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El sietemesino parto de los montes

Relataba Esopo que, tras terribles sufrimientos, los montes terminaron por parir un ratón. Acaso haya llegado el momento de actualizar la fábula con ese sietemesino informe del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que fue presentado ayer, tras meses de vacuos entusiasmos, por la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda. A buen seguro, semejante tocho de varios centenares de páginas no pasará a la historia como un copernicano documento que vaya a revolucionar nuestra Administración. Aunque, a decir verdad y atendiendo a la percepción del Gobierno, tampoco debe haber motivo para que lo sea. Fijémonos, si no, con qué convicción reformista empieza el informe:

En los últimos 35 años, las Administraciones Públicas han dado un salto de gigante a la excelencia, representando en muchas materias, un modelo a imitar para otros países. Desde la dificultad en que se encuentra nuestro país, se puede afirmar sin reservas que España tiene una buena administración.

(…)

En consecuencia, analizando el nivel de ingresos y gastos públicos de nuestro país, se puede concluir que el sector público español es relativamente reducido en comparación con nuestros socios de la Unión Europea.

Bueno, bonito y barato. ¿Para qué cambiar nada sustancial más allá de los cuatro parches de rigor? Pues, en efecto, apenas cuatro parches bien empolvados y coloreados es lo que nos ha ofrecido el Gobierno con su reforma de las Administraciones Públicas: cerrar algunos organismos por aquí, fusionar otros por allá, informatizar varios trámites superfluos por acá y liquidar diversos edificios vacíos por doquier. Todo, eso sí, sin despedir a uno solo de los empleados públicos que por tales pastos moraban, pues sabido es que, extinto su cometido, nada mejor que mantenerles el sueldo recolocándolos en cualquier otro menester.

Sorprendería que semejante intercambio de cromos arrojara, tal como promete Soraya, unos ahorros de 37.700 millones euros; sorprendería, digo, si no fuera porque tal guarismo nace de agregar las infladas estimaciones de recortes que en 2012, 2013, 2014 y 2015 se han practicado o se practicarán con tal de reorganizar la estructura estatal y que en buena medida suponen un refrito de medidas ya aprobadas y archianunciadas. De hecho, si nos limitamos a analizar el recorte derivado propiamente del documento presentado ayer, apenas alcanzamos un ajuste de 6.440 millones de euros acumulados durante el próximo trienio. Y ello asumiendo que, primero, el cálculo del Ejecutivo no esté –digámoslo suavemente– "sesgado al alza" y que, segundo, se terminen implementando la totalidad de unas reformas que, en la mayoría de los casos, no pasan de meras sugerencias al resto de administraciones.

A saber, en el mejor de los mundos imaginables, ahorraríamos una media de 2.150 millones anuales: el 0,44% del gasto total de nuestro buenobonitobaratísimo sector público y menos del 3% de los 75.000 millones de déficit que nuestras austerísimas administraciones siguen generando año tras año. O por terminar de poner tal equino ajuste en perspectiva: menos dinero del que el optimista cuadro macroeconómico del Gobierno pronostica que aumentarán nuestros pagos por intereses durante este año. Vamos, el austericidio de cada día; ése mismo que nos llevó en 2012 a gastar un 20% más de lo que ingresamos y que en 2013 nos permitirá repetir tan suicida proeza.

Al final, el problema es bien sencillo de entender: la sociedad española, incluida su clase política, lleva más de cinco años viviendo en el autoengaño. La inmensa mayoría de votantes, y la totalidad de los votados, se han negado a afrontar la necesidad de un ajuste en profundidad de las estructuras de nuestro Estado –incluido, de manera destacada, el Estado de Bienestar–, trasladando toda la carga de ese inexorable recorte a una genérica e imprecisa "reforma de la administración". Cuán felices éramos pensando que, tan sólo metiéndole mano a la burocracia, a los coches oficiales y a las duplicidades, el monstruo del sobreendeudamiento público se tornaría en fructuoso superávit que permitiría revertir todos los sablazos tributarios e incluso seguir subiendo las pensiones ad infinitum. Pero no: la caja de Pandora de los michelines administrativos apenas contenía un espejismo de migajas para cubrir dos de los 75.000 millones de nuestro déficit anual. Lo que suele denominarse, no sin cierta precisión, el chocolate del loro.

Diríase que, a la luz de los resultados del CORA, se han acabado las excusas para no comenzar con los recortes de verdad (y sí, digo comenzar porque Montoro saca pecho por haber minorado el gasto en 20.000 millones, cuando quedan todavía 75.000 pendientes a los que echar el lazo). Pero, precisamente para seguir postergando los ajustes por período equivalente a unos cuantos sietemesinos partos más, el Gobierno nos está camelando con que los michelines administrativos no pesan apenas 2.000 millones de euros, sino 37.000. Vamos, que el propósito no es reformar nada, sino extender cortina de humo para evitar la auténtica reforma de nuestro sobredimensionado e infinanciable sector público actual. ¿Hasta cuándo huiremos hacia adelante? Pues hasta que Draghi diga basta, y no descarten que para entonces sea demasiado tarde.

