fusiones de grupos) o resultado de la invasión y toma de control de unos grupos por otros. Las estructuras de mando pueden utilizarse por los gobernantes en su propio beneficio a costa de los miembros del colectivo (Estado como parásito, agresor o ladrón), pero también pueden proporcionar servicios (de menor o mayor calidad y eficiencia) como la gestión de lo común, la resolución de conflictos y la organización de la defensa.

Hoppe estudia al rey y a los aristócratas de un orden natural como individuos sabios, ricos, exitosos, con prestigio y autoridad, que ejercen de jueces para los conflictos entre los diferentes individuos.

Sin embargo esa no es su función o razón de ser única o principal, sino que suelen ser mandos militares que defienden al grupo y exigen tributos a cambio. Un grupo no necesita un gobierno solamente para los conflictos internos entre propietarios privados. También lo necesita para las cosas que el grupo tiene en común, y para las cosas que hace en común, en especial organizar su defensa. El rey más que un juez es un comandante supremo del ejército, y los aristócratas son sus generales.

La gente puede recurrir a reyes y aristócratas por su sabiduría, pero también porque tienen el poder de imponer sus veredictos. Algunos juicios podrían ser útiles como opiniones para establecer la reputación (buena o mala) de los individuos e incentivar buenas conductas sin necesidad de utilizar la fuerza contra ellos; pero este mecanismo puede no ser suficiente, y para algunos casos la fuerza puede ser necesaria y eficiente.

Es posible comprender al Estado como un ente separado de los ciudadanos sobre los cuales impone unilateralmente e ilegítimamente su voluntad. Pero también es posible entenderlo como la estructura institucional de gobierno de una asociación voluntaria: los ciudadanos son parte del Estado, eligen o controlan de algún modo a sus representantes y líderes y determinan cuáles son las normas que regulan las contribuciones a su mantenimiento (fiscalidad); cada miembro del grupo tiene una influencia generalmente muy pequeña sobre la toma de decisiones colectivas y por ello puede parecer que las elecciones las toman otros contra él.

Si el Estado fuera claramente una de estas dos alternativas su análisis y crítica serían muy sencillos. Pero en la realidad el Estado parece ser un híbrido de las dos concepciones, con atributos de ambas. Un Estado pura y claramente agresor no puede justificarse éticamente, debilita o mata al huésped al que parasita y se arriesga a rebeliones de sus súbditos. Un Estado servidor de la sociedad tiende a desvirtuarse por diversas ineficiencias, corrupciones e intereses de políticos, burócratas y grupos de presión organizados (élites extractivas): al monopolizar la violencia y la jurisdicción el Estado tiende a convertirse en agresor, pero esta puede realizarse en nombre y beneficio de algunos de los ciudadanos y a costa de otros, quienes se sienten víctimas del Estado y lo ven como algo ajeno.

Sobre la provisión de servicios de protección mediante agencias privadas, Hoppe (junto con muchos otros anarcocapitalistas) no parece ver que la seguridad mediante el uso de la fuerza es un servicio especial que tal vez no sea fácil de externalizar e intercambiar en un mercado: si yo soy débil y quiero contratar con un fuerte para que me defienda, tal vez no pueda evitar que el otro utilice su capacidad superior para atacarme y quedarse con mi dinero sin necesidad de esforzarse y arriesgarse en protegerme. Si puedes defender a alguien de todos es porque eres más fuerte que todos, y entonces quizás aproveches para dominar a todos en lugar de servirlos.

El que las agencias privadas resuelvan conflictos entre ellas de forma pacífica es una posibilidad pero no una necesidad apodíctica: la historia muestra muchos ejemplos de escaladas de represalias entre grupos que no llegan a acuerdos para evitar la violencia, y que en algunos casos lo consiguen cuando algún poder superior pone orden entre ellos.

El que todo el mundo pueda estar armado puede desincentivar muchos crímenes, pero tal vez también provoque daños cuando se produzcan disputas pasionales entre individuos con capacidad letal.