Dibujos adoctrinadores sin papel higiénico ni biberones

Las noticias que desde Venezuela saltan al mundo retratan un panorama que desde fuera pudiera parecer cómico. La escasez de papel higiénico, un punto más en el que el país gobernado por Maduro se parece a la Cuba de los Castro, ya dio lugar a episodios auténticamente esperpénticos. El sucesor de Chávez no dudó en acusar a la oposición de acaparar dicho producto, como si Capriles pensara que ganaría el apoyo de más ciudadanos por forzarles a tener la retaguardia sucia o irritada. Después, un alto cargo del régimen bolivariano dijo sin pudor alguno que el motivo de que faltara el ansiado bien es que sus conciudadanos comen mucho. Traducido a román paladino, que si no había papel higiénico era porque los venezolanos defecan mucho. Curiosa excusa esa de llamar "cagón" a todo un pueblo.

El esperpento se completó desde Bolivia, cuando el Gobierno de Evo Morales anunció que enviaría grandes cantidades de ese producto a Venezuela. Si la ONU creó el programa Petróleo por alimentos –que produjo mucha corrupción– para el Irak de Sadam Hussein, tal vez estemos ante otro llamado Petróleo por papel higiénico.

Lástima que no tengan en Venezuela el Granma cubano. Dicho periódico es el sustituto del papel higiénico en la martirizada isla controlada por los Castro. Y lo es hasta tal punto que los cubanos pagan el mismo precio por uno del día que por uno de jornadas pasadas, puesto que "sirven para lo mismo".

Pero con papel higiénico o sin él, el absurdo no queda ahí. Una deposición que no se limpia con ese producto, puesto que es mental, se tradujo en la idea de crear y emitir por televisión una serie de dibujos animados llamada Chávez nuestro que estás en los cielos. El protagonista no es otro que ese que supuestamente se le presentaba a Maduro en forma de pajarito, que conversa en el cielo con diversos personajes. Que alguno de ellos pudiera entrar en el paraíso celestial es más que dudoso. Si se lo permitieran, el resultado sería nefasto. Néstor Kirchner seguramente robaría hasta las arpas con las que los ángeles tocan alrededor de Dios y Che Guevara fusilaría hasta al Arcángel San Gabriel. Claro que, bien pensado, Chávez expropiaría incluso las llaves de San Pedro.

Y para completar el esperpento bolivariano, el Ejecutivo de Caracas ha declarado la guerra al biberón –no se debe a que fuera costumbre venezolana limpiarlo con un papel higiénico que escasea–. No contento con prohibir la publicidad de dicho producto, el chavismo pretende imponer fuertes multas a las madres que no amamanten a sus bebés. Menos mal que contemplan excepciones. Una diputada oficialista dijo en televisión: "Hay excepciones, porque hay mujeres cuando están enfermas o en casos excepcionales que tienen que tener tetero". Al menos no han prohibido que las mujeres tengan problemas de salud. Aunque a este ritmo cualquier día las multan si sufren una gripe.

Al margen de las bromas o el tono jocoso con el que se pueda comentar todo lo anterior, en realidad se trata de algo muy serio. De hecho, es terriblemente grave. Si hay problemas de abastecimiento de papel higiénico es debido a que el socialismo impuesto por el chavismo conduce de forma inexorable a la escasez de los productos más básicos, como saben los millones de personas que vivieron en la Europa comunista o los cubanos para los que la cartilla de racionamiento ha sido durante décadas un recordatorio diario del régimen bajo el que viven.

Y, como siguiendo un manual soviético, se utiliza cualquier cosa para señalar a los supuestos enemigos del pueblo y destacar inexistentes logros del régimen. Y para eso sirve incluso un descarado fracaso como la incapacidad para que haya en los supermercados un producto tan básico como el papel higiénico: se culpa a Capriles al tiempo que se presume de que los venezolanos tienen alimentos en abundancia.

Los dibujos animados son un asunto de una gravedad aún mayor. Se trata, ni más ni menos de una burda estrategia de adoctrinamiento de los ciudadanos desde su infancia. Se ofrece un producto atractivo para los niños en el que se lanzan consignas ideológicas totalitarias para amoldar su mente a los deseos de los gobernantes desde las edades más tempranas. De paso, si se convence a algún adulto, mejor. Es de sobra sabido que para que la propaganda sea efectiva, los mensajes han de ser comprensibles hasta para el menos inteligente de los destinatarios.

En cuanto a la prohibición de los biberones, es un paso posiblemente sin precedentes en la estrategia de todo sistema totalitario consistente en pretender inmiscuir y dirigir hasta los tratos personales de los ciudadanos. Se inmiscuye en la relación más íntima que puede existir entre dos seres humanos, la que se da entre una madre y su hijo lactante.

Definitivamente, Maduro ha acelerado el proceso para la construcción de un Estado totalitario en Venezuela que comenzó Hugo Chávez.

El cortaúñas de Montoro

Afirma indignado el ministro de Hacienda que “España ha hecho una reducción del gasto público como nunca antes se había hecho en su historia”. Le molesta a Montoro que algunos analistas hayamos optado por no bailarle el agua y que, al contrario, critiquemos sus más de 30 subidas de impuestos en apenas doce meses. Afirma el jienense que “no es la subida de impuestos lo que ha permitido el cambio en la posición financiera de España, sino la reducción del gasto”; reducción que él mismo cifra en dos puntos del PIB, esto es, algo más de 20.000 millones de euros.

Ciertamente, Montoro no ha dicho ninguna falsedad: durante 2012, las administraciones públicas españolas recortaron el gasto público en alrededor de 20.000 millones de euros, lo que constituye la mayor reducción de sus desembolsos en toda su historia y el motivo principal que ha permitido minorar el déficit desde el 8,96% del PIB en 2011 al 7,1% en 2012 (descontando el coste del rescate bancario). El problema del ministro de Hacienda no es tanto lo que dice, cuanto lo que calla.

Primero, un déficit de 75.000 millones de euros sigue siendo un desequilibrio presupuestario más alto que cualquier otro alcanzado en nuestra historia anterior a la crisis. No hemos regresado a ninguna situación de normalidad en la que podamos relajarnos y olvidarnos de la necesidad de seguir recortando los gastos de un modo aún más intenso de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Por desgracia, el Gobierno sí está decidido a dormirse en los laureles, por cuanto su objetivo de déficit para 2013 es del 6,5%, que con la desviación de rigor permanecerá anclado estructuralmente en el 7% de 2012.

Segundo, si el déficit sigue anclado en el 7% es porque el Gobierno todavía no ha empezado a recortar el gasto estructural del Estado. En 2012, los egresos conjuntos en empleo público, consumos intermedios subvenciones y transferencias sociales apenas se redujeron en 8.500 millones de euros (0,8% del PIB); fue el (muy necesario) tajo de 14.000 millones de euros a la inversión pública el que realmente concentró el grueso del ahorro estatal. Sucede que, como decíamos, nos quedan 75.000 millones de euros que recortar y ya hemos tocado hueso en materia de inversión pública. En este sentido, las dos grandes rúbricas por ajustar son empleo público y transferencias sociales (fundamentalmente, pensiones). Sería necesario minorar en 30.000 millones de euros la primera y en al menos 40.000 millones de euros la segunda, pero es más que dudoso que el PP vaya a hacerlo: en cuanto a los empleados públicos, porque los populares ya han prometido restablecer la paga extra suspendida en 2012; en cuanto a pensiones, porque el informe de los “expertos” está concebido para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social a largo plazo (y sin recortes nominales a los pensionistas actuales), cuando nuestro problema financiero es de corto y medio plazo.

Y tercero, semejante ajuste no podrá venir del lado de los ingresos. Las 30 brutales subidas aprobadas por Montoro apenas han servido de nada, como él mismo reconoce con incomprensible desparpajo. Ahora mismo, no existe margen para 30 nuevas (inútiles) subidas: al contrario, si deseamos aumentar las posibilidades de que España vuelva a generar riqueza, tocará bajarlos. ¿Cómo cuadrar, entonces, el tercer mayor déficit de toda la Unión Europea? Pues sólo bajando los gastos a un nivel que Montoro y sus cuates socialdemócratas se niegan a bajar.

Pírrico e insuficiente recorte

Por poner en perspectiva el pírrico ejercicio de “austeridad” de Montoro: Letonia, país que en 2008 tenía unos problemas presupuestarios muy parecidos a los nuestros (misma presión fiscal, mismo peso del sector público sobre el PIB y mayor déficit) optó por recortar su gasto público un 20% para despejar los temores de bancarrota; le costó pero finalmente lo ha conseguido: en 2012, incluso cerró con superávit sus cuentas públicas. El gigantesco tijeretazo de Montoro en 2012 apenas fue del 4,5% del gasto total: a saber, para seguir el camino de Letonia deberíamos haber recortado los desembolsos en 90.000 millones de euros, y no en 20.000.

En suma, el ministro de Hacienda no tiene ningún motivo para sacar pecho: al contrario, tiene sobrados motivos para quedarse guarecido en casa. Lejos de solventar de verdad los problemas financieros de España, sólo ha consolidado una estructura tributaria confiscatoria, un Estado sobredimensionado y un déficit insostenible. Ese es el resultado del primer año de gobierno del PP y, según nos informan, están tan orgullosos que desean quedarse ahí tanto tiempo como los mercados financieros se lo permitan. Pero los desequilibrios fundamentales siguen sin haberse solventado y nuestro stock de deuda no para de crecer. ¿Cuánto tiempo creen que puede resistir España?

Sin escuela – Presentación en Madrid

Después de recorrer gran parte del continente americano, por fin he recalado en Madrid para presentar “Sin escuela” mi nuevo libro sobre educación que está triunfando en Amazon. La presentación tuvo lugar en la sede del Instituto Juan de Mariana así que, lógicamente, el público era mayoritariamente liberal. No obstante, en cualquier lugar donde haya presentado mis libros (y éste es el cuarto) siempre distingo tres clases de personas entre los asistentes: en primer lugar, los padres que quieren desescolarizar (o no escolarizar) a sus hijos pero que están cargados de dudas y miedos. Ellos vienen con la esperanza de escuchar algo que les de ese empujón que les falta, con la necesidad de escuchar historias de éxito de sistemas alternativos de educación y con el deseo de salir de allí cambiados, lo que sucede muy a menudo. Es ya clásico el email que recibo una o dos semanas después de cualquier charla y que empieza con un sincero agradecimiento y un “mis hijos no han vuelto al colegio desde que fui a tu charla”.

En segundo lugar están los que, padres o no, consideran que el sistema escolar español es un absoluto despropósito y están dispuestos a escuchar a cualquiera que venga a cargar contra el Estado del Bienestar. A cualquiera que les cuente las historias negras del sistema escolar y del estatalismo imperante hoy en día en gran parte del mundo. Historias como la de Domenic, que le quitan el sueño a cualquiera. O teorías como la de Daniel Quinn, que explica cuándo y por qué se ha ampliado realmente el período de escolaridad obligatoria en el mundo “civilizado”.

Y en tercer lugar están los maestros, que ahora gustan de llamarse profesores, que no siempre lo son por vocación y que no siempre acuden con la mente abierta. Los maestros vocacionales que están realmente preocupados por lo que está sucediendo en el sistema aportan mucho valor al debate; son los que han analizado la situación y han extraído interesantes conclusiones, muy necesarias para proceder a la propuesta de reformas positivas; son los que están sinceramente comprometidos para con sus alumnos pero sienten que es muy poco lo que está en su mano, que la huella que puedan dejar es demasiado endeble como para ser útil. Éstos son los que felicitan a las madres educadoras en casa cada vez que conocen a una. Luego están los otros, los que vienen con la mente cerrada, que se sienten personalmente atacados y automáticamente se ponen a la defensiva. Los que son incapaces de comprender que la educación nos importa y nos preocupa a todos, a los que tenemos hijos y a los que no, a los que educamos en casa y a los que no, a los que son maestros y a los que no. Nos preocupa a todos menos a los que se están beneficiando del pútrido sistema heredado de Federico Guillermo I, segundo rey de Prusia. Es decir, a los que se llevan la mordida con los conciertos y el reparto de recursos, a las editoriales, a los maestros-burócratas y a los padres que sólo buscan en la escuela un parking razonablemente barato donde colocar a sus hijos largas horas al día.

Abro el libro al azar y leo esta frase: “A veces sucede que adoptamos una actitud defensiva cuando nos sentimos cuestionados”. Y pienso que me viene de perlas para terminar este artículo, porque eso nos pasa a todos: a los maestros, a los padres que escolarizan y a los padres que educamos en casa. Tomemos nota y actuemos en consecuencia.

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ps. en breve estará disponible el vídeo de la presentación en el canal de youtube del IJM

Acción, información y predicción en la ciencia económica

El ser humano actúa en base al conocimiento que tiene en el momento presente de la acción. Pero el conocimiento de las personas varía en el tiempo debido a que aprenden e incrementan su información. La implicación de este hecho es que un actor no puede predecir su comportamiento en el futuro porque desconoce el conocimiento que tendrá en ese momento. No puede saber cómo actuará en base a un conocimiento que no existe. Desconoce en qué manera variará su conocimiento con respecto al que posee actualmente porque todavía no lo ha adquirido. La posibles causas de nuestras acciones sólo pueden ser explicadas y reconstruidas después de los eventos, de la misma forma que uno sólo puede explicar su conocimiento sólo después de que lo posee. Este es un punto clave que diferencia a la praxeología de otros enfoques epistemológicos, y hace que se pueda entender y estudiar las leyes que rigen la cooperación social.

La falta de información completa hace que no se puedan establecer leyes que expliquen la elección humana. Por tanto, el objetivo de la ciencia económica no puede ser la predicción de acontecimientos futuros de la sociedad. No es posible la formalización de una información que no existe, que no está descubierta por los actores y que, por tanto, no está incorporada a sus acciones. El comportamiento que tendrán los agentes en el futuro nos es desconocido.

Metodologías como la empirista o la positivista son contradictorias cuando se aplican al campo del conocimiento y de la acción porque no hay constantes causales empíricas en el campo de la acción humana. Trabajan sobre un modelo estático donde las valoraciones de los actores no cambian y donde no se descubre información. Niegan, por tanto, la existencia de la función empresarial y la empresarialidad, que son los rasgos fundamentales para entender al protagonista de los procesos de mercado.

Impuestos sobre la estructura productiva

Desde un punto de vista agregado, las interconexiones entre las distintas inversiones que se realizan en una economía suele resumirse en la expresión "estructura productiva", tan familiar para los economistas austriacos. La producción se realiza a lo largo del tiempo, por lo que, dentro de esa concepción agregada, se concibe esa estructura compuesta de distintas etapas en función de su cercanía al consumo final, que representan el flujo de bienes y servicios "reales" y el dinero.

Según el comportamiento de diversas variables agregadas como el ahorro y el tipo de interés, o la asignación y reasignación de los factores productivos, la forma de la estructura productiva si la representáramos gráficamente con el famoso triángulo hayekiano será diferente: más alargada (con más etapas productivas) y, por tanto, más capitalizada; o más achatada, con menor número de etapas (menos capitalizada). En el primer caso se producirán más y mejores bienes y servicios de producción y de consumo (mayor bienestar para la población), todo lo contrario que en el segundo caso.

Con esta panorámica agregada, la escuela austriaca ha explicado el proceso de capitalización de la economía (la forma de la estructura productiva), tanto de una manera sana (basado en el ahorro) o insana (promovida por la expansión artificial del crédito por los bancos centrales). 

No obstante, también la estructura productiva puede modificarse forzosamente por el Gobierno por otras vías: los impuestos sobre la actividad económica (por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF-rendimiento de actividades económicas, o el IVA, entre los más importantes). El gravamen en los beneficios achata la estructura de producción. Dos ejemplos:

Achatamiento de la estructura productiva por gravar los beneficios de cada etapa productiva

Los beneficios son una señal para el arbitraje empresarial entre los precios de los productos y el precio de los factores productivos empleados. Ante mayores márgenes relativos de una etapa con respecto a otra, se producirá una sana afluencia de empresarios y capital para aprovecharse de esos márgenes al tiempo que se satisface más y mejor al consumidor. En cada etapa puede haber diferente nivel de beneficios (o pérdidas). Los impuestos sobre la renta de la actividad económica atacan precisamente estos beneficios, reduciéndolos.

Imaginemos que el desarrollo de la economía lleva a que en una etapa productiva se generen jugosos beneficios. Gravar estos beneficios detendrá la necesaria afluencia comentada provocando multitud de distorsiones. En primer lugar, se limita la producción de los productos intermedios que deberían crearse en dicha etapa, por la vía de impedir un mayor número de empresas que podrían fabricarlos o, sin reducirlo, por hacerlas más improductivas (a causa del mayor coste que supone el impuesto). Esto puede provocar la merma en el suministro de estos bienes y servicios, pero también en el de aquellos producidos por las etapas colindantes (aquellas que, a su vez, suministran y adquieren los productos de la etapa con altos beneficios gravados). Es decir, una interrupción de la coordinación acompasada de las distintas etapas. El resultado es que se infrautilizarán todas estas etapas productivas (sobre la que recae el impuesto y las colindantes), cabiendo la posibilidad de crearse, a corto plazo (antes de que modifiquen sus precios y se reubiquen) recursos forzosamente ociosos (por ejemplo, paro). Como resultado, a causa de los impuestos pueden crearse pequeñas crisis parciales en las etapas más afectadas, lo que provocará un achatamiento de la estructura productiva y a la descoordinación temporal, magnificado si la economía está también fuertemente regulada en otros ámbitos (como el laboral, ya mencionado, o el de la competencia, etc.).

Achatamiento de la estructura productiva por gravar los beneficios que cubren el coste del capital en cada etapa

Otro problema que surge es que gravar la renta (el beneficio contable en el Impuesto sobre Sociedades, o el valor añadido en el IVA) generada en cada etapa productiva también contiene el coste del capital o tipo de interés (es decir, el coste de oportunidad de los inversores). Dicho de otro modo, el beneficio contable no sólo contiene el beneficio puro empresarial (que tenderá a reducirse con la competencia) sino la recompensa a los inversores por la financiación (fondos propios o deuda). Esto es de vital importancia porque poder generar valor para remunerar este interés significa que la actividad se realiza de acuerdo con la preferencia temporal, la aversión al riesgo y la preferencia por la liquidez de los agentes. Es decir, con el coste que les supone la espera hasta obtener la producción que financian. De ser así, habrá una coordinación intertemporal de la actividad económica, compleja y generadora de valor.

Gravar el beneficio que cubre el tipo de interés conlleva otra serie de problemática, comenzando por la destrucción de cualquier actividad que no pudiera modificar su estructura operativa sin querer dejar de remunerar a los inversores. Esta capacidad de supervivencia y adaptación dependerá de la empresa, y se hace tristemente más evidente hoy en día con las continuas subidas de impuestos.

Por ejemplo, las empresas más ilíquidas (con más activo fijo o con más pasivo exigible a corto) tendrán más difícil esa adaptación, motivo por el que quizá se vean abocadas a cerrar (piénsese en el efecto que ha tenido el IVA en los teatros o cines, cuyo valor añadido es otro tipo de renta gravada). Al contrario, las empresas más liquidas podrán capear el impuesto con cargo a reservas, descapitalizándose para ganar tiempo, o bien con cargo a sus activos más líquidos pero en detrimento de no poder destinar esa liquidez a otro tipo de activos (fijos, a largo plazo) que ofrecen mayores rentabilidades. Es decir, un achatamiento de la estructura productiva.

Puede ocurrir, además, que el empresario, aunque obtenga beneficios después de impuestos, no se dé cuenta de que estos no cubren el coste del capital. Ha de tenerse en cuenta que este coste incluye la remuneración de la deuda pero también la de los fondos propios, que pueden provenir del mismo empresario (sobre todo en economías con mucha microempresa). Si el beneficio (o el valor añadido) después de impuestos no cubre todo el coste de oportunidad más difícilmente visible de los fondos propios, se estará quebrando el sentido capitalista de la actividad económica, esto es, la coordinación intertemporal de la producción con vistas a generar valor a lo largo del tiempo. Otra manera de achatar (gráficamente) la estructura productiva.

¿Canarias como Singapur? Más bien, Cuba

Los habitantes de Singapur que ganan menos de 15.000 euros no pagan impuestos sobre la renta, los que ingresan entre 15.000 y 60.000 € pagan entre el 2 y el 7%, entre 60.000 y 90.000 el 11,5% y el tipo máximo es del 20% para las rentas superiores a 240.000 euros, mientras que en Canarias los que ganan menos de 17.700 euros pagan un 24,75%, lo que ingresan entre 17.700 y 53.400 entre el 30 y el 40%, entre 53.400 y 300.000 entre el 47 y el 50% y el que gane más de 300.000 euros tendrá que ingresar a hacienda el 52%.

El impuesto de sociedades en Singapur es del 17% para aquellas empresas que tengan beneficios superiores a 225.000 euros y si son inferiores el 8,5%. Además, si son empresas de nueva creación no pagan impuestos o tienen beneficios fiscales de más del 50%. Sin embargo, en Canarias toda empresa que obtenga beneficios inferiores a 300.000€ paga el 25% y las que lo tienen superiores el 30%.

En Singapur, el gasto público está limitado y cuando sobra dinero se lo devuelven a los ciudadanos, los derechos de propiedad son respetados, la corrupción es inexistente y puede ir quien quiera a vivir, trabajar y crear riqueza. En Canarias siempre falta porque los políticos quieren gastar más y más dinero, los propietarios son maltratados con multitud de regulaciones e impuestos, la corrupción es frecuente y con una densidad de población 25 veces más pequeña que el país asiático el Gobierno dice que no cabemos más y que los extranjeros no son bienvenidos.

Las empresas se crean en Singapur, con capital extranjero o no, en 15 minutos mientras que en Canarias las empresas con capital nacional tardan en torno a 1 mes y las que tienen capital extranjero y tienen suerte 3 meses.

El mercado laboral en Singapur es uno de los más libres del mundo. El Gobierno no interviene en los pactos privados entre empresarios y trabajadores mientras que en Canarias está híper-regulado y no existe libertad para contratar o ser contratado en las condiciones que las partes acuerden.

Por todas estas razones, Singapur no deja de crecer económicamente, está considerado por el Global Competitiveness Index el segundo país más competitivo del mundo, sus habitantes tienen una renta per capita de 44.700 euros y tiene una tasa de desempleo del 1,9% y Canarias es cada vez más pobre, con una tasa de paro del 34,27% y una renta per capita de 19.800 euros.

Sin duda, Canarias podría ser como Singapur, tal como ha dicho hace unos días el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, pues nuestro archipiélago cuenta con las condiciones ideales y necesarias para convertirse en una potencia económica.

Para ello sólo habría que crear una ciudad con leyes propias, mínima regulación e impuestos bajos o inexistentes en algún lugar de las Islas.

Sin embargo, mientras sea una región que vive bajo un infierno fiscal, haya escasa libertad económica, donde los políticos tienen barra libre para despilfarrar el dinero de los contribuyentes, y donde se maltrata a las empresas y ciudadanos con un sin fin de trabas burocráticas, lo dicho por el señor Rivero debe ser tachado de incongruente, pues de seguir así, lo posible y lo probable, es que terminemos pareciéndonos a la actual Cuba.

Evolución de las formas del Estado (II)

Vimos en la parte I del artículo cómo el proceso de institucionalización del poder ha sido estudiado por diversos autores como, por ejemplo: Georges Burdeau, Otto Hintze, Carl Smith, F. Meineke, Bertrand de Jouvenel, Michael Oakeshott o Dalmacio Negro.

Las instituciones morales o, si se prefiere, los patrones de comportamiento adquiridos como el respeto por la vida propia, la familia, la propiedad privada, el lenguaje, el cumplimiento de los contratos, el comercio, la empresa, el dinero, la banca… son las instituciones espontáneas y naturales que permiten la eficiencia dinámica en Economía.

El Gobierno es otra forma institucional que permite administrar los asuntos comunes o "res publica" tanto si se trata de alcanzar un fin privado al dirigir una familia, un negocio o una empresa como si se trata de coordinar un fin común al gestionar una ciudad, un condado o una provincia.

Sin embargo, siguiendo esta línea de análisis institucional, el Estado es una forma institucional "artificial" frente a las formas más espontáneas, orgánicas y naturales de organización de lo político que son la Ciudad, la Provincia, el Reino y el Imperio. De hecho, el Estado no ha existido siempre y surgió hace relativamente poco en la historia de la humanidad impulsado territorialmente por la oligarquía que formaban el Rey, la Corte Real y la Iglesia a finales del siglo XV y comienzos del XVI.

En esta parte, veremos como la evolución del Estado se puede clasificar en tres grandes fases que están relacionadas directamente con el tamaño creciente del sector público en las economías de los países, crecientemente intervenida por las élites extractivas, la oligarquía o, si se prefiere, la casta política que ejerce el poder en cada territorio.

1. Primera fase de MONARQUÍAS ESTATALES, en los siglos XVI y XVII.

La primera fase se produce durante los siglos XVI y XVII, con la aparición de la institución “artificial” del Estado para la provisión de seguridad a los pueblos y ciudades de uno o varios reinos entorno a la figura del Rey y su Corte.

Se produce una afirmación de la estatalidad mediante las Monarquías Estatales, con un Estado Mínimo que proporcionaba seguridad exterior, interior y jurídica a la población de uno o varios reinos.

En esta primera fase, en Europa y América, la oligarquía está constituida por el Rey, la Corte Real y la Iglesia. El tamaño del Estado apenas representaba un 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la época, como señala Carlo Cipolla (8) en su obra Historia Económica de la Europea Preindustrial.

Sin embargo, la limitación del poder del Rey (o “mutatis mutandis” del Estado moderno), sólo logró arraigar y extenderse parcialmente a partir de la obra Dos Tratados sobre el Gobierno Civil (1689) de John Locke (1632-1704). Locke replicó, sin ninguna innovación substancial, las ideas escolásticas previas sobre los derechos de propiedad privada adquirida por el trabajo y los derechos subjetivos de la población —que argumentaban los jesuitas españoles 80 años antes—. Sin embargo, John Locke logró una gran difusión entre los intelectuales y la población del Reino Unido con el objetivo de diferenciar y defender el incipiente parlamentarismo inglés frente al absolutismo que era generalizado en otras cortes reales continentales, como en Francia y en España.  

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El pacto de los necios

Rajoy y Rubalcaba al fin han alcanzado su particular Pacto de Estado contra la crisis, tras acordar la semana pasada una posición común de cara al importante Consejo Europeo que tendrá lugar los próximos días 27 y 28. Muchos son los que han aplaudido este cordial entendimiento entre PP y PSOE sin tan siquiera entrar en el contenido concreto, como si el mero pacto bipartidista fuera un motivo de alegría, cuando en realidad constituye una necedad.

El consenso está sobrevalorado en España y, de hecho, lejos de suponer una ventaja, podría resultar contraproducente y sustancialmente dañino para el país. Si, por ejemplo, Rajoy y Rubalcaba coincidieran mañana en la necesidad de que saliéramos del euro, esquivando así los incómodos e impopulares ajustes que debe aplicar la clase política, sería una terrible noticia para todos, con independencia de que apoyemos o no tal decisión. Algo similar sucede en Argentina, donde el consenso peronista gobierna desde hace décadas más allá de las siglas que enarbole una u otra fuerza política. Es decir, el consenso no es bueno ni malo per se, todo depende de su contenido.

En el caso que nos ocupa, el pacto entre populares y socialistas es una mala noticia para España por diversos motivos. Basta con observar la esencia del documento para percatarse de su único y verdadero objetivo: más gasto público y manipulación monetaria para suavizar y retrasar aún más las reformas estructurales y los recortes que ya hace tiempo se deberían haber acometido para recuperar la solvencia. El texto no hace ni una sola mención a la necesidad de la austeridad pública y la liberalización económica a escala nacional, sino todo lo contrario. La proposición de Rajoy y Rubalcaba es un panfleto socialdemócrata ideado para rechazar los ajustes que recomienda Berlín. Se trata, simplemente, de otro canto al despilfarro y una nueva alabanza al intervencionismo público y monetario.

Así, ambos partidos coinciden en defender la "recapitalización directa de los bancos" a través del fondo de rescate europeo. Es decir, PP y PSOE apoyan sin fisuras el auxilio público de entidades financieras, sólo que empleando el dinero de todos los contribuyentes de la Zona Euro, lo cual es igualmente inmoral y contraproducente. Además, solicitan que el Banco Central Europeo (BCE) preste o avale directamente la concesión de préstamos a pymes españolas para reducir sus costes de financiación, ignorando así las causas últimas de que no fluya el crédito a escala nacional. Por si fuera poco, también coinciden en exigir a Bruselas más inversión pública en los países del Sur, como si España no tuviera ya suficientes infraestructuras ruinosas dignas de liquidación. Lo mismo sucede con su plan para fomentar el empleo juvenil, consistente en elevar aún más las subvenciones a la contratación, sin reparar lo más mínimo en las graves rigideces y deficiencias que sigue presentando la regulación laboral en España.

Y ello sin contar el broche final del citado pacto, donde PP y PSOE declaran su devoción por la construcción de una Europa social y el mantenimiento del Estado del Bienestar, sin percatarse de que dicho modelo condena el Viejo Continente al declive, la decadencia y la marginación en la era global. No en vano, el siguiente párrafo lo firmarían de principio a fin y sin vacilar Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo:

La Unión Europea debe impulsar el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación con vistas al desarrollo de la dimensión social europea, asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación de calidad.

Las palabras libertad y capitalismo, que hacen referencia a los auténticos motores del desarrollo económico y la calidad de vida de los individuos, brillan por su ausencia. Si el tan manido consenso implica esto, más socialismo y, por tanto, destrucción de riqueza y empleo, tal y como han acordado Rajoy y Rubalcaba a nivel europeo, el Pacto de Estado se convertirá en una nueva rémora para el futuro de España.

El Estado regulador, maestro de marionetas

Este lunes he participado en el congreso internacional Free Market Road Show como ponente del Instituto Juan de Mariana. Mi panel era el dedicado a la regulación de los mercados, y yo me he centrado en la regulación para la competencia.

A partir del innovador concepto de "eficiencia dinámica" defendido por la heterodoxia económica (la Escuela Austriaca de Economía), proponía un análisis de las políticas estatales en el ámbito de la regulación. Una de las falacias que desmonta este enfoque, tal y como explica Fernando Herrera en su libro Mitos de la regulación para la competencia, es la idea de que existe una jerarquía de fines global y única. Las cosas no funcionan así. Somos los individuos los que fijamos nuestros fines, en la vida, en la economía, respecto a lo que vamos a estudiar, la familia que vamos a tener o respecto a qué camino va a tomar nuestra empresa.

Los fines comunes únicos que solamente el regulador conoce

Por supuesto, la vida, como el mercado, como todo lo que rodea al hombre, es imprevisible, y hemos de reconsiderar esos fines de acuerdo a lo que va aconteciendo. Por eso es tan importante que haya un sistema de información claro, conocido, verdadero. En el ámbito del intercambio se llama sistema de precios, y sirve para que todos los participantes se hagan una composición de lugar respecto a cuáles son las mejores oportunidades, sea como demandante, sea como oferente. Todos actuamos buscando nuestra mejor opción, unos para ser provistos de bienes y servicios y otros para proveer dichos bienes y servicios. Es un proceso dinámico e imprevisible que se llama mercado. Esa manera de proceder de los agentes del mercado, tratando de planificar medios y fines, equivocándose y acertando, es la acción empresarial, que puede referirse a los consumidores también. El mercado, por supuesto, necesita reglas para que se cumplan las palabras dadas y no haya engaños. Ahí surge la necesidad de la ley y la vigilancia.

Sin embargo, cuando uno estudia el modelo de regulación para la competencia de nuestras economías, aparece ante nuestros ojos una realidad muy distinta. El regulador no vigila el mercado como la seño en el patio del colegio: sin intervenir en el juego pero evitando agresiones y abusos. Lo que hace el regulador es fijar los objetivos de las empresas que supuestamente compiten, y reglar, aproximar, los resultados obtenidos a los ideales definidos por ese objetivo prefijado. Ese fin ideal es el que marca el principio de la competencia perfecta, que es una ilusión y, como es inalcanzable, retroalimenta la necesidad de regulación en un círculo vicioso que destruye la competencia definitivamente.

Pero lo llamativo de todo esto es que cuando lo cuentas, lo primero que te dicen es que el que cada cual se marque sus propios fines es lo sospechoso. Mucho mejor que venga el Estado a contarnos cuáles son los objetivos que todos debemos tener y compartir. En especial los demás, ese "otro" amenazador. El individuo tiene peores intenciones que un regulador estatal. Como si ese regulador no actuara siguiendo intereses políticos perversos y manipulara, coaccionara y tratara de perpetuarse en el tiempo.

Señor de las marionetas, líbranos de todo mal

El día anterior hablando con "compañeros del metal" sobre la solución a los desahucios, se planteaba que, con el dinero del rescate bancario, se debería permitir que esas cajas públicas que tienen el mayor volumen de impagos inmobiliarios, refinanciaran, caso a caso, a esas familias para que no tengan que abandonar sus casas. Y se planteaba la solución de Obama, que, en vez de poner ese dinero en manos de los bancos públicos, ha negociado mediante arbitraje con las personas. Aparte de las cuestiones técnicas, como el diferente volumen de casos a negociar en USA y en España, etc., me planteaba por qué suena más atractivo que el Estado negocie a que las cajas negocien con las personas. ¿Deben aquellos potenciales desahuciados confiar más en el regulador o en los gestores de los bancos públicos?

El regulador, maestro de marionetas, como el Master of Puppets, de Metallica, tirando de las cuerdas, aplastando tus sueños, al fin y al cabo, es el que no ha vigilado y evitado que lleguemos a donde estamos, sino que casi ha jaleado la juerga y ha dado alcohol al borracho en plena cogorza. Y lo hace porque puede. Porque sabe que no va a desaparecer. Y precisamente porque el gestor de la caja sabe que sí puede caer, si el Estado cierra el grifo, es por lo que tendrá más incentivos para solucionar el problema.

El regulador estatal, el dios del siglo XXI, creación de una sociedad dispuesta a no salvarse a sí misma, no puede aparecer ante nuestros ojos como responsable de nada. Significaría que todo lo que hacemos por él es en vano. Como decirle a los esclavos que levantaron las pirámides que Amón Ra es una de tantas estrellas en el firmamento, y encima pequeña, y ese tipo de ahí arriba que dice ser tu dueño es simplemente uno más. Como tú. Mucho más fácil psicológicamente mantener la tesis mágica que aceptar el error. Y aquí estamos. Te alabamos, señor.